Estados sociales
La seguridad social es resultado de un largo proceso
histórico y ha estado sujeta (sigue estándolo) a múltiples
desarrollos, cuestionamientos y cambios.
Hubo formas de procurar seguridad en diferentes
civilizaciones y épocas históricas.
Pero las formas contemporáneas de seguridad, desarrolladas en
algunas sociedades industriales, urbanas y democráticas (o
“complejas”) han tenido características específicas.
En efecto, al producirse la industrialización (tanto en el siglo XIX como
en el XXI) el trabajador se encontró en el más absoluto desamparo
frente a los riesgos y contingencias sociales, ante jornadas de trabajo
extenuantes, percibiendo salarios miserables que tenía que aceptar
para no morir de hambre, mientras que la asociación y la huelga
eran tipificadas como delitos.
Se usó coerción para crear el mercado laboral, para regir las relaciones
laborales en la industria y servicios y para impedir la organización
de los trabajadores (coartando su libertad de asociación y su libertad
durante el tiempo de trabajo).
Un hecho incontestable es que la mayoría de la gente en Gran
Bretaña (y posteriormente en otros lados) no participó con
entusiasmo en el trabajo asalariado, por lo menos mientras
hubo alguna alternativa.
Para asegurarse de que la gente aceptara el trabajo asalariado,
los economistas políticos clásicos promovieron activamente
medidas para privar a las personas de sus medios
tradicionales de subsistencia.
Los actos brutales asociados con el proceso de despojar a la
mayoría de la gente de los medios de producción propios
podrían parecernos muy alejado de la reputación de laissezfaire de la economía política clásica.
En realidad, el despojo de la mayoría de los pequeños
productores y la construcción de laissez-faire están
estrechamente relacionados, a tal punto que Marx, o al menos
sus traductores, etiquetaron esta expropiación de las masas
como “acumulación primitiva”.
Una sociedad rural de cercanías, estática y aislada, dio paso a la
nueva experiencia de un mundo urbano industrial de masas y
dinámico
Los requisitos de la nueva industria eran muy diferentes de
los de la agricultura.
Mientras que el viejo mundo esencialmente exigía fuerza
bruta y resistencia y podía tolerar la alternancia de
ráfagas de energía con periodos de juego y ocio, la
industria capitalista requería regularidad, puntualidad,
sincronización de parte de los empleados, precisión en
sus habilidades operativas, así como predictibilidad y
confiabilidad.
Los rústicos debían recibir educación informal y formal.
En efecto, serán necesarias escuelas, en particular escuelas
dominicales, que aleccionen en las virtudes industriales
de diligencia, ahorro y, sobre todo, regularidad, para
convertir a campesinos en obreros fabriles y habitantes
de zonas urbanas.
Los teóricos de la economía política clásica
procuraron restringir la viabilidad de las
ocupaciones rurales tradicionales para obligar a la
gente a trabajar por un salario. Trataron de:
a) empujar a los trabajadores rurales hacia las
fábricas;
b) obligarlos a cumplir las órdenes de aquellos que
deseaban emplearlos allí;
c) erradicar cualquier signo de pereza.
En vez de sostener que las fuerzas del mercado
debían determinar el destino de los pequeños
productores rurales, los economistas clásicos
pidieron la intervención del Estado a fin de
perjudicarlos en su capacidad para satisfacer sus
propias necesidades.
Pero también la ausencia de libertad para participar en el mercado
laboral sería una de las maneras de mantener a la gente en la
esclavitud y el cautiverio, así como la lucha contra la situación de
los trabajadores no libres todavía es importante en muchos países (y
lo fue hasta la guerra civil en los Estados Unidos o, por lo menos,
hasta 1888 en Brasil)
Ya en las últimas décadas del siglo XIX la doctrina y
utopía liberal de un “Estado de serenos” (mero
guardián de la tranquilidad interna y externa del país),
pasivo en lo económico, cedió posiciones frente a los
que propugnaban su intervención en el "problema
social" de manera preventiva y/o paliativa.
"Intervencionismo" que se fortalece y amplía cuando
los estados europeos organizan, en la segunda década
de este siglo, "economías de guerra" y, en la tercera y
cuarta décadas, cuando ponen en práctica "políticas
anti-cíclicas" en lo económico, o se reorganizan
corporativamente o, en la segunda pos-guerra, se
constituyen como “Estados de bienestar”.
