Formas fundamentales del proceso penal
Autor:
José Noroño
[email protected]
TEMA 3
FORMAS FUNDAMENTALES DEL
PROCESO PENAL
Diferencias entre el proceso penal Acusatorio
y el proceso Inquisitivo.
Acusatorio
Oralidad
Inquisitivo
Escrito
El Juez no actúa de Oficio
(Instancia de partes)
Actúa de Oficio (Sin
limites para actuar)
Las partes actúan en
contradicción e igualdad
Secreto para las partes
durante el sumario
Libertad probatoria
La prueba es tarifada
Permite el Juzgamiento
en libertad
La detención preventiva
es la regla
La carga de la Prueba le
corresponde al Fiscal (Se
presume la inocencia
La carga de la Prueba le
corresponde al imputado
1.Debido Proceso (Art.1)
2. Ejercicio de la Jurisdicción (Art. 2)
PRINCIPIOS
3. Participación Ciudadana (Art. 3)
RECTORES y
4. AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LOS
ORIENTADORES
DEL PROCESO
JUECES (Art. 4)
v
PENAL.
5. AUTORIDAD DEL JUEZ (Art. 5)
Este articulo fue reformado en la reciente
reforma publicada el 04 de septiembre, donde se
le adiciono la facultad que tiene el juez en caso
de desacato, desobediencia a la autoridad o
incumplimiento de la orden judicial, faculta al
juez a tomar las medidas y acciones que
considere necesarias para hacer respetar y
cumplir sus decisiones.
PRINCIPIOS
Así mismo, cuando el juez aprecie o
considere la comisión de algún hecho
punible,
está
obligado
a
notificar
inmediatamente al Ministerio Publico, a los
fines de que inicie las investigaciones.
RECTORES y
ORIENTADORES
DEL PROCESO
v
PENAL.
1. OBLIGACION DE DECIDIR (Art. 6)
2. GARANTIA
(Articulo 7.)
DEL
3. GARANTIA
DE
INOCENCIA (Art. 8.)
JUEZ
NATURAL
PRESUNCIÓN
DE
9. GARANTIA DE AFIRMACION
LIBERTAD (Art. 9)
DE
LA
PRINCIPIOS
10. RESPECTO A LA DIGNIDAD HUMANA
(Art. 10)
RECTORES y
11.TITULARIDAD DE LA ACCION PENAL
(Art. 11)
ORIENTADORES
v
DEL PROCESO
PENAL.
12. PRINCIPIO DE DEFENSA (Art. 12)
13. FINALIDAD DEL PROCESO (Art. 13)
14. PRINCIPIO DE LA ORALIDAD (Art. 14)
15. PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD (Art. 15)
16. PRINCIPIO DE LA INMEDIACION (Art.
16)
17. PRINCIPIO
CONCENTRACION
CONTINUIDAD (Art. 17)
Y
PRINCIPIOS
18. PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN (Art. 18)
RECTORES y
19. PRINCIPIO
DE
CONTROL
DE
CONSTITUCIONALIDAD (Art. 19)
ORIENTADORES
v
DEL PROCESO
PENAL.
LA
20. PRINCIPIO DE UNICA PERSECUCION (Art.
20)
21. COSA JUZGADA. (Art. 21)
22. PRINCIPIO DE APRECIACION
PRUEBAS (Art. 22)
DE
LAS
23. GARANTIA DE PROTECCION
VICTIMAS (Art. 23)
DE
LAS
PRINCIPIOS
RECTORES y
ORIENTADORES
v
DEL PROCESO
PENAL.
24. CONSTITUCIÓN NACIONAL (Art. 26)
JURISPRUDENCIA
Presunción de Inocencia (Art. 9)
“La presunción de inocencia es una consecuencia
obligada del principio acusatorio que rige el
proceso penal. Para que una persona pueda ser
condenada tiene que ser previamente acusada,
razón por la cual a quien acusa tiene que
exigirsele que pruebe su acusación para que el
acusado pueda ser condenado; por tanto la
actividad probatoria se convierte de esta manera
en
su elemento
esencial con especificas
caracteristicas, como lo son:
1.- La carga de la prueba sobre los hechos
constitutivos de la pretensión penal corresponde
exclusivamente a la acusación, sin que le sea
exigible a la defensa una probatio diabólica de
los hechos negativos.
