El derecho al olvido en
Internet
A propósito de la sentencia del STJUE de 13/05/14 en el asunto Google Spain
SL y Google Inc y la AEPD y Mario Costeja González
The right to privacy
(Warren y Brandeis, Boston, 1890)
Que el individuo debería tener protección de su persona y sus propiedades es un principio
tan antiguo como la ley, pero de vez en cuando es necesario definir de nuevo la naturaleza
y el alcance de esa protección.
Cambios políticos, sociales y económicos, suponen el reconocimiento de nuevos derechos,
y la Ley, en su eterna juventud, debe crecer para satisfacer las nuevas demandas de la sociedad.
Inicialmente la Ley dio remedio a la interferencia física con la vida y la propiedad privada.
Más tarde se reconoció la naturaleza espiritual del hombre, de sus sentimientos y de su intelecto
de modo que el derecho a la vida se convirtió en el derecho a disfrutar de la vida,
– el derecho al olvido, a que te dejen en paz, asegura el ejercicio de los amplios privilegios civiles,
y el término “propiedad “ha crecido hasta incluir toda forma de posesión, intangible, así como tangible.
1984
George Orwell
 Quien controla el pasado controla el futuro.
 Quien controla el presente controla el pasado.
Corte Constitucional de Colombia
Sentencia T-414/92 (1/2)
 “La cárcel del alma y el derecho al olvido”: “1. Con el triunfo definitivo del
Estado moderno en el siglo XVIII, depositario de las ideas de la Ilustración y
del humanismo racionalista, se impuso una nueva manera de ver las
relaciones entre los gobernantes y los gobernados y con ella una nueva
manera de ver el castigo. El punto clave de esta última novedad puede
ser explicado como un abandono de la preocupación medioeval por
punir el cuerpo de los delincuentes -a través de los suplicios- en beneficio
de un interés permanente por castigar su alma. Este cambio de objeto,
que Foucault ha descrito en detalle como un cambio estratégico en el
ejercicio del poder, se ha ido imponiendo a través de los últimos siglos
hasta adquirir hoy plena manifestación en disciplinas sociales basadas en
la imposición de reglas comerciales, de métodos de observación, de
técnicas de registro, de procedimientos de indagación y de pesquisa, de
aparatos de verificación y, en general, de tratamiento de informaciones
que condicionan y manipulan el comportamiento ciudadano sin
necesidad de ejercer una coacción o una amenaza de coacción física
sobre los individuos.
Corte Constitucional de Colombia
Sentencia T-414/92 (2/2)
 “El encarcelamiento del alma en la sociedad contemporánea, dominada por
la imagen, la información y el conocimiento, ha demostrado ser un mecanismo
más expedito para el control social que el tradicional encarcelamiento del
cuerpo. Por eso vale la pena preguntarse si estos dos tipos de encarcelamiento
se ejercen de manera discriminada y estratégica en Colombia como
mecanismo de control frente a dos sectores de población diferente a saber: la
cárcel tradicional para la clase marginada del circuito económico y comercial
y la cárcel del espíritu contra los demás violadores de las reglas disciplinarias
impuestas por dicho circuito.
 “Los datos tienen por su naturaleza misma una vigencia limitada en el tiempo
la cual impone a los responsables o administradores de bancos de datos la
obligación ineludible de una permanente actualización a fin de no poner en
circulación perfiles de "personas virtuales" que afecten negativamente a sus
titulares, vale decir, a las personas reales.
 “De otra parte, es bien sabido que las sanciones o informaciones negativas
acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y, en
consecuencia después de algún tiempo tales personas son titulares de un
verdadero derecho al olvido”
Definición
 “The right of individuals to have their data no longer
processed and deleted when they are no longer
needed for legitimate purposes”
 “El derecho de las personas de que sus datos no sean
tratados y sean borrados cuando ya no sean necesarios
para propósitos legítimos”
Denominación
 Derecho al olvido
 Derecho a la caducidad del dato negativo
 Right to be forgotten
 Right to oblivion
Dificultades
(1/2)
 1. Limited Scope (mirada limitada).
 Alcance restringido por la existencia de una relación previa “contractual”,
es decir, en la que previamente el afectado hubiese prestado su
consentimiento (esto no siempre es así puesto que en ciertos casos los
datos se obtuvieron legalmente sin el consentimiento de la persona.
 b. Anonymized Data (los datos anónimos).
 El individuo no puede pretender el cribado de datos respecto de
información anónima. No existe o no se conoce contra quién podría
hacerse valer este derecho, pero el contrapeso del anonimato es la falta
de credibilidad.
 c. Subtle Censorship (censura).
Dificultades
(2/2)

1. Limited Scope (mirada limitada).

Alcance restringido por la existencia de una relación previa “contractual”, es decir, en la que
previamente el afectado hubiese prestado su consentimiento (esto no siempre es así puesto que
en ciertos casos los datos se obtuvieron legalmente sin el consentimiento de la persona.

b. Anonymized Data (los datos anónimos).

El individuo no puede pretender el cribado de datos respecto de información anónima. No
existe o no se conoce contra quién podría hacerse valer este derecho, pero el contrapeso del
anonimato es la falta de credibilidad.

c. Subtle Censorship (censura).

Al permitirse a las personas eliminar a voluntad los datos que le afecten, la información relevante
puede llegar a ser incompleta, inaccesible o erróneamente representativa de la realidad,
afectando las libertades de expresión e información y llevando a la censura.

d. Practical Difficulties (dificultades prácticas).

¿Cómo proceder a eliminar los datos perjudiciales (y sólo éstos) para las personas que se
encuentran en multi-plataformas ubicuas y opacas?

e. The Illusion of Choice (la ilusión de la opción).

