Western Maquila Association January 2013
Relevant court resolutions by
Federal Tax Court 2012
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE
VII-J-2aS-26
PLAZO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE ARANCELES PAGADOS.- APLICA EL TRATADO
DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y NO EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.Los artículos 101, 102 y 502 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establecen el
procedimiento que se debe llevar a cabo cuando se solicite trato arancelario preferencial para un bien
importado originario de una de las Partes firmantes del Tratado, por lo que es a dicho cuerpo legal al
que debe atenderse para determinar el plazo que tiene el importador para solicitar la devolución de los
aranceles pagados en exceso; ahora bien, el plazo que es de un año, es decir, cuando un particular no
hubiere solicitado trato arancelario preferencial para un bien importado, cuenta con el plazo de un año a
partir de la fecha de la importación para solicitar la devolución de los aranceles pagados en exceso por
no haberse aplicado el trato arancelario preferencial al bien. Sin que sea dable aplicar lo señalado en los
artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación, que señalan el plazo de 5 años para solicitar la
devolución de las cantidades pagadas indebidamente, toda vez que el Ordenamiento legal aplicable en
la especie es el referido Tratado de Libre Comercio, el cual regula el trato preferencial, respecto de las
mercancías importadas al país originarias de Canadá y de Estados Unidos de Norteamérica. En
consecuencia, todas las cuestiones relativas al trato preferencial se deben dilucidar a lo
establecido en dicho Tratado, sin que sea aplicable supletoriamente el Código Fiscal de la
Federación, ya que la figura de la supletoriedad se rige por la regla de que se aplica cuando
existe una laguna en la ley o cuando una figura legal no es lo suficientemente desarrollada en un
cuerpo normativo, lo cual no acontece en este supuesto. (Tesis de jurisprudencia aprobada por
acuerdo G/S2/25/2012)
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PAGO DE LO INDEBIDO.- SU DEVOLUCIÓN ES PROCEDENTE EN AQUELLOS CASOS EN QUE LOS CRÉDITOS
FISCALES QUE HAYAN SIDO PAGADOS POR EL RESPONSABLE SOLIDARIO, SEAN DECLARADOS NULOS EN UN
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, INTERPUESTO POR EL OBLIGADO PRINCIPAL.- La responsabilidad
solidaria en materia fiscal, constituye un privilegio a favor del Fisco, que le permite exigir el pago de una misma
contribución, a dos deudores distintos, por lo que es dable afirmar que el responsable solidario tiene la naturaleza de un
codeudor. Una vez señalado lo anterior, debe manifestarse que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, implica
que dicha actuación quede excluida del orden legal, sin que pueda ser factible considerar que los efectos jurídicos de dicha
actuación irregular se mantengan intocados. Por lo tanto, cuando la resolución administrativa es declarada nula en una
sentencia firme, dicho acto debe salir del orden legal, nulificándose su eficacia jurídica incluso frente a terceros ajenos, mas
aún frente a aquéllos que jurídicamente se encontraban vinculados al acto administrativo, como es el caso de la
responsabilidad solidaria. En consecuencia, y toda vez que una resolución nula, es decir aquella que jurídicamente ha
dejado de existir, no puede mantener sus efectos, ello implica que dicha actuación no pueda servir de motivo para justificar
una negativa a devolver pagos efectuados en relación a los créditos determinados en dicha resolución. Lo anterior, lleva a
estimar que la nulidad del oficio determinante de créditos fiscales, alcanzada en la impugnación intentada por uno de los
codeudores del crédito, extingue desde su origen la obligación génesis, de ahí que no pueda ser legalmente exigida a los
demás deudores involucrados; ello porque la extinción de la obligación tributaria contenida en una resolución administrativa
derivada de una sentencia firme que decreta su nulidad, es oponible tanto para el obligado principal como para el
responsable solidario, pues ambos contribuyentes son corresponsables del crédito fiscal y destinatarios directos e
inseparables del acto nulificado. Estimar lo contrario, equivaldría a mantener parcialmente la validez jurídica de un acto
administrativo cuya nulidad ha sido decretada, lo que conllevaría a que no se restaure plenamente el orden jurídico. En este
orden de ideas, los pagos que fueron realizados por un responsable solidario, en cumplimiento a una resolución
determinante que posteriormente fue declarada nula, deben calificar como pago de lo indebido en términos del artículo 22
del Código Fiscal de la Federación, pues fueron pagos realizados en cumplimiento a un acto de autoridad que
posteriormente fue declarado nulo en una sentencia definitiva dictada por un órgano jurisdiccional competente, debiendo
autorizarse la devolución solicitada, pues por virtud de la declaración de nulidad, dicho acto dejó de generar efectos para
todos sus destinatarios, sin que con ello se dote de efectos generales a la sentencia de nulidad, pues sus efectos se limitan
a los contribuyentes, que en su relación de codeudores solidarios, se vieron afectados por una actuación declarada ilegal
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LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
VII-P-2aS-202
DERECHO SUBJETIVO A LA DEVOLUCIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO SE DECLARA LA
NULIDAD DEL CRÉDITO IMPUGNADO Y EL CONTRIBUYENTE ACREDITA HABERLO
PAGADO.- De la interpretación de lo dispuesto por los artículos 50, penúltimo párrafo y 52,
fracción V, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y
atendiendo al principio de plena jurisdicción con que cuenta este Tribunal, esta Juzgadora tiene la
obligación de reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar el cumplimiento
de la obligación correlativa en el juicio contencioso administrativo, en respeto a las garantías de
seguridad jurídica, audiencia y acceso a la justicia pronta y completa establecidas en los artículos
14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo para ello
constatar previamente dicho derecho; por tanto, si se declaró la nulidad lisa y llana de la
resolución impugnada, al resultar ilegal por derivar de la diversa liquidatoria recurrida que
confirma, y si el contribuyente acredita en el juicio contencioso con documentales que
realizó los pagos de los créditos controvertidos a favor de la Tesorería de la Federación, en
consecuencia en la sentencia debe reconocerse su derecho subjetivo a solicitar la devolución de
las cantidades pagadas indebidamente, para que si así lo considera conveniente, pueda solicitar
ante la autoridad competente la devolución respectiva.
