LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE
LA JUSTICIA CIVIL EN EL MUNDO
GLOBALIZADO.
Michele Taruffo
(“Páginas sobre justicia civil”,
Editor Marcial Pons)
LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS
PROCESALES.
El fenómeno europeo posterior a la Segunda Guerra
Mundial.
• La Declaración Universal de los Derechos del Hombre,
arts. 8 y 10 (1948).
Art. 8: “Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”.
Art. 10: “Toda persona tiene derecho, en
condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para
la determinación de sus derechos y obligaciones o para el
examen de cualquier acusación contra ella en materia
penal”.
•Convención Europea para la salvaguarda de los derechos
del hombre y de las libertades fundamentales, art. 6 (1950)
• Convención Interamericana sobre los derechos del
hombre, Pacto de San José de Costa Rica (vigente en
Uruguay desde 1985, ley 15.737 art. 8).
Art. 8 (Garantías judiciales):
1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un
juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2.- Toda persona inculpada de delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso toda
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas:
a) Derecho del inculpado de ser asistido
gratuitamente por el traductor o intérprete, si no
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal.
b) Comunicación previa y detallada al inculpado de
la acusación formulada.
c) Concesión al inculpado del tiempo y de los
medios adecuados para la preparación de su defensa.
d) Derecho del inculpado de defenderse
personalmente o de ser asistido por un defensor de su
elección y de comunicarse, libre y privadamente, con su
defensor.
e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un
defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no
según la legislación interna, si el inculpado no se
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del
plazo establecido por la ley.
f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos
presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia
como testigos o peritos, de otras personas que puedan
arrojar luz sobre los hechos.
g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí
mismo ni a declararse culpable, y
h) Derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal
superior.
3.- La confesión del inculpado solamente es válida si
es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
4.- El inculpado absuelto por una sentencia firme no
podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
5.- El proceso penal debe ser público, salvo en lo
que sea necesario para preservar los intereses de la
justicia”.
•Constitución brasileña (1988):
• art. LIV: consagra el debido proceso;
• art. LV: establece expresamente la garantía del
contradictorio y de la defensa.
• art. LVI: establece la inadmisibilidad de las pruebas
ilícitas.
* Algunas Constituciones (Brasil, Italia, Portugal)
consagran como garantía constitucional la motivación de la
sentencia; mientras que otras, como la de Estados Unidos
o la de Uruguay, no consagran en forma expresa dicha
garantía.
* Algunas Constituciones prevén la asistencia judicial a los
menos pudientes (Const. Uruguay, art. 254; Const.
Brasileña, art. LXXIV).
•Afirma Taruffo que su propósito no es desarrollar un análisis
comparado de las varias garantías procesales en los
diferentes ordenamientos; desea, más bien, partir de una
constatación de orden general para desarrollar algunas
implicaciones que se derivan de allí.
•La constatación es que, a pesar de las diferencias y
divergencias, estamos frente a la ya clara afirmación de la
idea fundamental en virtud de la cual existe un núcleo
esencial de principios irrenunciables que gobiernan la
administración de la justicia civil en los ordenamientos
evolucionados y que tienen que ver con el juez que debe
ser independiente e imparcial; con las partes, que deben
ver asegurado su acceso a la tutela jurisdiccional y el
derecho a defenderse; y con el procedimiento que debe
ser rápido, simple, accesible y eficiente para el ejercicio de
los derechos.
Las funciones de las garantías procesales
• Función política.
Con esto Taruffo quiere significar que las garantías
del proceso se enuncian en el contexto de la
reivindicación de los derechos fundamentales del
ciudadano, como instrumento necesario para la
realización de tales derechos.
* Función económica.
Ésta surge cuando se piensa en el proceso civil no
sólo como un lugar de afirmación de las garantías
individuales, sino también como factor importante de
desarrollo económico, es decir, como un instrumento
que, asegurando una rápida y satisfactoria resolución
de las controversias, ayuda a garantizar una mejor
circulación de la riqueza, un funcionamiento del
mercado más eficiente, una mayor protección de la
propiedad, del crédito y de las inversiones, y un
desarrollo de la producción, del consumo y de los
negocios más ordenado.
La función política y la función económica de las garantías
procesales pueden, evidentemente, sumarse entre sí y
combinarse de varias maneras, como sucede de hecho en
las Constituciones nacionales y en las declaraciones
internacionales de derecho.
