ECONOMIA DE CANADA
FEDERALISMO
El federalismo canadiense es ante todo un proceso que se
manifiesta a través de dos niveles de gobierno: Federal y provincial,
los cuáles indefectiblemente viven un proceso continuo de
adaptación y cambio como una forma de reducir tensiones de
diversa índole.
Al ser ha concebido como una organización política en la cual las
actividades del gobierno se reparten entre el gobierno central y las
provincias, dentro de este último, se contempla el gobierno local
como una instancia subordinada a lo provincial.
El poder emana de la Constitución no del otro, basándose para ello
en el principio de que la diversidad y la unidad pueden coexistir.
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El federalismo también implica la protección al derecho de las
minorías e identidades, lo cual evidentemente complica las cosas
pues no se trata únicamente de proteger el patrimonio cultural de
las minorías sino también preservar el acervo económico de cada
provincia y de la federación.
El acta constitucional redactada en 1867 definió las estructura
política de Canadá en términos federales. Los poderes otorgados a
las provincias se convirtieron en fuente de una fuerza económica
muy difícil de pronosticar a fines del siglo XIX. (por ejemplo en
materia fiscal o política social).
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Desde su creación, Canadá es estado federal más que un estado
unitario, el poder desde el principio se dividió entre el centro y los
gobiernos provinciales.
La región Este de Canadá, en la cual se asentaban los pueblos
fundadores que ocupaban el Alto y el Bajo Canadá (Québec y
Ontario), junto con Nueva Escocia, Terranova, Nueva Brunswick y la
Isla Príncipe Eduardo, representaron la experiencia organizativa
sobre la cual se inspiraron al redactar el Acta Británica de América
del Norte (1867), considerada el principio constitucional sobre el
cual se apoya el federalismo canadiense.
El resto del territorio se formó como provincias y territorios después:
Manitoba en 1870; Alberta y Saskatchewan en 1905; el territorio del
Yukon en 1898; los territorios del Noroeste en 1905; Columbia
Britanica en 1871; la Isla Príncipe Eduardo en 1873 y por último
Terranova en 1949
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Desde su creación, Canadá es estado federal más que un estado
unitario, el poder desde el principio se dividió entre el centro y los
gobiernos provinciales.
La región Este de Canadá, en la cual se asentaban los pueblos
fundadores que ocupaban el Alto y el Bajo Canadá (Québec y
Ontario), junto con Nueva Escocia, Terranova, Nueva Brunswick y la
Isla Príncipe Eduardo, representaron la experiencia organizativa
sobre la cual se inspiraron al redactar el Acta Británica de América
del Norte (1867), considerada el principio constitucional sobre el
cual se apoya el federalismo canadiense.
El resto del territorio se formó como provincias y territorios después:
Manitoba en 1870; Alberta y Saskatchewan en 1905; el territorio del
Yukon en 1898; los territorios del Noroeste en 1905; Columbia
Britanica en 1871; la Isla Príncipe Eduardo en 1873 y por último
Terranova en 1949
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Desde el principio las provincias conservaron el control sobre lo
social, lo cultural, los negocios, la educación, los hospitales, las
comunicaciones, el transporte, el poder fiscal a través de los
impuestos directos, la propiedad de la tierra y los recursos
naturales.
Aunado a esto aparece otra fuente adicional de recursos
económicos para las provincias, esta se basa en el amplio acceso
que tienen a la recaudación de impuestos, sin olvidar que controlan
la actividad financiera en relación a préstamos, hipotecas,
afianzadoras y uniones de crédito.
En 1896 se eligió como primer ministro a Laurier, el cual siendo
miembro del partido liberal pero de origen franco canadiense,
impulsó cambios políticos que apuntaban hacia una relación más
balanceada entre las provincias y Ottawa.
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Se consideró más pertinente el ceder regulación de las provincias a
los habitantes de las provincias; a lo anterior habría que agregar
que la multiplicidad de religiones también influyó sobre los
parámetros educativos, la vida en familia y la seguridad pública, sin
olvidar tampoco que Canadá contó muy tempranamente con dos
regímenes legales y una estructura legislativa y judicial dual
representada por el Canadá angloparlante y la provincia de
Québec.
A partir de 1914 y prácticamente hasta 1960, se observa que el
poder regresó de nuevo al gobierno federal, porque Canadá
participó activamente en las dos guerras mundiales lo cual
internamente le permitió justificar un liderazgo.
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Las exigencias de la guerra permitió al gobierno federal introducir
cambios sobre la política fiscal prevaleciente hasta este momento,
para esto la iniciativa clave fue la creación del Impuesto sobre la
Renta.
Ottawa ofreció a las provincias una compensación económica que
duraría lo que la guerra, delimitó su poder fiscal y creo algunos
programas sociales alternativos, como el seguro de desempleo, las
alocaciones familiares, el apoyo a la vivienda y los prestamos a los
granjeros entre otros.