JURISPRUDENCIA
Afirmación de la libertad (Art. 9)
“… Al respecto, la Sala considera necesario reiterar
que el principio del estado en libertad deviene de la
inviolabilidad del derecho a la libertad personal. De
allí, que toda persona a quien se le impute la
participación en un hecho punible tiene derecho a
permanecer en libertad durante el proceso,
excepto por las razones determinadas por la ley y
ponderadas por el juez en cada caso en particular.
Dichas excepciones nacen de la necesidad del
aseguramiento del imputado durante el proceso
penal, cuando existan fundados elementos de
convicción en su contra respecto a la comisión de un
delito, así como el temor fundado de que el mismo
no se someterá voluntariamente a la persecución
penal.
Estas dos condiciones constituyen el fundamento de
la potestad que tiene el Estado para aplicar las
medidas restrictivas a la libertad personal en contra
del procesado.
En tal sentido, las medidas de coerción personal sólo
podrán
ser
decretadas
con
arreglo
a
las
disposiciones establecidas en el Código Orgánico
Procesal Penal mediante resolución judicial fundada,
susceptible de ser impugnada en su oportunidad
legal, a través del recurso de apelación, previsto en
el articulo 447 del (Sala Constitucional. sent.
Nro
181, del 09-03-09, ponente Carmen
Zuleta de Merchán. Exp 08-1210)
2.- La actividad probatoria debe ser suficiente,
púes para desvirtuar la presunción de inocencia
es preciso una mínima actividad probatoria
producida por las garantías procesales que de
alguna forma pueda entenderse la acusación y de
la que se puede deducir, por tanto, la
culpabilidad del acusado. 3.- Las pruebas tienen
que
contener un
contenido
objetivamente
incriminatorio,
previo
e independiente de
su
valoración posterior, han de practicarse en el juicio
oral y tienen que haber sido obtenidas sin
violaciones de derechos fundamentales, esto es,
tienen que ser licitas.
3.- Las
pruebas
tienen
que
contener un
contenido objetivamente incriminatorio, previo e
independiente de
su
valoración
posterior,
han
de practicarse en el juicio oral y tienen que
haber sido obtenidas sin violaciones de derechos
fundamentales, esto es, tienen que ser licitas.
4.- La valoración
de
la prueba practicada es
una potestad exclusiva del organo jurisdiccional,
que
éste ejerce
obligación de
libremente
razonar el
con
resultado
valoración; razón por la cual,
la sola
de
dicha
la alzada lo que puede controlar es si habido
actividad probatoria que pueda ser considerada tal
y, obviamente, si la conclusión alcanzada por el
juzgador con base en la cual dicta sentencia, es
congruente con
la
prueba
practicada (Sala
Constitucional, Sentencia Nro. 1594, 22 de octubre de
2008, Ponente Luisa Estela Morales).
