El desplazado, según la Ley 387 de 1997 (artículo 1°), es “toda persona
que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente
amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:
Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia
generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan
alterar o alteren drásticamente el orden público”.
El Estado tiene la obligación de proporcionar a la víctima esos recursos
eficaces e investigar las violaciones de forma rápida, completa e
imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos
responsables de conformidad con el derecho interno e internacional.
Ver SENTENCIA T-085 DE 2009
No puede la entidad accionada negar a las víctimas del conflicto
armado interno la asistencia que demandan, fundada en las
circunstancias en que se produjo la vulneración, porque, cualquiera
fuere la modalidad utilizada por los actores, el derecho internacional
humanitario proscribe e impone la restitución de todo acto de violencia
contra la vida y la persona, contra la dignidad personal, la toma de
rehenes y las ejecuciones sin sentencia previa, pronunciada por
tribunal competente y con sujeción a las garantías constitucionales. Se
observa que, para efecto de aplicar las normas del derecho
internacional humanitario, no interesa que la vulneración se haya
producido o no en combate, ataque, acto terrorista o masacre.
Es así que las consideraciones de la corte no procede el hecho como
conflicto armado interno por no poseer elementos de juicio para
esclarecer este hecho. Por eso se niega el hecho de el homicidio por
conflicto interno, pero concede a la victima la protección de su derecho
constitucional fundamental a la reparación de los daños causados a
causa del homicidio de su compañero y padre.
Ver SENTENCIA T – 188 DE 2007
El accionante considera vulnerados sus derechos a la salud, integridad
física, seguridad social y trabajo, porque el hospital en donde le
amputaron su brazo izquierdo como consecuencia de las lesiones
padecidas en un accidente de tránsito, se niega a autorizar el implante
de una prótesis.
Los jueces de instancia negaron el amparo de los derechos
fundamentales del accionante porque no acreditó que el procedimiento
que solicita hubiere sido ordenado por un médico adscrito al hospital
demandado o por su médico tratante y, de acuerdo con lo definido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, ésta es una condición
indispensable para proteger el derecho a la salud.
Pero la corte constitucional revocó esta decisión para conceder la tutela
de los derechos fundamentales a la salud, integridad física, una vida
digna y al trabajo.
Ver SENTENCIA T - 348 DE 2008
Protección de los derechos a la salud en conexidad con la vida y la
integridad física. El artículo 86 constitucional regula la acción de tutela,
como procedimiento breve y sumario para que todas las personas
puedan reclamar ante los jueces sobre el restablecimiento de los
derechos fundamentales, salvo la existencia de otro medio judicial de
comprobada eficacia para hacer cesar la perturbación o la amenaza.
La acción de tutela “procede contra particulares encargados de la
prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y
directamente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se
halle en estado de subordinación o indefensión”.
Ver SENTENCIA T – 351 DE 2007
Los derechos de las victimas comprenden, el derecho a la verdad, la
justicia y la reparación.
La Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que el
defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial,
opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción
que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto bien sea, por ejempl,
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad,
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o porque,
a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente
señalados por el legislador.
Ver SENTENCIA T – 453 DE 2005
En el presente caso, no se aprecia por parte de esta Corporación, ni se
alega por las interesadas, una situación particular que les haya impedido
elevar la solicitud de ayuda humanitaria dentro de un término prudencial,
desde la vigencia de la Ley 418 hasta la fecha de interposición de la
tutela. Como se observa en el expediente, han transcurrido más de 20
años desde la muerte del compañero y padre de las accionantes y sólo
hasta ahora acuden a este mecanismo judicial para reclamar la ayuda
humanitaria sin que dicha tardanza encuentre justificación. Resalta la
entidad accionada que las demandantes nunca han acudido a la entidad
para solicitar la atención reclamada, obviando los procedimientos
establecidos legalmente para obtenerla. En ese sentido, y ante el
desconocimiento no atribuible a Acción Social de la situación de las
accionantes, no puede endilgarse vulneración alguna de derechos a esta
entidad, ya que la misma no ha tenido oportunidad de estudiar y calificar
la situación de las tutelantes. En suma, pese a que la ley y la
jurisprudencia han abierto los espacios de reclamación para las víctimas
de la violencia, es evidente que en el caso concreto las demandantes no
aportaron los mínimos elementos de juicio que hicieran ver que se
encuentran legitimadas para recibirla.
