
Analizar
los impactos de las autoconsultas populares impulsadas por los
actores sociales locales para el
cuestionamiento de la actividad minera
en las zonas de conflictividad social

1) El uso de la auto-consulta popular (AP) ha generado que el
Gobierno tienda a ilegalizarla como mecanismo válido para el
conflicto, no obstante, en su práctica ha aportado a la paralización de
los proyectos extractivos implicados.

2) La auto-consulta popular se ve impulsada en contextos en donde el
“diálogo” y los mecanismos de convencimiento del Estado respecto a
su visión de desarrollo fracasan sobre las localidades, finalizando sin
acuerdo, siendo
así, la AP se viene constituyendo cuando las
condiciones para la prevención y transformación de conflictos son casi
inaplicables.

3) La no
institucionalización de la auto-consulta Popular sobre
proyectos mineros genera que no siempre se garanticen elementos
básicos de información respecto al objeto de consulta, ni presencia por
parte de los entes especializados del Estado en estos procesos,
terminando por consolidar en la población consultada la idea de
ausencia, parcialidad e ilegitimad del Estado en la zona.


Un giro fundamental para el escenario de conflictividad y
cambio de actores políticos.

Nueva constitución 1993, flexibilización de derechos, la tasa de
sindicalización era de más de 20% y al terminar fue de 3% a 4% .

De 1993 al 2004, en el cual la economía creció un promedio de
3,5%, la minería lo hizo a un promedio cercano a 7,2%, asimismo,
las exportaciones crecieron 166% de 2,615 millones de dólares a
6,953 millones de dólares.

El 2012 el 25´900,000 hectáreas, es decir el 20.3% del territorio
nacional ha sido concesionado.

el 48% de territorio de las comunidades campesinas y en el caso
de la Amazonía, el 75% de su territorio están concesionados.

El 70% de conflictos son socioambientales.
Entrevistas semiestructuradas a Pepe
Julio Gutierrez (Islay) y Florentino Barrios
(Cañaris).
 Revisión de documentos públicos
(Defensoría del Pueblo, Ministerio Público
y MEM).
 Sistematización de experiencias de
consultas en América Latina.
 Revisión bibliográfica.


La constitución política del Perú establece que “Los
ciudadanos tienen derecho a participar en los
asuntos públicos mediante referéndum iniciativa
legislativa; Remoción o revocación de autoridades y
demanda de rendición de cuentas” Art 2- 17.

Los procesos de consulta se han originaron en la
Grecia clásica, (a partir del siglo VI a.C.), así, los
ciudadanos tenían derecho de participar en las
asambleas y decidir continuamente sobre los asuntos
públicos en la vida de la polis.

Pueblos indígenas tienen históricamente propios
mecanismos de participación directa,

Joseph Chumpeter: «El método democrático es el arreglo
institucional para llegar a las decisiones políticas en el que
algunos individuos adquieren el poder de decidir mediante una
lucha competitiva por el voto del pueblo» La teoría elistista.

Giovani Sartori: «El régimen democrático está fundado sobre la
participación de los ciudadanos en el gobierno de la ciudad»
Democracia participativa. . Esta se enfoca a grupos
relativamente pequeños del tamaño de una
asamblea,
implicando siempre el autogobierno

Alain de Bernosi: «los representantes por la elección están
autorizados a transformar la voluntad popular en actos de
gobierno, constituye en la hora actual el régimen político más
comúnmente extendido en los países occidentales...El
razonamiento de Rousseau es muy simple: si el pueblo está
representado, son sus representantes quienes detentan el
poder, en cuyo caso ya no es soberano”.

1) Estado peruano: Democracia puramente representativa a
partir de la delegación de poder y el «interés general del
Estado» a partir de la legitimidad electoral.

2) Actores locales en conflictos: Modelo de democracia elitista
en dónde el gobernante no responde a sus intereses y se
encuentra en el poder a partir de su capacidad de recursos y,
por ende, responde al interés de las propias élites.

3) Ciertos gobiernos locales y grupos sociales cuya forma de
entender la democracia pasa por tener participación y decisión
respecto a aquello que puede afectar su forma de vida, la
dignidad humana, su cultura, entre otros.

NO se cuestiona, ni se plantea una ruptura con la `democracia`
como sistema político, sino, que se cuestiona a la clase política
de turno y se busca disputarla a través de un proceso de
legitimación (autoconsunsulta).
Autoconsulta popular: Se propone integrar el uso de estos
mecanismos, para efectos prácticos de la investigación, con el
concepto de “autoconsulta popular” y en particular, cuyo
surgimiento parte de la falencia de la aplicación de los
mecanismos de participación ciudadana en el marco de las
industrias
extractivas
con
la
población
afectada
,
indistintamente, de quien la convoque.

