Avances del Estudio de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos sobre Seguridad Ciudadana
y Derechos Humanos
• La relación entre los derechos humanos y la
seguridad ciudadana en las Américas ha
estado presente en forma permanente en el
trabajo de la CIDH (a través de audiencias
durante sus períodos de sesiones; sistema de
peticiones y medidas cautelares; informes
temáticos e informes específicos, emitidos a
partir de visitas in locco a distintos países de la
región.
Objetivo del informe
• Proponer a los Estados Miembros recomendaciones para
contribuir a mejorar las instituciones, las leyes, las políticas,
los programas y las prácticas sobre prevención y control de la
criminalidad y la violencia
• Identificar los estándares internacionales de derechos
humanos en su relación con la seguridad ciudadana, a partir
de lo establecido en las normas del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, particularmente en los instrumentos
que integran al Sistema Interamericano.
Proceso de elaboración del informe
• Audiencia 14 de octubre de 2005. Presentación de
documento conceptual por organizaciones no
gubernamentales. Se considera la preparación de un
informe temático por parte de la CIDH
• Decisión de la CIDH de elaborar el informe
• Reunión de expertos en Washington del 30 de mayo
(aspectos técnicos y metodología)
• Diciembre 2007: cuestionario dirigido a Estados
Miembros y organizaciones no gubernamentales
Acuerdo de cooperación
• Con la Oficina para América Latina y el Caribe
del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF)
• Incorporación de la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH)
• Segunda reunión de expertos (Bogotá, 18 de
septiembre de 2008)
• Consultas sub-regionales con representantes de
Estados Miembros, organizaciones no
gubernamentales y expertos: Cono Sur (Asunción,
Paraguay, noviembre 2008); Centroamérica, Caribe y
México (San José, Costa Rica, marzo 2009); Países
Andinos (Bogotá, marzo de 2009).
• Análisis de los avances existentes en la materia,
incorporados en investigaciones, estudios y otros
trabajos académicos en la región
Necesidad de precisar el concepto de
“seguridad ciudadana”
• Para determinar la fuente de las obligaciones de los Estados
Miembros conforme a los instrumentos del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
• En el orden jurídico internacional de los Derechos Humanos
no se encuentra consagrado expresamente el derecho a la
seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal o
social
Fuente de las obligaciones
internacionales del Estado
• Plexo normativo integrado por aquellos derechos
que deben ser garantizados por su especial
vulnerabilidad frente a hechos violentos o delictivos,
cuya prevención y control es el objetivo de las
políticas sobre seguridad ciudadana
• En especial: el derecho a la vida; el derecho a la
integridad física; el derecho a la libertad; y el
derecho al uso pacífico de los bienes (sin perjuicio de
otros derechos que se analizan en el informe)
• La definición de seguridad ciudadana es, en algunas
ocasiones, demasiado amplia (incorporando la
garantía de otros derechos humanos), y en otras
ocasiones demasiado restrictiva (limitándose a la
actividad del sistema de control policial-judicial
estatal)
• Por otra parte, se utilizan diferentes expresiones para
referirse al objeto de estudio (“seguridad pública”;
“seguridad humana”; “orden público”; etc.)
Seguridad ciudadana
• Es el concepto más adecuado para el abordaje de los
problemas de criminalidad y violencia desde una
perspectiva de derechos humanos
• Porque centra el tema en la construcción de mayores
niveles de ciudadanía democrática
• Porque señala con claridad que el objetivo central de
las políticas que se definan en la materia es la
persona humana, y no la seguridad del Estado o el de
determinado orden político.
Definición de seguridad ciudadana adoptada en
el informe
• Situación donde las personas pueden vivir libres de las
amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el
Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y
proteger los derechos humanos directamente comprometidos
frente a las mismas
• Desde un enfoque de derechos humanos, es una condición
donde las personas viven libres de la violencia practicada por
actores estatales o no estatales.
• En este marco, la seguridad ciudadana es una de las
dimensiones de la seguridad humana, garantía para el
desarrollo humano
La seguridad ciudadana en las Américas
• Las políticas de ajuste estructural comenzaron a generar, a partir de la
década de los años ochenta, un marcado deterioro en el papel de Estado
como garante del pacto social de convivencia y dispararon procesos de
profundos cambios culturales, primordialmente relacionados con una
nueva forma de organización de las relaciones sociales y personales.
• Esta transformación cultural es uno de los factores que mayor incidencia
ha tenido sobre la seguridad ciudadana en los países de la región, donde
se verifican algunos de los índices más altos del mundo de criminalidad y
de violencia, afectando principalmente a los jóvenes como víctimas y
victimarios.
• Además, se han incrementado en forma constante los delitos contra la
propiedad o hurtos, lo que afecta, en general, a los sectores de ingresos
medios y bajos de la población.
