Carmelo Padrón Díaz
CLASIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN Y CALIFICACIÓN
Carmelo PADRÓN DÍAZ
Catedrático de Universidad
Anexo: TR-LOTENc’00
SISTEMAS GENERALES
Categoría comprensiva de los usos y servicios públicos, a cargo de la
Administración competente, básicos para la vida colectiva, junto con el suelo y
las infraestructuras y construcciones y sus correspondientes instalaciones, que
requiera su establecimiento. Pueden ser insulares, comarcales o supramunicipales
y municipales. Los bienes inmuebles correspondientes son siempre de dominio
público. La gestión de los sistemas generales, una vez implantado el uso o
servicio, puede tener lugar en cualquiera de las formas permitidas por la
legislación reguladora de la Administración titular.
DOTACIONES
Categoría comprensiva de los usos y servicios públicos, con el suelo y las
construcciones e instalaciones correspondientes y a cargo de la Administración
competente, que el planeamiento no incluya en la categoría de sistema
general. Los bienes inmuebles correspondientes tienen siempre la condición de
dominio público. La gestión de las dotaciones, una vez implantado el uso o el
servicio, puede tener lugar en cualquiera de las formas permitidas por la
legislación reguladora de la Administración titular.
EQUIPAMIENTOS
Categoría comprensiva de los usos de índole colectiva o general, cuya implantación
requiera construcciones, con sus correspondientes instalaciones, de uso abierto al
público o de utilidad comunitaria o círculos indeterminados de personas. Puede ser
tanto de iniciativa y titularidad públicas como privadas, con aprovechamiento
lucrativo. Cuando la iniciativa y la titularidad sean públicas, el bien inmueble tiene la
consideración de bien patrimonial. Tiene las variedades o especies que
reglamentariamente se determinen. La explotación del equipamiento público puede
tener lugar por cualquiera de las formas de gestión permitidas por la legislación
reguladora de la Administración titular.
PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN
SISTEMAS GENERALES
Tendrán la consideración de sistema general el suelo y, en su caso,
infraestructuras, construcciones e instalaciones destinados a
usos y servicios públicos que, estando a cargo de la
Administración Pública competente, tengan el carácter de básicos
para la vida colectiva .
SISTEMAS LOCALES
Se consideran sistemas locales el suelo, infraestructuras, instalaciones
y construcciones ubicadas en el mismo cuya implantación sea necesaria o
pueda influir de forma sustancial en el desarrollo del territorio. Se
diferencian de los sistemas generales en que los sistemas locales están
al servicio de un ámbito territorial inferior, en todo caso, al término
municipal y que, normalmente, coincidirá con el ámbito o sector.
EQUIPAMIENTOS
Tendrán la consideración de equipamientos las construcciones e
instalaciones, así como el suelo en el que se asienten, que, teniendo
aprovechamiento lucrativo, estén destinadas a usos de índole
colectiva o general y sean de uso abierto al público o de utilidad
comunitaria o referida a círculos indeterminados de personas.
SISTEMATIZACIÓN USOS GLOBALES
SISTEMAS GENERALES
•
•
•
•
Sistema general de comunicaciones
Sistema general de infraestructuras
Sistema general de espacios libres
Sistema general de usos públicos comunitarios
SISTEMAS LOCALES
•
•
•
•
Sistema local de comunicaciones
Sistema local de infraestructuras
Sistema local de espacios libres
Sistema local de dotaciones
EQUIPAMIENTOS
•
Equipamientos
USOS GLOBALES: SISTEMAS GENERALES
•
•
•
Sistema general de comunicaciones
El sistema general de comunicaciones, tanto urbanas como interurbanas,
estará integrado por el suelo necesario para el establecimiento de redes
viarias y ferroviarias, las construcciones e instalaciones ubicadas en
ellas, las áreas de acceso a las mismas, los aparcamientos y todas
aquellas otras instalaciones y construcciones vinculadas a este sistema,
como son estaciones de ferrocarril y guaguas, puertos, aeropuertos y
otras instalaciones análogas.