Se trata de una “fantasía” o una ilusión de tener elección que es insuficiente para hacer frente a
los problemas de privacidad en la red.
Bienes jurídicos implicados
 Derecho a la intimidad – privacidad
 Derecho a la libertad
 Derecho al honor
 Derecho a la dignidad
 Derecho a la identidad
 Derecho de propiedad, etc.
 Derecho a la protección de datos
 Libertades de expresión y prensa de prensa, libertad de informar verazmente
 Libertad de comercio
 Intereses colectivos (v.gr., históricos)
Bienes jurídicos
Libertad y privacidad
 En Estados Unidos libertad y privacidad se entremezclan
 1890 Warren le propuso escribir a Brandeis el primer artículo sobre
privacidad en los Estados Unidos después de que la prensa de Boston
publicara hechos intrusivos acerca de la boda de su hija, aunque las
noticias aparecidas en el Boston Saturday Evening Gazette acerca de la
boda no violaron su privacidad
 El ensayo promovía la creación de un nuevo derecho civil que protegiera
el espacio personal del individuo contra la difusión no autorizada al
público. Trataba de una defensa frente a la prensa amarillista y a los
avances tecnológicos.
Bienes jurídicos
¿El honor o la intimidad?
 Carreras Serra:
 “En principio, el derecho al olvido podría enmarcase en el derecho al honor,
puesto que la consecuencia de la intromisión es el descrédito de la persona o
de su familia.
 Sin embargo, se trata de la divulgación de hechos que ya no tienen interés
público (aunque lo tuvieron en el momento en que sucedieron), pero de
hechos reales, verídicos.
 De ahí que se justifique más como una intromisión al derecho de la intimidad,
una de cuyas notas es precisamente la difusión de hechos verídicos que
pueden afectar a la reputación y buen nombre, cuya divulgación el individuo
no tiene ninguna obligación de soportar.
 Si los hechos fueran falsos, nos encontraríamos con una vulneración actual del
derecho al honor, en cuyo caso no es que los hechos merezcan ser olvidados,
es que, como no han sucedido, se trata de difamación pura y simple. Lo mismo
puede decirse de la difusión de una fotografía o de un vídeo que contenga la
imagen de una persona que fue relevante en su tiempo, pero que ahora ha
pasado a ser desconocida y cuya divulgación no tiene ya ningún interés
general”.
Primeros reconocimientos
(1/2)
 Pablo Salvador Coderch (1989)
 Jurisprudencia estadounidense sobre la joven prostituta que llegó a ser
juzgada por asesinato que abandona este tipo de vida, contrae
matrimonio y lleva una vida ejemplar; años después, se produce una
película que narra su vida, con el nombre real y expresando que era un
caso verídico; la interesada demanda a la productora y gana el pleito;
tenía el derecho al olvido.
Primeros reconocimientos
(2/2)
 Xavier O’Callaghan (1991)
 “los supuestos que pueden darse coinciden substancialmente con la
delimitación del derecho al honor. Así ocurre en la difusión del contenido
de una sentencia o de datos del proceso o de datos obrantes en archivos
públicos.
 Sin embargo, si estos extremos eran desconocidos en el círculo en que se
mueve el sujeto, por razón de la distancia en el tiempo o en el lugar (por
ejemplo, se divulga una sentencia condenatoria de hace ya muchos años,
o se divulga en el lugar donde se halla el sujeto, muy distante de aquél en
que ocurrió) podrá darse la intromisión en el derecho a la intimidad.
 Es lo que se ha llamado (y ha sido tratado) el ‘derecho al olvido’. Hay aún
una excepción a la excepción: si el sujeto tiene una actividad de
proyección pública la divulgación de tales hechos no constituirá
intromisión a su intimidad, precisamente por el carácter del sujeto”.
Carencia de formulación legal
genérica
 El derecho al olvido es un supuesto atípico en el sentido de que, a fecha
de hoy, carece de formulación legal y de escasa dedicación dogmática:
no aparece recogido en ningún artículo ni de derecho interno ni de
derecho internacional
 Se lo ha visto como implícito en diversos apartados del artículo 7 de la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, 15/1999.
Formulación legal limitada
Caducidad del dato financiero negativo
 Ejemplos:
 6 años previsto en las dos leyes orgánicas de España —Ley Orgánica n° 5/92
(LORTAD), artículo 28, punto 3, y Ley Orgánica n° 15/99 (LOPD), artículo 29,
punto 4—;
 5 años previsto en la ley de Dinamarca —Danish Act 429/2000, Section 20 (3)—;
 3 años en la ley de Suecia - Credit Information Act (1973:1173), Article 8—;
 7 años (genérico), o 10 años para ciertos supuestos, establecido en la
legislación de Estados Unidos —Fair Credit Reporting Act (FCRA), Sección 1681
c—,
 7 años en la legislación de Chile —Ley n° 19.628, artículo 18, antes de la reforma
introducida por la Ley n° 19.812—
 5 años previsto en el Código de Defensa del Consumidor de Brasil —Ley n°
8078, artículo 43—; en la ley de Perú —Ley n° 27.489, artículo 10— o en la de
Uruguay —Ley n° 17.838, artículo 9—
Formulación legal limitada
 Principios Rectores para la Reglamentación de los Ficheros
Computadorizados en Datos Personales, AGONU, resolución 45/95, de 14
de diciembre de 1990:
 “3. Principio de finalidad. La finalidad de un fichero y su utilización en
función de esta finalidad deberían especificarse y justificarse y, en el
momento de su creación, ser objeto de una medida de publicidad o
ponerse en conocimiento de la persona interesada a fin de que
ulteriormente sea posible asegurarse de que:…
 c) El período de conservación de los datos personales no excede del
necesario para alcanzar la finalidad con que se han registrado”.
Formulación legal limitada
 Convenio 108/81:
 Art. 5. Principio de calidad de los datos:
 ”Los datos de carácter personal que sean objeto de un tratamiento
automatizado:
 a) Se obtendrán y tratarán leal y legítimamente;
 b) se registrarán para finalidades determinadas y legítimas, y no se
utilizarán de una forma incompatible con dichas finalidades;
 c) serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las
finalidades para las cuales se hayan registrado;
 d) serán exactos y si fuera necesario puestos al día;
 e) se conservarán bajo una forma que permita la identificación de las
personas concernidas durante un período de tiempo que no exceda del
necesario para las finalidades para las cuales se hayan registrado”
Formulación legal limitada
 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en
lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la Libre
Circulación de estos Datos,
 Directiva sobre la protección de la intimidad en el entorno digital
