Nuevos pronunciamientos
de la jurisprudencia
colombiana sobre las
certificaciones de los
contadores públicos
Hernando Bermúdez Gómez
Clases de comunicaciones

Según su finalidad, podemos
agrupar las principales
comunicaciones de un auditor,
en dos clases:
Comunicaciones para OBTENER
información
 Comunicaciones para
SUMINISTRAR resultados

Informes sobre resultados

Las comunicaciones para
suministrar resultados las
podemos clasificar en tres
grupos:
Opiniones
 Certificaciones
 Exhortaciones

Definiciones (1)

opinión.(Del lat. opinĭo, -ōnis).
1. f. Dictamen o juicio que se
forma de algo cuestionable.
 2. f. Fama o concepto en que se
tiene a alguien o algo.

RAE, DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima segunda
edición
Definiciones (2)

certificación.
1. f. Acción y efecto de certificar.
 2. f. Documento en que se
asegura la verdad de un hecho.

RAE, DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima segunda
edición
Definiciones (3)

exhortación.(Del lat. exhortatĭo,
-ōnis).
1. f. Acción de exhortar.
 2. f. Advertencia o aviso con que
se intenta persuadir.
 3. f. Plática o sermón familiar y
breve.

RAE, DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima segunda
edición
Tratamiento legal de las
certificaciones de los
contadores públicos (1)

Ley 43 de 1990

ART. 2º— De las actividades
relacionadas con la ciencia contable en
general. Para los efectos de esta ley se
entienden por actividades relacionadas
con la ciencia contable en general todas
aquellas que implican (...) certificaciones
y dictámenes sobre estados financieros,
certificaciones que se expidan con
fundamento en los libros de
contabilidad, (...)
Tratamiento legal de las
certificaciones de los
contadores públicos (2)

Ley 43 de 1990

ART. 11.—Es función privativa del
contador público expresar
dictamen profesional e
independiente o emitir
certificaciones sobre balances
generales y otros estados
financieros
Tratamiento legal de las
certificaciones de los contadores
públicos (3)

Ley 43 de 1990
 ART. 13.—Además de lo exigido por
leyes anteriores, se requiere tener la
calidad de contador público en los
siguientes casos:

2. Por la razón de la naturaleza del
asunto:

a) Para certificar y dictaminar sobre los
balances generales y otros estados financieros
y atestar documentos de carácter técnicocontable destinados a ofrecer información
sobre actos de transformación y fusión de
sociedades, en los concordatos preventivos,
potestativos y obligatorios y en las quiebras;
Tratamiento legal de las
certificaciones de los contadores
públicos (4)


b) Para certificar y dictaminar sobre balances
generales y otros estados financieros de personas
jurídicas o entidades de creación legal, cuyos ingresos
brutos durante el año inmediatamente anterior y/o
cuyos activos brutos en 31 de diciembre de ese año
sea o excedan al equivalente de 5.000 salarios
mínimos. Así mismo para dictaminar sobre balances
generales y otros estados financieros de personas
naturales, jurídicas, de hecho o entidades de creación
legal, solicitante de financiamiento superiores al
equivalente de 3.000 salarios mínimos ante entidades
crediticias de cualquier naturaleza y durante la
vigencia de la obligación;
c) Para certificar y dictaminar sobre los estados
financieros de las empresas que realicen ofertas
públicas de valores, las que tengan valores inscritos en
bolsa y/o las que soliciten inscripción de sus acciones
en bolsa;
Tratamiento legal de las
certificaciones de los contadores
públicos (5)


d) Para certificar y dictaminar sobre
estados financieros e información adicional
de carácter contable, incluida en los
estudios de proyectos de inversión,
superiores al equivalente a 10.000 salarios
mínimos;
e) Para certificar y dictaminar sobre los
balances generales y otros estados
financieros y atestar documentos contables
que deban presentar los proponentes a
intervenir en licitaciones públicas, abiertas
por instituciones o entidades de creación
legal, cuando el monto de la licitación sea
superior al equivalente a dos mil salarios
mínimos,
Tratamiento legal de las
certificaciones de los contadores
públicos (6)

Ley 43 de 1990

ART. 35.— (...) La contaduría pública es una
profesión que tiene como fin satisfacer necesidades
de la sociedad, mediante la medición, evaluación,
ordenamiento, análisis e interpretación de la
información financiera de las empresas o los
individuos y la preparación de informes sobre la
correspondiente situación financiera, sobre los cuales
se basan las decisiones de los empresarios,
inversionistas, acreedores, demás terceros
interesados y el Estado acerca del futuro de dichos
entes económicos. El contador público como
depositario de la confianza pública, da fe pública
cuando con su firma y número de tarjeta profesional
suscribe un documento en que certifique sobre
determinados hechos económicos. Esta certificación,
hará parte integral de lo examinado. (...)
Tratamiento legal de las
certificaciones de los
contadores públicos (7)