Tensión entre el orden y el cambio social. La autoconsulta brota
en su sentido de cambio social porque transgrede el orden y
cuestiona el paradigma de progreso.

Defensoría del Pueblo: Conflicto es inherente a la vida humana
«Es un tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno al
control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Están
presentes también en este tipo de conflictos componentes
políticos, económicos, sociales y culturales.

James O´ Connor: El conflicto socioambiental está basado en
las dos contradicciones del capitalismo, como son la potencial
rebelión de la fuerza de trabajo como consecuencia de la
explotación capitalista y, por otro lado, la crisis ecológica como
consecuencia de la explotación capitalista de los recursos
naturales, lo que al final deviene
en los conflictos
socioambientales.

Antonio Aledo (2008):
Antropocentrismo: se ubica la visión
hegemónica del desarrollo que va en
binomio “indiscutible” con el
crecimiento económico/desarrollo.
Maristella Svampa: <<Consenso de
Comodities>>.
Joan MartinezAlier: Un ecologismo
popular>>
Enrrique Leff: Crisis civilizatoria y
racionalidad ambiental Vs racionalidad
económica.

Oscar Correas: La limitación del derecho subjetivo como
trampa lingüística frente a la centralidad de dar derechos
(DESCA).

El rol del poder empresarial privado en la restricción de los
derechos y su capacidad de influencia dentro del Estado.
El “sistema jurídico estatal” supone, en este hecho, otra trampa
lingüística, pues, se reconoce la hegemonía sobre otros
discursos similares y pareciera dar la idea de que el derecho es
único y que los otros sistemas normativos coexistentes, como el
derecho indígena, están incluidos y que además, siendo
subyugados no tienen capacidad de concebir y/o poseer un
Estado distinto a este.
 Los sistemas normativos alternativos se hacen efectivos, a través
de la autoconsulta popular, en consecuencia, queda el sistema
jurídico estatal hegemónico subyugado al sistema normativo
alternativo.


Joan Martinez Alier: Metabolismo social desigual desde la
economía ecológica. Las externalidades no son fallas de
mercado. «La economía recibe recursos (y a menudo los
explota más allá de su capacidad de regeneración) y produce
residuos. No existe una economía circular cerrada.”.
David Harvey: <<Acumulación por desposesión>> ajustes
espacio/temporales. «“Estos incluyen la
mercantilización y
privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las
poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de
derechos de propiedad – común, colectiva, estatal, etc.– en
derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a
los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo
en mercancía y la supresión de formas de producción y
consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e
imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos
naturales».
 La autoconsulta popular media y resiste, de forma pacífica, la
acumulación por desposesión desde las localidades.


En el año 2002, se registró al Norte del Perú la
primera autoconsulta popular (AP) para un
proyecto minero en América Latina.

Reapropiación de la identidad de los pueblos
originarios como parte de la exigencia de
consulta previa en el Convenio 169 de la OIT.

América Latina ha desatado un conjunto de
mecanismos que en esencia plantean la
democratización de la decisión sobre el uso
del territorio (Guatemala 64 y Colombia 1)
AUTOCONSULTAS POPULARES (AP)
Año
Lugar
(Piura- Perú
Empresa
Grupo humano
Mecanismo
Manhattan
MineralsCorporation (MMC)
Frente de Defensa de TambograndeGobierno local
Consulta vecinal
(98% dijo NO)
Desquite SA/ Meridian Gold
Inc. Cánda
Comunidad de Esquel
Pleibicito (82% dijo
NO)
2002
Tambogrande
2003
Esquel (Chubut-Argentina)
2004
Comitancillo (San MarcosGutamala)
2005
Sicapaca ( San Marcos-Guatemala) Goldcorp
2007
Ayabaca ( Piura-Perú)
Minera Río Blanco Copper
S.A
Comunidad de Yanta en Ayabaca/
Consulta popular
Comunidad Segunda y Caja- Gobierno local (95% dijo NO )
2008
Tarata y Candarave (Tacna- Perú)
X
Junta de Usuarios y gobierno local
Guatemala, S.A
Comunidad y Gobierno local
Comunidad de Sikapaca
Consulta
previa/Consulta
vecinal (100% dijo
que NO
Consulta
Comunitaria (98%
dijo NO)
Consulta vecinal
(98% dijo NO)
Consulta
popular/Consulta
vecinal (80% dijo
NO)
Consulta
comunitaria (Dijo
NO)
2009
Islay (Arequipa- Perú)
Southern Perú
Frente de Defensa del Valle del Tambo
2011
Quetzaltengo (Guatemala)
X
San Juan Ostuncalco, Cabricán y Huitá
2011
Quiche ( Guatemala)
X
Comunidad Sacapulas y Quiche/ Gobierno
local
Consulta popular
(99.9% dijo NO )
2011
Cuenca (Ecuador)
Iamgold / Quimsacocha
Juntas de Agua de Victoria del Portete y
Tarqui
Consulta Popular
(92% dijo NO)
2012
Chaperimco (Guatemala)
TikalsMinerals/ Paraíso
Consulta
Comisión de la Defensa de los Bienes
comunitaria
Naturales de Champerimco/ Gobierno local
99% dijo NO)
2012
Loncopué ( Neuquén- Argentina)
Corporación Minera de
Neuquén
Junta Comicial Municipal (Jucom)/
organizaciones sociales
Pleibicito (84% dijo
NO)
2012
Huaquillas (Ecuador)
Inca Won Metal
24 comunidades afectadas / Gobierno local
Consulta popular
(Dijeron NO)
2012
Jalapa y Mataquescuintla
(Guatemala)
San Rafael
Gobierno local
Consulta popular
(99% dijo NO)
2012
Cañaris (Lambayeque- Perú)
Candente Cooper SA
Comunidad San Juan Bautista de Cañaris
Consulta
comunitaria (95%
dijo NO)
(

