LA FUNCIÓN PUBLICA
ESTADAL
Pier Paolo Pasceri Scaramuzza
(www.pasceriabogados.com)
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Introducción: Nueva Ley, Viejo Reglamento, CIERRE por un año
de la
CPCA como última Instancia funcionarial.
A) Aplicabilidad:
De la Ley Nacional:
A favor:
Sentencia Sala Constitucional:
Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de
fecha 12-02-2004(Caso Republica de Venezuela) que señalo:
“ se reitera que la Ley del Estatuto de la Función Pública, vigente desde el
11 de julio de 2002, unificó la normativa jurídica aplicable a las relaciones
de empleo público de las Administraciones Públicas nacional, estadales y
municipales (artículo 1 de la Ley) y restringió sustancialmente los
funcionarios excluidos de su ámbito de aplicación (artículo 2 eiusdem),
exclusión que no abarcó al personal docente de los institutos educativos
del Ministerio del ramo, de modo que ellos se encuentran sometidos a
dicha normativa legal, inclusive en lo que respecta al Contencioso
Administrativo Funcionarial (artículos 92 y siguientes eiusdem) (Sentencia
n° 651/2003 del 4 de abril, caso: Dilma Mogollón).”
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Contra:
1) Ley Estadal vs. Ley Nacional
2) Disp. transitoria nº14.
3) No puede la Administración desaplicar ( Sent. Bingos
vs Sent. SCAT.)
4) Capacidad Organizativa de los Estados y Municipios
168 encabezado, 178 encabezado,169 y 160 y 163,
164 Nº1,11.
5) Derogación Ley por Ley o por sent. caso contrario Ley
de Timbres Edo. Vargas. y la fórmula de derogatoria.
6) Aun las Inconstitucionales surten efecto yse aplican
Ej. Ley Seg. Social.
7) En el art. 156 no esta.
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B) Posibilidad que los estados y
Municipios fijen procesos o
procedimientos Administrativos.
C) En el peor de los casos, que queda
vigente de la ley estatutaria a nivel
municipal y estadal: ¿Recursos?¿Sanciones?- ¿formas y razones
para de reestructurar la
administración, reducción de
personal?
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Ámbito de Aplicación:
Funcionarios Públicos:
Pre- Constitución:
- de Carrera.
- de Hecho
- de Libre Nombramiento.
Post- Constitución: - de Carrera
- De libre nombramiento
- Irregulares.
Post – LEFPca.: - de Carrera
- De libre nombramiento
- Irregulares (NULOS)
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Funcionarios sin concurso
Sentencia de la CPCA de fecha 27-03-2003
(caso DIANA MARGARITA ROSAS ARELLANO, Vs Alcaldía del
Municipio Torres del Estado Lara)
“No obstante, quiere esta Corte aclarar, que todos aquellos
funcionarios que hayan ingresado a la Administración mediante
nombramiento, sin efectuar el concurso a que hace alusión la
Constitución y la Ley, o que estén prestando servicios en calidad de
contratados en cargos de carrera, tendrán derecho a percibir los
beneficios económicos de su efectiva prestación de servicios, en las
mismas condiciones que los funcionarios que hayan sido designados
mediante concurso público, es decir, a la remuneración
correspondiente al cargo desempeñado, así como el pago de las
prestaciones sociales al finalizar la relación laboral, pero en lo que
atañe a su estabilidad y a los derechos derivados de ésta, no pueden
asimilarse a un funcionario de derecho, en directa aplicación de lo
preceptuado en las normas constitucionales y legales antes indicadas,
y así se decide.
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Funcionarios sin concurso
Asimismo los reconocimientos efectuados por la Administración y por
los órganos jurisdiccionales, que acrediten como funcionarios de
carrera a aquellos que no hayan cumplido con los requisitos para el
ingreso a la carrera y que sean anteriores a la publicación de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la presente
decisión, serán considerados válidos y por tanto tales funcionario
gozarán de estabilidad y de los mismos beneficios socioeconómicos
que los funcionarios que hayan ingresado mediante el cumplimiento de
los requisitos previstos en la Carta Fundamental y la Ley del Estatuto
de la Función Pública, puesto que tales actos y hechos jurídicos
funcionariales se consolidaron bajo la aplicación de la derogada
Constitución Nacional de 1961, la cual -de conformidad con la
