ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE LIMA
DIPLOMADO DE DERECHO
PROCESAL GENERAL
EXPOSITOR:
DR. ERICKSON COSTA CARHUAVILCA
DOCENTE EN LAS UNIVERSIDADES: INCA
GARCILASO DE LA VEGA, CÉSAR VALLEJO Y
AUTÓNOMA DEL PERÚ
TEMA: TEORIA DE LA IMPUGNACIÓN Y
CAUTELAR EN EL SISTEMA PROCESAL
Email: [email protected]
FUNDAMENTO
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Se trata de un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso a
cualquier título, como partes iniciales o intervinientes, sean principales o
secundarios. permanentes o incidentales y transitorios, derecho que es
ejercitado mediante un acto jurídico-procesal. Su objeto es el obtener la
revisión de las providencias judiciales, para que se corrijan los errores que
en ellas se hayan cometido y que perjudican al recurrente, dentro de los
límites que la Ley fija según la clase de recurso. según la persona que lo
interpone y el juez que lo resuelve. Por eso. GOLDSCHMIDT dice que el
fundamento del recurso está en la existencia de un gravamen que la
resolución causa al litigante. y es un derecho abstracto, similar al de
acción, como observa LUIS LORETO, de naturaleza procesal, porque no
garantiza el pronunciamiento de una sentencia o auto favorable al
recurrente. sino la revisión por el superior para una nueva sentencia o
providencia de otra clase. según el caso.
Precisamente, la gran utilidad y los beneficios que la parte obtiene del
ejercicio de los recursos ponen de presente su clara naturaleza de derecho
subjetivo, y de ahí que COUTURE los considera como el instrumento para
resolver el conflicto entre el individuo y el poder, entre libertad y
autoridad, y opina que la historia de recurso de apelación es inseparable
de la historia de la libertad.
FINALIDAD
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Lo cierto es que, autónoma o no, la impugnación es una categoría
propia de los actos procesales. Poco interesa diferenciar la entidad del
vicio (error) o la calidad de la providencia cuestionada. Tampoco
trasciende para la definición el órgano que revisa el acto atacado. De
este modo, los defectos de forma o de fondo podrán reciclar cuando, a
través de la impugnación, se procure la reforma, la modificación, la
integración, la aclaración o la sustitución de cualquier resolución
judicial,
La finalidad que persigue el reexamen de decisiones que no
conforman es posible en tanto se coincide en señalar la falibilidad
humana ("los jueces también son hombres" decía CALAMANDREI) y
la aspiración de justicia en cada situación particular. Como actividad,
la impugnación es un acto único y autónomo. Su principal
característica radica en el inconformismo con la decisión judicial y en
la búsqueda de equidad.
Los medios de impugnación son instrumentos legales puestos a
disposición de las partes para intentar la modificación o la anulación
de una resolución judicial y que todos esos medios tienen su origen en
la posibilidad del error humano.
ERROR JUDICIAL
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Al Estado le importa la perfección de la justicia, y por
eso admite la revisión de los actos no consentidos por
las partes de un proceso. Esta es la verdadera
dimensión del objeto: la impugnación, tiende a
corregir la falibilidad del juzgador y con ello, a lograr
la eficacia del acto jurisdiccional.
Conviene advertir que dicha réplica hacia la decisión
judicial tiene matices diferentes que hace a los
autores encontrar categorías de actos destinados a
corregir, revisar, aclarar, modificar o anular
resoluciones judiciales.
El error judicial se traduce en el disconforme corno un
gravamen, es decir, un perjuicio o una lesión a los
intereses que tiene como parte en un litigio.
ERROR JUDICIAL
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Como el error judicial no siempre expresa una trascendencia
unitaria, pueden señalarse dos aspectos importantes en él. Por
un lado, cuando el Juez se aparta sin motivo fundado, o desvía
el ritual del proceso hacia fórmulas antinaturales a las
preconcebidas, la seguridad jurídica se atenúa y el derecho del
contradictorio puede verse lesionado en alguna medida. Este
error comprende la forma de los actos, su estructura externa, y
se los denomina tradicionalmente como errores in procediendo.
A su vez, cuando el error se traslada hacia el contenido del
proceso, no a la forma, sino al derecho material en juego, el
vicio se trasunta en la mala conformación de los fundamentos
del resolutivo. La consecuencia que arroja esta imperfección se
la conoce como errores in indicando.
La diferente entidad que arrastran ambas categorías permite
diferenciar móviles distintos para su reparación.
PRESUPUESTOS DE LOS RECURSOS
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Presupuestos relacionados con los sujetos:
a) Agravio: el agravio es el perjuicio concreto que sufre el
sujeto. Difiere del concepto de gravamen, pues éste pertenece
al terreno de lo estrictamente procesal (presupuesto para
recurrir); en cambio, se asocia con el interés, que resulta ser
una proyección del daño, o interés insatisfecho o menoscabado,
dirigido principalmente al ejercicio del derecho de
impugnación. Lo trascendente en el agravio es el resultado del
acto y los efectos que produce respecto del derecho invocado y
la situación personal que padece el interesado.
b) Parte: para poder impugnar un acto determinado resulta
necesario haber tenido intervención directa o mediata en él, o,
en su caso, ser alcanzado por sus disposiciones de manera tal
que justifique el interés jurídico. Cualquiera sea el negocio
jurídico de que se trate, el concepto de parte y tercero ha de
buscarse en los principios generales.
PRESUPUESTOS DE LOS RECURSOS
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Presupuesto relacionados con el objeto:
a) Acto impugnable: no difiere el criterio de este acápite de
lo dicho al referirnos a las vías de impugnación. Resta por
aclarar que la invalidación perseguida puede ser parcial,
dejando subsistente la parte del negocio no cuestionada, y en
tanto ello fuera posible.
b) Lugar, tiempo y forma: como todo acto jurídico que
necesita formalizarse para lograr los efectos estipulados, la
impugnación debe adecuar su tránsito hacia el modelo que
cuestiona.
