El control de constitucionalidad
federal
• La sentencia pronunciada por la Corte Suprema de EEUU en
el famoso caso "Marbury vs. Madison" (1803) afirmó que si
una ley resulta contraria a la Constitución, o hubiere
conflicto entre la norma legal y la constitucional que
obligue a desestimar una u otra, era deber de ese cuerpo
superior de justicia determinar el derecho aplicable, por ser
una función esencial del poder de la jurisdicción.
• De este modo, sin crear ninguna justicia especializada,
permitió a todos los jueces concretar en cada proceso la
fiscalización de la supremacía de la norma fundamental.
• La característica común de ellos es que activan un control
"a posteriori", a diferencia del control a priori o preventivo
que permiten otros modelos
• Procedencia
Art. 256 (C.P.C.N). - El recurso extraordinario de apelación ante la Corte Suprema
procederá en los supuestos previstos por el art. 14 de la ley 48.
• Art. 14 Ley 48
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Una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y
fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de
las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia
en los casos siguientes:
1º Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una
ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación, y la
decisión haya sido contra su validez;
2º Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto
en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los
tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la
ley o autoridad de provincia;
3º Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un tratado o
ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya
sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o
exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio.
Esquema de un recurso extraordinario
federal
Requisitos Comunes
Requisitos Propios
Requisitos formales
Que la sentencia apelada
Que haya cuestión federal
provenga de un tribunal de
justicia
Que hubiera reserva
oportuna dela cuestión
federal
Que exista una causa
concreta (un juicio en
trámite)
Que esa cuestión tenga
una relación directa e
inmediata con la causa del
juicio
Que tenga legitimación
procesal
Que la cuestión sea
justiciable (no política, ej:
Cullen c/ Llerena, Interv.
Fed.)
Que la sentencia apelada
hubiera resuelto la
cuestión federal en forma
contraria
Que se interponga en
forma y plazo (Acordada
4/2007)
Que el recurrente tenga
agravios actuales ,
importante y de
trascendencia
Que se trate de sentencia
definitiva (o equiparable)
Que en caso de ser recurso
directo se haga el depósito
de dinero
Que la sentencia provenga
de un Superior Tribunal
PER SALTUM
• La Corte puede actuar por avocación a través
del llamado "Per saltum", que es un
mecanismo por el cual se eliminan etapas de
revisión jerárquica cuando existe interés
institucional.
La doctrina de la arbitrariedad de las
sentencias
• Cuestiones procesales emergentes de la carga de la prueba (dar por
probados hechos que se contraponen; tener por acreditados
hechos inciertos; exigir que se prueben por el actor hechos que
dependen de la actividad del demandado, etc.)
• Cuestiones de fundamentación de la sentencia (no dar razones
suficientes; utilizar motivaciones ambiguas o ambivalentes; ser
contradictoria con los hechos de la causa; defectos de congruencia,
etc.).
• En suma, la creación de esta causal que abre la intervención de la
Corte a cuestiones no tradicionales, es producto de la misma
elaboración jurisprudencial del superior tribunal.
• Finalmente, junto al carril excepcional de la doctrina de la
arbitrariedad, también se pueden invocar hechos de "gravedad
institucional" que permiten a la Corte aceptar una intervención que
no debiera ser procedente.
El certiorari
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El writ of certiorari es un precepto que introdujo la ley 23.774, que se tomó del sistema
judicial de Estados Unidos de América, por el cual el Tribunal Superior puede entrar a
considerar el fondo de una causa superando obstáculos formales de admisión; la
diferencia está en que en nuestro país, se le ha dado una práctica diferente,
permitiendo a la Corte Suprema inhabilitar la instancia federal sin dar mayores
fundamentos.
La facultad que invoca el párrafo segundo del art. 280, aplica el criterio de la
discrecionalidad para seleccionar las causas, y la sola invocación del precepto para
rechazar el recurso extraordinario, sea ya por falta suficiente de agravios, por ser
cuestiones insustanciales o carecer de trascendencia alguna.
La jurisprudencia del Tribunal defiende su postura insistiendo con decir que,
corresponde declarar inadmisible el recurso extraordinario interpuesto atento no
acreditar el cumplimiento de las exigencias previstas por el art. 280 del Código Procesal
(Del voto de la mayoría) (CS, 1994/02/15, "Pace, Julia c. Caja Nac. de Prev. de la Ind.
Com. y Act. Civiles", DT, 1994-B, 2026 - DJ, 1994-2-1110).
Argumentando que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la
aplicación del certiorari, no confirma el acierto o el error de la decisión recurrida,
porque lo auténtico que se explica, es una facultad discrecional que se funda en la
selección de casos en los que entenderá, según las pautas establecidas en dicho
precepto del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CS,1994/10/04, "Arnaudo,
Alejandro C. c. Shurrer Presser, Aldo J. y otros", La Ley, 1995-A, 447 - DJ, 1995-1-483).
