JUSTICIA PENAL NACIONAL E
INTERNACIONAL Y CRÍMENES DE
LESA HUMANIDAD
I. Breves precisiones conceptuales
1) Derecho internacional de los conflictos
armados (DICA)
a) Concepción genérica
b) Regulaciones
2) Crímenes de guerra
a) Concepción genérica-delitos de la guerra
b) Sujetos activos y pasivos
c) Empleo-uso de los medios para someter al
contario.
3) Derecho internacional humanitario
a) Protección de víctimas
b) Personas en poder del adversario.
II. El conflicto bélico
a) El derecho de la guerra (ius in bello)
b) El derecho a la guerra (ius ad bellum)
c) Relaciones y antecedentes
a) Internacionales:
Se destacan dos antecedentes básicos de origen internacional:
unos mediatos y otros inmediatos. El primero se considera que
existe desde que irrumpe en escena el hombre y se pueden
considerar a manera de ejemplo:
- El tratado celebrado entre el Estado de Lagash y el de Huma, en
la antigua Mesopotamia en el año 3.100 a de C.
- El tratado de paz y alianza entre Ramsés Segundo y Hattsuli
Segundo antigua la Babilonia en el año 1.291 a de C.
-
En la antigua China (2.500 a de C.), igualmente se reguló el
fenómeno de la guerra y se establecieron condiciones para las
relaciones con Estados extranjeros.
- En las obras de Confucio y Lao-Tsé, existen algunas referencias
acerca de limitaciones de guerra e imposición de penas
internacionales, que propendían por la «Gran Unión de los
pueblos».
- En las Leyes de Manú (India), aparecen, igualmente, referencias
al tratamiento de la guerra, estableciendo regulaciones frente al
uso de venenos y armas envenenadas.
-En el antiguo Testamento (Deuteronomio, Cap. XX, versículos
10/14) del pueblo judío, existen normas que regulaban la guerra y
penalizaban el trato no humanitario a los vencidos y establecían
normas de tratamiento para los extranjeros en tiempos de paz.
-Tanto en Roma, como en la Edad Media y el «descubrimiento de
América», aportan valiosos análisis en el desarrollo del Derecho
Internacional y de la Jurisdicción Penal Internacional.
Antecedentes inmediatos
1. Desde cuando se conforman los grandes Estados europeos.
2. La Primera Guerra Mundial con toda su crueldad y despliegue
de fuerza deshumanizada, puso en evidencia la necesidad de
regular las relaciones de los Estados a partir del manejo de los
conflictos que surgían en este contexto.
Con los Tratados de Versalles y de Sévres se pone fin a esa
deflagración mundial, pactos a que se orientaron a que los
vencedores aplicasen justicia a los vencidos en razón de los
crímenes por ellos cometidos y a raíz de la resistencia que
implicaba la confrontación bélica. Fueron crímenes que por su
crueldad se consideraban de lesa humanidad.
Antes de la Primera Guerra Mundial, se encontraban en
vigor normatividades tales como:
-La Declaración de París del 16 de abril de 1856, reguladora
de la guerra marítima.
-La Convención de Ginebra del 22 de agosto de 1864,
relativa al tratamiento de los combatientes heridos de los
ejércitos en campaña.
-La Convención de San Petersburgo de septiembre 11 de
1868 que fijaba límites prohibitivos al uso de proyectiles
explosivos de peso inferior a 450 gramos.
-El Tratado de Washington de mayo 7 de 1871 que reguló la
posición de los neutrales en la guerra.
-La Conferencia de Bruselas de 1874.
-Las conferencias de la Haya de 1899 y 1907.
-El Tratado de Versalles y el Pacto Kellog-Briand.
Buscando ligar a EE.UU. a una alianza dirigida a frenar una posible vuelta al expansionismo alemán, el ministro de
asuntos exteriores francés, Aristide Briand, propuso a la potencia estadounidense un pacto bilateral de no agresión en
la primavera de 1927. Alentado por la opinión más pacifista y menos aislacionista de su país, el secretario de estado de
EE. UU., Frank B. Kellogg, propuso que el pacto se convirtiera en un tratado multilateral, lo cual fue aceptado por
Francia.