Etapas de la seguridad social
1)
Garantías indiferenciadas: ahorro (previsión individual o
familiar) y seguro privados (contrato de derecho privado por el
que el asegurado paga un precio al asegurador, que lucra),
mutualismo (asociaciones previsionales voluntarias para
compartir riesgos y contingencias, que conllevan solidaridad
grupal y no pretenden lucrar), responsabilidad profesional (el
empresario debe asumir ciertos daños) y asistencia (fundada en la
caridad y beneficencia ante los indigentes, a menudo propiciada
desde la religión pero también pública = prestaciones mínimas,
cobayos, estigmatización).
2) Seguros sociales: se establecieron para resolver los problemas que los sistemas
iniciales de previsión no solucionaban adecuadamente.
Otto von Bismark, político conservador y fundador del Estado alemán moderno,
presentó al Parlamento un proyecto de seguro obligatorio contra accidentes y
enfermedades, que alcanzó consagración legislativa el 15 de julio de 1883, para
proteger a los trabajadores de la industria, en forma obligatoria, contra el riesgo de
enfermedad y la contingencia de la maternidad. Disponía prestaciones por un
máximo de trece semanas, mediante el pago de cotizaciones abonadas en sus dos
terceras partes por los trabajadores y una tercera por los empresarios. Este sistema se
hizo extensivo a los trabajadores de la agricultura y de los transportes por las leyes
de 5 de mayo de 1886 y de 10 de abril de 1892, respectivamente.
En 1884 se aprueba el seguro contra accidentes de trabajo, a cargo exclusivo de los
empresarios. Ley del Seguro de Vejez e Invalidez (1889) y Código de Seguros Sociales
(1901), único en su género.
El avance legislativo alemán se inició con la finalidad de apaciguar la agitación reinante
en el movimiento obrero.
3) Seguridad social: nace con el propósito de amparar a toda la
población y aspira a cubrir todos los riesgos y contingencias a que
están sujetos los miembros de una determinada colectividad.
Apareció en el mundo occidental a partir de la Social Security Act de 14
de agosto de 1936, promulgada por el presidente Franklin D.
Roosevelt, con la finalidad de hacer frente a la crisis económica,
erradicar la miseria y evitar las convulsiones sociales.
Disponía medidas contra la desocupación, por medio de subsidios a los
desempleados; de asistencia, en favor de las personas
económicamente débiles, con preferencia a las viudas, indigentes y
ancianos; seguros de invalidez, vejez, muerte y desempleo para
todos los trabajadores por cuenta ajena.
Fue la primera ley que consideró a la seguridad social como sistema
integral, utilizando todas las instituciones para lograr ese propósito.
Si bien los sistemas de seguridad social en
los países desarrollados comenzaron en el
siglo XIX, recién se contó con programas
jubilatorios en la totalidad de los países a
fines de la década de los cuarenta del siglo
XX.
La expresión ‘‘seguridad social’’, con el contenido señalado, quedó
sancionada con alcance mundial en la Carta del Atlántico de 14 de
agosto de 1941 y en la Declaración de Washington de 1942, en las
cuales se proclamaba que:
‘‘Todas las naciones tienen el deber de
colaborar en el campo económico social,
a fin de garantizar a sus ciudadanos las
mejores condiciones de trabajo, de
progreso económico y de seguridad
social’’.
Social Insurance and Allied Services
Informe redactado por el economista liberal inglés William Beveridge
en 1942 que servirá de fundamento de los Estados de bienestar de la
posguerra. Proponía:
a) asignaciones por hijos hasta la edad de 15 años, o hasta los 16 si están en
una educación a tiempo completo;
b) servicio de salud y rehabilitación universales para la cura de enfermedades y
la restauración de la capacidad de trabajo disponible para todos los
miembros de la comunidad;
c) mantenimiento del empleo y políticas para evitar el desempleo masivo.
Combinaba: seguro social para necesidades básicas; asistencia nacional
para los casos especiales y seguro voluntario para las adiciones a las
provisiones básicas.
Principios del seguro social: a) tipo fijo de prestación de subsistencia; b) tipo
fijo de cotización; c) unificación de la responsabilidad administrativa, y d)
clasificación (ajuste del seguro a las distintas circunstancias de cada
una de las clases de personas, según sus ingresos y ocupaciones).
