_______________∂______________
Mtro. Mario E. Patrón Sánchez
Antecedentes y factores que
influyeron para la reforma.
∂ El año de 2011 el Estado Mexicano había cumplido 12 años de
aceptar la competencia contenciosa de la Corte IDH.
∂ México había firmado y ratificado la mayoría de los tratados de
derechos humanos tanto del Sistema Interamericano (OEA)
como del Sistema Universal (ONU).
∂ La Corte IDH había conocido y resuelto los primeros seis casos
contenciosos en los que el Estado Mexicano resultó
internacionalmente responsable de violaciones a derechos
humanos.
Casos contenciosos
Fecha de sentencia
6 de agosto 2008
16 de noviembre 2009
23 de noviembre 2009
30 de agosto 2010
31 de agosto 2010
26 de noviembre 2010
Caso
Castañeda Gutman
Falta de recursos internos en
materia electoral
González y otras (Campo Situación de violencia estructural
Algodonero)
contra las mujeres en Ciudad
Juárez
Radilla Pacheco
Violaciones graves a derechos
humanos por parte del Ejercito
Fernández Ortega y Otros Mexicano (desaparición forzada,
tortura) y la falta de idoneidad del
Rosendo Cantú y Otra
fuero militar para conocer de
violaciones a derechos humanos.
Cabrera García y Montiel
Flores
∂ Creación de los organismos autónomos de protección de
derechos humanos (a partir de 1990 con la CNDH).
∂ Reforma al Poder Judicial de 1994 (creación del Consejo de la
Judicatura Federal).
∂ Creación de nuevas instituciones para la tutela de derechos
específicos (Instituto Federal Electoral, Tribunal Federal
Electoral, Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación).
La Reforma.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011
modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero, y 11
artículos: 1°, 3°, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B y 105
fracción II, inciso g.
Los principales ejes que contempla la reforma son:
∂ La redefinición de todo el sistema de protección y garantía de los
derechos humanos (artículo 1°).
∂ La Educación que imparte el Estado como medio para el respeto
a los derechos humanos (artículo 3°).
∂ Trato que deberá garantizarse a las personas migrantes,
extranjeras y sujetas al sistema penitenciario (artículos 11, 15 y
18).
∂ Procedimiento a seguir en materia de suspensión de derechos
(artículo 29).
∂ Principios sobre política exterior (artículo 89 fracción X).
∂ Investigación de violaciones graves a derechos humanos
(artículos 97 y 102 apartado B).
∂ Planteamiento de inconstitucionalidad por violaciones a derechos
reconocidos en tratados (artículo 105 fracción II, inciso g).
En el contexto de la publicación y entrada en vigor de la reforma ha
sido elemento clave en su implementación, la reinterpretación que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó a partir de lo
dispuesto por el nuevo artículo 1°, con motivo de las acciones que
tendría que realizar el Poder Judicial de la Federal para cumplir la
sentencia de la Corte IDH en el Caso Radilla Pacheco (expediente
Varios 912/2010).1
1. SCJN. “Resolución dictada por el Tribunal Pleno en el expediente Vario 912/2010 y
Votos particulares formulados pos los ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio
Salvador Aguirre Anguiano y Luz María Aguilar Morales; así como Votos particulares
y concurrentes de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Jorge Mario Pardo
Rebolledo.”
Nuevo paradigma del sistema de protección
y garantía de los derechos humanos.
Artículo. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
De las garantías individuales a los
derechos humanos.
En el proceso de reforma quedó clara la intención del legislador
constituyente de incluir un cambio de concepción de los derechos, al
modificar el título del capítulo respectivo de “De las garantías
individuales” a “Derechos Humanos y sus garantías”, reconociendo
en el artículo 1° que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte…”.
Es decir, la reforma implicó un cambio conceptual dirigido al
fortalecimiento de la persona y la protección de su dignidad,
pues adoptó el estándar desarrollado internacionalmente por el
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho
humanitario.
La Corte IDH, desde sus orígenes jurisprudenciales en la sentencia del Caso
Velásquez Rodríguez, sentó presente respecto a la concepción del término
derechos humanos.
165. La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos
del citado artículo, es la de "respetar los derechos y libertades" reconocidos
en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que
derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la
dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado.
Como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasión,
... la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y
políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia
de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden
ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se
trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los
que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los
derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la
restricción al ejercicio del poder estatal (La expresión "leyes" en el artículo
30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión
2
Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21).
2. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de
1988. Serie C No. 4, Párrafo 165
La obligación estatal de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos.
La jurisprudencia de la Corte IDH ha sido particularmente prolífica al
enunciar y desarrollar las obligaciones generales de respeto y
garantía en
el marco del artículo 1.1 (obligación de respetar los
derechos) de la Convención Americana, que menciona textualmente:
“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”.
El artículo 1° constitucional, en su párrafo tercero, dispone: “Todas las
autoridades, en ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos [...] el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos en el término que establezca la ley.” El actual
contenido de ese párrafo encuentra correspondencia en el desarrollo
jurisprudencial que la Corte IDH ha realizado respecto al contenido
del artículo 1.1 de la Convención Americana.
La obligación de respeto.
La obligación de respeto en el sistema interamericano consiste en
cumplir directamente la norma establecida, ya sea absteniéndose de
actuar o dando una prestación. Lo anterior es así debido a que el
ejercicio de la función pública tiene límites que derivan de que los
derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y,
en consecuencia, superiores al poder del Estado.
En la protección a los derechos humanos está necesariamente incluida
la noción de la restricción del ejercicio del poder estatal. En este
sentido, el contenido de la obligación estará definido a partir del
derecho o la libertad concretos. Entre las medidas que debe adoptar el
Estado para respetar ese mandato se encuentran las acciones de
cumplimiento, que pueden ser positivas o negativas y estarán
determinadas por cada derecho o libertad.
La obligación de garantía
Las obligaciones de promover, proteger y garantizar los derechos
humanos, así como la de prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a derechos humanos, se ubican dentro del desarrollo
jurisprudencial que la Corte IDH le ha dado a la obligación general de
garantizar los derechos humanos.
La obligación de garantía en el sistema interamericano implica el deber
de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y todas las
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder
público, de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre
y pleno ejercicio de los derechos humanos.
La Corte IDH ha destacado que, como consecuencia de esta obligación,
los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación a los
derechos reconocidos por la Convención Americana, procurando
además el restablecimiento, de ser posible, del derecho conculcado y,
en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de
los derechos humanos.
La obligación de reparar los daños producidos por violaciones a
derechos humanos.
El párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que al respecto señala que:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado
deberá
prevenir,
investigar,
sancionar
y
reparar
las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley.
En un Estado democrático de derecho, toda persona debe tener la
seguridad de que, en caso de sufrir una violación a sus derechos humanos,
gozará de la posibilidad de reclamar que el responsable de esa afectación
asuma sus consecuencias. El Estado, como garante de esos derechos,
debe asumir la obligación de resarcir los daños que sus agentes provoquen
a algún individuo. La SCJN ha determinado que:
Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares,
tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe
concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir,
indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de
alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos
previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión
graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva
tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos
internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos
internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que
es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental
obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al
daño sufrido.[1]
[1]
SCJN. Novena Época, Registro: 163164, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero
de 2011, Materia: Constitucional, Tesis: P./ LXVII/2010), página 28.
La Corte IDH ha sostenido que “la reparación es el término
genérico que comprende las diferentes formas como un Estado
puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha
incurrido (restitutio in integrum, indemnización, satisfacción,
garantías de no repetición, entre otras)”. [1]
[1]
Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs. Perú, Reparaciones, Sentencia del 27 de noviembre de 1998, Serie C
No. 42, párrafo 85.
Modalidades de la reparación del daño.
Garantías de no repetición.
Constituyen todas aquellas medidas que el Estado debe adoptar en
coordinación con todas las autoridades locales para evitar que las
situaciones sigan provocando víctimas de violaciones a derechos
humanos.
La jurisprudencia de la Corte en este tipo de medidas a establecido,
la exigencia de adecuación de la legislación interna; derogación de
normas vigentes contrarias a la Convención; formación de
servidores
públicos
sensibilización, etc.
en
derechos
humanos,
campañas
de
Indemnización
La indemnización es reconocida como una medida compensatoria y
se refiere a los perjuicios materiales sufridos, entre ellos, el daño
emergente, el lucro cesante e incluye también, el daño moral sufrido
por las víctimas.[1] Ésta debe concederse de forma apropiada y
proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de
cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que
sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos.
[1]
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párrafo 38.