Ley 43 de 1990

37.2. Objetividad. La objetividad representa
ante todo imparcialidad y actuación sin
prejuicios en todos los asuntos que
corresponden al campo de acción profesional
del contador público. Lo anterior es
especialmente importante cuando se trata de
certificar, dictaminar u opinar sobre los
estados financieros de cualquier entidad. Esta
cualidad va unida generalmente a los
principios de integridad e independencia y
suele comentarse conjuntamente con esto
Tratamiento legal de las
certificaciones de los contadores
públicos (8)

Ley 43 de 1990

ART. 57.—Ningún contador público
podrá dictaminar o conceptuar sobre
actos ejecutados o certificados por otro
contador público que perjudique su
integridad moral o capacidad
profesional, sin antes haber solicitado
por escrito las debidas explicaciones y
aclaraciones de quienes hayan
actuado en principio
Tratamiento legal de las
certificaciones de los contadores
públicos (9)

Ley 43 de 1990


ART. 69.—El certificado, opinión o dictamen expedido
por un contador público deberá ser claro, preciso y
ceñido estrictamente a la verdad.
ART. 70.—Para garantizar la confianza pública en
sus certificaciones, dictámenes u opiniones, los
contadores públicos deberán cumplir estrictamente
las disposiciones legales y profesionales y proceder
en todo tiempo en forma veraz, digna, leal y de
buena fe, evitando actos simulados, así como prestar
su concurso a operaciones fraudulentas o de
cualquier otro tipo que tiendan a ocultar la realidad
financiera de sus clientes, en perjuicio de los
intereses del Estado o del patrimonio de particulares,
sean éstas personas naturales o jurídicas.
Efecto legal en Colombia de
las certificaciones de los
contadores públicos (1)

Ley 43 de 1990

ART. 10.—De la fe pública. La atestación o
firma de un contador público en los actos
propios de su profesión hará presumir, salvo
prueba en contrario, que el acto respectivo se
ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a
los estatutarios en el caso de personas
jurídicas. Tratándose de balances, se
presumirá además que los saldos se han
tomado fielmente de los libros, que éstos se
ajustan a las normas legales y que las cifras
registradas en ellos reflejan en forma fidedigna
la correspondiente situación financiera en la
fecha del balance. (...)
Efecto legal en Colombia de las
certificaciones de los contadores
públicos (2)

Estatuto Tributario

ART. 777.—La certificación de contador
público y revisor fiscal es prueba
contable. Cuando se trate de presentar
en las oficinas de la administración
pruebas contables, serán suficientes
las certificaciones de los contadores o
revisores fiscales de conformidad con
las normas legales vigentes, sin
perjuicio de la facultad que tiene la
administración de hacer las
comprobaciones pertinentes.
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (1)

(...) no todos los hechos contables implican
un mismo riesgo social y sólo corresponde
al legislador, en su calidad de regulador de
la actividad económica —que en este
punto es de mayor amplitud— determinar
cuáles de ellos, por afectarlo de forma
significativa, requieren ser certificados por
los contadores públicos (...)
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia
C-645 de agosto 13 de 2002
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (2)

(...) El certificado del revisor fiscal aportado
como prueba para tal efecto, es
improcedente porque como anota el
agente del Ministerio Público, las
facultades que tiene este funcionario son
de naturaleza eminentemente contable y
ajenas a las de conceptuar, con autoridad
legal sobre asuntos jurídicos. (...)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, sentencia
de septiembre 27 de 1991
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (3)

(...) Tampoco puede pretenderse que tal naturaleza
pueda probarse con el certificado expedido por el
contador público, porque las normas legales vigentes no
les atribuyen a los contadores un poder absoluto en
materia de pruebas, ni la calificación legal de hechos
económicos ni jurídicos, sino que se limitan a los actos y
actuaciones que enumera el artículo 8º de la Ley 145 de
1960, referidos a los libros de contabilidad, es decir, que
allí se contabilizan sumas como descuento pero no el
hecho de que realmente lo sean, y menos que dicha
constancia releve al contribuyente del cumplimiento de
los requisitos exigidos por la ley para aceptar fiscalmente
una deducción (...)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, sentencia de septiembre 13 de 1991
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (4)