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio
de 2002.
El derecho al olvido en las decisiones
de los órganos garantes
 La Commission nationale de l'informatique et les libertés, ha
basado la existencia del derecho al olvido atendiendo al principio
de finalidad del tratamiento de los datos personales —droit a
l'oubli—, y se posicionó favorablemente para el reconocimiento del
carácter fundamental del derecho al olvido de manera pionera en
el año 1999.
 El Garante per la protezioni dei dati personali, resolvió en noviembre
del año 2004 un caso reconociendo el derecho al olvido —diritto
all'oblio— dentro del derecho fundamental a la protección de
datos.
El derecho al olvido en las decisiones
de los órganos garantes
 En España, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiende a otorgar
una posición preferente a la libertad de expresión frente a otros derechos
constitucionales (SSTC 105/1983 y 107/1988) y atendiendo a la veracidad
de la información facilitada (SSTC 6/1988, 105/1990 y 240/1992).
 La tendencia resolutiva de la Agencia Española de Protección de Datos y
las decisiones judiciales de la llamada jurisprudencia menor (juzgados
pero, principalmente, audiencias provinciales) ha venido a considerar en
varias de sus resoluciones que, aunque pudiera tratarse de una información
veraz, al no referirse a asuntos públicos de interés general, resulta
preferente el derecho fundamental a la protección de datos; esto es, en
definitiva, la protección de los derechos ligados a la intimidad.
Colisión con normas de acceso a la
información pública
 El derecho al olvido digital puede decaer fácilmente, porque los datos de
carácter histórico y cultural deben ser conservados en la medida que la
finalidad que se pretende alcanzar con su conservación y tratamiento no
caduca ni pierde intensidad por el simple paso del tiempo.
 El estudio en perspectiva comparada puede ser de especial interés sobre
este último extremo. En Italia, el Garante per la protezioni dei dati personali
ha aprobado un código de conducta que establece las reglas y los límites
del uso de los datos personales recogidos en la investigación histórica
independiente y del derecho a la educación e información. Se garantiza
así que en el acceso a registros y documentos se respete la dignidad de
las personas y, en especial, el derecho a la identidad personal. Y además
se establece que la recopilación de datos en archivos dedicados a la
investigación histórica debe ser fomentada.
Límites en el derecho comunitario
proyectado
 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, de 25 de enero de 2012
(Reglamento general de protección de datos). Aprobado en primera lectura en
marzo 2014 con 207 enmiendas
 Considerando 53:
 Toda persona debe tener derecho a que se rectifiquen los datos personales que le
conciernen y «derecho a la supresión », cuando la conservación de tales datos no
se ajuste a lo dispuesto en el presente Reglamento. En particular, a los interesados
les debe asistir el derecho a que se supriman y no se traten sus datos personales, en
caso de que ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o
tratados de otro modo, de que los interesados hayan retirado su consentimiento
para el tratamiento, de que se opongan al tratamiento de datos personales que les
conciernan o de que el tratamiento de sus datos personales no se ajuste de otro
modo a lo dispuesto en el presente Reglamento. Sin embargo, la posterior
conservación de los datos debe autorizarse cuando sea necesario para fines de
investigación histórica, estadística y científica, por razones de interés público en el
ámbito de la salud pública, para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión,
cuando la legislación lo exija, o en caso de que existan motivos para restringir el
tratamiento de los datos en vez de proceder a su supresión. El derecho a la
supresión tampoco debe aplicarse cuando la conservación de los datos personales
sea necesaria para la ejecución de un contrato con el interesado, o cuando exista
la obligación legal de conservar dichos datos.
Límites en el derecho comunitario
proyectado
 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, de 25 de enero de
2012 (Reglamento general de protección de datos).
 Considerando 54:
 Con el fin de reforzar el «derecho a la supresión » en el entorno en línea, el
derecho de supresión también debe ampliarse de tal forma que los
responsables del tratamiento que hayan hecho públicos los datos
personalessin justificación legal estén obligados a tomar todas las
medidas necesarias para que se supriman los datos, también por parte
de terceros, sin perjuicio alguno del derecho del interesado a exigir una
compensación . (54 bis) Los datos que sean objeto de impugnación por el
interesado o cuya exactitud o inexactitud no pueda determinarse deben
bloquearse hasta que se aclare la cuestión.
 Considerando 129:
 Referencia tangencial al derecho de supresión
Límites en el derecho comunitario
proyectado
 Propuesta de Reglamento.
 Art. 16 Derecho de acceso y obtención de datos
 1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 4, los interesados
que lo soliciten tendrán derecho a obtener del responsable del
tratamiento, en cualquier momento, confirmación de si se están tratando
o no datos personales que les conciernen, así como, en un lenguaje claro
y llano, la siguiente información:
 d) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando
esto no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo ;
Límites en el derecho comunitario
proyectado
 Propuesta de Reglamento.
 Art. 17 Derecho de supresión
 1. El interesado tendrá derecho a que el responsable del tratamiento suprima los datos
personales que le conciernen y se abstenga de darles más difusión y , en relación con
terceros, a que estos supriman todos los enlaces a los datos personales, copias o
reproducciones de los mismos, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
 a) los datos ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos
o tratados;
 b) el interesado retira el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra a), o ha expirado el plazo de
conservación autorizado y no existe otro fundamento jurídico para el tratamiento de los
datos;…
 1 bis. La aplicación del apartado 1 dependerá de la capacidad del responsable del
tratamiento para comprobar que es el interesado quien solicita la supresión de los datos.
Límites en el derecho comunitario
proyectado

