Interés superior del niño
“El Comité de los Derechos del Niño ha
insistido en que el interés superior del niño
es uno de los principios rectores de la
Convención sobre los Derechos del Niño.”
MODELO ANTERIOR A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DEL NIÑO
Niño propietario
Una situación de
dependencia, de
sumisión
El menor abandonado
estaba considerado
como un delincuente
potencia
Proteger a la sociedad
frente al menor
abandonado
Sistema paternalista
1923
1959
1927
• Se proclamó la Declaración de Derechos del Niño de la Sociedad de
Naciones, en Ginebra.
• Se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño por parte de las
Naciones Unidas.
• A partir de esta fecha surgen organismos internacionales para la ayuda y
protección de la infancia, como el Instituto Interamericano del Niño (INN).
• El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 1946; la Unión
Internacional de Protección de la Infancia (UIPI) fundada en 1946.
Doctrina de la Situación Irregular
Hecho antisocial
o peligro
Abandono
Deficiencia
Los menores de
edad que han
incurrido en un
hecho antisocial.
Los menores
abandonados
materialmente.
Los menores
deficientes físicos.
Los menores de
edad cuando se
encuentren en
estado de peligro.
Los menores
abandonados
moralmente.
Los menores
deficientes
mentales
Antes el menor tenía necesidades de
alimentación, educación, salud; ahora
tiene derecho a la alimentación, salud
y educación.
Titular de personalidad jurídica
patrimonial
El menor
objeto
de tutela
Concepción del niño como
propietario-no-ciudadano
Carente de capacidad para
obrar y, en consecuencia,
no titular de derechos
fundamentales
Los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la
Doctrina de la Protección Integral
El cambio de visión del niño,
de objeto de compasión y
represión a un sujeto pleno
de derechos
La consideración del
principio del interés
superior del niño, que sirve
como garantía.
La inclusión de los derechos
de los niños dentro de los
programas de derechos
humanos
El reconocimiento al niño de
derechos y garantías en los
casos en los que se
encuentre en conflicto con
la ley, especialmente la ley
penal.
El establecer un tratamiento
distinto a los niños que se
encuentran abandonados
con los infractores de la ley
penal.
La adopción de medidas
alternativas a la privación de
libertad, la cual debe ser
una medida excepcional y
aplicarse por el mínimo
plazo posible.
El principio de igualdad ante
la ley y la no discriminación.
DEFINICIÓN DE NIÑO: ser humano
menor de 18 años de edad
Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la
trata de personas,
especialmente mujeres
y niños Art. 3 inciso d
Convención sobre los
derechos del niño
Artículo 1
Convenio 182 sobre la
prohibición de las
peores formas de
trabajo infantil Artículo
2
Convención
Interamericana sobre
Restitución
Internacional de
Menores
Convención
Interamericana sobre
Obligaciones
Alimentarias. Artículo2
Reglas de la Habana
Artículo 11 inciso 9
Reglas de Beijing
Artículo 2 inciso 2 literal
ay c
Definición de niño en el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos
• Convención sobre los Derechos del Niño de 1989: todo ser
humano menor de 18 años de edad.
• Es una definición normativa sustentada en el criterio objetivo
de la edad: opinión consultiva N° 17 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
• El Comité de los Derechos Humanos ha establecido que las
edades de protección no deben ser irracionalmente cortas y
que en ningún caso puede dejar de cumplir sus obligaciones
de protección con los niños, las niñas y adolescentes., aunque
en el marco de su legislación doméstica, hayan alcanzado la
mayoría de edad.
Derecho Internacional de los
Derechos Humanos
• El desarrollo del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos en materia de niñez en la región
tiene como sustento normativo la Convención
Americana sobre Derechos Humanos adoptada el 22
de noviembre de 1969.
• La Convención sobre los Derechos del Niño de la
Organización de las Naciones Unidas en 1989 cambió
el concepto de niño como objeto de protección
como niño sujeto de derechos humanos.
CORPUS IURIS DE DERECHOS HUMANOS DE
LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES
Declaración sobre los
Derechos del Niño de 1924
Declaración de los Derechos
del Niño proclamada por la
Asamblea General en su
resolución 1386 (XIV), de 20
de noviembre de 1959.
La Convención sobre los
Derechos del Niño, del 20 de
noviembre de 1989.
Las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia
de Menores (Reglas de
Beijing del 29 de noviembre
de 1985).
Directrices de las Naciones
Unidas para la prevención
de la Delincuencia Juvenil
(Reglas de Riad del 14 de
diciembre de 1990).
Reglas sobre las medidas no
privativas de la Libertad
(Reglas de Tokio de 1990
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL
DERECHO DE LA NIÑEZ
Principio de no
discriminación
Principio del
interés superior
del niño
Principio de
participación
Principio de
desarrollo y
supervivencia
Los niños, niñas y adolescentes
tienen derechos específicos
Derecho a la
identidad
Libertad de
conciencia y
religión
Derecho a la
intimidad y a la
vida privada
Libertad de
expresión
Derecho de
asociación
Derechos de
participación a
nivel familiar.
Derecho de
reunión
Derechos de
participación a
nivel cultural y
social.
Libertad de
pensamiento
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO
Plena satisfacción integral de sus derechos
Principio garantista. El
Estado debe privilegiar el
derecho de los niños frente
a otros derechos humanos,
instituciones o valores.
Criterio interpretativo de
las normas vigentes.
Los derechos deben ser
interpretados de manera
integral y sistemática.
Respeto del interés
superior por sus padres, o
responsables, la sociedad y
las instituciones privadas.
Deber de privilegio de los
derechos constitucionales
de los niños en el diseño e
implementación de las
políticas públicas estatales.