interpretación dada por esta Corte y la antigua Corte Suprema de
Justicia- permitía tales consecuencias.
Por otra parte, los funcionarios que se encuentren en el desempeño de
un cargo de carrera en situación irregular -bien como contratados o
bien siendo funcionario de hecho-, tendrán derecho a concursar para
optar a la condición o “status” de carrera y el tiempo de servicio
prestado por ellos, así como las condiciones en las cuales haya
desempeñado sus servicios, deberán ser estimados por la
Administración en el baremo o método de evaluación que a los efectos
del concurso se establezca. “
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Ámbito de NO ampliación:
Introducción:
Estructura Poder Pco. y Naturaleza de los
entes Descentralizados, a propósito de su
regulación laboral o estatutaria .
Obreros que laboran para la Adm.
Descentralizada y Central: APLICA: LOT y
Regl. y Conv. Colectiva.
Contratados que laboran para la Adm.
Descentralizada y Central – APLICA: LOT y
Regl y Conv. Colectiva salvo lo previsto en
la LEFP.
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Empleados de la Descentralización funcional
(Excepto, BCV, Inst. Aut, Univ pcas.).
APLICA: LOT y Regl. y Conv. Colectiva.
Procedimientos Proc. Laboral – LOPT y LOT.
Inspectoría- recurribilidad de las
decisiones con base a LOPA.
Profesores dependientes del ejecutivo
Regional
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Personal Docente
Sentencia de SCS-TSJ de fecha 03-05-2000
(caso CARMEN MERCEDES PINEDA DE ALVARADO, Vs
GOBERNACIÓN DEL ESTADO LARA)
En el caso aquí examinado, se trata de una docente; por tanto, la ley
que los rige es la Ley de Educación, la cual, en su artículo 86
establece: "Los miembros del personal docente se regirán en sus
relaciones de trabajo por las disposiciones de esta Ley y por la Ley
del Trabajo."
Asimismo, el artículo 87 eiusdem prevé: "Los profesionales de la
docencia gozarán de las prestaciones sociales en la misma forma y
condiciones que la Ley del Trabajo establece para los trabajadores, sin
perjuicio de los beneficios acordados por otros medios."
Por otra parte, la Ley de Carrera Administrativa del Estado Lara,
publicada en Gaceta Oficial del Estado Lara Nº 35 de fecha 3 de enero
de 1989, en el ordinal 5º del artículo 6, dispone que: "Quedan
exceptuados de la aplicación de la presente Ley: ...5) El personal en
ejercicio de cargos docentes."
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Personal Docente
Sentencia de SC-TSJ de fecha 12-02-2004
(caso REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA)
“Por lo tanto, el conocimiento de los litigios que versen sobre tal
relación de empleo público entre los docentes y la
Administración Pública corresponde a los órganos
jurisdiccionales con competencia en materia contenciosoadministrativa funcionarial, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en
este sentido, cabe destacar lo dispuesto por la disposición
transitoria primera, según la cual “mientras se dicte la ley que
regule la jurisdicción contencioso-administrativa, son
competentes en primera instancia para conocer de las
controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley, los
jueces o juezas superiores con competencia en lo contenciosoadministrativo en el lugar donde hubieren ocurrido los hechos,
donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde
funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio
lugar a la controversia”.
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Procedimientos (Administrativos) aplicables a
Funcionarios Públicos
–
–
–
Concursos públicos RLCA art 121 y sgtes.
Evaluación de Desempeño: Necesidad de
Metas.(¿solo poder nacional? ¿recurso de
reconsideración del evaluado?
Amonestaciones 83 art, 84 art sancionatorio Se
impone de la falta por el supervisor, se descarga y si
hay merito se sanciona y el afectado puede recurrir,
per saltum jerárquicamente o al contencioso; puede
operar silencio administrativo.
Criterio: ¿si hay remisiones a la LCA y si es a la
LEFP.?
–
Destituciones 89 Art. Disciplinario.
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
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Los funcionarios públicos están sujetos a las siguientes
sanciones disciplinarias (art. 82 LEFP):

