Una mirada a la jurisprudencia
constitucional sobre
desplazamiento forzado en
Colombia
Derecho UFPS 2012
¿Qué
es
una
constitucional?
sentencia
Es un acto procesal, una decisión de un
cuerpo judicial colegiado que pone fin a un
proceso.
Hacer jurisprudencia sirve para interpretar
o llenar vacios (crear)
Las sentencias constitucionales protegen
los derechos fundamentales y preservan la
jerarquía normativa. Art 4 CP
Tipos
de
constitucionales
sentencias
Hay varias clasificaciones de acuerdo con
las modulaciones del fallo, al efecto
temporal o prospectivo, o de acuerdo con
los sujetos sobre los que versan los efectos
Genéricamente tenemos dos tipos
de sentencias:
Sentencias de constitucionalidad = C
Sentencias de Tutela = T
Genéricamente tenemos dos tipos
de sentencias:
Sentencias de constitucionalidad = C
1. Se produce con el concurso del pleno de
la corte
2. Permite la presentación de salvamentos
de voto
3. La decisión puede ser de exequibilidad,
inexequibilidad o de inhibición
4. Efecto erga omnes
5. No procede ningún tipo de recurso
Genéricamente tenemos dos tipos
de sentencias:
Sentencias de constitucionalidad = C
Características particulares:
 Tema: Puede ser uno o varios. Si se encuentra más de un
tema, se recomienda ubicarlos teniendo en cuenta el tema
dominante o principal; temas secundarios, subsidiarios o
subtemas.
 Problema jurídico: es el problema que debe resolver el
tribunal.
 Tesis del fallo: es la solución o respuesta al problema
jurídico. Normalmente se encuentra con el título “caso
concreto” de la sentencia.
 Argumento: son los razonamientos que defienden la tesis.
 Resuelve: la conclusión que resulta de aplicar la tesis.
Genéricamente tenemos dos tipos
de sentencias:
Sentencias de Tutela = T
1. Se producen con el concurso de 3
magistrados
2. Permite la presentación de salvamentos
de voto
3. No puede haber declaración de inhibición
4. Deben de ser de cumplimiento inmediato
Genéricamente tenemos dos tipos
de sentencias:
Sentencias de Tutela = T
Características particulares:
 Historia procesal: síntesis.
 Hechos objeto de la tutela: síntesis, con los aspectos
relevantes.
 Problema jurídico.
 ratio deciden di del fallo: regla de la decisión del caso
completo. Son de carácter general.
 Obiter dicta. Dichos de pasos: descripciones,
clasificaciones, definiciones, razonamientos.
 Decisión.
Denominación de las sentencias
constitucionales en Colombia
T - : Sentencia o fallo de Tutela
C- : Sentencia o fallo de constitucionalidad
SU - : Sentencia o Jurisprudencia de
Unificación
A- : Auto de seguimiento
Efectos
de
las
sentencias
constitucionales en Colombia
SU - : Sentencia o Jurisprudencia de
Unificación
 Son proferidas por la sala plena
“cuando a juicio de la Sala Plena, por solicitud de cualquier
magistrado, un proceso de tutela dé lugar a un fallo de
unificación de jurisprudencia o la trascendencia del tema
amerite su estudio por todos los magistrados, se dispondrá
que la sentencia correspondiente sea proferida por la Sala
Plena” (Corte Constitucional, Reglamento, artículo 54-A,
Revisión por la Sala Plena)
Efectos
de
las
sentencias
constitucionales en Colombia
SU - : Sentencia o Jurisprudencia de
Unificación
 Asegurar la efectividad de los derechos y colabora así en la
realización de la justicia material —artículo 2° superior—.
 Procurar exactitud.
 Conferir confianza y credibilidad de la sociedad civil en el
Estado, a partir del principio de la buena fe de los jueces —
artículo 83 superior Unificar la interpretación razonable y disminuye la
arbitrariedad.
 Permitir estabilidad.
 Otorgar seguridad jurídica materialmente justa.
 Llenar el vacío generado por la ausencia de mecanismos
tutelares contra providencias judiciales.
Efectos
de
las
sentencias
constitucionales en Colombia
A : Autos
interlocutorias
1.
2.
Judiciales
o
Sentencias
Son resoluciones judiciales mediante las cuales un
tribunal se pronuncia para resolver las incidencias o
cuestiones diversas relacionadas con el asunto
principal en litigio (Sentencia Base).
Hay Autos substanciales: simples decisiones de actos o
solicitudes sencillas sin exigencias de motivación que no
repercuten mayor trascendencia dentro del proceso; y
Autos motivados: deciden actos importantes dentro