UNICA PERSECUCIÓN (Art. 20)
…”Se infiere la imperiosa necesidad de una
sentencia con cualidad de cosa juzgada para que
sea vulnerado el Principio del no bis in idem…En
el caso bajo estudio,
se han obtenido tres sentencias absolutorias
producto de
juicios orales y ninguna ha sido
confirmada por un tribunal superior, es decir, no
se ha obtenido tal firmeza de la sentencia, por
cuanto adolecían de vicios que ameritaban la
declaratoria de nulidad y en consecuencia la
realización
de un nuevo juicio por un tribunal
distintos de igual forma, no cabría la posibilidad
de suprimir un principio inmanente al proceso
penal, como lo es el principio de la doble instancia…
la ley y las interpretaciones de la Sala Constitucional,
solo consagran la doble conformidad en los casos
recurribles en casación” (Sentencia Nro. 382, Sala de
Casación Penal del 23/07/08, ponente Deyanira
Nieves)
Como conclusión a los principios expuestos,
podemos considerar que todo nuestro proceso
penal, está concebido en el resumido principio
constitucional del debido proceso el conocimiento
por un juez natural, la presunción de inocencia,
la celeridad, la oralidad y publicidad, la igualdad
entre las partes, y muchos otros valores que como
la buena fe para actuar en el mismo garantizan
de manera más cabal el cumplimiento de los
derechos humanos de los imputados y de las
victimas y dotan de mayor eficacia la Acción
Jurisdiccional del estado;
pero,
“en
verdad
constitucionales,
ellos
sólo
reiteran
normatividades internacionales
sobre los Derechos Humanos, o principios legales
ya existentes, que el título preliminar del Código
Procesal consagra con una finalidad puramente
propedéutica
intérpretes
y
pedagógica,
para
que
los
y aplicadores de la norma procesal,
en el momento en que la exigencia de sus
ocupaciones lo imponga tengan una orientación
filosófica y política, que deviene directamente del
texto constitucional y debe guiar e iluminar toda
la preceptiva procesal”.
TEMA 4
LOS SUJETOS PROCESALES
SUJETOS PROCESALES
CONCEPTO
Según Pedro Osman Maldonado
Se entiende como partes en el proceso
penal, aquellas personas que ejercen o
contra las cuales se ejerce la acción penal y
las acciones derivadas del delito imputado.
En tal sentido las partes se dividen en
partes esencialmente públicas y partes
privadas, las cuales surgen en todo tipo de
delito que denominamos públicos, porque
en los delitos denominamos a instancia de
acción privada sólo hay partes privadas.
(Derecho Procesal Penal Venezolano.
Caracas, 2002, pág 249)
SUJETOS
PRINCIPALES
El Juez
-Es una persona que está por encima
o separado de la relación jurídica
entre las partes.
Para ser juez se requiere de una
categoría
general
que
implica
capacidad. Su capacidad lo lleva a
formar parte de una organización
administrativa que le exige idoneidad,
profesionalidad y desarrollo a los fines
de mantener su posición como juez y
así alcanzar etapas superiores
El Fiscal del Ministerio Público
SUJETOS
PRINCIPALES
Sería el sujeto principal de la fase de
investigación y pasa a ser parte
fundamental
cuando
inicia
la
pretensión punitiva. Lo cual le viene
dado por mandato constitucional (Art.
285), es decir, ejerce el monopolio del
ius puniendi, y es el titular de la acción
penal
El investigado o imputado
SUJETOS
PRINCIPALES
Es la parte pasiva necesaria frente a
quien se ejercita la acción penal y se
dirige, en definitiva, el proceso penal
sería aquella persona sometida a las
investigaciones que se convierte en
parte, desde el momento en que es
formalmente señalada ante el juez por
imputado,
por
un
acto
de
individualización
por
parte
del
Ministerio Publico, como titular de la
acción penal.
La Victima del delito
En las sociedades primitivas, el daño
sufrido por la victima estaba sujeto a ser
reparado por el ofensor o sus familiares.
Existían también normas que permitían la
venganza. Ahora bien, debemos distinguir
SUJETOS
PRINCIPALES
lo que son perjudicados, de un delito,
de las victimas, pues los mismo no
pueden ser considerados como victimas
directas, ya que si bien es cierto, que la
ocurrencia
del
delito
lo
afecta
indirectamente, más no lo perjudica
directamente, tal seria el caso de un
trabajador que el día de pago, unos
sujetos penetran en la compañía, y roban
la remesa de dinero destinada a pagar la
nomina.
El
trabajador
es
perjudicado
momentáneamente pues no puede
recibir su salario, pero posteriormente
la
empresa
deberá
reponerle
el
importe del salario, con lo cual el
empleado
no
sufre
un
daño
patrimonial directo, sino que la acción
del delito lo afecto temporalmente.
