• El contrato es el acuerdo de dos o más partes
para crear, regular, modificar o extinguir una
relación jurídica patrimonial.
• La regla general es que los contratos se
perfeccionan por el consentimiento de las
partes. Para que haya consentimineto valido
es necesario capacidad de las partes. Al
respecto se reconoce a la persona desde su
nacimiento, el derecho de goce o capacidad
jurídica, en cambio la capacidad de ejercicio,
sólo es ejercida cuando la persona tiene
aptitud para celebrar un contrato. Por ejemplo
la capacidad de ejercicio se adquiere en las
personas naturales a los 18 años de edad, y en
las personas jurídicas, cuando éstas han
cumplido con constituirse y registrarse con
arreglo a ley.
• la capacidad de las partes. Al respecto se
reconoce a la persona desde su nacimiento, el
derecho de goce o capacidad jurídica, en
cambio la capacidad de ejercicio, sólo es
ejercida cuando la persona tiene aptitud para
celebrar un contrato. Por ejemplo la capacidad
de ejercicio se adquiere en las personas
naturales a los 18 años de edad, y en las
personas jurídicas, cuando éstas han cumplido
con constituirse y registrarse con arreglo a ley.
• La ley señala que los mayores de 18 años de
edad, puedan contratar por sí mismos,
mientras que los menores y los incapaces
deberán hacerlo a través de sus
representantes legales. En el primer caso
serán los padres o tutores del menor, y en el
segundo caso deberá intervenir en su
representación un curador.
El Art. 43 del C.C. establece que son incapaces
absolutos:
• Los menores de 16 años de edad.
• Los que se encuentran privados del
discernimiento.
• Los sordomudos, ciegosordos y los
ciegomudos, que no puedan expresar su
voluntad de manera indubitable.
Por otro lado el Art. 44, establece que son
relativamente incapaces:
• Los menores de 18 pero mayores de 16 años.
• Los retardados mentales.
Los que adolecen de deterioro mental.
• Los pródigos.
• Los ebrios habituales.
• Los que incurren en mala gestión.
• Los toxicómanos.
• Los que sufren pena que lleva anexa la
interdicción civil.
• Los incapaces relativos no privados de
discernimiento pueden celebrar válidamente,
contratos relacionados con las necesidades
ordinarias de su vida cotidiana (Art. 1358).
• Los representantes legales requieren
autorización expresa del representado para
disponer de los bienes o gravarlos, celebrar
transacciones, compromisos arbitrales, entre
otros actos.
Elementos de la Voluntad que hacen a la Validez
del Consentimiento.
• Para que el consentimiento se entienda válido,
debe ser prestado con discernimiento,
(conocimientro)intención (voluntad) y libertad.
• El discernimiento constituye el elemento
intelectual del consentimiento. Consiste en la
aptitud de apreciar juzgar nuestras acciones. Es
“saber lo que se quiere”. Guarda relación con los
momentos interiores de concepción y realización
del acto. Se desarrolla a través de pasos
sucesivos: concepción del acto como posible,
apreciación de motivos, deliberación, decisión.
• La intención es el querer humano; “querer lo
que se sabe”. Jurídicamente debe entenderse
que una declaración es intencional o bien un
acto, cuando el agente los ha querido o
formulado con exacta conciencia de su sentido
y cabal previsión de sus consecuencias.
• La libertad, tercer elemento requerido para
que el querer sea considerado auténtico por el
ordenamiento jurídico, es algo negativo,
consiste en la falta de presión externa. Son las
hipótesis de la violencia, en sus formas de
fuerza o intimidación o del estado de
necesidad.
Los vicios del consentimiento o de la voluntad
contractual.
• Más correcto que hablar de “vicios del
consentimiento” es aludir a los vicios de la
voluntad contractual. Por su naturaleza subjetiva,
estos vicios no pueden actuar sino sobre
voluntades singulares; además, solo le esta
permitido defenderse contra ese vicio al
contratante que lo ha sufrido y no a la otra parte.
