REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA
JUDICIAL INTERNACIONAL
Las relaciones de tráfico externo
El elemento de extranjería, la conexión del
supuesto con un ordenamiento extranjero
puede producirse bien en atención a las
personas que en ellos intervienen (distinta
nacionalidad, domicilio o residencia habitual
en diferentes Estados), bien por el objeto de la
relación (un inmueble situado en otro Estado,
una mercancía que se exporta a otro país) o al
lugar donde se produce el hecho
(fallecimiento en otro Estado) o se establece la
relación (contrato celebrado en el extranjero.
Lo que supone, en suma, que los elementos o
circunstancias de extranjería pueden ser bien
personales, relativas al objeto de la relación o
al lugar donde se producen los hechos o
negocios jurídicos.
• El tiempo puede modificar la naturaleza de
una relación. Pues aun cuando el elemento
de extranjería no esté presente en el
momento en que se establece, puede surgir
en un momento posterior.
• Como sería el caso, por ejemplo, de dos
peruanos que celebran el matrimonio en Peru
y aquí fijan su residencia habitual,
estableciendo una relación puramente
interna.
• Pero puede ocurrir que los dos peruanos
trasladen años más tarde su residencia
habitual a Argentina, donde fallecen dejando
una herencia con bienes inmuebles sitos en
aquel país.
• Y si sus herederos litigan ante un Tribunal
peruano sobre cuál era el régimen económico
de dicho matrimonio en atención al traslado
de su residencia habitual a Argentina, en este
caso estaremos ante un supuesto de tráfico
externo, aunque inicialmente fuera una
relación puramente interna.
• El mismo problema puede suscitarse en el
caso inverso, cuando una relación inicialmente
de tráfico externo pasa a estar conectada
posteriormente con un único ordenamiento.
Como sería el caso del matrimonio celebrado
en París por una peruana y un francés, que
fijan su residencia habitual enFrancia, pero
luego la trasladan a. Peru, donde el marido
adquiere la nacionalidad peruana
Por ultimo, respecto a los supuestos de tráfico
externo conviene; tener presente dos
características. De un lado, el grado de
«internacionalidad» de la relación, que puede
ser menor o mayor si en ella sólo está
presente una única circunstancia o elemento
de extranjería o, en cambio, varios elementos
conectados con ordenamientos extranjeros.
Lo que ha llevado a un sector de la doctrina a
sostener que, en el primer caso, el único
elemento de extranjería presente en la
relación debe ser «relevante» en atención a la
materia objeto de la misma para que el
supuesto pueda ser calificado como de
«tráfico externo.
• De otro lado, la intensidad de estas relaciones,
dado que pueden ser solo ocasionales o
duraderas.
• En el primer caso, por ejemplo, si un peruano
se desplaza a Londres y adquiere allí el
derecho a la utilización a tiempo parcial de un
apartamento (timesharing), o si un contrato se
celebra en el extranjero.
• Mientras que será duradero el contrato de
suministro por tiempo indefinido para la venta
de bienes entre una empresa peruana y otra
extranjera, la participación de una empresa
peruana en el capital de una sociedad
extranjera o la prestación de servicios de
transporte regular por una empresa peruana a
otro Estado.
• REGULACIÓN DE LA
COMPETENCIA JUDICIAL
INTERNACIONAL
Libertad de configuración del legislador estatal
l. El legislador estatal establece la competencia
judicial de sus Tribunales en los supuestos de
tráfico externo, teniendo en cuenta
necesariamente el ámbito que las normas
internacionales reconocen al ejercicio de su
potestad internacional.
2. Las normas del Derecho internacional
público, sin embargo, no determinan con
carácter general cuáles son los criterios de
competencia judicial que los Estados han de
establecer para el conocimiento por sus
Tribunales de los litigios derivados del tráfico
externo.
• En principio, cada estado posee libertad para
emplear los criterios que juzgue más
apropiados, y, de este modo, delimitar cuáles
son los litigios o grupos de litigios derivados
del tráfico externo cuyo conocimiento se
atribuye a sus Tribunales y cuáles quedan
excluidos.
B) Limites específicos a la autonomía del legislador estatal
impuestos por el Derecho internacional público,
derivados de normas internacionales, consuetudinarias
o convencionales, son los siguientes:
1. La prohibición de denegación de justicia a los
extranjeros por los Tribunales del Estado.