Amonestación escrita.

Destitución.

NOTA: Fue eliminada la sanción de amonestación verbal.¿pero
subsiste a nivel estadal y municipal?

LA AMONESTACIÓN ESCRITA

Es una sanción correctiva.

Causales: Art. 83 LEFP.

Procedimiento: Art. 84.

Recursos: Facultativamente, recurso jerárquico (15 días
hábiles). Recurso contencioso funcionarial (3 meses).
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
LA DESTITUCIÓN

Es una sanción depurativa.

Causales: Art. 86 LEFP.

Procedimiento: Art. 89 LEFP. Superior Jerárquico
de la unidad solicita a RRHH abrir proc. , abre
exp., sustancia y determina los cargos, notifica y
5 días hábiles descargo, 5 d.h. de promover y
evacuar pruebas, luego (2 d.h) envía exp. a Cons.
Jca. la cual emite opinión en 10 d.h. y la max.
Aut. del órgano emite decisión en 5 d.h., se
notifica

Recurso: Contencioso funcionarial (3 meses).
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– Remoción y retiro a menos que sea de
carrera.
– Medidas cautelares Administrativas–no son
sanciones- atención con la eliminación art.211
de la Ley de Tierras y las cautelares
autónomas.
– Reestructuración.
– Recursos administrativos, notificación,
agotamiento de la vía Administrativa y el
silencio administrativo.

MEDIDAS CAUTELARES ADMINISTRATIVAS

SUSPENSIÓN DEL CARGO CON GOCE DE SUELDO:
Para realizar una investigación administrativa o judicial
(art. 90 LEFP).

SUSPENSIÓN DEL CARGO SIN GOCE DE SUELDO: Si al
funcionario se le ha dictado medida preventiva de
privación de libertad (art. 91 LEFP).

PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES

Amonestación escrita: 6 meses, a partir del momento en
que el supervisor inmediato tuvo conocimiento del
hecho y no inició el procedimiento correspondiente.