A su vez, su monto depende del nexo causal con los hechos del
caso sub judice,[1] las violaciones declaradas, los daños acreditados,
así como las medidas solicitadas para reparar los daños
respectivos.[2]
La indemnización no puede implicar ni un empobrecimiento ni un
enriquecimiento para la víctima o sus sucesores.[3]
Rehabilitación
Ésta debe incluir “la atención médica y psicológica, y los servicios
jurídicos y sociales.” en beneficio de la agraviada y sus familiares.
[1] Corte
IDH. Caso Comunidad Indígena Yakyye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 17 de junio de 2005, serie C,
No 125.
[2] Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas, 27 de noviembre de 2008, serie C, No. 191, párrafo 134;
Caso Masacre de las dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre de 2009, serie C, No
211.
[3] Corte IDH. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 4, párrafo 53.
Satisfacción
La satisfacción debe incluir, cuando sea pertinente y procedente, la
totalidad o parte de las medidas siguientes: a) medidas eficaces
para conseguir que no continúen las violaciones; b) la verificación
de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; c)
una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la
dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; d) una
disculpa pública; y e) la aplicación de sanciones judiciales o
administrativas a los responsables de las violaciones.[1]
[1]
Ibídem. numeral 22.
Bloque de constitucionalidad
El artículo1° constitucional tutela
el denominado bloque de
constitucionalidad al consagrar que todas las personas gozarán de
los derechos humanos contenidos en la Constitución, pero también
en los tratados internacionales de los cuales México forme parte. Es
decir, los derechos humanos tienen una doble fuente, la internacional
y la nacional y serán los principios de interpretación conforme y pro
persona las fórmulas hermenéuticas, a través del control de
convencionalidad para la construcción paulatina del bloque de
constitucionalidad.3
3.Autores como Eduardo Ferrer Mac-Gregor, en su obra sobre “Interpretación Conforme y
Control Difuso de Convencionalidad El Nuevo Paradigma para el Juez Mexicano”,
considera que: “La incorporación de los derechos humanos de fuente internacional al
catálogo de los derechos fundamentales en las Constituciones nacionales puede constituir
parte de un “bloque de constitucionalidad”, sirviendo como parámetro de control de la
constitucionalidad de las leyes y demás actos que violen dichos derechos”. p. 356.
El control de convencionalidad como
estándar de los derechos humanos.
El término control de convencionalidad se comenzó acuñar en la
jurisprudencia de la Corte IDH. En sus orígenes fue utilizado de
manera aislada en varios votos del Juez Sergio García Ramírez, en
los cuales se definía como un ejercicio que el Tribunal Internacional
realizó al analizar la complejidad de un asunto, verificando la
compatibilidad entre la conducta y las disposiciones de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, debiendo explorar
las circunstancias de jure y de facto caso. 4
4. Corte IDH. “Voto razonado del juez Sergio García Ramírez a la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humano sobre el caso López Álvarez Vs. Honduras, del 1 de
febrero de 2006.” Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párrafo 30.
Esta concepción tradicional o básica del control de convencionalidad
en primer momento concentrada en un tribunal internacional, se ha
visto complementada con una concepción transnacional en
acatamiento y aplicación de la Convención Americana.
La Corte IDH en el Caso Almonacid Arellano vs. Chile, resuelta el 26
de septiembre de 2006, estableció la esencia de la doctrina del
control de convencionalidad. A partir de este fallo el concepto
permeó del ámbito internacional al nacional con el fin de garantizar la
eficacia de la Convención Americana. De esta sentencia destacan
los párrafos 123 a 125: 5
5.Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154
“123. La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la
Convención tiene también la finalidad de facilitar la función del Poder
Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara
de cómo resolver un caso particular. Sin embargo, cuando el
Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes
contrarias a la Convención Americana, el Judicial permanece
vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la
misma y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier
normativa contraria a ella. El cumplimiento por parte de agentes o
funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención
produce responsabilidad5 internacional del Estado, y es un principio
básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado,
recogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en
el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por
actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en
violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el
artículo 1.1 de la Convención Americana.
124.
La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están
sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las
disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un
Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención
Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están
sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las
disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de
leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos
jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de
“control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que
aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no
solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha
hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención
Americana.
125.
En esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que
“[s]egún el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben
ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el
derecho interno”. Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.”