Reducción del margen de
discrecionalidad del Estado
para restringir los derechos
de los menores.
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO
Informe
Anual de
1997
• En todos los casos que involucren
decisiones que afecten la vida, la libertad,
la integridad física o moral, el desarrollo,
la educación, la salud u otros derechos,
dichas decisiones serán tomadas a la luz
del interés más ventajoso para el niño.
Opinión
Consultiva
17
• Principio regulador de la normativa de los
derechos del niño que se funda en la
dignidad misma del ser humano, en las
características propias de los niños, y en
la necesidad de propiciar el desarrollo de
éstos.
Sistemas de protección de DsHs
1. Sistema Universal
•
•
Mecanismos Convencionales
Mecanismos no Convencionales
2. Sistemas Regionales
SISTEMA UNIVERSAL
•
•
CONSEJO DE
SEGURIDAD
ASAMBLEA GENERAL
Órganos subsidiarios
Comisiones
Comisón de Auntos Sociales,
Humanitarios y Culturales
(Tercera Comisión)
Consejo de Derechos
Humanos
Mecanismos no
Convencionales
CONSEJO ECONÓMICO
Y SOCIAL
SISTEMA UNIVERSAL
MECANISMOS
CONVENCIONALES
Comités creados por
los Tratados
Informes Periódicos
Denuncias
individuales
FUNCIONES DE LA RELATORÍA
Análisis en el
trámite de
denuncias
Elaboración de
Estudios
Especializados
Actividades de
promoción
Visitas a los
Estados
miembros de la
OEA
Medidas
cautelares y
provisionales
FUNCIONES DE LA RELATORÍA
El mandato principal de la
Relatoría sobre los derechos de la
niñez es la promoción de los
derechos humanos.
La Relatoría puede realizar visitas
a los países de la Región, durante
las cuales establece contactos con
las autoridades de los gobiernos,
con organizaciones de la sociedad
civil y con los niños, niñas y
adolescentes.
La Relatoría elabora estudios
especializados que sirven de
orientación a los Estados para el
adecuado cumplimiento de sus
obligaciones internacionales.
La Relatoría sobre los derechos
de la niñez suministra un análisis
especializado en la evaluación de
las denuncias presentadas ante la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
SISTEMA UNIVERSAL
• Vigila la aplicación del Pacto Internacional de
Comité de Derechos Derechos Civiles y Políticos.
Humanos
Comité de Derechos • Vigila la aplicación del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Económicos,
Sociales y Culturales
Comité de los
Derechos del Niño
• Vigila la aplicación de la Convención sobre
los Derechos del Niño desde el 1991.
Al respeto
La dignidad
El reconocimiento de
los niños, niñas y
adolescentes como
sujetos de derechos
significa que ellos
tienen derecho:
La libertad
La protección y al
desarrollo pleno.
CASOS QUE EVALÚAN LOS SISTEMAS
INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL NIÑO
El Comité de los
Derechos del
Niño de las
Naciones Unidas
• Evalúa las situaciones de los países que
son Estados partes en la Convención
sobre los Derechos del Niño.
La Comisión
Interamericana
de Derechos
Humanos
• Evalúa la situación de los Estados que
son parte en la Convención Americana
pero también de aquellos Estados que
no han ratificado dicho tratado pero
que son miembros de la OEA.
SISTEMA AMERICANO DE
DERECHO DE LA NIÑEZ
Comisión
Interamericana
de Derechos
Humanos
Corte
Interamericana
de Derechos
Humanos
• Protección y promoción de los derechos humanos en las Américas
• Tiene su sede en Washington, D.C.es un órgano principal y autónomo de la (OEA).
• Está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que
no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General.
• La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José Costa Rica, es una
institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos.
• La Corte ejerce función jurisdiccional y consultiva:
• 1. Su función jurisdiccional se rige por las disposiciones de los artículos 61, 62 y 63 de la
Convención.
• 2. Su función consultiva se rige por las disposiciones del artículo 64 de la Convención.
• Está formada por juristas de la más alta autoridad moral y reconocida competencia en
materia de derechos humanos elegidos a título personal.
Convención Americana sobre Derechos Humanos de
1969
Se aplica en su
integridad para la
protección de los
derechos del niño y
la niña.
Niños en conflicto
con la ley penal.
El derecho de los
niños privados de
libertad a estar
separados de los
adultos.
Igualdad de los hijos
matrimoniales y
extramatrimoniales.
Convención Americana sobre
Derechos Humanos de 1969
Artículo 19. Derechos del Niño
Todo niño tiene derecho a las medidas de
protección que su condición de menor
requieren por parte de su familia, de la
sociedad y del Estado.
Interacción entre el Sistema Interamericano y el Sistema
Universal de los Derechos Humanos de los niños, niñas y
adolescentes
Sistema
universal
Sistema
europeo
Sistema
africano
Sistema
interamericano
Los diferentes sistemas de protección de derechos humanos se nutren y
se complementan mutuamente en lo que concierne al desarrollo de
estándares internacionales de derechos humanos.
Ámbitos de interacción
Desarrollo
sustantivo
Prueba
• Reconocimiento y aplicación del
CORPUS IURIS de derechos humanos
de los niños, niñas y adolescentes.
• El valor probatorio de las decisiones adoptadas para
demostrar la violación de derechos humanos o para
sustentar la existencia de una situación general de
derechos humanos que se encuentra dentro del ámbito
de la responsabilidad del Estado.
• En el caso de trámite de casos individuales cabría
presentar como medio de prueba de una situación
específica las observaciones finales emitidas por el
Comité de Derechos del Niño respecto del país al cual se
imputa responsabilidad internacional.
FUNCIONES DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA
Peticiones individuales
Somete casos a la
jurisdicción de la Corte
Interamericana y actúa
frente a la Corte en dichos
litigios.