Segun la jurisprudencia internacional, se incurre en
esta denegación si un ordenamiento estatal excluye a
los extranjeros del acceso a la Justicia, impidiéndoles
de este modo lograr una tutela judicial efectiva de sus
derechos en dicho Estado; o aun permitiendo el
acceso, les impone trabas, cargas o dilaciones
excesivas.Asimismo, si la sentencia que pone término
al proceso ha incurrido en manifiesta discriminación a
favor de los nacionales,
• En la actualidad las Constituciones estatales,
de ordinario, garantizan el acceso de todos a
la jurisdicción, el derecho a un proceso con
todas las garantías, incluida la igualdad de
medios de defensa, y el derecho a una
decisión fundada en Derecho, motivada
y congruente con las pretensiones de las
partes
2.Los límites convencionales, pues dos o más
Estados pueden concertar un tratado
internacional en el que se establecen, para
regular sus relaciones mutuas, los criterios de la
competencia judicial internacional de los
respectivos Tribunales en ciertas materias.
En este caso, dada la primacía del Derecho
internacional en el orden interno es evidente que
los Tribunales de un Estado parte no
podrán ejercer, respecto a los otros Estados
partes y a los litigios que son objeto del tratado,
una competencia judicial que exceda o sea más
reducida que la establecida en esa ordenación
convencional, ya que ésta sustituye a la prevista
en las normas internas
Regulación internacional de la competencia
judicial
• La normas que regulan la competencia judicial no
pretenden localizar todos los procesos derivados
del tráfico externo en aquel ordenamiento estatal
que presenta una mayor proximidad con los
mismos -como ocurre en el caso de las
normas de conflicto multilaterales que
determinan el Derecho aplicable sino atribuir
competencia a nuestros Tribunales en atención
al hecho de que ciertos supuestos ofrecen
una proximidad razonable con nuestro
ordenamiento y, por tanto, respecto a ellos debe
ejercerse la jurisdicción peruana
LOS CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE LA
COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL
Los Criterios de atribución de competencia
judicial generalmente utilizados pueden ser
encuadrados en dos grupos;
1.De carácter objetivo, puesto que operan
con independencia de la voluntad de las
partes, ya sean personales o territoriales.
• Entre los primeros se incluye la nacionalidad,
el domicilio, la residencia habitual o la mera
residencia de las partes en el litigio o de una
de ellas(actor o demandado). A los que
cabe agregar, respecto a las sociedades
y otras personas jurídicas la sede o el
domicilio social y, en materia concursal, el
centro de intereses principales del deudor.
• Los criterios territoriales, en cambio, se basan
en una circunstancia que no se refiere a las
partes, sino a la materia objeto del litigio y su
localización en el territorio estatal. Este es el
caso del lugar donde están situados los
bienes, del lugar donde se ha perfeccionado o
ha de cumplirse una obligación contractual o
donde ha ocurrido el hecho del que deriva
una obligación extracontractual etc.
2.Derivados de la voluntad de las partes o
subjetivos. Pues en el ejercicio de su
autonomía privada y dentro de los límites
establecidos por el ordenamiento estatal, los
intervinientes en un negocio jurídico pueden
acordar-la sumisión de sus litigios, presentes o
futuros, a los Tribunales de un Estado
determinado (acuerdo de elección de foro).y
aun sin necesidad de un acuerdo expreso de
elección, la voluntad de los interesados puede
operar igualmente por vía de sumisión tácita.
Es decir, por el hecho de presentar el actor la
demanda ante los Tribunales de un Estado
determinado y comparecer el demandado
sin impugnar la competencia judicial de
dicho Tribuna!, alegando lo que estima
pertinente sobre el fondo del asunto.
• El sistema de competencia jurisdiccional
peruana tiene su base en establecer la
competencia de los magistrados peruanos en
función de la calidad de domiciliado o no
domiciliado del demandado.
• Se consagran dos reglas. La primera de
jurisdicción positiva general contra todo
domiciliado. La segunda de jurisdicción
positiva excepcional contra no domiciliados.
Hasta aquí tenemos entonces que la primera
preocupación del juez será establecer la
calidad de domiciliado o no, del demandado.