• Los vicios de la voluntad vulneran algunos de los
elementos indispensables para que ésta sea sana,
jurídicamente relevante: discernimiento,
intención y libertad
Ignorancia y error.
• La ignorancia y el error expresan dos estados
intelectuales diferentes; la ignorancia significa la
ausencia completa de nociones sobre un punto
cualquiera; el error supone falsas nociones sobre
él. La doctrina moderna prescinde del estudio de
la ignorancia y se limita a considerar el error.
• El error jurídico comporta una falla de
conocimiento, una discordancia entre un dato
determinado de la realidad y la representación
mental que de ese dato tenia el sujeto al realizar
un acto que el derecho valora. Según su
intensidad el error puede suprimir totalmente la
voluntad o puede viciarla sin suprimirla; el código
ha asimilado ambos supuestos.
• El error descripto es el error vicio o error motivo, que
se distingue del error obstativo, aunque esté asimilado
en su relevancia y consecuencias, cuya característica
finca en la manifestación de una intención diferente de
la efectiva o real. Una desarmonía objetiva entre la
declaración de la voluntad y la voluntad misma.
• El error vicio puede ser de hecho o de derecho. Es de
hecho cuando el falso conocimiento recae sobre un
dato fáctico o de hecho, contenido o presupuesto del
negocio. Es de derecho cuando se refiere “al derecho
aplicable a un caso dado”, a la disciplina jurídica del
negocio, a la ley.
• el error de derecho no excusa. En ningún caso
impedirá, dice, “los efectos legales de los actos lícitos,
ni excusara la responsabilidad por los actos ilícitos”.
• Pero además de ser esencial el error requiere,
para ser relevante, es decir para actuar como
causa de anulabilidad del contrato,ser
reconocible, por la otra parte contratante,
cuanto atendidos el contenido o las
circunstancias del negocio o la calidad de las
partes, una persona de normal diligencia lo
hubiese podido advertir, aunque de hecho no
lo haya advertido.
Dolo.
• El dolo como vicio para “... conseguir la ejecución
de un acto, es toda aserción de lo que es falso o
disimulación de lo verdadero, cualquier artificio,
astucia o maquinación que se emplee con ese
fin” Cabe tener presente que cuando hay dolo
siempre hay ilicitud; el engaño es, en todos los
casos, contrario a la ley. Las falsedades leves, no
son dolo.
• El dolo vicia la voluntad negocial actuando sobre
la inteligencia mediante el engaño y, por lo tanto,
induciendo a error al autor del negocio, es decir,
que cuando el error es producto de un engaño se
habla de dolo.
• La reticencia dolosa a diferencia de la acción
dolosa, es un dolo por omisión; se configura
cuando el contratante no desengaña a la parte
contraria sobre un error reconocible en que
incurre, o no le suministra aclaraciones que un
deber de buena fe imponía. “La ley tutela la
buena fe pero no la credulidad”.
• Tanto la acción como la omisión dolosa violan
la buena fe con que deben celebrarse los
• El dolo, para actuar como vicio de la voluntad
y conducir a la anulabilidad del negocio
jurídico, debe ser determinante del querer,
también denominado esencial o principal Si el
contrato hubiese sido igualmente concluido
en las mismas u otras condiciones, nos
encontramos frente a un dolo incidental, que
no quita validez al acto pero obliga a reparar
los daños y perjuicios causados
Violencia.
• la violencia como vicio de la voluntad, comprensiva de
la violencia material o física (vis absoluta) y de la
violencia mental, moral o psíquica (vis compulsiva). En
esta última la violencia actúa sobre la determinación
psicológica.
• Habrá violencia moral o intimidación “... cuando se
inspire a uno de los agentes por injustas amenazas, un
temor fundado en sufrir un mal inminente y grave en
su persona, libertad, honra o bienes, o de su cónyuge,
descendientes o ascendientes, legítimos o ilegítimos
“la intimidación no afectara la validez de los actos, sino
cuando por la condición de la persona, su carácter,
habitudes o sexo, pueda juzgarse que ha debido
racionalmente hacerle una fuerte impresión”.