Solicita "Opiniones
Consultivas" a la Corte
Interamericana sobre
aspectos de interpretación
de la Convención
Americana.
Medidas cautelares
Informes generales y
especiales
Visitas in loco
Relatorías temáticas
Para disuadir a los
gobiernos de
cometer
violaciones a los
derechos humanos
Proveer justicia en
casos individuales
¿CUÁL ES LA
FINALIDAD DE
ACUDIR A LA
COMISIÓN
INTERAMERICANA?
Impacto en el
sistema legal
interno a través de
su aplicación
directa
QUIÉN PUEDE PRESENTAR
UNA DENUNCIA
Cualquier persona puede presentar
También pueden presentar
una denuncia o petición ante la
peticiones un grupo de personas o
Comisión para denunciar una
una organización no
violación a los derechos humanos.
gubernamental (ONG).
La denuncia deberá presentarse dentro de los seis meses
siguientes de la fecha de notificación de la decisión final sobre el
caso por los tribunales nacionales.
• CUÁNDO DEBE PRESENTARSE UNA DENUNCIA
El denunciante que no haya podido agotar los recursos internos
deberá presentar su denuncia dentro de un plazo que sea
razonable.
CONDICIONES PARA PRESENTAR
UNA DENUNCIA
La supuesta
violación por
parte de un
Estado de los
derechos
establecidos en
los instrumentos
americanos o
internacionales
de derechos
humanos.
La denuncia a la Comisión
El denunciante
deberá haber debe presentarse dentro de
los seis meses siguientes a
agotado todos
la fecha de notificación de
los recursos
la decisión final sobre el
legales
caso por parte del tribunal
disponibles en
el Estado donde nacional, sin que se hayan
obtenido resultados
ha ocurrido la
positivos.
violación.
Si las leyes
locales no
aseguran el
debido
proceso para
la protección
de los
derechos.
Tercer caso
Si se ha
negado a
la víctima
acceder a
los
recursos
internos.
Segundo caso
Primer caso
Cuando no es necesario cumplir con el requisito del
agotamiento de los recursos internos
El Estado se
haya
demorado
injustificada
mente en
pronunciar
una decisión
final sobre el
caso.
CASO 11.491
MENORES DETENIDOS
HONDURAS
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Casa
Alianza denuncian la detención ilegal de niños callejeros y su envío a la cárcel central
de Tegucigalpa. Según los denunciantes, los menores se encontraban en las celdas 19
y 24, junto con aproximadamente 80 adultos en cada celda.
Según los peticionarios, esta práctica viola el artículo 37 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, que establece que "todo niño privado de
libertad estará separado de los adultos".
En relación con el agotamiento de los recursos internos, los denunciantes
manifiestan que promovieron cinco recursos de habeas corpus o exhibición personal
ante los tribunales hondureños y que ninguno de ellos ha dado resultados positivos
en favor de los menores.
Señalan los peticionarios que, en virtud del injustificado retardo de justicia, los
recursos de la jurisdicción interna han resultado ineficaces para terminar con las
arbitrariedades, abusos físicos, sexuales y psicológicos a los que se han visto
sometidos los menores recluidos en las cárceles hondureñas. Por lo tanto, solicitan
que se declare admisible la petición con base en la excepción prevista en el artículo
46(2) de la Convención.
MANERA DE PRESENTAR UNA
DENUNCIA
1. Describir con el mayor
detalle posible la violación,
indicar la fecha y lugar en
que ocurrió.
5. Indicar que se han
agotado todos los recursos
de la jurisdicción interna.
4. Si es posible, el nombre
de todo funcionario que
haya tenido conocimiento
del hecho.
2. Identificar el Estado
involucrado.
3. La petición debe incluir
el nombre de la víctima.
MANERA DE PRESENTAR UNA
DENUNCIA
6. Adjuntar copias de las
actuaciones judiciales y
otros documentos
pertinentes.
9. Si no fueron agotados los
recursos ante los tribunales
del país, la denuncia
deberá indicar que ha sido
imposible hacerlo.
7. Indicar cuándo fue la
resolución final y cuál fue
su resultado.
8. Indicar las gestiones que
se hayan hecho ante las
autoridades judiciales y los
resultados obtenidos.
FORMULARIO
I. PERSONA, GRUPO DE PERSONAS U ORGANIZACIÓN QUE PRESENTAN LA
PETICIÓN
II. NOMBRE DE LA PERSONA O PERSONAS AFECTADAS POR LAS VIOLACIONES
DE DERECHOS HUMANOS
III. ESTADO MIEMBRO DE LA OEA CONTRA EL CUAL SE PRESENTA LA
DENUNCIA
IV. HECHOS DENUNCIADOS
• Pruebas disponibles
• Los documentos que puedan probar las violaciones denunciadas.
• Identifique a los testigos de las violaciones denunciadas.
• Identifique a las personas y/o autoridades responsables por los hechos
denunciados.
FORMULARIO
V. DERECHOS HUMANOS VIOLADOS (En caso de ser posible,
especifique las normas de la Convención Americana o las de
otros instrumentos aplicables que considere violadas)
VI. RECURSOS JUDICIALES DESTINADOS A REPARAR LAS
CONSECUENCIAS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
VII. INDIQUE SI HAY ALGÚN PELIGRO PARA LA VIDA, LA
INTEGRIDAD O LA SALUD DE LA VÍCTIMA. EXPLIQUE SI HA
PEDIDO AYUDA A LAS AUTORIDADES, Y CUÁL FUE LA
RESPUESTA.
VIII. INDIQUE SI EL RECLAMO CONTENIDO EN SU PETICIÓN HA
SIDO PRESENTADO ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS
HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS U OTRO ÓRGANO
INTERNACIONAL.