COMPETENCIA SOBRE PERSONAS
DOMICILIADAS EN EL PERÚ ARTICULO 2057
CC
Los tribunales peruanos son competentes
para conocer de las acciones contra personas
domiciliadas en el territorio nacional.
Se establecen las normas de jurisdicción
internacional peruana. Es decir, las normas que a
falta de tratado definen cuándo el juez peruano
es competente en una relación jurídica con
elementos vinculados a más de un Estado.
Lo ideal sería que todos los Estados tuvieren en
común un sistema de competencia jurisdiccional
internacíonal (CJI). Así, se podría establecer a
priori qué jueces serán competentes para cada
categoría de relacíones. Esto haría posible
asegurar que una vez que la autoridad
jurisdiccional de un Estado nacional determinado
asume competencia en un conflicto concreto, las
otras jurisdicciones se inhiban de conocer el caso.
Sin embargo, no hay por el momento normas
internacionales que establezcan un sistema
armonizado de jurisdiccional internacional y
cada Estado debe tener y tiene sus propias
normas de CJI.
En general, los Estados suelen estar inclinados
a conceder a sus tribunales una competencia
territorial más amplia de la que están
dispuestos a reconocer a los tribunales
extranjeros. No hay regla de Derecho
Internacional que impida tal discordancia.
La determinación de la competencia de los
tribunales de cada Estado queda a criterio de
cada legislador nacional, y es él quien resuelve
de acuerdo con lo que a su juicio resulte el
punto de vista fundamental de su jurisdicción,
los alcances de la misma.
• Como consecuencia de esto, el Estado en el que
se considere que el objetivo principal de sus
tribunales es servir a sus nacionales, tendrá
jurisdicción siempre que el demandante sea de la
nacionalidad del Estado. Tal es el caso por
ejemplo del Derecho francés.
• El legislador peruano utiliza como criterio general
para establecer su competencia jurisdiccional, el
domicilio. El solo hecho de domiciliar en el
territorio del Estado peruano es considerado
como elemento suficiente para vincular a los
tribunales del Perú a conocer de un caso, aun
cuando esté vinculado a otros foros.
•
COMPETENCIA EN ACCIONES PATRIMONIALES
ARTICULO 2058 CC
• Los tribunales peruanos tienen competencia
para conocer de los juicios originados por el
ejercicio de acciones de contenido
patrimonial aun contra personas domiciliadas
en país extranjero, en los casos siguientes:
• 1.- Cuando se ventilen acciones relativas a
derechos reales sobre bienes situados en la
República. Tratándose de predios dicha
competencia es exclusiva.
2.- Cuando se ventilen acciones relativas a
obligaciones que deban ejecutarse en el
territorio de la República o que deriven de
contratos celebrados o de hechos realizados
en dicho territorio. Tratándose de acciones
civiles derivadas de delitos o faltas
perpetrados o cuyos resultados se hayan
producido en la República, dicha
competencia es exclusiva.
3.- Cuando las partes se sometan expresa o
tácitamente a su jurisdicción. Salvo
convención en contrario, contemporáneo o
anterior a la sumisión, la elección del tribunal
es exclusiva.
• Si bien el domicilio del demandado es el criterio
general para la competencia de los tribunales
peruanos, existen supuestos en los que no siendo
domiciliado el demandado, este tiene en virtud
de la relación en litigio una vinculación suficiente
para ser emplazado a comparecer ante los jueces
peruanos.
• Esto responde a lo que en la doctrina se conoce
como el principio de proximidad razonable. Se
permite que una persona no domiciliada pueda
ser emplazada ante los tribunales de otro Estado
si se da una conexión de la relación a que se
refiere el proceso, que permita sostener que
existe entre el demandado y el Estado una
vinculación razonable.
• En principio, un no domiciliado no puede ser
demandado ante los tribunales peruanos y
solo podrá serio cuando se trate de una acción
incluida en una de las categorías que se
señalan expresamente en las normas de
competencia jurisdiccional internacional
positiva.
• Tratándose de contratos, lo usual será que
haya más de una obligación a ser ejecutada y
es perfectamente factible que haya
obligaciones que se ejecuten en más de un
país. Lo correcto será interpretar que el juez
peruano tendrá competencia contra un no
domiciliado, sobre la base de esta norma, si la
acción versa sobre una obligación del contrato
que se ejecutó, o debió ejecutarse, en el Perú.