SUJETOS
auxiliares
La participación en el proceso están las
secretarias, los auxiliares o asistentes del
Tribunal y la Policía de Investigaciones o
Policía Judicial llamada a desarrollar las
investigaciones pero no es titular de la
acción penal. Así los autores consideran a la
policía Judicial o Policía de Investigaciones
son sujetos del proceso, porque ellos son los
que aparecen desarrollando con cierta
autonomía o bajo la dirección del Fiscal del
Ministerio Público toda la fase preparatoria o
de las investigaciones, pero la verdadera
cualidad de parte la va a adquirir sólo el
Ministerio Público y el Investigado, y la
persona ofendida o víctima del delito
aparece vinculada con propios derechos al
proceso.
EL JUEZ
Para ser juez se requiere de una categoría general que
implica capacidad. Su capacidad lo lleva a formar parte
de una organización administrativa que le exige
idoneidad, profesionalidad y desarrollo a los fines de
mantener su posición como juez y así alcanzar etapas
superiores. Finalmente implica también estar sometido a
la disciplina administrativa que le exigen sus superiores.
En un tribunal mixto, el Juez presidente asume la función
de representación del Tribunal e interviene tan igual que
el juez unipersonal, como lo dice Fenech “tiene funciones
directivas importantes, asume la policía de las sesiones y
el ejercicio de la función tutora, disciplinaria, estadística y
registral.
Condiciones
Entre las condiciones que debe tener
todo juez
está en primer lugar su
capacidad. Se exige que después del
estudio superior y universitario, sea
un
individuo
que
ejerza
función ajustado al derecho.
su
alta
La imparcialidad
Implica que el juez no puede tener relaciones
con las partes en el proceso, con la parte
acusadora, ni con la parte defensora, ni menos
aún con los sujetos a que ellos representan, como
lo es el imputado y las víctimas. Esa
imparcialidad está regulada en el proceso penal
para que las partes lo hagan valer (Inhibición y
Recusación) a los fines de que ese juez no puede
conocer ese proceso, es decir, el juez debe estar
ajeno a los intereses tanto de las partes como de
los intereses de la víctima, ni a favor ni en contra.
Esto implica que el juez es un tercero que se
encuentra ubicado en la parte superior de la
relación, para poder decidir la controversia o la
discusión que se plantea entre el que acusa y el
que defiende. Por lo tanto el juez no puede tener
ninguna relación que pueda conducirlo a
favorecer o perjudicar las partes.
La independencia
Su carácter de ejercer sus funciones
con independencia está en relación
con la imparcialidad y es una
garantía que tiene la ciudadanía. Al
juez se le exige una voluntad para
actuar, a los fines de que pueda dar
por probado los hechos que alegan
las partes, que lo haga sin
arbitrariedad, sin interferencias, que
tenga voluntad para cumplir sus
funciones y tomar decisiones. Al
respecto observamos que el artículo
5 dispone:” Los jueces cumplirán y
harán cumplir las sentencias y autos
dictados en ejercicio de sus
atribuciones legales. Para el mejor
cumplimiento de las funciones de los
jueces y tribunales, las demás
autoridades de la República están
obligadas a prestarle la colaboración
que le requieran.
LA IDONEIDAD
Este requisito está ligado al requisito
de su capacidad, porque implica que la
persona debe tener conocimientos
técnicos, debe conocer su función de
juez. Este juez a su vez se le exige una
cierta madurez, en cuanto a sus
relaciones humanas y en cuanto a su
capacidad mental. Por lo tanto se le
exige también a ese juez una conducta
honorable, digna, austera, donde
demuestra su gran preparación y su
deseo de servicio público. Por otra
parte la idoneidad implica que como
profesional con conocimientos técnicos
o especializado en las materias
penales.
RECUSACIÓN E INHIBICIÓN
El Código Orgánico Procesal Penal ha establecido las
llamadas inhibiciones y recusaciones a los fines de
eliminar aquellas relaciones del juez con las partes y
con el interés del mismo proceso, para que el juez no
se encuentre influenciado de manera alguna. Es un
punto común en las legislaciones y las causas son
sumamente parecidas. Y así la iniciativa del juez está,
en que el mismo debe separarse del proceso, pero
también la iniciativa la pueden tomar las partes y en
este último caso ya estamos en el campo
propiamente de la recusación.