La Corte IDH, posteriormente, en el Caso Trabajadores Cesados
del Congreso (Aguado Alfaro y otros vs. Perú, aclaró su doctrina
para establecer que el Poder Judicial debe ejercer ex officio el
control de convencionalidad, sin necesidad de que las partes lo
soliciten, y dentro de las competencias y regulaciones procesales
correspondientes a cada autoridad, considerando otros
presupuestos
formales y materiales de la admisibilidad y
procedencia.
“128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la
Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo
que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea
mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus
disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder
Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino
también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la
Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.
Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las
manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto,
aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin
considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y
procedencia de ese tipo de acciones.” 6
En casos más reciente, la Corte IDH sustituyó las expresiones
relativas al Poder Judicial para hacer referencia a que todos sus
órganos [del Estado], incluidos su jueces, están en obligación de
velar por el efecto útil de la Convención Americana, y que los jueces y
órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles
están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad 7
6. Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de
2006. Serie C No. 158, párrafo 128
7.Corte IDH. “Voto razonado del juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, en relación con
la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos en el Caso Cabrera García y
Montiel Flores vs. México, de 26 de noviembre de 2010”. Corte IDH. Caso Cabrera García y
Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párrafos 18, 19-21.
La Corte IDH, en el caso Gelman vs. Uruguay vs. Uruguay fue
más allá, y determinó que este tipo de control debe ejercerse por
todos los órganos del Estado, es decir, que se extiende no sólo a
los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia,
sino también a las autoridades administrativas, dentro del ámbito
de sus respectivas competencias y regulaciones procesales.
Específicamente, el Tribunal Internacional determinó que el control
de convencionalidad debe prevalecer al constituir una función y
tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del el Poder
Judicial. 8
8. Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24
de febrero de 2011 Serie C No.221, párrafo 239.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el uso de
sus facultades, en el expediente Varios 912/2010 llegó a las
siguientes conclusiones respecto a la obligatoriedad del control de
convencionalidad:
a) Que todos los jueces del país deben realizar ex officio un
control de convencionalidad, y que derivado del nuevo contenido
normativo del artículo 1° constitucional, todas las autoridades del
país:
“16. Dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran
obligadas a ver no sólo por los derechos humanos contenidos en
los instrumentos internacionales firmados por el Estado
mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en
la Constitución federal, adoptando la interpretación más favorable
al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la
doctrina como el principio pro persona.”
b) Que el control de convencionalidad ex officio opera en un modelo
de control difuso de constitucionalidad:
“29. Es en el caso de la función jurisdiccional, como está
indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el
artículo 1º en donde los jueces están obligados a preferir los
derechos humanos contenidos en la Constitución y en los
Tratados Internacionales, aun a pesar de las disposiciones en
contrario establecidas en cualquier norma inferior. Si bien los
jueces no pueden hacer una declaración general sobre la
invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que
consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la
Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de
control directas establecidas expresamente en los artículos 103,
107 y 105 de la Constitución), sí están obligados a dejar de
aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los
contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia.
30. De este modo, el mecanismo para el control de
convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos
debe ser acorde con el modelo general de control establecido
constitucionalmente…..”
Otro elemento fundamental en este contexto reseñado, es la reforma
reciente del 2 de abril del 2013 que generó la nueva Ley de Amparo.
Esta reforma modifica estructuralmente el principal mecanismo de
control concentrado de constitucionalidad y de convencionalidad,
que es la figura del amparo. Si bien hoy en día todos los jueces de
todos los niveles y todos los poderes Judiciales deben hacer
controles de convencionalidad y constitucionalidad, la reforma busca
modernizar el recurso de amparo acercándolo a la ciudadanía para
su ejercicio mediante figuras como el interés colectivo, el interés
legítimo y reduciendo las causales de improcedencia del mismo.
La cláusula de interpretación conforme
y el principio pro persona.
Para la aplicación del control de convencionalidad, ex officio, los
principios de interpretación conforme y pro persona, resultan ser los
enclaves hermenéuticos que permitirán a los juzgadores en su nueva
tarea jurisdiccional generar juicios armonizadores entre normas
secundarias y los derechos humanos de fuente nacional (contenidos
en la Constitución) y de fuente internacional (contenidos en tratados
internacionales). Los jueces deben interpretar el orden jurídico a la
luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la
Constitución y en los tratados internacionales, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.9
9. Caballero, José Luis, “La Cláusula de Interpretación Conforme y el Principio Pro
Persona (Artículo 1º, segundo párrafo de la Constitución), Instituto de Investigación
Jurídicas de la UNAM, p. 119-122.