De acuerdo a este artículo, no cabe que el juez
peruano tenga jurisdicción contra un no
domiciliado, respecto de acciones
relacionadas a obligaciones que no se
ejecutan en el Perú.
• Así por ejemplo, si en un contrato de
compraventa, la entrega de mercaderías se
realiza en el Perú, pero el pago en un tercer
país, se podrán iniciar en el Perú acciones de
incumplimiento relacionadas con la entrega
de la mercadería. Podrá discutirse entre otros,
materias relacionadas a la oportunidad de
entrega de la mercadería, la calidad o cantidad
de mercadería recibida. No podrá sin
embargo, a través de la competencia
jurisdiccional establecida por esta norma,
otorgarse competencia al juez peruano contra
un no domiciliado, en acciones relacionadas
con el pago del precio.
SUMISIÓN TÁCITA ARTICULO 2059 CC
Se somete tácitamente a una jurisdicción
quien se apersona en el juicio sin hacer
reserva.
No implican sumisión ni prórroga en favor de
un tribunal los actos procesales encaminados
a oponerse a dicha jurisdicción o realizados,
bajo la amenaza o la imposición de medidas
coercitivas sobre la persona o sobre sus
derechos o bienes.
• Cuando es expreso puede ser anterior al litigio
o darse al momento de contestar la demanda.
En el primer caso, estaremos ante una
convención en la cual las partes interesadas,
previamente, han establecido que reconocen
como juez competente al juez peruano, aun
cuando sus normas de Derecho Internacional
Privado no le irrogan tal competencia. Si bien
en principio la elección de un tribunal supone
la derogación de las normas de competencia
de los otros, el precepto materia de
comentario permite que la convención entre
las partes establezca más de un tribunal
competente para el caso.
• Cabe entonces que se acuerde, por ejemplo,
que para cualquier asunto litigioso derivado
del contrato entre A y S, será tribunal
competente el peruano o el francés, a elección
de la parte demandante; e incluso podría
pactarse que para todo aquello relativo a la
validez del contrato, es tribunal competente el
peruano y para cualquier acción relativa al
cumplimiento del mismo, el tribunal francés.
Convenios de este tipo son perfectamente
válidos, siempre y cuando se pacten antes de
efectuarse la sumisión, entiéndase aquí
sumisión como el momento procesal de
contestar la demanda.
• Sin embargo, de establecerse que el tribunal
competente es el peruano, sin hacer reserva
alguna, ni establecer otro tribunal como
alternativo, se considera que la elección del
tribunal es exclusiva, y en consecuencia, los
órganos jurisdiccionales peruanos no
reconocerán como válida una sentencia de un
tribunal extranjero.
• La segunda posibilidad de sometimiento
expreso es en el propio juicio, pues cabe que
siendo el demandado un no domiciliado, en
un caso en el que no tenga naturalmente
competencia el juez, aquel sin embargo opte
por contestar la demanda señalando
expresamente que admite la competencia del
juez peruano. Muy cercano a este supuesto es
el sometimiento tácito que consiste en
contestar la demanda sin hacer reserva alguna
respecto a la competencia del juez.
• Se entiende por sumisión tácita a una
jurisdicción cuando el demandado se
apersona sin cuestionar la competencia del
tribunal. No se somete entonces quien
contesta solicitando la declinatoria de
jurisdicción o interpone excepción de
incompetencia.
PRÓRROGA O ELECCIÓN DE TRIBUNAL
EXTRANJERO EN ASUNTOS DE COMPETENCIA
NACIONAL ARTICULO 2060 CC
• La elección de un tribunal extranjero o la
prórroga de jurisdicción en su favor para
conocer de los juicios originados por el
ejercicio de acciones de contenido
patrimonial, serán reconocidas, siempre que
no versen sobre asuntos de jurisdicción
peruana exclusiva, ni constituyan abuso de
derecho ni sean contrarias al orden público
del Perú.
• El legislador peruano reconoce que el juez
extranjero puede ser competente cuando las
partes se someten a la jurisdicción extranjera.
• Mediante pacto que señala como competente
a un juez extranjero implica que el juez
peruano no tiene competencia. Es decir,
recoge el sometimiento al juez extranjero
como un caso de competencia negativa
peruana.