Pero vale la pena considerar que éstas tienen
implicaciones al menos parcialmente diferentes.
La función política de las garantías – ligada esencialmente
a la reivindicación de los derechos individuales de los
ciudadanos ante el poder del Estado- explica la presencia
de principios específicamente conectados con esta relación:
se pasa entonces de la independencia e imparcialidad de
los jueces a los derechos de acceso a la tutela jurisdiccional
y a la defensa; de la obligación de motivación de la
sentencia a la previsión de una acción popular como
aquella de la que se habla en el art. LXXIII de la
Constitución brasileña.
Del otro lado, la función económica de las garantías se
encuentra ligada principalmente a la idea de que el proceso
civil debe ser un instrumento eficiente de resolución de
controversias.
Por ejemplo, duración razonable del procedimiento y
efectividad de la tutela jurisdiccional de los derechos.
La efectividad de las garantías
Nos hemos dado cuenta – dice Taruffo- de que la
enunciación de las garantías fundamentales del proceso
sólo tendría una función declamatoria y abstractamente
reinvindicativa si sólo permaneciera en el papel y no fuese
ejecutada en la práctica.
Por otro lado, como ya se ha señalado, el surgimiento de la
función económica de las garantías procesales ha
contribuido a dar una mayor concreción a los discursos
sobre los grandes principios, poniendo en evidencia,
particularmente, la dimensión funcional del proceso civil en
el contexto socioeconómico.
El tema de la efectividad hoy tiene una importancia
fundamental.
En tal sentido señala Taruffo que un primer orden de
consideraciones atiende al hecho de que sobre la
efectividad de las garantías procesales se puede hablar en
dos sentidos diversos:
efectividad institucional y
efectividad concreta.
Por efectividad institucional entiende la presencia en un
ordenamiento dado de todos los mecanismos institucionales
y procesales que son necesarios para darle un contenido
efectivo a las garantías.
Ejemplos: formas eficaces de asistencia jurídica a los
desfavorecidos, medidas cautelares adecuadas, ejercicio del
derecho de prueba sin limitaciones injustificadas,
procedimientos simples y rápidos, remedios ejecutivos
idóneos para llevar a cabo la actuación de los derechos, etc.
La efectividad concreta, en cambio, tiene que ver con la
aplicación directa y específica en la realidad de cada
proceso de las garantías fundamentales y de los
mecanismos institucionales dirigidos a su realización.
Esta se distingue de la anterior porque puede suceder
que en un ordenamiento dado los mecanismos que
ejecutan las garantías estén formalmente previstos pero
no funcionen o lo hagan de modo inadecuado, con la
consecuencia de que tal realización de las garantías
termine por eludirse o frustrarse.
Es más, un ordenamiento puede conferir al juez todos los
poderes necesarios para que el proceso sea conducido de
manera ordenada, racional y esté dirigido a conseguir una
decisión justa, pero si el juez no ejerce adecuadamente los
poderes de los que dispone y deja que los abogados
“hagan el proceso”, difícilmente el proceso será rápido y
capaz de producir una decisión meticulosa y fundada en
una determinación verdadera de los hechos.
Las dos dimensiones de la inefectividad pueden
manifestarse de varias maneras.
Un ordenamiento puede ser institucionalmente inefectivo
cuando faltan los instrumentos jurídicos necesarios para
realizar una o más garantías del proceso.
Por otro lado, un ordenamiento puede ser concretamente
inefectivo aunque no lo sea institucionalmente, si tales
instrumentos están configurados de modo inadecuado o son
puestos en funcionamiento de modo ineficiente – o no se
ponen en funcionamiento de ninguna manera- por los
sujetos a quienes corresponde la tarea de asegurar la
efectividad de la tutela jurisdiccional de los derechos en la
realidad cotidiana de la justicia civil.
Las dimensiones de las garantías:
la dimensión nacional
Algunos ordenamientos han demostrado en los últimos
años que saben transformarse, a veces con cambios
profundos dirigidos sobretodo a la simplificación, a la
rapidez y a la funcionalidad del proceso.
Representan ejemplos particularmente significativos el
CGP uruguayo, vigente desde 1989; las Civil Procedure
Rules inglesas, que entraron en vigor en 1999; la Ley de
Enjuiciamiento Española del 2000; y las reformas
alemanas del 2002; que han demostrado de varias
maneras la capacidad del legislador para adaptar las
normas procesales a la necesidad de tutela de los
derechos que se manifiestan en la realidad actual.
