RESPONSABILIDAD
INTERNACIONAL DEL ESTADO
POR
UN HECHO ILÍCITO
INTERNACIONAL
Camilo Ernesto Bernal Sarmiento
Incumplimiento de las obligaciones primarias
• “107.
Si bien la misma Convención Americana hace
expresa referencia a las normas del Derecho
Internacional general para su interpretación y aplicación
, las obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2
de la Convención constituyen en definitiva la base
para
la
determinación
de
responsabilidad
internacional a un Estado por violaciones a la
misma. De tal manera, dicho instrumento constituye en
efecto lex specialis en materia de responsabilidad estatal,
en razón de su especial naturaleza de tratado
internacional de derechos humanos vis-à-vis el Derecho
Internacional general.” (Corte IDH, “Masacre de Mapiripán” Vs.
Colombia, párrafo 107).
Incumplimiento de las obligaciones primarias
• “(…) En efecto, dicho artículo (1.1.) pone a cargo de
los Estados Partes los deberes fundamentales de
respeto y de garantía, de tal modo que todo
menoscabo
a
los
derechos
humanos
reconocidos en la Convención que pueda ser
atribuido, según las reglas del Derecho
internacional, a la acción u omisión de
cualquier autoridad pública, constituye un
hecho imputable al Estado que compromete
su responsabilidad en los términos previstos por
la misma Convención.” Corte IDH. (1988). Caso
Velásquez Rodríguez, párrafo 164.
Hecho ilícito internacional
• “107.
Si bien la misma Convención Americana hace
expresa referencia a las normas del Derecho
Internacional general para su interpretación y aplicación
, las obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2
de la Convención constituyen en definitiva la base
para
la
determinación
de
responsabilidad
internacional a un Estado por violaciones a la
misma. De tal manera, dicho instrumento constituye en
efecto lex specialis en materia de responsabilidad estatal,
en razón de su especial naturaleza de tratado
internacional de derechos humanos vis-à-vis el Derecho
Internacional general.” (Corte IDH, “Masacre de Mapiripán” Vs.
Colombia, párrafo 107).
Hecho ilícito internacional
1.
Se presenta un comportamiento
consistente en una acción u omisión
atribuible
al
Estado
(elemento
subjetivo) y,
2.
Ese comportamiento genera una
violación de un deber internacional del
Estado (elemento objetivo).
CIDH – Requisitos:
1.
Una acción o una omisión que viola una norma del
derecho internacional, en particular alguno de los
instrumentos del sistema interamericano o del
sistema universal que han sido ratificados por el
Estado.
2.
Un acto ilícito que sea imputable al Estado.
3.
Ese acto debe haber producido un daño o perjuicio.
4.
La acción imputable al Estado, que ocasionó el daño,
no puede ser justificada.
5.
Las consecuencias de la acción ilícita no han sido
reparadas, incluyendo la investigación, la sanción y la
compensación
(CIDH, Informe de 1996, Bolivia, párrafo 159)
Principio de identidad o continuidad del Estado
“(…)
la
responsabilidad
subsiste
con
independencia de los cambios de gobierno en el
transcurso del tiempo y, concretamente, entre el
momento en que se comete el hecho ilícito
que genera la responsabilidad y aquél en que
ella es declarada. Lo anterior es válido también
en el campo de los derechos humanos aunque,
desde un punto de vista ético o político, la actitud
del nuevo gobierno sea mucho más
respetuosa de esos derechos que la que tenía el
gobierno en la época en la que las violaciones se
produjeron.” (Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, párrafo 184).
Responsabilidad directa
Responsabilidad directa
Los órganos del Estado (ejecutivo, legislativo o
judicial) violan una norma internacional, es decir
cuando:
1.
un Estado no adopta las medidas legislativas
para hacer efectivos los derechos de sus
ciudadanos,
2.
no deroga las leyes contrarias a las convenciones
y tratados sobre derechos humanos o,
3.
cuando no se abstiene de adoptar medidas
contrarias a los mismos
Responsabilidad directa: Poder Ejecutivo
Acción u omisión de la Administración, entendida
esta como el conjunto de autoridades, órganos,
corporaciones públicas y servidores públicos que
ejercen funciones administrativas por mandato de
la Constitución y la ley, y que, por consiguiente,
producen actos y hechos administrativos.