• Interesa, en consecuencia, comprobar la
idoneidad de la amenaza para producir una
fuerte impresión en una persona sensata sin
dejar de tener en cuenta las condiciones de la
víctima. La violencia debe ser determinante
del acto. La intimidación tiene que ser anterior
o concomitante con el acto. La amenaza es
notable si el temor es de tal naturaleza que
impresione a una persona normal, es decir,
que no se trate de un héroe ni de un
pusilánime.
• La amenaza del ejercicio de un derecho no es, en
principio, injusta y de allí que no configure
intimidación sin embargo puede constituir
violencia moral cuando se amenace con el
ejercicio anormal o irregular de un derecho
propio, o con el objeto de obtener beneficios
ilícitos.
• La fuerza o intimidación pueden provenir de una
parte o de un tercero No es indiferente que la
parte beneficiada conozca o no la actitud del
tercero agresor. El conocimiento coloca a ambos
(tercero y parte) en calidad de deudores
solidarios de los daños y perjuicios; la ignorancia
del beneficiado hace al tercero único
responsable. En ambos casos el negocio es
anulable.
Estado de necesidad.
• Debemos limitar el análisis del tema al campo del
derecho civil y, en particular, considerar el estado
de necesidad como vicio de la voluntad
contractual.
• El estado de necesidad coloca a la víctima en la
disyuntiva entre dos males graves e inminentes.
En materia contractual podemos ejemplificar con
la penuria extrema que lleva a contratar en
condiciones inicuas o a no lograr satisfacer una
necesidad pungente.
• Para que esas presiones exteriores impersonales
conduzcan a la anulabilidad del acto jurídico es
menester que esas circunstancias exteriores sean
tan duras y apremiantes que importen la
privación de la libertad del agente.
CONDICIONES QUE NO CORRESPONDEN SER INCLUIDAS EN CLÁUSULAS
GENERALES DE CONTRATACIÓN QUE REGULEN OPERACIONES Y SERVICIOS
CON USUARIOS FINANCIEROS
• Ejemplo de cláusula general de contratación NO
aprobada administrativamente:
• EL CLIENTE se obliga a cancelar el importe de LAS
OPERACIONES, efectuadas por él o el (los) usuario(s) de
las tarjetas adicionales, más los intereses, comisiones,
gastos, seguros y rubros aplicables señalados en el
tarifario, así como en la página web de EL BANCO, con
cargo en la cuenta de cargo que EL CLIENTE mantiene
en EL BANCO (en adelante, “Cuenta de Cargo”) o de
manera directa mediante pago en ventanillas de EL
BANCO.
•
A.- LAS NORMAS DE TRATAMIENTO
B.- Las normas de protección y las garantías
contra riesgos "no comerciales“
A. LAS NORMAS DE TRATAMIENTO
• El concepto de norma de tratamiento se
refiere al régimen legal aplicable al inversor
extranjero en el Estado receptor, es decir,
aquel tratamiento que el Estado nacional se
obligó a conceder al inversor extranjero, a fin
de asegurar el goce y disfrute de los beneficios
concedidos a los inversores nacionales o a los
de un tercer Estado. Entendemos que son una
suerte de "patrones de conducta" -en sentido
objetivo- que el Estado se ha obligado a
adoptar.
1) TRATAMIENTO JUSTO Y EQUITATIVO
2) EL TRATO NO DISCRIMINATORIO
la obligación de no perjudicar con medidas
injustificadas o discriminatorias la gestión,
mantenimiento, uso, goce o liquidación en su
territorio de las inversiones de inversores de la
otra Parte contratante.