Como resultado de la propuesta de Kellogg, casi todas las naciones del mundo firmaron finalmente el Pacto BriandKellogg, acordando renunciar a la guerra como instrumento de política internacional y solucionar todos los conflictos
internacionales de manera pacífica. Hubo múltiples matices a este compromiso, por ejemplo, la guerra en defensa
propia, las obligaciones militares que surgieran del pacto de la Liga de Naciones, la doctrina Monroe o los tratados de
alianza acordados tras la I Guerra Mundial. Si unimos todas estas excepciones al hecho de que el tratado no estableció
ningún método para forzar su cumplimiento, podemos entender como el Pacto resultó totalmente inútil
Como consecuencia de las injusticias derivadas del Tratado de Versalles, en torno a las
exigencias impuestas a los vencidos con relación a imposiciones de carácter político,
geográfico y económico, que dan lugar a un nuevo orden mundial por reacomodo
geopolítico que implicó, se construyeron nuevos canales diplomáticos de vencedores a
vencidos, fortaleciendo el principio que implica que los acuerdos que ponen fin a un
conflicto son el origen del siguiente; todas las implicaciones de los tratados de Sévres y
de Versalles, encendieron la mecha de lo que se conoce en el mundo como el
holocausto, surgido en la Segunda Guerra Mundial en la que se cometieron todo tipo de
delitos atroces contra los seres humanos, porque ese escenario sirvió de laboratorio a la
experimentación indiscriminada de nuevos desarrollos tecnológicos, bélicos, de
telecomunicaciones,
la electrónica, la cibernética, la genética, que hicieron
necesario al culminar la guerra, que se establecieran los
Tribunales de Nuremberg y de Tokio, que condenaron a los
criminales de guerra y cuyas sentencias y procedimientos
fueron aprobados por la Asamblea de Naciones Unidas el
11 de diciembre de 1946, fue el primer antecedente de la
jurisdicción penal internacional.
-Los desacuerdos surgidos de las conferencias de Yalta y
Postdam, surgieron acciones neocolonialistas que
generaron hechos escalofriantes y repugnantes contra la
humanidad en guerras como las de Corea, Vietnam,
Angola, Ruanda, Golfo Pérsico y Yugoeslavia. Se puso de
manifiesto la necesidad de una regulación jurídica
coherente, seria y perdurable, que, dentro de las nuevas
circunstancias históricas, hiciera posible, viable y
materializable una verdadera coexistencia pacífica entre
pueblos y naciones
En este marco de referencia, se debe citar el fenómeno
económico reflejado en la globalización de las relaciones
económicas, en una época caracterizadas por las relaciones
capitalistas y proimperialistas de los Estados firmantes del
Estatuto de Roma que instauró la Corte Penal Internacional.
Teniendo en cuenta que en la medida en que se mundializan
las relaciones económicas, también se presenta la
mundialización del delito, es aquí cuando la Corte Penal
Internacional entra a llenar el vacío generado por la falta de
respuesta efectiva por parte de las codificaciones penales
nacionales a tal fenómeno, dando origen a lo que se ha
venido llamando desde la perspectiva criminológica y
político
criminal,
como
CONTROL
SOCIAL
INTERNACIONAL.
A la luz de ese devenir histórico, cabe interrogarse si la
Corte Penal Internacional será la verdadera solución para
evitar en el porvenir las atrocidades del pasado en virtud de
la efectividad de sus procedimientos y sanciones; o si, por
el contrario, se convertirá en un nuevo instrumento de
sometimiento de potencias históricamente dominantes o de
nuevas potencias con esa pretensión.
Del desarrollo de la humanidad y su devenir histórico todo
se puede esperar. Para evitar lo sucedido en la conferencia
de Roma con el disenso liderado por el gobierno de Estados
Unidos, se debe participar consensualmente y en pie de
igualdad, tal como se hizo respecto de los parámetros y
objetivos que inspiraron la creación de este organismo.