Los contextos en los que estos son llevados a cabo surgen cuando el
movimiento de resistencia a la minería tiene algún grado de certeza al
respecto de su posición (+ 80%). No existe un criterio común, respecto a en qué
términos plantear las consultas

Ya no es democracia la solo posibilidad de elegir un representante, es también
democracia la posibilidad de decidir sobre la problemática económica,
política y social que circunscribe a la localidad.

El Estado y /o la empresa interesada han agotado su forma expresar la
viabilidad del proyecto como mejor alternativa de progreso y desarrollo.

Dos posturas definidas. El flujo de información no fluye ni se contrasta. El
conocimiento sobre los impactos se generan en un lenguaje “científico”
occidental lo que hace lejana la aprehensión del mismo,, el conocimiento
occidental es ubicado en lo que Leff (1994) denomina racionalidad
económica y que por ende, no incorpora una visión crítica respecto a la
relación ciencia-naturaleza manteniéndose en el paradigma antropocéntrico.

La confianza de la población local en sus conocimiento más cotidianos, son
percibidos como más certeros y reales, frente otra información traída desde el
Estado y/o la empresa

Información no solo no es homogénea, sino, que además se genera un campo
de disputa respecto a la propia forma de conocimiento.

Los entes del Estado, independientemente de que esta no sea
vinculante, se rehúsan a participar de estos procesos, siendo que,
no siempre se consiguen tener los procedimiento básicos como el
padrón, el espacio adecuado, la configuración de la pregunta
precisa.

La AP tiene dificultad para ser vista
legítima para afuera. No es vinculante.

Incertidumbre es que la AP pueda superar el 50% de la población
esperaba en asistencia, por ello, en casos como el Islay si bien se
llegó más del 90% que dijo No a la minería,en el distrito de
Cochachacra solo asistió el 48, 7% del total, lo cual, si bien no deja
de cumplir los roles cohesión y legitimación sobre una posición
discutida y decidida en la población, no condensa y aún se
muestra una posición no fortalecida en el proceso.

Recursos económicos para financiar la consulta.
como fuente confiable y

Si bien no son en la mayoría de casos vinculantes las AP, normalmente,
repercute de forma trascendental en la cohesión del movimiento
social de resistencia.

Se expresa como un símbolo evocativo de unidad y legitimad del
grupo que ha generado la consulta, de modo tal, que el carácter
vinculante si no se da de derecho, se da hecho.

La consulta es planteada nuevamente desde los sectores hegemónicos
buscando la reevaluación de esa decisión colectiva. Depende
estrictamente de la dinámica de los actores sobre el contexto
específico suscitado en el conflicto.
Se mantiene altamente centralizada la decisión sobre el proyecto
minero.