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
VII-TASR-1NOI-7
PAGO DE LO INDEBIDO.- SU DEVOLUCIÓN NO ESTÁ SUJETA A LA EMISIÓN DE UNA
RESOLUCIÓN QUE LA DECLARE PROCEDENTE.- De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, la devolución de una determinada contribución se
genera por el solo hecho de realizar el pago de lo indebido, sin que sea necesario que medie
resolución alguna por parte de la autoridad tributaria, puesto que el derecho a la misma se
configura en tanto se realice un pago sin estar obligado a ello con motivo de una disposición
legal, luego entonces, si vía juicio de nulidad se demanda la nulidad de una resolución negativa
ficta recaída a una solicitud de devolución de pago de lo indebido y la autoridad al dar
contestación a la demanda, manifiesta que tal devolución fue autorizada en forma total con sus
respectivos intereses, llevándose a cabo el depósito respectivo en la cuenta bancaria indicada
para tal efecto, lógico es, que en dicho supuesto no es necesario que la autoridad emita una
resolución expresa en torno a la devolución solicitada, ya que la procedencia de dicha devolución
surge en forma automática por el simple hecho de efectuar una erogación a la cual no se
encontraba obligado, máxime que se realiza en los términos aludidos en la solicitud de
devolución respectiva.
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LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
VII-TASR-1GO-17
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.- LA ACTUALIZACIÓN DE LOS TRES ELEMENTOS PARA
IMPUTAR UN DAÑO ANTIJURÍDICO AL ESTADO, COMO NEXO CAUSAL ENTRE LOS HECHOS Y LA
ACCIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.- La imputación de un daño antijurídico al Estado
exige tres condiciones o requisitos fundamentales: I. La acción u omisión de su actividad o función administrativa
expresada indistinta o concurrentemente en forma de actos y hechos administrativos; a saber, aquellos que el
Estado realiza bajo un orden jurídico creador de situaciones jurídicas individuales y están revestidos de cierta
formalidad; II. La relación del Estado y sus agentes por virtud de la cual quedan éstos integrados a la
organización prestadora de actividades o servicios correspondientes a aquél; III. La titularidad del Estado respecto
de la actividad administrativa o servicio público que preste a través de sus agentes. En el caso, el primero de
dichos elementos se acreditó porque la detención, el embargo precautorio y la declaratoria de que el vehículo en
cuestión pasaba a propiedad del fisco federal, se encuentran plenamente regulados en la Ley Aduanera, en
particular en los artículos 150 a 153, por ende su emisión, requiere del cumplimiento de una serie de formalidades
-dentro de las cuales destaca el principio de inmediatez- que la autoridad inobservó. El segundo de dichos
elementos se acreditó porque los actos materia de litis, fueron realizados por personal adscrito a la Aduana de
Miguel Alemán; en tanto que el tercero de ellos, se actualiza porque del contenido de los artículos 150 a 153 de la
Ley Aduanera se advierte que alude en todo momento a “las autoridades aduaneras”, dentro de las cuales
evidentemente se encuentra la Aduana de Miguel Alemán, como se corrobora de los artículos 7, fracciones I, VII,
y XVIII de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 2, segundo y cuarto párrafos, 12, fracción II, último
párrafo, en correlación con el 10, fracciones IX, XI, XIII, XIV, XVI, XXIII, XXXIV y XLVIII, artículo 37, inciso C
renglón 23 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente en 2005. De esta forma, al
encontrarse reunidas las tres condiciones necesarias para la imputación de un daño al Estado, el nexo causal
entre la privación de la posesión y propiedad del vehículo a la actora (hechos), con la actuación del estado
(detención, embargo precautorio y la declaratoria de que el vehículo pasaba a propiedad del fisco federal) (acción
del Servicio de Administración Tributaria), se encuentra plenamente acreditado y ello basta para reconocer su
derecho a la indemnización por daños y perjuicios.