Nacionales
En lo que concierne a los antecedentes legislativos nacionales,
se puede aseverar que Colombia se mantenido desde la Patria
Boba en una permanente pugna bélica dirigida por cada fuerza a
reordenar de acuerdo a su concepción política particular el
Estado-Nación en su totalidad.
Desde la Constitución Nacional de 1886 y la Carta de 1991, los
gobiernos han gozado de facultades protempore tendientes a
conjurar las causas de las alteraciones del orden público, pero
en lo que respecta al estado de sitio (art.121 C. N. 1886); la
Constitución de 1991 (arts. 212, 213, 214), se estableció lo
relacionado con guerra exterior, conmoción interior y Estados de
Excepción, en su orden; como antecednes legislativos
nacionales y a su vez los Códigos Penales Militares o
Castrenses que incorporan reglas de comportamientos de las
fuerzas regulares del Estado en la guerra.
Colombia ante el DIH ha sido tímida. Ello se observa tanto en la
aprobación y adhesión a los Protocolos de Ginebra I y II, el
primero se aprueba el 4 de septiembre de 1991 y el segundo se
aprobó en las sesiones del Congreso en abril de 1994, así como
su adhesión a la Corte Penal Internacional.
Antecedentes teóricos
Hablar de Derecho de gentes y Derecho Internacional
Humanitario, resulta lo mismo para algunos doctrinantes. Para
otros resultan diferencias conceptuales e históricas.
El origen del derecho de gentes se encuentra en el Derecho
Romano [ius gentium romano], expresión utilizada por el inglés
Jeremías Bentham y acogida por los autores Alfred Vedross,
Michael Akehurst y Antonio Truyol. Toman distancia Mauricio
hernández, Pedro Pablo Camargo, al sostener que la noción
milenaria de derecho de gentes está más ligada al Derecho
Internacional Público, como noción genérica al DIH, que alude a
los conflictos armados del orden nacional e internacional.
En efecto, la noción derecho de gentes por su
origen romano está más relacionada con los
posibles conflictos y de cualquier naturaleza
entre naciones o entre Estados, estando más
en el ámbito del Derecho Internacional Público;
mientras que el D. I. H. se refiere a aquellos
conflictos específicamente bélicos y desde el
cual se hace la diferenciación entre
combatientes de guerra y población civil. Por lo
tanto, podemos afirmar que el D.I.H. forma
parte del Derecho de Gentes, pero no es el
Derecho de Gentes, éste es el género [derecho
de gentes] y aquel [D. I. H.], es su especie.
Degradación del conflicto bélico
-Por la acción del Estado (C. Política, arts. 2
y 90).
-Por la omisión del Estado (Carta Superior,
arts. 2 y 90).
-Ley 599 de 2000.
a) «Delitos contra personas y bienes
protegidos por el Derecho Internacional
Humanitario» (arts. 135 a 164 de a Ley 599
de julio 24 de 2000).
b) Se deben delimitar conceptos porque frente al delito
existen enfoques filosóficos e históricos que no deben
perderse, dada la polaridad entre el eficientismo y el
abolicionismo penal.
A la consideración de que la construcción de los actuales
Códigos Penal (Ley 599 de 200) y de Procedimiento Penal
(Ley 600 de 2000), se han hecho desde la perspectiva
eficientista con prescindencia de los criminológico y de
política criminal; nos ubicamos en la posición que considera
la diferenciación entre Criminología, Política Criminal y
Derecho Penal de Garantías -Ultima Ratio-, el que se
deberá construir sobre la base fundamental de absoluta
necesidad de intervención penal, control penal de sus
consecuencias,
extrrema
ratio
y
subsidiariedad,
fragmentación del derecho penal, proporcionalidad,
alternatividad, dignidad humana, exclusiva protección de
bienes jurídicos y principio de culpabilidad.