Provocando distintas posiciones respecto a cuál es el rol de los
gobiernos locales y regionales en la relación a las actividad mineras
que operarán en sus localidades y, en suma, algo más profundo aún
que pasa por dinamizar el debate de la descentralización pública y la
planificación del territorio.
2002
Tambogrande
(Piura- Perú
2007
2008
2008
Autoconsultas populares en Perú
Michiquillay
Tarata y
Ayabaca ( Piura(CajamarcaCandarave
Perú)
Perú)
(Tacna- Perú)
Acuerdo Previo/
Consulta vecinal Consulta popular Consulta vecinal Consulta vecinal
(98% dijo NO)
(95% dijo NO )
( +/- el 60% dijo (98% dijo NO)
SÍ)
2009
2012
Islay (ArequipaPerú)
Cañaris
(LambayequePerú)
Consulta
popular/Consult
a vecinal (80%
dijo NO)
Consulta
comunitaria (95%
dijo NO)
La conflictividad por parte del Estado se enfrentó con el usó la
coacción como un mecanismo central de cara al conflicto.
La AP cobra el valor de plantearse como una forma democrática
de expresión y decisión de la gente respecto al impacto de la
actividad minera.

El 2008, el Paro Amazónico suscitado en Bagua en contra de un
paquete de decretos, entre ellos, el 1090 que planteaba la Ley
Forestal permitiendo el concesionamiento de sus territorios para
la explotación de los bosques. Se demanda consulta previa.

El 2013, sobre el proyecto Conga, el Gobierno Regional, las
organizaciones sociales anunciaron la posibilidad de llevar a
cabo una consulta popular, después, de haberse producido
dos estados de emergencia.

La Defensoría del Pueblo y el Miniterio Público manifestaron su
rechazo al mismo: "Allí habría comisión de hechos delictivos. No
le compete al gobierno regional convocar a ningún plebiscito o
referéndum; ya que eso es facultad del Poder Ejecutivo y del
Jurado Nacional de Elecciones" José Pelaez( Ministerio Público,
dijo en declaraciones a Willax TV).

Ruiz Molleda: «El derecho a la participación política es una
concreción del principio democrático y de la libre expresión,
por tanto, el que no se contemplen en la Ley dichos
mecanismos no quiere decir que estas sean ilegales, más
aún, en el caso de poblaciones indígenas este mecanismo
forma parte del derecho a libre determinación de los
pueblos
y
autogobierno».
http://servindi.org/actualidad/82376.

El presidente de Minsur, Juan Luis Kruger ( RPP, 28-11-2013)
“La Ley de Consulta previa ha creado falsas expectativas en
la población, puesto que las población piensan que tienen
un inexistente derecho a vetar proyectos. El procedimiento
para su aplicación aún no queda del todo claro ya que los
que se han llevado a cabo han tomado aproximadamente
un año”, afirmó.
James Anaya: El derecho a consentimiento es la regla
general sobre las industrias extractivas

CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL- CAÑARIS
Caso: Autoridades de Cañaris y la
Comunidad Campesina San Juan de Cañaris
se opone a las actividades que desarrolla la
Empresa CañariacoCopper Perú SA
(Proyecto Cañariaco) debido a la
contaminación susceptible de generarse así
como ante el incumplimiento de
compromisos.
Ubicación: Comunidad Campesina San Juan
de Cañaris, distrito de Cañaris, provincia de
Ferreñafe.
Actores primarios: Comunidad Campesina
San Juan de Cañaris, Municipalidad Distrital
de Cañaris, la Empresa CañariacoCopper
Perú SA, Frente de Defensa de los Recursos
Naturales de Cañaris.
Actores secundarios: Oficina General de
Gestión Social del Ministerio de Energía y
Minas, Gerencia Regional de Minería del
Gobierno Regional de Lambayeque, ONG
CES Solidaridad, Frente de Defensa de

El 08 de julio se realizó una asamblea general de la CC.
San Juan de Cañaris convocada por el Juez de Paz del
Caserío de San Cristóbal- y no por el presidente comunal-,
en la cual se acordó autorizarle a la Empresa Minera
Cañariaco Copper Perú SA el uso de las tierras de la
comunidad para los trabajos de exploración minera.

En un primer momento se referían a la presencia de 250
comuneros luego el MINEM habla de 400 comuneros,
pero el viceministro de energía y minas se rectifica fueron
725 comuneros que asistieron el día 8 de julio cifra que no
alcanza
el
mínimo
de
2315
comuneros
que
aproximadamente registran como necesarios para la
toma de decisión sobre la materia. (INDER).

El 30 de septiembre, se convocó a
Asamblea Comunal con la finalidad de
consultar a los comuneros sobre el futuro
del proyecto minero Cañariaco.

1.896 personas y que los resultados fueron:
1.719 votos en contra del proyecto, 106 a
favor, y 71 votos blancos o nulo, lo que
daba un porcentaje en donde el 95% de
personas no estaba de acuerdo en realizar
actividades mineras en la zona.