La Comisión recibe una
denuncia por medio de su
Secretaría Ejecutiva.
La denuncia es examinada
para determinar si se han
cumplido los requisitos.
TRÁMITE PARA
LA
ADMISIBILIDAD
Si se han cumplido, se envía al
Estado para que responda la
denuncia.
Después de un período de
intercambio de información
sobre la denuncia, la Comisión
decide si la denuncia o
petición es admisible.
CASO 11.491
MENORES DETENIDOS
HONDURAS
• La presente denuncia se interpone a consecuencia del Auto
Acordado de 16 de enero de 1995, emitido por la Corte
Suprema de Justicia de Honduras, el cual autorizaba la
reclusión de menores en pabellones independientes de las
cárceles para adultos. Los peticionarios denuncian que
como resultado de dicho auto se ha venido produciendo la
encarcelación de menores callejeros junto con reos adultos,
lo que ha dado lugar a que dichos menores sufran abusos
físicos y sexuales por parte de estos últimos. Los
peticionarios alegan, además, que muchos de los menores
remitidos a centros penales para adultos han sido recluidos,
no por orden de jueces de menores, sino por jueces de lo
criminal u otros jueces que conocen de sus casos.
Procedimiento ante la CIDH
Persona
Grupo de personas
Estados
CIDH
(aprox. 2 años)
Solicita información
al Estado
Propone
solución amistosa
Solución amistosa
Seguimiento hasta
su cumplimiento
Informe:
- Conclusiones
- Recomendaciones
Cumplimiento por el
Estado
Seguimiento
CONTESTACIÓN DEL ESTADO
El Estado contestó la denuncia mediante nota del 2 de junio de 1995; la
contestación se transmitió al peticionario en la misma fecha.
En su escrito de contestación Honduras se refirió inter alia, a:
la situación por la que está atravesando Honduras, producto de las enormes
limitaciones económicas que inciden fuertemente en lo psicosocial, algunas
de las cuales presentan hechos novedosos para los cuales nuestro país no se
encontraba preparado con la experiencia e infraestructura necesaria y
adecuada, como la alarmante incidencia de menores en la comisión de
crímenes y delitos graves (parricidios, homicidios, violaciones, posesión y
venta de droga, robos, allanamientos y asaltos a mano armado) que están
ocurriendo en la actualidad.
El Estado indicó, además, que está realizando "supremos esfuerzos" para
hacer frente al problema sin violentar los compromisos internacionales.
MEDIDAS CAUTELARES
• El 22 de mayo de 1995, los peticionarios pidieron, con urgencia, que la
Comisión decretara medidas cautelares para garantizar la vida e
integridad personal de los menores detenidos en la Penitenciaría Central
de Tegucigalpa y para asegurar que fueran alojados en lugares
adecuados a su condición.26 Esta solicitud fue ampliada el 6 de junio de
1996 a efecto de que se incluyera a 34 niños recluidos en el Penal de San
Pedro Sula, Honduras, y a tres menores detenidos en la cárcel de
Choluteca.
• El 21 de octubre de 1996, de acuerdo con lo resuelto por la Comisión en
su 93o. período de sesiones, se solicitó al Estado la adopción de medidas
cautelares en beneficio de los menores detenidos en el establecimiento
carcelario San Pedro de Sula.
SOLUCIÓN AMISTOSA
El 22 de febrero de 1996, en una audiencia celebrada en la sede de la
Comisión, ésta ofreció sus buenos oficios para iniciar un proceso de
solución amistosa entre el Estado y los peticionarios, conforme al
artículo 48 inciso 1, literal f) de la Convención y el artículo 45 del
Reglamento de la Comisión. El 1o. de marzo de 1996 se realizó una
reunión entre los peticionarios y funcionarios de la Junta Nacional de
Bienestar Social y de la Cancillería del Gobierno de Honduras, con el
propósito de encontrar una solución a este caso, pero no se llegó a
ningún acuerdo. En virtud de esto, los peticionarios informaron que no
había sido posible llegar a una solución amistosa y solicitaron que se
procediera a emitir el informe previsto en el artículo 50 de la Convención
Americana. Con base en estos antecedentes, la Comisión consideró
agotado el procedimiento de solución amistosa.
COMPETENCIA DE LA COMISIÓN
La Comisión es competente para conocer y pronunciarse
sobre la presente denuncia con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, por cuanto en ella se alega la violación de
derechos garantizados por la Convención en sus artículos 5
(derecho a la integridad personal); 7 (derecho a la libertad);
8 y 25 (derecho a las garantías judiciales y a la protección
judicial, respectivamente), y 1(1), que contempla el deber de
los Estados de respetar y garantizar los derechos y libertades
reconocidos en dicha Convención.
ADMISIBILIDAD DE LA PETICIÓN
La presente petición reúne el requisito formal de
admisibilidad previsto en el inciso 1, literal c) del artículo 46
de la Convención, por cuanto la materia de la petición no
está pendiente de otro procedimiento de arreglo
internacional. Igualmente, reúne el requisito contemplado
en el literal d) de dicho inciso, por cuanto contiene el
nombre y firma del representante legal de la entidad que
somete la petición, una organización no gubernamental
legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la
Organización. En consecuencia, la Comisión da por satisfecho
el cumplimiento de este requisito.
Los hechos probados en relación con la
detención de menores en centros penales
para adultos
Con base en la prueba aportada, la Comisión ha
podido constatar una práctica administrativa por
parte del Estado de Honduras de permitir que niños
y niñas menores de 18 años sean privados de
libertad y recluidos en centros penales para adultos.
