EL PROCESO ADMINISTRATIVO
DE RESTABLECIMIENTO
DE DERECHOS EN EL ESTADO
SOCIAL DE DERECHO
(II Parte)
Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el PARD
Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos
de la Infancia, la Adolescencia y la Familia
Bogotá D.C., noviembre de 2013
Estructura de la Presentación
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Aspectos generales
Principios Rectores
Concepto de familia
Las etapas del proceso administrativo
de restablecimiento de Derechos
Control jurisdiccional a las actuaciones
del ICBF
Observaciones, recomendaciones
y órdenes de la Corte Constitucional
al ICBF
Relación de Sentencias Analizadas
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Sentencia
T-531
T-079
T-123
T-205
T-503
T-191
T-412
T-495
T-587
T-049
T-293
T-389
T-723
T-1272
T-510
T-192
T-292
T-397
T-609
T-244
T-494
T-497
T-137
T-466
T-090
T-328
Año
1992
1993
1994
1994
1994
1995
1995
1997
1998
1999
1999
1999
1999
2001
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2007
2007
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
VLADIMIRO NARANJO MESA
JORGE ARANGO MEJÍA
VLADIMIRO NARANJO MESA
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
ANTONIO BARRERA CARBONELL
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
ÁLVARO TAFUR GALVIS
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
RODRIGO ESCOBAR GIL
RODRIGO ESCOBAR GIL
MARCO GERARDO MONROY CABRA
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
JAIME CÓRDOVA TRIVIÑO
Relación de Sentencias Analizadas
N°
27
28
29
30
331
332
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
47
48
49
50
51
Sentencia
T-024
T-572
C-804
T-887
T-968
T-090
T-671
C-840
T-899
T-1042
T-068
T-205
T-319
T-342
T-502
T-557
T-580A
T-844
T-1272
T-001
T-075
T-232
T-260
T-689
T-075
T-212
Año
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
Magistrado Ponente
RODRIGO ESCOBAR GIL
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
NILSON PINILLA PINILLA
JORGE IVÁN PALACIO CEPEDA
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
ERNESTO VARGAS SILVA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
ÁLVARO TAFUR GALVIS
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
NILSON PINILLA PINILLA
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
NILSON PINILLA PINILLA
NILSON PINILLA PINILLA
I. ASPECTOS GENERALES
FINALIDAD DEL PARD – DIGNIDAD HUMANA
• «El restablecimiento de los derechos de los niños, las
niñas y los adolescentes, implica la restauración de su
dignidad e integridad como sujetos de derechos y de la
capacidad para realizar un ejercicio efectivo de los
derechos que le han sido vulnerados (…) las autoridades
deberán surtir procedimientos tendientes a garantizar el
cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños,
las niñas y los adolescentes y aplicarán oportunamente
las medidas conducentes a ello» (negrita fuera de texto).
Sentencia T-075 de 2012
M.P. Nilson Pinilla Pinilla
SIGNIFICADO Y ALCANCE DE SER DIRECTOR Y EJECUTOR
DEL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
• “[E]l defensor y el comisario de familia, como ejecutores
del trámite de restablecimiento de los derechos (…)
deben ir más allá del simple cumplimiento de los
requisitos y las exigencias del trámite administrativo,
para realizar una revisión de los requisitos sustanciales
del asunto y establecer si la decisión viola derechos
fundamentales de los niños involucrados,
determinando si la medida adoptada es oportuna,
conducente y conveniente, según las circunstancias que
rodean al niño, niña o adolescente”(negrita fuera de texto).
Sentencias T-075 de 2012
M.P. Nilson Pinilla Pinilla
Sentencia T-075 de 2013
M.P. Nilson Pinilla Pinilla
SIGNIFICADO Y ALCANCE DE SER DIRECTOR Y EJECUTOR
DEL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
• “Tratándose de aquellos funcionarios que por motivo de
su trabajo diariamente tienen que enfrentarse a la
durísima realidad del país, es particularmente
importante hacer un esfuerzo adicional para que el dolor
ajeno no se convierta en algo que por cotidiano se torne
en deshumanizador (…). Es este el constitucionalismo
humanista íntimamente ligado al valor de la solidaridad.
Este comportamiento fortalece el oficio del Defensor o
las Defensoras de Familia, que en sentir de la Corte es
muy importante y merece todo el respeto”.
Obligación de aplicación de los principios
constitucionales por parte de las autoridades
públicas
Sentencia T-723 de 1999
M.P. Alejandro Martínez Caballero
SIGNIFICADO Y ALCANCE DE SER DIRECTOR Y EJECUTOR
DEL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
• “Los operadores jurídicos (dentro de ellos los Defensores de
Familia) no se deben atener, (…) únicamente a la
normatividad reglamentaria sino que deben poner especial
cuidado a los principios, especialmente si son constitucionales;
igualmente deben ponderar y reflexionar sobre los valores y
los derechos fundamentales constitucionales, en todos los
casos en que deban jurídicamente decidir. Si se trata de temas
referentes a un menor [de edad], el principio de la prevalencia
de los derechos del niño sobre los derechos de los demás, es
un elemento orientador obligatorio”.
Obligación de aplicación de los principios
constitucionales por parte de las autoridades
públicas
Sentencia T-723 de 1999
M.P. Alejandro Martínez Caballero
SIGNIFICADO Y ALCANCE DE SER DIRECTOR Y EJECUTOR
DEL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
• “El Defensor de Familia tiene dentro de sus
obligaciones la de hacer un seguimiento
permanente del infante declarado en presunta
situación de riesgo y su tarea no puede ir sólo
hasta señalar que el menor [de edad] se encuentra
en tales circunstancias; de lo contrario como
ocurre en el asunto bajo examen, se pone en
peligro ese interés superior del menor [de edad]”.
Obligación de seguimiento
Sentencia T-497 de 2005
M.P. Rodrigo Escobar Gil
SIGNIFICADO Y ALCANCE DE SER DIRECTOR Y EJECUTOR
DEL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
• “Los defensores de familia desarrollan en la actualidad labores anteriormente
confiadas a los jueces (…). La ley ha encomendado a los Defensores de Familia
delicadas funciones en interés de la institución familiar y del menor [de edad]
(…). La negligencia de los funcionarios públicos encargados de velar por los
intereses del menor [de edad] puede constituir una forma de indefensión cuando
su inactividad o inidoneidad manifiestas durante el proceso civil tienen como
consecuencia la desprotección judicial de los intereses del niño. Ello puede
suceder, si se dejan de solicitar pruebas de vital importancia para el
esclarecimiento de situaciones de abandono o peligro, si no se interponen los
recursos ordinarios o extraordinarios que la ley dispone contra providencias
adversas a los intereses del menor [de edad] o, aún más grave, cuando
existiendo una presunción legal de abandono ella no se decreta oficiosamente
por parte de la autoridad competente para salvaguardar los derechos del niño”.
Características de las funciones ejercidas por los
Defensores de Familia y deberes en relación con la
garantía de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes
Sentencia T-531 de 1992
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
SIGNIFICADO Y ALCANCE DE SER DIRECTOR Y EJECUTOR
DEL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
• “[L]as autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el
contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con
un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las
disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de
los menores [de edad] implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho
interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes
constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar
integral de los menores [de edad] que requieren su protección – deberes que
obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un
grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus
decisiones” (negrita fuera de texto).
Deberes que surgen de las facultades
discrecionales de las autoridades
Sentencias T-466 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencia T-580A de 2011
M.P. Mauricio González Cuervo
Sentencia T-075 de 2013
M.P. Nilson Pinilla Pinilla
SIGNIFICADO Y ALCANCE DE SER DIRECTOR Y EJECUTOR
DEL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
• “[L]as autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el
contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con
un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las
disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de
los menores [de edad] implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho
interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes
constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar
integral de los menores [de edad] que requieren su protección – deberes que
obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un
grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus
decisiones” (negrita fuera de texto).
Deberes que surgen de las facultades
discrecionales de las autoridades
Sentencias T-466 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencia T-580A de 2011
M.P. Mauricio González Cuervo
Sentencia T-075 de 2013
M.P. Nilson Pinilla Pinilla
SIGNIFICADO Y ALCANCE DE SER DIRECTOR Y EJECUTOR
DEL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
• “Por tanto, la actuación que desplieguen las autoridades
administrativas debe desarrollarse bajo la observancia del
principio de legalidad, marco dentro del cual pueden ejercer su
atribución y en este contexto los actos que emitan como
manifestación de la voluntad de la administración podrán
producir efectos jurídicos. De esta manera, se diferencia el límite
que separa el ejercicio de una potestad legal de una decisión
arbitraria o caprichosa”.
Deberes que surgen de las facultades
discrecionales de las autoridades
Sentencia T-844 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
II. PRINCIPIOS RECTORES
EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL
• “[E]s obligación del Estado remover aquellos
obstáculos que impidan el ejercicio de los
derechos fundamentales de los menores de
edad, particularmente si estas barreras
constituyen meros formalismos, que nada
aportan al ejercicio eficaz de los derechos y,
por el contrario, lo entorpecen, con mayor
exposición a condiciones de vulnerabilidad, que
es precisamente lo que proscribe la carta
fundamental”.
Sentencia T-212 de 2013
M.P. Nilson Pinilla Pinilla
EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL
• “[T]oda decisión administrativa o judicial que
recaiga sobre un menor [de edad] debe
tomarse teniendo como punto esencial de
referencia que aquélla haya de propender,
antes que a cualquier otra cosa, a lograr su
máximo beneficio, y que debe evitarse, a toda
costa, adoptar una medida que pueda causarle
un daño físico o espiritual, o disminuir o
extinguir las condiciones de mejor protección
en que se encuentra”.
Sentencia T-049 de 1999
M.P. José Gregorio Hernández Galindo
EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO – PRINCIPIO PRO INFANS
• “El interés superior del menor [de edad] refleja una
norma ampliamente aceptada por el derecho
internacional, consistente en que al menor [de
edad] se le debe otorgar un trato preferente,
acorde con su caracterización jurídica en tanto
sujeto de especial protección, de forma tal que se
garantice su desarrollo integral y armónico como
miembro de la sociedad”.
Concepto de Interés
Superior del Niño
Sentencia hito: T-510 de 2003
M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA.
Sentencias confirmadoras de línea: C-804 de 2009 M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA;
C-840 de 2010 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA; T-319 de 2011 JORGE IVÁN PALACIO CEPEDA;
T-260 de 2012 M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO y T-723 de 1999 ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO – PRINCIPIO PRO INFANS
• “Las decisiones adoptadas por las autoridades que conocen de
casos en los que esté de por medio un menor de edad –
incluyendo a las autoridades administrativas de Bienestar
Familiar y a las autoridades judiciales, en especial los jueces de
tutela– deben propender, en ejercicio de la discrecionalidad que
les compete y en atención a sus deberes constitucionales y
legales, por la materialización plena del interés superior de
cada niño en particular, en atención a (i) los criterios jurídicos
relevantes, y (ii) una cuidadosa ponderación de las
circunstancias fácticas que rodean al menor [de edad]
involucrado” (negrita fuera de texto).