En general, el lugar para hacerlo resulta aquél donde fue
celebrado, o donde debió ejecutarse, sin perjuicio de otras
modalidades.
El tiempo lo dispone, por vía de principio, el modo de contar
los intervalos del derecho y la prescripción de las acciones.
En cuanto a la forma, se reitera el principio de la
informalidad, aún cuando debe ser claro y preciso el objeto de
la impugnación.
CALIFICACIÓN
PRESUPUESTOS
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DE
LOS
A partir de esta idea resulta que para establecer los requisitos
específicos de un recurso pueden observarse exigencias de
admisibilidad (formales) y de pertinencia (estimabilidad), siendo estos
últimos propios del fundamento contenido en el escrito de oposición.
Las condiciones de admisibilidad formal del recurso son previas al
análisis sobre el fondo, pues no puede haber declaración sobre el
mérito si no existe una declaración judicial que admita y conceda el
recurso.
El juzgamiento sobre la concurrencia de los presupuestos de
admisibilidad corresponde por regla general al Juez ante quien es
interpuesto el recurso, sin que la concesión impida al tribunal
superior revisar la procedencia formal y, en su caso, declarar sobre el
incumplimiento de las cargas.
Los requisitos de pertinencia se dirigen hacia la fundamentación del
recurso y, como tales, son recaudos de contenido procesal pero que se
transforman en materiales ante la estimación de las causas de
agravio.
RESOLUCIÓN IMPUGNADA
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Existen como explica COUTURE no menos de cinco opiniones para interpretar la cuestión, a
saber:
1) Acto sometido a condición resolutiva: tesis compartida principalmente por
MORTARA y KOHLER quienes consideran que la sentencia, desde el primer momento, tiene
todas las condiciones necesarias para permanecer estable, pero puede perder su eficacia
originaria si se produce el hecho de que el tribunal superior decida en sentido contrario.
2) No es verdadera sentencia, sino acto que puede devenir sentencia: sostenido por
Chiovenda. Esta posición replica a MORTARA y se fundamenta en que, una sentencia sujeta
a agravios no puede considerarse como acto jurídico bajo condición suspensiva o resolutiva;
"es más bien un elemento que con el concurso de otro elemento (el término) llegará a ser la
declaración del derecho; mediante la sentencia sujeta a tales gravámenes tenemos
simplemente una situación jurídica. No es consecuencia de este principio el hecho de que la
cosa juzgada existe sólo desde el momento en que la sentencia sujeta a gravámenes deviene
definitiva y no se remonta al momento de su publicación".
3) Es un acto perfecto, con fuerza obligatoria propia: con argumentos de Rocco. En la
formación de la voluntad de los órganos jurisdiccionales se observa un procedimiento que
constituye una garantía de la justicia objetiva y de la legalidad de la voluntad declarada.
"Este procedimiento de formación —agrega— tiene varios grados, de suerte que en el ejercicio
del primer grado, y hasta la conclusión de los términos para interponer el recurso, es un
procedimiento imperfecto, mientras que la sentencia (sentencia de primer grado) es un acto
por sí mismo perfecto, y subsiste como acto de declaración hasta que se revoque o se
modifique o se sustituya por una nueva sentencia (sentencia de segundo grado), o sea, por
otro acto de declaración de derecho. La sentencia de primer grado está dotada desde su
nacimiento de una autoridad propia.
RESOLUCIÓN IMPUGNADA
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4) Es un acto imperativo, aunque no inmutable: según
CARNELUTTI, "de la misma manera que a la validez, puede parecer
que la imperatividad de la decisión deba subordinarse a la
inmutabilidad de la misma. Pero, en realidad, únicamente cuando la
decisión haya alcanzado firmeza pareciera poder contar con la
garantía de justicia que fundamenta su fuerza obligatoria. Sin
embargo, el punto de vista lógico ha de ser modificado en razón de
fundamentos de orden práctico que aquí concurren". De un lado,
imperatividad e inmutabilidad son conceptos separables en tanto los
vínculos se traban simultáneamente con las partes y con el Juez, pero
de distinta manera.
5) Es un acto sometido a condición suspensiva: según la
concepción de VASALLI y CALAMANDREI. Para el primero, la
sentencia sujeta a recurso se compara con el acto pendiente de
condición suspensiva. Agrega el segundo que debe hablarse de un acto
sujeto a condición legal, o condictio juris, que es la que tiene lugar
siempre que la ley condiciona la eficacia de un negocio ya provisto de
los requisitos esenciales para su existencia, al acaecimiento de un
hecho.
CLASES
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Remedios: son aquellos que van dirigidos contra el mismo
juez que conoce el proceso, recayendo sobre actos procesales
más no sobre decisiones jurisdiccionales, con la finalidad que
se anule o revoque., tienen por objeto la reparación de errores
procesales (de ahí que también se los designe vías de
reparación), y su decisión se confía al propio juez o tribunal
que incurrió en ellos.
Recursos: Quiere decir, literalmente, regreso al punto de
partida. Es un re-correr, correr de nuevo, el camino ya hecho.
Jurídicamente la palabra denota tanto el recorrido que se hace
nuevamente mediante otra instancia, como el medio de
impugnación por virtud del cual se re-corre el proceso. son
aquellos que van dirigidos contra el mismo juez o él órgano
superior correspondiente sobre resoluciones judiciales, con la
finalidad que se anule o revoque.
Los recursos son medios de revisión; pero esos medios de
revisión
tienen
en
nuestro
sistema,
de
carácter
acentuadamente dispositivo, dos características que conviene
no perder de vista.
RECURSO DE APELACIÓN
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Finalidad: El recurso de apelación tiene por finalidad que el superior del funcionario
de primera instancia revise la providencia interlocutoria o la sentencia dictada por
este, para corregir los errores que contenga o confirmarla si la encuentra ajustada a
derecho.