Propuesta de Reglamento.

Art. 17 Derecho de supresión

3. El responsable del tratamiento y, en su caso, el tercero procederán a la supresión sin demora, salvo
en la medida en que la conservación de los datos personales sea necesaria:

a) para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 80;

b) por motivos de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 81;

c) con fines de investigación histórica, estadística y científica de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 83;

d) para el cumplimiento de una obligación legal de conservar los datos personales impuesta por la
legislación de la Unión o de un Estado miembro a la que esté sujeto el responsable del tratamiento; las
legislaciones de los Estados miembros deberán perseguir un objetivo de interés público, respetar el
derecho a la protección de datos personales y ser proporcionales a la finalidad legítima perseguida;

e) en los casos contemplados en el apartado 4.
Límites en el derecho comunitario
proyectado
 Propuesta de Reglamento.
 Art. 17 Derecho de supresión
 4. En lugar de proceder a la supresión, el responsable del tratamiento limitará el
tratamiento de datos personales, de forma que no sean objeto de las operaciones
normales de acceso y tratamiento y no puedan volver a modificarse, cuando:
 b) el responsable del tratamiento ya no necesite los datos personales para la realización
de su misión, pero estos deban conservarse a efectos probatorios;
 d bis) el tipo determinado de tecnología de conservación de los datos no permita su
supresión, siempre que dicha tecnología se hubiese puesto en práctica antes de la
entrada en vigor del presente Reglamento.
 8 bis. El responsable del tratamiento implementará mecanismos para garantizar que se
respetan los plazos fijados para la supresión de los datos personales, así como para el
examen periódico de la necesidad de conservar los datos.
Novedades que incluye el reglamento
 1) Ámbito extraterritorial de aplicación no solo a los tratamientos de datos
que se produzcan en el ámbito de la Unión Europea, sino a tratamientos
de datos que se produzcan fuera del ámbito territorial de la Unión
Europea, pero que afecten a ciudadanos o residentes en la Unión
Europea.
 2) Principios novedosos en materia de protección de datos;
 Privacy by design (privacidad por diseño)
 Privacy by default (privacidad por defecto)
 Accountability (principio de responsabilidad o compromiso de los
responsables y encargados)
 3) Cambio radical en cuanto al sistema de infracciones y sanciones.
Novedades que incluye el reglamento
 Se incrementa la cuantía de las sanciones que se pueden imponer (se impondrán en
función del volumen de ingresos totales de la empresa, el volumen de negocio a nivel
mundial)
 Se extiende a las Administraciones Públicas.
 4) Cambia también el marco institucional; el llamado Grupo del art. 29 de protección de
datos se renueva
 5) Se establece la figura del «Delegado de Protección de Datos», primero obligatoria en
todas las empresas de más de 200/250 trabajadores y en todas las Administraciones
Públicas. Un Delegado de Protección de Datos debe ser independiente, debe de tener
una relación directa con el máximo responsable de la entidad pública o privada de que
se trate, y velaría por el cumplimiento de la protección de datos
 6) Impulso importante en favor de la autorregulación, novedades en las transferencias
internacionales, una referencia expresa a las Binding Corporate Rules (BCR), las Normas
Corporativas Vinculantes modernizando la protección de datos, pero desde el rigor
Límites
(Jeff Ausloos)
 El alcance del derecho de aplicación debe limitarse en los casos en que el titular de los
datos proporcionó su consentimiento inequívoco, que demuestra una percepción de la
privacidad como control, no como dignidad. Todas las otras situaciones que legitiman el
procesamiento de datos implican “necesidad” y están fuera de la libre voluntad de la
persona interesada. Sobre este aspecto volveremos en breve.
 Y además, como medida de seguridad contra la censura y el borrado no deseado de
datos, el “derecho a ser olvidado” debe estar limitado por un “interés público”. Esta
excepción cubriría, pero no se limita a, las cuestiones de la libertad de expresión.
 Este autor, a quien seguimos, introduce dos conceptos correctores interesantes, haciendo
saber que para decidir en su aplicación, se podría contar con un estándar de “relevancia
sustancial” (con respecto a los datos personales) y una prueba de proporcionalidad (con
respecto a la solicitud de supresión).
 Pero en última instancia, serán los jueces y autoridades nacionales de protección de
datos quienes decidan sobre el alcance exacto de la excepción. La carga de la prueba,
como dio a entender la Comisaria de la Unión Europea Viviane Reding debe estar en el
controlador de datos (lo que supone una regla decidida en favor de los usuariosafectados).
Alternativas técnicas de implantación
(Jeff Ausloos)
 Expiry Date (fecha de expiración)
 Una posibilidad apuntada es que los datos que se comparten online
nazcan con fecha de caducidad, de manera que llegado el dies ad
quem, la información decaería.
 Sin embargo, la viabilidad de este principio teórico está lejos de ser
evidente.
 Alternativamente, una protección técnica más profunda podría insertarse
en los datos, de forma similar a la protección DRM (se refiere a los Digitals
Rights Managements, sistema de protección de acceso a obras
protegidas) de la propiedad intelectual.
 La idea de que una persona tendrá que dar una fecha de caducidad
cada vez que los datos personales están siendo recogidos parece poco
realista. Además, se corre el riesgo de convertirse en un requisito
meramente pro-forma al que nadie realmente presta atención. Y lo que es
peor, nada impediría que alguien copiara o descifrara los datos durante el
tiempo en que están accesibles.
Alternativas técnicas de implantación
(Jeff Ausloos)
 - Reputation Managers (Gerentes de reputación)
 Sitios web que se ofrecen a controlar toda la información que circula sobre
una persona, la defensa de su reputación técnica y legalmente (por
ejemplo mediante la supresión de la información nociva o lo que es
inaccesible) e incluso “definir su imagen”.
 Esto ilustra claramente las posibles amenazas de censura y la malversación
de fondos y la distorsión de la información en Internet.
Alternativas técnicas de implantación
(Jeff Ausloos)
 - Alternatives (alternativas):
 Se refiere a la búsqueda de alternativas que nazcan con la protección de
la privacidad como estandarte del funcionamiento normal de la
intercomunicación online y que son proyectos de código abierto, lo que
permite la entrada de todo el mundo.
 Uno de los ejemplos más notables y recientes en este sentido es
“Diáspora”. Se trata de una plataforma de red social construida desde
cero con la protección de la privacidad en mente y está totalmente
desarrollada por una comunidad global de voluntarios
El caso “Costeja”
Cuestiones prejudiciales planteadas
por la Audiencia Nacional

1) Por lo que respecta a la aplicación territorial de la Directiva 95/46/CE y, consiguientemente
de la normativa española de protección de datos:

1.1. ¿Debe interpretarse que existe un «establecimiento», en los términos descritos en el art. 4.1.a)
de la Directiva 95/46/CE, cuando concurra alguno o algunos de los siguientes supuestos:

— cuando la empresa proveedora del motor de búsqueda crea en un Estado miembro una
oficina o filial destinada a la promoción y venta de los espacios publicitarios del buscador, que
dirige su actividad a los habitantes del Estado,

o

— cuando la empresa matriz designa a una filial ubicada en ese Estado miembro como su
representante y responsable del tratamiento de dos ficheros concretos que guardan relación
con los datos de los clientes que contrataron publicidad con dicha empresa

o

— cuando la oficina o filial establecida en un Estado miembro traslada a la empresa matriz,
radicada fuera de la Unión Europea, las solicitudes y requerimientos que le dirigen tanto los
afectados como las autoridades competentes en relación con el respeto al derecho de
protección de datos, aun cuando dicha colaboración se realice de forma voluntaria?
Cuestiones prejudiciales planteadas
por la Audiencia Nacional

1) Por lo que respecta a la aplicación territorial de la Directiva 95/46/CE y, consiguientemente
de la normativa española de protección de datos:

1.1. ¿Debe interpretarse que existe un «establecimiento», en los términos descritos en el art. 4.1.a)
de la Directiva 95/46/CE, cuando concurra alguno o algunos de los siguientes supuestos:

— cuando la empresa proveedora del motor de búsqueda crea en un Estado miembro una
oficina o filial destinada a la promoción y venta de los espacios publicitarios del buscador, que
dirige su actividad a los habitantes del Estado,

o

— cuando la empresa matriz designa a una filial ubicada en ese Estado miembro como su
representante y responsable del tratamiento de dos ficheros concretos que guardan relación
con los datos de los clientes que contrataron publicidad con dicha empresa

o

— cuando la oficina o filial establecida en un Estado miembro traslada a la empresa matriz,
radicada fuera de la Unión Europea, las solicitudes y requerimientos que le dirigen tanto los
afectados como las autoridades competentes en relación con el respeto al derecho de
protección de datos, aun cuando dicha colaboración se realice de forma voluntaria?
Cuestiones prejudiciales planteadas
por la Audiencia Nacional

1) Por lo que respecta a la aplicación territorial de la Directiva 95/46/CE y, consiguientemente
de la normativa española de protección de datos:

1.1. ¿Debe interpretarse que existe un «establecimiento», en los términos descritos en el art. 4.1.a)
de la Directiva 95/46/CE, cuando concurra alguno o algunos de los siguientes supuestos:

— cuando la empresa proveedora del motor de búsqueda crea en un Estado miembro una
oficina o filial destinada a la promoción y venta de los espacios publicitarios del buscador, que
dirige su actividad a los habitantes del Estado,

o

— cuando la empresa matriz designa a una filial ubicada en ese Estado miembro como su
representante y responsable del tratamiento de dos ficheros concretos que guardan relación
con los datos de los clientes que contrataron publicidad con dicha empresa

o

— cuando la oficina o filial establecida en un Estado miembro traslada a la empresa matriz,
radicada fuera de la Unión Europea, las solicitudes y requerimientos que le dirigen tanto los
afectados como las autoridades competentes en relación con el respeto al derecho de
protección de datos, aun cuando dicha colaboración se realice de forma voluntaria?
Cuestiones prejudiciales planteadas
por la Audiencia Nacional

1.2. ¿Debe interpretarse el art. 4.1.c) de la Directiva 95/46/CE en el sentido de que existe
un «recurso a medios situados en el territorio de dicho Estado miembro»
 — cuando un buscador utilice arañas o robots para localizar e indexar la información
contenida en páginas web ubicadas en servidores de ese Estado miembro
 o
 — cuando utilice un nombre de dominio propio de un Estado miembro y dirija las
búsquedas y los resultados en función del idioma de ese Estado miembro?
 1.3. ¿Puede considerarse como un recurso a medios, en los términos del art. 4.1.c) de la
Directiva 95/46/CE, el almacenamiento temporal de la información indexada por los
buscadores en internet? Si la respuesta a esta última cuestión fuera afirmativa, ¿puede
entenderse que este criterio de conexión concurre cuando la empresa se niega a revelar
el lugar donde almacena estos índices alegando razones competitivas?
 1.4. Con independencia de la respuesta a las preguntas anteriores y especialmente en el
caso en que se considerase por el Tribunal de Justicia de la Unión que no concurren los
criterios de conexión previstos en el art. 4 de la Directiva,
 ¿Debe aplicarse la Directiva 95/46/CE en materia de protección de datos, a la luz del art.
8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en el país miembro donde se localice
el centro de gravedad del conflicto y sea posible una tutela más eficaz de los derechos
de los ciudadanos de la Unión Europea?
Cuestiones prejudiciales planteadas
por la Audiencia Nacional
 2) Por lo que respecta a la actividad de los buscadores como proveedor
de contenidos en relación con la Directiva 95/46/CE de Protección de
Datos:
 2.1. En relación con la actividad del buscador de la empresa «Google» en
internet, como proveedor de contenidos, consistente en localizar la
información publicada o incluida en la red por terceros, indexarla de
forma automática, almacenarla temporalmente y finalmente ponerla a
disposición de los internautas con un cierto orden de preferencia, cuando
dicha información contenga datos personales de terceras personas,
 ¿Debe interpretarse una actividad como la descrita comprendida en el
concepto de «tratamiento de datos» contenido en el art. 2.b de la
Directiva 95/46/CE?
Cuestiones prejudiciales planteadas
por la Audiencia Nacional
 2.2. En caso de que la respuesta anterior fuera afirmativa y siempre en relación
con una actividad como la ya descrita: ¿Debe interpretarse el artículo 2.d) de
la Directiva 95/46/CE, en el sentido de considerar que la empresa que gestiona
el buscador «Google» es «responsable del tratamiento» de los datos personales
contenidos en las páginas web que indexa?
 2.3. En caso de que la respuesta anterior fuera afirmativa: ¿Puede la autoridad
nacional de control de datos (en este caso la Agencia Española de Protección
de Datos), tutelando los derechos contenidos en el art. 12.b) y 14.a) de la
Directiva 95/46/CE, requerir directamente al buscador de la empresa «Google»
para exigirle la retirada de sus índices de una información publicada por
terceros, sin dirigirse previa o simultáneamente al titular de la página web en la
que se ubica dicha información?
Cuestiones prejudiciales planteadas
por la Audiencia Nacional
 2.4. En el caso de que la respuesta a esta última pregunta fuera
afirmativa, ¿Se excluiría la obligación de los buscadores de tutelar estos
derechos cuando la información que contiene los datos personales se
haya publicado lícitamente por terceros y se mantenga en la página web
de origen?
Cuestiones prejudiciales planteadas
por la Audiencia Nacional
 3) Respecto al alcance del derecho de cancelación y/o oposición en
relación con el derecho al olvido se plantea la siguiente pregunta:
 3.1. ¿Debe interpretarse que los derechos de supresión y bloqueo de los
datos, regulaos en el art. 12.b) y el de oposición, regulados en el art. 14.a)
de la Directiva 95/46/CE comprenden que el interesado pueda dirigirse
frente a los buscadores para impedir la indexación de la información
referida a su persona, publicada en páginas web de terceros,
amparándose en su voluntad de que la misma no sea conocida por los
internautas cuando considere que puede perjudicarle o desea que sea
olvidada, aunque se trate de una información publicada lícitamente por
terceros?
Posición de Google Inc
y Google Spain
 Para Google INC no le es de aplicación la normativa española y europea
de protección de datos al ser de su propiedad las arañas que rastrean
continuamente la red, estar domiciliada en EEUU y no tener
establecimiento permanente en España, ya que Google Spain SL sólo se
dedica a comercializar los productos y servicios de Google INC.
 Con sus motores de búsqueda no se producen tratamientos de datos
personales en los términos establecidos en la legislación española y
europea y en todo caso se debería acudir a la fuente para que elimine el
contenido o instale un dispositivo (norobot.txt) que evite la indexación del
contenido por parte de sus arañas.
Dictamen del Abogado General TJUE
Niilo Jääskinen
 1. Aplicabilidad territorial normativa protección de datos
 Debe considerarse que un establecimiento trata datos personales si está
vinculado a un servicio que participa en la venta de publicidad orientada a los
habitantes de este Estado miembro, aunque las operaciones de tratamiento
técnico de los datos estén situadas en otro Estado miembro o en países
terceros.
 Por consiguiente, propone al Tribunal de Justicia que declare que se lleva a
cabo tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un
establecimiento del responsable del tratamiento y que, por tanto, la normativa
nacional en materia de protección de datos es de aplicación a un proveedor
de un motor de búsqueda cuando éste establece en un Estado miembro, a
fines de promover y vender espacios publicitarios en su motor de búsqueda,
una oficina que orienta su actividad hacia los habitantes de dicho Estado.
Dictamen del Abogado General TJUE
Niilo Jääskinen