Materialización del Interés
Superior del Niño
Sentencia Hito: T-466 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencias confirmadoras de línea: Sentencia T-502 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
T-899 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-557 de 2011 M.P. maría Victoria Calle Correa;
T-580A de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo; T-075 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla;
T-075 de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO – PRINCIPIO PRO INFANS
• “Acerca de los criterios jurídicos que deben observarse para aplicar en
concreto el principio del interés superior de menores de dieciocho años, en
la jurisprudencia de esta Corporación se han establecido los siguientes: (i)
el principio del interés superior de los niños, las niñas y adolescentes se
realiza en el estudio de cada caso en particular y tiene por fin asegurar su
desarrollo integral; (ii) este principio, además, persigue la realización
efectiva de sus derechos fundamentales y también resguardarlos de los
riesgos prohibidos que amenacen su desarrollo armónico. Estos riesgos no
se agotan en los que enuncia la ley sino que también deben analizarse en
el estudio de cada caso particular; (iii) debe propenderse por encontrar un
equilibrio entre los derechos de los padres o sus representantes legales y
los de los niños, las niñas y adolescentes. Sin embargo, cuando dicha
armonización no sea posible, deberán prevalecer las garantías superiores
de los menores de dieciocho años. En otras palabras, siempre que
prevalezcan los derechos de los padres, es porque se ha entendido que
ésta es la mejor manera de darle aplicación al principio del interés
superior de los niños, las niñas y adolescentes” (Negrita en el texto original).
Materialización del Interés
Superior del Niño
Sentencia T-844 de 2011
MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO – PRINCIPIO PRO INFANS
• “[E]l interés superior del menor [de edad] no constituye un ente abstracto,
desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan
formular reglas generales de aplicación mecánica. Al contrario: el
contenido de dicho interés, que es de naturaleza real y relacional, sólo se
puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias
individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad, que en tanto
sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el Estado con
todo el cuidado que requiere su situación personal” (Negrita fuera del texto).
Concreción del principio
del Interés Superior del Niño
y de corresponsabilidad
Sentencia hito: Sentencia T-510 de 2003
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencias confirmadoras de línea: T-205 de 2011 M.P. Nilson Pinilla Pinilla;
T-319 de 2011 Jorge Iván Palacio Cepeda; T-075 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla;
T-689 de 2012 M.P. maría Victoria Calle correa; T-723 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero
y T-075 de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO – PRINCIPIO PRO INFANS
• “El sentido mismo del verbo ´prevalecer´ implica, necesariamente,
el establecimiento de una relación entre dos o más intereses
contrapuestos en casos concretos, entre los cuales uno (el del menor
[de edad]) tiene prioridad en caso de no encontrarse una forma de
armonización; por lo mismo, los derechos e intereses conexos de los
padres y demás personas relevantes se deben tomar en cuenta en
función del interés superior del menor [de edad]. De hecho, sólo así
se logra satisfacer plenamente el mandato de prioridad de los
intereses de los niños, ya que éstos son titulares del derecho
fundamental a formar parte de una familia, por lo cual su situación
no debe ser estudiada en forma aislada, sino en el contexto real de
sus relaciones con padres, acudientes y demás familiares e
interesados”.
El Interés Superior del Niño
y el Derecho a Tener una Familia
y a no Ser Separado de Ella
Sentencia T-671 de 2010
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO – PRINCIPIO PRO INFANS
• “[E]l principio del interés superior del menor [de edad]
opera como el criterio orientador de la interpretación y
aplicación de las normas de protección de la infancia
que hacen parte del bloque de constitucionalidad y del
Código de la Infancia y la Adolescencia. También lo ha
reconocido así la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (…). [S]u interpretación y aplicación, debiendo
aplicarse siempre la norma más favorable al interés
superior del menor [de edad]”.
El Interés Superior del Niño
como criterio de interpretación
jurídica
Sentencia T-557 de 2011
M.P. María Victoria Calle Correa
EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO – PRINCIPIO PRO INFANS
• “Este principio pretende orientar el ejercicio interpretativo que
debe adelantar la autoridad, cuando se haga necesaria su
intervención por encontrarse dos o más intereses contrapuestos
en casos concretos, entre los cuales uno (el del menor [de edad])
tiene prioridad en caso de no encontrarse una forma de
armonización. Por esta razón, los derechos e intereses de los
padres y demás personas relevantes deben ser interpretados y
garantizados en función del interés superior del menor [de edad],
de manera que sólo así se logra satisfacer plenamente el
mandato de prioridad de los intereses de los niños. En
consideración a que éstos son titulares del derecho fundamental
a formar parte de una familia, su situación no debe ser estudiada
en forma aislada, sino en el contexto real de sus relaciones con
padres, acudientes y demás familiares e interesados”.
..
El Interés Superior del Niño
como criterio de interpretación
jurídica
Sentencias T-510 de 2003
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencia T-557 de 2011
M.P. María Victoria Calle Correa
EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO – PRINCIPIO PRO INFANS
• Con relación al interés superior del niño indígena, el principio pro
infans se ha venido reconociendo y tutelando de manera que la
prevalencia del interés superior del niño o niña se establezca
teniendo en cuenta las especificidades y el enfoque diferencial de
los menores de edad que pertenecen a una comunidad indígena.
Esta prevalencia especial concilia los derechos de los niños y su
interés superior con los principios de identidad étnica y cultural
y la pertenencia a una comunidad determinada”
(Negrita fuera de texto).
Interés Superior de los niños, las niñas
y los adolescentes pertenecientes
a comunidades indígenas
Sentencia T-001 de 2012
M.P. Juan Carlos Henao Mejía
EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO – PRINCIPIO PRO INFANS
• “[C]uando se trate de procesos jurisdiccionales o administrativos en donde esté involucrado
un niño indígena, se deben proteger conjuntamente sus derechos individuales con los
derechos colectivos a la identidad cultural y a su identidad étnica. En principio la
competencia para resolver los conflictos relacionados con niños indígenas están en el seno
de la comunidad a la que pertenecen y deben ser resueltos por sus autoridades conforme a
sus usos y costumbres. En este ámbito se debe observar el principio proinfans que consiste en
la prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás. Sin embargo,
cuando la jurisdicción indígena o la misma comunidad viola los contenidos esenciales que
forman parte de las restricciones de la jurisdicción indígena, se puede tutelar por parte de
la jurisdicción nacional los derechos de los niños indígenas, ya que estos conservan sus
derechos individuales que no pueden ser negados por la colectividad (…).De esta manera se
constata la irrupción de una normatividad reglamentaria de carácter ´mixto´ o ´sincrética´ ya
que se conjugan para la solución de los casos relacionados con niños indígenas, instancias
gubernamentales y autoridades indígenas, proveyendo igualmente la participación a los
menores de edad en las decisiones que les afectan” (Negrita fuera de texto).
Interés Superior de los niños, niñas
y adolescentes pertenecientes
a comunidades indígenas - El derecho
a la protección jurisdiccional efectiva
de las familias indígenas
Sentencia T-001 de 2012
M.P. Juan Carlos Henao Mejía
EL PRINCIPIO DE LA CORRESPONSABILIDAD
• “El éxito de la labor de las autoridades y funcionarios
encargados de garantizar los derechos fundamentales de los
ciudadanos depende esencialmente de la comunicación que
exista entre los particulares y los representantes del Estado (…)
Hasta cierto punto, la efectividad de muchas funciones oficiales
está directamente relacionada con la demanda ciudadana por
soluciones y por respuestas a los problemas que se presentan”.
Colaboración armónica,
solidaridad
y comunicación entre
el Estado y la Sociedad
Sentencia T- 389 de 1999
M.P. Carlos Gaviria Díaz
EL PRINCIPIO DE LA CORRESPONSABILIDAD
• “Se trata sin ninguna duda, de un sistema de protección que no
se conforma con el movimiento inercial que por tradición
ejecuta el Estado, sino que exige en muchos casos que sea la
Administración que tome la iniciativa e indique al particular la
manera apropiada de hacer valer sus derechos y los de aquellas
personas que están bajo su cuidado”.
Colaboración armónica,
solidaridad
y comunicación entre
el Estado y la Sociedad
Sentencia T- 389 de 1999
M.P. Carlos Gaviria Díaz
EL PRINCIPIO DE LA CORRESPONSABILIDAD
• “[C]iertas acciones sólo pueden llevarse a cabo a partir de la
contribución de múltiples organismos y que por lo tanto, la
responsabilidad en la consecución de los fines que se estiman
deseables depende, en última instancia de la colaboración de
todos los entes interesados –institucionalizados o no-”.
Colaboración armónica,
solidaridad
y comunicación entre
el Estado y la Sociedad
Sentencia T- 389 de 1999
M.P. Carlos Gaviria Díaz
EL PRINCIPIO DE LA CORRESPONSABILIDAD
• “[R]especto de la protección integral de la infancia,
a los padres, a las autoridades judiciales y
administrativas y a la sociedad les corresponde
actuar de manera armónica y coordinada”.
Colaboración armónica,
solidaridad
y comunicación entre
el Estado y la Sociedad
Sentencia T-1272 de 2001
M.P. Álvaro Tafur Galvis
EL PRINCIPIO DE LA CORRESPONSABILIDAD
• “La corresponsabilidad de todos en la protección de este grupo, permite que
cualquier persona pueda exigir de la autoridad competente el cumplimiento y
garantía de sus derechos, como expresamente lo consagra el precepto
constitucional en cita. Por tanto, es deber de todo individuo en nuestra sociedad
actuar como agente oficioso de los derechos y garantías de los niños, niñas y
adolescentes ante la vulneración o amenaza de sus derechos en donde es
irrelevante si tiene o no un representante legal, porque se repite, la Constitución
impuso la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia en su efectiva
protección, lo que se traduce en que fue el mismo Constituyente el que
estableció la legitimación en la causa de cualquier persona para actuar en
nombre de los niños, niñas o adolescentes que se encuentren en estado de riesgo
o vulneración de sus derechos. No en pocas ocasiones es el representante legal el
agente de la vulneración, en consecuencia, no se puede exigir que actúe en
defensa de los derechos de su representado, pues puede acontecer que éste, por
negligencia, ignorancia o simplemente como sujeto activo de la vulneración,
omita hacer uso de los instrumentos jurídicos diseñados para lograr el amparo
de quien se encuentra bajo su representación” (Negrita en el texto original).
La Sociedad
Sentencia T-844 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
EL PRINCIPIO DE LA CORRESPONSABILIDAD
• “La función propia del I.C.B.F. es la de
atender casos (…) en [los] cual[es] los
padres, por fallas de conducta,
posiblemente originadas en las
circunstancias del medio en que viven,
incumplen sus deberes, y privan a sus
hijos del sustento material y moral que
deben darles”
El Estado
Sentencia T-205 de 1994
M.P. Jorge Arango Mejía
EL PRINCIPIO DE LA CORRESPONSABILIDAD
• “Como quiera que en cuanto a la protección de los
menores [de edad] individualmente considerados, en
especial de aquellos que integran la ´(..) (sic) población
que se encuentre en situación de mayor vulnerabilidad
socioeconómica, nutricional, psicoafectiva y moral (..)
(sic)´, al Instituto accionado le compete no solo diseñar
la política estatal al repecto (sic) sino ejecutarla y
comprometer a los padres, a las otras entidades del
Estado y a la sociedad en su realización”
El Estado
Sentencia T-1272 de 2001
M.P. Álvaro Tafur Galvis
EL PRINCIPIO DE LA CORRESPONSABILIDAD
• “[E]n aquellos casos en que ni la
familia ni la sociedad puedan cumplir
con la debida protección de los
derechos de las niñas y de los niños,
le corresponde al Estado hacerlo”.
El Estado
Sentencia T-887 de 1998
M.P. Mauricio González Cuervo
Sentencia T-844 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
DEBIDO PROCESO Y GARANTÍAS PROCESALES
• “[E]n todo momento debe garantizarse el
debido proceso de los afectados por las
decisiones a las que haya lugar (C.P. art. 29),
de lo cual se deriva la necesidad de otorgarles
los medios y las oportunidades para que
intervengan en el proceso, pongan de
presente sus razones y ejerzan su derecho de
defensa”.
