JUSTICIA AMBIENTAL EN MATERIA CIVIL.
DRA.MIRNA ANTONIETA PERLA JIMENEZ
MAGISTRADA DELA SALA DE LO CIVIL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
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La problemática ambiental que enfrentamos
como país es grave pues tenemos un país
densamente poblado lo cual nos hace muy
vulnerables a problemas de uso inadecuado de
los recursos naturales y para ello podemos traer
como ejemplo el problema de la contaminación
de suelo, aire, agua, esto a su vez hace que
haya un consumo excesivo de recursos
naturales y con las catástrofes naturales que
hemos tenido en los últimos años por el cambio
climático hemos entrado en un ciclo bien
importante de crisis alimentaria.
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Tenemos problemas con el agua la cual según el
último informe del Ministerio de Medio ambiente
tenemos un 98% de agua contaminada, es decir
nuestros ríos están la mayoría contaminados y
muchos de los mantos acuíferos subterráneos
también; esto tiene como consecuencia la cantidad
de personas con enfermedades gastrointestinales y
renales que hacen uso del sistema nacional de
salud y por ende los costos que esto trae para el
estado. Lo mismo sucede con el aire el índice de
contaminación del aire es alto y eso es una de las
causas de muchas enfermedades respiratorias en
nuestro país, también no se puede pasar por alto la
falta de información actualizada para la toma de
decisiones de carácter ambiental.
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Otra dificultad es la falta de datos y la dificultad de acceso a
los que existen y eso ha sido más notorio en los últimos años,
ya que a nivel nacional, los informes sobre el estado del
medio ambiente han cambiado sustancialmente al pasar de
una forma cuantitativa a una forma descriptiva.
Somos el país que ocupa el segundo lugar a nivel mundial
después de Haití en la deforestación, lo cual debe ser una
preocupación dentro de la agenda del gobierno y de los
funcionarios que estén ligados a este tema y en ello es donde
el Órgano Judicial también tiene la responsabilidad de facilitar
el acceso a la Justicia Ambiental y para ello haremos una
pequeña reflexión de cómo estamos en este momento a nivel
jurisdiccional.
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Comenzare por hacer una reseña histórica de cómo
surge la Ley del Medio Ambiente en El Salvador,
nuestro país asistió a la Conferencia de las Naciones
unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la cual se
llevo a cabo en junio de 1992, en Rio de Janeiro
Brasil, la cual es conocida como “ La Cumbre de la
Tierra”,
esta
cumbre
fue
un
acuerdo
intergubernamental en torno a un plan de acción
global a favor del desarrollo Sostenible, acá se crea la
Comisión para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones unidas.
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Los compromisos específicos adoptados por la
Conferencia Río-92 incluyen dos convenciones: una sobre
Cambios Climáticos y otra sobre la Biodiversidad, y
también una Declaración sobre Florestas. La Conferencia
aprobó, igualmente, documentos de objetivos más
amplios y de naturaleza más política: la Declaración de
Río y la Agenda 21. Ambos endosan el concepto
fundamental de desarrollo sostenible, que combina las
aspiraciones compartidas por todos los países al
progreso económico y material con la necesidad de una
conciencia ecológica. Además de eso, por introducir un
objetivo global de paz y de desarrollo social duraderos, la
Río-92 constituyó una respuesta tardía a las gestiones de
los países del Sur hechas desde la reunión de Estocolmo.
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Nuestro país suscribió y ratifico esta conferencia y de allí
surgió el compromiso de crear los países signatarios la
normativa necesaria para proteger el medio ambiente a nivel
nacional. Es así como en 1998 surge la Ley del Medio
Ambiente en nuestro país.
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La ley establece desde esa época la creación de la jurisdicción
ambiental en su capitulo II, procedimiento judicial, y en el art.