Beveridge elaboró un plan y sistema para combatir la indigencia, la
enfermedad, la ignorancia, la suciedad y la ociosidad: a) seguro
nacional de amparo a la enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y
muerte; b) seguros de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales; c) Servicio Nacional de Salud; d) régimen de
asignaciones familiares, y e) régimen de asistencia nacional para
personas menesterosas que no están aseguradas y por consiguiente
no aportan.
Declaración Universal de Derechos
Humanos
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, proclama que :
Art 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social,
y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad
Art 25 : 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.
• 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a
igual protección social.
Una nuevo tipo de Estado
Implicó una reforma del Estado de laissez faire:
“Los cambios estructurales más importantes realizados en una
sociedad contemporánea en ausencia de procesos
revolucionarios”.
A la luz de esas transformaciones se juzgó que las
discontinuidades con el pasado eran más llamativas que las
continuidades.
Una nueva racionalidad y organización se constituía en la
realidad política de las democracias occidentales de raíz
liberal en la segunda mitad del siglo XX:
liberal
democrática
social
Ciudadanía civil, política y social
La ciudadanía civil consiste en los derechos necesarios para
la libertad individual (libertad personal, de expresión, de
pensamiento y de religión, derecho de propiedad, de
contratar, de recurrir a y recibir justicia).
La ciudadanía política consiste en el derecho a participar en
el ejercicio del poder político (como miembro de un
cuerpo con autoridad política o como elector de sus
miembros).
La ciudadanía social consiste en el derecho a un mínimo de
bienestar económico y seguridad, a participar del
patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado
conforme a los estándares corrientes, y cambiantes, de la
sociedad.
Las instituciones más estrechamente conectadas con estos
derechos serían el sistema educativo, el de salud y otros
servicios sociales y eran un desarrollo contemporáneo
(típico del siglo XX).
De acuerdo al sociólogo inglés T. H. Marshall (en su
conferencia de 1949) esa era la evolución histórica de los
derechos de las personas entre los siglos XVIII y XX, al
menos en el caso de Gran Bretaña.
La creación del Estado regulador de bienestar, social o de
providencia involucró la aparición de programas de
asistencia pública y múltiples modos diferentes de
intervención en la vida económica.
Hasta entonces no existía, por ejemplo, ningún cuerpo
significativo de leyes administrativas en ninguno de los
países angloparlantes.
En tanto correctivo de las distorsiones del
liberalismo, ese Estado social intervendrá
siempre que la economía de mercado haga
peligrar las condiciones mismas del
mercado libre o cause daños significativos
a la economía nacional o al medio
ambiente.
Un Estado interventor pero de derecho
Implicó una transición o pasaje del Estado liberal de derecho al Estado
social de derecho o Estado social liberal (ver Valadés):
“que permitiría alcanzar al movimiento obrero y a la burguesía un
equilibrio jurídicamente regulado. En otras palabras, se planteaba la
viabilidad de un orden justo de la autoridad sobre la economía,
particularmente mediante la limitación de la propiedad privada, la
subordinación del régimen laboral al derecho, la intervención
coercitiva del Estado en el proceso productivo y la trasposición de la
actividad económica del ámbito del derecho privado al campo del
interés público”.
Dos usos del término
Amplio: refiere a una organización política estatal, desarrollada
en los países capitalistas industrializados durante los últimos
ciento treinta años, asociada a una serie de medidas
intervencionistas por parte de los poderes públicos que
rompen con la noción liberal de la independencia del mercado
como principal agente regulador de las interrelaciones
económicas de una sociedad.
Restrictivo: se aplica a las estructuras políticas vigentes en los
sistemas democráticos de tradición liberal a partir, sobre todo,
de la segunda guerra mundial.
Otros reservan la denominación a los que se
caracterizaron por la prestación creciente de
servicios públicos de interés social, tales como
educación, vivienda, alimentos, tiempo libre,
atención médica y asistencia social; un sistema
impositivo progresivo; la tutela de los derechos
urbano, obrero y agrario, y la redistribución de la
riqueza.
Distinguen entre los predominantemente industrialcomerciales (Europa, EEUU) y los urbano –
agrícolas (algunos en América Latina).
No se trató de un desarrollo lineal ni natural, aunque un
amplio consenso terminaría por aceptar, en la segunda
posguerra, que sin sumarle una dimensión social (que
eliminara la dependencia fáctica, material, de los
ciudadanos situados por debajo de ciertos límites
socioeconómicos) la misma lógica democrática carecía de
una base efectiva para su realización.
