El pleno acceso a la justicia
en materia fiscal
El acceso a la Justicia es entendido como la posibilidad
de transitar las instancias tribunalicias, acceder a los
más diversos estrados, y efectuar todas las peticiones
que el ordenamiento habilite. (Casás STJBA “Emp.
Transporte de Mendoza” 2.001)
La tutela judicial efectiva como “la garantía de la libre
entrada a los tribunales para la defensa de los derechos
e intereses frente al poder público, aún cuando la
legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso o
acción concreto. Este principio implica lógicamente un
conjunto de garantías elementales en la tramitación de
los procesos judiciales”. (CIDH “Narciso Palacios v.
Argentina” (1.999)
Reconocimiento legal
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C.N. Preámbulo y arts. 18, 75 inc. 22 y nuevo bloque 1994+ normas internacionales=
derecho de tutela.
• Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre art. XVIII: “derecho de
justicia”.
• CADH arts. 8º y 25.
• Declaración Universal de Ds. Hs. y Pacto Internacional de Ds. Civiles y Políticos.
“Con la CN reformada en 1.994 rigen en el ámbito interno de la misma forma que rigen
en el ámbito internacional todos los derechos humanos reconocidos en los Tratados
Internacionales suscriptos.”
“Considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales
internacionales competentes para su interpretación y aplicación. El Estado tiene la
obligación de no tolerancia con circunstancias o condiciones que impidan el acceso a
los recursos” (CSJN “Giroldi” 1.995). También CSJN “Simón” 2005.
“Las normas del derecho internacional vigentes para la Rep. Argentina, y con ello me
refiero no sólo a los tratados, sino también a las normas consuetodinarias y a los
principios generales del derecho, revisten el doble carácter de normas
internacionales y normas del orden interno, integran el orden jurídico junto con las
leyes y la CN”. “Desde Ekmekdjian integran el derecho interno reafirmado por la
Convención Constituyente de 1.994, impera desde el citado fallo en la jurisprudencia
de esta Corte el llamado criterio del “derecho único”” (Voto Zaffaroni CSJN “Simón”)
Criterios Organismos
Internacionales
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C.I.D.H. “Paniagua Morales” 1.998. Derecho al debido proceso en todos los órdenes conf. art.
8º CADH.
Com.I.D.H. “Narciso Palacios V. Argentina” (1999)
Violación al derecho a la jurisdicción y tutela judicial efectiva por el rechazo de la demanda
contenciosa administrativa en virtud de la falta de agotamiento de la vía administrativa denuncia
violación a los derechos del debido proceso (art. 8º) y a la tutela judicial efectiva (art. 25
Convención) por no tener acceso a la justicia. La Comisión resolvió que al peticionario se le
vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva y recomendó al Estado argentino a permitir el
acceso del peticionario a la jurisdicción e indemnizarlo.
CIDH “Tribunal Constitucional” (31/01/01). “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana
se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido
estricto, “sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a
efecto de que las personas pueda defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto
emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.
Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica garantías
mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el
numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de
materias el individuo tiene también el derecho , en general, al debido proceso que se aplica en
materia penal”
Cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por “un juez o tribunal
competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier
autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones
determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte
considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente
jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido
proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana.”
Organismos Internacionales
• CIDH “Cantos v. Argentina” 2001.”El art. 25 de la Convención
también consagra el derecho de acceso a la justicia. Este Tribunal
estima que para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no
basta que en el respectivo proceso se produzca una decisión
judicial definitiva. También se requiere que quiénes participan en el
proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar
sumas desproporcionadas o excesivas a causa de haber recurrido a
los tribunales.” Tema aumento del monto para interponer la queja
ante la CSJN.
• Proyecto ley del PEN para cumplir “Cantos”: “La Convención
Americana sobre Ds. Hs. llamada Pacto de San José de Costa
Rica, integra el repertorio de pactos receptados por el art. 75 inc. 2
de la CN con rango constitucional, por lo que debe ser acatada por
el Estado, sin que disposiciones del derecho interno enerven su
plena virtualidad y vigencia”.
• Conforme la CN y la CSJN resulta vinculante para el Estado en sus
tres poderes la jurisprudencia de la CIDH (“Tribunal
Constitucional”). Su incumplimiento genera responsabilidad del
Estado frente al orden jurídico internacional de derechos humanos.