En algunos sistemas se le da a la apelación el sentido de una nueva demanda, que
implica citación personal de la otra parte, pero en el nuestro es un trámite ordinario
del juicio y un simple recurso, que busca reparar a la vez la injusticia de la sentencia y
los vicios de procedimiento que afecten la misma providencia, sea que puedan
acarrear la nulidad del proceso o que consistan en simples irregularidades (errores in
iudicando y errores in procedendo). Por tanto, comprende lo que era el objeto del
antiguo recurso de la querella nullitatis.
Concepto: El recurso de apelación es el medio ordinario para hacer efectivo el
principio de las dos instancias, a fin de que exista una revisión de la sentencia y del
juicio por un juez superior, ante quien puedan las partes alegar contra los errores que
el juez a quo haya podido cometer y reclamar contra la injusticia que en su concepto
contenga su decisión. Como dice PONTES DE MIRANDA, es el recurso-tipo en el
sentido estricto de la palabra.
Al decidirse la apelación, el superior debe expresar de manera clara la resolución que
adopta. Si confirma en su totalidad la providencia apelada, le basta manifestarlo así.
Si la revoca totalmente, es necesario que indique como queda la resolución de los
puntos que fueron materia de esta, porque debe sustituir lo resuelto por el juez a quo.
Si se limita a modificarla parcialmente, debe expresar con claridad qué puntos
confirma o deja vigentes y cuáles revoca, lo mismo que las decisiones que adopta en
reemplazo de las últimas. Por ningún motivo puede limitarse a criticar la providencia
del inferior y a disponer que este la reforme o adopte en una posterior las decisiones
que le señala.
RECURSO DE APELACIÓN
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Efectos: De dos maneras puede ser otorgada la apelación: con
efecto suspensivo, es decir, debiéndose suspender la ejecución de
la providencia mientras se resuelve por el superior; o en el
devolutivo, o sea, sin que se detenga el curso del juicio ni el
cumplimiento de ella, durante el trámite y la decisión del recurso. El
superior asume la facultad plena de revocación de la sentencia
recurrida, dentro de los límites del recurso. Sus poderes consisten en
la posibilidad de confirmar íntegramente el fallo, de confirmarlo en
una parte y revocarlo en otra, y de revocarlo íntegramente.
El principio de que cuando la apelación es en sentido devolutivo el
juez de la causa continúa conociendo del juicio, y cuando es en el
suspensivo pierde la competencia para hacerlo, no es absoluto.
El efecto suspensivo genera la inejecución de la sentencia o del acto
impugnado hasta tanto sea resuelto el recurso que contra ella se
interpone.
RECURSO DE APELACIÓN
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De acuerdo con la oportunidad en que el recurso de apelación debe ser
sustanciado y resuelto, aquél puede ser concedido en efecto inmediato
o diferido.
En el primer supuesto, si el juez concede el recurso, la providencia
correspondiente determina la iniciación de un procedimiento tendiente a
obtener una decisión del tribunal superior. Esta modalidad es
independiente del efecto suspensivo o devolutivo otorgado al recurso, pues
la circunstancia de que en la segunda hipótesis pueda cumplirse
inmediatamente la resolución impugnada no obsta para que, en forma
paralela con los trámites de la ejecución, se desarrolle el mencionado
procedimiento.
Si, en cambio, la apelación procede en efecto diferido, la sustanciación y
decisión del recurso no tienen lugar inmediatamente después de dictada la
providencia que lo concede, sino en oportunidad de encontrarse radicado el
expediente en la cámara con motivo de la apelación interpuesta contra la
sentencia definitiva.
El fundamento de este tipo de apelación reside en la necesidad de evitar las
continuas interrupciones que, en desmedro de la celeridad procesal, sufre el
trámite de primera instancia en un régimen de apelaciones inmediatas.
PRESUPUESTOS PROCESALES DE
FONDO
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Competencia: Es norma consagrada generalmente en las legislaciones que la
apelación se entiende solo en lo que la providencia sea desfavorable al
recurrente. Por tanto, el superior no puede enmendar la providencia en la parte
que no es objeto del recurso, es decir, en la que no sea desfavorable al apelante,
salvo que, en virtud de la reforma que se haga, sea preciso hacer modificaciones
a esta parte sobre puntos íntimamente relacionados con las otras para que no
resulten contradictorias o incompatibles.
En efecto, la apelación de la sentencia otorga al superior competencia sobre
todo el juicio como fallador de instancia, y por esto aquel tiene la obligación de
revisar el expediente en todos sus aspectos para dictar la sentencia que
resuelva sobre el litigio, con la limitación indicada; en cambio, cuando se apela
de una providencia interlocutoria, el superior no adquiere competencia sino
sobre el punto incidental o especial que fue materia del recurso, porque la
instancia continúa ante el inferior, razón por la cual no puede ocuparse de los
demás aspectos del juicio.
Cuando en la sentencia de primera instancia se ha dejado de resolver sobre
algún punto de la demanda o alguna excepción del demandado, el superior debe
corregir el error. Algunos opinan que en este caso debe devolverse el expediente
al inferior para que dicte nueva sentencia completa; pero nosotros creemos que
esto implica una pérdida innecesaria de tiempo y de trabajo y que debe dictarse
sentencia de fondo, a menos que se haya dejado de resolver sobre la demanda
de reconvención.
RESOLUCIONES IMPUGNADAS
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Resoluciones recurribles: 1) una sentencia
definitiva dictada en lo principal (la que
efectivamente resuelve el litigio y constituye el objeto
del proceso que la precedió) en
toda clase de juicios; 2) un auto interlocutorio
(sustanciado previamente) en tanto cause un perjuicio
tal que no pueda ser reparado luego por el contenido
de la sentencia definitiva que ponga efectivo fin al
litigio y en tanto la ley permita su impugnación. En
esta categoría se encuentra toda resolución que pone
fin al proceso sin haber resuelto el litigio, que es
posible volver a empezar; 3) una resolución que
ordene la paralización del proceso o de un incidente
cualquiera (a pedido de una de las partes y en
perjuicio de la otra).