Con relación a este asunto es de considerarse
que no basta a un funcionario que ejerce
funciones en la administración de justicia, sino
que es necesario que en el caso concreto no
presenten incompatibilidad alguna de la causa
que conocen. Tales incompatibilidades, de
manera amplia las dispone la Ley como causal
de inhibición y recusación de esos funcionarios
y están consagradas en los artículos del 85 al
101 del Código Orgánico Procesal Penal.
Artículo 86 Causales: Los Jueces Profesionales,
Jurados, Escabinos, Fiscales del Ministerio Público,
Secretarios
e Intérpretes y cualesquiera otros
funcionarios del poder judicial, pueden ser causados
por las causales siguientes:
1.-Por el parentesco de consanguinidad o de afinidad
dentro del cuarto y segundo grado respectivamente,
con cualquiera de las partes o con el representante
de alguna de ellas.
2.-Por el parentesco de afinidad del recusado con el
cónyuge de cualquiera de las partes, hasta el
segundo grado inclusive, caso de vivir el cónyuge que
lo acuse, si no está divorciado, o caso de haber hijos
de él con la parte aunque haya muerto o se
encuentre divorciado.
3.-Por ser o haber sido el recusado padre adoptante o
hijo adoptivo de alguna de las partes.
4.-Por tener cualquiera de las partes amistad íntima o
enemistad manifiesta.
5.-Por tener el recusad, su cónyuge o alguno de sus
afines o parientes consanguíneos, dentro de los
grados requeridos, interés directo en los resultados
del proceso.
6.-Por haber mantenido directa o indirectamente, sin
la presencia de todas las partes, alguna clase de
comunicación con cualquiera de ellas o de sus
abogados,
sobre
conocimiento.
el
asunto
sometido
a
su
7.- Por haber emitido opinión en la causa con
conocimiento de ella, o haber intervenido
como Fiscal, Defensor, Experto, Intérprete o
8.-Testigo, siempre que
estos
en cualquiera de
casos, el recusado se encuentre
desempeñando el cargo del juez.
9.-Cualquiera otra causa, fundad en motivos
graves, que afecte su imparcialidad.
El Código Orgánico Procesal Penal, establece que la
recusación debe proponerse por escrito ante el
Tribunal que corresponda, hasta el día hábil anterior
al fijado para el debate, salvo que se tratare de
experto o intérpretes en cuyo caso debe proponerse
el día de su aceptación o el siguiente bajo pena de
caducidad, sin embargo es de observarse que
pudiera tener lugar otra situaciones, así por ejemplo
cuando se trae al proceso un hecho nuevo que
requiere traer al debate elementos probatorios que
no fueron ofrecidos en su oportunidad,
caso de un testigo, el cual pudiera dar motivos de
presunta parcialidad en el juzgador o en fin que
pudiera producirse una de las causales del citado
artículo 86, sin lugar a dudas el juez procedería a
inhibirse o a ser recusado.
La fijación del día hábil anterior al inicio del debate
como límite es una consecuencia de que la
recusación o la inhibición no detienen el curso del
proceso.
Si la acusación de funda en un motivo que la haga
admisible
el
recusado
debe
secretario en el día siguiente,
informar
ante
el
salvo que se trate del propio juez, en cuyo caso éste
debe extender su informe a continuación del escrito de
recusación inmediatamente o en el día siguiente.
El funcionario a quien corresponda conocer de la
incidencia
se
pronunciará
sobre
la
admisión
y
practicará las pruebas que los interesados presenten,
dentro de los tres días siguientes a la fecha en que
reciba las actuaciones debiendo sentenciar al cuarto.
El juez competente para conocer la recusación varía,
si el recusado es un Juez Profesional que integra un
tribunal Unipersonal, corresponde decidir a la Corte
de Apelaciones. Si se trata de uno o más miembros
de la Corte de Apelaciones debe decidir el Presidente
de ese Órgano, salvo que esté también recusado en
cuyo caso conocerá el otro juez no recusado.