• En este contexto, para que un acto sea
discriminatorio deben darse, a dos circunstancias:
a) la medida debe redundar en un daño actual
para el inversor;
b) y el acto debe haber sido realizado con la
intención de dañar al inversor: por lo que será
discriminatoria toda medida dirigida contra un
inversor extranjero o un grupo de ellos, en razón
de su nacionalidad provocándole un perjuicio a
sus intereses
3) PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PLENAS
• Es un principio por el cual se amplían las
obligaciones que los Estados parte han asumido,
obligándose a ejercer 'la debida diligencia para la
protección de la inversión extranjera'4
El deber del Estado receptor de proteger la
propiedad extranjera aclarando que, tal
obligación "no incluye la prohibición al Estado de
nacionalizar o expropiar, sino una razonable
protección a los extranjeros y su propiedad,
basada en la debida diligencia".
4) LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS
FAVORECIDA
• Esta cláusula es un compromiso que se asume
frente a los restantes Estados de tratar a las
inversiones del otro Estado con un trato no
menos favorable que el que se otorga en
situaciones similares a inversiones de
nacionales de terceros países
• La mayor parte de los tratados bilaterales
incorporan estas cláusulas con el objeto que
sus inversores reciban el tratamiento
favorable que los países receptores de capital
otorgan a los nacionales y sociedades de otros
Estados. Esta cláusula otorga derecho a que se
le apliquen las mismas condiciones acordadas
con un tercer Estado antes o después de que
el tratado bilateral suyo entre en vigencia
5)EL TRATO NACIONAL
• Este principio (conocido como "national
treatment") exige que a los efectos del tratado los
extranjeros sean objeto de igual trato que los
nacionales
Incorporado en la mayor parte de los acuerdos
multilaterales y bilaterales, la aplicación práctica
de esta norma importa evitar la discriminación
existente en diversas normas locales, como
pueden ser aquellas relacionadas con la
propiedad de ciertos bienes o la contratación
administrativa.
Este estándar de tratamiento no está ideado
únicamente para otorgar estricta igualdad de
trato con los inversores nacionales o los
extranjeros; sino para asegurar un tratamiento
privilegiado para los inversores del país de origen
que suscribió el acuerdo bilateral, pues, tanto en
la formulación de la cláusula de Nación más
favorecida como en la de trato nacional se habla
de un tratamiento "no menos favorable" que el
otorgado a los inversores nacionales o
extranjeros de un tercer Estado contratante
6)LA DENOMINADA "UMBRELLA CLAUSE“
• La mayor parte de los tratados en cuestión
contiene este tipo de cláusulas, "destinadas a
proteger que el tratamiento más favorable
que pudiera haberse estipulado en otros
acuerdos internacionales u obligaciones entre
las partes en su legislación doméstica no sea
dejada sin efecto por las previsiones de los
tratados. Determina, en consecuencia, que el
respeto de tales acuerdos sea considerado
una obligación bajo el tratado y su violación
acarree responsabilidad"
B. Las normas de protección y las garantías contra
riesgos "no comerciales“
Reglas de protección que resguardan al inversor
extranjero de los denominados "riesgos
políticos" o "no comerciales"; es decir, aquellos
que son ajenos a los términos comerciales
normales de la operación económica.
Entre los riesgos más importantes se encuentran
las restricciones a las transferencias, las
expropiaciones o nacionalizaciones y los daños
ocasionados por guerra o eventos similares. Nos
situamos así ante la posibilidad de que el Estado
interfiera en los derechos o en la propiedad
extranjera.
Las nacionalizaciones o expropiaciones
constituyen un riesgo no comercial. En efecto,
la potestad expropiatoria del Estado se erige
como un principio reconocido por el Derecho
Internacional contemporáneo, que deriva a su
vez del principio de la soberanía permanente
del Estado sobre sus recursos naturales,
proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
La mayor parte de los tratados contemplan
compensaciones específicas para los
supuestos de expropiación y nacionalización,
así como previsiones puntuales garantizando
compensaciones por pérdidas relacionadas
con conflictos armados o desórdenes internos
La compensación ha sido una de las cuestiones que
mayores controversias ha suscitado en la medida en
que numerosos países en desarrollo receptores de
capital, han argumentado que se trata de una materia
propia de la competencia local y que debe ser
determinada por la legislación y tribunales locales,
cuestión no compartida por los países exportadores de
capital.