2. Situación jurídica de Google como proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet

Cuando se adoptó la Directiva en 1995, Internet y los motores de búsqueda eran fenómenos
novedosos y el legislador comunitario no previó su evolución actual.

No se ha de considerar que Google es, con carácter general, «responsable del tratamiento» de
los datos contenidos en las páginas web que procesa, siendo así que el responsable del
tratamiento, según la Directiva, es responsable del respeto de las normas de protección de
datos. En efecto, la puesta a disposición de una herramienta de localización de información no
implica control alguno sobre el contenido incluido en páginas web de terceros. Tampoco
permite al proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet realizar distinciones entre
datos personales en el sentido de la Directiva, es decir, relacionados con una persona física viva
identificable, y otro tipo de datos. El proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet
no puede ni jurídicamente ni de hecho cumplir las obligaciones del responsable del tratamiento
en relación con los datos personales contenidos en páginas web fuente alojadas en servidores
de terceros.
Dictamen del Abogado General TJUE
Niilo Jääskinen

En consecuencia, una autoridad nacional de protección de datos no puede requerir a un
proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet que retire información de su índice,
salvo en los supuestos en que el proveedor de servicios no ha respetado los códigos de
exclusión 4 o en los que no se ha dado cumplimiento a una solicitud emanada de la página
web relativa a la actualización de la memoria oculta. Este supuesto no parece pertinente en
relación con el presente asunto. La existencia de un procedimiento de «detección y retirada»
que afecte a enlaces de las páginas web fuente con contenidos ilícitos o inapropiados es una
cuestión regulada por el Derecho nacional, la responsabilidad civil basada en motivos distintos
de la protección de datos personales.

En tercer lugar, la Directiva no establece ningún «derecho al olvido» generalizado. Por tanto, no
puede invocarse tal derecho frente a proveedores de servicios de motor de búsqueda sobre la
base de la Directiva, aun cuando ésta se interpreta con arreglo a la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.

Los derechos de rectificación, supresión y bloqueo de datos establecidos en la Directiva se
refieren a datos cuyo tratamiento no cumple lo dispuesto en la Directiva, en particular debido al
carácter incompleto o inexacto de los datos. Éste no parece ser el caso en el presente asunto.
Dictamen del Abogado General TJUE
Niilo Jääskinen

La Directiva también reconoce a toda persona el derecho a oponerse, en cualquier momento y
por razones legítimas propias de su situación particular, a que los datos que le conciernan sean
objeto de tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga otra cosa. No obstante, el
Abogado General considera que una preferencia subjetiva por sí sola no equivale a una razón
legítima y que, por tanto, la Directiva no faculta a una persona para restringir o poner fin a la
difusión de datos personales que considere lesivos o contrarios a sus intereses.

Es posible que la responsabilidad secundaria de los proveedores de servicio de motor de
búsqueda con arreglo al Derecho nacional implique la existencia de deberes que exijan
bloquear el acceso a páginas web de terceros con contenidos ilegales, como las páginas web
que vulneran derechos de propiedad intelectual o que muestran información injuriosa o
delictiva. En cambio, solicitar a los proveedores de servicios de motor de búsqueda que eliminen
información legítima y legal que se ha hecho pública traería consigo una injerencia en la
libertad de expresión del editor de la página web. En su opinión, equivaldría a una censura del
contenido publicado realizada por un particular.
Las respuestas en la sentencia TJUE

- La actividad de los motores de búsqueda como Google constituye un tratamiento de datos
de carácter personal, del que es responsable el propio motor, dado que éste determina los fines
y los medios de esta actividad, que consiste en hallar información publicada o puesta en
Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por
último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado.