RECURSO DE REPOSICIÓN
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Va dirigido contra resoluciones judiciales en forma de decretos, y
son de mero trámite, esto es, tiene que ver con lo estrictamente
procedimental, siendo el plazo para su interposición de 3 días,
siendo el auto que lo resuelve inimpugnable.
El recurso de reposición o revocatoria constituye el remedio
procesal tendiente a que el mismo juez o tribunal que dictó una
resolución subsane, "por contrario imperio", los agravios que
aquélla haya inferido a alguna de las partes. En tanto este
recurso evita los gastos y demoras que siempre supone la segunda
instancia, es claro que su fundamento estriba en razones de
economía procesal.
La reposición, por lo tanto, sólo procede respecto de las
providencias simples, que son aquellas resoluciones judiciales que
se dictan sin sustanciación previa, sea para impulsar el proceso o
para ordenar actos de mera ejecución.
RECURSO DE CASACIÓN
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La casación no da lugar a una instancia, como sucede con las
apelaciones de las sentencias, pues precisamente existe contra
las sentencias dictadas en segunda instancia por tribunales
superiores y que reúnan ciertos requisitos, y ya sabemos que
ningún juicio puede tener más de dos instancias. Se trata de
un recurso extraordinario, razón por la cual está limitado a los
casos en que la importancia del litigio por su valor o su
naturaleza lo justifica. Por él se enjuicia la sentencia del
tribunal, que es su objeto, sin que implique una revisión
general del juicio.
En la casación la Corte no estudia y revisa el juicio
oficiosamente por todos sus aspectos, ni puede modificar la
sentencia en caso de que por cualquiera de ellos aparezca que
no está ceñida a la Ley o al Derecho.
RECURSO DE CASACIÓN
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El legislador establece dos limitaciones a la competencia de
la Corte: en primer lugar, señala las causales en virtud de
las cuales se puede revocar o modificar la sentencia por
casación, y en segundo lugar, prohíbe a la Corte reformarla
y revisarla en puntos o aspectos no planteados por el
recurrente, aun cuando pudieran corresponder a la causal
invocada o a otra de las taxativamente autorizadas.
En la casación no existe término probatorio, por
considerarse que el debate ha quedado cerrado o definido
en la segunda instancia, y porque este recurso
extraordinario versa directamente contra la sentencia del
tribunal y, por consiguiente, en relación con el estado del
proceso en el momento en que esta fue pronunciada.
RECURSO DE CASACIÓN
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Según observa CARNELUTII, es un medio para la realización de la finalidad pública
del proceso, y para la acción en el estímulo para su ejercicio, pero la jurisdicción entra
en actividad en razón del interés público en la realización del derecho, así también el
interés particular es el medio para la efectividad del recurso de casación, pero este se
otorga y se tramita en razón del interés público que radica en el doble fin que con él se
persigue: en primer lugar, la defensa del derecho objetivo contra el exceso de poder por
parte de los jueces y contra las aplicaciones incorrectas que de la Ley hagan, y en
segundo lugar, la unificación de su interpretación necesaria para la certidumbre
jurídica y para que exista una verdadera igualdad de los ciudadanos ante la Ley, que
resultan desvirtuadas cuando a situaciones idénticas el juez aplica, más o menos
simultáneamente, soluciones distintas, con base en unos mismos textos legales.
Puede aceptarse que, como un fin secundario, persiga otorgar a la parte agraviada con
la sentencia o con el vicio del procedimiento una oportunidad adicional para la defensa
de sus derechos. Como observa DE LA PLAZA siguiendo a CALAMANDREI, en la
fusión de esos dos designios fundamentales, negativo el primero y positivo el segundo,
que son como facetas de un mismo problema, ha de verse la razón única a que el
recurso de casación obedece, el fundamento de su creación y los motivos que justifican
su existencia.
RECURSO DE CASACIÓN
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Es un medio impugnatorio excepción, conocido como recurso de iure, porque sólo
se revisará cuestiones de derecho vinculadas a la correcta aplicación de la norma
jurídica al caso concreta como al respeto a la jurisprudencia vinculante.
Toda impugnación de carácter extraordinario es de tipo casacional. En su
consecuencia, cualquiera sea ella y sin importar cómo la denomina un código
dado, su interposición implica la existencia de un control judicial puramente
jurídico, por lo que no está permitido, en general, un nuevo planteo ni la
pretensión de control de los hechos discutidos y sentenciados por los jueces de
primer grado de conocimiento.
CALAMANDREI definía al recurso de casación como un derecho de
impugnación concedido a la parte vencida para hacer que la Corte de Casación
anule, no toda sentencia injusta, sino solamente aquella cuya injusticia en
concreto se demuestre fundada en una errónea interpretación de la ley.
En ese sentido, podemos decir que la Casación es un recurso que materializa un
acto de voluntad del litigante, por el que solicita la revisión de la sentencia,
amparándose en un error de derecho al juzgar (in iudicando) o en un error o
vicio procesal que desnaturaliza la validez de la sentencia emitida (in
procedendo).
RECURSO DE CASACIÓN
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a)
b)
c)
d)
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a)
b)
Fines de la casación: son considerados la correcta aplicación del derecho
objetivo al caso concreto (normas adjetivas como sustantivas) y la
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la corte suprema de justicia
(las que tienen criterio vinculante).
Presupuestos específicos del recurso: son considerados los
siguientes:
Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución
adversa de primera instancia; en los casos que dicha resolución fuese
confirmada por el superior jerárquico y contra la cual se interpone el
recurso de casación.
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el
apartamiento del precedente judicial.
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión
impugnada.
Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.
Motivos o causales casatorias: son considerados los siguientes:
La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión
contenida en la resolución impugnada.
El apartamiento inmotivado del precedente judicial.
RECURSO DE QUEJA
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Es un medio de impugnación accesorio, que depende en su
existencia de los recursos devolutivos, es decir ante el rechazo de
la no admisión de los recursos impugnatorios ordinarios.