En la práctica, la mayor parte de los tratados prevén un
pago rápido. Si bien se ha interpretado que ello no
importa en todos los casos el pago inmediato, algunos
tratados han previsto expresamente la fecha o
momento de compensación.
1) LA "STABILIZATION CLAUSE“
• En virtud del principio que establece que las
normas de alcance general carecen de
estabilidad, y de las consecuencias que la
modificación de la legislación por una normativa
menos favorable al inversor extranjero podría
producir, surgen estas cláusulas de
"estabilización" con el objetivo de garantizar que,
en el supuesto que la normativa sea modificada,
se siga aplicando a las inversiones anteriores a la
modificación, la legislación vigente al tiempo de
la suscripción de los tratados.
Lo que se busca con este cláusula es establecer el
compromiso del Estado contratante de no
aplicarle a la inversión, una nueva legislación que
se dicte más adelante y que la afecte de manera
desfavorable. Busca que el ordenamiento jurídico
que rija el contrato, sea siempre el vigente al
momento de suscribir el contrato, de hacer la
inversión, dando una mayor seguridad al inversor
extranjero.
Esta cláusula contenida en un acuerdo bilateral
de inversión es originariamente una obligación
internacional para los Estados suscribientes
directamente aplicable a la inversión,
eliminando cualquier duda acerca de su
validez y legal prevalencia sobre las
prerrogativas estatales, generando su
violación responsabilidad internacional del
Estado receptor.
2) REGLAS EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE
DIVISAS
• En la medida en que numerosos países en
desarrollo cuentan con normas y políticas que
restringen o regulan la transferencia de divisas
del exterior., los tratados bilaterales de
inversión prevén en general, por un lado, que
los inversores cuenten con la posibilidad de
transferir libremente y sin restricciones todos
los pagos relacionados con sus inversiones,
incluida la ganancia del capital invertido y el
producido de la liquidación total o parcial de
la inversión.
La libre repatriación del capital invertido y
demás sumas relacionadas con la inversión
constituye sin duda uno de los elementos
claves en un régimen de protección de los
inversores extranjeros y es aquí donde radica
gran parte de la importancia que tiene para el
inversor esta protección.
3) ELIMINACIÓN DE "DOBLE IMPOSICIÓN"
• Cuando un residente de un Estado obtenga rentas
o posea un capital / patrimonio que, de acuerdo a
lo establecido en los convenios, puedan ser
gravados en el otro Estado, el primero eximirá de
impuesto a dicha renta o patrimonio. No
obstante puede, a efectos de calcular el monto de
impuesto a la renta excedente o del patrimonio
de ese residente, aplicar la tasa del impuesto que
hubiera debido pagarse como si dicha renta o
patrimonio no hubieran estado exentos.
• EXEQUATUR.- ES el proceso judicíal por el que
se reconoce y se da fuerza ejecutiva a una
sentencia extranjera. Este proceso, que en el
Perú es no contencioso, no revisa el fondo de
dicha sentencia, tiene por objeto investirla de
los mismos efectos que cualquier sentencia
nacional; es decir, el de cosa juzgada y,
dependiendo del tipo de sentencia, el
ejecutivo, constitutivo o registral.
PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD
• A falta de tratado sobre reconocimiento y
ejecución de sentencia se ha de tener en cuenta
el régimen supletorio de la reciprocidad.
• Ello significa que se tendría que observar el
principio de Derecho Internacional Público
adaptado al Derecho Internacional Privado, de
reciprocidad o actitud que un Estado adopta por
propia voluntad a falta de norma expresa -en este
caso un tratado- en respuesta simétrica o similar
a la ya adoptada por otro Estado. De manera que
las sentencias extranjeras tendrán en el Perú la
misma fuerza que en el Estado de origen
respectivo se otorga a la sentencias peruanas.