Destitución: 8 meses, a partir del momento en que el
funcionario de mayor jerarquía tuvo conocimiento y no
hubiere solicitado la apertura de la correspondiente
averiguación administrativa
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OTRAS SANCIONES DISCIPLINARIAS DE LOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS EN VIRTUD DE LA PLURIRESPONSABILIDAD :
Art. 79 LEFP: Los funcionarios públicos responderán penal, civil,
administrativa y disciplinariamente.
Responsabilidad penal: Ley contra la Corrupción (GO Ext. No.
5.637 del 7 de abril de 2003). art.38.
Responsabilidad civil: Código Civil.
Responsabilidad personal
Resp. Sin falta
Resp. Con falta
Responsabilidad administrativa: Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (GO No. 37.347 del 17 de diciembre de 2001). art. 105
Responsabilidad disciplinaria: Ley del Estatuto de la Función
Pública.
Responsabilidad política: Constitución de la República y leyes
especiales.
.
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
OTRAS SANCIONES DISCIPLINARIAS DE LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
 Ley Contra la Corrupción, art.38.
 Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal,
art. 105.
 Materias de Competencia
(Art. 93)
 Decidir las controversias que se susciten con motivo
de la aplicación de esta Ley.
 Reclamaciones que formulen los funcionarios
públicos o aspirantes a ingresar en la Administración
Pública, cuando consideren lesionados sus
derechos, por actos o hechos por órgano de la
Administración Pública.
 Solicitudes de declaratorias de Nulidad de las
Cláusulas de Convenios Colectivos.
 Interpretaciones de las cláusulas contractuales
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Procedimiento Judicial aplicable a funcionarios pcos.
Querella (objeto) –
Decidir las controversias que se susciten con motivo
de la aplicación de esta Ley.
Reclamaciones que formulen los funcionarios públicos
o aspirantes a ingresar en la Administración Pública,
cuando consideren lesionados sus derechos, por
actos o hechos por órgano de la Administración
Pública.
Solicitudes de declaratorias de Nulidad de las
Cláusulas de Convenios Colectivos.
Interpretaciones de las cláusulas contractuales
Consecuencias de la Audiencia preliminar / comparación con
el proc laboral ¿ Admisión de hechos?. Inepta acumulación
Sent. Cepolago
Cuestiones previas
Carga de la prueba
2da Inst. CPCA / LOTST
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El único que establece privilegio es el poder nacional a través de ley El
antejuicio Administrativo.
Ámbito Laboral: – 12 LOPT /36 LOPGR
Ámbito Cont- Adtvo:
 Consulta Necesaria (en amparo no hay consulta)
 No costas-Retasa
 Ejecución Privilegiada
 Corrección Monetaria
 Limitación en la potestad cautelar
 Notificación Privilegiada
 No Confesión Ficta
 Probatorios
 Formalidades para las FATP
LOHPN - DCFLOPGR- LODDTLPN Art 33 - LOAP ART 97 – I.A.
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Privilegios
Institutos Autónomos
Sentencia de la SC-TSJ de fecha 06-02-2003
(caso INSTITUTO AUTÓNOMO DE SALUD DEL ESTADO APURE
(INSALUD APURE))
“Esta Sala aclara que, antes de la entrada en vigencia de la nueva
Ley Orgánica de la Administración Pública (Gaceta Oficial n°
37.305 del 17 de octubre de 2001), los Institutos Autónomos no
gozaban per se de los privilegios o prerrogativas procesales de
los cuales goza la República, pues era necesario que la Ley
que los crease les atribuyese, de manera expresa, tales
privilegios; tal situación cambió luego de la entrada en vigencia
de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, por
cuanto la referida ley otorga a los Institutos Autónomos, de
manera expresa, tales privilegios
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Antejuicio: ver láminas siguientes
Notificación: ver láminas siguientes
No confesión ficta ver láminas
siguientes
Carga probatoria
Consulta Art 70 LOPGR: Toda sentencia
definitiva contraria a la pretensión,
excepción o defensa de la República, debe
ser consultada al Tribunal Superior
competente
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Sentencia de SCS-TSJ de fecha 13-06-2000
(caso VICTORIA JOSEFINA ARANGUREN GARCÍA Y MARÍA
DE LOURDES CEDEÑOS Vs (I.M.A.U.))
En el presente caso, según se desprende de los folios 232 al 249 de la
primera pieza del expediente, la apoderada judicial de los demandantes
consignó por ante la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del
Distrito Federal, un escrito contentivo de las reclamaciones laborales de sus
representados, solicitando la citación del representante del ente querellado
a fin de que diera respuesta a sus pedimentos, tal notificación se practicó y
el representante judicial de la parte demandada pidió se le concedieran
treinta días para estudiar la reclamación formulada, al cabo de los cuales,
consignó por ante el referido órgano laboral, un escrito de rechazo de las
pretensiones de los trabajadores.
Todo ello pone de relieve que, efectivamente, se produjo la reclamación por
vía administrativa, previa al presente juicio, a lo cual estaban obligados los
demandantes conforme a la normativa laboral invocada, toda vez que el
procedimiento administrativo previsto en la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, debe cumplirse sólo cuando la
acción recaiga sobre la República misma y, ello no se impone sobre
aquellos órganos distintos a ésta, razón por la cual se desecha esta
denuncia y, así se decide.
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La sentencia SC-TSJ de fecha 27-11-2001 (PDVSA PETROLEO y GAS
S.A )
Observa esta Sala que los terceros coadyuvantes denuncian que PDVSA,
Petróleo y Gas, no tiene derecho a la retasa obligatoria prevista en el
artículo 26 de la Ley de Abogados, ya que “por ser una empresa
constituida de conformidad con la Ley Mercantil no se beneficia de los
privilegios procesales establecidos en las leyes para los entes morales
de carácter público”.
En este sentido establece el artículo 26 de la Ley de Abogados que:
“La retasa es obligatoria para quienes representen en juicio personas
morales de carácter público, derechos o intereses de menores,
entredichos, inhabilitados, no presentes y presuntos o declarados
ausentes.
A falta de solicitud, el Tribunal la ordenará de oficio. Responderán
solidariamente los representantes de las personas antes nombradas
por el pago de los honorarios cuya retasa no hayan solicitado.
Ahora bien, Petróleos de Venezuela es formalmente una compañía creada
bajo la forma de sociedad mercantil, pero sustancialmente es un ente
creado por el Estado Venezolano con base en la ley para la
explotación de la actividad de hidrocarburos, por lo cual goza de las
prerrogativas que el legislador le ha atribuido a los entes morales de
derecho público, entre ellas el derecho a la retasa obligatoria
establecida en el artículo 26 de la Ley de Abogados, y así se decide.
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Notificación-Parte
Artículo 80. Consignado por el Alguacil el acuse
de recibo de la citación en el expediente
respectivo, comienza a transcurrir un lapso
de quince (15) días hábiles, a cuya
terminación se considera consumada la
citación del Procurador o Procuradora
General de la República, iniciándose el lapso
correspondiente para la contestación de la
demanda.
El Procurador o Procuradora General de la
República puede darse por citado, sin que
sea necesario dejar transcurrir el lapso
indicado en este artículo.
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Notificación- Interés
Artículo 93. El Procurador o Procuradora
General de la República puede
intervenir en aquellos juicios en los que,
si bien la República no es parte, son
afectados directa o indirectamente los
derechos,
bienes
e
intereses
patrimoniales de la República.
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Notificación Interés

Artículo 94. Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Procurador
o Procuradora General de la República de la admisión de toda demanda que
obre directa o indirectamente contra los intereses patrimoniales de la República.
Las notificaciones deben ser hechas por oficio y estar acompañadas de copias
certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del
asunto.