BUSTOS RAMÍREZ, Juan J. y otro. Lecciones de Derecho Penal. Madrid. Trotta. 1997, pp. 65 a 70.
Principios que han de orientar la creación normativa de
toda codificación penal, las que están ausentes en la Ley
599 de 2000, planteándose así serios y sustanciales
problemas:
¿Para la investigación, juzgamiento y punición de dichos
delitos es suficiente el actual sistema procesal penal?
¿Cualquier conflicto de competencias entre autoridad
nacional con instancia internacional, quién lo dirime?
¿Será un conflicto de competencia, asunto jurídico, asunto
político –diplomático o asunto militar de fuerza?
-Breve historia:
Durante los años 1936, Colombia fue un país
eminentemente agrario y en donde las fuerzas sociales
dominantes feudales -terratenientes y su partido político
conservador-, se enfrentaban a la naciente burguesía libe-
ral, dándose nacimiento a otro proceso de
violencia. En ese momento histórico, al igual
que en los demás momentos, incluido el
presente, era necesaria una reforma
agraria, aspecto que formó parte de las
banderas agitadas por los liberales, reforma
que no fue atendida en forma oportuna y
que se constituyo en el caldo de cultivo de
las nacientes guerrillas rurales. Así se
desarrolló un conflicto de baja intensidad
hacia el conflicto social de alta intensidad
que hoy vivimos.
En el curso de los años 1980, Colombia se
consolidaba en el ámbito nacional e
internacional, como una nación con fuertes
vínculos capitalistas internacionales y en donde
irrumpen sectores sociales como los obreros,
una intelectualidad de origen de origen pequeño
burgués -en colegios y universidades- que
conforman una oposición política, así como los
diversos sectores de guerrilla de composición
campesina. Así, el país pasa de ser un país rural a
un país urbano. En ese contexto se configuran:
a. Conglomerados urbanos en ciudades constituidas
en su mayoría por personas procedentes del
campo. Ciudades que se constituyen sin ninguna
planeación y mucho menos control de las
administraciones locales respectivas, en su
desarrollo urbanístico y arquitectónico.
b. Conformaciones urbanas desligadas en su
desarrollo, de una planificada estructura de
servicios públicos, agua, luz teléfono y
alcantarillado; causa de un serio problema urbano
en el cual la vivienda es su epicentro, originándose
protestas que llegan a alterar el orden público en
las grandes urbes del país.
c. Consolidación de los partidos políticos que se
unieron alrededor del Frente Nacional, el cual se
constituyó en un mecanismo de alternatividad en
el control y dominio de los diversos estamentos
nacionales, regionales y locales del Estado. Con
ese mecanismo nace una masa electoral a ellos
adscrita y toda una maquinaria de tipo
burocrática basada en el manejo regionalista y
gamonalista, con un fuerte sector de
profesionales que los sustenta y que están
interesados en alimentar a costa del Estado sus
apetitos personales y de grupo.
d. Lo anterior se agrava cuando surgen sectores
dedicados a actividades ilícitas de narcotráfico y
que consolidan los llamados carteles de la droga,
ligados en lo internacional a grupos actuantes en
países como América del Norte y de Europa y en
lo nacional a serias organizaciones de sicarios
que conforman con el tiempo verdaderos
ejércitos armados a su servicio.
En ese contexto, para el año 2000, Colombia
asume unos perfiles complejos que hacen que la
situación de explosión y conflictos sociales se
tornen inmanejables:
1. Una pendiente reforma urbana que duerme en el
olvido, en cuya ausencia se conforman barrios de
invasión y sede de muchas organizaciones de
pandillas juveniles y de expresión del movimiento
guerrillero y sus diversas manifestaciones.
2. Sectores de la delincuencia común organizados y
controlados
por
las
organizaciones
de
narcotraficantes y paramilitares.
3. Organizaciones de paramilitares auspiciadas por
empresarios agrícolas y productores industriales del
campo, quienes decidieron hacer justicia por mano
propia ante el acoso de la guerrilla y la ausencia
estatal y estatal.