Sentencias T-397 de 2004
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
DEBIDO PROCESO Y GARANTÍAS PROCESALES
• “El debido proceso, por consiguiente,
se desenvuelve de una parte en sede
administrativa y de otra con la
intervención judicial, en virtud de la cual
se surte el trámite de la homologación de
la decisión adoptada por las autoridades
del I.C.B.F”.
Sentencia T-1042 de 2010
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
DEBIDO PROCESO Y GARANTÍAS PROCESALES
• “El derecho fundamental al debido proceso se concreta
en dos garantías: i) la de informar a la persona
interesada de cualquier medida que lo pueda afectar y ii)
que mientras se adopta la decisión a que haya lugar, a la
persona se le debe garantizar la plena vigencia de sus
derechos superiores, especialmente, los de contradicción
e impugnación. En otras palabras, esta garantía se ejerce
durante todas las etapas que integran el respectivo
trámite y con posterioridad a la expedición de la decisión,
tratándose de actuaciones administrativas, este será el
acto administrativo”.
Sentencia T-844 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
DEBIDO PROCESO Y GARANTÍAS PROCESALES
• “Las autoridades públicas deben tener presente que sus
decisiones han de ser el resultado de un procedimiento
respetuoso de las formas propias de cada juicio, mucho
más los Defensores de Familia para quienes es imperativa
la sujeción a la Constitución, por cuanto las decisiones
que adoptan afectan directamente a la familia. Por ello
tienen el deber constitucional y legal de garantizar el
respeto al derecho de defensa y el mantenimiento de la
igualdad de las partes”.
Sentencia T-844 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
DEBIDO PROCESO Y GARANTÍAS PROCESALES
• “[D]entro del proceso de adopción y
específicamente en la decisión de carácter
administrativo de declaratoria de abandono, como
etapa mediante la cual se define la situación del
menor [de edad], se deben garantizar los principios
de las garantías procesales y no todo puede quedar
al arbitrio de los funcionarios del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, pues su actuación
debe estar circunscrita a lo que preceptúan la
Constitución y las Leyes”.
Garantías procesales
de los padres biológicos
Sentencia T-412 de 1995
M.P. Alejandro Martínez Caballero
.
DEBIDO PROCESO Y GARANTÍAS PROCESALES
• “[E]n todas las situaciones en que entren en conflicto
los derechos o intereses de los niños y los de sus
padres o personas a su cargo, deberá siempre darse
prelación al interés superior del menor [de edad], sin
que ello sea óbice para garantizar el derecho de los
padres o los interesados a participar en el
procedimiento de que se trate y el derecho, tanto de
ellos como del infante, salvo en las situaciones que
pongan en riesgo la integridad de este último, a
mantener el contacto directo con sus padres”.
Garantías procesales
de los padres biológicos
Sentencia T-557 de 2011
M.P. María Victoria Calle Correa
.
DEBIDO PROCESO Y GARANTÍAS PROCESALES
• “El respeto de las garantías procesales,
dentro del trámite propio a la etapa de
declaratoria de abandono, determina la
posibilidad del menor [de edad], de
encontrar una nueva familia con capacidad
de brindar la estabilidad de la cual carecía”.
Sentencia T-412 de 1995
M.P. Alejandro Martínez Caballero
Garantías procesales
de los niños, niñas y adolescentes
DEBIDO PROCESO Y GARANTÍAS PROCESALES
• “[E]l interés superior de la menor
[de edad], tal interés se pone en
peligro cuando no se cumple con
las reglas del debido proceso
administrativo”.
Garantías procesales
de los niños, niñas y adolescentes
Sentencia T-497 de 2005
M.P. Rodrigo Escobar Gil
III. CONCEPTO DE FAMILIA
CONCEPTO DE FAMILIA
• “El concepto de familia no incluye tan sólo la comunidad natural compuesta por
padres, hermanos y parientes cercanos, sino que se amplía, incorporando aun a
personas no vinculadas por los lazos de la consaguinidad (sic), cuando faltan
todos o algunos de aquéllos integrantes, o cuando, por diversos problemas entre
otros los relativos a la destrucción interna del hogar por conflictos entre los
padres, y obviamente los económicos, resulta necesario sustituir al grupo
familiar de origen por uno que cumpla con eficiencia, y hasta donde se pueda
con la misma o similar intensidad, el cometido de brindar al niño un ámbito
acogedor y comprensivo dentro del cual pueda desenvolverse en las distintas
fases de su desarrollo físico, moral, intelectual y síquico. La intervención estatal
sólo tiene cabida en cuanto se requiera su actividad y en búsqueda de mejores
condiciones que las actuales; no para desmejorar la situación del menor [de
edad], ni para someterla al albur de mundos desconocidos cuando el que lo
rodea es adecuado a la finalidad perseguida”.
Sentencia T-049 de 1999
M.P. José Gregorio Hernández Galindo
NÚCLEO DEL DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADO
DE ELLA Y LEGITIMACIÓN DEL ESTADO PARA INTERVENIR EN ESTE ÁMBITO
• “[L]a preservación de la familia hace parte de su esencia, sin que esto
implique que se trate de una situación inmodificable o absoluta, pues,
como se verá más adelante, si bien existe el deber de propender por la
unidad familiar, en algunos casos, el Estado puede intervenir para
proteger los derechos de sujetos de especial protección constitucional,
como son los niños, niñas y adolescentes. Y es que en el interior de esta
institución también existen deberes, como lo es la provisión de los
alimentos debidos entre los miembros de la misma, o el respeto y
cuidado de los hijos, por lo que – en caso de que los padres falten a
ellos – es obligación del Estado, conforme al interés superior del niño y
el derecho a la protección, gestionar medidas para evitar que tales
incumplimientos impliquen afectaciones a sus derechos”.
Sentencia T-068 de 2011
M.P. Juan Carlos Henao Pérez
NÚCLEO DEL DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADO
DE ELLA Y LEGITIMACIÓN DEL ESTADO PARA INTERVENIR EN ESTE ÁMBITO
• “Igualmente, la jurisprudencia constitucional
se ha referido en varias ocasiones a la
importancia del vínculo familiar y ha hecho
énfasis en que “desconocer la protección de
la familia significa de modo simultáneo
amenazar seriamente los derechos
constitucionales fundamentales de la niñez”.
Sentencia T-887 de 2009
M.P. Mauricio González Cuervo
Sentencia T-844 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA
• “[Las autoridades] deben abstenerse de
adoptar medidas administrativas o
judiciales que, en la práctica, impliquen
violar la unidad familiar, so pretexto, por
ejemplo, de amparar los derechos
fundamentales de alguno de sus
integrantes” (Negrita fuera de texto).
Sentencia T-572 de 2009
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
Sentencia T-887 de 2009
M.P. Mauricio González Cuervo
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA
• «Además del derecho de toda persona a la
preservación de la unidad familiar, se encuentra
como uno de los derechos constitucionales
fundamentales y prevalecientes del que son titulares
los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos
de especial protección constitucional, el derecho a
tener una familia y a no ser separados de ella,
consagrado en el artículo 44 de la Carta Política».
Sentencia T-844 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA
• “Igualmente, la jurisprudencia constitucional se ha
referido en varias ocasiones a la importancia del
vínculo familiar y ha hecho énfasis en que
desconocer la protección de la familia significa de
modo simultáneo amenazar seriamente los derechos
constitucionales fundamentales de la niñez”.
Sentencia T-887 de 2009
M.P. Mauricio González Cuervo
Sentencia T-844 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA
• “[S]e deriva la regla de la presunción a favor de la
familia biológica, según la cual, las medidas estatales de
intervención en la vida familiar, únicamente pueden
traer como resultado final la separación de los menores
de dieciocho años, cuando quiera que ésta no sea apta
para cumplir con los cometidos básicos que le competen
en relación con los niños, las niñas y adolescentes, o
represente un riesgo para su desarrollo integral y
armónico. En el mismo sentido, el Código de la Infancia y
Adolescencia colombiano consagra el derecho de los
niños a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos”.
(Negrita en el texto original).
Sentencias T-510 de 2003
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencia T-844 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub )
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA
• “[S]e deriva la regla de la presunción a favor de la
familia biológica, según la cual, las medidas estatales de
intervención en la vida familiar, únicamente pueden
traer como resultado final la separación de los menores
de dieciocho años, cuando quiera que ésta no sea apta
para cumplir con los cometidos básicos que le competen
en relación con los niños, las niñas y adolescentes, o
represente un riesgo para su desarrollo integral y
armónico. En el mismo sentido, el Código de la Infancia y
Adolescencia colombiano consagra el derecho de los
niños a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos”.
(Negrita en el texto original).
Sentencias T-510 de 2003
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencia T-844 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
PRESUNCIÓN A FAVOR DE LA FAMILIA BIOLÓGICA
• “[S]e deriva la regla de la presunción a favor de la
familia biológica, según la cual, las medidas
estatales de intervención en la vida familiar,
únicamente pueden traer como resultado final la
separación de los menores de dieciocho años,
cuando quiera que ésta no sea apta para cumplir
con los cometidos básicos que le competen en
relación con los niños, las niñas y adolescentes, o
represente un riesgo para su desarrollo integral y
armónico” (Negrita en el texto original).
Sentencias T-510 de 2003
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencia T-844 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
PROTECCIÓN A LA FAMILIA DE CRIANZA –
TRASLACIÓN DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
• “[L]a preservación del derecho de los niños a no ser
separados de su familia, así como la salvaguarda
constitucional del grupo familiar frente a injerencias
arbitrarias por parte del Estado, se traslada a la
familia de crianza cuandoquiera que el menor [de
edad] ha desarrollado con ésta vínculos de afecto y
dependencia cuya perturbación afectaría su interés
superior”.
Posición 1
Sentencias T-292 de 2004
M.P. Manuel José Cepeda Espinoza
Sentencia T-580A de 2011
M.P. Mauricio González Cuervo
PROTECCIÓN A LA FAMILIA DE CRIANZA –
TRASLACIÓN DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
• “[P]ese a que hay una presunción según la cual, los
cuidados más adecuados para un menor [de edad] son
aquéllos que le son brindados por parte de su familia
biológica, tal presunción puede ser desvirtuada cuando
aquél ha desarrollado vínculos afectivos con las personas,
que sin tener nexos de consanguinidad con él, son
encargadas de su cuidado. El supuesto para desvirtuar esta
presunción es que el cambio de ubicación del menor [de
edad] afectaría su interés superior, siendo contrario a sus
derechos fundamentales separarlo de su familia de crianza,
incluso si se hace con miras a restituirlo a su familia
biológica, tal y como lo ha señalado la Corte”.
Posición 1
Sentencia T-497 de 2005
M.P. Rodrigo Escobar Gil
PROTECCIÓN A LA FAMILIA DE CRIANZA –
TRASLACIÓN DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
• “Se impone dar aplicación al artículo 63 de la
Ley 1098 de 2006, que reconoce el deber de
solidaridad y por ende, la posibilidad de que un
niño, niña o adolescente reciba la protección de
una familia que no es la de origen, siempre y
cuando ésta garantice condiciones adecuadas
para el desarrollo armónico e integral. En ese
orden, el ICBF dentro del proceso de
restablecimiento que sigue, debe reconocer a
dicha familia como el su entorno protector”
Posición 1
Sentencia T-844 de 2011
MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
PROTECCIÓN A LA FAMILIA DE CRIANZA –
TRASLACIÓN DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
• “El amparo judicial de relaciones filiales no formalizadas de
acuerdo con las previsiones legales, conlleva el riesgo de
patrocinar actos que atentan contra la estabilidad de las
familias legítimamente constituidas, y el derecho de los
menores [de edad] a permanecer al lado de sus progenitores,
por lo que, en general, cuando el juez de tutela encuentre que
existen relaciones filiales de hecho entre quienes acuden a
solicitar que se les aplique justicia, debe ponerlas en
conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.
