1. Marco de referencia constitucional de
una legislación agraria.

La noción de agricultura sustentable como base del
desarrollo rural integral para garantizar seguridad
alimentaria: Art. 305 de la CN.

Actividad agraria productiva, viable,
eficiente y ecológicamente compatible.

Desarrollo Rural Integral: Art. 306 de la CN: Empleo,
nivel adecuado de bienestar, incorporación de la
población campesina al desarrollo nacional.

Como
parte del régimen económico del país la
legislación agraria debe
garantizar la seguridad
jurídica;
solidez,
dinamismo,
sustentabilidad,
permanencia y equidad en el crecimiento del sector
agrario y una planificación estratégica, democrática,
participativa y de consulta abierta: Art. 299 de la CN.
moderna,
1. Marco de referencia constitucional de
una legislación agraria.

Política de tierras integral: Art. 307 de la CN:
Eliminación del régimen latifundista.
Gravamen de tierras ociosas o incultas.
Conversión de tierras ociosas en unidades productivas.
Derecho a la propiedad de la tierra.
Protección y promoción de formas asociativas y
particulares de propiedad para garantizar la producción
agrícola.
Ordenamiento sustentable de las tierras con vocación
agrícola para asegurar su potencial agroalimentario.
1. Marco de referencia constitucional de
una legislación agraria.
Cont…
Políticas de
promoción de la productividad y la
competitividad del sector agrícola.
Garantía de la propiedad privada productiva y
prohibición de confiscaciones: Arts. 115 y 116 de la
CN.
2. Misión de la legislación agraria según
el marco de referencia constitucional.

Equilibrar la utilidad pública de la producción de
alimentos y las medidas de transformación de la
propiedad injusta e improductiva con las garantías
de la propiedad privada productiva, de la libre
iniciativa y de compensación a
los sacrificios
impuestos a los derechos de propiedad.

Garantizar el acceso a la propiedad a los poseedores
precarios.

Promover una agricultura sustentable: Actividad
agraria
económicamente
viable,
técnicamente
factible, socialmente justa, financieramente saludable,
ambientalmente
equilibrada
y
políticamente
democrática y participativa.

Modernizar la agricultura.
3.
El decreto con fuerza de Ley de Tierras
y Desarrollo Agrario (09.11.2001).


Fines: Art. 1°

Crecimiento económico del sector agrario mediante
justa
distribución de la
riqueza,
planificación
estratégica, democrática, participativa y eliminación
del latifundio.

Asegurar
la biodiversidad,
la
seguridad
agroalimentaria, la vigencia
de
los
derechos
ambientales y agroalimentarios de la presente y
futuras generaciones.
Establecer bases
sustentable.
del desarrollo rural integral y
4. Análisis general sobre el contenido del
decreto con fuerza de Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario para determinar su
congruencia con el marco de referencia y
con sus fines.
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


Establece una planificación dirigida (Poligonales rurales
y planes agroalimentarios sin consulta previa).
Establece controles del uso de la propiedad
discrecionales y unilaterales: declaratoria de tierras
incultas u ociosas sin determinar criterios jurídicos
técnicos.
Remisión al reglamento de los criterios para calificar los
excesos de tierras incultas como latifundios.
Otorgamiento de certificaciones de fincas productivas y
mejorables sin que previamente existan planes de
seguridad agroalimentaria y criterios de productividad.
4. Análisis general sobre el contenido del
decreto con fuerza de Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario para determinar su
congruencia con el marco de referencia y
con sus fines.

Declaratoria administrativa unilateral de ilicitud de
ocupación de tierras públicas para proceder a su
rescate en vía administrativa.

Discrecionalidad
administrativa
de
conceptos
fundamentales: Productividad, incultura u ociosidad
de las
tierras,
fincas productivas o mejorables,
latifundios; documentos fraudulentos.

Demerita la actividad pecuaria sin distinguir
compatibilidad con el uso del suelo.

Fomenta la inseguridad
productiva
su
jurídica de la propiedad
4. Análisis general sobre el contenido del
decreto con fuerza
de Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario para determinar su
congruencia con el marco de referencia y
con sus fines.

Consagra un impuesto predial sobre la producción,
inequitativo y confiscatorio.

Sustrae del poder judicial competencias para decidir
sobre rescate o reivindicación de tierras y para dictar
medidas cautelares de ocupación o intervención de
tierras privadas.

Deja en el limbo a los antiguos adjudicatarios de tierras.

No contempla medidas de promoción del desarrollo
agrario.
4. Análisis general sobre el contenido del
decreto con fuerza
de Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario para determinar su
congruencia con el marco de referencia y
con sus fines.

Elimina la Procuraduría Agraria Nacional.

Deja sin regulación los contratos agrarios.

Crea un Registro Agrario duplicando la actividad de
registro catastral, que corresponde a los Municipios y al
Instituto de Geografía Simón Bolívar.