(...) las normas tributarias no le atribuyen a los
contadores un poder absoluto en materia de
pruebas, ni la calificación legal de hechos
económicos y jurídicos, sino que se limita a los
actos y actuaciones indicadas en el artículo 8º de la
ley 145 de 1960, lo que significa que su ámbito de
aplicación es restringida, por lo que no puede
pretenderse con ella y menos cuando su contenido
es lacónico como ocurre en este caso, demostrar la
calidad o naturaleza y origen de los ingresos
denunciados con carácter diferente al que se ha
registrado en la declaración (...)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 14 de
abril de 1994
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (5)

(...) Ciertamente, como lo hace notar el señor
agente del Ministerio Público, del texto de las
normas que se señalan como quebrantadas,
fácilmente se deduce que las funciones del
contador público y, por ende, las del revisor fiscal,
quien debe tener tal calidad, están referidas a dar fe
de hechos propios del ámbito de su profesión, es
decir, tienen que ver con actividades relacionadas
con la ciencia contable. (...)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Sentencia 5622 de
agosto 17 de 2000
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (6)

(...) Dado que los «requisitos funcionales y técnicos» del
software en cuestión, no son propia ni exclusivamente los
referentes al sistema contable y sus soportes, o al
régimen impositivo de costos, deducciones, descuentos
tributarios, activos o pasivos, sino que dice relación con
el diseño, funcionalidad y especificaciones técnicas del
programa mismo, no cabe la suposición de que tales
«requisitos funcionales» o especificaciones «técnicas»
sean del dominio ordinario de los profesionales de la
contaduría, sino que necesariamente constituyen un
trabajo de confrontación propio del ingeniero de sistemas
y, en esa medida desbordan en mucho las exigencias de
las leyes que regulan la profesión de la contaduría. (...)
Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, sentencia 9053 de diciembre 11 de 1998
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (7)



(...) En efecto y a manera de ejemplo observa la Sala algunas
preguntas para resolver en el anexo en estudio, respecto de las
cuales el revisor fiscal no puede dar fe, como son, si ¿se tiene
un inventario completo y detallado de hardware y software?; Si
¿cada equipo acepta el año 2000 y maneja adecuadamente las
fechas críticas, como los años bisiestos, mediante prueba o
simulación?; Si ¿se realizaron ensayos para confirmar cada
aplicación satélite?, entre otras.
Estima la Sala, que si bien el revisor fiscal puede informar que la
sociedad vigilada tiene los inventarios a que se refiere la circular
demandada, no puede dar fe de que ellos sean completos y
detallados pues para certificarlo debe tener conocimiento de los
requerimientos informáticos que sobre los mismos se necesiten.
De igual forma para que pueda certificar tan sólo que las
pruebas y simulacros se realizaron, se necesita de un
conocimiento técnico en la materia, que escapa del grado
cognoscitivo de este profesional. (...)
Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, sentencia 9531 de noviembre 5 de 1999
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (8)

(...) Ahora bien, lo afirmado por la entidad demanda en
cuanto que la firma del revisor fiscal en las certificaciones
e informes requeridos por la Superbancaria a las
entidades vigiladas, no implica que esté garantizando la
idoneidad de las pruebas y los procedimientos
efectuados por la sociedad para soportar el cambio de
milenio, no justifica la exigencia prevista en el acto
acusado, pues «certificar» según el Diccionario de la
Lengua Española es sinónimo de legitimar, legalizar, dar
fe, avalar, garantizar. Es decir, que con su firma el revisor
fiscal no sólo está afirmando que se realizaron las
pruebas y los procedimientos, sino garantizando su
idoneidad y efectividad, y para ello no sólo carece de
facultad legal, sino del grado de conocimiento propio de
la técnica de la informática (...)
Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, sentencia 9530 de abril 28 de 2000
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (9)


(...) Efectivamente, para certificar que unos programas de
computador o unos equipos están en buenas condiciones
y que, por lo tanto, no van a presentar fallas, se requiere,
obviamente, tener conocimientos especializados en el
tema informático y de sistemas, que permitan hacer tales
aseveraciones.
Resalta la Sala que el acto acusado no está enmarcando
la certificación cuestionada a programas de computador
sobre materia contable, frente a los cuales, debido a los
avances tecnológicos, hoy por hoy pueden ser del
manejo de los profesionales de la contaduría, claro está,
en lo que atañe específicamente a dicha materia, sino
que las exigencias de la circular acusada son generales y
amplias, por lo cual, precisamente, reclaman un
conocimiento de expertos en el área de la informática y
de los sistemas. (...)
Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia 5622 de agosto 17 de 2000
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (10)