99 establece la jurisdicción ambiental y la creación de los
Tribunales Agro-ambientales y las respectivas cámaras, sobre
éste punto es necesario detenernos y hacer un análisis al
respecto: en primer lugar creo que lo de agro-ambientales
fue un lapsus que hay que corregirlo con una reforma, pues la
ley es clara al establecer la jurisdicción netamente ambiental.
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Ahora bien que ha pasado con los problemas ambientales que
hasta hoy únicamente han llegado a la vía jurisdiccional sólo
por la vía penal y para ello con muchas dificultades. Pero
como el tema que me toca no es el penal si no civil vamos
hablar un poquito sobre la responsabilidad civil que deviene o
se deriva de actos que atentan contra el medio ambiente y
que es lo que ha ocurrido, si bien es cierto que el art. 111 de
la Ley del Medio Ambiente dice. “ Competencia Ambiental,
art. 111.- Corresponderá a los Juzgados de Primera Instancia
y a las Cámaras de Segunda Instancia con competencia en
materia civil o mixtos conocer sobre las infracciones
cometidas a la presente ley y reglamento, mientras no sean
creados los Tribunales a que se refiere el art. 99.”
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Este artículo si bien es cierto que le da la competencia a los
Juzgados y Cámaras civiles para conocer se ha tropezado con
la dificultad que algunos jueces y magistrados de cámaras
sostienen que ellos no pueden conocer porque el art. 131
numeral 31 de la Constitución de la República no los faculta
ya que la Corte Suprema de Justicia no ha eregido a la fecha la
jurisdicción ambiental.
De lo anterior se colige la dificultad que conlleva el ejercicio
de la acción civil cuando se trata de acciones que atentan
contra el medio ambiente Entre ellas podemos mencionar la
legitimación activa en materia ambiental
La cuestión de la legitimación activa ha sido tal vez el aspecto
que mayor evolución ha tenido en los últimos años en
relación con la temática ambiental.
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clásicamente, el único habilitado para actuar procesalmente
en acciones de reparación de daño o de cese de producción
de daño era el afectado directo, y esto lo podemos ver en el
art. 101 de nuestra Ley del Medio Ambiente en donde
establece en el literal a) “ La persona natural o jurídica que
haya sufrido el daño de manera directa e inmediata”. Hasta
acá priva básicamente un criterio individualista y subjetivo
que, de hecho, descalificaba cualquier intento de
representación procesal de intereses difusos o colectivos,
fueran éstos relativos o no a la cuestión ambiental. Pero este
mismo artículo tiene cosas interesantes como por ej. El literal
“b”, que de alguna manera legitima a los miembros de la
comunidad a demandar y el literal “c”, que faculta a la Fiscalía
General de la República y a la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos , para ejercer la acción civil de
reparación de daños ambientales.
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Sobre este punto también no se puede pasar por alto el
contenido del art. 58 del Código Procesal civil y Mercantil en
cuanto a la capacidad y legitimación. Este artículo se refiere a
las partes del proceso, y el numeral 5ª, tiene una parte
novedosa porque en este punto pueden demandar las Juntas
Directivas de Colonias y de índole similar podrían coadyuvar
en los procesos donde existan intereses difusos , o bien
intereses colectivos, que puedan ser considerados en este
numeral. De lo anterior se colige que se debe tener en
consideración que el Código Procesal civil y mercantil puede
ser invocado supletoriamente en base al art. 102 de la Ley del
medio ambiente, porque el art.101 del mismo cuerpo
normativo ya establece quienes son los legitimados para el
ejercicio de la acción civil de reparación de daños
ambientales.
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Esto aunado al cambio de criterio jurisprudencial que dio la
Sala de lo Contencioso Administrativo en el caso de Los
Cobanos, de admitir como legitimo contradictor una ONG, da
un avance bastante grande en materia ambiental en nuestro
país.
Ahora bien el Código Procesal Civil y Mercantil nos viene a
resolver en parte lo que tiene que ver con la responsabilidad
civil que derive de actos que atentan contra el medio
ambiente. En primer lugar si nos ubicamos en el caso del art.