Empero, si se analizan los varios ordenamientos
nacionales desde el punto de vista del grado de
satisfacción de las garantías que en cada uno de ellos se
consagran, nos encontramos frente a un panorama muy
diverso, en el que algunos ordenamientos alcanzan un
nivel apreciable de efectividad, mientras en otros este nivel
sigue siendo absolutamente inadecuado.
* Trabajo de Santiago Pereira sobre los resultados del
proceso civil en nuestro país.
“El proceso civil ordinario por audiencias. La experiencia
uruguaya en la reforma procesal civil”, editado por Amalio
M. Fernández, mayo de 2008, publicación del CEJA
(Centro de Estudio de Justicia de las Américas), págs. 131
y 132.
El rol de los abogados
La opinión de los abogados es hoy decididamente
favorable al nuevo sistema, destacando la significativas
ventajas del mismo frente al régimen derogado. Los
abogados consultados en el relevamiento fueron contestes
de modo casi unánime al respecto.
En ninguno de los eventos científicos o gremiales
organizados luego de la entrada en vigencia del CGP, se ha
postulado la sustitución del nuevo sistema por otro.
Lo que se discute son cuestiones jurídicas susceptibles de
interpretaciones divergentes a efectos de lograr, en la
medida de lo posible, la armonización o coherencia de la
doctrina y jurisprudencia a su respecto.
La reforma procesal ha introducido cambios favorables en el
modo en que ejercen su profesión los abogados. Se exige un
mayor estudio y una mayor responsabilidad del letrado
actuante en la preparación de los casos.
Los abogados trabajan en equipo, sus clientes tienen acceso
a las actuaciones procesales, los ven actuar y, por ende,
valoran la labor de sus letrados cuando éstos tienen dominio
del caso.
Los abogados sienten un mayor nivel de exigencia
profesional, requiriendo mayor preparación de los actos de
proposición (en que debe ofrecerse toda la prueba) y las
audiencias. Los clientes comprenden en forma más clara
cuál es el rol del abogado en el proceso.
En las audiencias los abogados suelen cumplir un rol
importante de contralor:
-De las excepciones previas interpuestas y la resolución de
las mismas;
- De la fijación del objeto y de la prueba;
- De la prueba que se ordena diligenciar;
- Del propio acto de diligenciamiento probatorio, formulando
preguntas a testigos y peritos sobre el contenido de sus
afirmaciones y sobre las circunstancias de credibilidad.
-Del relevamiento de la prueba testimonial realizado
surge un importante número de preguntas a los testigos
formuladas por el abogado de la parte contraria a la que
lo propuso, poniendo de manifiesto el contralor relevante
que los letrados pueden ejercer en un proceso por
audiencias con interrogatorio libre.
- Del contenido del acta y de las rectificaciones que
correspondan.
- De las resoluciones judiciales para poder impugnarlas
(generalmente deben impugnarse en la propia audiencia).
Las dimensiones de las garantías:
La dimensión transnacional
En el curso de los últimos años, la situación del mundo ha
cambiado completamente y continúa evolucionando con
una rapidez tal que resulta muy difícil tener una exacta y
segura percepción de la misma.
Dos aspectos de esta transformación deben ser resaltados
de manera particular:
A) la creciente transnacionalización de las relaciones
económicas y comerciales hace aumentar en gran
medida el número de las controversias que
involucran a sujetos pertenecientes a
ordenamientos nacionales diferentes.
B) la creciente mundialización de la economía hace
que controversias cada vez más numerosas
impliquen a sujetos ubicados en cualquier parte,
incluso en áreas del mundo como China, el
Sudeste asiático, África o las Repúblicas ex –
soviéticas, que tradicionalmente eran ajenas a
estos fenómenos.
Los problemas provocados por esta transformación del
orden económico mundial son muchísimos.
Sobre el plano específico de la tutela jurisdiccional, van
desde la dificultad de resolver las cuestiones de jurisdicción,
a la diversidad de las normativas procesales; a la dificultad
para obtener pruebas en el exterior; a los problemas
relativos al reconocimiento y ejecución de sentencias en un
país diferente de aquél en el que fueron pronunciadas.