Factores históricos puntuales
En los primeros 50 años del siglo XX, los europeos, los estadounidenses
y gran parte del resto del mundo afrontaron una serie de desastres
sin precedentes que eran obra humana.
Dos guerras mundiales (o civiles europeas de repercusión mundial);
revoluciones en México y Rusia; guerras civiles localizadas y
movimientos de descolonización; graves crisis económicas
mundiales (con inflación, desempleo masivo, proteccionismo y
hundimiento del patrón oro); transformación de democracias en
dictaduras autocráticas o en Estados de partidos totalitarios;
limpiezas étnicas y genocidios.
De ahí que se le haya apodado el siglo del miedo.
Al finalizar la segunda guerra mundial el
problema mayor y más urgente, para las
elites dirigentes de Occidente (y para buena
parta de la población), era el de cómo
asegurarse de que la experiencia del período
1914-1945 no se repitiera nunca más.
Y el de evitar la propagación de los procesos
revolucionarios por imitación de las
promesas soviéticas de una alternativa al
capitalismo.
Fueron reiteradas circunstancias desesperadas
y en los momentos de mayor penuria y
gravedad la ampliación de la intervención
del Estado (y de su regulación y hasta
regimentación centralizada, muy distante de
la abstinencia liberal decimonónica) había
permitido superar el desafío (por ejemplo, en
el esfuerzo de guerra) y subsistir a la
población (con cartillas de alimentación y
otros insumos, ollas colectivas, etc.)
“Sin excepción, tanto vencedores como
vencidos pusieron no sólo al país, a la
economía y a cada ciudadano al servicio de la
guerra; también movilizaron al Estado de
formas que habrían sido inconcebibles sólo
treinta años antes. Con independencia de su
color político, los Estados combatientes
movilizaron, regularon, dirigieron,
planificaron y administraron cada aspecto de
la vida”.
(Judt)
Un consenso extraordinariamente amplio
De allí que (ver Judt) inclusive los
conservadores inteligentes –como muchos
democratacristianos que se hallaron por
primera vez en el poder después de 1945presentaran pocas objeciones al control de
los “puestos de mando” de la economía
por parte del Estado; de hecho lo
recibieron con entusiasmo, lo mismo que
ocurrió con la tributación fuertemente
progresiva.
Desde los defensores del New Deal hasta los
teóricos del “sistema social de mercado”
alemán, desde el Partido Laborista
británico en el gobierno hasta la
planificación económica “indicativa” que
fue política pública en Francia (y en
Checoslovaquia, hasta el golpe comunista
de 1948): todos creían en el Estado.
Consideraciones morales se sumaron a esta
perspectiva crecientemente extendida, como
repercusión ante el impacto de las experiencias de
la primera mitad del siglo.
La moral y la política debían gobernar a los
hombres.
Se proyectaron instituciones internacionales de
cooperación y coordinación; se hicieron grandes
transferencias económicas para asistir a Europa en
la reconstrucción.
La ética por sobre el mero cálculo
Puede, quizás, sorprendernos hoy el contraste entre el carácter “no
ético” de la ciencia económica moderna y la evolución histórica de
esa disciplina que ocurrió, en gran medida, a partir de la filosofía
práctica.
No sólo Adam Smith, el “padre de la economía moderna”, fue Profesor
de Filosofía Moral en la Universidad de Glasgow, sino que el
estudio de la economía fue, durante mucho tiempo, considerado
como una rama de la ética.
En la segunda posguerra esas consideraciones tuvieron una fugaz
reaparición.
Estado activista, planificación económica
e inversión pública a gran escala
Casi todo el mundo temió las implicaciones de una
vuelta al terror del pasado reciente y estuvo
dispuesto a limitar la libertad del mercado en
nombre del interés público.
Así como se procuró que el mundo de la posguerra
fuera regulado y protegido por un conjunto de
instituciones y acuerdos internacionales, desde las
Naciones Unidas hasta el Banco Mundial (entre
ellos la Organización Internacional del Trabajo),
una democracia bien gestionada también
procuraría consensos en torno a acuerdos internos
comparables.
Esta evolución, entonces y al menos
parcialmente, fue impulsada por el
descontento de muchos con las
consecuencias destructivas, en vidas y
recursos productivos, de las relaciones de
mercado irrestrictas y por demandas de
servicios públicos y apoyos financieros
provenientes inclusive del sector
empresarial.