En otras palabras, el establecimiento en la reforma constitucional de
los principios de interpretación conforme y pro persona se fijan los
ejes rectores en la incorporación del derecho internacional de los
derechos humanos al ámbito nacional.
La interpretación conforme tiene su fundamento en el artículo 1°
párrafo segundo constitucional que establece “Las normas relativas a
los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”
La cláusula de interpretación conforme se puede definir como la
técnica hermenéutica por medio de la cual los derechos y libertades
constitucionales son armonizados con los valores, principios y normas
contenidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos
signados por los Estados, así como por la jurisprudencia de los
tribunales internacionales —y en ocasiones otras resoluciones y
fuentes internacionales— para lograr su mayor eficacia y protección.10
10. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, “Interpretación conforme y difuso de convencionalidad”,
p. 358.
El constituyente permanente mexicano respecto a la cláusula de
interpretación conforme, optó por incorporar en la reforma, lo que en
el derecho constitucional se denomina cláusula de aplicación auxiliar
de los tratados internacionales, la cual consiste en que la norma de
derecho internacional se opere por medio de una norma
constitucional (en el caso el artículo 1°) que le confiere un papel
complementario como estándar de interpretación.
El principio pro persona
se puede definir como un criterio
hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los
derechos Humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma
más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de
reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida cuando se trata de establecer
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria.11
11. Mónica Pinto, “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la
regulación de los derechos humanos”, en La aplicación de los tratados de derechos
humanos por los tribunales locales, Argentina, Centro de Estudios Legales y
Sociales/Editores del Puerto, 1997, p. 163.
El principio pro persona tiene dos manifestaciones o reglas
principales: una preferencia interpretativa y una preferencia de
normas. Se traduce en una directriz de preferencia interpretativa, por
lo cual se ha de buscar la interpretación que mejor optimice un
derecho y, a su vez, una directriz de preferencia de normas, donde
el juez aplique la norma más favorable a la persona, con
independencia de la jerarquía formal de aquélla.12
Los conceptos doctrinarios, respecto al principio pro persona,
anteriormente expuestos fueron recogidos por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente criterio
jurisprudencial:
Tesis: 1a./J. 107/2012 (10a.). PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE
SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de
2012, Tomo 2, p. 799. Registro: 2002000
12. Sergio García Ramírez, Julieta Morales Sánchez, La Reforma Constitucional sobre
Derechos Humanos (2009-2011), Porrúa, UNAM, México, p. 96.
De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado
por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el
ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente,
las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del
ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y
derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico,
obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que
sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo
derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del
ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la
elección de la norma que será aplicable —en materia de derechos humanos—,
atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado
principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que
exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas
de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor
protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica,
el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en
el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que
figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.
¿Ataques de inercias regresivas al nuevo
paradigma del sistema de protección y
garantía de los derechos humanos?
En enero de 2013, el diputado federal priista Francisco Arroyo Vieyra,
bajo una supuesta idea “armonizadora” propuso prácticamente
eliminar los principios de interpretación conforme y pro persona, pues
a su juicio existe una contradicción entre los párrafos primero y
segundo del artículo 1º constitucional y por ello sería necesario
establecer la supremacía de la Constitución sobre los tratados
internacionales que regulan derechos humanos.13
13. Iniciativa de Reforma al Artículo 1º constitucional, suscrita por el diputado
Francisco Arroyo Vieyra del Grupo Parlamentario del PRI, Visible en:
http://www.redpolitica.mx/contenido/iniciativa-de-reforma-al-articulo-1o-constitucional
La SCJN aprobó resolver la contradicción de tesis 293/2011 entre el
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo
del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito. Las tesis en contradicción
mencionadas referían lo siguiente:
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estableció
“TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR
ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN SEGUNDO PLANO
RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del
Décimo Primer Circuito, señaló que “cuando se trate de un conflicto que
verse sobre derechos humanos, los tratados o convenciones internacionales
suscritos por el Estado Mexicano, deben ubicarse propiamente a nivel de la
Constitución”, de tal posicionamiento derivó la siguiente tesis: “TRATADOS
INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN
RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE
LA CONSTITUCIÓN”.14
14. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Contradicción de Tesis 293/2011, Visible en:
http://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimientoasuntosrelevantespub.aspx
?id=129659&seguimientoid=556
La SCJN debía determinar si de acuerdo con el marco constitucional
vigente las normas de derechos humanos reconocidas en tratados
internacionales, se relacionan en términos jerárquicos con aquellas
reconocidas en la Constitución o si, por el contrario, todas forman
parte de un mismo catálogo de derechos que integran el
denominado bloque de constitucionalidad.