• Esto implica que en los casos en que las
normas consideran competente al juez
peruano, esta competencia puede quedar sin
efecto como consecuencia del sometimiento
del caso a un juez extranjero.
COMPETENCIA EN ACCIONES SOBRE
UNIVERSALIDAD DE BIENES
ARTICULO
2061 CC
Los tribunales peruanos tienen competencia
para conocer de los juicios originados por el
ejercicio de acciones relativas a universalidades
de bienes, aun contra personas domiciliadas en
país extranjero, cuando el derecho peruano sea
el aplicable para regir el asunto, de acuerdo a
sus normas de Derecho Internacional Privado.
Sin embargo, se respeta la competencia peruana
para conocer de las acciones relativas al
patrimonio del declarado en quiebra, respecto a
los bienes situados en el Perú, y sin perjuicio de
lo dispuesto en el Título IV de este Libro.
Dentro de la categoría universalidades
encontraremos dos grandes subcategorías. Una es
la de acciones relativas a sucesiones y otra la de
acciones relativas al insolvente.
• acciones relativas a sucesiones es aplicable el
Derecho peruano cuando el Perú hubiere sido el
último domicilio del causante. ya sea que se trate
de sucesión testamentaria o intestada.
La sola excepción a esta regla la constituiría el
caso referido a la herencia vacante. La
mencionada norma dispone que si conforme a la
ley del domicilio del causante, bienes situados en
el Perú deben pasar a un Estado extranjero o a
sus instituciones, la ley peruana rige la sucesión.
• la materia de sucesiones no es de
competencia exclusiva peruana, ni por regla
general ni aun para el caso de la excepción
que consagra el artículo 2101 del C.C. En
consecuencia, si bien el Estado peruano
podría ser competente para la declaratoria de
herederos de aquel cuyo domicilio fue el Perú,
sabemos que tal competencia no es exclusiva,
y que de ser el caso que ante otro Estado se
hubiere seguido un procedimiento sucesorio,
la sentencia expedida por el mismo sería
válida en nuestro país, siempre que cumpla
con los requisitos del artículo 2104.
• Lo mismo en el caso de un procedimiento
sucesorio de un no domiciliado que, seguido
en el extranjero, dé como resultado que
bienes sitos en el país pasen a un Estado
extranjero. No existe motivo para que la
sentencia extranjera no deba ser reconocida
en el Perú; pues no siendo materia de
jurisdicción exclusiva, no tiene en principio el
Estado peruano por qué desconocerla.
• Son muchas las acciones que, relativas a
materia sucesoria, se pueden iniciar contra no
domiciliados. Podría, por ejemplo, tratarse de
un causante domiciliado en el Perú cuyos
presuntos herederos y bienes se encuentren
en distintos paises, lo que podría dar lugar a
acciones reivindicatorias, de indignidad, de
desheredación, etc.
• la acción de insolvencia de un deudor, es
competente el juez peruano en un
procedimiento concursal iniciado contra un no
domiciliado cuando de acuerdo a las normas
de conflicto de su Derecho Internacional
Privado, la ley aplicable a la misma sea la
peruana.
• Es claro que el juez peruano es competente en
la declaración de concurso de una persona,
aun cuando la relación tenga elementos en
diferentes Estados cuando ella domicilia en el
Perú.
• Pero si la persona no domicilia en el Perú,
nuestra norma establece que solo cabe que la
autoridad peruana tenga jurisdicción cuando
se aplica el Derecho peruano. Es competente
el juez peruano cuando su ley sea aplicable a
la obligación que originó la insolvencia.
COMPETENCIA FACULTATIVA PARA LAS ACCIONES
RELATIVAS AL ESTADO, CAPACIDAD Y RELACIONES
FAMILIARES
ARTICULO 2062 CC
Los tribunales peruanos son competentes para conocer
de los juicios originados por el ejercicio de acciones
relativas al estado y la capacidad de las personas
naturales, o a las relaciones familiares, aun contra
personas domiciliadas en país extranjero, en los casos
siguientes:
1.- Cuando el Derecho peruano es el aplicable, de
acuerdo con sus normas de Derecho Internacional
Privado, para regir el asunto.
2.- Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente
a su jurisdicción, siempre que la causa tenga una
efectiva vinculación con el territorio de la República.