Tal práctica, que fue instaurada a consecuencia del
Auto Acordado dictado por la Corte Suprema de
Justicia de Honduras el 16 de enero de 1995, ha
configurado una situación general en el territorio
hondureño, y no simplemente una serie de casos
aislados.
Violación del Derecho a la
Libertad Personal
• 118. Del estudio realizado en 1995 por el doctor Leo Valladares,
Comisionado de los Derechos Humanos, se desprende que entre los
motivos de detención de 84 menores recluidos en la Prisión de Jalteva se
encontraban los siguientes: 50 por vagancia, 1 por protección, y 1 por
orfandad.76
• 119. Esta información aparece confirmada, en lo que se refiere a los 50
casos de vagancia y al caso de orfandad, por el Director Ejecutivo del
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
(CIPRODEH), quien expresa que "en Honduras es un delito la vagancia y
se paga con sanciones que se traducen en privación de libertad
indefinida. En Honduras es un delito la orfandad, el abandono moral, la
conducta irregular".77
Violación del Derecho a la
Integridad Personal
• 129. Los peticionarios han expresado que los niños
detenidos viven atemorizados por los detenidos
adultos, "quienes los obligan a consumir drogas y
son abusados sexualmente por los mayores".
Además, están detenidos en condiciones
infrahumanas y en un ambiente de hacinamiento y
promiscuidad. Muchos de ellos se ven obligados a
dormir en el suelo, ya que los centros de detención
no cuentan con camas. Por otra parte, no se les
brinda asistencia médica apropiada y algunos
padecen enfermedades infecto contagiosas.
CONCLUSIONES
• En virtud de todo lo expuesto, la Comisión concluye que el Estado
hondureño ha hecho esfuerzos positivos para erradicar la práctica de
internar menores en centros penales para adultos. Sin embargo, hace
constar que no ha adoptado las medidas adecuadas para cumplir con las
recomendaciones contenidas en los literales "B", "C" y "D" del informe
26/98, que fuera elaborado y notificado al Estado conforme al artículo 50
de la Convención Americana.
• La Comisión reitera, por lo tanto, su conclusión que el Estado ha dejado de
cumplir su obligación de respetar y garantizar los derechos a la integridad
personal (artículo 5), libertad personal (artículo 7), garantías judiciales
(artículo 8), y protección judicial (artículo 25) consagrados en la
Convención Americana, en agravio de los menores detenidos en centros
de prisión para adultos. En virtud de dichas violaciones, el Estado
hondureño ha incumplido además, con su obligación de respetar y
garantizar los derechos humanos y garantías del artículo 1(1) de la
Convención Americana.
RECOMENDACIONES
La Comisión recomienda al Estado hondureño que adopte las siguientes medidas:
A. Instruir formalmente a los jueces de menores que una vez que llegue a su
conocimiento que se ha ordenado la detención de un menor de edad en una
cárcel o centro penal para adultos, procedan a adoptar las acciones legales
correspondientes.
B. Completar la investigación, procesamiento y sanción de los funcionarios
públicos responsables de ordenar o consentir la práctica consistente en internar
menores de edad en centros penales para adultos, y a aquellos que,
desobedeciendo órdenes expresas, han dado continuidad a la misma.
C. Completar la investigación, procesamiento y sanción de las personas que han
ordenado o tolerado que se practiquen actos de agresión física contra menores
de edad durante su permanencia en prisión.
D. Reparar los daños producidos por las violaciones identificadas, incluyendo el
pago de una indemnización compensatoria a los menores que han estado
detenidos con adultos en los centros penales de Honduras antes, durante y
después de la revocatoria del Auto Acordado. Los nombres de dichos menores
constan en el Anexo I de este informe.
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA
El 5 de febrero de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una
demanda contra el Estado del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”), la cual se
originó en la denuncia Nº 11.016, recibida en la Secretaría de la Comisión el 2 de
julio de 1991.
La mañana del 21 de junio de 1991, en medio de dos operativos policiales, los
hermanos Emilio Moisés y Rafael Samuel Gómez Paquiyauri, de 14 y 17 años,
respectivamente, fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional e introducidos
en la maletera de una patrulla policial.
Supuestamente fueron ejecutados durante el trayecto que siguieron los policías
después de su detención. La Comisión alegó que los cuerpos de ambos fueron
ingresados a la morgue aproximadamente una hora después de su captura. La
Comisión señaló que los tribunales peruanos investigaron los hechos y determinaron
la responsabilidad individual de los autores materiales.
La Comisión Interamericana alegó que el presunto autor intelectual fue identificado,
pero se encontraba prófugo de la justicia y no había sido juzgado ni sancionado. De
igual forma, la Comisión señaló que los tribunales peruanos impusieron una
reparación civil a los autores materiales, la cual, a la fecha de la presentación de la
demanda, no había sido pagada a los familiares de las presuntas víctimas.
COMPETENCIA
La Corte es competente para conocer del presente
caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la
Convención Americana, ya que el Perú es Estado
Parte de la Convención desde el 28 de julio de 1978 y
reconoció la competencia contenciosa de la Corte el
21 de enero de 1981. Además, el Estado ratificó la
Convención Interamericana contra la Tortura el 28 de
marzo de 1991.
PROCEDIMIENTO ANTE LA
COMISIÓN
El caso No. 11.016 fue abierto por la Comisión Interamericana el 12 de junio
de 1992 a raíz de una denuncia interpuesta por el Centro de Estudios y Acción
para la Paz (en adelante “CEAPAZ” o “los peticionarios”) el 2 de julio de 1991.
El 1º de mayo de 2000 la Comisión envió una comunicación a las partes,
poniéndose a su disposición con el objeto de alcanzar una solución amistosa, de
conformidad con "el artículo 48(1)(f) de la Convención y el artículo 45(1) y 45(2) de
su Reglamento".