del proceso como una medida cautelar privativa de
libertad. Son autos que tienen la facultad de cambiar
situaciones procesales y hasta extra procesales de
las partes, incluso con ellos se puede llegar a
finalizar el proceso, en el caso de un sobreseimiento
definitivo en nuestra legislación
Jurisprudencia constitucional en
materia de desplazamiento forzado
 Sentencia T- 227/97. En la cual se ofreció una definición de desplazado
interno, y se estableció el alcance de los derechos a la permanencia y a la
libertad de locomoción y domicilio de los desplazados. Asimismo, la Corte
definió las obligaciones del Estado y las características que debía asumir la
solidaridad internacional respecto de los desplazados.
 Sentencia SU-1150/00. En esta providencia la Corte sostuvo que el
desplazamiento interno constituye una situación de grave emergencia social,
que genera la vulneración múltiple, masiva y continua de derechos
fundamentales. Por esta razón consideró que el gasto destinado a la
prevención y la atención del desplazamiento forzado debe tener incluso
prelación respecto del gasto público social.
 Sentencia T-1635/00. Entre otros aspectos, la Corte entró a considerar la
violación de los derechos de los desplazados por omisión de las autoridades,
el derecho a la protección integral que se deriva de la falla en el deber de
protección por parte del Estado, el derecho de los desplazados a una solución
definitiva de su situación, y el deber de colaboración por parte de los
desplazados en las acciones encaminadas a solucionar los problemas que les
atañen.
Jurisprudencia constitucional en
materia de desplazamiento forzado
 Sentencia T-327/01. Por medio de esta sentencia la Corte determinó la
aplicación del principio de interpretación más favorable para los
desplazados. Específicamente, la Corte estableció la presunción de
buena fe en el trámite de la declaración de desplazado, y atribuyó al
Estado la carga de la prueba en caso de duda sobre la realidad del
desplazamiento.
 Sentencia T-1346/01. Para la Corte, la falta de gestión o la
gestión insuficiente de las autoridades genera violación de los
derechos fundamentales de los desplazados.
 Sentencia T-098/02. En esta ocasión la Corte definió el alcance
del derecho de los desplazados a un trato urgente preferente.
 Sentencia C-232/02. La Corte abordó en esta oportunidad el
debate acerca de si los movimientos de población que realiza la
fuerza pública por motivos de seguridad constituyen o no
desplazamientos forzados.
Jurisprudencia constitucional en
materia de desplazamiento forzado
 Sentencia T-268/03. En esta ocasión la Corte estableció que el
desplazamiento forzado intraurbano merece atención según la
normatividad nacional e internacional, y reiteró la prevalencia del
derecho sustancial sobre los formalismos jurídicos.
 Sentencia T-602 de 2003. En esta sentencia la Corte precisó el
concepto de restablecimiento de derechos de la población desplazada y
definió los alcances del enfoque poblacional y de derechos.
 Sentencia T-721 de 2003. Donde la Corte se refirió a la necesidad de
incorporar la perspectiva de género en la política de atención a
población desplazada por la violencia.
 Sentencia T-025 de 2004. Por medio de la cual la Corte consideró que
el desplazamiento forzado por la violencia configura un “estado de
cosas inconstitucional”.
SENTENCIA T-025 DE
2004
Porqué se produce esta sentencia?
 Acumulación de 108 acciones de tutela (1150 núcleos
familiares)
 Principalmente mujeres cabeza de familia.
 Instituciones demandadas:
Red de Solidaridad Social, el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, los Ministerios de Salud y del Trabajo y
Seguridad Social (hoy Ministerio de Protección Social), el
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el
INURBE, el INCORA, el SENA, así como contra varias
administraciones municipales y departamentales
Porqué se produce esta sentencia?
Motivos
 Las autoridades no estaban cumpliendo con su
misión de protección a la población desplazada.
 La falta de respuesta efectiva a las solicitudes en
materia de vivienda y acceso a proyectos
productivos, atención de salud, educación y ayuda
humanitaria.
Solicitudes de los demandantes

