El régimen chileno en materia
de tratados internacionales
Evolución
Decreto ley 247 de 1974
Artículo 1º.- Los tratados serán suscritos por el Ministro de Relaciones
Exteriores o el Plenipotenciario debidamente autorizado. En virtud de sus
propias funciones el Ministro de Relaciones Exteriores no requiere de plenos
poderes.
Artículo 2º.- Aquellos tratados que se limiten a cumplir a ejecutar lo
dispuesto en un tratado anterior entrarán en vigor mediante su sola firma o
mediante el cambio de notas reversales.
Artículo 3º.- Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, una vez suscrito un
tratado, éste será sometido a la aprobación de la Junta de Gobierno, la que lo
hará mediante la dictación de un decreto ley. Tal decreto ley deberá llevar,
además de la firma de los miembros de la Junta, la del Ministro de Relaciones
Exteriores, y en caso de incidir la materia del tratado en asuntos de la
competencia de otra u otras Secretarías de Estado, de los correspondientes
Ministros de Estado.
Artículo 4º.- Una vez aprobado un tratado por la Junta de Gobierno, el
respectivo instrumento de ratificación o de adhesión será firmado por el
Presidente de la Junta de Gobierno y refrendado por el Ministro de Relaciones
Exteriores.
Artículo 5º.- Una vez se haya efectuado el canje o el depósito de los
instrumentos de ratificación o de adhesión, según el caso, el tratado deberá
ser promulgado por decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores,
que ordenará que éste se cumpla y lleve a efecto como ley de la
República y que tanto dicho decreto supremo como el texto del tratado
se publiquen en el Diario Oficial.
Régimen Inicial Constitución 1980
 Se discutió este asunto en las
sesiones 365 a 367 de la Comisión
Ortúzar. En particular en la sesión
371 en la que se zanjó la cuestión a
favor
de
no
pronunciarse
expresamente sobre el valor de los
tratados internacionales
Extractos de la sesión 371 de 16 de
mayo de 1978
 “El señor GUZMÁN expresa que la nitidez que ve a la
disposición desde el punto de vista de la conveniencia
jurídica le hace resistir no propiciarla, y sostiene que
si los tratados tienen fuerza de ley se va creando una
conciencia implícita en el sentido de que, en la
jerarquía de las normas de Derecho, el tratado es
paralelo a la ley; y añade que como siempre las
normas que se hallan en un mismo nivel jerárquico
pueden modificarse entre sí, entendiéndose que la
posterior prevalece sobre la anterior, se deja una
situación en la nebulosa al no resolver el problema,
porque, en la escala jerárquica, el tratado aparece
colocado en el mismo peldaño que la ley, lo cual
puede dar lugar a sostener que aquél es susceptible
de modificación por ésta”
Extractos de la sesión 371 de 16 de
mayo de 1978.
 Se hace “constar que, según ha
quedado evidenciado por el debate
anterior, se ha producido consenso en
la Comisión acerca de que una ley no
puede modificar un tratado, e indica
que otra cosa es la conveniencia de
expresarlo o no en la Carta”.
Reforma de 1989
 La reforma constitucional de 1989 agregó al art. 5
inciso 2° una nueva oración que dice "Es deber de los
órganos del Estado respetar y promover los derechos
garantizados por esta Constitución, así como por los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes."
La doctrina y la jurisprudencia mayoritaria han
reconocido a los derechos humanos contenidos en
tratados internacionales ratificados por chile y que se
encuentren vigentes
Aspectos modificados por la
reforma del 2005 al art. 50 (actual
54)
 Acuerdo aprobatorio (frase “en lo pertinente”) (Art. 54
N° 1 inc. 1°)
 Quórum reforzado para tratados que versen sobre
materias propias de ley orgánica constitucional. (art.
54.1.inc. 1°)
 Se agregan disposiciones sobre el régimen de
reservas, denuncias, y formalidades de publicidad del
tratado (art. 54.1 incs. 2,3, 6, 7 y 8)
 Facultad de acordar tratados en el marco de la
potestad autónoma del P. R. (art. 54.1.inc. 4 parte
final)
 Valor de los tratados: art. 54.1, inc. 5° (ver además
art. 27 CV),
Reforma valor de los tratados.
Motivos
 Parece necesario, dijo, regular estos aspectos puesto
que se requiere resolver claramente el problema de la
primacía de los tratados internacionales en relación
con las normas legales del Estado, evitando que una
ley posterior pueda derogar o modificar un tratado
existente. Señaló que este tema debería resolverse
haciendo consistente la solución de un conflicto entre
normas internacionales e internas, dando primacía a
las primeras, como lo establece el Derecho
internacional (artículo 27 de la Convención de Viena
sobre Derecho de los Tratados), evitando, además,
que el Estado incurra en permanentes e, incluso, a
veces involuntarias situaciones generadoras de
responsabilidad internacional. (informe comisión de
constitución)
Reforma valor de los tratados.