Posición 2
Sentencia T-495 de 1997
M.P. Carlos Gaviria Díaz
LA FAMILIA COMO ENTORNO PROTECTOR
• “[L]a vulneración del derecho a la familia constituye una amenaza seria
contra derechos fundamentales como el de la integridad física, la
salud, a crecer en un ambiente de afecto y solidaridad, a una
alimentación equilibrada, a la educación, a la recreación y a la cultura.
Un niño expósito no sólo es incapaz de satisfacer sus necesidades
básicas, sino que está en una circunstancia especial de riesgo respecto
de fenómenos como la violencia física o moral, la venta, el abuso
sexual, la explotación laboral o económica y el sometimiento a la
realización de trabajos riesgosos. En síntesis, el derecho a formar parte
de un núcleo familiar, además de ser un derecho fundamental que goza
de especial prelación, constituye una garantía esencial para asegurar
la realización de otros derechos fundamentales de la misma entidad,
consagrados en el artículo 44 de la Carta”.
Sentencia T-587 de 1998
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Sentencia T-934 de 2007
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROPORCIONALIDAD DE LAS
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE INTERVENCIÓN EN EL DERECHO
A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADO DE ELLA
• “(i) [L]a existencia de una lógica de gradación entre cada
una de ellas; (ii) la proporcionalidad entre el riesgo o
vulneración del derecho y la medida de protección
adoptada; (iii) la solidez del material probatorio; (iv) la
duración de la medida; y (v) las consecuencias negativas
que pueden comportar algunas de ellas en términos de
estabilidad emocional y psicológica del niño, niña o
adolescente” (Negrita fuera del texto).
Sentencia T-572 de 2009 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROPORCIONALIDAD DE LAS
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE INTERVENCIÓN EN EL DERECHO
A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADO DE ELLA
• “En la Sentencia SU-225 de 1998, la Corte afirmó que la
intervención estatal se presenta cuando la familia se ve
impedida para asumir sus obligaciones de asistencia y de
protección. Ante esa eventualidad compete al Estado
prestar la protección y el cuidado que las niñas y los niños
necesitan. En otros términos, los padres y demás
familiares se encuentran legalmente obligados a ofrecerle
a la niñez protección y sustento. El Estado deberá
intervenir cuando quiera que ese cuidado y protección no
sea suficiente” (Negrita en el texto original).
Sentencias SU-225 de 1998
M.P. Eduardo Cifuentes muñoz
Sentencia T-844 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
MEDIDAS QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LA FAMILIA EN EL
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ICBF RESPECTO A LA FAMILIA
• “[D]esde la faceta prestacional del derecho a la unidad familiar, aquéllas se encuentran
constitucionalmente obligadas a diseñar e implementar políticas públicas eficaces que
propendan por la preservación del núcleo familiar, medidas positivas que apunten,
precisamente, a lograr un difícil equilibrio entre la satisfacción de las necesidades
económicas de las familias y la atención y cuidados especiales que merecen los niños, en
especial, aquellos de menor edad (…). En otras palabras, las autoridades nacionales,
departamentales y municipales deben contar con programas sociales dirigidos a brindarle
a las familias opciones para que los niños permanezcan en un ambiente sano y seguro,
mientras que sus progenitores cumplen con sus deberes laborales (…). [L]a acción estatal
no puede encaminarse exclusivamente hacia la implementación de medidas de
restablecimiento de derechos (…) sino que igualmente, y de manera prioritaria, debe
encausar su accionar, presupuestal y burocrático, hacia la puesta en marcha de medidas
que, como se ha señalado, les faciliten a los padres poder cumplir con sus deberes
constitucionales y legales en relación con la prole, y al mismo tiempo, suplir las
necesidades económicas del núcleo familiar”.
Sentencia T-572 de 2009
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
Sentencia T-887 de 2009
M.P. Mauricio González Cuervo
MEDIDAS QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LA FAMILIA EN EL
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ICBF RESPECTO A LA FAMILIA
• “[E]l Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene la
obligación de asistir a las familias a través de los defensores de
familia, informándoles así mismo la transitoriedad de la medida
con el objeto de establecer un compromiso de esa institución
para superar las condiciones de vulnerabilidad social y
económica que le permitan retomar la plena responsabilidad en
el cuidado de sus hijos e hijas, además de los controles periódicos
que han de realizarle para verificar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en beneficio del menor [de edad]”.
Sentencia T-244 de 2005
M.P. Alfredo Beltrán Sierra
DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADO DE ELLA FRENTE
A PADRES PRIVADOS DE LA LIBERTAD
• “Las autoridades carcelarias deben garantizar que las
personas privadas de la libertad tengan un trato digno,
razón por la cual están en la obligación de hacer efectiva la
unión familiar del recluso, sobre todo cuando existen niños,
niñas y/o adolescentes de por medio, con el fin de que una
vez cumplida la pena, para estos no sea difícil volver a
adaptarse a su núcleo familiar y a la sociedad en general”.
Sentencia T-232 de 2012
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
PROTECCIÓN DE LA FAMILIA COMPUESTA POR VARIAS PERSONAS
SUJETAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
• “[L]as autoridades de bienestar familiar están en el deber
constitucional de facilitar, en la medida de lo posible y a
través de la coordinación interinstitucional a la que haya
lugar, el desarrollo de relaciones familiares integrales,
satisfactorias y plenas entre uno y otro sujetos de especial
protección constitucional”.
Sentencias T-397 de 2004
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
CRITERIOS PARA DEFINIR LA UBICACIÓN FAMILIAR DE UN MENOR
DE EDAD MATERIALIZANDO EL INTERÉS SUPERIOR
• Necesidad de preservar el derecho a tener una familia y a no ser
separado de ella (artículo 44 CP).
• La translación del ámbito de protección del derecho del niño a la
familia, hacia la familia de crianza, con la cual se han desarrollado
vínculos afectivos cuya perturbación afectaría su Interés Superior.
• Cese correlativo a favor de la familia biológica.
• Necesidad de razones poderosas que justifiquen la intervención del
Estado en las relaciones familiares, biológicas o de crianza
(Negrita fuera del texto).
Sentencia T-192 de 2004
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
CRITERIOS PARA DEFINIR LA UBICACIÓN FAMILIAR DE UN MENOR
DE EDAD MATERIALIZANDO EL INTERÉS SUPERIOR
• Necesidad de preservar el derecho a tener una familia y a no ser
separado de ella (artículo 44 CP).
• La translación del ámbito de protección del derecho del niño a la
familia, hacia la familia de crianza, con la cual se han desarrollado
vínculos afectivos cuya perturbación afectaría su Interés Superior.
• Cese correlativo a favor de la familia biológica.
• Necesidad de razones poderosas que justifiquen la intervención del
Estado en las relaciones familiares, biológicas o de crianza
(Negrita fuera del texto).
Sentencia T-192 de 2004
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
CRITERIOS PARA MATERIALIZAR EL INTERÉS SUPERIOR DE MENORES DE EDAD EN SITUACIÓN
DE DISCAPACIDAD, EN RELACIÓN CON MEDIDAS DE RETIRO DE SU FAMILIA DE ORIGEN
• “(1) [L]a necesidad de preservar el derecho de la menor [de edad]
a tener una familia y no ser separada de ella; (2) la necesidad de
razones poderosas que justifiquen la intervención del Estado en
las relaciones entre la peticionaria y su hija, así como los
requisitos y condiciones de tal intervención estatal en el ámbito
constitucionalmente protegido de la familia; y (3) la situación
especial de los niños cuyo cuidador es una persona con
discapacidad, en particular cuando se trata de su madre”
.
(Negrita fuera del texto)
Sentencia T-466 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
IV. LAS ETAPAS DEL PROCESO
ADMINISTRATIVO DE
RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “[L]a adopción de medidas de restablecimiento de
derechos (amonestación, ubicación en familia de origen
o extensa, en hogar de paso o sustituto llegando hasta
la adopción), debe encontrarse precedida y soportada
por labores de verificación, encaminadas a determinar
la existencia de una real situación de abandono, riesgo
o peligro que se cierne sobre los derechos
fundamentales del niño, niña o adolescente”.
La verificación de derechos precede
el Auto de Apertura de Investigación
Sentencia T-572 de 2009
M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA
PORTO Sentencia T-510 de 2003
M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Sentencia T-075 de 2013
M.P. NILSON PINILLA PINILLA
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “[A]l iniciar el procedimiento durante la
actuación administrativa de restablecimiento de
derechos, el defensor de familia antes de tomar
alguna decisión, debe verificar la garantía de los
derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes, con el objeto de establecer
fehacientemente la existencia de alguna
vulneración para así no incurrir en una
equivocación”.
La verificación de derechos precede
el Auto de Apertura de Investigación
Sentencia T-090 de 2010
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “En relación con la adopción de medidas de protección y
restablecimiento de derechos de los menores [de edad]
(amonestación, ubicación en familia de origen o extensa,
en hogar de paso o sustituto llegando hasta la adopción),
esta Corporación señaló, en sentencia T-572 de 2009, que
ésta debe estar siempre precedida y soportada por labores
de verificación, encaminadas a determinar la existencia de
una real situación de abandono, riesgo o peligro que se
cierne sobre los derechos fundamentales del niño, niña o
adolescente”.
La verificación de derechos precede
el Auto de Apertura de Investigación
Sentencia T-557 de 2011
M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “[L]as labores previas de verificación que debe
adelantar el funcionario competente antes de
tomar una de las medidas contempladas en el
artículo 53 del estatuto del menor, no impide
que en el mismo auto de iniciación de la
actuación administrativa, se tomen medidas
provisionales de urgencia”.
La verificación de derechos precede
el Auto de Apertura de Investigación
Sentencia T-580A de 2011
M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “[C]uando el defensor de familia tenga
conocimiento sobre la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de los niños, debe iniciar
la respectiva actuación administrativa, para
esclarecer las circunstancias de la irregularidad y
tomar las medidas necesarias, en la cual,
dependiendo del caso, podrá ordenar en el auto
de apertura las medidas provisionales o
cautelares que bien considere pertinentes”.
Oportunidad para proferir auto
de apertura de investigación
Sentencia T-090 de 2010
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “[E]l auto de iniciación de la actuación
administrativa para la restablecimiento de los
derechos fundamentales de los niños, puede incluir
la práctica de una medida provisional, como el
allanamiento y rescate del menor cuando se
encuentra”.
Medidas provisionales de
restablecimiento en el Auto
de Apertura de Investigación
Sentencia T-090 de 2010
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• Medidas de urgencia tomadas por escrito: “[c]on el fin de
evitar abusos y asegurar un control efectivo sobre las
decisiones de allanamiento que realicen los comisarios y
defensores de familia, es preciso que antes de proceder al
allanamiento con fines de rescate haya una valoración
juiciosa de la situación de peligro, e indicios serios sobre
la existencia y gravedad del peligro, a la luz de las reglas
civiles. También es indispensable que dicha valoración
sea plasmada por escrito, con el fin de facilitar el control
posterior de esa valoración y del procedimiento seguido
durante el allanamiento”.
Las medidas de urgencia deben
ser adoptadas por escrito
Sentencia C-256 de 2008
M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “(i) [D]eben ser precedidas de un examen integral de la situación en que se halla el niño,
de modo que no pueden basarse en apariencias, preconceptos o prejuicios; en otras
palabras, cualquier medida de restablecimiento debe fundamentarse en evidencia y
criterios objetivos; (ii) deben además responder a una lógica de gradación, es decir, a
mayor gravedad de los hechos, medidas de restablecimiento más drásticas; (iii) por
tanto, deben sujetarse al principio de proporcionalidad; (iv) deben adoptarse por un
término razonable; (v) cuando impliquen la separación del niño de su familia, deben ser
excepcionales, preferiblemente temporales y deben basarse en evidencia de que aquella
no es apta para cumplir con sus funciones básicas, pues el niño tiene derecho a vivir con
ella, así como a recibir protección contra injerencias arbitrarias e ilegales en su ámbito
familiar; (vi) deben estar justificadas en el principio de interés superior del niño; (vii); no
pueden basarse únicamente en la carencia de recursos económicos de la familia,
especialmente cuando conlleven la separación del niño de su familia; y (viii) en ningún
caso pueden significar una desmejora de la situación en la que se encuentra el niño”.