Las provincias se vieron obligadas a estrechar su cooperación en el
desarrollo de sus recursos y en gran medida la política social por
medio del seguro nacional de salud y el sistema de pensiones.
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La pérdida relativa de poder económico provincial alentó que las
provincias buscaran un mayor apoyo en el sector privado,
inversiones provenientes de EU. Las provincias decididamente
iniciaron un proceso de competencia salvaje por atraer el capital
extranjero, la única condición impuesta a la inversión extranjera fue
la obligatoriedad de llevar a cabo un proceso de transformación
substancial de los recursos naturales in situ como una forma de
agenciarse recursos adicionales y empleos.
La fuerza económica de ciertas provincias es tal que durante más
de medio siglo existieron barreras comerciales interprovinciales, las
cuales fueron suprimidas cuando aceptaron el Acuerdo Interior
sobre Comercio (1994).
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La compensación: a fines de los 50s el proceso de desarrollo en las
provincias produjo serias desigualdades entre ellas, suficientes
como para que el gobierno federal se viera en la necesidad de crear
el primer "Acuerdo Provincial- Federal de Impuesto Compartido",
que posteriormente daría origen al "sistema de ecualización de
pagos", este acuerdo regresó parcialmente el poder fiscal a las
provincias.
La transferencia de pagos a las provincias más pobres es una
aportación indiscutible del sistema federal canadiense,12 gracias a
este la federación, -frente a la diferencia de riqueza entre las
provincias así como ante su desnivel en servicios e infraestructura-,
decidió otorgar un mayor apoyo financiero para compensar e igualar
el nivel de vida de estas provincias.
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La feroz competencia entre las provincias dejaban fuera de la
jugada a aquellas que carecían de los medios para atraer recursos
económicos, por lo que el gobierno federal creó fondos
compensatorios adicionales. La Igualación de Pagos fue elevada a
nivel constitucional en 1982, bajo la sección 36, su objetivo central
fue crear un mecanismo de redistribución de la riqueza que
favoreciera a las provincias más pobres (Igualación/ Perecuación).
La perecuación al pasar a rango constitucional en 1982 se convirtió
en un recurso político de la federación muy importante, por ejemplo
en el año 1993 estos recursos significaron más de 8 billones de
dólares canadienses destinados a las provincias más
empobrecidas.
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De 1990 a 1997, la política social fue duramente golpeada por las
diversas medidas económicas que tanto el gobierno federal como
también las autoridades provinciales aplicaron como parte del
proceso de reestructuración económica.
En 1990, los ingresos del gobierno federal por vía impositiva era de
52% (ISR), el cual a su vez era transferido a las Provincias vía
Programa de Costo Compartido y la Igualación de Pagos, a su vez
las provincias recibían alrededor de un 25% por medio de los
impuestos provinciales.
Estos hechos han suscitado un creciente descontento entre los
contribuyentes quiénes piden que se les deje algo a ellos.
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¿Crisis del federalismo? Entre las causas más visibles de las crisis
del federalismo canadiense se encuentran dos elementos de
importancia: las relaciones fiscales entre provincias y federación y
los desafíos que surgen de las diferentes expresiones del
regionalismo provincial que afectan continuamente el poder de la
federación.
Las provincias habían aumentado sus ingresos gracias al manejo
de sus recursos y la posibilidad de aplicar impuestos indirectos lo
que significó con el tiempo que las provincias en su búsqueda de
mayores ingresos entraron dentro de un área de constante conflicto.
Un segundo hecho a tomar en consideración es que las provincias
tienen diferencias de importancia en relación a sus capacidades
fiscales
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Pero el panorama puede complicarse aún más cuando se observa
que la autorización para la imposición fiscal en las provincias
significa que se pueden aplicar impuestos a individuos y empresas
sobre el ingreso sobre la renta, así como sobre los derechos de
sucesión entre otros.
El gobierno federal también puede levantar impuestos indirectos,
por ejemplo en aduanas y al mismo tiempo imponer sus propios
impuestos directos en competencia con las provincias.
De ahí la importancia de un profundo proceso de consulta y
coordinación en que el interés nacional debe predominar sobre el
provincial. Pero los problemas regionales no se reducen a esto,
también existen otros grupos como los indígenas, los inuit y los
mestizos que también reclaman sus derechos a nivel federal y
provincial.
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Provincias como Manitoba (carbón, gas, petróleo), Saskatchewan
(uranio), Alberta (petróleo), entre otras, compiten actualmente por
un mayor espacio económico dentro de la federación.
Las provincias canadienses se quejan de que la federación no las
apoya lo suficiente económicamente cuando en realidad la pregunta
que surge ante esto es si el federalismo canadiense sobrevivirá a la
globalización.
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