Motivos
 “en esta materia, hasta el momento, ha existido un
vacío legal y constitucional respecto a la regulación de
la promulgación y publicación de un tratado
internacional en relación con su entrada en vigor en el
orden
jurídico
chileno.
A
este
respecto,
tradicionalmente se ha exigido la promulgación y
publicación como condición de la vigencia interna de
los tratados, por una interpretación mayoritaria de la
Corte Suprema que los asimila, incluso respecto de la
promulgación y publicación, a la tramitación que se
les da a las leyes por mandato del artículo 6º del
Código Civil, disposición que señala que la ley no
obliga sino una vez promulgada en conformidad a la
Constitución Política y publicada de acuerdo con los
preceptos que el mismo cuerpo establece”. (Informe
comisión de constitución)
Tesis de la infraconstitucionalidad
de los tratados
 Rol 309 de 2000 (Requerimiento
respecto del Convenio Nº 169).
 Rol 346 de 2002 (Requerimiento
respecto del Estatuto de Roma)
Reforma Ley 20352 de 26 de mayo
2009

(Disposición transitoria) VIGÉSIMOCUARTA. El Estado de
Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional en los términos previstos en el tratado
aprobado en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998, por
la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las
Naciones Unidas sobre el establecimiento de dicha Corte.
Al efectuar ese reconocimiento, Chile reafirma su
facultad preferente para ejercer su jurisdicción penal en
relación con la jurisdicción de la Corte. Esta última será
subsidiaria de la primera, en los términos previstos en el
Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional.
La cooperación y asistencia entre las autoridades
nacionales competentes y la Corte Penal Internacional, así
como los procedimientos judiciales y administrativos a que
hubiere lugar, se sujetarán a lo que disponga la ley chilena.
La jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en los
términos previstos en su Estatuto, sólo se podrá ejercer
respecto de los crímenes de su competencia cuyo principio
de ejecución sea posterior a la entrada en vigor en Chile del
Estatuto de Roma.
La sentencia del TC
 Sentencia de Control de
constitucionalidad
del
proyecto
de
ley,
aprobado
por
el
Congreso Nacional, que
modifica
la
Ley
Nº
17.997,
Orgánica
Constitucional
del
Tribunal Constitucional,
Rol 288 de 25 de agosto
de 2009.
Tesis:
 El tratado no es ley
pero puede someterse
a controles de
constitucionalidad y
puede considerarse a
los efectos un
“precepto legal”
 El TC puede utilizar la
facultad del 93.6 pero
no la del 93.7 de la
Constitución debido al
principio de
intangibilidad de los
tratados
Las premisas del TC
a) El hecho de que un tratado internacional no
sea lo mismo que una ley no impide que
una y otro puedan asimilarse quedando
comprendidos en la categoría de “precepto
legal”;
b) El tratado es una norma infraconstitucional;
y
c) La inaplicación para el caso concreto de
una norma de un tratado no contradice lo
establecido en el inciso 5° del N° 1 del art.
54 mientras que una declaratoria de
inconstitucionalidad sí lo haría.
Los problemas de la tesis del TC
 No respeta la distinción conceptual entre norma
internacional y procedimiento de adaptación.
 El proyecto de Ley Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional sobre el que se pronuncia la
sentencia en comento, refrendaba la distinción entre
tratado y ley introducida en la reforma de 2005,
estableciendo expresamente la improcedencia de la
inaplicabilidad respecto de tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes
(art. 47 B) y al consignar como causal de
inadmisibilidad de las cuestiones de inaplicabilidad “el
hecho de promoverse respecto de un precepto que no
tenga rango legal o respecto de disposiciones de un
tratado internacional vigente”.
Los problemas de la tesis del TC
 Es discutible que la aplicación de la facultad contenida
en el 93.6 de la Constitución no viole el art. 54.1 inc. 5.
Esta última norma impide no sólo la derogación de un
tratado sino también la modificación y la suspensión.
Estas últimas dos hipótesis pueden producirse como
resultado de una inaplicación de una norma de un
tratado que sería equivalente en sus efectos a una
reserva, o en una jurisprudencia reiterada de
inaplicación de normas de tratados que provocaría la
suspensión de las mismas.
 Recuérdese que desde el punto de vista internacional,
las sentencias de tribunales internos no pueden ni
modificar ni suspender un tratado internacional.
¿Cuál es el valor jurídico de los
tratados en Chile?
 Este asunto, a pesar de lo visto, sigue siendo
controvertido. La jurisprudencia del TC claramente ha
determinado
que
los
tratados
son
infraconstitucionales (inclusive los Tratados sobre
DDHH). La última sentencia revisada parece sostener,
además, que serían supralegales.
 Sin embargo, y sin perjuicio de la influencia de la
jurisprudencia del TC, la tesis del valor constitucional
de los Tratados de DDHH no es del todo descartable,
si se interpretan los arts. 93.1 y 93.3 de la
Constitución como un dispositivo de coherencia entre
norma internacional y norma interna y no como
normas constitutivas de un criterio de jerarquía.
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El régimen chileno en materia de tratados internacionales