Justificación y proporcionalidad
de la Medidas de Restablecimiento
de Derechos
Sentencia T-276 de 2012
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “[C]on todas las pruebas que obran en el expediente,
resulta evidente que la imposición de la medida de
restablecimiento de derechos, consistente en ubicación en
un hogar sustituto, fue desproporcionada y arbitraria por
cuanto (i) no se contaba con pruebas objetivas que la
respaldaran; (ii) existían medidas menos drásticas
(amonestación) de protección del menor; (iii) su duración
fue exagerada (casi 6 meses); y (iv) siempre estuvo
presente el prejuicio según el cual un niño con cabello largo
es sinónimo de menor abandonado, lo cual carece de todo
respaldo psicológico siendo además discriminatorio”.
Justificación y proporcionalidad
de la Medidas de Restablecimiento
de Derechos
Sentencia T-572 de 2009
M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “[L]a Corte ha señalado en su jurisprudencia que la
intervención del Estado no puede ser arbitraria o
desproporcionada. Y es que en virtud de la aplicación
del interés prevalente del niño, niña o adolescente
(conforme con el artículo 9º del CIA) han de
observarse las condiciones fácticas y jurídicas que
permitan a las autoridades decidir cuáles son las
mejores medidas a adoptar, siempre bajo parámetros
de proporcionalidad”.
Justificación y proporcionalidad
de la Medidas de Restablecimiento
de Derechos
Sentencia T-068 de 2011
M.P. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “La Corte ha dicho que las medidas de
protección deben ser adoptadas por las
autoridades administrativas correspondientes, no
atendiendo a apreciaciones meramente
subjetivas, sino a criterios científicos que
comprueben la necesidad de adoptar medidas de
protección o de restablecimiento de los derechos”.
Justificación y proporcionalidad
de la Medidas de Restablecimiento
de Derechos
Sentencia T-899 de 2010
M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “La Corte ha dicho que las medidas de
protección deben ser adoptadas por las
autoridades administrativas correspondientes,
no atendiendo a apreciaciones meramente
subjetivas, sino a criterios científicos que
comprueben la necesidad de adoptar medidas
de protección o de restablecimiento de los
derechos”.
Justificación y proporcionalidad
de la Medidas de Restablecimiento
de Derechos
Sentencia T-899 de 2010
M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “La Corte ha dicho que las medidas de
protección deben ser adoptadas por las
autoridades administrativas correspondientes, no
atendiendo a apreciaciones meramente
subjetivas, sino a criterios científicos que
comprueben la necesidad de adoptar medidas de
protección o de restablecimiento de los
derechos”.
Justificación y proporcionalidad
de la Medidas de Restablecimiento
de Derechos
Sentencia T-899 de 2010
M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “Bajo la presunción de mantener los vínculos con la familia el artículo 56
del Código de la Infancia y la Adolescencia en consonancia con lo que
señalaba el articulo 70 del anterior Código del Menor, consagra como una
de las posibles medidas de restablecimiento de los derechos de los niños la
“Ubicación en familia de origen o familia extensa”, describiéndola como “la
ubicación del niño, niña o adolescente con sus padres, o parientes de
acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Código Civil, cuando éstos
ofrezcan las condiciones para garantizarles el ejercicio de sus derechos. Si
de la verificación del estado de sus derechos se desprende que la familia
carece de recursos económicos necesarios para garantizarle el nivel de vida
adecuado, la autoridad competente informará a las entidades del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar, para que le brinden a la familia los
recursos adecuados mientras ella puede garantizarlos”
(negrita fuera del texto).
Ubicación con la familia de origen o con la familia
extensa, como Medida de Restablecimiento
de Derechos
Sentencia T-844 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “[H]a sostenido enfáticamente la Corte que la prevalencia de derechos y
el interés superior del niño, niña y adolescente no implican per se que
con ocasión de cualquier anomalía o infracción parental se produzca
necesariamente la separación jurídica y material del niño, niña y
adolescente de cualquiera de sus padres, toda vez que existen medidas
intermedias que el operador puede adoptar con el fin de sancionar al
padre infractor y para apuntalar que sus actuaciones se ajusten al
interés del niño, niña y adolescente. La más grave y extrema, la
constituye la extinción o suspensión de cualquiera de las facultades
parentales y la patria potestad misma”.
Medidas Intermedias
de Restablecimiento de Derechos
SentenciasT-115 de 2007
M.P. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Sentencia T-1042 de 2010
M.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• La existencia de claros riesgos para la vida, la integridad o la salud de los niños
o de las niñas.
• Los antecedentes de abuso físico, sexual o psicológico en la familia.
• Toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual,
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
• en general todas las circunstancias frente a las cuales el artículo 44 de la Carta ordena
proteger a la niñez.
• Hechos o situaciones que puedan constituir indicadores fuertes sobre la ineptitud de
un cierto grupo familiar.
• Circunstancias cuya verificación no es suficiente, en sí mismo, para justificar una
decisión de separar al menor de su familia biológica.
Criterios para determinar la idoneidad
de una familia como entorno protector
en la etapa de Verificación – justificación
la intervención del Estado
Sentencia T-502 de 2011
para
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sentencia T-580A de 2011
M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• [L]as medidas administrativas de protección que separen a un niño de su
familia deben ser de carácter temporal, ya que las autoridades de bienestar
familiar están en el deber de hacer lo posible por contribuir a que se superen las
condiciones familiares que justificaron la imposición de la medida de protección
inicial y a descontinuar, en la medida en que ello sea posible y satisfaga el
interés superior del menor involucrado, la medida de protección. En este
sentido, debe tenerse en cuenta que (i) los niños objeto de medida de
protección tienen derecho a no ser separados definitivamente de su familia,
salvo que ésta, se reitera, represente un riesgo para ellos o desconozca su
interés superior(…) y que (ii) en forma concomitante, tanto ellos como sus
parientes tienen derecho a que eventualmente se restablezcan los vínculos
familiares objeto de intervención estatal”.
Características de las Medidas Administrativas
de Restablecimiento de Derechos que separen
a los menores de edad de su familia
Sentencia T-397 de 2004
M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Sentencia T-466 de 2006
M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “[L]os menores [de edad] tienen derecho a crecer
en el seno de una familia, a ser acogidos y no ser
expulsados de ésta. No obstante, admite una
excepción a dicha regla, al establecer que un niño
podrá ser separado de su familia cuando la misma
no garantice las condiciones para la realización y
el goce efectivo de sus derechos, sin que la
condición económica pueda dar lugar a la
separación”.
Características de las Medidas
Administrativas de Restablecimiento
de Derechos que separen a los menores
de edad de su familia
Sentencia T-557 de 2011
M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “(1) [A]l momento de imponer una determinada medida de protección que implique la
separación de un niño de su núcleo familiar, los funcionarios administrativos
competentes deben verificar que existan circunstancias serias y objetivas que así lo
justifiquen, en los términos descritos en este acápite. Después, (2) una vez impuesta
esta medida y en el curso del proceso administrativo de protección correspondiente,
tales funcionarios administrativos de bienestar familiar están en la obligación de hacer
todo lo posible por contribuir a remediar las condiciones familiares que justificaron la
imposición dicha medida, con miras a reintegrar al menor a su núcleo familiar, salvo
que éste represente un riesgo serio para el niño como los anteriormente descritos, o
por sus circunstancias objetivas lleve a concluir que el reintegro del menor [de edad] no
satisface su interés superior y prevaleciente ni sus derechos fundamentales”
Características de las Medidas Administrativas
de Restablecimiento de Derechos que separen
a los menores de edad de su familia
Sentencias T-397 de 2004
M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “[C]omo regla general, el niño siempre debe
permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan
razones imperiosas y determinantes, en función del
interés superior de aquél, para optar por separarlo de
su familia. En todo caso, la separación debe ser
excepcional y, preferentemente, temporal”.
Características de las Medidas
Administrativas de Restablecimiento
de Derechos que separen a los menores
de edad de su familia
Sentencia T-572 de 2009
M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “[L]as medidas estatales que impliquen la
separación del niño de su familia, deben ser
entendidas como excepcionales, requiriendo su
aplicación el sometimiento a los principios de
graduación y racionalidad”.
Características de las Medidas Administrativas
de Restablecimiento de Derechos que
separen a los menores de edad de su familia
Sentencia T-572 de 2009
M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “[P]recisó la Corte en la Sentencia T-671 de 2010, que en el análisis de los casos en
los cuales los niños, niñas y adolescentes han sido separados de su familia biológica,
es imprescindible contar con razones suficientes que justifiquen la intervención del
Estado en las relaciones familiares biológicas. Como se ha reiterado en apartes
anteriores, los menores de 18 años son titulares de un derecho fundamental
prevaleciente a tener una familia y no ser separados de ella; a su vez, la familia en
tanto institución social básica es objeto de una clara protección constitucional, que
impiden que las autoridades o los particulares intervengan en su fuero interno o
perturben las relaciones que la conforman, sin que existan razones de peso
previamente establecidas por el ordenamiento jurídico que así lo justifiquen, y
únicamente de conformidad con el procedimiento establecido en la ley y teniendo en
cuenta las circunstancias particulares del caso concreto” (negrita en el texto original).
Características de las Medidas Administrativas
de Restablecimiento de Derechos que separen
a los menores de edad de su familia
Sentencias T-671 de 2010
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sentencia T-844 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “El Defensor de Familia o el funcionario administrativo competente, al momento de definir
cuál era la medida de protección aplicable a un determinado caso, en vigencia del anterior
Código del Menor, estaba obligado aplicar directamente la Constitución y en consecuencia
las normas de la Convención del Niño, para tomar decisiones que tuvieran como eje
central la protección integral de ese sujeto de derecho, concepto éste que pese a ser
incorporado por la Convención Internacional del Niño, en nuestro ordenamiento sólo se
vino a consolidar con el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia, y que, entre otras
cosas, imponía entender que el derecho fundamental a tener una familia y no ser
separado de ella era el objetivo fundamental de cualquier sistema de protección,
siempre y cuando no existieran elementos contundentes que determinaran que el interés
superior de aquel se vería protegido de una mejor manera con la separación de su familia
de origen” (Negrita en el texto original).
Características de las Medidas
Administrativas de Restablecimiento
de Derechos que separen a los menores
de edad de su familia
Sentencia T-844 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “(1) [E]l momento en el cual se adopta -y se
ejecuta- la decisión inicial de imponer la
medida de protección en cuestión, y (2) el
desarrollo subsiguiente del proceso de
protección correspondiente”.
Etapas procedimentales de la Medidas
Administrativas de Restablecimiento
que impliquen la separación de niñas,
niños y adolescentes de su núcleo
familiar
Sentencia T-466 de 2006
M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “(i) [G]ravedad de la afectación de los derechos;
(ii) necesidad de intervención; (iii) posterioridad;
(iv) urgencia; (v) proporcionalidad;
(vi) razonabilidad; (vii) temporalidad;
y (viii) valoración de consecuencias”.