4. Una economía nacional globalizada y en competencia
con sectores internacionales consolidados en su desarrollo
técnico y tecnológico, que genera la quiebra de muchas
empresas nacionales, con el consiguiente aumento en la
tasa de desempleo, aunado al ejército de jóvenes que no
han tenido acceso a los diversos medios de educación.
5. Fuertes vínculos con el capital financiero internacional,
que mediante la Banca Mundial (FMI, BM y BID), imponen
políticas de austeridad y de desent4aamiento de la alta
burocracia -otra fuente que agrava el déficit fiscal- y que
hace insostenible e impagable los aumentos de impuestos
a los contribuyentes nacionales.
De manera general, constituye lo anterior el
contexto histórico que precede y antecede la
expedición del Código Penal del año 2000 (Ley
599 de 2000), con figuras delictivas en normas
penales, que a todas luces denotan la existencia
de un país en guerra focalizada o localizada y
con tendencia a su generalización. Normas
descritas en el Capítulo Único, Título Segundo,
arts. 135 a 164, en el que se indican los
siguientes tipos penales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Homicidio en persona protegida (art. 135).
Lesiones en personas protegidas (art. 136).
Tortura en persona protegida (art. 137).
Acceso carnal violento en persona protegida (art.
138).
Actos sexuales violentos en persona protegida
(art. 139).
Circunstancias de agravación (art. 140).
Prostitución Forzada o esclavitud sexual (art.
141).
Utilización de medios y métodos de guerra
ilícitos (art. 142).
9. Perfidia (art. 143).
10. Actos de Terrorismo (art. 144).
11. Actos de barbarie (art. 145).
12. Tratos inhumanos y degradantes y
experimentos biológicos en persona protegida
(art. 146).
13. Actos de discriminación racial (art. 147).
14. Toma de rehenes (art. 148).
15. Detención ilegal y privación del debido
proceso (art. 149).
16. Constreñimiento a apoyo bélico (art. 150).
17. Despojo en el campo de batalla (art. 151).
18. Omisión de medidas de socorro y asistencia
humanitaria (art. 152).
19. Obstaculización de tareas sanitarias y
humanitarias (art.153).
20. Destrucción y apropiación de bienes
protegidos (art. 154).
21. Destrucción de bienes e instalaciones de
carácter sanitario (art. 155).
22. Destrucción o utilización ilícita de bienes
culturales y de lugares de culto (art. 156).
23. Ataque contra obras e instalaciones que
contienen fuerzas peligrosas (art. 157).
24. Represalias (art. 158).
25. Deportación, expulsión, traslado o
desplazamiento forzado de población civil (art.
159).
26. Atentados a la subsistencia y devastación
(art. 160).
27. Omisión de medidas de protección a la
población (art. 161).
28. Reclutamiento ilícito (art. 162).
29. Exacciones o contribuciones arbitrarias (art.
163).
30. Destrucción del medio ambiente (art. 164).
LEY 906 DE 2004
1. Art. 321: «…con sujeción a la política criminal del
Estado».
2. Política Criminal de Estado –preventiva- versus
Política Penal de Gobierno –más represiva que
preventiva-, presente en los antecedentes
legislativos que enunciamos seguidamente.
-Ley 30 de 1986 o Estatuto Nal. De
Estupefacientes.
-Decreto 1631 de 1987, dio vida a los Jueces de
Orden Público.
Decreto 180 de 1988, Estatuto Antiterrorista,
con su complemento la Ley 40 de 1993.
-Decreto 22 de 1991, señaló competencias a la
jurisdicción de orden público.
-Ley 81 de 1993, sometimiento a la justicia.
-Ley 65 de 1993, código penitenciario y
carcelario.
-Ley 228 de 1995, de seguridad ciudadana.
-Ley 333 de 1996, Extinción de dominio.
-Ley 360 de 1997, Delitos sexuales y sus aumentos de
pena.
-Ley 365 de 1997, aumentos punitivos para combatir la
delincuencia organizada.