El proceso se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos, el cual
comienza a transcurrir a partir de la fecha de la consignación de la notificación,
practicada en el respectivo expediente. Vencido este lapso, el Procurador o
Procuradora se tendrá por notificado. Esta suspensión es aplicable únicamente
a las demandas cuya cuantía es superior a Mil Unidades Tributarias (1000 U.T).

El Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su
nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando
la ratificación de la suspensión, o su renuncia a lo que quede del referido lapso,
en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado.
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Notificación- Interés
Artículo 95. Los funcionarios judiciales están igualmente obligados a
notificar al Procurador o Procuradora General de la República de toda
oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier
naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses
patrimoniales de la República. Estas notificaciones deben ser hechas
por oficio y estar acompañados de copias certificadas de todo lo que
sea conducente para formar criterio acerca del asunto.
En tales casos, el proceso se suspenderá por un lapso de treinta (30) días
continuos, contados a partir de la fecha de la consignación de la
notificación practicada en el respectivo expediente. El Procurador o
Procuradora General de la República, o quien actúe en su nombre,
debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando
la ratificación de la suspensión o su renuncia a lo que quede del lapso,
en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado.
La función pública estadal
Notificación-Interés

Sentencia de SCS-TSJ del 26-07-2001 (caso JOSÉ ANTONIO
CARRASCO VS C.V.G. CARBONES DEL ORINOCO, C.A.
(C.V.G. CARBONORCA))

Sentencia de SCS-TSJ del 17-12-2001 (caso LEXI
MARGARITA PARRA DE FERNÁNDEZ, LEXI MARGARITA
PARRA DE FERNÁNDEZ, Vs PETROQUÍMICA DE
VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN), Vs PETROQUÍMICA DE
VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN),)

Sentencia de SC-TSJ del 24-10-2000 SC-TSJ (caso Fundación
Fondo de Fortalecimiento Social)

Sentencia de SCS-TSJ del 05-02-2002 (caso JULIO CÉSAR
ROJAS Vs C.A. ELECTRICIDAD DE ORIENTE
(ELEORIENTE)
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No Confesión Ficta
Artículo 66. Cuando el Procurador o
Procuradora General de la República, o los
abogados que ejerzan la representación de la
República, no asistan a los actos de
contestación de demandas intentadas contra
ésta, o de las cuestiones previas que les
hayan sido opuestas, las mismas se tienen
como contradichas en todas sus partes, sin
perjuicio de la responsabilidad personal del
funcionario por los daños causados a los
derechos, bienes e intereses patrimoniales
de la República.
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No Confesión Ficta
Sentencia de SCS-TSJ de fecha 25-032004(caso SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES CABALLERICEROS,
-PRENDICES, CAPATACES,
SERENOS DE CUADRA, SIMILARES
Y CONEXOS DE VENEZUELA, Vs el
INSTITUTO NACIONAL DE
HIPÓDROMOS (I.N.H.)
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No Confesión Ficta
En ese orden de ideas, el artículo precedente conmina a los
funcionarios judiciales (extensible a los Jueces) en acatar sin
restricción alguna, a menos que esté tutelada legalmente, los
privilegios y prerrogativas de la República siempre que ésta tenga
algún interés patrimonial discutido en juicio que pudiera resultar
afectado.
De tal forma que, en el caso en análisis, pese a la incomparecencia de
la parte demandada, el Juzgador de la recurrida ha debido observar los
privilegios o prerrogativas de la República y no aplicar mecánicamente
el efecto jurídico propio de la no asistencia del demandado a la
audiencia preliminar, como lo es la presunción de admisión de los
hechos.
En el presente asunto, una vez operada la incomparecencia del
demandado, el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución
competente debió remitir el expediente al Tribual de Juicio respectivo,
previo transcurso de los cinco (5) días hábiles a que se contrae el
artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los fines de que
el Juez de Juicio que correspondiera, proveyera lo que considerare
pertinente.
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No Costas
Retasa – Descentralizado ver lámina
siguiente
Ejecución Sent, ver laminas siguientes
Abuso privilegio
Sentencia de SC-TSJ de fecha 03-10-2002
(Caso Alcaldía del Municipio Iribarren)
Sentencia de SC-TSJ de fecha 11-07-2003
(caso INSALUD).
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Retasa-Empresa Públicas
La sentencia SC-TSJ de fecha 27-11-2001 (caso PDVSA PETROLEO Y GAS S.A
Observa esta Sala que los terceros coadyuvantes denuncian que PDVSA, Petróleo y Gas, no
tiene derecho a la retasa obligatoria prevista en el artículo 26 de la Ley de Abogados, ya
que “por ser una empresa constituida de conformidad con la Ley Mercantil no se beneficia
de los privilegios procesales establecidos en las leyes para los entes morales de carácter
público”.
En este sentido establece el artículo 26 de la Ley de Abogados que:
“La retasa es obligatoria para quienes representen en juicio personas morales de carácter
público, derechos o intereses de menores, entredichos, inhabilitados, no presentes y
presuntos o declarados ausentes.
A falta de solicitud, el Tribunal la ordenará de oficio. Responderán solidariamente los
representantes de las personas antes nombradas por el pago de los honorarios cuya retasa
no hayan solicitado.
Ahora bien, Petróleos de Venezuela es formalmente una compañía creada bajo la forma de
sociedad mercantil, pero sustancialmente es un ente creado por el Estado Venezolano con
base en la ley para la explotación de la actividad de hidrocarburos, por lo cual goza de las
prerrogativas que el legislador le ha atribuido a los entes morales de derecho público, entre
ellas el derecho a la retasa obligatoria establecida en el artículo 26 de la Ley de Abogados,
y así se decide.
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Ejecución de Sentencia