1945-1975
treinta años gloriosos
Las disposiciones sociales correspondieron a
una fase económicamente expansionista en la
que fue consolidándose una fuerza de trabajo
estable sumida en un creciente proceso de
organización sindical y político.
Las medidas de intervención social adoptadas
en esa época no fueron concebidas, en primer
término ni solamente, para el incremento de
la eficiencia o de la racionalidad del sistema
productivo sino como un contrapeso frente a
las consecuencias del mercado económico.
Derechos y ya no beneficencia
Esas políticas de seguridad social, educación,
sanidad y vivienda irán desplazando
progresivamente la concepción paternalista y
“caritativa” de las medidas sociales basadas,
muchas veces, en criterios de dependencia
institucional o incluso personal, en favor de
la defensa de un nuevo tipo de derechos, los
derechos sociales, que acabarán integrándose
junto a los derechos liberales y democráticos
en los marcos constitucionales durante esas
décadas.
Los Estados ampliaron considerablemente
su campo de acción
policíaco-militar, ideológico-educacional, regulativoasistencial, administrativo-productivo, etc.
Y aumentaron concomitantemente el número de sus
aparatos y funcionarios. Una ampliación y aumento
que, ya desde antes de la última guerra mundial, fue
alentada por los sindicatos europeos y los partidos
apoyados por estos como instrumento de una política
de distribución de ingresos menos inequitativa.
El gasto público en proporción al PBI es un parámetro
utilizable para medir comparativamente el crecimiento
del sector estatal o público a lo largo del tiempo y
entre países. Este se elevó en los países
industrializados de menos de 10% en 1900 a cerca de
40% en 1980.
La política social irá siendo paulatinamente
considerada como parte de una política
económica orientada hacia un crecimiento
productivo más eficiente y racional que el
que resultaba de los meros mecanismos de
mercado.
Desde la depresión de los años 30 treinta empieza a
advertirse una notoria falta de adecuación
práctica de la economía tradicional, basada en la
lógica del mantenimiento de equilibrios
presupuestarios.
En vez de dejar que las cosas simplemente
ocurrieran, concluyeron economistas y
burócratas, era mejor organizarlas con
anticipación (pero no necesariamente hacer al
Estado propietario de empresas).
Los socialdemócratas de Escandinavia, por
ejemplo, estuvieron mucho más interesados
en la tributación progresiva y en la provisión
de servicios sociales que en el control estatal
de las grandes empresas.
Aparición de una serie de nuevos
fenómenos
Eclosión a gran escala de un burocratismo y un
tecnocratismo crecientes.
Acceso de los ciudadanos a una serie de servicios sociales y
a determinadas transferencias económicas, acceso que
supuso una cierta “democratización” -en el sentido de
extensión a gran parte de la población de bienes y
servicios que antes eran privilegio exclusivo de los
sectores con mayor nivel de renta.
Los cambios no ocurrieron sin oposición
En los años treinta un observador excepcionalmente bien
informado, como J. Schumpeter, preveía, con disgusto,
la extinción del capitalismo individualista y
competitivo a consecuencia del proceso, en su juicio
inevitable, de absorción por el Estado de todas las
fuerzas económicas y sociales en sociedades
crecientemente despersonalizadas y burocratizadas.
En la misma década F. Hayek vinculaba las tendencias
socializantes a una dirección hacia el "totalitarismo" y
sostenía que sólo el capitalismo de libre mercado
conducía por sí mismo a la democracia.
Una tesis que anticipa la que, décadas después, fue
difundida por M. Friedman y sus acólitos.
Procesos comparables parecían darse en todos los
Estados y relacionarse con la llamada
modernización.
Las democracias liberal-sociales se revelarán,
empero, como mucho más eficaces que los Estados
no democráticos para canalizar las demandas de
sus sociedades y promover un pluralismo
productivo eficiente, que les permitirá conseguir
un bienestar material alto (y creciente) para
amplios sectores sociales (sobre todo de
trabajadores asalariados).
En el cuarto de siglo posterior a la guerra esta
intervención social de las autoridades públicas
(mediante pactos, promoción de negociaciones y
políticas económicas) producirá mayor seguridad
en el empleo, administración menos dramática de
las instancias de desempleo y movilidad social
ascendente a una escala sin precedentes históricos.
El empleo industrial alcanzará sus cotas máximas
entre 1965-1975 en la práctica totalidad de los
países capitalistas avanzados.