Criterios y parámetros mínimos para adoptar
medidas distintas a las que se habían adoptado
judicialmente con anterioridad
Sentencia T-466 de 2006
M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Sentencia T-557 de 2011
M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “Existen numerosos eventos en los cuales la familia ´natural´ no constituye un
medio adecuado para el desarrollo integral del menor [de edad]. En estas
circunstancias, surge la obligación inaplazable del Estado de establecer
instituciones encargadas de suplir, hasta donde ello resulte posible, las carencias
que padece el menor que se ve obligado a separarse de su familia natural. Tal vez
la institución más importante dentro de las que pueden ser diseñadas para hacer
efectivo el derecho de los menores [de edad] abandonados o expósitos a tener una
familia, es la adopción. Esta alternativa es la única dentro de las existentes que
persigue el objetivo primordial de garantizar al menor [de edad] que no puede ser
cuidado por sus propios padres, el derecho a integrar de manera permanente e
irreversible, un núcleo familiar”.
Características de la adopción como Medida
de Restablecimiento de Derechos
Sentencia T-587 de 1998
M.P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “La razón de la adopción no es otra que satisfacer el
derecho fundamental de todo niño, niña y adolescente a
tener una familia, razón por la que la normativa desde el
año 1989 consagró la llamada adopción plena y su
irrevocabilidad, que como una medida de protección -hoy
de restablecimiento de derechos- implica que una vez se
cumplan los requisitos y se entrega en adopción a un niño,
niña o adolescente no puede desconocerse ese hecho ni
por la familia de origen ni por el Estado ni mucho menos
por el padre o el hijo adoptivo”.
Características de la adopción
como Medida de Restablecimiento
de Derechos
Sentencia T-844 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “La adopción como medida de reestablecimiento (sic) de los derechos de toda persona
menor de 18 años, implica el rompimiento con su familia de origen, a la que en un
proceso previo –proceso administrativo de protección hoy de restablecimiento de
derechos- se demostró no estar en las condiciones de propender por el cuidado,
respeto, amor y protección y como tal se le declara no apta para seguir con el cuidado
del niño, niña o adolescente. Ese rompimiento con la familia de origen implica una
modificación del estado civil porque por disposición legal se impone el parentesco civil
entre el adoptado con el adoptante y con la familia de éste, hecho que ha llevado al
legislador a consagrar su irrevocabilidad”.
Características de la adopción como Medida de
Restablecimiento de Derechos – Consecuencias
jurídicas
Sentencia T-844 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “[T]odas las decisiones que se tomen en el curso de un
proceso de adopción deben estar plenamente
justificadas en la aplicación de normas claras, unívocas,
públicas y sometidas a los valores, principios y derechos
constitucionales que tienden a garantizar la adecuada
formación de los menores [de edad] y su desarrollo libre
y armónico”.
Características de la adopción como
Medida de Restablecimiento de
Derechos – Necesidad de justificación
normativa
Sentencia T- 587 de 1998
M.P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
SENTENCIA T-502 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sentencia T-671 de 2010
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “El trámite de adopción sólo se puede dar cuando previamente se ha
declarado al niño o a la niña en situación de abandono o su representante
legal da el consentimiento para que opere la adopción”. Ello es así,
precisamente porque, de otra manera, no sería posible preservar la
observancia plena de disposiciones constitucionales tales como presunción a
favor de amparar principalmente el nexo biológico primario entre padres e
hijos. Esta presunción debe ser analizada bajo la perspectiva que presenta
tanto la garantía constitucional de los derechos prevalentes de los niños,
niñas y adolescentes como la del derecho a tener una familia y no ser
separados de la misma, cuestiones éstas que, como se mostró, guardan un
estrecho vínculo”.
Características de la adopción como
Medida de Restablecimiento de
Derechos – Oportunidad procesal
Sentencia T- 844 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “[U]na vez decretada la situación de abandono o peligro, en vigencia del anterior Código, era
obligación del ICBF analizar las distintas medidas que se contemplaban en la normativa para
establecer cuál de ellas era la que satisfacía o permitía proteger en forma integral los derechos
de quien era declarado en situación de abandono o peligro. En donde la iniciación de los
trámites para adopción sólo era posible cuando en el proceso administrativo que debía –y aun
hoy- agotar el Estado en cabeza del ICBF, resultare fehacientemente probado que el niño o la
niña de que se trate, no contaba con ninguna de las personas que por ley están llamadas a
satisfacer sus necesidades básicas, esto es, que el niño o la niña ha sido, en efecto, abandonado
a su propia suerte. En otras palabras, la declaración de adoptabilidad sólo se impone cuando
existe evidencia clara de que ni los padres biológicos ni la familia extensa ni las personas que de
hecho se han ocupado de su crianza, están en la capacidad de garantizar sus derechos capacidad que nada tiene que ver con lo económico- o que de permanecer en la familia biológica
o de crianza conlleve para el niño o para la niña un riesgo insuperable que el Estado está en la
obligación de evitar”.
Características de la adopción
como Medida de Restablecimiento
de Derechos – Última Ratio
Sentencia T-844 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “En la legislación anterior -Decreto 2737 de 1989- como en la actual –Ley 1098 de 2006-, la
adopción se define como la “principal y por excelencia medida de protección a través de la
cual, bajo la suprema vigilancia del Estado se establece de manera irrevocable, la relación
paterno filial entre personas que no la tienen por naturaleza. Esa definición no implica que por
tratarse de la “principal y por excelencia medida de protección” deba ser la que prime cuando
un niño, niña o adolescente es declarado en estado de abandono o peligro, como lo exigían los
preceptos del Decreto 2737 de 1989 o en proceso de restablecimiento –en los términos de la
Ley 1098 de 2006-. En vigencia del anterior Código dentro de los procesos administrativos que
adelantaba el ICBF se imponían medidas como la colocación familiar, la institucional y la
adopción porque se consideraba que así se protegía de una mejor manera al niño, niña y
adolescente. Dicho concepto ha tenido que variar en tanto la nueva legislación de la infancia y
la adolescencia –Ley 1098 de 2006- como la doctrina constitucional, le apuestan a la
institución familiar y por ende, a la presunción de permanencia en la familia biológica, salvo
que se demuestre razonadamente que el niño, niña o adolescente debe salir de ella para lograr
la protección efectiva de sus derechos. Por tanto, los funcionarios encargados de esta decisión
deben tener especial cuidado de no afectar el derecho a la unidad familiar cuando no existan
razones válidas para tan drástica decisión”.
Características de la adopción
como Medida de Restablecimiento
de Derechos – Última Ratio
Sentencia T- 844 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “Los jueces como garantes de derechos máxime cuando se trata de los derechos
de sujetos de especial protección como lo son los menores de dieciocho años,
deben ejercer su potestad para conocer en detalle el todo lo concerniente a la
situación real de los niños, niñas y adolescentes que se solicitan dar en adopción.
Su actuación no se puede limitar a ser fedantes del proceso administrativo –antes
de protección hoy de restablecimiento- No. Su obligación como jueces en un
Estado Social de Derecho y llamados como ninguno a proteger los derechos
fundamentales de este grupo vulnerable, le imponen la obligación de indagar a
fondo y requerir pruebas con el propósito de evitar que se incurran en errores
como los que se cometieron en el caso bajo estudio”.
Características de la adopción como Medida
de Restablecimiento de Derechos –
Potestades del juez en el proceso
Sentencia T-844 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “La irrevocabilidad de la adopción no significa que en los casos en donde se han
desconocido los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente y los de su familia,
ésta no sea procedente como algo excepcionalísimo, así como cuando los hechos que
puedan dar origen a ella no pueden alegarse al interponer el recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia judicial que declara la adopción. Lo anterior significa que la
irrevocabilidad no se puede oponer cuando las actuaciones surtidas al interior del proceso
administrativo de protección han desconocido los derechos fundamentales del niño, niña y
adolescente. De ahí la importancia de que en este procedimiento, los funcionarios del ICBF
como los jueces, evalúen con rigurosidad las pruebas que obran en el expediente; además
que tengan en cuenta la opinión del niño, niña o adolescente y la participación de su
familia de origen o extensa” (negrita en el texto original).
Características de la adopción
como Medida de Restablecimiento
de Derechos – Irrevocabilidad
Sentencia T-844 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
VERIFICACIÓN DE DERECHOS, AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN CUALQUIER ETAPA DE LOS PROCESOS
• “La irrevocabilidad de la adopción implica, igualmente, que la persona o las personas que
inician el trámite de adopción ante el ICBF y que solicitan ante el juez de familia competente
que decrete la adopción, no pueden evadir sus responsabilidades con posterioridad a dicho
proceso; pues una vez en firme la sentencia que la decreta, surgen obligaciones jurídicas
tanto para los padres adoptantes como para el hijo o hija adoptiva que señala la legislación
civil y que no pueden dejarse de lado por la voluntad de las partes, como sucede con todas
las relaciones filiales, pues, como ya se indicó, el proceso de adopción es una medida que
busca proteger a la niñez y adolescencia en nuestro país para realizar efectivamente su
derecho fundamental a tener una familia, y en esa medida, dicho trámite se efectúa
atendiendo al interés superior de los menores de dieciocho años y no a las expectativas que
puedan tener los adoptantes. Lo anterior no significa que en casos excepcionalísimos los
jueces de familia y subsidiariamente los de tutela, puedan para dar prevalencia a los
derechos de los niños, niñas y adolescente adoptados y revocar una adopción”
(negrita en el texto original).
Características de la adopción
como Medida de Restablecimiento
de Derechos – Irrevocabilidad
Sentencia T-844 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
• “[L]a evaluación de una situación de abandono (sic)
debe ser integral, no pudiendo fundarse simplemente en
apariencias, preconceptos o prejuicios de las
autoridades públicas, en otros términos, deben existir
datos objetivos que respalden la decisión administrativa
y no confundir una situación real de abandono con un la
existencia de un entorno familiar en el cual se pretende
simplemente equilibrar la difícil consecución de recursos
económicos con la disponibilidad de tiempo con que
cuentan los padres para dedicarle a los niños”.
Sentencia T-572 de 2009
M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
REGLAS PROCEDIMENTALES RESPECTO A LA COMPETENCIA DE JUECES Y
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES
• “Las autoridades administrativas y judiciales, se reitera, no deben avalar
actuaciones apartadas del ordenamiento jurídico, como la retención de unos
menores [de edad] por uno de sus progenitores o algún familiar, pues lo que
corresponde, en un Estado de Derecho, es hacer respetar las órdenes judiciales
proferidas por las autoridades competentes, salvo que se compruebe que los
niños están ante un peligro o amenaza inminente, que recomienden modificar
una situación ya definida judicialmente, únicamente en aplicación del principio
del interés superior del menor [de edad] y siempre con respeto de las garantías
de todos los interesados”.
Armonización entre decisiones de
autoridades judiciales y administrativas
Sentencia T-557 de 2011
M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
REGLAS PROCEDIMENTALES RESPECTO A LA COMPETENCIA DE JUECES Y
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES
• “La normatividad legal vigente refleja, prima facie, una adecuada ponderación entre los
derechos constitucionales en juego. Por una parte, la protección de las decisiones
judiciales, como fuente de resolución y definición de los derechos de toda persona menor
[de edad], pero a la vez, la protección de las decisiones excepcionales y urgentes que deba
tomar la administración para proteger el interés superior del menor [de edad], cuando
cumplir la decisión judicial previa, por cambios en las circunstancias a considerar desde el
momento de la decisión judicial hasta el momento actual, implicaría comprometer el
propio interés superior de los niños y niñas (…). Debido a que se trata de una medida que
entra en tensión con la decisión proferida por un juez competente para definir lo relativo a
la custodia, patria potestad, tenencia, régimen de alimentos y de visitas de los niños, la
misma debe tener vocación de temporalidad, no de permanencia, ya que no puede
modificar, de manera indefinida, una situación jurídica debidamente resuelta después de
haberse dado curso a un proceso en el que se surtieron todas las etapas y que fue
adelantado con la totalidad de las garantías procesales de las partes”.