- Ese tratamiento está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea, dado
que Google ha creado en un Estado miembro un establecimiento para la promoción y venta de
espacios publicitarios y cuya actividad se dirige a los habitantes de ese Estado.

- Las personas tienen derecho a solicitar del motor de búsqueda, con las condiciones
establecidas en la Directiva de protección de datos, la eliminación de referencias que les
afectan, aunque esta información no haya sido eliminada por el editor ni dicho editor haya
solicitado su desindexación. En caso de no atenderse su solicitud, las personas tienen derecho a
recabar la tutela de la AEPD y de los Tribunales.

- El derecho a la protección de datos de las personas prevalece, con carácter general, sobre el
“mero interés económico del gestor del motor de búsqueda” salvo que el interesado tenga
relevancia pública y el acceso a la información esté justificado por el interés público.
Las respuestas en la sentencia TJUE
 A fin de viabilizar el pedido se tiene que analizar en concreto “si el interesado
tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no
esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados
obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la
apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la inclusión de la
información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al
interesado.
 Puesto que éste puede, habida cuenta de los derechos que le reconocen los
artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se
ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de
resultados, estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés
económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de
dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda
que verse sobre el nombre de esa persona.
Las respuestas en la sentencia TJUE
 Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como
el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que la
injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés
preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso
a la información de que se trate”.
 De cumplirse los requisitos para el ejercicio de estos derechos, “el gestor de
un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados
obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una
persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen
información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este
nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de
estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas
páginas sea en sí misma lícita”.
Consecuencias prácticas del fallo
 La práctica totalidad de los más importantes medios de comunicación del
mundo han reseñado la noticia y hoy todos sabemos, no por Google, sino por
la publicación de la sentencia, que el nombre del reclamante al que ahora se
da la razón apareció en La Vanguardia de los días 19 de enero y 9 de marzo
de 1998 asociado a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo
por deudas a la Seguridad Social.
 Paradójicamente, Google deberá borrar de su buscador unos datos que hoy
ya todo el mundo conoce. Y que van a permanecer en todas las páginas web
en las que ha aparecido, incluida la propia del Tribunal de Justicia. De modo
que la información desaparecerá del buscador de Google al mismo tiempo
que se hace de universal conocimiento. Con la desventaja para el reclamante
de que al ser cancelada del buscador no va a serle posible saber quién
dispone de información referente a su persona y, por tanto, le va a ser más que
difícil ejercer su legítimo derecho de cancelación u oposición ante los
responsables de ficheros o tratamientos que hayan tratado sus datos sin su
consentimiento.
Consecuencias prácticas del fallo
 La sentencia solo obliga a eliminar los datos obtenidos como consecuencia de
búsquedas “efectuadas a partir del nombre de una persona física”, lo que
deja fuera cualquier otro criterio.
 Obliga a ponderar si el interesado tiene derecho o no a que se borre la
información relativa a su persona (siempre que se busque de acuerdo a aquel
criterio).
 La idea del buscador como mera correa de transmisión de la información
existente en Internet, que la pone a disposición de todos cuanto la busquen,
desaparece.
 El buscador es el responsable del tratamiento, de modo que podría darse el
caso de que libremente decidiese no incluir información de una determinada
persona, que de este modo se haría invisible en Internet, lo que hoy puede
suponer su inexistencia virtual.
Consecuencias prácticas del fallo
 En otro orden de cosas, dado que, como dice la sentencia, la puesta a disposición de la
información por los buscadores es una cesión de datos, también debe considerarse que
la captación de la información por parte de los buscadores implica asimismo una cesión
por parte de los editores, que debería estar legitimada por el consentimiento del
afectado o por lo que establezca una ley (que no la hay).
 Por ello, los editores estarían cediendo datos de terceros a los buscadores de modo ilícito
y además sin implantar medidas de seguridad que lo eviten. Lo que lleva a la absurda
consecuencia de que todos los editores de contenidos deberían contar con el
consentimiento de los afectados o evitar que los buscadores accedan a los datos
personales en ellos contenidos y deberían informar a los interesados de la posibilidad de
que sus datos sean indexados por los buscadores.
 Además, el que un buscador cancele los datos de una persona no significa que tales
datos desaparezcan de Internet.
 Siguen existiendo y cualquiera podrá localizarlos a través de otros buscadores o de forma
más artesanal. En consecuencia, dudo mucho de que la sentencia del caso Google
mejore o aclare realmente el alcance de nuestra privacidad.
Consecuencias prácticas del fallo
 Se soluciona uno de los mayores problemas de la red ante amenazas y riesgos
para la privacidad, a saber, la universalidad de la red y la falta de normativas
sobre protección de datos en numerosos Estados. La retirada de los índices de
búsqueda puede ser la única alternativa posible si el propietario de un sitio web
o su servidor está domiciliado en alguno de estos países.
 Los criterios para eliminar el resultado de búsqueda deben ser casi automáticos
y la única verificación que deberían realizar los motores de búsqueda es la de
comprobar la identidad del reclamante, al tratarse de derechos
personalísimos. Por el contrario los editores de contenidos si tendrán que entrar
a valorar si procede o no el ejercicio de esos derecho, pues así parece
desprenderse del fallo cuando dice: “también en el supuesto de que este
nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas
páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí
misma lícita”.
Consecuencias prácticas del fallo
 Que se pueda bajo determinadas condiciones exigir a un buscador que nos elimine de su
lista de resultados no impide que se pueda reclamar también a la fuente la eliminación
del contenido, salvo:
 a) que exista una obligación legal que obligue a ello o que se demuestre un interés
legítimo en el tratamiento)
 b) que se esté ante uno de los casos en los que no proceda la eliminación del contenido
(como puede ser una publicación obligatoria en boletín oficial)
 c) que se instale un mecanismo que impida su indexación por buscadores como se ha
venido haciendo hasta la fecha.
 Siempre será mejor acudir a la fuente para que elimine o evite la indexación, ya que los
buscadores se actualizan periódicamente, y antes o después desaparecerá de la lista de
resultados.
 Si nos dirigimos sólo al buscador corremos el riesgo de no poder localizar qué sitios web se
están haciendo eco de ese contenido. No aparecerá en una lista de resultados pero
cualquier internauta que acceda a ese sitio web tendrá acceso al contenido.
Consecuencias prácticas del fallo
 Google elaboró un formulario para ejercer el derecho al olvido y a
constituir una Comisión Internacional de Expertos para la evaluación de la
aplicación de la sentencia
 Google comunica a los editores, sean medios de comunicación o
responsables de páginas web, que ha eliminado un enlace en un
resultado de búsqueda porque una persona lo ha pedido
 Esa comunicación no está exigida por la sentencia,
Consecuencias prácticas del fallo
 Google:
 Certain users can ask search engines to remove results for queries that include
their name where those results are inadequate, irrelevant or no longer relevant,
or excessive in relation to the purposes for which they were processed.
 In implementing this decision, we will assess each individual request and
attempt to balance the privacy rights of the individual with the public’s right to
know and distribute information. When evaluating your request, we will look at
whether the results include outdated information about you, as well as whether
there’s a public interest in the information—for example, information about
financial scams, professional malpractice, criminal convictions, or public
conduct of government officials.
 If you have a removal request, please fill out the form below. Please note that
this form is an initial effort. We look forward to working closely with data
protection authorities and others over the coming months as we refine our
approach.
Estadísticas europeas
 Google informó que entre el 29 de mayo, día en que se abrieron las
solicitudes de petición al "derecho al olvido", y el 30 de junio ha recibido
más de 70.000 requerimientos de ciudadanos europeos, 6.000 de ellos de
España.
Protección de datos analiza si Google se
extralimita con el derecho al olvido
http://www.publico.es/532135/proteccion-de-datos-analiza-si-google-se-extralimita-con-el-derecho-al-olvido
Protección de datos analiza si Google se
extralimita con el derecho al olvido
 "Les diremos qué actuaciones no consideramos compatibles con la
normativa de protección de datos y cuáles no son necesarias para dar
cumplimiento a la sentencia porque parece que en esta fase inicial
Google está realizando más actuaciones de las requeridas", ha subrayado.
En este sentido, Rodríguez ha apuntado que, de darse un
sobrecumplimiento o una extralimitación a la hora de aplicar el fallo, será
responsabilidad de Google, quien tendrá que "explicar a las autoridades y
los afectados por qué hace esas actividades"
Formulario Google
 A recent ruling by the Court of Justice of the European Union found that certain
users can ask search engines to remove results for queries that include their
name where those results are inadequate, irrelevant or no longer relevant, or
excessive in relation to the purposes for which they were processed.
 In implementing this decision, we will assess each individual request and
attempt to balance the privacy rights of the individual with the public’s right to
know and distribute information. When evaluating your request, we will look at
whether the results include outdated information about you, as well as whether
there’s a public interest in the information—for example, information about
financial scams, professional malpractice, criminal convictions, or public
conduct of government officials.
 If you have a removal request, please fill out the form below. Please note that
this form is an initial effort. We look forward to working closely with data
protection authorities and others over the coming months as we refine our
approach.
Formulario Google