La recusación de los fiscales puede proponerse ante
el Fiscal Superior o ante el Fiscal General de la
República según sea el caso.
QUIENES PUEDEN RECUSAR
Según el artículo 85 del Código Orgánico Procesal
Penal: El Ministerio Público, el Imputado o su
Defensor y la Víctima.
El artículo 87 dispone sobre la Inhibición Obligatoria:
“Los Funcionarios a quienes sean aplicables
cualesquiera de las causales señaladas en el artículo
86, deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin
esperar a que se les recuse.
Igualmente los harán si son recusados y estimen
procedente la causal invocada. Contra la inhibición no
habrá recurso alguno.”
LA SANCIÓN
Dispone el artículo 88 del COPP lo siguiente:
“Si se declara con lugar la recusación con base en lo
establecido en el ordinal 6° del artículo 86, el tribunal que la
acuerde debe remitir lo pertinente al órgano disciplinario
correspondiente, a los fines de que se abra el proceso de
destitución del recusado por tal concepto “.
Se prevé la sanción en el caso de que declare con lugar la
recusación basándose en lo establecido en el ordinal 6° del
artículo 86 (por haber mantenido directa o indirectamente, sin
la presencia de todas las partes, alguna clase de comunicación
con ellas o de sus abogados, sobre el asunto sometido a su
conocimiento), en este supuesto observamos que además
de la recusación procede la sanción de destitución del
funcionario que hubiere incurrido en ella.
LIMITACIONES
Dispone el articulo 91:“Las partes no podrán intentar más de dos
recusaciones en una misma instancia, ni recusar a funcionarios que
no estén conociendo de la causa, pero, en todo caso, podrán
promover las acciones que estimen conducentes contra el que
intervenga con conocimiento de impedimento legítimo.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por una recusación la
que no necesite más de un término de pruebas, aunque comprende
varios funcionarios”.
Establece el límite de dos recusaciones, refiriéndose al derecho de
recusar en dos oportunidades. Ante esta situación vale la pena acotar
que esta regulación en algún momento puede resultar lesiva el
derecho de la defensa, toda vez que con el nuevo proceso penal en
primera instancia conocen tres categorías de Tribunales de “Control,
de Juicio y de Ejecución”, cuya actuación está sujeta a que se
produzca una sentencia.
PROCEDIMINTO PARA RECUSAR
La recusación se propondrá por escrito ante el
Tribunal que corresponde, hasta el día hábil anterior
al fijado para el debate. Artículo 93 del Código
Orgánico Procesal Penal.
Si la recusación se funda en un motivo que la haga
admisible el recusado, en el día hábil siguiente,
informará ante el secretario.
Si el recusado fuere el mismo juez, extenderá su
informe a continuación del escrito de recusación.
Inmediatamente o en el día siguiente. Establece que
la recusación debe proponerse mediante escrito
fundado ante el Tribunal de Control o de juicio que
está conociendo el asunto.
La recusación o inhibición no detendrán el curso del
proceso, cuyo conocimiento pasará inmediatamente,
mientras se decide la incidencia a quien se debe
sustituir conforme a la Ley. Si la recusación o la
inhibición fuere declarada con lugar, el sustituto
continuará conociendo del proceso, y en caso
contrario, pasará los autos al inhibido o recusado.
EFECTOS
La incidencia de recusación o de inhibición de los
jueces producirá los efectos previstos en la Ley
Orgánica del poder Judicial.
La Ley Orgánica del Poder Judicial consagra los
efectos de la siguiente manera:
1.- Casos en Tribunales Unipersonales: Cuando la
recusación o inhibición fuere declarada Con Lugar, el
asunto debería ser remitido a otro Tribunal de la
localidad de igual categoría y competencia, de no
existir otro Tribunal conocerán los suplentes.
2.-En los casos de la Corte de apelaciones cuando la
inhibición o recusación sea declarada con lugar se
convocará al suplente por el orden de su elección a
menos que hubiere en la localidad otra Sala de igual
categoría y competencia.