Crea una excesiva burocracia (INTI-IDES-Corporación
Agrícola).
5. Inconstitucionalidad de los artículos 89 y 90
que contemplan la medida de intervención
preventiva de tierras privadas o públicas
presuntamente ocupadas ilícitamente y del
Artículo 211.

La Sala Constitucional anuló los artículos 89 y 90
(sentencia de 20.11.2002).

El Poder Ejecutivo dictó el decreto 2292 del 04.02.2003
(GO N°37.624) estableciendo las cartas agrarias en
sustitución de la medida preventiva de intervención
anulada por la Sala Constitucional.

La Sala Constitucional en sentencia de fecha 04.11.2003
(Agropecuaria Doble RCA y Agropecuaria Las Peñitas)
declaró con lugar acción de amparo constitucional en
contra de otorgamiento por el INTI de cartas agrarias y
su ejecución por la FAN sin un previo procedimiento y
sin notificación de los interesados.
5. Inconstitucionalidad de los artículos 89 y 90
que contemplan la medida de intervención
preventiva de tierras privadas o públicas
presuntamente ocupadas ilícitamente y del
Artículo 211.

La Sala Constitucional en sentencia del 16.07.2003
(Cervecería Polar Los Cortijos, C.A. y otras) suspendió la
aplicación del artículo 211 por representar daños
irreparables el poder ilimitado de los jueces de dictar
extrajuicio, medidas que pueden atentar contra el
derecho de defensa y del debido proceso.

El Juzgado Superior Agrario de Caracas, declaró nula
una Carta Agraria Colectiva por haberse prescindido
del procedimiento de rescate de tierras (Sentencia del
21.09.2004, Fundo el Coquito, Estado Guárico).
6. Cuestionamiento técnico del decreto
con fuerza de Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario.
El Ex Rector de UNELLEZ, Ingeniero Agrónomo Rafael
Isidro Quevedo, en Carta de 24.05.2002, señaló a la
Asamblea Nacional el siguiente cuestionamiento
técnico de dicho decreto con fuerza de Ley:

Parte del error que todos los habitantes del campo
(aproximadamente 2.500.000 de personas), tienen
vocación para la actividad agropecuaria.

La población rural activa que puede ser objeto de
adjudicación de tierras y con vocación agropecuaria se
ha reducido en los últimos 20 años (se estima en
150.000 los beneficiarios).
6. Cuestionamiento técnico del decreto
con fuerza de Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario.

Se legisla para un supuesto que no corresponde con la
realidad nacional al establecer limites arbitrarios para
calificar latifundios a excesos de 5 mil hectáreas en
tierras de 6ª. y 7ª. clase (Según último Censo
Agropecuario sólo 527 fincas exceden de 5.000 Has.).

La producción agroalimentaria alcanza cerca del 80%
de lo que se consume, independientemente de lo que
se importa en algunos rubros.

La actividad agroalimentaria soporta una gran
inseguridad jurídica por la discrecionalidad en la
calificación de inculta, ociosa o improductiva de una
tierra, que se traduce en una reducción de la
producción nacional y de la productividad de la tierra.
6. Cuestionamiento técnico del decreto
con fuerza de Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario.

Transfiere a una burocracia administrativa decisiones
que corresponden a los productores (“qué producir,
cómo producir, cuánto producir, a quién comprar, a
quién vender, a cómo vender”)

Desconoce la condición tropical de la producción
agropecuaria en Venezuela, donde la producción es
costosa y de rendimientos bajos, que determina que
existan distintos sistemas de producción que cada
productor racionaliza. No existe un único y sólo
sistema de producción.

Se basa en conceptos subjetivos: finca productiva,
mejorable y ociosa que se dejan a juicio de los
funcionarios administrativos.
6. Cuestionamiento técnico del decreto
con fuerza de Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario.

No excluye las áreas boscosas y de reserva de las
superficies a ser computadas como latifundios. (Si se
excluyen para la calificación de ociosas a los efectos
del impuesto predial rural).
7. Reformas sugeridas al decreto con
fuerza de Ley de Tierras y de Desarrollo
Agrario.

Debe conformarse con el marco referencial
constitucional de
agricultura sustentable para
el
desarrollo rural integral para que no se quede en sólo
medidas de afectación de tierras.

Debe otorgar seguridad jurídica a la propiedad
productiva para proteger la producción nacional de
alimentos que se declara de interés nacional y
privilegiar la producción agropecuaria interna (Art. 305
de la CN).


Eliminar la discrecionalidad administrativa.
Reconocer estímulos y protección a
productiva.
la actividad
7. Reformas sugeridas al decreto con
fuerza de Ley de Tierras y de Desarrollo
Agrario.

Restituir al poder judicial los procedimientos de rescate
de tierras y de medidas de intervención preventiva.