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE
VII-P-1aS-388
CERTIFICADO DE ORIGEN VÁLIDO CONFORME AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE
AMÉRICA DEL NORTE. LO ES CUANDO EN SU CAMPO 11 SE ANOTE LA FECHA EN QUE
INICIALMENTE FUE LLENADO O BIEN LA FECHA EN LA QUE FUE CORREGIDO.- Conforme
a lo dispuesto por los artículos 501 y 502 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los
importadores que pretendan obtener el trato arancelario preferencial, deberán tener en su
poder al momento de formular el pedimento de importación respectivo, un certificado de
origen que ampare la mercancía importada, mismo que deberá estar requisitado en su
totalidad, conforme al instructivo de llenado contenido en el anexo 1, de la Resolución que
establece las Reglas de Carácter General relativas a la aplicación de las disposiciones en
Materia Aduanera del citado Tratado. Ahora bien, por lo que se refiere al campo 11, tal
instructivo, establece particularmente, que en dicho campo deberá anotarse la fecha en
que éste sea llenado y firmado, sin precisar que se deba asentar la fecha en que el
certificado sea corregido, si fuese el caso; de lo que se sigue que cuando eventualmente se
realiza la corrección, el citado campo, podrá contener la fecha en que originalmente fue expedido
el certificado, o bien, la fecha en que se hubiera realizado la corrección, tomando en
consideración que el mencionado instructivo simplemente indica que deberá anotarse la fecha en
que el certificado se llenó y firmó. En mérito de lo anterior, el campo 11 del certificado de origen
que hubiere sido corregido, es válido, si se llena y firma con una u otra fecha; es decir, la que
corresponde a la expedición del certificado de origen, o bien, la de su corrección, ya que las
disposiciones de llenado del campo 11, no exigen que en éste, necesariamente, se contenga
también la fecha en que se realizó su corrección. Lo anterior es así, toda vez que lo relevante es
que el certificado debe contener fecha de llenado y firma, sin mayores requisitos.
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COMERCIO EXTERIOR
VII-P-1aS-387
CERTIFICADO DE ORIGEN, ES VÁLIDO AUN CUANDO LA FACTURA Y EL PEDIMENTO DE
IMPORTACIÓN CONTENGAN ABREVIATURAS EN EL NOMBRE DEL EXPORTADOR.- De
conformidad con los artículos 7-02 y 7-03 del Tratado de Libre Comercio celebrado entre los
Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, así como de
las Reglas 1 fracción IV, 5, 9 y 11 de la Resolución que establece las Reglas de carácter general
relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera, el importador que solicite el
otorgamiento de un trato arancelario preferencial, deberá exhibir un certificado de origen válido
requisitado en términos del Instructivo de llenado del certificado de origen, debiendo
proporcionar, entre otros datos, los relativos al campo 1, consistentes en el nombre completo,
denominación o razón social, domicilio (incluyendo ciudad y país), número de teléfono, fax y el
número de registro fiscal del exportador. Ahora bien, si el importador exhibe un certificado de
origen que en el campo 1 contenga el nombre completo del exportador, a diferencia del
pedimento y de la factura donde aparece abreviado sin el punto al final de la abreviatura, ello
es insuficiente para declarar la invalidez del certificado y rechazar el trato arancelario
preferencial, en principio, porque en este documento se contiene el nombre completo del
exportador, tal como lo exige el instructivo relativo a su llenado y, en segundo término, porque en
caso de duda sobre la identidad del exportador, se podrán examinar el pedimento y la factura
para verificar los elementos que permitan su plena identificación, tales como su domicilio y
registro fiscal. De manera que será válido el certificado que contenga el nombre completo del
exportador, no obstante que en el pedimento y en la factura aparezca abreviado, siempre que se
corrobore fehacientemente su identidad.
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R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 17. Diciembre 2012. p. 73
LEY ADUANERA
VII-J-1aS-36
CERTIFICADO DE ORIGEN.- NO ACOMPAÑARLO AL PEDIMENTO NO IMPLICA LA
PRECLUSIÓN DEL DERECHO DE RENDIR LA PRUEBA.- Si bien es cierto que de conformidad
con el artículo 36 de la Ley Aduanera, vigente hasta marzo de 1996, y con el 66 de la Ley de
Comercio Exterior, el importador está obligado a acompañar al pedimento de importación el
certificado de origen, cuando las mercancías sean idénticas o similares a aquéllas por las que
deba pagarse una cuota compensatoria, también lo es, que la falta de presentación no puede
tener como consecuencia la preclusión del derecho de rendir la prueba. Por lo tanto, si se exhibe
el certificado de origen como prueba en el recurso administrativo o en el juicio, se le debe
admitir y valorar, aun cuando no se haya presentado ante la aduana, pues su presentación
extemporánea no puede tener como consecuencia privar al particular de su prueba. (Tesis de
jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-28/2012)
• Adrián Ocampo
• (619) 666 94 65
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