A nombre de los campesinos de Coahuila, agradezco la oportunidad
de hacer uso de esta tribuna y referirme al delicado tema del campo.
La mayor desigualdad entre los campesinos mexicanos se
concentra en las zonas rurales, en especial en las áridas y serranas y
en algunos grupos productores de economía precaria.
Por ello, México requiere urgentemente que todos los productores
rurales tengan la posibilidad real de desarrollar una agricultura rentable
y competitiva; no sólo como un imperativo de justicia social, sino
también porque la agricultura y su enorme globalización representa un
gran potencial para hacer un aporte mucho más significativo a la
solución de los grandes problemas nacionales.
Sin embargo, mientras la gran mayoría de los productores
agropecuarios del país se sigan viendo obligados a practicar una
agricultura atrasada y rudimentaria que los orille a producir en sus
parcelas parte del autoconsumo familiar, esto solamente será un buen
deseo. Antes no olvidemos que se producía para comer y exportar. Hoy
se importa solamente para comer.
Estas distorsiones generan ineficiencia y son la principal causa del
subdesarrollo en el medio rural que tanto han dañado al campo
mexicano.
Mientras los agricultores no cuenten con las condiciones que les
permitan introducir innovaciones tecnológicas
para eliminar estas
ineficiencias y en consecuencia aumentar sus rendimientos, hoy
bajísimos, será imposible que se vuelvan competitivos. Esta situación se
agrava hoy que han desaparecido los subsidios para compensar estas
distorsiones. Así que la disyuntiva es dramática: o luchamos para
eliminarlas o acabaremos expulsados de nuestra propia fuente de
ingreso: el campo.
Pero no es suficiente que los cambios que requerimos sean
tecnológicos y se inserten únicamente en la etapa de producción. Hace
falta una organización eficiente en los procesos administrativos,
gerenciales y de organización y así en toda la cadena agroalimentaria.
Es necesario transformar a nuestros campesinos, limitados en recursos,
en eficientes (aunque sean pequeños) productores y como consecuencia
mejorar realmente sus ingresos.
Es claro que el problema de hacer mas eficiente al campo mexicano,
está fuera de discusión. Cómo hacerlo es el dilema.
Desde hace mas de 45 años, tanto en nuestro país como en
América Latina y el Caribe, se han realizado intentos infructuosos para
lograr un modelo convencional de desarrollo rural, porque hoy en día los
gobiernos no pueden disponer de recursos económicos suficientes
como para ofrecer a los productores todos los factores necesarios en el
proceso productivo, tales como créditos preferentes, insumos de alto
rendimiento, animales de alto potencial genético, equipos modernos,
obras de infraestructura, subsidios, garantías oficiales de precios y
comercialización, etc.
En las actuales circunstancias, y ante los riesgos que representa la
apertura comercial derivada del Tratado de Libre Comercio para América
del Norte no existe posibilidad alguna de que los campesinos mexicanos
puedan desarrollarse igual que sus pares de Estados Unidos y Canadá si
se insiste en hacerlo a través del modelo tradicional. El neoliberalismo, la
reducción del aparato del Estado, las restricciones a créditos y la
eliminación de subsidios hace imposible un desarrollo equilibrado y lo mas
importante, sustentable a largo plazo, de nuestros productores. Por eso
no sigamos desperdiciando tiempo y recursos, cada vez más escasos,
creando falsas expectativas en la sociedad y postergando la solución de
los verdaderos problemas que detienen el desarrollo rural.
El Gobierno Federal no puede renunciar al objetivo de la equidad en
el campo por imperativos económicos, sociales o políticos que siempre
parecen mas urgentes que el campo mismo. Los gobiernos de los estados
han tenido que tomar la responsabilidad de modernizarse como pueden,
ante la falta de apoyo de la Federación.
Desafortunadamente el Programa Federal Alimentario que anunció el
Presidente de la República tampoco satisface estas necesidades. Hace
unos cuantos días nuestro dirigente nacional, Cruz López Aguilar, aseguró
que el Programa le apuesta a los productores del exterior; a lo extranjero,
lo que “es preocupante, porque hasta en la cuestión de los fertilizantes el
Gobierno ignora a la industria petroquímica mexicana” y creemos que no
le falta razón.
