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Forma, en sentido amplio, es todo medio de
exteriorización de la voluntad. Recuérdese
ningún acto tendrá el carácter de voluntario sin
un hecho exterior por medio del cual se
manifieste (Art. 279) Por ello la forma es uno de
los elementos de los actos jurídicos.
Forma, en sentido estricto, es solemnidad legal
requerida para la realización de ciertos actos
jurídicos, así, se habla de actos formales y no
formales.
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Los actos jurídicos en la antigüedad fueron
eminentemente formales. En Roma, las
solemnidades eran de las más variadas,
palabras, frases sacramentales, símbolos,
ceremonias especiales, etc.
Estas formalidades tenían su razón de ser, pues
en la antigüedad la escritura gozaba de poca
difusión, motivo por el cual eran usadas a los
efectos probatorios y de publicidad jurídica,
pues tampoco existía un sistema de registros
públicos como el actual.
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Diversos factores contribuyeron al relajamiento de
las formas y con ello a la consagración legislativa
del llamado Principio de la Libertad de Formas
(Art. 302) entre ellos se encuentran: a) El
cristianismo, por el gran respeto que predicó a la
palabra empeñada.
b) El desarrollo del derecho comercial, que por su
propia naturaleza, requiere de reglas simples que
faciliten la circulación de riqueza.
c) La revolución francesa, debido a que uno de sus
pilares fue también el respeto reverencial a la
palabra empeñada.
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Actualmente rige en nuestro ordenamiento
jurídico el Principio de libertad de formas (Art.
320)
en virtud del cual las partes pueden
establecer las formas que estimen convenientes,
siempre que para la celebración de actos jurídicos
la ley no prescriba la observancia de ciertas
solemnidades. Los Principios UNIDROIT también
reconocen la libertad de formas (Art. 1.2)
En el derecho moderno, cuando la forma es
exigida, lo es a los efectos de asegurar la prueba
del acto y su conocimiento a terceros, vale decir, su
publicidad.
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Actos formales: Son aquellos que deben
celebrarse observando las formalidades
prescriptas por las leyes.
Actos no formales: Son los exentos de
solemnidad alguna y para los cuales las partes
podrán emplear las formas que estimen
convenientes (Art. 302)
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Actos formales solemnes (ad solemnitatem) Son aquellos
que requieren en su formación la observancia de las formas
prescriptas por las leyes, bajo la pena de nulidad. (Art. 673)
Ejemplo:
matrimonio,
convenciones
matrimoniales,
donaciones de inmuebles con cargo de prestaciones
periódicas o vitalicias; constitución de sociedades anónimas,
testamentos.
Actos formales no solemnes (ad probationem): Solo
requieren la solemnidad prescripta a los efectos de la
prueba. Ejemplo: contratos cuyo valor exceda los 10 jornales
mínimos.
Instrumentos vanguardia como los Principios UNIDROIT
(Art. 1.2), la Convención de Viena (Art. 11) y los PECL (Art.
2:101) van aun más lejos y no exigen que los contratos
superiores a cierto monto sean probados por escrito. En la
misma línea se encuadra el código civil alemán.
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Art. 704: “Los contratos que tenga una forma
determinada por las leyes no se juzgarán
probados si no revistieren la forma prescripta,
a no ser que hubiese habido imposibilidad de
obtener la prueba designada por la ley; o que
hubiese un principio de prueba por escrito en
los contratos que pueden hacerse por
instrumento privado, o cuando una de las
partes hubiere recibido alguna prestación y se
negare a cumplir el contrato. En este caso son
admisibles todos los medios de prueba.
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Art. 705: “Se juzgará que hay imposibilidad de
obtener o de presentar prueba escrita del
contrato, cuando hubiese sido celebrado en
circunstancias imprevistas en que hubiese sido
imposible
formularlo
por
escrito.
Se
considerará principio de prueba por escrito.
Pangrazio nos da el ejemplo del depósito
necesario, que por la premura y naturaleza del
hecho o dan tiempo a que se lo instrumente,
como
cuando
ocurren
inundaciones,
terremotos, etc.
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Los actos solemnes de solemnidad relativa son
aquellos para los cuales la ley prescribe la
observancia de una forma determinada, pero
cuya inobservancia no acarrea la nulidad sino
que el acto jurídico no produce sus efectos
propios, produciendo sí, otros efectos.
Los contratos mencionados en el Art. 700 son
actos solemnes de solemnidad relativa.
Instrumento es la expresión escrita de un
pensamiento o de un hecho.