Fallo “Casal”
• El 7 de noviembre de 2003 el Tribunal Oral en lo Criminal N°
5 de esta ciudad condenó a Matías Eugenio Casal a la pena
de 5 años de prisión y costas por considerarlo coautor
penalmente responsable del delito de robo calificado por el
uso de arma (artículos 29, inciso 3, 45 y 166 inciso 2 Código
Penal)). El tribunal dispuso además que Casal recibiera
tratamiento de rehabilitación por su adicción a las
drogas.//• La defensa de Casal interpuso recurso de casación que fue
declarado inadmisible por el Tribunal Oral N° 5. La Cámara
Nacional de Casación Penal desestimó el recurso de queja,
lo que impulsó a la defensa a interponer un recurso
extraordinario que, a su vez, al ser declarado inadmisible,
motivó la presentación de esta queja.-
Fallo “Casal”
• 5°) Que el recurso extraordinario interpuesto resulta formalmente
procedente, ya que la sentencia impugnada reviste carácter de definitiva y
pone fin al pleito. Que proviene del tribunal superior de la causa, porque
se impugna el pronunciamiento de la Cámara Nacional de Casación Penal
y suscita cuestión federal suficiente, toda vez que se debate el alcance
otorgado al derecho del imputado a recurrir la sentencia condenatoria
consagrada por el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, que forman parte de la Constitución Nacional, a partir de su
inclusión en el art. 75, inc. 22.• En virtud de lo antedicho, y hallándose cuestionado el alcance de una
garantía de jerarquía de derecho internacional, el tratamiento resulta
pertinente por la vía establecida en el art. 14 de la ley 48, puesto que la
omisión en su consideración puede comprometer la responsabilidad del
Estado argentino frente al orden jurídico supranacional. Finalmente, existe
relación directa e inmediata entre las normas internacionales invocadas y
el pronunciamiento impugnado, y la decisión es contraria al derecho
federal invocado por el recurrente.-
Fallo “Casal”
• “Consecuentemente, la interpretación del alcance de la materia revisable
por vía del recurso de casación, se contrapone con la garantía
internacional de revisión del fallo condenatorio y con el texto del art. 456
del Código Procesal Penal de la Nación, que en forma alguna veda la
posibilidad de revisión en el fallo casacional.• 36) Que en tal sentido, el fallo recurrido no sólo no se compadece con lo
aquí enunciado, sino que además resulta arbitrario por carecer de
fundamentación y, en tales condiciones, ha de acogerse favorablemente el
recurso sin que ello importe abrir juicio sobre el fondo del asunto.• Por ello, concordemente con lo dictaminado por el señor Procurador
General de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara procedente el
recurso extraordinario y se deja sin efecto la resolución recurrida. Hágase
saber, acumúlese la queja al principal, y vuelvan los autos al tribunal de
origen para que se dicte nuevo fallo con arreglo a la doctrina aquí
expuesta.• Fdo.: ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO
(según su voto)- CARLOS S. FAYT (según su voto)- JUAN CARLOS MAQUEDA
- E. RAUL ZAFFARONI - RICARDO LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY
(según su voto).-
Fallo “Acosta”
• 1º) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe no hizo lugar a
la suspensión del juicio a prueba solicitada por el imputado Alejandro
Esteban Acosta, respecto de quien se había formulado requerimiento de
elevación a juicio por la presunta comisión del delito previsto en el art. 14,
primer párrafo, de la ley 23.737. Para así resolver, sostuvo que la
conformidad fiscal con la procedencia de la suspensión del proceso no era
vinculante y que "...al prever dicha figura en abstracto y en su máximo una
pena de seis años de prisión, el beneficio se torna improcedente, pues
supera el límite de tres años de prisión que impone el art. 76 bis, 1º y 2º
párrafos del Código Penal. En idéntico sentido, la Cámara Nacional de
Casación Penal en fallo plenario de aplicación obligatoria (art. 10, ley
24.050) ha expresado que la pena sobre la que debe examinarse la
procedencia del instituto previsto en el art. 76 bis y sgtes. del Código Penal
es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres
años ( Kosuta, Teresa, del 17 de agosto de 1999 [Fallo en extenso: elDial AA2BD] )".• 2º) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal declaró mal
concedido el recurso de casación deducido contra dicho pronunciamiento,
lo que motivó la interposición de un recurso extraordinario federal cuya
denegación dio origen a esta queja.-
Fallo “Acosta”
• 3º) Que como en la especie se debate la exégesis
acordada a una norma de derecho común, no le cabe a
la Corte establecer su inteligencia (art. 15 de la ley 48)
sino verificar si se configura un supuesto que habilita
su intervención con ajuste a la doctrina según la cual la
aplicación inadecuada de una norma de derecho
común, que la desvirtúa y la vuelve inoperante,
equivale a decidir en contra o con prescindencia de sus
términos y constituye una causa definida de
arbitrariedad (Fallos: 295:606; 301:108; 306:1242;