Es mas, el Secretario de Agricultura Alberto Cárdenas Jiménez
confirmó que los 4,500 millones de pesos anunciados para el programa
oportunidades serán descontados íntegramente del presupuesto al campo
para este año. Cruz López Aguilar advirtió que esta actitud del Gobierno
pone en situación crítica a todos los productores del país, debido a que se
pretende desaparecer el esquema de la agricultura por contrato, la mejor
herramienta con la que hoy cuentan los campesinos, ya que al colocarlos
en el mercado abierto, los precios de sus cosechas se reducirán hasta en
300 pesos por tonelada con respecto al precio internacional. De hecho,
dijo: “Acaba con los apoyos a la comercialización cuando mas se necesita”
Ante este cúmulo de riesgos latentes para los campesinos
mexicanos nuestra Confederación Nacional Campesina, suscribió con
funcionarios de la SAGARPA el día 9 de junio pasado diversos puntos
de acuerdo que buscan frenar el impacto de estas medidas y obligar al
gobierno federal a participar conjuntamente con los campesinos a través
de sus organizaciones reconocidas en el desarrollo de un esquema mas
justo y equitativo para todos, buscando desde luego, la sustentabilidad
de la actividad agrícola.
En Coahuila los apoyos que otorga el Estado a sus productores
rurales se hacen llegar a quienes realmente los necesitan, sin
necesidad de cubrir los trámites o requisitos burocráticos que imponen a
través de sus esquemas normativos, los programas federales. Se
entregan con verdadero sentido social y no para beneficiar a grupos que
solamente buscan el voto por su partido.
Por ello, nos preocupan las nuevas reglas que impuso la Federación
para hacer llegar el beneficio de estos apoyos a sus reales destinatarios,
las cuales discriminan su entrega condicionando su destino a la
conveniencia de sus propios intereses y de los de su Partido. Qué, ¿esto
no es un secuestro electoral de los programas sociales?.
Lo anterior no ha generado beneficio alguno para los campesinos a
quienes supuestamente debían beneficiar estos programas. Mas aun,
podemos afirmar que la población del campo se mantiene hoy
mayoritariamente viviendo bajo condiciones de mayor pobreza que antes
y que inclusive aquellas tierras con las que fueron beneficiados como
producto de la lucha revolucionaria se traten ahora de desaparecer
presionando a los ejidatarios a través de una institución que fue creada
con el fin de hacer justicia a los hombres del campo y darle seguridad
jurídica a la tenencia de la tierra. Me refiero de manera concreta a la
Procuraduría Agraria, la que conjuntamente con el Registro Agrario
Nacional se ha encargado de facilitar y hasta obligar a los ejidos que
pongan en venta sus tierras a los clientes que ellos mismos proponen.
Por ello, resulta impostergable que se presenten cambios en las
formas de participación de las y los productores del campo, las
instituciones, las leyes y las políticas publicas para que reviertan su forma
de actuar evitando una posible polarización social, hoy provocada por la
aplicación de políticas de la centralización de funciones, negando a los
gobiernos estatales el derecho legitimo de poder decidir y planificar las
condiciones fundamentales de promover el mejoramiento socioeconómico de la vida en el campo y de la población del AGRO.
En países como el nuestro que no es capaz aún de generar todos los
productos agropecuarios que su población consume resulta evidente la
dependencia alimentaría, tecnológica y económica de otros países. Esta
ha impactado en procesos de liberación comercial y financiera
impulsados a través de los tratados de libre comercio entre países
asimétricos, unos con altos índices de productividad agrícola,
sustentados en fuertes subsidios económicos y ecológicos, y otros con
bajos niveles de productividad y limitados apoyos financieros a sus
sectores rurales.
A lo anterior hay que agregar la crisis alimentaría que agobia hoy al
mundo y el aumento generalizado en los precios a los productos básicos.
En México esta circunstancia afecta a 24,257,000 trabajadores, que
conforman la población ocupada con los ingresos más bajos en la pirámide
social al tener que destinar casi el setenta por ciento de su ingreso
monetario para la compra de alimentos.
Por otra parte, las políticas orientadas al campo mexicano, han sido
predominantemente generadas desde el gobierno federal. Por ello, Beatriz
Paredes Rangel exigió al Gobierno del Presidente Calderón estructurar
políticas agropecuarias firmes para hacerle frente a la carestía ante la difícil
situación económica por la que atraviesan los sectores con menores
ingresos por el alza en los precios de los productos de primera necesidad.