En todos los países occidentales, incluido Estados
Unidos, aumenta considerablemente el PIB; pero
aumenta todavía más el tanto por ciento ocupado
por el gasto público, pasándose del 20-30% en
1950 al 40-50% en 1975.
Dentro del gasto público, el principal protagonista es
el gasto social (25 % del PIB aproximadamente).
La brecha que separaba a los ricos de los pobres,
tanto si se la mide por el patrimonio como por la
renta anual, en Europa continental, Gran Bretaña y
Estados Unidos se redujo espectacularmente
después de 1945.
La mayor igualdad fue acompañada de
otros beneficios:
• se calmó el temor a una vuelta de la
política extremista;
• se extendió la confianza en el futuro;
• aumentó el atractivo de la democracia;
• se produjo un ciclo de expansión
productiva y de consumo.
Universalismo
En vez de hacer depender los beneficios de la
renta personal -en cuyo caso los
profesionales bien retribuidos o los
comerciantes prósperos podrían haberse
quejado de que con sus impuestos estaban
pagando unos servicios de los que ellos no se
beneficiaban-, a la clase media educada se le
ofreció la misma asistencia social y servicios
públicos que a la población trabajadora y a
los pobres: educación gratuita, atención
médica barata o gratuita, pensiones públicas
y seguro de desempleo.
Se procurará un funcionamiento del
mercado libre que fuere compatible con
metas sociales y legislación del bienestar,
corrigiendo sus deficiencias o
disfunciones, planificando, controlando
empresas o actividades y mediante otras
intervenciones (regulaciones, controles,
acuerdos, negociaciones, redistribución)
En esas tres décadas de la segunda posguerra
economistas, políticos, analistas y
ciudadanos coincidieron en que un gasto
público alto, administrado por las
autoridades nacionales o locales con libertad
suficiente para regular la vida económica a
distintos niveles, era una buena política.
En la base de este consenso hubo un fuerte
componente de confianza en las instituciones
y entre los integrantes de la sociedad:
cohesión social.
Por otra parte en esos años los criterios de
racionalidad científica y tecnocrática
empiezan a ser decisivos avales
legitimadores de las decisiones políticas,
tanto para los gobiernos como la oposición.
La irrupción legitimadora a gran escala de la
Ciencia y de la Técnica constituye un rasgo
de la etapa expansiva de los Estados de
Bienestar.
En ese marco, en la década de 1960 la clase
media europea tendría mucha más renta
disponible que en ningún otro momento
desde 1914.
Esto posibilitó el proceso de sustituir la
selección basada en la herencia o la
riqueza por la movilidad ascendente
mediante la educación (meritocracia).
Gracias a la generalización de la propiedad
social, es decir, a la participación en
recursos y derechos colectivos, la
capacidad de existir como un Individuo
con todas sus ventajas y derechos no
estuvo ya reservada a una elite que podía
basar su independencia en la propiedad
privada.
Pero los Estados de bienestar no eran
necesariamente socialistas en su origen ni
en sus objetivos.
Diversos modelos
Liberales o débiles: conexión entre beneficios y empleo,
menor gasto, focalización del mismo, uso del
sector privado
Corporativos: diversidad de programas jubilatorios,
alto nivel de gasto en los servidores públicos,
intermedios
Socialdemócratas: derechos y no beneficios,
desmercantilización de las jubilaciones, mayor
gasto, menos focalizado, no uso del sector privado
Bismarckianos o de seguro: los trabajadores renuncian obligatoriamente a
una parte de sus ingresos para construir un fondo para cuando no
puedan trabajar por cualquier causa (enfermedad, vejez,
desempleo). Se financia fundamentalmente con la contribución.
Beveridgeanos o de solidaridad: permite cobrar ex-ante, funciona sobre la
base de asegurar que los individuos se preocupen de la suerte de los
demás como de la suya propia. Cuentan los intereses de todos,
sobre todo de los que tienen menos suerte o aparecen como más
desfavorecidos.
Paineanos o de equidad: se renuncia obligatoriamente a parte de los
ingresos para construir un fondo con el que pagar de forma
uniforme a todos los miembros de la sociedad. Mientras que
coincide con el tipo ideal anterior en la medida que no exige que el
beneficiario haya cotizado, se diferencia de los dos anteriores en que
no limita la transferencia a los que tengan voluntad de trabajar.