Que se materialicen las ayudas para estabilización económica,
vivienda, reubicación, proyectos productivos, acceso a educación
para los hijos;

Que las tierras en posesión o propiedad que fueron abandonadas
por los desplazados sean protegidas;

Que reciban o continúen recibiendo la ayuda humanitaria de
emergencia;

Que sean reconocidos como desplazados y se les otorguen los
beneficios que surgen de esa condición;

Que se adopte un programa de seguridad alimentaria;

Que se suministren los medicamentos recetados;
Solicitudes de los demandantes

Que una de las personas inscritas bajo un núcleo familiar sea
desvinculada de él y se le permita continuar recibiendo la ayuda
humanitaria como un núcleo familiar;

Que el Ministerio de Hacienda desembolse los dineros necesarios
para adelantar los programas de vivienda y proyectos productivos;

Que se le permita recibir capacitación para desarrollar proyectos
productivos;

Que se conforme el comité municipal para la atención integral del
desplazado;

Que las entidades territoriales, dentro de su disponibilidad
presupuestal, contribuyan a los planes de provisión de vivienda
para la población desplazada
Declaratoria del “estado de cosas
inconstitucional”
Se está ante un estado de cosas inconstitucional cuando “(1) se
presenta una repetida violación de derechos fundamentales de muchas
personas, y (2) cuando la causa de esa vulneración no es imputable
únicamente a la autoridad demandada, sino que reposa en factores
estructurales.”
Factores valorados por la Corte para definir si existe un estado de
cosas inconstitucional:

La vulneración masiva y generalizada de varios derechos
constitucionales que afecta a un número significativo de
personas;

La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de
sus obligaciones para garantizar los derechos;

La adopción de prácticas inconstitucionales, como la
incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento
para garantizar el derecho conculcado.
Declaratoria del “estado de cosas
inconstitucional”

La no expedición de medidas legislativas, administrativas o
presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los
derechos.

La existencia de un problema social cuya solución
compromete la intervención de varias entidades, requiere la
adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y
exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo
presupuestal adicional importante;

Si todas las personas afectadas por el mismo problema
acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de
sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial.
Declaratoria del “estado de cosas
inconstitucional”
 Se ha violado a la población desplazada en general, sus
derechos a una vida digna, a la integridad personal, a la
igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la seguridad social,
a la educación, al mínimo vital y a la protección especial debida
a las personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de familia y
a los niños.
 Esta violación ha venido ocurriendo de manera masiva,
prolongada y reiterada y no es imputable a una única autoridad,
sino que obedece a un problema estructural que afecta a toda la
política de atención diseñada por el Estado, y a sus distintos
componentes, en razón a la insuficiencia de recursos
destinados a financiar dicha política y a la precaria capacidad
institucional para implementarla.
Las órdenes proferidas por la Corte

Apropiar recursos suficientes para superar la crisis humanitaria que implica el
desplazamiento forzado;

Caracterizar las necesidades y derechos de los desplazados;

Satisfacer los
fundamentales;

Ofrecer oportunidades para la participación efectiva de sus representantes
en los procesos de adopción de las decisiones que se tomen con el fin de
superar el estado de cosas inconstitucional;

Adoptar medidas para corregir las falencias detectadas en el funcionamiento
del SNAIPD (incluyendo la elaboración de un plan de acción detallado);

Respetar, promover y garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación; y

Establecer parámetros e indicadores para la permanente evaluación de la
política pública de prevención y atención al desplazamiento forzado.
niveles
mínimos
de
protección
de
sus
derechos
Los autos subsiguientes
(2004) - 5
(2005) - 3
Auto 176/2005

Específicamente orientado a la realización del esfuerzo
presupuestal y su ejecución en tiempos y montos por parte de
cada entidad. Exige la priorización de la población desplazada
para efecto de la ejecución presupuestal.