El 5 de marzo de 2001 la Comisión aprobó, en su 110º Período Ordinario de
Sesiones, el Informe No. 44/01 sobre la admisibilidad del caso.
El 21 de marzo de 2001 la Comisión reiteró a las partes su disponibilidad de
alcanzar una solución amistosa. El 23 de abril de 2001 el Estado manifestó que “no
desea[ba] someterse[,] por el momento, al procedimiento de solución amistosa”.
Los peticionarios manifestaron, el 9 de abril de 2001, que “estaban dispuestos a
iniciar un proceso de solución amistosa”.
Recomendaciones
El 11 de octubre de 2001 la Comisión aprobó, en su 113º Período Ordinario de Sesiones, el
Informe No. 99/01 sobre el fondo del caso y recomendó al Estado
que:
1. [r]eparar[a] adecuadamente a los familiares de los hermanos Gómez
Paquiyauri, incluyendo tanto el aspecto moral como el material, por las violaciones de
derechos humanos determinadas en el […] informe, y en particular,
2. [r]ealizar[a] una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos con
el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual respecto a los hechos
relacionados con el secuestro, tortura y asesinato de los hermanos Gómez Paquiyauri.
3. Pagar[a] a los familiares de los hermanos Gómez Paquiyauri una indemnización
calculada conforme a los parámetros internacionales, por un monto suficiente para
resarcir tanto los daños materiales como los daños morales sufridos por los familiares de
los hermanos Gómez Paquiyauri con ocasión a su asesinato.
Trámite ante la Corte
El 5 de noviembre de 2001 la Comisión transmitió el Informe No. 99/01 a las
partes, pidió al Estado la presentación de un informe sobre las medidas adoptadas
para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión dentro de un plazo
de dos meses y solicitó a los peticionarios, de conformidad con el artículo 43.3 del
Reglamento de la Comisión, que remitieran información relativa al sometimiento
del caso a la Corte Interamericana.
El 3 de enero de 2002 el Estado informó a la Comisión que “est[aba]
realizando las gestiones necesarias […] para dar cumplimiento a las
recomendaciones” del Informe No. 99/01.
El 8 de enero de 2002 la Comisión, “ante el incumplimiento del Estado
peruano con las recomendaciones del informe de fondo”, decidió someter el caso
a la Corte.
La Comisión presentó la demanda y sus anexos ante la Corte Interamericana
el 5 de febrero de 2002.
HECHOS
Rafael y Emilio se encontraban sin vida, con sus rostros
destrozados. Emilio se encontraba con su boca entreabierta,
sus dientes llenos de tierra, su ropa con tierra, mojado, lleno
de orines. Por su parte, comenta que Rafael estaba igual, “le
faltaba la vista”, su dedo pulgar había sido volado, como
cortado, con herida de bala, pero un poco de piel retenía el
pedazo de “falange” y las palmas de las manos también
estaban huecas, como si lo hubieran quemado.
El cuerpo de Rafael fue identificado como: “aproximadamente
27 años, NN [no identificado], llegó cadáver”, y el de Emilio
como: “aproximadamente 24 años, no identificado, llegó
cadáver”. Debido a su desesperación comenzó a gritar y a
preguntarse por qué le ponían esa edad si eran niños.
HECHOS PROBADOS
Con base en los hechos expuestos en la demanda, la prueba documental, las declaraciones
de los testigos, los dictámenes de los peritos y las manifestaciones de la Comisión, de la
representante de las presuntas víctimas y sus familiares y del Estado, la Corte considera
probados los siguientes hechos:
En el año 1991 se llevaba a cabo un plan conocido como “Cerco Noventiuno”, el cual fue
diseñado para capturar y ejecutar a perpetradores de actos terroristas.
En la mañana del 21 de junio de 1991, Rafael Samuel y Emilio Moisés Gómez Paquiyauri se
dirigían al trabajo de su madre en la provincia de El Callao, cuando fueron interceptados y
detenidos por agentes de la Policía Nacional Peruana33 que buscaban personas involucradas
en supuestos actos terroristas, en cumplimento del plan “Cerco Noventiuno
Luego de su detención, Rafael Samuel y Emilio Moisés Gómez Paquiyauri fueron arrojados al
suelo, golpeados a puntapiés, y un policía se paró sobre sus espaldas35. En seguida los
policías les cubrieron la cabeza y así los arrastraron a la maletera de un auto patrullero36.
Estas acciones fueron captadas por cámaras de televisión del Noticiero “90 segundos”
difundido por el Canal 2 de la televisión nacional peruana.
Los hermanos Rafael Samuel y Emilio Moisés Gómez Paquiyauri fueron entonces trasladados,
bajo custodia policial, hasta un lugar llamado “Pampa de los Perros”, donde fueron golpeados
a culatazos de escopeta y posteriormente asesinados mediante disparos con armas de fuego
en la cabeza, tórax y otras partes del cuerpo.
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL
DEL ESTADO
En relación con el origen la responsabilidad internacional del Estado, la
Comisión señaló que: a) en el sistema interamericano de protección de derechos
humanos la responsabilidad internacional del Estado surge cuando se genera el
acto violatorio de los derechos humanos; sin embargo, dicho sistema es
subsidiario, y el Estado tiene la facultad y el deber de tratar de solucionar el
asunto a nivel interno, es decir, investigar, sancionar e indemnizar;
b)En este sentido, si el Estado investiga y sanciona a todos los responsables de los
hechos e indemniza adecuadamente a las [presuntas] víctimas o sus familiares,
“descarg[a] su responsabilidad internacional, que había surgido cuando se dieron
los hechos y ya no es responsable internacionalmente, ante el sistema
interamericano [de protección] de derechos humanos por incumplimiento de su
obligación”; y c) “al momento de estudiar si se aplica o no [la] responsabilidad,
hay que tener en cuenta el carácter subsidiario del sistema interamericano y ver
cuál fue el resultado de las actuaciones a nivel interno, de lo contrario el sistema
interamericano prácticamente se convertiría en un Tribunal original y principal
y perdería [el] carácter subsidiario que la Convención Interamericana le otorga”.