Organismos Internacionales
• CIDH “Baena” (2.003). No basta la existencia de los
recursos, éstos deben ser efectivos, dar respuesta a las
violaciones de los derechos de la Convención.
• CIDH “Herrera Ulloa” (2.004). “El derecho de recurrir
del fallo es una garantía primordial que debe respetar en
el marco del debido proceso legal, en aras de permitir
que una sentencia diversa pueda ser revisada por un
juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica.
El derecho de recurrir del fallo debe ser accesible, sin
mayores complejidades que tornen ilusorio ese derecho
y que garantice un examen integral de la decisión
recurrida”. (Idem “Gómez Vázquez V. España 2001)
Debe ser un recurso amplio
Organismos Internacionales.
• Por lo resuelto por la CIDH en “Tribunal Constitucional”,
todos los derechos y garantías reconocidos
internacionalmente en los tratados tienen plena vigencia
a favor de los contribuyentes – no sólo en materia penalen todo procedimiento fiscal realizado por el Estado, lo
que se aplica no sólo en el procedimiento nacional sino
también provincial y municipal.
• Esto torna en abstracto la distinción entre procesos que
aplican contravenciones o delitos a los fines de la
aplicación de las garantías del numeral 2º del art. 8º
CADH. Pierde vigencia “Butyl” CSJN 2002.
Organismos Internacionales
CEDH
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“Golder” (1.975)“Derecho a un corte”
“Airey” (1.979) “El alto costo de litigar hace que la garantía de acceso a la
justicia sea algo teórico o aparente”
“Oztürk (1.984) “El ilícito fiscal tiene naturaleza penal”
“Fünke” (1.993) “El derecho a no autoincriminarse se vulnera frente a la
aplicación de sanciones por la no aportación de datos”
“Bendeneum” (1.994) “Los contribuyentes gozan en los procesos
administrativos de aplicación de sanciones que revisten naturaleza penal
de todas las garantías inherentes al proceso penal”.
“Sauders” (1.996) Derecho a no autoinculparse en materia fiscal
“J.B. . Suiza” (2.001) “Son nulas las sanciones aplicadas con motivo de la
negativa a suministrar información fiscal incriminatoria”
“Janosevic” (2.003) “Los tribunales administrativos no satisfacen las
garantías de imparcialidad e independencia exigidos por la Convención
Europea ( 6.1) por lo que éstos pueden imponer sanciones dentro de su
competencia siempre que su decisión pueda ser llevada ante un cuerpo
judicial con plena jurisdicción”
Los aplica la CSJN (“Micoómnibus”; “Simón”) y la CIDH (“tribunal
Constitucional)
Se aplica al Procedimiento
Tributario la doctrina de C.S.J.N.
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“Giroldi” CSJN 1995
“Casal” CSJN 2005
“Quiroga” CSJN 2004
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doble conforme
doble conforme pleno
el rol de acusación y juzgamiento debe
recaer en órganos autónomos
“Llerena” CSJN 2005
no puede ser el mismo juez que instruye el sumario,
que el del juicio
“Fraticelli” y “Dessier” CSJN 2006
garantía de juez imparcial
“López Ramón” CSJN 2007
los jueces administrativos no pueden aplicar penas
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“Masseo” CSJN 2005
“Marchall” CSJN 2007
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“Microómnibus Barrancas de Belgrano” CSJN 1989
“Expreso Sudoeste” CSJN 1996
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control de convencionalidad
se aplican las garantías del art. 8°, 2° párrafo PSJCR
entre otros a la materia fiscal penal y extrapenal
(Voto de Zaffaroni y Fayt)
el Pacto se aplica también a las
personas colectivas
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
(Pacto de San José)
ARTICULO 8.- GARANTIAS JUDICIALES.
1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez
o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías:
a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, sino comprende o no
habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de
comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no
según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por si mismo ni nombrare defensor dentro del
plazo establecido por la Ley;
f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presente en el tribunal y de obtener la comparecencia,
como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) Derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a declararse culpable;
h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculpado solamente es valida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuleto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.