Tiene por objeto lograr la efectiva emisión de una resolución por
parte de la autoridad que no respondió tempestivamente a una
petición (eventualmente, cuando el orden jerárquico lo permite,
también procede si no se responde a una instancia de
reacertamiento). Si bien se mira, al igual que el reacertamiento, la
queja ostenta también un claro contenido pretensional y supone la
preexistencia de una instancia anterior (petición). Pero en su
finalidad está el no atacar propiamente una resolución –pues no
la hay– sino al silencio u omisión de quien es responsable de
dictarla. Por eso es que muchos sostienen que no puede ser
considerada como un medio de impugnación.
RECURSO DE QUEJA
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Esta instancia funciona doctrinariamente en 2 sedes:
a) Administrativa, cuando las leyes de procedimiento
respectivas establecen los “recursos” de “queja” o con
alguna otra denominación que las leyes pueden dar
caprichosamente a las hipótesis de procedencia. Lo
propio ocurre en el caso del amparo judicial por mora de
la Administración. Y
b) Judicial, cuando los códigos regulan la llamada queja
por retardo de justicia. Cuando refieren a la denominada
queja –o, peor aún, recurso de queja– por apelación
denegada. (CPC, 401), lo hacen impropiamente pues, no
puede haber queja (pues no hay silencio de la autoridad)
sino reacertamiento (pues hay decisión denegatoria de
un recurso que se ataca afirmando que es errónea).
CRITERIOS CASATORIOS
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DIVORCIO POR CAUSAL DE ADULTERIO
El recurrente en el numeral cuarto de su escrito de apelación de sentencia -obrante a fojas
ciento cincuenticinco presenta nuevas pruebas, tales como: fotocopias certificadas de las
partidas de nacimiento de dos menores de edad, con lo que supuestamente se encontraría
acreditada la causal de adulterio de su esposa doña Fiviana Garay Malvaceda”, “Que, a
pesar de ello, el Ad quem no ha admitido ni rechazado dichas pruebas.
CASACIÓN. Nº 228-2004 – HUAURA
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DIVORCIO – CONDUCTA DESHONROSA
Para efectos del presente proceso, esta Sala de Casación estima que debe detenerse
en el segundo de los requisitos; que, en efecto, este último significa que la conducta
de la que uno de los cónyuges está siendo víctima por parte del otro ha llegado a un
punto en la que no puede ser soportada por la víctima, convirtiendo la vida en
común en insostenible; lo que significa que el resultado final de la conducta
deshonrosa es el quebrantamiento de la vida en común que es propia, lógicamente,
del matrimonio, de conformidad con el artículo doscientos treinticuatro del Código
Civil; empero, si entre cónyuges ya no existe vida en común, es decir, si no se realiza
uno de los fines del matrimonio, sino que por el contrario, están separados de hecho,
resulta evidente que no puede configurarse la causal en análisis; vale decir, un
hecho no puede convertir en insoportable una vida en común que ya no existía.
CASACIÓN N°.4362-2006-LIMA
CRITERIOS CASATORIOS
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DIVORCIO - SEPARACION DE HECHO
Los jueces han evaluado el daño ocasionado por la ruptura del vinculo conyugal, estimando que la
emplazada debe ser resarcida con el monto fijado en la sentencia, constituyendo este elemento, parte
del criterio discrecional de las instancias, el mismo que es producto de la evaluación del material
probatorio, que esta Sala Casatoria no puede hacer en aplicación de la norma procesal, por lo que no
es susceptible de ser analizado en esta sede, deviniendo en infundado el recurso.
CAS 3362-2006 – LIMA
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DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACION DE HECHO
La inclusión en la normatividad sustantiva de la causal de divorcio por la separación de hecho e
imposibilidad de hacer vida en común, por su naturaleza resuelven un conflicto y no sancionan al
culpable de éste; en este sentido, debe tenerse presente que la separación de hecho no implica
necesariamente que haya habido abandono voluntario, malicioso (o injustificado) de parte de uno de
los cónyuges; por el contrario, se trata de una situación fáctica que tanto puede resultar del
abandono unilateral como de mutuo acuerdo de los esposos para vivir separados, aspecto último que
se verifica en el presente caso…” “….los cónyuges se comprometieron a poner fin a su vinculo
matrimonial, mediante la separación de cuerpos por mutuo discenso y ulterior divorcio, según las
reglas del Código Civil, lo que evidencia que no puede existir cónyuge culpable, a fin de provocar un
pronunciamiento por indemnización a favor del cónyuge perjudicado, cuando precisamente las partes
hoy en conflicto se pusieron de acuerdo sobre su futura situación conyugal, asimismo, la demandada
a lo largo del proceso tampoco logró acreditar ser la cónyuge perjudicada a fin de verse favorecida
con una indemnización.
CASACIÓN Nº 2178-2005 – LIMA.
CASACION. Nº. 4535.2010/LIMA

PRIMERO.- Que, respecto a la causal denunciada por infracción normativa, según Monroy
Cabra.- Se entiende por causal (de casación) el motivo que establece la ley para la
procedencia del recurso….” 1 A decir de De Pina.- “El recurso de casación ha de fundarse en
motivos previamente señalados en la ley. Puede interponerse por infracción de ley o por
quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por infracción de ley se refieren a la
violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la
resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, a la falta de competencia
etc.; los motivos de la casación por quebrantamiento de forma afectan (….) a infracciones en
el procedimiento 2. En ese sentido Escobar Forno señala.- “Es cierto que todas las causales
supone una violación de ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo” 3.
Que, en el presente caso se denuncia la infracción normativa procesal de los artículos 139
inciso 5 de la Constitución Política del Perú, 50 inciso 6, 122 inciso 3, 370 y 408 inciso 2 del
Código Procesal Civil.
Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda edición,
Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

1

2

3
De Pina Rafael, Principios de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Hispano
Americanas, México D.F., 1940, p. 222
Escobar Fornos Iván, Introducción al Proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 1990, p.
241
CASACION. Nº. 4535.2010/LIMA

DÉCIMO.- Que, a su vez, siendo ello así, el Juez debe, en su resolución
motivada, expresar el razonamiento que lo lleva a adoptar su decisión, lo
que incluye expresar la valoración conjunta y razonada de las pruebas
obrantes en autos. Siendo así, el Juez al momento de fundamentar su
decisión debe motivar por escrito su valoración probatoria y explicar por que
considera acreditado un determinado supuesto fáctico, al menos, en sus
consideraciones esenciales, de no hacerlo nos encontraríamos ante el
supuesto de motivación aparente o motivación inexistente, donde no se sabe
por que el Juzgador da por acreditado determinado hecho o atribuye un
hecho una determinada consecuencia jurídica sin sustento normativo. Ante
ello, también debe tenerse en cuenta que, como ha señalado el Tribunal
Constitucional 4 “La Constitución no garantiza una determinada extensión
de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que
exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y
[que] por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión
adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de
motivación por remisión”.
CASACION. Nº. 4535.2010/LIMA

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UNDECIMO.- Que, bajo ese contexto y atendiendo a que los fundamentos del
recurso de casación contenidos en los incisos I), II), III) y IV) se fundamentan
esencialmente en la infracción normativa procesal por vulneración a los
principios de “reformatio in peius” y "tantum devolutum quantum appellatum",
debemos destacar que el principio de congruencia constituye un postulado de
lógica formal que debe imperar en todo orden de razonamiento, toda vez que el
Juez debe decidir según las pretensiones deducidas en el juicio y en armonía
con la relación jurídica procesal establecida, sin alterar ni modificar los
aspectos esenciales de la materia controvertida, en esto se sustenta la garantía
constitucional de este fundamento que impide al Juez fallar sobre puntos que
no han sido objeto del litigio, tanto más si la litis fija los límites y los poderes
del Juez; por ende, en virtud de dicho principio, las resoluciones judiciales
deben expedirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones
formuladas por las partes. A decir de Sarmiento Nuñez 5.- por el principio de
congruencia aplicable a la sentencia, se tiene que ésta debe contener la decisión
expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las
excepciones y defensas opuestas. 4 STC, Exp. N° 0474-2003-AA/TC,
Fundamento Jurídico 5.
Sarmiento Núñez, José Gabriel. Casación Civil. Caracas: Serie Estudios,
1993, p. 99.
5
CASACION. Nº. 4535.2010/LIMA
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DUODÉCIMO.- Que, el aludido principio de la congruencia se encuentra
concatenado con el referido principio "tantum devolutum quantum
appellatum", lo cual implica según Solé Riera 6 que "el alcance de la
impugnación de la resolución recurrida determinará los poderes
del órgano A quem para resolver de forma congruente la materia objeto del
recurso"; de manera que el Colegiado deberá resolver en función a los
agravios, errores de hecho y derecho, así como el sustento de la pretensión
impugnatoria que haya expuesto el recurrente en su escrito de apelación.
Por ende, es indispensable que el recurso de apelación contenga una
fundamentación del agravio, indicando el error de hecho o de derecho
incurrido en la resolución impugnada y precisando su naturaleza, de tal
modo que el agravio u ofensa fija el thema decidendum -la pretensión- de
la Sala de revisión, pues la idea del perjuicio debe entenderse como base
objetiva del recurso; por ende, los alcances de la impugnación de la
resolución recurrida determinará los poderes de este órgano Colegiado
Superior para resolver de forma congruente la materia objeto del recurso.
6
Jaume Solé Riera. "Recurso de apelación". En: Revista Peruana de
Derecho Procesal; marzo de 1998, página 571.
CASACION. Nº. 4535.2010/LIMA
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DÉCIMO TERCERO.- Que, por otro lado, el denominado principio
de la "reformatio in peius" o reforma peyorativa, implica que el Juez
revisor, que conoce de un grado concreto, no puede agravar más a un
apelante de lo que ya lo estaba por la resolución o sentencia recurrida,
salvo que el apelado impugne también independientemente la
sentencia o se adhiera a la apelación ya iniciada. El Juez A quem está
vinculado por los límites objetivos y subjetivos de la impugnación, que
de rebasarse afectaría irrazonablemente el derecho de defensa. A
decir de Chiovenda, si el apelante recurre es porque se ve agraviado
en su derecho y, por esa misma razón, si el apelado no recurre es
porque no encuentra perjuicio en la sentencia que ha sido dictada por
el Juez; eso quiere decir que la sentencia para el apelado es correcta y
debe quedar tal como estaba, de donde se infiere que no puede salir
beneficiado por su inactividad procesal; si no ha querido impugnarla
es porque consideraba que no le era perjudicial, de ahí que la
sentencia dictada en segunda instancia no puede concederse más de lo
que le dio la sentencia de primera instancia, o, dicho en otras
palabras, no cabe empeorar la situación del apelante si es éste el
único que recurre.
CASACION. Nº. 4535.2010/LIMA
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DÉCIMO CUARTO.- Que, por tanto, si en toda
impugnación el órgano revisor solo puede actuar
bajo el principio de limitación “tantum apelatum
quantum devolutum” que a su vez implica
reconocer la prohibición de la “reformatio in
peius”, que significa que el superior jerárquico
está prohibido de reformar la decisión
cuestionada en perjuicio del apelante cuando éste
es quien solo la ha impugnado, significando que
la Sala de mérito, debe limitarse a resolver los
agravios señalados por el impugnante; lo que
significa que la actuación del superior no debe
por tanto tocar aquello que no fue materia de
impugnación.