El documento es el género y el instrumento la
especie. Mientras que el instrumento
necesariamente importa la escritura, el
documento puede ser una representación
escrita, cintas magnetofónicas, películas
cinematográficas.
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Son aquellos que las partes otorgan por sí solas
y por escrito. No interviene un oficial público
ni requiere solemnidades especiales; pueden
ser otorgados en cualquier día, inclusive
sábados, domingos y feriados y pueden ser
redactados en la forma e idioma que las partes
juzguen convenientes. (Art. 309)
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Puede optarse, sin distinción, por instrumentos
públicos y privados, salvo cuando una
determinada forma estuviere exclusivamente
prescripta por la Ley. (Art. 304)
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La firma es un requisito indispensable para la validez de los
instrumentos privados. (Art. 399)
La definimos, siguiendo a Rivera, como el modo habitual que
tiene una persona de escribir su nombre con al finalidad de
manifestar la adhesión de su voluntad al texto a cuyo pie la pone.
No se la puede sustituir por signos, ni por las iniciales de los
nombres o apellidos.
¿Qué ocurre con un instrumento privado que carece de firma?
El Dr. Moreno afirma que, dado el principio de amplitud de la
prueba que prevalece en el derecho moderno, podría servir como
principio de prueba por escrito. Refuerza su tesitura con el hecho
de que el Código Procesal Civil (Art. 309) admite no sólo el cotejo
de firmas sino también de letras.
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En principio, del Art. 399 surgiría que la firmas
que expresen signos o iniciales serían inválidas.
Sin embargo, en la práctica se ha estandarizado el
uso de firmas expresadas por medio de signos e
iniciales.
El Dr. Moreno considera que la interpretación del
Art. 399, en conjunto con el Art. 43, nos debería
llevar a otra conclusión.
El Art. 43 establece que toda persona tiene derecho
a suscribir con su nombre sus actos públicos y
privados en la forma en que acostumbre a hacerlo.
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Es aquella que estampa una tercera persona en
nombre de otra que no sabe o no puede firmar.
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El Art. 144 del código de organización judicial
establece que si los otorgantes no supieren
firmar, o estuviesen impedidos de hacerlo,
deberán estampar su impresión digital,
preferentemente la del pulgar derecho en el
lugar destinado a la firma.
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Consiste en poner a las partes en iguales
condiciones a los efectos probatorios.
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Art. 401.
1) Cuando uno de los otorgantes del acto haya
cumplido con todas las obligaciones por el
asumidas en la convención. Bastará que tenga
el ejemplar el contratante que puede exigir al
otro el cumplimiento de obligaciones por el
asumidas.
2) Si se demuestra por otras pruebas, que el
acto fue concluido. El convenio servirá como
principio de prueba por escrito
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3) Cuando se suscribió el acto en un solo
ejemplar y se lo depositó en una escribanía o en
poder de una persona encargada de
custodiarlo.
4)Cuando los otorgantes cumplieron con
posterioridad al convenio, en todo o en parte,
las obligaciones contenidas en el instrumento.
5) Si quien alegara la falta de ese requisito,
presentara su propio ejemplar.
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Carecen de valor probatorio como tales hasta tanto
sean reconocidas las firmas o hasta que estas hayan
sido declaradas auténticas por el juez. Sólo cuando
esto ocurre tendrán la misma validez que un
instrumento público entre los que lo han suscrito y
sus sucesores universales (Art. 407)
Frente a terceros, el reconocimiento de la firma no
produce el mismo efecto que entre las partes,
puesto que para que el instrumento resulte
oponible a terceros se requiere que también tenga
fecha cierta.
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Toda persona contra quien se presentare en juicio
un instrumento privado cuya firma se le atribuye,
deberá declarar si la firma es o no suya. Los
sucesores podrán limitarse a manifestar que
ignoran si ella es o no del causante al igual que el
Defensor Publico. (Art. 404 CC)
En el caso de que la persona a la que se le atribuya
la autoría de un documento no niegue ser autor del
mismo, se lo tendrá por tal a tener de la presunción
establecida en el Art. 307 del C.P.C.
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Si la firma no fuere reconocida, se ordenará el
cotejo de la misma, sin perjuicio de los demás
medios de prueba para acreditar su
autenticidad.
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El reconocimiento judicial de la firma importa
el del cuerpo del instrumento (Art. 404)
Vale decir, cuando las firmas estampadas en
los instrumentos privados han sido reconocidas
como autenticas, se tiene también por
reconocido su contenido.