Sin embargo, la Corte hace notar que la denuncia interpuesta ante la
Comisión Interamericana el 2 de julio de 1991, así como la apertura del caso por
parte de la Comisión el 12 de junio de 1992, precedieron la terminación del
proceso interno al que alude el Estado, proceso que terminó mediante sentencia
emitida el 9 de noviembre de 1993 por la Tercera Sala Penal de El Callao, la cual
fue confirmada por la sentencia de la Sala Transitoria Penal de la Corte Suprema
del Perú de 9 de junio de 1994 (supra párrs. 67.p y 67.q).
Como consecuencia de ello, cuando el sistema interamericano conoció el caso, los
hechos generadores de las violaciones alegadas ya se habían cometido.
Este Tribunal debe recordar que la responsabilidad internacional del Estado se
genera de inmediato con el ilícito internacional a él atribuido, aunque sólo puede
ser exigida después de que el Estado haya tenido la oportunidad de repararlo por
sus propios medios. Una posible reparación posterior llevada a cabo en el derecho
interno, no inhibe a la Comisión ni a la Corte para conocer un caso que ya se ha
iniciado bajo la Convención Americana. Es por ello que la posición del Estado de
haber investigado debidamente no puede ser aceptada por la Corte para declarar
que el Estado no ha violado la Convención. La Corte considera igualmente que,
conforme a lo establecido en el capítulo de hechos probados, la responsabilidad
del Estado se ve agravada por existir en el Perú en la época de los hechos una
práctica sistemática de violaciones de derechos humanos, entre ellas ejecuciones
extrajudiciales, de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados
realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares o policiales.
PUNTOS RESOLUTIVOS
•
•
•
•
•
•
El Estado debe, en un plazo razonable, investigar efectivamente los hechos del presente caso,
con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores de las violaciones cometidas en
perjuicio de Rafael Samuel y Emilio Moisés Gómez Paquiyauri. El resultado de este proceso
deberá ser públicamente divulgado, en los términos de los párrafos 227 a 233 de la presente
Sentencia.
El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación
con los hechos de este caso y de desagravio de las víctimas, en los términos del párrafo 234
de la presente Sentencia.
El Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, por una
sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de
página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma, en los términos del párrafo 235
de la presente Sentencia.
El Estado debe dar oficialmente el nombre de Rafael Samuel Gómez Paquiyauri y Emilio
Moisés Gómez Paquiyauri a un centro educativo de la provincia de El Callao, mediante una
ceremonia pública y en presencia de los familiares de las víctimas, en los términos del párrafo
236 de la presente Sentencia.
El Estado deberá establecer una beca de estudios hasta el nivel universitario, a favor de Nora
Emely Gómez Peralta y facilitar su inscripción como hija de Rafael Samuel Gómez Paquiyauri,
en los términos de los párrafos 237 y 238 de la presente Sentencia.
El Estado debe pagar la cantidad total de US$240.500,00 (doscientos cuarenta mil quinientos
dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda peruana, por
concepto de daño material.
CASO VILLAGRÁN MORALES Y OTROS
• El caso se refiere al secuestro, tortura y muerte de Henry
Giovani Contreras, de 18 años de edad; Federico Clemente
Figueroa Túnchez, de 20 años; Julio Roberto Caal Sandoval, de
15 y Jovito Josué Juárez Cifuentes, de 17. Todos vivían en las
calles de la ciudad de Guatemala.
• Los hechos fueron perpetrados por miembros de la Policía
Nacional de Guatemala en el marco de un patrón de violencia
sistemática en contra de los niños de la calle que incluía
amenazas, detenciones, tratos crueles, inhumanos y
degradantes y homicidios como medio para contrarrestar la
delincuencia e indigencia juvenil.
CASO VILLAGRÁN MORALES Y OTROS
Como dos de las víctimas, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué
Juárez
Cifuentes, eran menores de edad cuando fueron
secuestrados, torturados y muertos,
y Anstraum Aman Villagrán
Morales era menor de edad cuando se le dio muerte, la
Comisión alegó
que Guatemala también había violado el artículo 19 (Derechos del
Niño) de la Convención Americana.
Además, la Comisión solicitó que la Corte ordenara que el Estado tomara
las medidas necesarias para completar una pronta, imparcial y efectiva
investigación de los hechos “a fin de que [pudieran] detallarse en una
reseña oficialmente sancionada” las responsabilidades individuales por las
violaciones alegadas y que “haga objeto a [las] personas responsables de
adecuadas sanciones”. Solicitó también que la Corte ordenara al Estado
“reivindicar los nombres de las víctimas así como el pago de una justa
indemnización a quienes se vieron perjudicados en virtud de las violaciones
de derechos precedentemente mencionad[o]s” y pagar las costas a las
víctimas y sus representantes. En su demanda, la Comisión invocó,
además, la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante
“Convención contra la Tortura”).
Consideraciones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
• Doble discriminación que sufren los niños en
situación de calle
• Situación de los niños con antecedentes
penales
• Alcance de las medidas de protección
• Concepto de vida digna
Caso Bulacio Contra Argentina
(2000)
• Walter David Bulacio de 17 años de edad fue
detenido por la Policía Federal de Argentina el
19 de abril de 1991, en el marco de una
operación masiva denominada “razzia”. Fue
trasladado a la comisaría 35, sala de niños
donde fue torturado por agentes policiales.