310:927; 311:2548; 323:192; 324:547, entre otros).-
Fallo “Acosta”
• 7º) Que, en tales condiciones, cabe concluir que el criterio que
limita el alcance del beneficio previsto en el art. 76 bis a los delitos
que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo
no supere los tres años se funda en una exégesis irrazonable de la
norma que no armoniza con los principios enumerados, toda vez
que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que
niega un derecho que la propia ley reconoce, otorgando una
indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre el cuarto
al que deja totalmente inoperante.• Por ello y habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal, se hace
lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y
se deja sin efecto la sentencia apelada.• Hágase saber y vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que
se dicte un nuevo pronunciamiento.• Fdo.: RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO
(en
disidencia)
CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia) JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI
Fallo “Napoli”
• 1. Que contra la sentencia de la sala VII de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que
revocó la resolución de la juez de menores en cuanto había
concedido la excarcelación a Erika E. Nápoli --procesada por
el delito de intermediación en la supresión de la identidad
de un menor de diez años de edad en carácter de partícipe
secundario (arts. 45, 55 y 139 bis, Cód. Penal)--, la defensa
interpuso el recurso extraordinario federal que fue
concedido.
• 2. Que para dejar sin efecto el beneficio acordado, la
cámara consideró que el art. 316, párr. 2° "in fine", del Cód.
Procesal Penal de la Nación (reformado por la ley 24.410)
restringía su concesión a todo aquel que resultare
imputado de los delitos previstos en los arts. 139, 139 bis y
146 del Cód. Penal, pues no contemplaba distinciones
según la participación que se hubiese tenido en el hecho.
Fallo “Napoli”
• 3. Que en el remedio federal la defensa plantea la
inconstitucionalidad de la citada norma procesal por ser violatoria
de los principios de inocencia, igualdad y razonabilidad de las leyes.
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• 4. Que la decisión apelada, en tanto restringe la libertad del
imputado con anterioridad al fallo final de la causa y le ocasiona un
perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior, es
equiparable a sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la
ley 48, por afectar un derecho que requiere tutela inmediata
(Fallos: 311:358 --LA LEY, 1988-D, 329--).
•
• Ello no basta, sin embargo, para habilitar la instancia extraordinaria
pues es necesario que el derecho que se invoca tenga una relación
directa con lo que ha sido materia de decisión (art. 15, ley 48),
circunstancia que se presenta en el sub lite toda vez que se ha
impugnado la validez constitucional de la norma aplicada para
denegar el beneficio excarcelatorio.
Fallo “Napoli”
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•
19. Que, por último, cabe señalar que ya en el citado precedente de Fallos:
102:219 este tribunal sostuvo la inconstitucionalidad del art. 26 de la Constitución
de la Provincia de Santiago del Estero en la medida en que excluía a las personas
procesadas por determinados delitos del beneficio de la excarcelación, con apoyo -entre otras razones-- en el alcance constitucional reconocido al derecho a estar en
libertad durante el proceso y a la circunstancia de que la prisión preventiva no
tiene más objeto que asegurar la aplicación de la pena atribuida por la ley a una
infracción, y si esa seguridad puede en algunos casos obtenerse por otro medio
compatible con la libertad a la vez que con las exigencias de la justicia represiva, y
menos gravosa para el encausado que tiene en su favor la presunción de
inculpabilidad, cabe admitirla porque nace de la forma republicana de gobierno y
del espíritu liberal de nuestras instituciones (fallo citado, aquí p. 228).
20. Que, en tales circunstancias, el tribunal considera que corresponde apartarse
de la doctrina resultante del "obiter dictum" contenido en el precedente de Fallos:
254:288, teniendo en cuenta además que la que fundó esa decisión ha sido dejada
de lado en diversos pronunciamientos que consideran que las resoluciones
denegatorias de excarcelación son equiparables a sentencias definitivas, como fue
señalado en el consid. 4°.
Por ello, oído el Procurador General, se declara procedente el recurso
extraordinario interpuesto y se deja sin efecto la sentencia apelada con los
alcances citados. Hágase saber y remítanse los autos a fin de que se dicte un
nuevo fallo con arreglo a lo aquí expresado. -- Augusto C. Belluscio. -- Carlos S. Fayt
(por su voto). -- Antonio Boggiano. -- Enrique s. Petracchi (en disidencia). -Guillermo A. F. López. -- Gustavo A. Bossert (en disidencia). -- Adolfo R. Vázquez.
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Esquema de un recurso extraordinario federal