Si bien la SCJN resolvió que las normas sobre derechos humanos
contenidas en tratados internacionales tienen rango constitucional,
también determinó que cuando existan antinomias o contradicciones
entre el contenido de normas establecidas en la Constitución, frente
a normas contenidas en tratados internacionales se aplicaría el
principio de supremacía constitucional, dejando de lado el principio
de interpretación conforme como enclave de armonización y sobre
todo para la aplicación de la norma más protectora o menos
restrictiva —principio pro persona—.
La Suprema Corte también debatió la obligatoriedad de la
jurisprudencia de la Corte IDH, resolviendo por mayoría de 6 votos
que la jurisprudencia emitida por ese Tribunal es vinculante para los
todos los órganos jurisdiccionales, siempre que dicho precedente
favorezca en mayor medida a las personas.
Sin embargo, si bien no lo estableció en su debate la SCJN, debe
entenderse que dicha vinculatoriedad se dará siempre y cuando la
jurisprudencia interamericana no contravenga la Constitución, justo
por la aplicación del principio de supremacía constitucional.
En conclusión, pareciera que ha sido la propia SCJN la que ha dado
un giro conceptual y pretende limitar los alcances de la reforma
constitucional y su propia resolución en el expediente Varios
912/2010.
_______________∂______________
EL LITIGIO ESTRATEGICO
Contextualización bajo la cual surge la necesidad del litigio
estratégico.
Falta de normatividad interna y, frente a ello, la
ausencia de aplicación de las normas de origen
internacional. (ej. caso de desaparición forzada o de
tortura en Guerrero).
Aplicación de normatividad de origen interno que no
es compatible con los estándares internacionales de
Violaciones
derechos humanos. (ej. la tipificación de la tortura a
sistemáticas
nivel federal).
a derechos
humanos
 Prácticas institucionales viciadas. (ej. las víctimas en
el amparo)
Ausencia de mecanismos de control respecto de la
actuación de las autoridades.
Ausencia o deficiencia de políticas públicas.
El concepto.
El litigio estratégico es una herramienta de transformación
estructural, cuyo fin es corregir las fallas o deficiencias sistemáticas
que propician o permiten la comisión reiterada de violaciones a
derechos.
El litigio estratégico por parte de la idea de que la transformación es
posible a través del acompañamiento de un solo caso que resulta
paradigmático, es decir, un caso que por sus características es
ejemplificativo de las causas y consecuencias de determinadas
violaciones a derechos humanos.
Ideas que se asociación con el
LITIGIO ESTRATÉGICO:
con el objetivo de alcanzar cambios
mayúsculos en la sociedad.
utilizar la ley como un medio para dejar huella,
más que simplemente ganar el caso en
particular
utilizar los tribunales para realizar cambios
legales y sociales mediante la presentación de
demandas
la prestación de servicios legales tradicionales
se centra en el cliente. El litigio estratégico, por
otra parte, se centra y busca cambiar las
políticas y otros patrones de comportamiento
CARACTERISTICAS
El acompañamiento de
la víctima además de
ser
legal,
atiende
aspectos:
Mediático
EFECTOS
•Rebasa los intereses individuales, se
ve superado por el interés de la
sociedad.
Busca cambios estructurales, por
reformas legales o por modificación
de las prácticas.
Promueve y participa en el diseño
de cambios estructurales
Político
Psicosocial.
(Dirigido a que
la víctima tenga
conocimiento y
participación
plena
LITIGIO
ESTRATÉGICO
ACTORES
Individuos,
organizaciones
civiles, instituciones (públicas,
privadas
y
académicas),
asociaciones de abogados y
de profesionales.
SUJETOS
Tiene como sujeto de sus
acciones no sólo a las
víctimas sino a la sociedad
que aspira a un modelo
democrático de derecho.
¿Cuándo optar por el litigio estratégico como herramienta?
Posibles momentos de intervención litigiosa estratégica:
1. Cuando buenas leyes son letra muerta. El sistema jurídico
contiene normas o derechos protectores y avanzados pero que no
son aplicados, en la vida diaria se actúa como si no existiera,
incluso, contra el mismo derecho.