-Ley 504 de 1999, que convierte la justicia regional en
especializada.
-Ley 1407 de 2010. C. Penal Militar.
-Ley 1453 de 2011. Modifica C. Penal y C.P. Penal.
-Ley 1482 de 2011. Sanciona penalmente los actos de
racismo o discriminatorios.
3. Algunas estadísticas.
«Hoy se calcula que entre enero de 1990 y junio
de 1993 se cometieron en Colombia 92.000
homicidios. Sin embargo se encuentran
detenidas 5.982 personas homicidas o
sospechosas de serlo. De ellas, sólo 3.700 habían
sido efectivamente condenadas. Estas cifras
revelan de manera contundente la grave
situación de impunidad en Colombia». VILLANUEVA MEZA,
Javier Antonio. Genealogía del delito. Bogotá: Leyer, 1997, p. 103.
«En Colombia en los últimos diez años se han asesinado
trescientas mil personas -300.000- alrededor de cien por día,
treinta mil de las cuales por razones políticas -en promedio 10
diarias-, de las cuales tres perecen en combates con la guerrilla y
a fuerza pública, y siete en ejecuciones extrajudiciales o
masacres». VILLANUEVA MEZA, Javier Antonio. Derecho Penal y Derechos Humanos. Bogotá: Leyer.
1999, pp27 y 28.
«La Comisión Intercongresional de Justicia y Paz reportó para el
año 1995: 944 asesinatos políticos, 662 asesinatos
presumiblemente políticos, 200 asesinatos presumiblemente por
limpieza social, 899 muertes en acciones bélicas, 3.822 asesinatos
obscuros y 111 desapariciones forzadas (…) Sobre la presunción
de responsabilidad de los hechos de violencia política para el
mismo año señaló: Militares 28.4%, Policías 10.9%, Paramilitares
5.7%, otros organismos del Estado 5.2%, Guerrillas 10.7%,
Narcotraficantes 0% y sin confirmación 35% (…)» Opus cit. Derecho Penal y
Derechos Humanos, p. 28.
«Según el comité Permanente para la Defensa de los Derechos
Humanos durante 1996 registraron en su banco de datos 2.306
homicidios de naturaleza política, de los presumibles autores
identificados se señala que la Fuerza Pública y los paramilitares
serían responsables del 31.18% y la guerrilla y milicias del
12.31%». Opus cit., p. 28.
«… una firma de EU afirma que en Colombia ocurre el 45% de los
secuestros del mundo. Algunas de las causas: A juicio de los
analistas de Kroll el problema empieza por la pobreza y las
grandes diferencias entre clases. Pero también hay otras causas:
La impunidad es altísima, según Kroll puede llegar al 95% por
ciento, lo que hace que del (sic) secuestro ‘un negocio de bajo
riesgo.’ La corrupción es elevada y no es raro ver a miembros de
las autoridades involucradas en plagios…» Opus cit., p. 28
Anotaciones que sumadas a los distintos informes
de organismos internacionales como Amnistía
Internacional, la Delegación de Estados Unidos para
los Derechos Humanos en América Latina, la OEA, la
ONU, Parlamento Europeo y el Congreso
estadounidense, acerca de la preocupante situación
de los Derechos Humanos en Colombia, permiten
confrontar la real situación de Derechos Humanos y
su degradación, con toda la normatividad penal
incluyendo la nueva legislación (Ley 599 de 2000), y
concluir que el eficientismo de corte funcionalista
en que se han inspirado, constituyen rotundo
fracaso.
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS
INTERNACIONALES
-Declaración Universal de Derechos Humanos.
-Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP) (Ley 74 de 1968).
-Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Ley 16 de 1972).
-Corte Penal Internacional, surge con el
Estatuto de Roma (Ley 742 de 2002).
-Organización Internacional del Trabajo (OIT).
CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO ANTE LA
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
En Colombia existen normas que desde la Constitución Política
implican la responsabilidad para el Estado y los funcionarios
públicos, ellas son:
Artículo 6.- Los particulares sólo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación
en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 90.- El Estado responderá patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial
de uno de tales daños, que hayan sido consecuencia de la conducta
dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste.