Artículo 85. Cuando la República sea condenada en
juicio, el Tribunal encargado de ejecutar la sentencia
notificará al Procurador o Procuradora General de la
República quien, dentro del lapso de sesenta (60)
días siguientes, debe informarle sobre su forma y
oportunidad de ejecución.

Dentro de los diez (10) días siguientes de su
notificación, la Procuraduría General de la República
participará al órgano respectivo de lo ordenado en la
sentencia. Este último deberá informar a la
Procuraduría General de la República sobre la forma
y oportunidad de ejecución de lo ordenado en la
sentencia, dentro de los treinta (30) días siguientes
de recibido el oficio respectivo.
La función pública estadal
Ejecución de Sentencia

Artículo 86. La parte interesada, previa notificación, puede aprobar o rechazar la
proposición del organismo público que corresponda y, en el último caso, el
Tribunal debe fijar otro plazo para presentar nueva propuesta; si la misma no es
aprobada por la parte interesada, o si el organismo respectivo no hubiere
presentado alguna, el Tribunal debe determinar la forma y oportunidad de dar
cumplimiento a lo ordenado por la sentencia, según los procedimientos
siguientes:

1. Si se trata de cantidades de dinero, el Tribunal, a petición de la parte
interesada, debe ordenar que se incluya el monto a pagar en la partida
respectiva de los próximos dos ejercicios presupuestarios, a cuyo efecto debe
enviar al Procurador o Procuradora General de la República copia certificada de
la decisión, la cual debe ser remitida al organismo correspondiente. El monto
que se ordene pagar debe ser cargado a una partida presupuestaria no
imputable a programas.

2. Si se trata de entrega de bienes, el Tribunal debe poner en posesión de los
mismos a quien corresponda. Si tales bienes estuvieren afectados al uso
público, a actividades de utilidad pública o a un servicio público prestado en
forma directa por la República, el Tribunal debe acordar la fijación del precio
mediante avalúo realizado por tres peritos, nombrados uno por cada parte y el
tercero de común acuerdo. En caso de desacuerdo, el tercer perito es
nombrado por el Tribunal.
La función pública estadal
Sentencia de SC-TSJ de fecha 22-07-2003 (caso
Estado Apure)
“De la norma anteriormente transcrita se colige
que, una vez condenado el ente público
sujeto a esta Ley mediante una decisión
judicial, ésta no puede ser ejecutada
inmediatamente por el administrador de
justicia, sino que se debe atender a la
prerrogativa presupuestaria de que goza y,
en caso de ordenarse un pago, debe
esperarse a que sea incluido dentro de una
partida del presupuesto de gastos que
corresponda realizar.”
La función pública estadal

Convenciones Colectivas Aspectos que no
pueden regular y control por el Juez
Contencioso :
– Nulidad
– Interpretación de la convención colectiva
Seguridad Social de los funcionarios Pcos.:
–
–
–
–
Ley para funcionarios pcos.
Ley para empleados y obreros
Cotizaciones / edad / servicio.
Reenciones y destino de ellas
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Curso sobre el Estatuto del Funcionario público