Exige además un cronograma mediante el cual las entidades
señalen a qué ritmo y mediante qué mecanismos se destinarán
los recursos estimados por el Departamento Nacional de
Planeación como necesarios para la implementación de la
política pública de atención a la población desplazada
encaminada a superar el estado de cosas inconstitucional
declarado en la sentencia.
Los autos subsiguientes
Auto 177/2005

Las órdenes contenidas en el Auto 177 tienen como
fundamento el problema patente del bajo compromiso de las
entidades territoriales en la destinación de recursos
proporcionales a la situación de la población desplazada.

La Corte ordena al Ministro del Interior el diseño,
implementación y aplicación pronta de una estrategia de
promoción y de coordinación de esfuerzos nacionales y
territoriales dirigida a que las entidades territoriales asuman
un
mayor
compromiso
tanto
presupuestal
como
administrativo en la atención a la población desplazada.
Los autos subsiguientes
Auto 178/2005

Se
dirige
al
Consejo
Nacional
de
Atención
Integral a la Población Desplazada, requiriendo a las
entidades que lo integran para que en plazos precisos y de
acuerdo con la naturaleza de sus funciones, sean resueltas
las distintas dificultades de articulación y coordinación
interinstitucional.
Para ello, la Corte estableció nueve acciones que deben ser
cumplidas por las entidades de acuerdo a su órbita de
competencia, las cuales se relacionan con la definición de
metas de realización de la política, la adopción de indicadores
diferenciados de cumplimiento de las metas, el diseño y
aplicación de mecanismos para la coordinación en todos los
niveles, y la creación de instrumentos para la flexibilización de
la oferta institucional y la optimización de la respuesta a las
necesidades de los desplazados.
Los autos subsiguientes
2006 - 7
Auto 218/2006
Se propone valorar los informes de cumplimiento
presentados a la Corte Constitucional por los destinatarios
de las órdenes impartidas en la sentencia T-025/04 y los
Autos 176, 177 y 178 de 2005, con miras a determinar


(i) si tales entidades han demostrado apropiadamente que
se ha superado el estado de cosas inconstitucional en
materia de desplazamiento interno, o que se ha avanzado
en forma significativa en la protección de los derechos de la
población desplazada.
(ii) si se ha suministrado a la Corte información seria,
precisa y depurada para establecer el nivel de
cumplimiento que han obtenido las órdenes impartidas en
las providencias judiciales mencionadas.
Los autos subsiguientes
Auto 218/2006
Pregunta la Corte
¿las entidades que conforman el Sistema
Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada han demostrado, mediante los
informes que han presentado a la Corte
Constitucional, que se ha superado el estado de
cosas
inconstitucional
en
materia
de
desplazamiento interno o que se ha avanzado de
manera acelerada y sostenida hacia su
superación, por medio de la adopción efectiva y
gradual de las medidas ordenadas en la sentencia
T-025 de 2004 y en los Autos 176, 177 y 178 de
2005?
Los autos subsiguientes
Auto 218/2006
Respuesta
Hasta la fecha, a pesar de que se ha informado a
la Corte sobre ciertos avances importantes en
áreas críticas de la política de atención a la
población desplazada, no se ha demostrado que
se haya superado el estado de cosas
inconstitucional declarado en la sentencia T/025 de
2004, ni que se esté avanzando en forma
acelerada y sostenida hacia su superación.
Los autos subsiguientes
Auto 218/2006
10 áreas críticas de la Política Pública

(1) La coordinación general del sistema de atención a la población
desplazada;