Esta reciprocidad no requiere ser probada por
quien solicita el exequátur, por cuanto se
presume la reciprocidad "respecto a la fuerza
que se da en el extranjero a las sentencias o
laudos pronunciados en el Perú", solo quien la
niegue deberá probar su aseveración, Cabe
señalar que el régimen de reciprocidad
establecido en el Perú conlleva a que
adicionalmente se cumplan los requisitos
previstos por el artículo 2104 del Código Civil.
• Si la sentencia procede de un país en el que
no se da cumplimiento a los fallos de los
tribunales peruanos, no tiene fuerza alguna
en la República.
• REQUISITOS DEL
RECONOCIMIENTOARTICULO 2104.-Para
que las sentencias extranjeras sean
reconocidas en la República, se requiere,
además de lo previsto en los artículos 2102 y
2103:
1.- Que no resuelvan sobre asuntos de
competencia peruanaexclusiva.
2.- Que el tribunal extranjero haya sido
competente para conocer el asunto, de
acuerdo a sus normas de Derecho
Internacional Privado ya los principios
generales de competencia procesal
internacional.
3.- Que se haya citado al demandado conforme
a la ley dellugar del proceso; que se le haya
concedido plazo razonable para comparecer;
y que se le hayan otorgado garantías
procesales para defenderse.
4.- Que la sentencia tenga autoridad de cosa
juzgada en el concepto de las leyes del lugar
del proceso.
5.- Que no exista en el Perú juicio pendiente
entre las mismas partes y sobre el mismo
objeto, iniciado con anterioridad a la
interposición de la demanda que originó la
sentencia.
6.- Que no sea incompatible con otra sentencia
que reúna los requisitos de reconocimiento y
ejecución exigidos en este título y que haya
sido dictada anteriormente
7.- Que no sea contraria al orden público ni a
las buenas costumbres.
8.- Que se pruebe la reciprocidad.
“Reconocimiento y ejecución” de los
laudos CIADI
• Los laudos del ciadi eluden la utilización de
exequátur para solicitar el cumplimiento en el
extranjero de estos fallos. La razón, más allá de
las clarísimas normas que contiene la Convención
de Washington de 1965, al hecho que los laudos
dictados por los tribunales arbitrales CIADI no son
laudos extranjeros, sino laudos nacionales. En
este sentido, habida consideración la ratificación
de nuestro país al citado texto internacional –el
cual crea orgánicamente un Centro de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)-, no
cabe sino sostener que dicho organismo pasa a
formar parte de la organización institucional
orgánica de nuestro país.
• Dicho en dos palabras, el CIADI tiene tantas
nacionalidades como Estados que hayan ratificado la
Convención. Al igual como ocurre con la Convención
Americana de Derechos Humanos –que crea la Corte
Interamericana de DDHH-, es forzoso sostener que este
tribunal, aún cuando opere en el extranjero y sus casos
sean normalmente internacionales, es parte de la
estructura judicial nacional Así las cosas, volviendo al
CIADI, cada tribunal que se crea a través de su
instancia, se nacionaliza peruano cuando el Estado de
Peru o sus nacionales se encuentran involucrados,
debiendo ser considerado de la misma manera que los
tribunales arbitrales internos....sea por ello que,
precisamente, sus laudos no son considerados
“extranjeros” una vez dictados y sea por ello que no
requieren el exequatur para su cumplimiento.
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN EN EL SISTEMA CIADI.• La fórmula utilizada por el CIADI para garantizar la
eficacia del laudo arbitral dictado a su amparo es
muy sencilla: cada Estado Parte tiene la
obligación de reconocer el carácter obligatorio
[firme] del laudo y asegurar su ejecución dentro
de su territorio, independientemente que dicho
Estado o cualquiera de sus nacionales haya
participado en el procedimiento arbitral. La única
manera de evitar esta regla es obtener una
resolución que suspenda la ejecución del laudo,
lo cual normalmente se produce cuando exista
algún recurso pendiente en su contra.