El modelo escandinavo: institucionaliza la
responsabilidad del Estado de proteger a las
personas (incluso de sí mismas); brinda
protección colectiva pero deja la economía al
sector privado, con una carga tributaria muy
alta para financiar los servicios sociales y
culturales; aspira al pleno empleo
El modelo de Europa continental: protege al
ciudadano empleado de los estragos de la
economía de mercado; aspira a proteger
empleos de buena calidad
La clasificación de Mesa Lago para
América Latina
Pioneros: introdujeron sus sistemas entre los años 10 y 30 del siglo XX.
Tienen una cobertura casi universal en servicios de protección social
básicos, una marcada estratificación en la calidad y condiciones de
acceso, un rango estratificado de servicios a la población, y déficit
estructural en cuanto a recursos y gastos.
Intermedios: introdujeron sus sistemas en los años 40 y 50, y se
distinguen dos subtipos. Uno que ha avanzado hacia un modelo
estratificado maduro desde los tardíos; el otro corresponde a los que
han avanzado a niveles de cobertura y oferta y calidad de servicios
sin incurrir en los errores de la estratificación de los pioneros.
Tardíos: introdujeron los sistemas en los 60 y los 70, tienen baja
cobertura, un limitadísimo menú de opciones en materia de
servicios, y una desproporcionada calidad y cantidad de beneficios
a los sectores efectivamente protegidos.
Tipología de Fernando Filgueira
Universalismo estratificado: a) protege a la mayor parte de la población
mediante sistemas de seguro social y de servicios de salud, a la vez que
extiende la educación primaria e inicial secundaria a toda la población; b)
presenta una fuerte estratificación de beneficios, condiciones de acceso, y
rango de protección en materia de seguro social y en similar medida en
salud.
Los trabajadores del Estado y los profesionales, servicios urbanos y
trabajadores fabriles urbanos accedieron en ese orden a protecciones y
beneficios, y también en ese orden estratificaron calidad y acceso.
Los autoempleados, el sector informal, los desempleados crónicos, y
trabajadores rurales lo hicieron tardíamente y con peor suerte en materia de
acceso y beneficios.
Regímenes duales: casi universalizado desarrollo de la educación primaria y
un importante aunque estratificado grado de cobertura de salud. En lo
relativo a la seguridad social la cobertura acentúa los aspectos estratificados
de los sistemas maduros, sin la cobertura universalizada de los regímenes
de universalismo estratificado.
Regímenes excluyentes: presentan sistemas elitistas de seguro social y salud y
duales en materia de educación.
Una sucesión de crisis
1973-2012
A comienzos de la década de 1970 habría sido
inconcebible contemplar el desmantelamiento de
los servicios sociales, provisiones de bienestar,
recursos culturales y educacionales financiados
por el Estado y muchas otras cosas que para la
gente habían cobrado carta de naturaleza.
Sucesivas crisis estructurales (y otros cambios
históricos que Judt resume como “pérdida de fe en
el sistema” ) resitúan la noción de Estado de
bienestar, cuestionando su subsistencia.
Crisis y críticos
En este nuevo marco los partidarios de un “regreso”
al libre mercado con mínima regulación estatal
obtuvieron una mayor audiencia en la década del
70.
Desde posiciones conservadoras, liberales e inclusive
de izquierda se describió entonces al estado
“providencia” o “de bienestar” como burocráticoautoritario, necesariamente conducente a una
crisis fiscal, de baja productividad, paralizador de
la iniciativa privada, promotor del interés propio
de las burocracias públicas en perjuicio de los
administrados, pasivizante, etc.
Descripciones negativas
Obstaculizan el ahorro y la inversión
Erosionan los incentivos para trabajar
Perjudican la asunción individual de
responsabilidad
Generan dependencia
Producen inflación de demandas e ingobernabilidad
Desde posiciones muy diversas arrecian las críticas a los
principios organizativos de estos Estados, a los que se
acusa de ser sistemas caros (crisis fiscales), ineficientes
(innovación escasa) y excesivamente burocratizados
(paternalistas, sobreintervención) a la vez que desde
otras perspectivas se les recrimina el no haber
cumplido eficazmente las anunciadas expectativas de
seguridad y de igualdad socioeconómica (reformistas
pero no revolucionarios, productivistas y dañinos para
el ambiente o naturaleza).
Se cuestiona desde frentes diversos, y hasta opuestos,
tanto la racionalidad técnica del sistema como su
racionalidad ética.