(2) Las actividades de registro y caracterización de la población
desplazada en el país;

(3) El aspecto presupuestal de la política de atención a la población
desplazada, tanto en su formulación como en su proceso de ejecución
material;

(4) La ausencia general de indicadores de resultado significativos
basados en el criterio del “goce efectivo de los derechos” de la población
desplazada en todos los componentes de la política, a pesar del avance
de algunas entidades al respecto;

(5) La falta de especificidad en la política de atención a la población
desplazada, en sus diferentes manifestaciones;
Los autos subsiguientes
Auto 218/2006

6) La desprotección de los grupos indígenas y afrocolombianos,
especialmente afectados por el desplazamiento interno en los
últimos meses;

(7) La escasa seguridad para los procesos de retorno de la
población desplazada a sus tierras;

(8) La falta de diferenciación entre la atención recibida por los
desplazados recientes frente a quienes se desplazaron antes de la
adopción de la sentencia T-025 de 2004 y los Autos 176, 177 y 178
de 2005;

(9) La deficiente coordinación de las labores adelantadas por las
entidades territoriales por parte del Ministerio del Interior y de
Justicia; y

(10) La ausencia de un enfoque de prevención, en particular dentro
de las operaciones militares y de seguridad adelantadas por el
Estado.
Los autos subsiguientes
Auto 218/2006
Órdenes
Durante el término que resta para que se venza el plazo
de un (1) año otorgado en el Auto 178 de 2005 (el cual
se cumplió el día 13 de septiembre de 2006), el Consejo
Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada deberá enviar un informe de cumplimiento
común, concreto y transparente, que aporte elementos
de juicio significativos para demostrar que se ha
cumplido con lo ordenado en la sentencia T-025/04 y en
los autos subsiguientes. El informe debe ser avalado y
remitido exclusivamente por Acción Social.
Los autos subsiguientes
Auto 218/2006
Órdenes
El informe de cumplimiento debe tener como eje central la aplicación de
tres (3) series de indicadores de resultado, a saber:

(i) una serie de indicadores de resultado relativa a la coordinación
nacional de todos los componentes de la política pública de atención a la
población desplazada,

(ii) una serie de indicadores referente a la coordinación de las
actividades de las entidades territoriales en desarrollo de todos los
componentes de la política de atención a la población desplazada,

(iii) una serie de indicadores específica para cada uno de los
componentes de la política pública a cargo de las entidades que
conforman el SNAIPD dentro de su área de competencia – como, por
ejemplo, garantía de la subsistencia mínima, apoyo para el
autosostenimiento, vivienda, retornos, tierras, salud, educación,
prevención específica, etc.-.
Los autos subsiguientes
Auto 266/2006