Artículo 91.- En caso de infracción manifiesta de un
precepto constitucional en detrimento de alguna persona,
el mandato superior no exime de responsabilidad al
agente que lo ejecuta.
Los militares en servicio quedan exceptuados de esta
disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá
únicamente en el superior que de la orden.
De estos artículos se desprende que los daños causados
por los funcionarios, darán lugar a responsabilidad
patrimonial por parte del Estado, pero el éste podrá
repetir contra el servidor que cause el daño de manera
culposa o dolosa.
Pero, en el Derecho Internacional existen tratados y
convenios que si han sido ratificados por los Estados, se
constituyen en materia vinculante e implican
responsabilidad pero por parte de los Estados.
Frente a la responsabilidad que atañe al funcionario que
por algún motivo vulneró los derechos se puede señalar:
“Uno de los problemas más difíciles del Derecho Internacional es la determinación de responsabilidad
individual de los funcionarios de un Estado que haya sido declarado responsable de violaciones de
derechos humanos. Dentro de la comunidad internacional organizada hay tratados y convenciones que
han sido suscritos y ratificados por la mayoría de los Estados que forman parte de la comunidad
internacional de Estados democráticos regidos por el estado de derecho. Esos tratados y convenciones
imponen a los Estados Partes la obligación de respetar derechos fundamentales inherentes a la persona
humana así como de garantizar su respeto. Si dentro de uno de estos Estados un funcionario público, de
cualquier nivel, viola normas que protegen y garantizan esos derechos fundamentales y la víctima, con los
recursos disponibles en la legislación interna de estos Estados no logra remediar la violación, esa víctima
puede acudir al organismo internacional competente para denunciar la violación y esa denuncia puede
dar lugar a que se declare al Estado denunciado responsable de la violación. La consecuencia de esa
declaración de responsabilidad es que el Estado, una vez concluido el procedimiento jurisdiccional
internacional previsto por el tratado o la convención correspondiente, quede obligado a reparar el daño,
incluyendo indemnización pecuniaria.”
FIGUEREDO, Carlos Armando. Responsabilidad Individual por Violaciones de Derechos Humanos [En
línea]
consultado
el
12
de
septiembre
de
2011
de:
http://www.analitica.com/archivo/vam1997.03/soc1.htm
En última instancia, quien termina pagando las altas condenas
impuestas al Estado.
¿Cuáles son las consecuencias jurídicas para el
funcionario infractor y el Estado en la violación de
derechos humanos y quién responde?
Con relación al funcionario se presenta, que, frente a
ciertas violaciones de derechos y en delitos que se han
considerado a nivel internacional como el genocidio, la
tortura, la esclavitud y el desplazamiento forzado, existe
penalización a nivel internacional y es ejercida a través de
la Corte Penal Internacional con sede en la Haya, la cual
posee la competencia para adelantar los procesos, juzgar
y culminar la causa emitiendo un juicio de reproche
condenando a la persona o personas. En lo atinente a la
comisión de otro tipo de conductas punibles que no están
tipificadas en la normatividad internacional, es el Estado
(o cada Estado) el encargado de juzgar a los funcionarios
conforme al derecho interno. Tal como se indica:
“Ciertas violaciones del derecho a la libertad,
consagrado por el artículo 7 de la Convención
Americana de derechos Humanos pueden constituir
delitos internacionales que implican responsabilidad
individual, como sería el caso de las desapariciones
forzosas de individuos.
Ahora bien, al lado de esta responsabilidad
individual de los causantes de la violación por la
cual se condena a un Estado, existe también la
responsabilidad individual frente a su propio Estado,
del individuo que violó derechos humanos y que,
por esa violación dio lugar a que su Estado fuera
declarado
responsable
internacionalmente.