3.-Respecto a los escabinos, se procederá a convocar
suplente en el orden de su elección.
LA RECUSACIÓN E INHIBICIÓN DE LOS
FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Su inhibición y recusación se regirá por las disposiciones de
este Código y las de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En
este sistema el Fiscal es al mismo tiempo accionante e
instructor y en esta última función debe observar imparcialidad
y objetividad en lo que se refiere a su labor como director de
la investigación siempre velando por los derechos de las partes
y por el cumplimiento de sus solicitudes y expectativas
razonables en la fase preparatoria.
Consagra la inhibición y recusación de los Fiscales del
Ministerio Público, debiendo remitirnos al artículo 57 y 58 de
la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece las figuras
de la inhibición y recusación.
EL IMPUTADO
Es imputado aquella persona a quien se le señala
como autor o como sospechoso de la comisión de un
hecho punible, como consecuencia de la práctica de
actuaciones policiales o judiciales. El imputado va a
ser la parte acusada por excelencia que se origina
con el auto de apertura a juicio.
Los derechos del Imputado
De conformidad con el artículo 125 del Código
orgánico Procesal Penal, el imputado tendrá los
siguientes derechos:
1.- Que se le informe de manera específica y clara
acerca de los hechos que se le imputan.
2.- Comunicarse con sus familiares, abogado de su
confianza o asociación de asistencia jurídica para
informar sobre su detención. Artículo 44 en su N° 2
de la Constitución de la República.
3.- Ser asistido desde los actos iniciales de la
investigación por un defensor que designe él o sus
parientes y, en su efecto, por un defensor público de
presos.
4.- Ser asistido gratuitamente por un traductor o
intérprete si no comprende o no habla el idioma
castellano.
5.- Pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias
de investigación destinadas a desvirtuar las
imputaciones que se le formulen.
6.- Presentarse directamente ante el juez con el fin de
prestar declaración.
7.- Solicitar que se active la investigación y a conocer
su contenido, salvo en los casos en que alguna parte
de ella haya sido declarada reservada y sólo por el
tiempo que esa declaración se prolongue.
8.- Pedir que se declare anticipadamente la improcedencia de
la privación preventiva de libertad.
9.- Ser impuesto del precepto constitucional que lo exime de
declarar y, aún en ese caso de consentir a prestar declaración,
a no hacerlo bajo juramento.
10.- No ser sometido a tortura u otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes de su dignidad personal.
11.- No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su propia
voluntad, incluso con su consentimiento.
LA VICTIMA O PERSONA OFENDIDA
EN EL DELITO
La persona ofendida por el delito así como otras a las
cuales la Ley da los mismos derechos tiene la facultad de
poderse constituir en parte procesal. La persona ofendida
por el delito es el sujeto titular de intereses penalmente
protegidos, que vienen comisionados por la comisión del
delito considerado como un hecho o modificación del
mundo exterior, así se le conoce como víctima del delito.
El Código Orgánico Procesal Penal en
el artículo 119, la víctima se considera
1.- La persona directamente ofendida por el delito;
2.- El Cónyuge o la persona con quien haga vida
marital por más de dos años, hijo o padre
adoptivo, parientes dentro del cuarto grado de
consaguinidad
o
segundo
de
afinidad
y
al
heredero, en los delitos cuyo resultado sea la
muerte o la incapacidad del ofendido; y en todo
caso, cuando el delito sea cometido en perjuicio de
un incapaz o de un menor de edad.
3.- Los socios, accionistas o miembros, respecto de los
delitos que afectan a una persona jurídica, cometidos
por quienes la dirigen, administran o controlan.
4.- Las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los
delitos que afectan intereses colectivos o difusos,
siempre que el objeto de la agrupación se vincule
directamente con esos intereses y se haya constituido
con anterioridad a la perpetración del delito.