Todo lo anterior, además, ha impedido que los gobiernos estatales
puedan impulsar de manera libre y soberana sus propias políticas en
materia agropecuaria las que no siempre tienen porqué coincidir con el
Gobierno Federal. Al marcar la Federación la directriz única en que debe
instrumentarse la política nacional en materia agropecuaria, se contraviene,
además, el principio constitucional de respeto a la soberanía de los Estados
e impide un verdadero desarrollo nacional.
Me pregunto, como es posible que a los estados se les de un trato igual
y no me refiero a la cantidad de presupuesto que se destina a cada uno,
sino a las condiciones climatológicas, orográficas, ecológicas y
socioeconómicas que refleja cada una de estas entidades por ejemplo: si
hablamos de estado de Chiapas, la precipitación pluvial es superior a los
700mm anuales y en el estado de Coahuila oscila entre los 250mm
anuales, dónde los mayores desastres naturales guardan una gran
diferencia, en el primer estado, son inundaciones y en el segundo son
sequías frecuentes y cíclicas.
Y ya no digamos del resto de la república. Existen grandes diferencias
entre las diversas regiones del país que no pueden ser tratadas iguales a
través de unas reglas de operación generales del programa concurrente
que ha ideado el Gobierno Federal como la panacea para el campo
mexicano. Aceptar lo anterior es aceptar el profundo desconocimiento de
nuestra república y afirmar que quien tuvo la idea de conceptualizar este
programa para beneficio del “campo mexicano”, solamente conoce como
tal el Campo Militar, Campo Santo y el Campo de golf.
Por lo tanto me permito proponer ante este Foro Nacional temático,
Federalismo y Descentralización en el tema de Desarrollo Agropecuario lo
siguiente:
•Que se respete el presupuesto original respecto de los egresos destinados
por la federación al campo, no condicionándolo a la aportación de cada
estado.
• Qué los programas de apoyo al campo se valgan de los institutos de
investigación, universidades y productores estatales, para fijar las fechas
de apertura de las ventanillas para la entrega programada de dichos
recursos, así como presentar un proyecto anual para el mejoramiento de
las reglas de operación en cada estado. Menos burocracia y mayor
eficiencia.
•Que sea el Poder Legislativo de cada Estado quien acepte o modifique
dichas reglas para la aplicación de los recursos así como para la apertura
de las ventanillas correspondientes.
•Que sean los distritos de desarrollo rural, los que promuevan los
diferentes programas pero sin las facultades de determinar la aplicación de
los recursos y que los centros de apoyo al desarrollo rural se dediquen a
brindar el apoyo técnico y consoliden las condiciones fitosanitarias del
campo restableciendo el antiguo extencionismo.
•Que los funcionarios federales responsables de la aplicación de los
recursos generados por la Federación lo hagan a través de los congresos
legislativos de los estados, con el fin de establecer esquemas
participativos y de coordinación en la toma de decisiones como órganos de
consulta al aprobar las reglas de operación así como la apertura a las
ventanillas.
•Que las Universidades estatales revisen la viabilidad de los proyectos
entregados y los consejos municipales de desarrollo rural sustentable y
determinen a través de los consejeros de los productores a los
beneficiados con los apoyos basándose en la normatividad vigente
autorizada por el congreso del estado que corresponda.
Todo lo anterior no es una propuesta del suscrito. Es la suma de muchas,
muchísimas inquietudes de los productores agropecuarios del Estado de
Coahuila y reflejan, en buena medida la realidad nacional.
Muchos son los retos que enfrenta la sociedad al inicio de este milenio.
Dos son fundamentales: uno es el crecimiento acelerado de la población
mundial que reclama satisfactores, oportunidades y una justa distribución
de la riqueza cada vez con mayor celeridad. El otro es la autosuficiencia
alimentaria. México no puede quedar a la zaga en ninguno de ellos.
Nuestra responsabilidad es garantizar a las nuevas generaciones el
desarrollo sustentable del que gozamos en nuestra juventud.
Por el bien de todos, trabajemos por México.
Muchas Gracias.
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Mesa IV, ponencia 12 - Foro Nacional sobre Federalismo y