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La prueba que resulta del instrumento privado
reconocido judicialmente es indivisible, vale
decir, tiene la misma fuerza probatoria contra
quienes reconocen el instrumento como contra
quienes lo presentan.
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El Art. 406 del C.C. dispone que no serán
admitidos a reconocimiento los instrumentos
privados, cuyos firmantes fueran incapaces al
tiempo de ser citados judicialmente para hacerlo,
aun cuando al tiempo de suscribirlos hubieran sido
capaces.
No se admite el reconocimiento por parte del
incapaz, pues al carecer este de discernimiento, el
acto ejecutado es involuntario.
El Dr. Moreno considera que al disposición del
Art. 406 se aplica únicamente al reconocimiento
voluntario, pudiéndose aplicar el reconocimiento
judicial de firma.
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Los
instrumentos
privados,
aun
los
reconocidos, no prueban contra terceros la
verdad de la fecha expresada en ellos.
La finalidad del precepto legal es evitar que las
partes, en colusión, antedaten la fecha del
documento con el objeto de burlar derechos de
terceros.
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El propio Art. 408 establece determinados
supuestos en los que se tiene por cierta la fecha
consignada en los instrumentos privados, ellos
son:
A) Exhibición en juicio o repartición publica.
B) Fecha de autenticación del instrumento o
certificación por un escribano.
C) Fecha de transcripción en cualquier Registro
Publico.
D) Fallecimiento e imposibilidad física para
escribir de quien firmo el documento.
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El Art. 402 autoriza la firma de los documentos
firmados en blanco, que una vez llenados y
reconocidos, harán plena fe.
No obstante, si el documento ha sido llenado
contra la voluntad del signatario, este podrá
probar que no tuvo la intención de declarar lo allí
consignado o de contraer las obligaciones que de el
resultan. Para hacerlo, no podrá valerse de
testigos, salvo que hubiera principio de prueba por
escrito.
La nulidad que en tal caso se decretare el juez no
producirá efecto contra terceros que hubieren
contratado de buena fe.
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Si el documento firmado en blanco ha sido
sustraído fraudulentamente, las convenciones
realizadas con el mismo no serán validos, ni
aun cuando los contratantes fueran de buena
fe.
En este supuesto, se admitirán todos los
medios de prueba.
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El Art. 409 establece al respecto: “Las notas
escritas por el acreedor en el margen, dorso a
continuación de un documento privado en
poder del deudor, probaran para liberar a este,
mas no para establecer una obligación
adicional. Lo mismo se entenderá con respecto
a las notas escritas o firmadas en igual forma
por el acreedor en instrumentos existentes en
su poder. En ambos casos, las notas canceladas
o inutilizadas carecerán de merito probatorio”
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En primer lugar debemos precisar que misiva es la
carta enviada, por lo que al mencionar “Carta
Misiva” los redactores del código incurrieron en
una tautología.
La cuestión que nos interesa abordar es la de la
admisibilidad de las cartas misivas en cuestiones
contenciosas sometidas al juez.
Cuando se trata de cartas presentadas por el
destinatarios de las cartas (a quienes la mismas
pertenecen) el código establece en su Art. 411 que
pueden ser presentadas por ellas cuando
constituyan un medio de demostración en un
litigio en el que esta interesada.
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El Art. 411 autoriza a que las cartas dirigidas a
terceros puedan ser presentadas siempre y cuando
se tenga el asentimiento de los mismos.
Sin embargo, no se requiere el asentimiento del
tercero cuando el tenedor de la carta considere que
el contenido de la misma es común a ella o cuando
aun no la hubiere entregado al destinatario.
Tampoco se requerirá el asentimiento del
destinatario cuando la carta ya fue presentada en
algún otro juicio en el que este tuviera interés.
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En el caso de las cartas confidenciales, ellas no pueden ser
utilizadas por un tercero en juicio, ni con asentimiento del
destinatario. La determinación del carácter de confidencial
queda librado al criterio del juez.
En cuanto a los libros de los no comerciantes, no los
benefician como medio probatorio, al contrario, sus
enunciados constituyen medios en contra en cuanto
enuncian expresamente un pago recibido y cuando
contienen la mención expresa de que la anotación se ha
hecho para suplir la falta de titulo respecto a quien se indica
como acreedor. El que quiera aprovecharse de ellos habrá de
aceptarlos también en la parte que le perjudique.
La ley lo equipara como instrumento privado siempre que el
original existente en la oficina tuviere la firma del remitente.
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Forma de los actos juridicos.