Si las víctimas fueron varias deberán actuar por medio
de una sola representación
Derechos de la Víctima
El artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal en
la reforma del 2001, establece:
1.- Presentar querella e intervenir en el proceso
conforme a lo establecido en este Código;
2.- Ser informada de los resultados del proceso aun
cuando no se hubiere intervenido en él;
3.- Solicitar medidas de protección, frente a probables
atentados en contra suya o de su familia;
4.- Podrá adherirse a la acusación del Fiscal o formular
una acusación propia contra el imputado en los delitos
de acción pública; o una acusación privada en los
delitos dependientes de instancia de parte;
5.- Ejercer las acciones civiles para reclamar la
responsabilidad civil proveniente del hecho punible;
6.- Ser notificada de la resolución del fiscal que
ordena el archivo de los recaudos;
7.- Tiene el derecho de ser oída por el tribunal antes
de la decisión de sobreseimiento o pone término al
proceso o lo suspende condicionalmente, y
8.- La facultad que tiene para impugnar el
sobreseimiento la sentencia absolutoria.
EL MINISTERIO PÚBLICO
El fiscal en el proceso penal, en representación del
Ministerio Público ejerce las funciones de justicia, de
vigilante y contralor. El Ministerio Público desde este
punto vista es parcial, tal como lo es en el juicio el
defensor o el acusador privado, pero también es una
parte imparcial tal como pudiera observarse la
condición del juez y como estas funciones son las que
predomina en el ámbito jurisdiccional, asimismo
puede el Fiscal en el proceso penal mantener una
función imparcial, porque está revestido de los
caracteres de la publicidad y de la objetividad.
Revocatoria y excusas (art. 142)
En cualquier estado del proceso podrá el imputado
revocar el nombramiento de su defensor.
En caso de muerte, renuncia, o excusa, o bien porque el
nombramiento haya sido revocado, deberá proceder a
nuevo nombramiento dentro de las veinticuatro horas
siguientes, o a la designación de defensor público.
El nombramiento por el imputado de un defensor, hace
cesar en sus funciones al defensor público o al defensor
de oficio que haya venido ejerciéndolas.
El nombramiento, por el imputado, de un subsiguiente
defensor, no revoca el anterior hecho por él, salvo que
expresamente manifieste su voluntad en ese sentido.
Inhabilidades (art. 145 del COPP)
Se mantienen en el Código Orgánico Procesal Penal las causas
que determinan la inhabilidad de los defensores nombrados por
el tribunal, en consecuencia, no pueden ser designados al
efecto:
1° El enemigo manifiesto del imputado;
2° La víctima;
3° Los ascendientes de la víctima, sus descendientes, su
cónyuge, su padre adoptante, su hijo adoptivo, ni sus parientes
dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de
afinidad;
4° El tutor, protutor o curador de la víctima, ni el donatario,
dependiente o heredero de ellos.
AUXILIARES DE LAS PARTES
Asistentes no Profesionales
Prevé el Código Orgánico Procesal Penal en el (art. 147 de
COPP) de que las partes pueden valerse de asistentes no
profesionales para que colaboren en su tarea. En este caso,
deberán dar a conocer sus datos personales, expresando que
asumen la responsabilidad por su elección y vigilancia.
Esos asistentes sólo pueden cumplir tareas accesorias y no
pueden sustituir a las personas a quienes asisten en los actos
propios de su función. Se les permite que asistan a las
audiencias pero no pueden intervenir en ellas.
Las reglas anteriores también rigen para la participación de los
estudiantes que realizan su práctica jurídica.
Consultores Técnicos (art. 148)
Respecto a estos sujetos procesales dice la exposición
de Motivos del Proyecto de Código Procesal Penal
Modelo para Iberoamérica que son “colaboradores en la
defensa de un interés y por tanto su intervención se
limita a asesorar al titular de ese interés sobre
cuestiones referentes a su conocimiento específico,
para la mejor defensa de ese interés.
El consultor técnico podrá presenciar las experticias. En
las audiencias podrán acompañar a la parte con quien
colaboran y auxiliarla en los actos propios de su
función.
Cada parte sólo tiene derecho a nombrar un consultor
técnico, por tanto el Ministerio Público también puede
nombrar directamente a su consultor técnico.
Fin de la presentación
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TEMA I EL PROCESO PENAL