Implicancia de lo fallado por la CIDH en “Tribunal Constitucional” 2001
y CSJN “Marchall” 2007 por art. 8° PSJCR
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El PSJCR debe cumplirse por cualquier autoridad pública del estado en sus tres
niveles (P.L. – P.E. – P.J.)
“Cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente
jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías
del debido proceso legal en los términos del art. 8° de la Convención” (CIDH
“Tribunal Constitucional”)
“Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula "Garantías Judiciales",
su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, "sino el
conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales" a efectos
de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto
emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.
“Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no
especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el
elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se
aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene
también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal.”
(CSJN “Marchal” 2007 Voto Zaffaroni – Fayt)
El art. 8 del PSJCR se aplica en materia fiscal tanto penal como extrapenal (no hay
diferencia entre delito y contravención lo que además es intrascendente porque
amplía el alcance). “Cigarrería San Martín SA” CA y GP Mar del Plata 1/3/2010.
Implicancia de la doctrina de la CIDH y CSJN
¿Existe pleno acceso a la justicia en materia fiscal?
(leyes 11.683 – 17.250 y 18.820 con mod.)
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Deviene inconstitucional el art. 86° inc. b) ley 11.683 “revisión y apelación
limitada”(CSJN “Casal”)
Deviene inconstitucional el art. 92° ley 11.683 “la inapelabilidad de la
sentencia de ejecución y “la facultad atribuida a los agentes judiciales”
Nulidad de las resoluciones adminisitrativas en la que el juez del sumario
es el mismo funcionario que aplica la sanción (CSJN “Llerena”)
Nulidad de las resoluciones administrativas
en las que el juez
administrativo aplica sanciones (CSJN “López Ramón”)
Nulidad de los procedimeintos administrativos en los que el que acusa es el
mismo que juzga (CSJN “Quiroga”)
Nulidad de los procedimientos administrativos en los que el juez que
resuelve es parte (CSJN “Fraticcelli”, “Desier”)
Deviene inconstitucional el art. 9° ley 23.473 y 15° ley 18.820 y ley 23.473
que establece el solve et repete para el acceso a la justicia y, por no
asegurar el doble conforme (“Casal” CSJN)
Propuesta de Reforma elaborada por la Comisión de Derecho
Tributario (IDEL – FACA)
• Unificación de los procedimientos administrativos y
jurisdiccionales en materia previsional y tributaria, tanto
para la determinación de deuda como en materia
infraccional implica mayor seguridad jurídica para los
contribuyentes.
• En el procedimiento sumarial con amplias garantías (art.
8° PSJCR) ¿Posibilidad de determinación por el T.F.N.?
U otra forma para garantizar “Quiroga” “Casal” “Llerena”
“Fraticcelli”
• Derecho a no autoinculparse vs. Obligación de informar
• Posibilidad de recurso amplio de la sentencia del T.F.N. con amplia
competencia, federalizado y con posibilidad de declarar la
inconstitucionalidad.
– Si es materia tributaria
Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo
Federal o la del asiento del TFN
– Si es materia previsional
Cámara Federal de Seguridad
Social
– Si es sancionatoria con efecto
suspensivo
Con la 1ra. Instancia anterior
según sea la materia y luego ante
la Cámara Nacional de Casación
Penal
• Apelabilidad de la sentencia de ejecución fiscal y eliminación de las
facultades de los ejecutores fiscales.
• Eliminación del solve et repete y sustitución por otra forma de garantía.
• Si la AFIP formula denuncia penal al determinar el impuesto, debe
imputar simultáneamente las infracciones de las leyes 11.683 y 17.250, a
efectos de dictar una única sentencia (principio non bis in idem)
• Lectura Conclusiones Congreso Nacional de Abogados 2007 y 2010.
Conclusiones Comisión II. 2010
• “Los procedimientos de aplicación de los
tributos nacionales y locales deben
adecuarse al bloque constitucional actual, en
el que rigen a favor del contribuyente, tanto
en el procedimiento tributario de aplicación
de
sanciones
como
en
cuestiones
extrapenales, las garantías judiciales del
PSJCR (art. 8.2.) con el alcance e
interpretación
dado
por
la
CIDH.
Especialmente, los procedimientos deben
asegurar el efectivo acceso a la justicia”.
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