(...) Para que las certificaciones de contador público
o revisor fiscal se consideren pruebas suficientes,
deben permitir llevar al convencimiento del hecho
que se pretende probar, sujetándose a las normas
que regulan el valor probatorio de la contabilidad;
deben expresar si la contabilidad se lleva de
acuerdo con las prescripciones legales; si los libros
se encuentran registrados en la Cámara de
Comercio; si las operaciones están respaldadas por
comprobantes internos y externos, y si reflejan la
situación financiera del ente económico. (...)
Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, sentencia 12840 de
junio 14 de 2002
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (11)


(...) Como la ley no exige fórmulas sacramentales
para la certificación del contador público o revisor
fiscal, si la administración no la desvirtúa por otros
medios probatorios, ni efectúa las comprobaciones
pertinentes, ésta debe ser aceptada de conformidad
con el valor probatorio que asignan las leyes
fiscales a la contabilidad, es decir como una prueba
a favor del contribuyente.
Si la administración tributaria tenía dudas sobre la
credibilidad del contador que expidió la certificación,
debió utilizar su facultad para hacer las
comprobaciones pertinentes, para desvirtuar la
prueba contable. (...)
Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, sentencia 12840 de
junio 14 de 2002
Un caso concreto


Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 24 de julio
de 2003
Decreto 180 de 1975






ART. 80.—Para que proceda esta deducción es necesario:
1. Que la respectiva obligación se haya contraído con justa
causa y a título oneroso.
2. Que se haya tomado en cuenta al computar la renta
declarada en años anteriores o que se trate de créditos que
hayan producido rentas declaradas en tales años.
3. Que se haya descargado en el año o período gravable de
que se trata, mediante abono a la cuenta incobrable y cargo
directo a pérdidas y ganancias.
4. Que la obligación exista en el momento de descargo.
5. Que existan razones para considerar la deuda
manifiestamente perdida o sin valor
Certificaciones aportadas al
proceso






(...) En el presente caso, el contribuyente se acogió a las
previsiones del artículo 146 del estatuto tributario ya
trascrito, para lo cual obra en el expediente una
certificación suscrita por el representante legal y el
revisor fiscal de la sociedad donde consta lo siguiente:
“Nos permitimos, en relación con la deducción de
pérdidas de cartera, Rubro 71, indicar lo siguiente:
a) Se adjuntan fotocopias de los documentos cancelados.
Relación aparte.
b) El período al que se aplicó es el año gravable de 1996.
c) No se contabilizó como cuentas incobrables antes de
llevarlas como pérdidas.
d) El motivo o justificación es del gerente, dueño de la
empresa junto con su esposa, quien después de agotar
todos los medios a su alcance, la localización de los
deudores morosos por uno, dos y tres años, decide
darlas por perdidas, con base en los artículos 146 y 148
del estatuto tributario” (fls. 80 y 81).
Certificaciones aportadas al
proceso





Con ocasión de la interposición del recurso de reposición
ante la administración, el revisor fiscal expidió una
certificación adicional cuyos términos se transcriben a
continuación en los apartes pertinentes:
“El suscrito revisor fiscal de Distribuidora Colombiana
Disco Bogotá Ltda., con NIT 860.517.890-9, certifica que:
1. La sociedad lleva el movimiento de sus clientes
mediante un módulo o software denominado facturación
e inventarios, el cual cumple y es llevado de acuerdo con
los procedimientos de contabilidad generalmente
aceptados.
2. El movimiento de todos los documentos que
conforman las cuentas por ventas como las de los
clientes que se han cancelado por ser incobrables por $
37.685.000, han sido registradas y llevadas de acuerdo
con las normas contables y forman parte de los registros
que han sido llevados y tomados fielmente de los libros o
registros contables.
(...).
Certificaciones aportadas al
proceso

6. La sociedad se vale de los registros del sistema de
computador mencionado en el primer numeral y produce el
documento denominado cartera por edades, para llamar
telefónicamente, buscar y localizar a los clientes, donde se
detallan los créditos activos de clientes con relación de cada
factura que se está adeudando, con indicación de los días de
mora, obligaciones por vencer y los meses en los cuales debía
cancelar su obligación, planillas que son base para adelantar las
diligencias tendientes a obtener el cobro. En dicha etapa
intervienen tanto los administradores de la sociedad y de los
vendedores de la misma. Igualmente se produce el documento
Facturas vencidas que cumple las mismas funciones que el de
cartera por edades, y cuya última columna indica la cartera
cuyos vencimientos sobrepasan los 150 días y donde se
encuentran registradas y/o contabilizadas las facturas
incobrables vencidas a más de 360 días, que la administración
decide darlas de baja con crédito a la cuenta incobrable del
cliente y cargo directo a la cuenta de pérdidas y ganancias. Se
adjuntan fotocopias como ejemplo”.
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (12a)