• Las políticas sobre seguridad ciudadana que históricamente se
implementaron en el hemisferio se han caracterizado, en
términos generales, por su desvinculación con los estándares
internacionales en materia de derechos humanos. Esto ha
sucedido en los dos modelos más representativos de esas
políticas: el modelo represivo y el modelo negacionista.
• Ambos modelos coinciden en negar la posibilidad de
implementar políticas de seguridad ciudadana desde un
efectivo enfoque de derechos humanos.
Modelo represivo
• Caracterizado por implementar estrategias de “tolerancia
cero” o “mano dura”
• Ineficaces para reducir los índices de criminalidad y que, por
el contrario, han tenido como consecuencia el incremento de
la violencia social, constituyéndose además en fuente de
violación de los derechos humanos
• Impunidad y desarrollo de estructuras criminales de poder
Modelo negacionista
• Plantea que los problemas de inseguridad frente al delito y a
la violencia no existen objetivamente (solamente se trata de
una construcción de los grupos de poder más conservadores
de la sociedad)
• Relación entre derechos humanos y seguridad ciudadana se
limita exclusivamente al señalamiento de las obligaciones
negativas de los Estados, atendiendo a los límites que éstos
deben respetar en la implementación de las políticas de
seguridad.
Los asuntos de seguridad ciudadana en las
Américas como problemas de derechos
humanos
• Lleva a considerar el alcance de las obligaciones de respetar,
de proteger y de garantizar estos derechos asumidas
internacionalmente por los Estados Miembros:
• las obligaciones negativas (u obligaciones de no hacer o de no
interferir en el goce de determinados derechos)
• las obligaciones positivas (u obligaciones de hacer, o de
prestación), que pueden llegar a involucrar no solamente las
relaciones entre las personas y el Estado, sino incluso las
relaciones entre personas o grupos de personas en una
sociedad democrática
El informe valora las acciones de los Estados
Miembros atendiendo a si éstas contribuyen o no a
proteger y a garantizar el núcleo de derechos
humanos comprometidos frente a situaciones de
criminalidad o violencia, para lo cuál debe
organizarse todo el aparato gubernamental y
disponerse las medidas correspondientes en el en
plano normativo y de los procedimientos
institucionales
En este marco:
• Las limitaciones o restricciones a las que puede someterse
lícitamente el ejercicio de determinados derechos humanos,
debe hacerse teniendo en cuenta los estándares establecidos
internacionalmente, como guía y a la vez como límite
infranqueable para las intervenciones del Estado
• el diseño, implementación y evaluación de las políticas sobre
seguridad ciudadana en la región tienen que estar definidos
por el encuadre que proporcionan los principios
internacionales de derechos humanos, especialmente, los
principios de participación; de rendición de cuentas; y de nodiscriminación.
Política pública sobre seguridad
ciudadana
• Entendida como los lineamientos o cursos de acción que
definen las autoridades de los Estados para alcanzar un
objetivo determinado, y que contribuyen a crear o a
transformar las condiciones en que se desarrollan las
actividades de los individuos o grupos que integran la
sociedad
• Herramienta para que los Estados miembros cumplan con sus
obligaciones de protección y garantía de los derechos
humanos, atendiendo las diferentes dimensiones de los
problemas que originan la criminalidad y la violencia,
mediante un abordaje integral los mismos.
• Las obligaciones positivas asumidas por los
Estados implican que éstos deben generar las
condiciones para que la política pública sobre
seguridad ciudadana contemple
prioritariamente el funcionamiento de una
estructura institucional eficiente, que
garantice a la población el efectivo ejercicio de
los derechos humanos relacionados con la
prevención y el control de la violencia y el
delito
Dificultades verificadas
•
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•
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•
la atención a las víctimas de la violencia y el delito;
la privatización de los servicios de seguridad;
la gobernabilidad de la seguridad ciudadana;
la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales;
la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad
ciudadana
El informe realiza un análisis específico de los siguientes
derechos los derechos humanos especialmente
comprometidos en la política pública sobre seguridad
ciudadana, y a las obligaciones negativas y positivas de
protección y garantía que deben respetar los Estados
miembros:
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•
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derecho a la vida;
el derecho a la el derecho a la integridad física;
el derecho a la libertad y la seguridad personales;
el derecho al disfrute pacífico de los bienes.
Asimismo, analiza: el derecho a las garantías procesales y a la
protección judicial; el derecho a la privacidad y a la protección
de la honra y la dignidad; el derecho a la libertad de
expresión; el derecho a la libertad de reunión y asociación; y
el derecho a la participación en los asuntos de interés público
• Conclusiones
• Recomendaciones específicas dirigidas a los
Estados Miembros
Muchas gracias.
RM00044S
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