CASACIÓN. N° 591-2010/JUNÍN

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OCTAVO.- Que, a su vez, el principio precedente de motivación de los fallos judiciales tiene
como vicio procesal dos manifestaciones: 1) la falta de motivación y 2) la defectuosa
motivación, la cual a su vez se divide en tres agravios procesales: a) motivación aparente; b)
motivación insuficiente; y c) motivación defectuosa en sentido estricto; en ese sentido y
coincidiendo con la doctrina, la motivación aparente se da cuando la decisión se basa en
pruebas no actuadas o en hechos no ocurridos; la motivación insuficiente, que se presenta
cuando vulnera el principio de la razón suficiente y la motivación defectuosa propiamente
dicha, se presenta cuando el razonamiento del juez viola los principios lógicos y las reglas de
la experiencia.------------------------------
NOVENO.- Que, ante los vicios descritos en el considerando precedente, este Supremo
Tribunal esta facultado para ejercitar su función de control de logicidad, lo que implica
verificar si el razonamiento lógico jurídico seguido por los Juzgadores de las instancias
respectivas es correcto desde el punto de vista de la lógica formal, esto es, como elemento de
validación del pensamiento, como eslabón de la cadena de conocimientos que nos conducen a
la posesión de la verdad, conforme a las reglas del buen pensar. Lo contrario generaría una
vulneración al principio de motivación de los fallos judiciales, el que debe ser resultado del
razonamiento jurídico que efectúa el Juzgador sobre la base de los hechos acreditados en el
proceso (los que forman convicción sobre la verdad de ellos) y la aplicación del derecho
objetivo. Empero, cuando dicho razonamiento jurídico viola las reglas de la lógica en su
estructura se incurre en lo que se denomina como “error in cogitando” o de incoherencia.-
EXPEDIENTE Nº 2877-2005-PHC/TC.
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El Recurso de Agravio
medio impugnatorio.
Constitucional
–
RAC,
como
F. 8.
Los recursos, por su naturaleza, pueden tener dos tipos de
efectos: los que se deducen de la simple interposición del recurso, y los
que se deducen de la decisión del medio impugnatorio. En esta última
categoría se encuentra el RAC.
Entre los primeros efectos, encontramos que sólo la interposición de
los recursos interrumpe la producción de la cosa juzgada, por lo que la
resolución dictada y sometida a impugnación, no adquiere la calidad
de firme. Para profundizar más en el tema de la cosa juzgada vale
citar lo dispuesto por este Tribunal en la sentencia recaída en el
Expediente N° 1279-2003-HC/TC, en el que se estableció que: En
nuestro ordenamiento jurídico, una de las garantías de la
administración de justicia consagrada constitucionalmente es la
reconocida en el inciso 2) del artículo 139º de la Carta de 1993, en lo
que concierne a la independencia en el ejercicio de la función
jurisdiccional (...).
EXPEDIENTE Nº 2877-2005-PHC/TC.
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El Recurso de Agravio Constitucional – RAC, como medio impugnatorio.
F. 12. En el proceso de tutela de los derechos reconocidos en la Constitución, el TC adquiere,
por medio del RAC, la facultad jurisdiccional para conocer de la pretensión del proceso por
violación de derechos, pero delimitando el derecho de acción al caso en que la pretensión del
recurrente haya sido denegada por el juzgador de segunda instancia. De ahí la denominación
de jurisdicción negativa, pues sólo procede ante denegatorias de la pretensión. Por ende, es
conveniente ubicar al RAC en su verdadero sentido como recurso.
Los recursos son susceptibles de clasificación. Según sus efectos, la normatividad ha
reconocido distintos tipos. Aparte de los recursos con efecto no devolutivo (la tramitación y la
resolución corresponde al mismo tribunal que dictó la resolución que se impugna), con efecto
diferido (cuando hay pluralidad de imputados o delitos o cuando se dicte sobreseimiento o
cualquier resolución que ponga fin al ejercicio de la acción penal) y con efecto suspensivo (el
tribunal dictará una resolución que sustituirá total o parcialmente la resolución recurrida),
existen también los que gozan de efecto devolutivo. En este último supuesto, corresponde
resolver al tribunal jerárquicamente superior del que dictó la sentencia o resolución, por lo
que el inferior devuelve al ad quem la facultad del fallo para que, en segunda instancia, se
encargue del reexamen y emita decisión final; por este efecto, la causa se eleva del órgano
judicial que ha conocido (a quo) a uno jerárquicamente superior, lo cual provoca un lógico
cambio de sede que, a consecuencia de la centralizada estructura jerárquica, ampliará el
territorio jurisdiccional del segundo (ad quem). El RAC es un tipo de esta impugnación, al
igual que la apelación, la queja y la casación.
EXPEDIENTE Nº 0023-2005-PI/TC.
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La función constitucional de la tutela cautelar.
F. 49. Habiendo establecido que la función constitucional de la
medida cautelar está determinada para servir en la realización de los
fines de los procesos constitucionales (artículo II CPConst.), de ahí su
carácter eminentemente instrumental e interdependiente de estos,
corresponde ahora verificar cuáles son los presupuestos que
caracterizan a toda medida cautelar; es decir, aquellos elementos
fundamentales de los cuales depende la posibilidad misma de que se
decrete alguna medida.
F. 50. Desde la Teoría general del proceso se establece que los
presupuestos para la concesión de una medida cautelar están
determinados para garantizar la efectiva tutela de una pretensión
principal que tiene apariencia de encontrarse protegida por el
Derecho (fumus boni iuris), mediante una medida idónea
(adecuación), para evitar el peligro que puede significar la demora en
la tramitación o vaciar de contenido final el respectivo proceso
(periculum in mora).
EXPEDIENTE Nº 0023-2005-PI/TC.
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Constitucionalidad de las medidas cautelares
F. 51. Sin embargo, el desarrollo civilista realizado de la tutela
cautelar debe ser leído desde la Constitución, de lo contrario
estaríamos ante una medida cautelar vacía de contenido
constitucional sustantivo, propia de un modelo de Estado de Derecho
formalista y ritualista, donde el legislador regulaba los procesos de
forma abstracta, avalorativa y neutral frente a la Constitución. Sin
embargo, en el Estado Democrático y Social de Derecho, la
Constitución, y no la ley, es la fuente del derecho; pero no cualquier
noción de Constitución –normativa, avalorativa y formal–, sino una
Constitución que adquiere fuerza normativa en el cumplimiento de los
fines y deberes del Estado en sus distintos niveles de gobierno, sobre
la base del respeto de la persona humana.