Incluye aquellos casos en los cuales los servidores
públicos procedieron dentro de los límites de sus
competencias, bajo la instrucción del propio
gobierno o amparados en una supuesta calidad
oficial difícil de desconocer.
Responsabilidad directa: Poder Judicial
1.
Por una decisión judicial no recurrible contraria a las
obligaciones internacionales del Estado,
2.
Por la oposición, por parte de las autoridades judiciales,
a que el afectado promueva en justicia las acciones para
su defensa o bien por los obstáculos o retardos
procesales injustificados que impliquen denegación de
justicia (plazo razonable) y,
3.
Por toda violación a los derechos humanos que vulnere
manifiestamente el ámbito interno, aunque no viole
expresamente el internacional, por ejemplo, en caso de
error judicial
Violaciones a las garantías judiciales y a la protección judicial
consagradas en la CADH (Arts. 8 y 25) y en el PIDCP (14 y 26).
Responsabilidad directa: Poder Legislativo
1.
No adoptar las medidas legislativas
necesarias para hacer efectivos los
derechos consagrados en los tratados
internacionales,
2.
Adoptar
disposiciones
legislativas
incompatibles
con
las
obligaciones
internacionales contraídas y,
3.
No derogar las disposiciones legislativas
incompatibles
con
las
obligaciones
internacionales contraídas
Responsabilidad indirecta
Responsabilidad indirecta
Se declara cuando la violación no resulta
imputable directamente a un Estado,
pero puede acarrear su responsabilidad
internacional, no por el hecho en sí
mismo sino por falta de la debida
diligencia en prevenir la violación o
para tratarla en los términos requeridos
por los tratados internacionales.
Corte IDH
“Dicha responsabilidad internacional puede generarse
también por actos de particulares en principio no
atribuibles al Estado. Los Estados Partes en la Convención
tienen obligaciones erga omnes de respetar y hacer
respetar las normas de protección y de asegurar la
efectividad de los derechos allí consagrados en toda
circunstancia y respecto de toda persona. Esas obligaciones
del Estado proyectan sus efectos más allá de la relación
entre sus agentes y las personas sometidas a su
jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación
positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para
asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en
las relaciones inter-individuales …
Corte IDH
“…La atribución de responsabilidad al
Estado por actos de particulares puede
darse en casos en que el Estado
incumple, por acción u omisión de sus
agentes cuando se encuentren en
posición de garantes, esas obligaciones
erga omnes contenidas en los artículos
1.1 y 2 de la Convención.” (Corte IDH, Caso de la
“Masacre de Mapiripán”, párrafo 111).
Corte IDH
La responsabilidad internacional del Estado se puede
generar por un conjunto de acciones y omisiones de
agentes estatales y de particulares realizadas en forma
coordinada, paralela o concatenada, con el propósito
realizar una violación de los derechos humanos.
Estos casos no se pueden caracterizar como meros hechos
entre particulares, por estar vinculados con conductas
activas y omisivas de funcionarios estatales; en
consecuencia, la atribución de responsabilidad al Estado
por dichos actos radica en el incumplimiento de sus
obligaciones convencionales erga omnes de asegurar la
efectividad de los derechos humanos en dichas relaciones
inter-individuales.
Corte IDH
“(…) Para establecer que se ha producido una
violación de los derechos consagrados en la
Convención no se requiere determinar, como ocurre
en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus
autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso
identificar individualmente a los agentes a los cuales
se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente la
demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del
poder público en la infracción de los derechos
reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan
permitido la perpetración de esas violaciones” (Corte
IDH, Caso de la “Masacre de Mapiripán”, párrafo 111).
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos
1.
Las conductas que son producto de la
instigación de servidores públicos;
2.
Las que se realizan con el consentimiento
expreso o tácito de dichos servidores;
3.
Las que se producen gracias a la tolerancia
manifiesta de agentes estatales;
4.
Las que resultan del incumplimiento del
deber de garantía que tiene el Estado.
GRACIAS POR
SU ATENCIÓN
Descargar

Responsabilidad internacional del Estado