Search removal request under European Data Protection law

You will need a copy of a valid form of photo ID to complete this form. Fields marked with an asterisk * must be completed
for your form to be submitted.

We're working to finalize our implementation of removal requests under European data protection law as soon as possible.
In the meantime, please fill out the form below and we will notify you when we start processing your request. We appreciate
your patience.

Please select the country whose law applies to your request *

Please select one

Your information

Name *

Your own name, if you are representing somebody else (If you’re sending a request for someone else, you must have the
legal authority to act on their behalf) ?

If you are submitting this request on behalf of someone else, please specify your relationship to that person (for example:
“parent” or “attorney”)

Contact email address *(where confirmation email will be sent)
Formulario Google

Search results you want removed from the list of results produced when searching for the name

For us to evaluate your request, you must:

(a) Identify each result in the list of results that you want removed by providing the URL for the web page that the result links
to. (The URL can be taken from your browser bar after clicking on the search result in question.)

(b) Explain why the linked web page is about you (or, if you are submitting this form on behalf of someone else, why the
page is about that person)

(c) For each URL, please explain why the inclusion of this URL as a search result is irrelevant, outdated, or otherwise
objectionable.

URLs for results you want removed * Add additional

If your request concerns more than one result, please provide the URL for each result and an explanation of why the
inclusion of that result in search results is irrelevant, outdated, or otherwise objectionable. We will not be able to process your
complaint without this information. *For example:

http://example_1.com

This URL is about me because... This page should not be included as a search result because...

http://example_2.com

This URL is about me because... This page should not be included as a search result because...
Formulario Google
 To prevent fraudulent removal requests from people impersonating others, trying to harm
competitors, or improperly seeking to suppress legal information, we need to verify identity.
Please attach a legible copy of a document that verifies your identity (or the identity of
the person whom you are authorized to represent). A passport or other government-issued
ID is not required. You may obscure parts of the document (e.g., numbers) as long as the
remaining information identifies you. You may also obscure your photograph, unless you
are asking for removal of pages that include photographs of you. Google will use this
information solely to help us document the authenticity of your request and will delete the
copy within a month of closing your removal request case except as otherwise required by
law.
 I represent that the information in this request is accurate and that I am the person
affected by the web pages identified, or I am authorized by the person affected to submit
this request. *
 Please check to confirm
 Please note that we will not be able to process your request if the form isn't properly filled
out or if the request is incomplete.
Formulario Google
 Signature
 Signed on this date of *
 Signature *
 By typing your name below and clicking ‘submit’, you are representing that the
above statements are true, that you are requesting the removal of the search
results identified by the URLs you have listed above, and that, if you are acting
on behalf of another persons, you have the legal authority to do so.
 Google Inc. will use the personal information that you supply on this form
(including your e-mail address and any ID information) for the purposes of
processing your request and meeting our legal obligations. We may share
details of your request with data protection authorities, but only when they
require these details to investigate or review a decision that we have made.
That will normally be because you have chosen to contact your national DPA
about our decision. We may provide details to webmaster(s)of the URLs that
have been removed from our search results.
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El derecho al olvido en Internet