En consecuencia, la medida cautelar es un instituto procesal, pero al
igual que existen procedimientos especiales, también resulta legítimo
que se diferencie por la naturaleza de los bienes a cautelar.
EXP. N.° 1209-2006-PA/TC
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Naturaleza de la medida cautelar
F.58. De este modo, “los instrumentos del instrumento” como ha denominado en célebre
frase Calamandrei[29] refiriéndose a las medidas cautelares, gozan hoy en día no sólo de
regulación procesal y consenso en la doctrina como un medio indispensable para compensar
los estragos que puede generar, ya sea el transcurso del tiempo en los procesos judiciales, o
la propia conducta procesal de las partes destinadas a dejar en la total ineficacia la decisión
final en un proceso; sino que tras la constitucionalización de los derechos de justicia y en
particular a partir de la relevancia constitucional de la tutela judicial efectiva, las medidas
cautelares deben ser consideradas auténticas garantías constitucionales al servicio de la
efectividad del proceso y la justicia.
F.59. No es este el lugar para detenerse a desarrollar los alcances del derecho a la tutela
cautelar y su dimensión constitucional, baste decir en todo caso, que se trata de una
garantía para la efectividad de la justicia y que tiene como sus titulares a quienes pueden
constituirse en parte en un proceso, quienes pueden exigir la constitución de mecanismo
procesales que sean eficaces para preservar la efectividad de lo que vaya ha ser resuelto por
el Poder Judicial o por el propio Tribunal Constitucional, llegado el caso. Vista la dimensión
constitucional y la finalidad que persigue, la adopción de una medida cautelar por parte del
Juez, se trata a todas luces de una medida adecuada y por tanto idónea a la finalidad a la
que se dirige.
EXP. N.° 1209-2006-PA/TC
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Principios en la tutela cautelar
F.62. El Derecho Procesal, incluso antes que el Derecho Constitucional, ya intentó
responder esta pregunta poniéndose también en la perspectiva de los derechos en
cuestión. En este sentido, lo que desde una perspectiva procesal se conoce como
principio de congruencia o, en la teoría cautelar como “principio de adecuación” o
principio de mínima injerencia, sirve para delimitar las potestades cautelares del
juez, ya que permite que la medida adoptada sea no sólo idónea a la finalidad que
persigue, sino que al mismo tiempo no sea tan dañina que incluso cause mayores
estragos al peligro de daño irreparable al que se intenta garantizar al adoptarla. En
síntesis, el juez que adopta una medida cautelar, sabiendo de la omnipotencia de sus
facultades, debe tratar de que la medida adoptada, no sólo se restrinja al ámbito del
proceso principal, sino que dentro de las posibles alternativas que se presente (por
ejemplo entre varios tipos de bienes posibles de afectar), debe optar por aquella
fórmula que lesione menos los derechos de la persona o personas sobre las que va ha
recaer la medida. Desde una perspectiva constitucional, tales principios de las
medidas cautelares son protegidas a través del principio de proporcionalidad y, en
concreto, a través de los sub principios de idoneidad y necesidad. Se trata de
optimizar las técnicas procesales de tutela de los derechos a efectos de garantizar la
vigencia de los derechos no sólo de quien solicita una medida cautelar, sino también y
con mayor rigor aún, de quien los va ha sufrir.
ANALISIS DE LA PRISIÓN
PREVENTIVA
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Artículo 268 Presupuestos materiales.1. El Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión
preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la
concurrencia de los siguientes presupuestos:
a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar
razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o
partícipe del mismo.
b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de
libertad; y
c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso
particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la
justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de
obstaculización).
2. También será presupuesto material para dictar mandato de prisión preventiva,
sin perjuicio de la concurrencia de los presupuestos establecidos en los literales a) y
b) del numeral anterior, la existencia de razonables elementos de convicción acerca
de la pertenencia del imputado a una organización delictiva o su reintegración a la
misma, y sea del caso advertir que podrá utilizar los medios que ella le brinde para
facilitar su fuga o la de otros imputados o para obstaculizar la averiguación de la
verdad.
ANÁLISIS DE LA PRISIÓN
PREVENTIVA
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Artículo 271 Audiencia y resolución.1. El Juez de la Investigación Preparatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes al requerimiento del Ministerio Público realizará la audiencia para determinar
la procedencia de la prisión preventiva. La audiencia se celebrará con la concurrencia
obligatoria del Fiscal, del imputado y su defensor. El defensor del imputado que no asista
será reemplazado por el defensor de oficio.
2. Rige en lo pertinente, para el trámite de la audiencia lo dispuesto en el artículo 8,
pero la resolución debe ser pronunciada en la audiencia sin necesidad de postergación
alguna. El Juez de la Investigación Preparatoria incurre en responsabilidad funcional si
no realiza la audiencia dentro del plazo legal. El Fiscal y el abogado defensor serán
sancionados disciplinariamente si por su causa se frustra la audiencia. Si el imputado se
niega por cualquier motivo a estar presente en la audiencia, será representado por su
abogado o el defensor de oficio, según sea el caso. En este último supuesto deberá ser
notificado con la resolución que se expida dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a
la conclusión de la audiencia.
3. El auto de prisión preventiva será especialmente motivado, con expresión sucinta de
la imputación, de los fundamentos de hecho y de derecho que lo sustente, y la invocación
de las citas legales correspondientes.
4. El Juez de la Investigación Preparatoria, si no considera fundado el requerimiento de
prisión preventiva optará por la medida de comparecencia restrictiva o simple según el
caso.
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA DIPLOMADO …