Caso Bulacio Contra Argentina
(2000)
• El día 21 de abril, el adolescente Walter Bulacio fue
trasladado al Sanatorio Mitre, donde el médico que
lo examinó, denuncio el ingreso de un joven con
lesiones.
• El 26 de abril, el adolescente Walter Bulacio murió.
En abril se abrió un proceso judicial para sancionar a
los presuntos responsables. A 10 años de la
detención arbitraria y muerte de Walter Bulacio, el
proceso interno aún no había concluido. El 21 de
noviembre de 2002, la Sala VI de la Cámara de
Apelaciones resolvió que había prescrito la acción
penal.
CIDH
• Solicitó que se ordenará al Estado la realización de una
investigación completa, imparcial y efectiva del caso.
• Se sancionará a los responsables de acuerdo a la legislación
argentina.
• Se adoptaran medidas necesarias para que los lugares de
detención para personas menores de 18 años sean
adecuados.
• Un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado.
• Indemnizará por los daños materiales e inmateriales causados
a los familiares.
Caso 11.495 Menores Detenidos
contra Honduras
• Este caso se refiere a la detención arbitraria
de niños en situación de calle en la ciudad de
Tegucigalpa, Honduras, quienes luego de ser
detenidos fueron enviados al establecimiento
penitenciario de San Pedro Sula, en donde
permanecieron con adultos y en condiciones
inhumanas siendo víctimas de abusos físicos y
sexuales.
Caso 10506 X e Y contra Argentina
Este caso se refiere a la práctica de revisiones
vaginales a las mujeres y niñas que visitaban a
sus familiares recluidos en centros
penitenciarios en Argentina. Es así que la
señora X y su hija Y de trece años de edad
habían sido sometidas a revisiones vaginales
en todas las oportunidades que habían
visitado al padre de la niña Y. La señora X
presentó un recurso de amparo que fue
declarado sin lugar en vía de recurso
extraordinario por la Corte Suprema Federal
de Argentina.
CIDH
• No es posible contar con un consentimiento
real dado que, en ese momento, era una niña
de 13 años totalmente dependiente de su
madre y de la protección que le ofreciera el
Estado.
• Por el evidente motivo de la edad de la niña,
el método de revisión vaginal empleado
resultaba absolutamente inadecuado e
irrazonable.
Caso 11. 364, Jailton Neri Da Fonseca
contra Brasil (2004)
El caso concierne a la detención arbitraria y
ejecución extrajudicial del niño Jailton Neri Da
Fonseca, de 14 años, residente en la favela
Roquete Pinto, ocurrida el 22 de diciembre de
1992 a cargo de los policías militares del
Puesto Comunitario de Ramos.
Caso 12.3000 Gerardo Vargas
Areco contra Paraguay
• El adolescente Gerardo Vargas Areco de 15 años de
edad fue reclutado para cumplir el servicio militar en
las fuerzas armadas de Paraguay el 26 de enero de
1989.
• Con fecha 30 de diciembre de 1989, Gerardo Vargas
Areco estaba cumpliendo una sanción disciplinaria
de arresto por no haber retornado al destacamento
militar en forma voluntaria luego de haber disfrutado
de una licencia para visitar a su familia durante la
navidad.
Caso 12.3000 Gerardo Vargas
Areco contra Paraguay
• Tal como se evidenció en el proceso el adolescente
Vargas Areco se presentó a la enfermería de la
unidad militar donde le atendieron una hemorragia
nasal.
• Luego de retirarse de la enfermería el niño Vargas
Areco
supuestamente
comenzó
a
correr,
presumiblemente para huir del destacamento y
evitar la sanción a la que se le había sometido. En
ese momento, un suboficial le disparo por la espalda
ocasionándole la muerte.
Caso 1070 – Milagros y Leonardo
Fornerón contra Argentina (2006)
• Este caso se refiere al ejercicio del derecho de
guarda y custodia de la niña Milagros
Fornerón de seis años de edad.
• Según relataron los peticionarios la niña había
sido entregada en guarda temporal por su
madre biológica sin contar con la autorización
del padre quien luego de tomar conocimiento
de los hechos inició un proceso de guarda y
restitución de la niña.
Caso de los Hermanos Gómez
Paquiyauri contra Perú
• Este caso se originó en el secuestro y ejecución
extrajudicial de los hermanos Emilio Moisés y Rafael
Samuel Gómez Paquiyauri, ocurrida el 21 de junio de
1991.
• Ese día los hermanos Gómez Paquiyauri de 14 y 17
años de dad fueron detenidos por agentes de la
Policía Nacional e introducidos en la maletera de una
patrulla policial. Fueron ejecutados en el trayecto
que siguieron los policías luego de su detención.
Caso de las niñas Yean y Bosico
contra República Dominicana
• Este caso se basa en la denegación de las actas
de nacimiento por parte de las autoridades
del Registro Civil de República Dominicana, a
las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, hijas de
madres dominicanas y padres haitianos
cuando al momento de solicitar su inscripción
tardía en Registro Oficial de Estado Civil.
Ambas niñas tenían diez meses y doce años
respectivamente.
Caso de las niñas Yean y Bosico
contra República Dominicana
Tal denegación se produjo a pesar de que ellas
nacieron en el territorio del Estado cuya Constitución
reconoce el derecho a la nacionalidad en razón del
lugar de nacimiento, Ius Soli. De este modo el Estado
de República Dominicana negó a las niñas su derecho
a la nacionalidad, lo que repercutió en el ejercicio de
otros derechos humanos como es el derecho a la
educación dado que la niña Violeta Bosico se vio
imposibilitada de asistir a la escuela por un año
debido a la falta de documentos de identidad.
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