• El artículo 54 del Convenio de Washington de
1965, dispone que “Todo Estado Contratante
reconocerá al laudo dictado conforme a este
Convenio carácter obligatorio y hará ejecutar
dentro de sus territorios las obligaciones
pecuniarias impuestas por el laudo como si se
tratare de una sentencia firme dictada por un
tribunal existente en dicho Estado. El Estado
Contratante que se rija por una constitución
federal podrá hacer que se ejecuten los laudos a
través de sus tribunales federales y podrá
disponer que dichos tribunales reconozcan al
laudo la misma eficacia que a las sentencias
firmes dictadas por los tribunales de cualquiera
de los estados que lo integran...”.
• Como puede apreciarse, la disposición
transcrita impone dos obligaciones
fundamentales a todo Estado que sea Parte
del Convenio:
a) reconocer el laudo dictado por un tribunal
CIADI; y
b) ejecutarlo.
EL “RECONOCIMIENTO” DEL LAUDO ARBITRAL.• Tal como hemos dicho, la primera obligación
que tienen todos los Estados que son partes
del Convenio de Washington de 1965, es la de
“reconocer” como obligatorios los laudos
dictados por los tribunales del CIADI, lo cual se
traduce en considerarlos como sentencias
“ejecutoriadas”, de la misma manera como los
tribunales internos de ese Estado lo harían
con las resoluciones dictadas por ellos.
• La diferencia entonces entre ambas solicitudes
se encuentra en el objeto de la solicitud. En
efecto, la declaración de “reconocimiento”
recae sobre todas y cada una de las
obligaciones y derechos que contiene el laudo
arbitral; en cambio, la declaración de
“cumplimiento”, sólo recae sobre las
obligaciones de carácter “pecuniario” que
contiene el laudo.
LA “EJECUCIÓN” DEL LAUDO ARBITRAL.• El sistema de reconocimiento y ejecución contenido en
el Convenio de Washington de 1965, es la eliminación
del proceso de exequátur para solicitar la ejecución del
laudo arbitral. Esto es de la mayor importancia, pues se
aleja del sistema de reconocimiento y ejecución
utilizado por los tratados internacionales para los
“laudos arbitrales extranjeros”, implícitamente está
considerando que el laudo del Tribunal CIADI no es un
“laudo extranjero” sino que es un verdadero “laudo
nacional” y que, por consiguiente, los tribunales
nacionales no tienen motivo alguno para impedir su
ejecución a través de las especiales normas internas
contenidas en los Códigos de Procedimiento para el
exequátur de sentencias o laudos arbitrales
extranjeros.
• Las autoridades del Estado sobre se solicita el
reconocimiento y ejecución del laudo CIADI
sólo pueden inmiscuirse en la verificación de
ciertos requisitos más bien formales, como es
la autenticidad del laudo que se acompaña, el
cual debe ser debidamente certificado por el
Secretario General del CIADI. Cualquier otra
intervención de un tribunal nacional está
absolutamente vedada, de modo tal que, aún
cuando el laudo sea contrario al orden público
del Estado donde se ejecutará, ello no autoriza
a impedir su ejecución por ese motivo.
• Cumplido que sea este requisito formal de
“autenticidad”, las “autoridades nacionales” del
Estado Parte requerido deberán declarar la
ejecutabilidad inmediata del laudo, abriendo las
puertas al solicitante para utilizar las normas
internas de ejecución forzada de sentencias si el
Estado no quisiera pagar las obligaciones
pecuniarias contenidas en el laudo.
• Conforme el artículo 69 del Convenio, cada
Estado Contratante deberá tomar “las medidas
legislativas y de otro orden que sean necesarias
para que las disposiciones de este Convenio
tengan vigencia en sus territorios”.
• El control del laudo arbitral CIADI no está
sometido a las normas internas de control del
Estado donde se solicita su ejecución –
regularmente previstas al regular el
exequátur-, sino que sólo se encuentra sujeto
al control que el mismo Convenio ha
permitido a través de la interposición de los
recursos que regula: interpretación, revisión y
anulación. Estos recursos sustituyen el sistema
de control que se puede ejercer sobre los
laudos arbitrales extranjeros en el proceso de
exequátur.
Descargar

resumen parcial no completo