(...) Para que las certificaciones de contadores o
revisores fiscales se consideren pruebas
suficientes, además de sujetarse a las normas que
regulan el valor probatorio de la contabilidad, deben
permitir llevar al convencimiento del hecho que se
pretende probar, y según señala la entidad
demandada en su recurso, no se han desvirtuado
los cuestionamientos sobre las deudas.
Para la Sala las certificaciones suscritas por el
revisor fiscal de la sociedad no son suficientes para
acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos
para castigar en su totalidad las deudas y así poder
deducirlas de la renta.
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (12b)


En primer lugar, los certificados no indican las fechas en
las cuales las obligaciones fueron descargadas, ni los
soportes internos que se elaboraron para tal fin o las
cuentas afectadas, sino que en forma general se indica
que «el período al que se aplicó fue 1996».
Adicionalmente, subsisten interrogantes sobre la
existencia de algunas deudas, como lo pone de
manifiesto la entidad apelante al citar facturas que tienen
sello de «cancelado», el cual permite deducir que no se
trata de obligaciones pendientes de pago en el año 1996.
A folios 74, 75 y 79 del cuaderno de antecedentes obran
las facturas de fecha 29 de agosto de 1994, 11 de agosto
de 1994 y 26 de octubre de 1993, en las cuales se
observa un sello de «cancelado» y las fechas 13 de
septiembre de 1994, 15 de noviembre de 1994 y 11 de
febrero de 1994, respectivamente.
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (12c)


Estos documentos fueron aportados por el
contribuyente a la administración y
advertidos en la liquidación oficial, sin que
las certificaciones expliquen claramente las
razones del sello, por lo cual puede
concluirse que estas deudas no estaban
vigentes durante el año 1996.
Tampoco las certificaciones permiten
establecer plenamente la justificación que
tuvo la sociedad para dar por perdidas las
obligaciones castigadas.
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (12d)

En la primera de las certificaciones se dice que el
gerente de la empresa, «después de agotar todos
los medios a su alcance, la localización de los
deudores morosos por uno, dos y tres años, decide
darlas por perdidas», con lo cual no es posible
acreditar que se atendieron criterios de una sana
práctica comercial, pues no se especifican las
gestiones realizadas para lograr el cobro de las
obligaciones, ni se mencionan los informes de
abogado en los que se aconseje la baja de la
obligación por no ser viable su cobro, ni se
demuestra que los deudores están insolventes o al
menos, los criterios mercantiles tenidos en cuenta
para concluir que no se va a obtener el pago de las
obligaciones.
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (12e)

El contribuyente debe demostrar la
posibilidad inminente de que las deudas ya
no van a ser recobradas, no basta probar
que son de difícil cobro, pues en ese caso
la deducción de la provisión que
procedería es la establecida en el artículo
145 del estatuto tributario, siempre que se
cumplan los requisitos allí establecidos y
en los porcentajes fijados por los artículos
72 y 73 del Decreto Reglamentario 187 de
1975 y demás normas concordantes. No
es lo mismo dar por pérdida la cartera, de
conformidad con el artículo 146 del
estatuto tributario, a que ésta sea de difícil
cobro.
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (12f)

El revisor fiscal en la certificación que obra
a folios 167 y 168 del cuaderno de
antecedentes y transcrita anteriormente da
a entender que se dan por incobrables
aquellas facturas con más de 360 días de
vencidas, lo cual no puede ser admitido
como criterio único para dar por perdida
una obligación, pues debe demostrarse
que concurren circunstancias que hagan
evidente la imposibilidad de obtener el
pago de la deuda.
Jurisprudencia colombiana
sobre las certificaciones (12g)


Por último, se llama la atención sobre la factura 40732
expedida el 8 de marzo de 1996 al cliente ITF Ltda., con
vencimiento el 7 de mayo de 1996, que fue castigada por
el contribuyente en ese mismo año, sin tener en cuenta
su improcedencia, porque se trata de una obligación que
no influyó en la renta de años anteriores.
Todas las anteriores consideraciones permiten desvirtuar
las certificaciones del revisor fiscal de la sociedad como
prueba de la deducción, porque no se cumplen los
requisitos exigidos en el artículo 80 del Decreto 187 de
1975, que permiten llevar al convencimiento de la
procedibilidad de la deducción
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, sentencia de 24 de julio de 2003
Por su atención, muchas
gracias
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