Armonización entre decisiones de
autoridades judiciales y administrativas
Sentencia T-557 de 2011
M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
REGLAS PROCEDIMENTALES RESPECTO A LA COMPETENCIA DE JUECES Y
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES
• “Para terminar es importante reiterar que, en principio, una autoridad estatal encargada
de proteger a las personas menores de edad viola los derechos al desarrollo armónico e
integral, al debido proceso, a no ser separados de su familia y, en general, al ejercicio
pleno e integral de los derechos de los menores accionantes, así como los derechos de sus
progenitores, cuando resuelve que los menores [de edad] deben permanecer con una
persona distinta a la que judicialmente se haya resuelto, por parte del funcionario
competente en democracia para tomar tal decisión. Esta regla podrá exceptuarse cuando
se constate que, efectivamente, tal decisión se adopta con miras a la protección integral
del interés superior de la persona menor [de edad], concretamente considerada. En tal
caso, la decisión deberá, por lo menos, atender los siguientes criterios y parámetros
mínimos: (i) gravedad de la afectación de los derechos; (ii) necesidad de intervención; (iii)
posterioridad; (iv) urgencia; (v) proporcionalidad; (vi) razonabilidad; (vii) temporalidad; y
(viii) valoración de consecuencias; tal como fueron explicados por esta Sala de Revisión en
la presente sentencia”.
Sentencia T-557 de 2011
M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Armonización entre decisiones de
autoridades judiciales y administrativas
V. CONTROL JURISDICCIONAL A
LAS ACTUACIONES DEL ICBF
LA HOMOLOGACIÓN
• “El trámite de la homologación tiene por objeto revisar el cumplimiento
de los requisitos constitucionales y legales del debido proceso y,
además, es un mecanismo de protección eficaz para que las personas
afectadas por la resolución recobren sus derechos mediante la solicitud
de terminación de sus efectos, demostrando que las circunstancias que
le dieron origen se han superado y que razonablemente se puede pensar
que no se repetirán”.
Sentencia T-079 de 1993
M.P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Sentencia T-293 de 1999
M.P. ANTONIO BARRERA CARBONELL
Sentencia T-671 de 2010
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Sentencia T-1042 de 2010
M.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sentencia T-502 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
LA HOMOLOGACIÓN
• “Aunque el trámite de la homologación tiene por objeto revisar
el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales del
debido proceso, al juez le está vedado examinar el fondo de la
decisión. Contra la sentencia de homologación no procede
recurso alguno (C. del M., art. 63)”.
Competencias del juez de familia en el
control de legalidad de la homologación –
Primera posición de la Corte
Sentencia T-079 de 1993
M.P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Sentencia T-293 de 1999
M.P. ANTONIO BARRERA CARBONELL
LA HOMOLOGACIÓN
• “La competencia del juez de familia no se limita a que
se cumplan las reglas procesales sino que también le
permite establecer si la actuación administrativa
atendió el interés superior del niño, la niña o el
adolescente en proceso de restablecimiento de
derechos y, por esta vía, también tiene el deber de
ordenar las medidas que considere necesarias para el
efectivo restablecimiento de los derechos del niño”.
Competencias del juez de familia
en el control de legalidad de la
homologación – Segunda
posición de la Corte
Sentencia T-671 de 2010
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB;
Sentencia T-1042 de 2010
M.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO;
Sentencia T-502 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
LA HOMOLOGACIÓN
• “[E]l juez especializado tiene la virtualidad de ejercer esas funciones, ineludiblemente ello
se traduce en que su función en el proceso de homologación no se restringe a un mero
control sobre las formas y el procedimiento de la actuación administrativa, incluso
cuando no llega en aplicación del artículo 100, sino del artículo 108, es decir, en el evento
en que exista oposición a la resolución de adoptabilidad. Ahora bien, se hace necesario
aclarar también que cuando el asunto llega a manos del Juez de Familia, por cualquiera
de las aludidas vías, adquiere la característica de ser un asunto bajo su control, de tal
manera que el hecho de ser una actuación de única instancia y que no admite recurso no
le resta legitimidad ni puede considerarse violatoria del derecho de defensa como
garantía del debido proceso (…). [S]i el juez decide no homologar y su motivación se
fundamenta en que no hay razones suficientes para que los niños involucrados se
encuentren por fuera de su medio familiar, tendrá el Defensor de Familia que tomar las
medidas pertinentes para su reintegro”.
Competencias del juez de familia
en el control de legalidad
de la homologación
– Segunda posición de la Corte
Sentencia T-502 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
LA HOMOLOGACIÓN
• “El Código de la Infancia y la Adolescencia no establece qué
ocurre una vez se ha negado la homologación de la resolución
de adoptabilidad por parte del juez de familia. No prevé
términos para que el Defensor de Familia tome una decisión
definitiva sobre la situación de los niños. No señala un plazo
que, vencido, habilite nuevamente al juez de familia para
conocer del asunto. Así que, en últimas, el Defensor de Familia
adquiere una amplia discrecionalidad sobre si los niños pueden
reintegrarse a su medio familiar o si eventualmente se dicte de
nuevo resolución de adoptabilidad”.
Competencias del juez de familia en el
control de legalidad de la homologación –
Segunda posición de la Corte
Sentencia T-502 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
VI. OBSERVACIONES,
RECOMENDACIONES Y
ÓRDENES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL AL ICBF
NO GARANTÍA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL
• “ADVERTIR a las autoridades involucradas en el
cumplimiento de esta Sentencia que las decisiones
por adoptar consultarán exclusivamente el interés
superior del menor, de manera que no podrán
ejecutarse si su realización pone en peligro la
integridad física y moral de los hermanos”
(negrita en el texto original).
Sentencia T-137 de 2006
M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PROPIAS DE LOS DEFENSORES DE FAMILIA
• “ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que,
en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a (i) realizar
una visita a la menor [de edad] (…) para valorar su actual
situación, (ii) iniciar de oficio las actuaciones pertinentes para
garantizar la efectividad de los derechos de la menor [de
edad] (…), (iii) adoptar las medidas preventivas que considere
necesarias mientras se adelanta el trámite de fijación de
custodia y regulación del régimen de visitas, e (iv) iniciar el
proceso de fijación de custodia de la menor [de edad] (…),
previa vinculación de los señores” (negrita en el texto original).
Sentencia T-024 de 2009
M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL
DESCONOCIMIENTO DE LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
TRAZADOS PARA LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO
• ".En la adopción de la medida que se
cuestiona por este mecanismo, la
funcionaria desconoció los criterios
trazados por la jurisprudencia
constitucional para determinar el interés
superior".
Sentencia T-580A de 2011
M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A
TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADO DE ELLA
• “Las situaciones de abandono o peligro que consagraba el
anterior Código del Menor, siete en total, imponían una serie de
actuaciones por parte del ICBF a efectos de escoger la medida o
las medidas que permitieran de mejor manera la satisfacción de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En verdad, fue
haciendo carrera en dicho instituto que la mejor forma de
proteger a los niños, niñas y adolescentes era separándolos de su
familia, a través de las figuras de la colocación familiar,
institucional o la adopción, asunto que ha tratado de subsanar la
nueva legislación –Ley 1098 de 2006- con apoyo en la doctrina
constitucional que interpretó el derecho fundamental de los niños,
niñas y adolescentes a tener una familia y se instituyó la
presunción a favor de la familia biológica”.
Sentencia T-844 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A
TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADO DE ELLA
• Se repite, el ICBF desconoció la presunción a favor de la
familia biológica, en especial, por la ausencia de una
actuación tendiente a demostrar su falta de aptitud o su
factor de riesgo para el desarrollo armónico e integral
de la niña”.
Sentencia T-844 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA
FAMILIA Y NO ACTUACIÓN CONFORME A LA CORRESPONSABILIDAD Y LA COORDINACIÓN
ENTRE AGENTES PROTECTORES
• “[R]esulta inaceptable que precisamente el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
entidad coordinadora del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar, considere que sus
obligaciones en relación con la familia y los
menores [de edad] comienzan, con la
declaración de abandono”.
Sentencia T-1272 de 2001
M.P. ÁLVARO TAFUR GALVIS
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA
FAMILIA Y NO ACTUACIÓN CONFORME A LA CORRESPONSABILIDAD Y LA COORDINACIÓN
ENTRE AGENTES PROTECTORES
• “[E]l ICBF no podía limitarse -como ocurrió en el caso en
estudio- a diagnosticar la situación socio familiar del grupo
(…) en particular, sino que le correspondía tomar las
medidas necesarias para conjurar la situación detectada,
con la colaboración de las entidades públicas y privadas
encargadas de prestar la atención a los menores [de edad]
en los diferentes campos, pero bajo su responsabilidad,
supervisión y liderazgo, como entidad del Estado estatuida
para el efecto”.
Sentencia T-1272 de 2001
M.P. ÁLVARO TAFUR GALVIS
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA
FAMILIA Y NO ACTUACIÓN CONFORME A LA CORRESPONSABILIDAD Y LA
COORDINACIÓN ENTRE AGENTES PROTECTORES
• “Ordenar al Instituto accionado vincular a la
familia (…) a los programas de atención integral
a la familia que el mismo adelanta, con miras a
propender por la solución de los problemas de
afectividad, maltrato e insatisfacción de sus
necesidades básicas, que afrontan, en las
cuarenta y ocho horas siguientes a la
notificación de esta decisión” (Negrita en el texto original).
Sentencia T-1272 de 2001
M.P. ÁLVARO TAFUR GALVIS
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA
FAMILIA Y NO ACTUACIÓN CONFORME A LA CORRESPONSABILIDAD Y LA COORDINACIÓN
ENTRE AGENTES PROTECTORES
• “Ordenar al Instituto accionado que en las
cuarenta y ocho horas siguientes a la
notificación de ésta decisión provea a la
menor [de edad] de una institución
especializada y acorde con su situación,
para que sea atendida con miras a lograr
su adaptación e integración familiar y
social”
(Negrita en el texto original).
Sentencia T-1272 de 2001
M.P. ÁLVARO TAFUR GALVIS
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA
FAMILIA Y NO ACTUACIÓN CONFORME A LA CORRESPONSABILIDAD Y LA COORDINACIÓN
ENTRE AGENTES PROTECTORES
• “Prevenir al Instituto accionado para que asesore a la
actora a fin de que inicie los trámites y acciones
pertinentes con miras a la protección de los derechos
de sus hijos menores [de edad] y, para que, si es del
caso, sustituya a la madre en dichos trámites y
procedimientos, tal como lo tiene previsto el Código del
Menor” (Negrita en el texto original).
Sentencia T-1272 de 2001
M.P. ÁLVARO TAFUR GALVIS
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA
FAMILIA Y NO ACTUACIÓN CONFORME A LA CORRESPONSABILIDAD Y LA COORDINACIÓN
ENTRE AGENTES PROTECTORES
• “Ordenar por Secretaría General al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar que tome las
medidas necesarias para asumir el costo del apoyo
psicológico que la accionante eventualmente recibirá,
si ella así lo desea, durante un período de seis meses,
contado a partir de transcurrido un mes de la
notificación de la presente sentencia. La accionante
podrá solicitar este apoyo psicológico de la profesional
que ella escoja. El Directo Regional del ICBF explicará a
la accionante en qué consiste esta posibilidad y cuál es
su utilidad” (Negrita en el texto original).