Sistema general de infraestructuras
El sistema general de infraestructuras estará integrado por el suelo y las
instalaciones y construcciones ubicadas en el mismo, cuya implantación
pueda influir de forma sustancial en el desarrollo del territorio
Sistema general de espacios libres
El sistema general de espacios libres estará constituido por los parques
urbanos públicos, paseos públicos singulares y plazas públicas
singulares que se establezcan en atención a las necesidades de la
•
población existente y la prevista por el planeamiento
Sistema general de usos públicos comunitarios
El sistema general de usos públicos comunitarios estará integrado por las
dotaciones de carácter básico para la vida colectiva, comprendiendo el
suelo, las construcciones, las edificaciones y las instalaciones que
constituyan dichas dotaciones, cuando se destinen a alguno de los
siguientes usos públicos u otros análogos: ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONAL, COMERCIAL, CULTURAL, RECREATIVO, DEPORTIVO,
SOCIAL, SANITARIO, RELIGIOSO, ETC.
SISTEMAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
Aeropuertos: Diversidad de clases en su ámbito
Puertos: Diversidad de clases en su ámbito
Red de carreteras: urbano, urbanizable o rústico
Red ferroviaria: urbano, urbanizable o rústico
SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS
Red general de abastecimiento público
Red general de saneamiento: alcantarillado-depuradora
Red general de distribución de energía eléctrica
Red general de telefonía
Red general de telecomunicaciones
SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES
Parque urbano: urbano, urbanizable o rústico
Paseos peatonales singulares: urbano, urbanizable o rústico
Plazas singulares: urbano o urbanizable
SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS COMUNITARIOS
Administrativo institucional
Comercial:Mercados y otras instalaciones comerciales
Cultural y docente
Servicios urbanos
Social
Deportivo
Sanitario
Religioso
Cementerio
SISTEMAS DE EJECUCIÓN PÚBLICA
T-III C-IV TR-LOTENc’00
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Disposiciones generales
Disposiciones generales sobre la
ejecución de las unidades de actuación
Sistemas de ejecución privada
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Ejecución de los sistemas generales
Restantes formas de ejecución
Ejecución de obras de edificación
Conservación de obras y edificaciones
Sistemas de ejecución pública
Sección 1ª Sistema de cooperación
Sección 2ª Sistema de expropiación
Sección 3ª Sistema de ejecución forzosa
Se entiende por ocupación directa la
obtención de terrenos afectos por el
planeamiento a dotaciones públicas
mediante el reconocimiento a su
titular del derecho a integrarse en
una unidad de ejecución con exceso
de aprovechamiento real
La ocupación directa requerirá la previa
determinación por la Administración actuante
de los aprovechamientos urbanísticos
susceptibles de adquisición por el titular del
terreno a ocupar y de la unidad de ejecución
en la que, por exceder su aprovechamiento
real del apropiable por el conjunto de
propietarios inicialmente incluidos en la
misma, hayan de hacerse efectivos tales
aprovechamientos, según dispone el artículo
La aplicación de esta modalidad de obtención de terrenos dotacionales
deberá ajustarse al procedimiento que se determine en la legislación
urbanística, con respeto, en todo caso, de las siguientes reglas:
1ª
Se publicará la relación de los terrenos y propietarios
afectados, aprovechamientos urbanísticos
correspondientes a cada uno de éstos y unidad o
unidades de ejecución donde habrán de hacer
efectivos sus derechos y se notificará a los
propietarios afectados la ocupación prevista y las
demás circunstancias concurrentes.
La aplicación de esta modalidad de obtención de terrenos dotacionales
deberá ajustarse al procedimiento que se determine en la legislación
urbanística, con respeto, en todo caso, de las siguientes reglas:
2ª
La ocupación sólo podrá llevarse a cabo transcurrido el plazo de un mes
desde la notificación y en tal momento se levantará acta en el que se hará
constar, al menos:
a) Lugar y fecha de otorgamiento y determinación de la Administración actuante.
b) Identificación de los titulares de los terrenos ocupados y situación registral de éstos.
c) Superficie ocupada y aprovechamientos urbanísticos que les correspondan.
d) Unidad de ejecución donde se harán efectivos estos aprovechamientos.
3ª
Se entenderán las actuaciones con el Ministerio Fiscal en el caso de
propietarios desconocidos, no comparecientes, incapacitados sin persona
que les represente o cuando se trate de propiedad litigiosa.
4. El órgano actuante expedirá a favor de cada uno de los
propietarios de terrenos ocupados certificación de los
extremos señalados en la regla 2ª anterior.
5. Una copia de dicha certificación, acompañada del
correspondiente plano, se remitirá al Registro de la
Propiedad para inscribir la superficie ocupada a favor de la
Administración en los términos que reglamentariamente se
establezcan.