Candente Cooper.: La Consulta se llevó a cabo sin ningún
representante del Estado o de las ONG quienes pudieran garantizar la
transparencia y el respeto por el derecho democrático de los
ciudadanos a votar libremente…El abogado peruano de la Compañía
ha informado de que esta reunión debe ser considerada como la
opinión de algunos pero no puede ser interpretada como la opinión de
toda la comunidad y no es jurídicamente vinculante”

Manuel Castro Baca, director general de Asuntos Ambientales del
Ministerio de Energía y Minas (Minem) quien informó que no reconocerá
la consulta popular realizada el domingo 30 de setiembre en el distrito
de Cañaris :“Posteriormente, el presidente de la comunidad [Cristóbal
Barrios] hizo una suerte de asamblea popular, procedimiento que no
está reconocido por ninguna normativa. Por eso nosotros no podemos
considerar como válida esta reunión”, explicó.

MEM señaló que dado que una base de datos que contemplaba el
reglamento -pero, que no es constitutiva de derechos- no registra el
carácter indígena de la Comunidad y no definido a quiénes les
corresponde el derecho, no se puede dar paso proceso la aplicación
de la consulta previa


Hubieron 30 heridos en pleno proceso de mesa de diálogo que fue
constituida por la PCM en diciembre del 2011, pero, que no venía siendo
efectiva para la preocupación de la población de Cañaris. Estas protestas
generaron de varios de sus la criminalización dirigentes (Rosa Sara
Huamán).
La exigencia a su vez de la aplicación del derecho a la Consulta Previa
tampoco ha podido abordarse, siendo la estrategia central del Gobierno
que la mesa aborde principalmente asuntos sobre proyectos de desarrollo
en la zona vinculados a la aceptación de la actividad en la zona.

La Comunidad de Cañaris ha retirado su participación y ha presentado una
demanda a la CIDH es expresión de la poca confianza y legitimidad del uso
de los mecanismos internos en el ámbito nacional para que sus demandas
sean atendidas.

No obstante, a la ilegalidad en las que el Gobierno enmarca las
autoconsultas, la AP que dijo “no” al proyecto Cañariaco así como sucedió
en las anteriores AP, termina primando la decisión de hecho de la
suspensión del proyecto y está más allá de la ilegalización

I. Para el caso peruano, todas las consultas
registradas han generado que el veredicto
obtenido se refleje en su objetivo concreto en
la suspensión de la actividad, asimismo, la
mayoría tiene una participación importante de
gobiernos locales, no obstante, este último
periodo, los pronunciamientos del Ejecutivo
han sido contundentes respecto a la
ilegalidad de los mismos y las competencias
limitadas. No obstante, las consultas populares,
también, han sido realizadas por las propias
empresas cuando encuentran un escenario
más favorable.

II. Los contextos se muestran fundamentales
para la aplicación del mecanismo de AP,
siendo que, si el conflicto se encuentra en fase
de escalamiento o en fase de crisis en dichos
contextos son claramente una muestra de
resistencia de la población, por ende, desde
una
lógica
pública
que
busque
la
transformación del conflicto este mecanismo
es aprovechable es fases de diálogo y
prevención en donde normalmente, el Estado
no interviene y
no prima una visión
parcializada del Estado en función al interés
empresarial.

III. La información se configura en los
contextos de conflictividad social que
plantean la autoconsulta popular como un
elemento no homogéneo en el sentido de
posesión, calidad, credibilidad, acceso,
cantidad y difusión. En este marco, hay un
desencuentro
respecto
al
propio
paradigma de la ciencia sujeto a los
parámetros
antropocéntricos
de
la
modernidad y la conformación de una
racionalidad de
ecológica (Leff). En
consecuencia, mayor credibilidad a
conocimiento cotidiano.

El contexto Latinoamericano indica que existen al menos un centenar
de esto procesos que se han desarrollado en la última década y que la
gente recurre frente a la imposición de los proyectos mineros.

El momento en que se aplican han sido claves, descartándose la idea
de que el mecanismo es en sí mismo, anti inversión o antiminero, lo
cierto es que representa una expresión colectiva y pacífica respecto a
una realidad que preocupa a la población.

La exigencia del derecho mantiene la centralidad del Estado como
sujeto que da derechos y la disputa por el reconocimiento dentro del
propio marco jurídico estatal.

El alto de costo de vidas humanas en los conflictos sociales debería
llamar a reflexión sobre cómo se impone la extracción, por ello, la AP se
configura como un mecanismo que finalmente podría contribuir a
reducir o viabilizar la gestión del conflicto de forma menos violenta.

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Impactos de la auto-consulta popular sobre