Ver SENTENCIA T – 922A DE 2008
Cuando una persona solicita ayuda humanitaria a Acción Social, como
derechohabiente de quien falleció por la violenta acción de grupos organizados
armados al margen de la ley, o a raíz de una masacre selectiva, o por
desaparición forzada, está constitucionalmente fuera de lugar la exigencia de
requisitos como que el hecho se hubiere perpetrado “la reclamación se debe
hacer dentro del año siguiente a la ocurrencia de los hechos” o “por motivos
ideológicos y políticos” (art. 16 y 49 L. 428 de 1997), cuando usualmente tales
crímenes emanan del brutal abuso por parte de quienes poseen las armas e
imponen, por ende, la ley del más fuerte. Esa exigencia de razones resulta, de
tal manera, alejada de la realidad, elusiva e indemostrable entre la gran masa
de personas escépticas, que sólo aspiran a que las dejen trabajar y subsistir en
su terruño, ambicionado por los envilecidos depredadores de bienes jurídicos
ajenos. De todo lo anterior deviene injustificado que Acción Social se oponga a
inscribir o realizar el trámite pertinente a favor de la demandante, sin tener en
cuenta que su real condición de víctima, por el asesinato de su hijo, es el factor
que debe motivar su inclusión en el Programa de Reparación Individual por vía
administrativa para las víctimas de grupos armados al margen de la ley, y no el
“error” en el envío por parte de la Defensoría del Pueblo o la “negligencia” de
Adpostal en la entrega de la correspondencia, trasladándole la responsabilidad
a la parte más afectada y negándole arbitrariamente su derecho.
Ver SENTENCIA T – 1020 DE 2008
La víctima tiene un ámbito de protección verdaderamente amplio,
ligado estrechamente a los deberes constitucionales de la Fiscalía
General de la Nación y al derecho de acceder a la administración de
justicia. De acuerdo a tales postulados la víctima y en general los
perjudicados por un hecho delictual, tienen la máxima opción de
“restablecer su derecho”, mediante el otorgamiento de una protección
plena e integral de sus derechos, a partir de su expectativa de “saber la
verdad de lo ocurrido” para que se haga justicia; igualmente tienen
derecho a procedimientos idóneos y efectivos para la determinación
legal de los derechos y obligaciones, la definición de la controversia
planteada dentro de un término prudencial y la adopción de las
decisiones con respecto al debido proceso, entre otros. Si bien la
indemnización de daños es sólo uno de los elementos de la reparación
a la víctima y que el restablecimiento de sus derechos supone más que
la mera indemnización, en todo caso la Carta protege especialmente el
derecho de las víctimas a la reparación de los daños ocasionados por
la conducta punible.
Ver SENTENCIA T – 1057 DE 2007
Los antecedentes de amenaza contra la vida e integridad tanto de la
accionante como de su familia obligan a que, por obvias razones de
cautela, se asegure que haya continuidad en la protección que le
incumbe al Estado dispensarle y que se minimicen los riesgos
potenciales que pudiese traer consigo la variación del tipo de medida de
seguridad, de manera que por falta de coordinación entre las
autoridades el cambio de modalidad no quede al descubierto algún
flanco desprotegido y ello permita que el riesgo pueda actualizarse. De
ahí que esta Sala considere que el Ministerio de Relaciones Exteriores
no puede disponer el regreso al país de la accionante, mediante la
declaración tácita de insubsistencia de su nombramiento, sin que
previamente haya coordinado con los Organismos de Seguridad del
Estado, la asunción por estos de la responsabilidad de velar por la
seguridad e integridad de la accionante y de su núcleo familiar, de modo
que no sólo no haya solución de continuidad sino, además, que queden
claramente definidas las responsabilidades, así como las medidas de
protección y que se dé a conocer a la accionante en forma unívoca y
previa, las medidas que se adopten, así como la identidad de los
servidores y del organismo responsable de velar por su seguridad.
Ver SENTENCIA T – 1619 DE 2000
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