Consagración de procedimientos para la consulta y
participación de los sectores
interesados
en la
planificación de la ordenación del territorio para la
producción agroalimentaria.

Medidas compensatorias para los cambios de usos
impuestos por la planificación.

Sustituir los límites máximos generales de superficie
ocupada para la calificación de latifundio por “patrones
o módulos de tenencia” en zonas declaradas afectadas
para la ejecución de planes de transformación de
tierras incultas en unidades productivas.
7. Reformas sugeridas al decreto con
fuerza de Ley de Tierras y de Desarrollo
Agrario.

Incorporar a la ley los criterios técnicos de clasificación
de las tierras y criterios socio-económicos-agrológicos
para definir las tierras incultas, ociosas, productivas o
mejorables.

Sustituir los certificados de fincas productivas
mejorables por certificados de inexpropiabilidad.

Consagrar los elementos para describir la función
social–agroproductiva de la tierra.

Eliminar como forma única de adjudicación de tierras
el usufructo y sustituirla por multiplicidad de formas de
adjudicación de tierras para garantizar el acceso a la
propiedad.
o
7. Reformas sugeridas al decreto con
fuerza de Ley de Tierras y de Desarrollo
Agrario.

Facilitar la
propiedad
adjudicatarios del IAN.



Regular formas modernas de contratos agrarios.

Eliminar el tipo de impuesto predial rural como
gravamen a la producción.

Eliminar el Registro Agrario del INTI por duplicar el
Catastro Agrario del Instituto de Geografía, Simón
Bolívar y de las Unidades Catastrales Municipales.
plena
a
los
antiguos
Fortalecer y modernizar la jurisdicción agraria.
Prever medidas judiciales
expeditas contra
invasiones de tierras productivas.
las
8. Breve referencia al impuesto predial
rural y comparación con el impuesto
consagrado en el decreto con fuerza
de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
 Competencia del Poder Nacional para crear y
organizar impuestos territoriales sobre predios rurales
(impuesto inmobiliario) (Art. 156, numeral 14 de la CN).

La recaudación corresponde
156, numeral 14).

El impuesto predial rural es un ingreso municipal
territorial (Art. 179, numeral 3 y artículo 156, numeral 14
de la CN).

Es una fuente de recursos fiscales de los poderes
locales.

Constitucionalmente la ociosidad de la tierra rural es
el hecho imponible (cantidad de tierra no trabajada) y
no su infrautilización (Art. 307 de la CN).
a los municipios
(Art.
8. Breve referencia al impuesto predial
rural y consagrado en el decreto con
fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario.
 El hecho imponible según el decreto con fuerza de
Ley es la infrautilización (rendimiento menor al 80%
del rendimiento idóneo según las clases de tierras del
contribuyente: Arts. 101 y 106 del Decreto Ley vs Arts.
307; 156, numeral 14 y 179, numeral 3 de la CN).

Rendimiento idóneo = promedio anual de producción
nacional de rubros definidos como el mejor uso de
una clase de tierra determinada por el precio
promedio nacional de esos rubros a puerta de finca
(Art. 109).

Base imponible: la diferencia en dinero entre
rendimiento real de las tierras gravadas y el
rendimiento idóneo de estas para el rubro especifico
que produce el contribuyente (Art. 109).
8. Breve referencia al impuesto predial
rural consagrado en el decreto con
fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario.

El rendimiento idóneo no excederá del doble del
rendimiento del
respectivo municipio. El Ejecutivo
Nacional puede incrementar el rendimiento idóneo
hasta el 30% (Art. 109).

Los contribuyentes son los propietarios de tierras
privadas y poseedores de tierras públicas (Art. 102).


El ente recaudador es el SENIAT (Art. 115).
Exenciones: la pequeña explotación agropecuaria: No
mayor de 15 Has. e ingreso bruto anual inferior a un
mil cuatrocientas unidades tributarias (Art. 105).
8. Breve referencia al impuesto predial
rural consagrado en el decreto con
fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario.

Inconstitucionalidades:
• Recaudación por el SENIAT
• Desvirtuación de su naturaleza inmobiliaria territorial,
para convertirlo en un impuesto a la producción.
• Modificaciones administrativas al rendimiento
idóneo que es la base imponible, que solo puede
ser definido en la ley.
8. Breve referencia al impuesto predial
rural consagrado en el decreto con
fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario.

Dificultades operativas:
•Ausencia de un Catastro Agrario (fuente primaria
de la información territorial).
•Falta de estadísticas agrarias de producción por
hectáreas, por clase de tierras, por rubros y por
municipios.
•Dificultad de manejar tarifas progresivas.
•El sistema de gravar la superficie con estímulos
fiscales por áreas cultivadas y por cultivos de rubros
preferentes parece más operativo.
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