Estamos pensando en los casos --que son
numerosos en exceso-- de violaciones de derechos
humanos, de garantías del ejercicio de esos
derechos, que no constituyan delitos internacionales
según el derecho internacional. Las violaciones de
las garantías de debido proceso, del derecho a la
defensa, del trato igual ante la ley, entre otras,
cuando no son remediadas --o cuando no es posible
remediarlas-- con los recursos del derecho interno,
pueden dar lugar a responsabilidad internacional del
Estado en el cual ocurrieron las violaciones. Esa
responsabilidad puede llegar hasta la condena al
Estado a resarcir monetariamente a las víctimas.”
Ibid.
En efecto, las implicaciones jurídicas a nivel estatal
son condenas que generalmente implican
resarcimiento económico, en otros casos levantar
monumentos, tratar de buscar la verdad, pedir
disculpas públicas e incluso una mala imagen a nivel
internacional que trae repercusiones económicas y
sociales para relacionarse con otros Estados. Puesto
que es el Estado el garante de los derechos de los
asociados, es ilógico que sea el que más violaciones
a derechos humanos cometa, y es sancionado
porque falta a ese deber de vigilancia en la
protección de los derechos humanos de sus
asociados.
APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES CONVENIOS , TRATADOS Y NORMAS
SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y LOS DERECHOS
HUMANOS
En Colombia existe una aplicación de los tratados incluso por encima
de la propia Ley y es claro que éstos forman parte del Bloque de
Constitucionalidad, primando los tratados que sobre derechos
humanos se hayan ratificado:
ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que
reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de
excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional
en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la
Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar
este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución.
La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del
Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá
efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él.
Es el Estado el que se obliga al cumplimiento de los tratados y
convenios y por ende quien tiene que determinar cuáles suscribe
o no, y para su aplicación se da prevalencia en el derecho interno
por ser de derechos humanos, por ello cualquier violación es
determinante y preponderante y será sancionada a nivel
internacional, es este artículo el que da pie a acudir a instancias
internacionales en caso de que no se dé aplicación y
cumplimiento a esos tratados.
“Los tratados internacionales son pactos entre gobiernos, tal como la misma
ONU es una organización de Estados. Por lo tanto, los sujetos obligados por los
pactos internacionales de derechos humanos son los Estados, no las personas
ni organizaciones privadas. El derecho internacional, por su misma naturaleza,
es un derecho de Estados. Desde esta perspectiva queda claro que también el
derecho internacional de DD.HH. es un derecho pertinente exclusivamente a los
Estados. “ Rainer Huhle. Centro de Derechos Humanos de Nuremberg. LA
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ¿PRIVILEGIO DE LOS ESTADOS? [En
línea]
recuperado
el
06
de
octubre
de
2011
de:
http://www.derechos.org/koaga/iv/1/huhle.html
Sin embargo, a pesar de tantos esfuerzos a nivel
internacional por proteger los derechos humanos, se
siguen presentando situaciones en Colombia que son
lamentables, donde incluso el mismo Estado ha declarado
un estado de cosas inconstitucional, por la gran violación
de derecho humanos que se presenta y por la incapacidad
del estado de actuar, es el caso de los desplazados en el
país. Por estas situaciones tan graves es que es necesario
que existan normas a nivel internacional que busquen
proteger los derechos de los menos favorecidos. El único
problema es que casi nadie cree en el derecho
internacional e incluso hay quienes piensan que no es
coercitivo y por ello no vinculante, es necesario promover
más este derecho que es una de las instancias a las cuales
acudir cuando la incapacidad del Estado para actuar es
precaria, está herramienta está tomando fuerza en los
estados y es el control de convencionalidad.
LOS DERECHOS HUMANOS NO SE
PUEDEN APLAZAR, HIPOTECAR,
DISIMULAR, ESCAMOTEAR,
DISTORSIONAR, MUTILAR NI
PERVERTIR
GARZÓN, Baltasar. Un mundo sin miedo. Madrid: Plaza y Janés. 2005, p. 237.
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JUSTICIA PENAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y CRÍMENES DE