Sentencia T-510 de 2003
M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA
FAMILIA Y NO ACTUACIÓN CONFORME A LA CORRESPONSABILIDAD Y LA COORDINACIÓN
ENTRE AGENTES PROTECTORES
• “[E]l ICBF, (…) omitió dar cumplimiento a su deber de
promover, con un grado especial de diligencia y
cuidado, la satisfacción de las diversas obligaciones
estatales que existen frente a la situación (…), lo cual
constituía el primer paso indispensable a tomar para
materializar el interés superior y prevaleciente de [la
niña], quien tiene derecho a permanecer, en principio,
con su madre biológica, sin que la discapacidad de ésta
sea un obstáculo para la construcción de vínculos
materno-filiales dignos y aptos para el ejercicio de sus
derechos fundamentales” (negrita en el texto original).
Sentencia T-397 de 2004
M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA
FAMILIA Y NO ACTUACIÓN CONFORME A LA CORRESPONSABILIDAD Y LA COORDINACIÓN
ENTRE AGENTES PROTECTORES
• “ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que, una vez
certificado que el actor ha recibido la ayuda humanitaria de emergencia
y ha encontrado un lugar adecuado para convivir con sus tres pequeños
hijos, facilite y acompañe el proceso de reunificación familiar del señor
(…) y sus hijos. Adicionalmente, deberá diseñar un programa de
acompañamiento y monitoreo para garantizar la satisfacción de los
derechos fundamentales de los menores [de edad] y la defensa del
interés superior de estos. Para ello deberá reconocer la condición de
padre cabeza de familia del señor (…) e inscribirlo en los programas de
atención y protección del menor y la familia a cargo de dicho Instituto”
(negrita en el texto original).
Sentencia T-328 de 2007
M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL A
LA FAMILIA Y NO ACTUACIÓN CONFORME A LA CORRESPONSABILIDAD Y LA
COORDINACIÓN ENTRE AGENTES PROTECTORES
• “ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -I.C.B.F.- que, dentro las cuarenta y ocho
horas siguientes a la notificación de esta sentencia,
VINCULE, si aún no lo ha hecho, a los menores [de
edad] (…), hijos de la señora (…), a los programas de
atención integral a la familia que el mismo Instituto
adelanta, con miras a propender por la solución de
los problemas de insatisfacción de las necesidades
básicas que afrontan dichos menores [de edad]”.
Sentencia T-309 de 2008
M.P. MAURICIO GONZÁLES CUERVO
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA
FAMILIA Y NO ACTUACIÓN CONFORME A LA CORRESPONSABILIDAD Y LA COORDINACIÓN
ENTRE AGENTES PROTECTORES
• «[L]as instituciones que como el ICBF están
llamadas a proteger a las familias y a
garantizar, en especial, los intereses superiores
de la niñez busquen el modo de apoyar a los
padres y a las madres con programas que
ajustados a sus necesidades socio económicas,
culturales y educativas, les permita rodearse
del ambiente propicio para atender lo mejor
posible a sus hijos y a sus hijas».
Sentencia T-887 de 2009
M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
VIOLACIONES AL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO
• “El proceso administrativo se adelantó
en forma excesivamente rápida y
superficial y con desconocimiento del
derecho constitucional fundamental al
debido proceso. En todo momento, se
partió de presumir la mala fe de los
padres”.
Sentencia T-887 de 2009
M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
VIOLACIONES AL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO
• ".El ejercicio de la actuación administrativa
adelantada por la defensora de familia (...) no ha
sido respetuosa del derecho de defensa y
contradicción y del debido proceso en tanto que el
deber de citación, notificación y traslado de la
actuación no se ha sujetado a los procedimientos
señalados en la Constitución Política y en el
Código de la Infancia y la Adolescencia".
Sentencia T-580A de 2011
M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
VIOLACIONES AL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO
• “[A]nalizando en conjunto el procedimiento trazado para las
actuaciones administrativas de restablecimiento de los
derechos de la menor [de edad] que se expuso en
precedencia, la Corte encuentra que se incurrió en
irregularidades que afectan el ejercicio del derecho de
defensa y contradicción y la garantía del derecho
fundamental al debido proceso de los miembros de la familia
biológica, de la familia de hecho y de los terceros interesados
en la actuación. La primera de las irregularidades, por cuanto
no se observa constancia de que la defensora de familia haya
procurado en todos los casos, la notificación personal del
auto de apertura de la investigación”.
Sentencia T-580A de 2011
M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
INSUFICIENCIAS EN LA ETAPA DE VERIFICACIÓN DE DERECHOS
• ".La defensora de familia omitió adelantar
previamente la verificación del estado de
cumplimiento de los derechos de la menor, para
recaudar elementos de juicio para su adopción. Debió
acudir para el restablecimiento de los derechos de la
menor a una medida que siendo provisional, fuera
menos lesiva de sus intereses como la ubicación en
medio familiar en la modalidad de hogar amigo”.
Sentencia T-580A de 2011
M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
FALTA DE SUSTENTO PROBATORIO PARA LA
TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS
• “[E]l ICBF vulneró el derecho fundamental a la unidad
familiar de la hoy adolescente, en su perspectiva negativa o
de abstención, pues adoptó una medida de protección sin
fundamentos claros y contundentes; como también en su
faceta positiva, esto es, no desplegó ninguna acción
tendiente a mantener y preservar el vínculo afectivo con su
familia biológica. De esta manera, el trámite administrativo
que adelantó el ICBF estuvo viciado de graves
irregularidades, al punto que la autoridad traspasó el límite
en el ejercicio de su potestad legal, y por tanto, su decisión no
se puede calificar sino de arbitraria y caprichosa”.
Sentencia T-844 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
EXCESOS EN LA TOMA DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
• “[El] ICBF –Centro Zonal xx– obró
de manera apresurada y dictó una
medida de protección que
analizada a la luz del asunto
particular resulta excesiva,
desproporcionada y arbitraria”
Sentencia T-887 de 2009
M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
EXCESOS EN LA TOMA DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
• “La declaratoria de situación de
abandono del niño (…) no obedeció a
criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y resultó más bien
excesiva y arbitraria”.
Sentencia T-887 de 2009
M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
EXCESOS EN LA TOMA DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
• “[L]os funcionarios involucrados en el proceso de
restablecimiento de derechos de los niños (…),
adoptaron medidas desproporcionadas separando a los
niños de su entorno familiar con el pretexto de proteger
sus derechos fundamentales, pero sin observar los
límites de proporcionalidad que la Constitución, los
tratados internacionales de derechos humanos y la
jurisprudencia constitucional les imponen”.
Sentencia T-502 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
EXCESOS EN LA TOMA DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
• “[N]o hay proporcionalidad, entre el riesgo que la institución consideró y
la decisión concreta de asignar la custodia provisional a la abuela
materna de los niños, con desconocimiento de la existencia de una orden
judicial emitida por la autoridad competente, pues en consideración a
que la misma estaba encaminada a no separarlos de su progenitora,
hasta tanto se hubieran estabilizado emocionalmente, no era necesario
alterar la situación jurídica debidamente definida por el juez de familia
(…). [L]a Sala pone de presente que la medida administrativa que se
analiza no cumple el requisito atinente a la temporalidad. No sólo no
establece una duración aproximada, sino que nada dice respecto del
término en que las condiciones de los niños serán reevaluadas con el fin
de restablecer la situación jurídica definida por el juez de familia, quien
decidió conceder su custodia al padre”.
Sentencia T-557 de 2011
M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
EXCESOS EN LA TOMA DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
• “[E]l ICBF estaba en la obligación de analizar la situación de la familia extensa
de la niña y determinar si para la protección de sus derechos se podía optar por
otras medidas de protección distintas a la adopción, tales como entregar la
custodia a su familia extensa y brindarles el apoyo necesario para preservar
dicho vínculo, por ejemplo, apoyo psicológico, terapias familiares,
sensibilización a los familiares que cuidaban a la niña; como también brindarle
a la menor de dieciocho años todos los cuidados especiales que requería para
atender sus necesidades y propender por su desarrollo armónico e integral, sin
que ello implicara la separación de su núcleo familiar, como en efecto ocurrió,
sin una motivación razonada y evidente para ello. El ICBF no demostró, como ya
se señaló en otro aparte de este fallo, que la medida que mejor se ajustaba al
restablecimiento o protección de los derechos de la niña era la adopción”.
Sentencia T-844 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
NO ACATAR LO QUE EL JUEZ DISPONE EN HOMOLOGACIÓN
• “Tampoco resulta proporcional que luego de que el Juez Cuarto de
Familia de Bogotá consideró que no existían elementos suficientes para
homologar la resolución de adoptabilidad pues las razones aducidas por
el Defensor de Familia no justificaban que los niños fueran declarados en
estado de adoptabilidad, el ICBF persista en su posición de no
reintegrarlos a su medio familiar con fundamento en que los accionantes
no han asistido a todas las citas psiquiátricas programadas en el
Hospital (…). Los señores (…) aportan certificaciones de su asistencia a
algunas citas y aceptan que han faltado a otras, pero esta Sala
considera que la inasistencia a esas citas cuyo objetivo es el
mejoramiento del rol de padres de los accionantes, no compensa en
ningún grado el mantener a los niños alejados de su familia”.
Sentencia T-502 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
FALTA DE REFLEXIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES
COMETIDOS POR PARTE DEL ICBF
• “[P]ues fue el [I]nstituto el que generó la vulneración de los derechos de la niña, éste
continuó con su cadena de errores y desaciertos en contra de la adolescente, pues
en lugar de optar por una medida que permitiera el reestablecimiento (SIC) de sus
derechos, por ejemplo, brindando un apoyo sicológico y emocional, como atender la
dificultad de comportamiento que ésta presentaba, y volver sobre la decisión de
adopción, se dedicó a defender incansablemente su actuación e iniciar nuevamente
el proceso administrativo de protección, tendiente a agotar nuevamente trámites
para su adopción, sin reparar en sus errores anteriores. Se pregunta la Sala, si la
madre adoptante no tenía razón ¿por qué aceptó el reintegro de la niña al ICBF? y
¿por qué inició nuevamente un trámite de adopción cuando ésta es irrevocable? Las
actuaciones surtidas por el ICBF no dan respuesta a estos interrogantes y muestran
que falencias como las que se presentaron en este proceso exigen que se adopten
los correctivos necesarios para que el Estado no sea precisamente la fuente de
vulneración de los derechos de este grupo de especial protección”.
Sentencia T-844 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
ORDENA DISEÑAR PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS QUE ACLAREN EL
PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
• “REQUERIR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) para que elabore un protocolo que regule la
consideración, forma de aplicación y surtimiento de las
etapas necesarias para la implementación de medidas
tendientes a modificar el entorno de cuidado temporal de
los menores [de edad], con el fin de dar un manejo
prudencial del componente afectivo que ello supone,
según lo explicado en los fundamentos jurídicos 16 y 17
de la presente sentencia” (negrita en el texto original).
Sentencia T-342 de 2011
M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
ORDENA DISEÑAR PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS QUE ACLAREN EL
PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
• “PONER EN CONOCIMIENTO de los hechos que motivaron el
presente caso al Presidente de la República, al Ministro de la
Protección Social y a la Directora del ICBF para que se
adopten las medidas administrativas necesarias tendientes
a que lo aquí evidenciado no vuelva a ocurrir, igualmente,
para que se establezca si actualmente existen situaciones
similares dentro de procesos de restablecimiento de
derechos en curso y tomar los correctivos pertinentes que
aseguren el cese de la vulneración de derechos”
(negrita en el texto original).
Sentencia T-502 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
ORDENA DISEÑAR PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS QUE ACLAREN EL
PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
• “Se exhortará al ICBF para que diseñe un
protocolo en el que se consagren las
directrices que deben seguir los funcionarios
de esa institución en cuanto a la aplicación de
las distintas medidas de reestablecimiento
(sic) de derechos para que no se cometan los
errores que se evidenciaron en el caso de la
referencia”.
Sentencia T-844 de 2011
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
GRACIAS
Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos
de la Infancia, la Adolescencia y la Familia
Descargar

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL PROCESO …