• El Código Civil de 1984, dispone que los jueces
nacionales conocen de los juicios originados por
el ejercicio de acciones relativas al estado,
capacidad y relaciones familiares; los siguientes
criterios:
• a) Por razón del territorio: los tribunales
peruanos son competentes para conocer de las
acciones contra personas domiciliadas en el
territorio nacional.
• b) Por razón de la materia: nuestros tribunales
son competentes en estos juicios, aun contra
personas domiciliadas en el extranjero cuando:
• El Derecho peruano es el aplicable de acuerdo
a sus normas de Derecho Internacional
Privado, para regir el asunto. En lo relativo a
este supuesto, debe comentarse que se ha
invertido el método tradicional del Derecho
Internacional Privado, al sujetarse la
determinación de la competencia del juez al
hecho de que sea su ley aplicable, cuando lo
usual es establecer primero el tribunal
competente y luego la ley que se ha de aplicar.
Prórroga convencional y tácita de la
competencia territorial, la que opera con la
condición de que la causa tenga una efectiva
vinculación con el territorio de la República,
Vinculación requerida y que se materializa por
hechos como la nacionalidad de alguno de los
cónyuges, ser el lugar de celebración o
registro del matrimonio, nacimiento o
domicilio de los hijos habidos de la relación,
encontrarse los bienes de la sociedad conyugal
ubicados en el territorio de la República, etc..
LlTISPENDENCIA y COSA JUZGADA
2066 CC
ARTICULO
Cuando esté pendiente una acción anterior sobre
el mismo objeto y entre las mismas personas, el
tribunal peruano suspenderá la causa si puede
prever que la jurisdicción extranjera emitirá,
dentro del lapso no mayor de tres meses, una
resolución que pueda ser reconocida y ejecutada
en el Perú.
El juicio seguido en el Perú se considera iniciado
en la fecha de la notificación de la demanda al
demandado.
El tribunal peruano deja sin efecto lo actuado, si le
es presentada una resolución extranjera.
• La litispendencia tiene por objeto impedir que
se pueda plantear el mismo litigio ante
tribunales de dos Estados distintos, La
conexidad se refiere a procesos entre las
mismas partes pero que no son iguales o
idénticos sino conexos, y que por su relación
estrecha es conveniente tramitarlos
conjuntamente.
• Nuestra legislación reconoce así que un caso
con vinculaciones internacionales puede ser
presentado ante más de un juez nacional y, en
tal situación, es conveniente tomar medidas
preventivas para evitar dos sentencias sobre la
misma causa. Se busca asegurar ex ante la
armonía internacional de decisiones judiciales.
• Para tal efecto se establece que si una acción
es presentada ante el juez peruano la
tramitación de esta puede ser suspendida si es
que se hubiera iniciado antes un proceso en
un tercer Estado.
• Para que proceda la litispendencia, la acción
promovida en el extranjero debe haberse
planteado (estar pendiente) antes que en el
Perú. Si la acción se presenta en el Perú antes
que en el extranjero no hay litispendencia
posible. El juez peruano debería simplemente
rechazar la litispendencia por considerar que
se ha presentado la acción primero ante él.
• Esto es compatible con el hecho de que, de
conformidad con lo establecido en el numeral
5 del artículo 2104 del C.C. no se puede
reconocer una sentencia extranjera si un
proceso idéntico se había iniciado antes en el
Perú.
• En el caso de procesos iniciados previamente
en el extranjero, el juez peruano suspenderá
su jurisdicción en dos casos. Uno si puede
prever que la jurisdicción extranjera emitirá
una sentencia dentro del lapso de tres meses.
La otra si simplemente se le presenta la
sentencia extranjera.
• El periodo de tres meses resulta
exageradamente corto, y su predecibilidad
difícil o casi imposible para el juez peruano. Lo
cierto es que, en este caso, es decir, en el caso
de dos procesos paralelos, iniciado el primero
en el extranjero y el segundo en el Perú, si se
llega a tener dos sentencias, se preferirá a la
más antigua.
• En consecuencia, si el juez peruano, pese a
que se le acredita un proceso anterior en una
jurisdicción extranjera, decide seguir adelante
con el proceso porque no puede prever que
dicho proceso terminará en tres meses,
finalmente tendrá que dejar sin efecto el
proceso si el juez extranjero emite una
resolución definitiva antes que él.