96 inciso último de la Ley del Medio Ambiente, estamos en
presencia o de un juicio ejecutivo o podría también ventilarse
como un juicio de liquidación de daños y perjuicios, son dos
maneras que el Ministerio de Medio ambiente puede utilizar
y con ello abrir la puerta a la justicia ambiental en los casos en
que se inicia por una infracción administrativa.
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En el primer caso de Juicio Ejecutivo ya la misma ley
le da esta fuerza con lo cual sólo es de certificar e
iniciar el juicio en mención; en el segundo caso uno
de los requisitos es el monto de los daños y poderlos
probar, pero como ya existe un valúo hecho por
peritos de igual forma sólo es accionar el sistema
judicial, claro son dos figuras netamente civiles, pues
por ahora no se cuenta con una ley procesal
ambiental o una ley de reparación del daño
ambiental, es probable que en un futuro la tengamos
ya que es lo ideal por la especialización del área.
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También hay que aclarar que la Ley de Medio Ambiente ,
estableció un procedimiento sumario en su art. 102 .
Algunas personas sostienen que con la vigencia del nuevo
Código Procesal Civil y Mercantil, esto quedo sin
procedimiento, en primer lugar hay que tener en
consideración el art. 20 del código procesal civil y mercantil;
así como lo establecido en el art. 102 de la Ley del Medio
Ambiente, por lo que consideramos que no es cierto porque
estamos en presencia de una mera liquidación de daños y
perjuicios y que se homologa a través del procedimiento
abreviado en el art. 241 que dice: “ Se decidirán por los
tramites del proceso abreviado las demandas cuya cuantía no
supere los Veinticinco Mil Colones o su equivalente en
Dólares de los Estados Unidos de América.
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Además, se decidirán por este trámite ,cualquiera que sea su
cuantía:
1º. Las demandas de liquidación de daños y perjuicios....”, y
sobre el caso en el que pueden conocer a través del juicio
ejecutivo es un procedimiento muy claramente establecido
por lo que no hay razón para creer que no se pueda conocer
estos casos a la luz del nuevo código procesal civil y mercantil.
Por otra parte en los casos en que exista una pretensión
procesal, en la cual no hay valúo de los daños ambientales se
tendrá que ventilar como un juicio declarativo, es decir que lo
primero que hay que pretender es la declaración que hay
lugar a daños ambientales en un proceso común, esto lo
encontramos en los arts. 90 relacionado con el art. 240, 241 y
242 del Código Procesal Civil y Mercantil.
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Finalmente si se quiere aplicar el Código Procesal civil y
mercantil, al procedimiento ambiental, se debe tener en
cuenta la procuración obligatoria que exige el código, pero el
art. 75 del mismo cuerpo normativo resuelve éste problema
al establecer la procuración para personas de escasos
recursos.
Es probable que alguien se pregunte y entonces para que se
necesitan los tribunales ambientales y la respuesta es la
siguiente:
En primer lugar el derecho civil es eminentemente
patrimonialista y el derecho ambiental es un derecho público
de interés social que son, dos ámbitos totalmente diferentes
además el problema se puede presentar en los juicios
declarativos es decir en donde las personas se van a presentar
al tribunal a interponer sus demandas por las siguientes
razones:
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Es un área multidisciplinaria y uno de los problemas es a la
hora de verter la prueba y su valoración.
La interpretación de los informes técnicos.
Las medidas cautelares apropiadas a esta disciplina.
CONCLUSIÒN:
Se puede acceder a la vía jurisdiccional para efectos del
ejercicio de la acción civil que provenga de actos que
atenten contra el medio ambiente ante los tribunales
civiles y mercantiles, siempre y cuando se lleve a cabo de la
manera planteada en los párrafos que anteceden, mientras
no se creen los Tribunales Ambientales.
MUCHAS GRACIAS.
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