2. Cuando la aplicación del derecho por parte de las autoridades
incluso por los propios jueces es incierta, impredecible, cuando es
imposible conocer con certeza la forma de aplicación.
3. Cuando la fuente de las violaciones a los derechos humanos es la
propia ley.
4. Existencia de estándares o referentes internacionales que protejan
y reconozcan de más amplia el contenido de un derecho.
5. Poner a prueba el derecho. Una resolución desfavorable puede
evidenciar la falta de normatividad interna,
aplicación
de
las
institucionales viciadas
normas
más
la ausencia de
protectoras
o
prácticas
Etapas del litigio estratégico [1]
Etapas en las que se puede dividir un plan de litigio estratégico.
A)Conocer la situación
Implica conocer bien el contexto específico que vive en el ámbito
nacional o internacional determinado grupo en situación de
vulnerabilidad, o bien, la situación que guarda cierto derecho
humano; es decir, si éste es respetado y en qué grado.
El contexto se conocerá mediante la labor de investigación o de
monitoreo de los derechos humanos, cuya finalidad es hacernos
de conocimientos objetivos sobre los hechos o sobre situaciones
concretas que nos puedan servir más adelante como elementos
probatorios en los tribunales.
[1]
Modelo para armar litigio estratégico en derechos humanos. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
Humanos, A.C., México, 2011.
de los Derechos
Sobre
el monitoreo previo
a
la
identificación
del caso,
la
recomendación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos es
la siguiente: “Aun cuando teóricamente pudiéramos estudiar todas las
instituciones, siempre investigaremos sólo una muestra de ellas,
cuidadosamente seleccionadas, para ahorrar tiempo, trabajo y dinero.
Debemos definir, primero, qué características de una institución
específica podría afectar la forma como se respetan los derechos
humanos en el campo que nos interesa.” [1]
[1]
Monitoreo de los Derechos Humanos. Publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y la Fundación Helsinki, p. 108.
En línea:
http://www.iidh.ed.cr/Publicaciones/Indices.asp?Idioma=Espa%C3%B1ol&Pub=’AB8B155B87 694DB69EC861C02C578300’&Tipo=’’ Se accedió
a la página el 10 octubre de 2007.
Previsiones para el LITIGIO
ESTRATEGICO:
 Deben estudiarse las cuestiones legales, las metas, la
persona que puede iniciar el caso, cuándo debe de
iniciarse, en dónde y cómo llevar el trámite del caso.
Se debe DOCUMENTAR o INVESTIGAR el caso.
 El litigio estratégico es una herramienta creativa y
poderosa de promoción y defensa pero no siempre
será la mejor o la más apropiada opción: TIEMPOS,
SEGURIDAD, TRIBUNALES INDEPENDIENTES
 Por ej: Problemas de seguridad. Es extremadamente
importante que en todo momento usted tenga en
cuenta la seguridad de los demandantes, tanto ya
existentes como posibles, y de otras personas que
participen en el caso.
Examinando las opciones para el
LITIGIO ESTRATEGICO:
 • ¿Existe un tema legal involucrado que ejemplifique o
se relacione con un problema social?
 • ¿La resolución de una corte o tribunal puede resolver
ese problema?
 ¿Dicha decisión puede tener un efecto extensible o
generalizable?
 • ¿Tanto la causa como el tema principal son fáciles de
entender para los medios de comunicación y el público
en general?
Examinando opciones:
 ¿Cuál es el potencial para la cobertura de los
medios?
 • ¿Existen otros medios para alcanzar su meta?
De existir,
 ¿cuán efectivos serían a comparación del litigio
estratégico?
 • ¿Los tribunales en la jurisdicción en la que se
presentaría el caso son independientes de otras
ramas del gobierno?
 ¿Tienen especial consideración, recepción o
simpatía por su causa en lo particular o por el
litigio estratégico?
La prueba:
La llave del éxito en un litigio es probar con
evidencias su dicho. Si no existe evidencia
que soporte sus argumentos el camino para
obtener una resolución favorable en la corte
será complicado. Debe de considerar
también que pese a la información que
pueda obtener en su estudio e investigación
del caso existe la posibilidad de que la corte
no acepte toda la información
proporcionada como prueba al momento de
examinar el caso.
Pruebas:
Peritos o expertos en la materia. Los
peritos son indispensables al analizar la
evidencia. En muchas jurisdicciones
expertos en la materia son llamados por
la corte y pueden expresar su opinión
de una forma distinta a los abogados y
otros representantes.