6. Simultáneamente a la inscripción a que se refiere el número
anterior, se abrirá folio registral independiente al
aprovechamiento urbanístico correspondiente a la finca
ocupada según la certificación, y a dicho folio se trasladarán
las inscripciones de dominio y demás derechos reales vigentes
sobre la finca con anterioridad a la ocupación.
Para dilucidar, a los efectos de la disputa
competencial aquí planteada, si estamos ante una
técnica de gestión urbanística cuya regulación
corresponde al legislador autonómico, en virtud de
su competencia exclusiva sobre urbanismo, o nos
encontramos ante una modalidad de la expropiación
forzosa aplicada en el ámbito urbanístico, es decir,
ante una variante o modalidad de la expropiación
común o general, hemos de examinar no sólo el
artículo 203 en su integridad sino también el
artículo 204 TRLS, que viene a completar la
regulación dirigida a la obtención de terrenos
dotacionales, sin abono de justiprecio en metálico.
1. Los propietarios afectados por estas ocupaciones
tendrán derecho a ser indemnizados en los términos
establecidos en el artículo 112 de la Ley de Expropiación
Forzosa, por el período de tiempo que medie desde la
ocupación de sus terrenos hasta la aprobación definitiva
del instrumento de redistribución correspondiente.
2. Transcurridos cuatro años desde la ocupación sin que se
hubiera producido la aprobación definitiva del
mencionado instrumento, los interesados podrán
efectuar la advertencia a que se refiere el artículo
202.2, quedando facultados para iniciar el expediente de
justiprecio, una vez transcurridos seis meses desde
dicha advertencia.
Si bien no cabe desconocer que se entrelazan en la regulación de los mencionados
preceptos notas características de las técnicas de urbanismo o de la gestión
urbanística y elementos propios de la expropiación forzosa, ha de entenderse, a
nuestro limitado propósito, que predomina la configuración de una singular
modalidad expropiatoria. En efecto, por la denominada ocupación directa se
produce, respecto a terrenos afectados por el planeamiento a dotaciones públicas
(que no hayan de ser objeto de cesiones obligatorias y gratuitas), es decir,
terrenos sin aprovechamiento lucrativo para su propietario también denominados
«de aprovechamiento cero», la transmisión coactiva de la titularidad dominical de
tales terrenos a las Administraciones urbanísticas actuantes para adscribirlos a
los usos y servicios públicos que motivaron su afectación en el Plan de ordenación.
La vinculación de destino que éste dispuso se hace así efectiva, trasladando la
titularidad dominical de manos privadas a la de Entes públicos, traslación que se
realiza de forma coactiva, y que se produce con una doble singularidad: a) de una
parte, la ocupación se realiza sin previo pago del justiprecio, al igual que ocurre en
la expropiación de urgencia (artículos 52 y concordantes de la LEF), y b) de otra,
que el justiprecio no consiste aquí en el abono de una indemnización dineraria
como equivalente económico del terreno ocupado, sino en la adjudicación al
propietario del aprovechamiento urbanístico patrimonializado para que lo haga
efectivo en una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento real. Esta
última característica aproxima esta modalidad expropiatoria a la prevista en el
artículo 217 TRLS, por la que unilateralmente la Administración expropiante
puede satisfacer el justiprecio mediante la adjudicación de terrenos
equivalentes, situados en la misma área de reparto que el expropiado.
Se sigue de lo anterior que es apreciable en la
ocupación directa la existencia de alguna de las
notas inherentes a la estructura esencial de la
potestad administrativa expropiatoria: una
privación singular y coactiva de derechos
patrimoniales mediante la sustitución por su
equivalente económico: o indemnización (el
aprovechamiento urbanístico correspondiente), y a
través de un procedimiento formal, al que después
aludiremos.
Ha de añadirse asimismo que en virtud de lo dispuesto en el
artículo 204.2 TRLS, la ocupación directa es susceptible de
transformarse o reconducirse a una propia o común
expropiación forzosa, a instancia del propietario expropiado,
si transcurren los plazos previstos en dicho precepto sin que
se produzca la aprobación definitiva del instrumento
redistributivo de la unidad de ejecución excedentaria, que
permita al propietario ocupado hacer efectivo en ésta su
aprovechamiento urbanístico. Esta posibilidad de
reconducción a la expropiación pone de relieve que, en lo que
aquí interesa, no nos hallamos en presencia de una simple
técnica de gestión urbanística arbitrada por el legislador
estatal, sino ante una determinación legal para habilitar
una modalidad expropiatoria, como alternativa a la
expropiación, cuya aplicación y regulación procedimental
queda en manos del legislador autonómico, tal como señala
el artículo 203.3 del Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
.