Pide aclaraciones de algunos puntos del informe
Solicita a la sociedad civil y a las entidades y organismos de control
involucrados para que hagan llegar sus precisiones y evaluaciones
sobre el informe.
Autos 333-335/2006
Información para valoración sobre órdenes de desacato
Auto 337/2006
Necesidad de formular una batería de indicadores de resultado para la
observancia del goce efectivo
Los autos subsiguientes
2007 - 18
Auto 207/2007
Adopción de indicadores
Auto 058/2007
Devolución de los expedientes al juzgado quinto civil para la competencia sobre inicio de
incidente de desacato
Auto 233/2007
Indicadores (rechazo y adopción)
Los autos subsiguientes
2008- 15
Auto 092/2008
Derechos de las mujeres desplazadas
Auto 116/008
Pronunciamiento sobre la propuesta de indicadores de resultado de goce efectivo de derechos de
la población desplazada presentados por el gobierno y por la Comisión de Seguimiento para
superar los vacíos y falencias en la batería de indicadores adoptada mediante Autos 109 y 233 de
2007
Auto 117/008
Retoma la competencia sobre los incidentes de desacato.
Auto 251/008
Goce Efectivo de los Derechos de los Niños, Niñas, jóvenes y adolescentes en situación de
desplazamiento
Los autos subsiguientes
2009- 14
Auto 004/2009
Indígenas
Auto 005/2009
Afrocolombianos
Auto 006/2009
Discapacidad
Auto 007/2009
Coordinación de entidades territoriales
Auto 008/2009
GED yECI
Auto 009/2009
Asesinato de lider
Auto 011/2009
Sistema de registro y caracterización
Los autos subsiguientes
2009- 14
Auto 266/2009
Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas
Auto 314/2009
Coordinación nación territorio – metodología de trabajo y balance
Los autos subsiguientes
2010- 4
Auto 382/2010
Medidas de protección específica a comunidades
Auto 383/2010
Auto de seguimiento a la sentencia T-025/04 y los autos 177 de 2005, 218 y 266 de 2006, 052 de
2008 007, 008 y 314 de 2009, en coordinación de la política pública de atención a la población
desplazada de las entidades territoriales y nacionales
Auto 384/2010
Auto de seguimiento a la sentencia T-025/04, mediante el cual se da cumplimiento al auto (de
trámite) de 18 de mayo de 2010, mediante el cual se adoptaron medidas cautelares urgentes para
la protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente de las cuencas de
los ríos Curvardó y Jiguamandó en el departamento del Chocó, víctimas del desplazamiento
forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025 de 2004 y
de las órdenes impartidas en el auto 005 de 2009.
Auto 385/2010
Auto de seguimiento a la sentencia T-025/04, solicitud de pronunciamiento del Gobierno Nacional
frente al informe de cumplimiento entregado el 1 de julio de 2010.
Los autos subsiguientes
2011- 7
Auto 100/2011
solicita a varias autoridades nacionales, información concreta y resultados de las medidas adoptadas
para asegurar el goce efectivo de los derechos de varios ciudadanos y comunidades en situación de
desplazamiento y confinamiento, mencionados expresamente en los autos de seguimiento 200 de 2007,
092 de 2008, 004, 005 y 009 de 2009.
Auto 174/2011
Medidas cautelares para el pueblo awa
Auto 219/2011
Constata, que la declaratoria de estado de cosas inconstitucional continúa a pesar de los esfuerzos
realizados por el Gobierno Nacional y de los resultados obtenidos, los cuales no alcanzan a demostrar
un avance sistemático e integral en el goce efectivo de todos los derechos de la población víctima del
desplazamiento forzado, ni en la superación de las condiciones que dieron lugar a tal declaratoria. Se
convoca a las organismos de control a una audiencia pública para que presenten un informe sobre los
resultados alcanzados en los procesos disciplinarios, penales o fiscales adelantados en contra de los
funcionarios responsables de dar cumplimiento a las obligaciones y al acatamiento de lo ordenando por
la Corporación en la sentencia T-025-04 y sus autos de cumplimiento. Se ordena a varias entidades
gubernamentales, presentar informes relacionados con el avance sostenido de las medidas adoptadas
para conjurar el estado de cosas inconstitucional y el goce efectivo de derechos de la población
afectada.
Los autos subsiguientes
2012- 8
Auto 173/2011
Adopta medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de los
pueblos indígenas Jiw o Guayabero y Núkak de los departamentos de Meta y Guaviare, en el
marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025/04y de las órdenes
emitidas en el A004/09.
En este auto se reitera que los precitados pueblos indígenas están en grave peligro de ser
exterminados física y culturalmente a causa del conflicto armado interno y la omisión de las
autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección. Para el cumplimiento de las
medidas cautelares adoptadas se imparten órdenes a la coordinadora de las entidades que
conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación de Víctimas, al INCODER, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, a los Ministerios de Educación, Interior, Cultura y
Defensa y al ICBF, entre otras. Una medida particular adoptada es la devolución del área del
territorio colectivo que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de
Marina y que corresponde a seis hectáreas en las cuales se identificaron algunas construcciones
superpuestas con el territorio del resguardo.
Otras sentencias posteriores a la T-025
 Sentencia T- 821 de 2007
Principios Pinheiro – Restitución
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