¿Cómo elegir a los
demandantes?
Encontrar y seleccionar demandantes.
No todos los casos de litigio estratégico
son cuidadosamente seleccionados
desde el principio, pero dada la
naturaleza del litigio estratégico, puede
que se vea en la situación de tener que
buscar a las personas indicadas para
presentar un caso que apoye su causa u
objetivo.
La jurisdicción:
¿Dónde puede presentar su caso?
De la Corte Local a la Corte Federal.
De lo nacional a lo internacional.
Es posible prevenir que un caso puede llegar
hasta una Corte Internacional. Opciones:
a) Sistema Interamericano.
b) Sistema Universal.
Cuidar la procedibilidad: agotamiento y
litispendenica.
B) En busca de un plan
Como ya se mencionó, una de las características del litigio
estratégico es que normalmente no se circunscribe a las actuaciones
dentro del juicio, pues la experiencia ha demostrado que son otro tipo
de acciones las que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el
fracaso. De ahí que se debe intentar imaginar qué puede ayudar a
conseguir los objetivos. Algunas acciones paralelas a la actividad
judicial en el litigio estratégico:
• Utilizar los medios electrónicos y escritos para difundir información
que ayude a visibilizar el caso. Realizar campañas de sensibilización.
• Cabildear, en la medida de lo posible, con los encargados de
plantear las posibles reformas legales, así como con los jueces
que conocerán el caso.
• Construir redes de trabajo en la sociedad civil para buscar trabajar en equipo.
• Amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal). Esta
figura, que no ha sido reconocida en México, consiste en las
opiniones aportadas por terceros ajenos a un litigio. Normalmente
consisten en argumentos de derecho u otros aspectos.
C) Conocer el derecho
Como ya se dijo, en el litigio estratégico lo que se busca, además de
la protección efectiva de los derechos de las víctimas, es lograr
cambios estructurales.
Evidentemente el caso concreto importa pero si buscamos que,
además que se reparen los daños causados a la víctima del caso que
se está litigando, se elimine una de las causas que estimulan a las
autoridades a cometer violaciones de derechos humanos, los efectos
del litigio serán multiplicados, Para lograrlo se debe conocer los
tratados y la teoría de los derechos humanos en los términos de los
estándares más protectores.
D) Un caso paradigmático
No existe un criterio único para determinar qué situación o caso
litigar. Esta decisión puede estar afectada por consideraciones
diferentes y aproximaciones diversas como la oportunidad, la calidad
probatoria del caso, la relación con la(s) víctima(s), el agotamiento
de los recursos de la jurisdicción interna, o la suma de los anteriores
factores, o cualquier otra situación que una vez evaluada permita
identificar una posible situación que por su trascendencia amerite el
litigio nacional e internacional.
E) Pensar en términos de justicia
Podemos pensar que el estudio de los casos puede ayudarnos a
encontrar antinomias en el derecho para después utilizarlas a favor
de la causa que se pretende defender.
La mecánica mental clásica del abogado está condicionada por las
normas que conoce, cuando se le presenta un problema jurídico
inmediatamente piensa en normas aplicables que podrían ser
subsumibles al caso particular. El litigio estratégico lo que propone
es cambiar esa lógica que tantos problemas puede causar en un
caso de litigio estratégico e intentar pensar en términos de justicia.
¿Qué puede hacer el litigio
estratégico?
Hacer respetar la ley.
Clarificar la ley.
Cuestionar la ley.
Construir leyes.
Hacer conciencia.
Educación. El litigio estratégico puede
enseñar a los tribunales y a los
profesionales del derecho sobre su tema
y su causa.
Aportar al Estado de Derechos
como fin:
 El estado de derecho. La meta más clara del litigio
estratégico es alterar de un modo u otro las leyes
existentes que gobiernan una jurisdicción. Ya sea
mediante el cumplimiento de las leyes existentes,
clarificando leyes que no han sido puestas a prueba,
cuestionando leyes que usted piensa que deben
derogarse o eliminarse o construyendo un nuevo
cuerpo legislativo en la materia, el litigio estratégico
busca utilizar el poder de un tribunal para defender y
promover los derechos humanos y cambiar la forma en
cómo las leyes controlan un comportamiento dentro de
una sociedad.
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PRESENTACION FINAL - Supremo Tribunal de Justicia …