Al asimilarse la ocupación directa a la categoría de la
expropiación forzosa, el Estado se halla legitimado, ex
artículo 149.1.18.º, para establecer ciertas garantías
expropiatorias con carácter de mínimo, sin perjuicio de
que las Comunidades Autónomas puedan instrumentar las
normas específicas del procedimiento que sean
proporcionadas a la singularidad de la clase de
expropiación de que se trate. Dichas reglas
garantizadoras mínimas previstas en el artículos 203.3
TRLS vienen a coincidir, sustancialmente, con las
contenidas en el procedimiento general o común de la
expropiación forzosa contenido en la LEF y en su
Reglamento ejecutivo, por lo que dicho apartado también
encuentra cobertura en el título competencial del
artículo 149.1.18.º de la Constitución Española.
Así, por lo que se refiere a la regla 1.ª, la publicación de la
relación de terrenos y propietarios afectados no es sino fiel
trasunto de la publicación del acuerdo de necesidad de
ocupación, que ha de incorporar tal relación de inmuebles y de
afectados, conforme determinan los artículos 20 y 21.2 de la
LEF; asimismo la necesidad de notificación que dicha regla 1.ª,
in fine, dispone, viene también exigida por el procedimiento
general expropiatorio en los mencionados preceptos de la LEF,
datos estos a los que se añade en el caso de la ocupación
directa, y precisamente en función de su singularidad, el del
aprovechamiento urbanístico correspondiente a cada
propietario y la unidad o unidades de ejecución donde podrán
materializar aquel derecho. La regla 3.ª, que dispone el
seguimiento de las actuaciones con el Ministerio Fiscal es
idéntica básicamente a la contenida en el artículo 5.1 de la LEF,
y finalmente, la regla 2.ª, se corresponde con la formalización
documental de las actas (previas a la ocupación y de pago y
ocupación) que legitiman a la Administración expropiante para la
ocupación de los inmuebles expropiados.
Debe notarse, por último, que el apartado 1 del
artículo 203 TRLS se limita a describir una técnica
para anudarle, caso de ser utilizada, determinadas
garantías. No pretende, en otras palabras, definir
legalmente los supuestos en que cabe hacer uso de
esta especie expropiatoria mediante la definición de
la causa expropiandi que, como hemos reiterado, es
una competencia que sigue a la competencia
material, aquí reconducible a la de urbanismo, sino
tan sólo hacer una referencia instrumental a los
fines aludidos.
.
Los apartados 4, 5 y 6 del artículo 203 TRLS establecen unas
reglas registrales inmobiliarias que, a juicio del representante
estatal, encontrarían su amparo en el artículo 149.1.8.º CE, en
cuanto es competencia exclusiva del Estado la materia de
ordenación de los registros.
Ciertamente, corresponde al Estado en exclusiva,
por virtud del precepto constitucional últimamente
Por ello,
debe los
concluirse
que en el
mencionado,
determinar
actos inscribibles
Registro
de la Propiedad,
los efectos
las
el artículo
203 TRLS
en ysu
operaciones registrales. La citada competencia
totalidad
acomoda
al
permite
al legisladorse
estatal
fijar con carácter
general,
para los
supuestos en que sede
realicen
orden
constitucional
operaciones jurídicas
como
las
aquí
contempladas,
distribución
de
ciertas consecuencias o efectos, como la garantía de
.
certificación.competencias
Por ello, debe concluirse
que el
artículo 203 TRLS en su totalidad se acomoda al
orden constitucional de distribución de
competencias.
El suelo destinado a sistemas generales se obtendrá mediante
expropiación u ocupación directa, cuando no se incluya o se
adscriba al sector, ámbito o unidad de actuación.
La expropiación u ocupación directa de los sistemas generales
deberá tener lugar dentro de los cinco años siguientes a la
aprobación del planeamiento de ordenación que legitime la
actividad de ejecución.