No necesariamente con nuevos argumentos,
ganan entonces espacio los
propagandistas de un “Estado mínimo”,
quienes se reconocen herederos
ideológicos del liberalismo decimonónico,
en particular de la vertiente conservadora
cuyo más difundido representante fuera,
hacia el final de ese siglo, Herbert Spencer.
La crítica teórica, en la que un papel principalísimo correspondió a la teoría
económica (una disciplina que se integra a las ciencias sociales pero que,
persistente y muy discutiblemente, asume la apariencia o el rango de una
ciencia exacta), en el marco de la crisis económica de 1973 y años
posteriores (o, con otra perspectiva temporal, en el de la hoy más visible
transformación del sistema de economías nacionales propio del capitalismo
durante siglos en uno internacionalizado) fue acompañada de
consecuencias prácticas, entre las que se pueden contabilizar: la derrota
electoral de varios partidos socialdemócratas europeos, el largo período de
gobierno conservador en Gran Bretaña, las "rebeliones de contribuyentes" y
"Reaganomics" norteamericanas, las terapias de choque de inspiración
ultraliberal en varios países de Europa oriental que destronaron sus
anteriores gobiernos comunistas y el desmantelamiento de los servicios y
seguros sociales, las rebajas impositivas al capital y la transformación (en
dirección a menor protección y menguados derechos) de la legislación
laboral (las mentadas "flexibilización" y "eliminación de rigideces") iniciadas
por casi todos los gobiernos en Europa occidental y en el resto del mundo.
Posiciones teóricas críticas
Neoconservadores: crítica de la pérdida de valores y actitudes tradicionales (laboriosidad,
disciplina, ahorro, austeridad, etc.). Crítica del individualismo hedonista y consumista que
amenazaría la propia lógica del capitalismo y la estabilidad de las democracias. La
administración pública en el mundo económico es vista como una amenaza totalitaria
(paternalismo). Los Estados de Bienestar desincentivarían el empleo y las inversiones,
producirían rigideces disfuncionales en el mercado de trabajo, tenderían al aumento de la
presión fiscal, afectarían la propiedad y ocasionarían ingobernabilidad. Hay que retornar a
un individualismo solidario (responsabilidad individual, familia, escuela, religión).
Neoliberales: ataque frontal al Estado de bienestar por irracional. Hay que restaurar la eficacia
de los mecanismos de mercado haciendo retroceder la actividad de la administración
pública. Defensa a ultranza de la lógica individualista liberal frente a las lógicas
democrática y social. Estado mínimo y fuerte que garantice la protección de los derechos
individuales. Desapego por la cuestión social e indiferencia ante la pobreza y la
desigualdad. El mercado lo solucionaría todo.
Marxistas: los Estados de bienestar son funcionales al capitalismo, neutralizan la lucha de
clases o provocan una escisión creciente entre las necesidades económicas del sistema y las
expectativas democratizadoras de los ciudadanos. El intervencionismo estatal politiza las
decisiones económicas y desplaza el centro del sistema económico-administrativo desde el
ámbito económico al político creando una crisis de legitimidad en las democracias.
La transnacionalización económica, favorecida por la
revolución tecnológica, ha resituado el tipo de
intervención estatal a partir de la década de los
ochenta.
Predominio de criterios de eficacia y eficiencia del
sistema económico-administrativo.
Obsesión con el crecimiento como el principal, sino
único, objetivo social a perpetuidad.
Debilitamiento de las potestades de los Estados
nacionales ante las corporaciones, los
movimientos económicos supranacionales y las
presiones de grupos privilegiados.
La privatización de actividades públicas, los llamados “ajustes fiscales”
y la “desregularización” son publicitados (y parcialmente puestos
en práctica por las políticas económicas de los gobiernos) como
panacea universal.
Sus defensores sostienen que los mecanismos de mercado, sin trabas ni
influencias políticas, lejos de producir graves daños y acentuar
desigualdades, maximizarán la prosperidad económica y la libertad
individual. El libre juego de la competencia, dicen, es un eficaz
mecanismo de saneamiento del sistema, sin perjuicio de admitir su
crueldad (la que se justifica a menudo afirmando que los perjuicios
de la intervención gubernamental conllevarían mayor daño y dolor,
o que hay que esperar el “derrame” o “goteo”).
En el sur de América ocurrió un proceso epigonal al de los Estados
centrales, aunque condicionado por las especificidades
socioeconómicas propias.
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