COMPETENCIA NEGATIVA DEL TRIBUNAL
PERUANO ARTICULO 2067 CC
La competencia jurisdiccional de los tribunales
peruanos para conocer de las acciones
intentadas contra Estados extranjeros o sus
jefes, representantes diplomáticos,
organismos internacionales y sus
representantes, se regula por lo dispuesto en
los tratados internacionales sobre la materia
ratificados por el Perú. Salvo lo dispuesto en
este título, los tribunales peruanos carecen
de competencia jurisdiccional para conocer:
1.- De las acciones relativas a derechos reales
sobre predios situados en el extranjero.
2.- De los asuntos que hubiesen sido sometidos
por las partes a una jurisdicción extranjera,
de conformidad con lo previsto en el artículo
2060.
3.- De las acciones relativas al Estado y la
capacidad de las personas naturales o a las
relaciones familiares, si la causa no tiene
ninguna vinculación efectiva con el territorio
de la República.
Es el caso, que existen una serie de relaciones a
las que por uno y otro motivo el legislador ha
considerado conveniente prohibir que sean
vistas por sus tribunales.
. Las consideraciones en que se funda el
legislador para establecer los casos de
competencia negativa en las acciones
intentadas contra Estados extranjeros o sus
jefes, representantes diplomáticos,
organismos internacionales y sus
representantes, son entre otros:
Excepción a la competencia jurisdiccional
internacional (CJI) por inmunidad
• La inmunidad jurisdiccional constituye una
excepción en favor de sus titulares, donde un
Estado se abstiene de conocer una causa para
la que sería normalmente competente. Los
sujetos que detentan inmunidad lo hacen
como privilegio con respecto al resto de
sujetos que actúan en la comunidad jurídica.
• La inmunidad jurisdiccional concedida a los
Estados extranjeros tiene su origen en la
necesidad de los Estados de respetar la
soberanía extranjera. "Par in parem non habet
jurisdicctionen".Los pares, los iguales, no
pueden someterse entre sí.
• Para poder someter a un Estado a la
jurisdicción de una corte este debe haberse
sometido a dicha jurisdicción. Esto sucede,
por ejemplo, cuando en un tratado
internacional los Estados se someten a un
sistema de solución de controversias o a la
jurisdicción de una corte o tribunal
determinado. Pero si esto no sucede, sin
perjuicio de lo que señalaremos más adelante,
los Estados solo podrán ser sometidos a la
jurisdicción de sus propias cortes.
• Se sostiene que, cuando uno de los Estados
soberanos sale del ámbito de la actividad
soberana y está realizando actos de derecho
privado o transacciones comerciales, no
puede exceptuarse de la competencia judicial
extranjera, invocando inmunidad
jurisdiccional. La distinción entre los actos que
los Estados realizan como gobierno y los que
realizan como particular no es siempre fácil. Es
necesario, en ese sentido, definir términos y
establecer condiciones.
Los privilegios e inmunidades diplomáticas son
aquellos de los que gozan las misiones
diplomáticas acreditadas ante un Estado
extranjero.
• Se basa la inmunidad jurisdiccional de las
misiones y agentes diplomáticos en la necesidad
de permitir un libre y completo ejercicio de la
misión diplomática y de mantener la dignidad de
los representantes, por respeto al Estado al que
representan. Las reglas suelen tener como guía la
reciprocidad entre Estados, como fruto del
reconocimiento de la necesidad de garantizar una
independencia funcional a los representantes de
un Estado extranjero en su actuación como
diplomáticos de dicho Estado.
• Es como garantía de este compromiso de otorgar
facilidades y respetar el libre ejercicio de las
funciones de las misiones diplomáticas, que los
Estados se reconocen mutuamente una serie de
privilegios para sus locales y funcionarios.
• Para una actuación totalmente libre de
interferencias y presiones por el Estado receptor
o Estado sede, este no debe poder someter a las
misiones y agentes diplomáticos extranjeros a los
mandatos de sus autoridades. Respecto a las
inmunidades que se conceden a los agentes
diplomáticos se establece inmunidad de
jurisdicción penal, civil y administrativa. Esto es,
inmunidad jurisdiccional plena.
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REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA JUDICIAL