Las obras correspondientes a sistemas generales se realizarán
conforme a las determinaciones sustantivas, temporales y de
gestión del planeamiento de ordenación como obras públicas
ordinarias.
Transcurrido sin efecto el plazo previsto en el artículo
anterior, el procedimiento de expropiación forzosa se
entenderá incoado por ministerio de la Ley si, efectuado
requerimiento a tal fin por el propietario afectado o sus
causahabientes, transcurre un año desde dicho
requerimiento sin que la incoación se produzca.
Desde que se entienda legalmente incoado el
procedimiento expropiatorio, el propietario interesado
podrá formular hoja de aprecio, así como, transcurridos
dos meses sin notificación de resolución alguna, dirigirse
a la Comisión de Valoraciones de Canarias a los efectos
de la fijación definitiva del justiprecio.
Los terrenos destinados a sistemas generales podrán obtenerse
mediante su ocupación directa y permuta forzosa con terrenos de
un patrimonio público de suelo de dimensiones suficientes y
características adecuadas para servir de soporte al
aprovechamiento urbanístico que corresponda al propietario
afectado, conforme a lo establecido en el artículo anterior.
La ocupación directa requerirá la determinación:
a) Del aprovechamiento urbanístico que corresponda al
propietario afectado.
b) De los terrenos pertenecientes a un patrimonio público de
suelo para permutar por los ocupados, así como, en su caso, de
la indemnización que se ha de satisfacer en metálico por la
parte de aprovechamiento no materializable en ellos.
la ocupación directa se producirá por el procedimiento
reglamentariamente establecido, que podrá terminarse por convenio
y deberá respetar las siguientes reglas:
Serán preceptivos el sometimiento a información pública
de la relación de terrenos y propietarios afectados, con
indicación de los aprovechamientos urbanísticos
correspondientes a éstos y de los terrenos
pertenecientes a patrimonios públicos de suelo que se
permutan por cada uno de ellos, y la notificación
personal a los propietarios, con un mes de antelación, de
la ocupación prevista y las demás circunstancias
relevantes que en ella concurran.
La ocupación directa se producirá por el procedimiento
reglamentariamente establecido, que podrá terminarse por convenio
y deberá respetar las siguientes reglas:
Contra la relación a que se refiere la letra
anterior podrán los propietarios afectados
formular reclamación ante la Comisión de
Valoraciones de Canarias, sin cuyo
acuerdo no podrá procederse a acto
alguno de ocupación
la ocupación directa se producirá por el procedimiento
reglamentariamente establecido, que podrá terminarse por convenio
y deberá respetar las siguientes reglas:
En el momento de la ocupación deberá levantarse acta
haciendo constar el lugar y la fecha de otorgamiento y la
Administración actuante; la identificación de los
titulares de los terrenos ocupados y la situación
registral de éstos; la superficie ocupada, el o los
aprovechamientos urbanísticos que le correspondan y los
terrenos pertenecientes a un patrimonio público de suelo
que se permutan, así como, en su caso, la indemnización
complementaria de la permuta forzosa.
la ocupación directa se producirá por el procedimiento
reglamentariamente establecido, que podrá terminarse por convenio
y deberá respetar las siguientes reglas:
Las actuaciones que se afecten a los
propietarios desconocidos, no
comparecientes o incapacitados sin
representación y respecto a las
propiedades litigiosas deberán entenderse
con el Ministerio Fiscal.
la ocupación directa se producirá por el procedimiento
reglamentariamente establecido, que podrá terminarse por convenio
y deberá respetar las siguientes reglas:
Los propietarios afectados por la
ocupación tendrán derecho a la expedición
de certificación administrativa
acreditativa de todos los extremos del
acta levantada.
la ocupación directa se producirá por el procedimiento
reglamentariamente establecido, que podrá terminarse por convenio
y deberá respetar las siguientes reglas:
La certificación administrativa del acta de
ocupación directa producirá los efectos propios
de la reparcelación y servirá de reconocimiento
del derecho a la indemnización complementaria
de la permuta, la cual deberá abonarse dentro
de los tres meses siguientes al acto de
ocupación
la ocupación directa se producirá por el procedimiento
reglamentariamente establecido, que podrá terminarse por convenio
y deberá respetar las siguientes reglas:
La Administración actuante remitirá
al Registro de la Propiedad
certificación del acta levantada a los
efectos de la práctica de las
inscripciones procedentes.
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La ocupación directa