En efecto, por un lado sucede a menudo que se traten y
decidan las controversias transnacionales en áreas del
mundo en las que se celebran los procesos, pero en las que
las garantías fundamentales de la justicia civil son dudosas
o simplemente no existen.
Por ejemplo: el juez no es independiente respecto del poder
político o bien intereses de naturaleza política pueden influir
directamente sobre la solución de la controversia.
Por otro lado, el hecho de tener que hacer valer los propios
derechos o de tener que defenderse en otro país, tal vez al
otro lado del mundo, puede hacer muy difícil, y a veces
imposible, una adecuada tutela jurisdiccional.
A este respecto no importan solamente las distancias
geográficas y los costos que de ellas derivan, sino que
cuentan también, y sobretodo, las diferencias culturales,
lingüísticas, éticas, políticas y económicas que en el plano
transnacional son mucho más numerosas y profundas que
en ámbitos locales y nacionales.
Desde este punto de vista, la solución consistente en la
utilización necesaria de un abogado “local” puede no ser
suficiente en absoluto.
Estas dificultades golpean a cualquier sujeto involucrado en
una controversia transnacional que haya debido aceptar
una cláusula de jurisdicción desfavorable o deba perseguir
al deudor en los diferentes paraísos off shore o en el juego
de sociedades fantasmas de las finanzas internacionales.
Pero esas dificultades asumen dimensiones dramáticas
cuando quien necesita tutelar sus derechos “en otro lugar”
es un sujeto débil, como un trabajador, un consumidor, o un
pequeño productor industrial o agrícola.
En estos casos, la tutela jurisdiccional se hace de hecho
imposible y hablar de garantías se convierte en un vacío
ejercicio retórico.
Sobre estos puntos pueden conseguirse resultados en
cierta medida relevantes a escala regional, como lo
muestra particularmente el ejemplo de Europa, donde las
Convenciones de Bruselas y de Lugano, ahora traducidas
en el Reglamento Nº 44/2001 del Consejo Europeo, han
formulado normas comunes claras en materia de
jurisdicción y han fijado adecuados principios comunes en
materia de reconocimiento y ejecución de las sentencias
extranjeras.
•La situación en el ámbito del MERCOSUR.
• El Tratado de Asunción en su Anexo III numeral 2º
estableció que: dentro de los 120 días de la entrada en
vigor del Tratado, el grupo Mercado Común elevará a
los gobiernos de los Estados Partes una propuesta de
solución de controversias que regirá durante el período
de transición.
• Dicho proyecto fue aprobado en la sesión del Consejo
del Mercado Común celebrada en Brasilia el 17 de
diciembre de 1991 y entró en vigencia el 24 de abril de
1993. Se le conoce como “Protocolo de Brasilia”.
• Posteriormente entró en vigencia el “Protocolo de Ouro
Preto” que es el régimen que regula la solución de
controversias en el MERCOSUR.
• Los laudos arbitrales en el MERCOSUR.
•Incumplimiento de los laudos.
• Necesidad de un tribunal supranacional.
Es claro que también en materia de garantías procesales, la
superación de las perspectivas rigurosamente nacionales
es una operación muy difícil que encuentra fuerte
resistencia.
En este nuevo panorama del derecho globalizado resulta
evidente que, mientras pierden importancia los tradicionales
productores estatales del derecho, adquieren importancia
los tribunales como lugares de resolución y de composición
de los conflictos.
Todo esto, hace aumentar la importancia de la tutela
jurisdiccional; cuanto más central sea el papel de los
tribunales en lo que se está convirtiendo en el nuevo orden
jurídico de la economía global, tanto más esencial será la
necesidad de asegurar que los sujetos que recurren a ella
encuentren una efectiva implementación de las garantías
fundamentales del proceso.
El camino que hay que recorrer en esta dirección es todavía
muy difícil, largo y complicado, y cree Taruffo que nadie está
en capacidad de predecir su duración, modalidades y
resultado.
Sin embargo, se trata de una tarea a la que el jurista de
hoy no puede sustraerse y en la cual es necesario poner
todo el empeño cultural y político necesario si no se
quiere que la justicia civil en el mundo globalizado sea un
lugar de injusticia, de discriminación y de explotación por
parte de pocos, en lugar de ser el instrumento
fundamental para la tutela y la reafirmación de los
derechos de todos.
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