CONFERENCIA
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
FUNDAMENTADORES DEL PROCESO PENAL
A PROPÓSITO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y
VIGENCIA DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL
PENAL
Conferencista:
DR. SILFREDO HUGO VIZCARDO
DR. SILFREDO HUGO
VIZCARDO
Profesor Principal en la
cátedra de Derecho Penal
de la Facultad de
Derecho Y C.P. de la
UNMSM – Pre y Post
Grado.
Profesor de Derecho
Penal de la Facultad de
Derecho. Y C.P. UIGV.
Miembro de la Primera
Promoción Doctoral de la
Unidad De Post Grado de
la Facultad de Derecho y
C.P. UNMSM
Expositor y autor:

CONFERENCIA
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
FUNDAMENTADORES DEL PROCESO
PENAL A PROPÓSITO DE LA
IMPLEMENTACIÓN Y VIGENCIA DEL
NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES
QUE ORIENTAN EL
PROCESO PENAL
CONCEPTUALIZACION:
PRINCIPIOS FUNDAMENTADORES
El cabal entendimiento de los fundamentos y fines del
Derecho penal en general (objetivo, adjetivo y de
ejecución), parte del estudio de los principios básicos
que lo sustentan, es decir, de aquellos enunciados o
conceptos jurídico-penales fundamentales, que sirven de
fuente a la normatividad.
En tal sentido, se constituyen en las ideas básicas,
nucleares, <<originales>>, que sirven de sustento
y dirigen la creación, aplicación y ejecución de las
normas punitivas.
Revisten una característica universal, ya
que independientemente de que las
legislaciones las asimilen a su
normatividad positiva, ellas subsisten y
mantienen latente vigencia.
Los instrumentos supranacionales que informan y
sustentan estos principios son: la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (1789), la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (ONU 1966) y la
Convención Americana de San José de Costa Rica
(1969).
Peña Cabrera: los principios rectores son
fórmulas abstractas, generales e
inductivas que sirven de sustento a la
legislación positiva.
Todos estos principios son postulados que guían la
realización del proceso penal como instrumento para
realizar el derecho del Estado a imponer las
consecuencias jurídicas derivadas del delito (Barrientos).
Son también criterios orientadores de los sujetos
procesales y constituyen elementos valiosos de
interpretación; además facilitan la comprensión del
espíritu y los propósitos de la jurisdicción penal.
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL
PROCESO PENAL
Modernamente se observa la tendencia a
incluir en las Constituciones un número
mayor de principios fundamentales referidos
al proceso con el afán de reforzar las garantías para el ciudadano.
EBERHARD SCHMIDT: los “derechos fundamentales han sido
de importancia decisiva para el restablecimiento de un
derechos procesal penal uniforme desde el punto de vista
político-jurídico, y tienen también que ser tenidos en
cuenta en forma permanente en la aplicación y en la
interpretación de los principios constitucionales”.
Esta Constitucionalización de los principios del
proceso ha iniciado una corriente doctrinal que
apunta a un “derechos constitucional procesal”.
(Acuerdos suscritos entre las distintas naciones plasmados
en tratados y convenios de carácter Internacional, cuyas
normas son fuente de inspiración legislativa y de
acatamiento obligatorio).
Así, la Constitución española de 1978 señala que “ las
normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que la constitución reconoce, son interpretadas
de conformidad con la declaración Universal de los
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.
La Constitución peruana de 1993, establece
que los Tratados celebrados por el Estado y
en vigor forman parte del derecho nacional
(Art. 55°).
En el mismo sentido, nuestra Carta Magna
consagra que todas las normas relativas a
los derechos y libertades que la Constitución
reconoce se interpretan de conformidad con
la Declaración Universal de Derechos
Humanos y con los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias
ratificados por el Perú.
Siguiendo esta tendencia nuestros
constituyentes introdujeron en el
texto constitucional, una serie de
principios garantistas de orden
penal y procesal penal.
Así, sostiene San Martín Castro:
del conjunto de esos derechos y
principios procesales, como es obvio, se derivan
un conjunto de consecuencias en orden tanto a
los derechos y garantías de los justiciables,
cuanto a los límites de los poderes públicos.
En tal sentido, nuestra Constitución incorpora en
los artículos 2 y 139, una serie de principios que
aseguran los derechos de la persona frente al
proceso y constituyen los principios orientadores
de la actividad jurisdiccional en materia procesal.
Como derechos fundamentales de la
persona, el inciso 24 del artículo 2 de
la Carta Magna, establece como
principios fundamentadores de la
libertad y seguridad personales, en
materia penal y procesal, los
siguientes:
- Prohibición de forma
alguna de restricción
ilegal de la libertad
(literal b)
- Prohibición de prisión
por deudas (literal c)
- Observancia irrestricta
del principio de
legalidad (literal d)
- Observancia irrestricta
del principio de
inocencia (literal e)
- Prohibición de toda
forma de detención
ilegal (literal f)
- Prohibición de todo
tipo de
incomunicación ilegal
(literal g)
- Prohibición de todo
tipo de violencia moral
o física (litetral h)
- Prohibición de tortura,
tratos inhumanos y
humillantes (literal h)
- Prohibición de la
admisión de las
declaraciones
obtenidas mediante el
uso de la violencia
(litetral h).
En igual forma, el Art. 139 de la
Constitución, introduce una serie de
principios en el orden penal y
procesal:
- La unidad y exclusividad de la función
jurisdiccional (inc. 1)
- La independencia en el ejercicio de la función
jurisdiccional (Inc. 2)
- La observancia del debido proceso y la tutela
jurisdiccional (Inc. 3)
- La publicidad en los procesos (Inc. 4)
- La motivación escrita
de las resoluciones
judiciales (Inc. 5)
- La pluralidad de
instancias (Inc. 6)
- La indemnización por
los errores judiciales
(Inc. 7)
- La obligatoriedad de no
dejar de adminis-trar
justicia por vacío o
deficiencia de la ley
(Inc. 8)
- La prohibición de la
aplicación de la
analogía (Inc. 9)
-La observancia del
principio de
jurisdiccionalidad
(Inc. 10)
- La motivación escrita
de las resoluciones
judiciales (Inc. 5)
- La pluralidad de
instancias (Inc. 6)
- La indemnización por
los errores judiciales
(Inc. 7)- La
obligatoriedad de no
dejar de adminis-trar
justicia por vacío o
deficiencia de la ley
(Inc. 8)
- La prohibición de la
aplicación de la
analogía (Inc. 9)
-La observancia del
principio de
jurisdiccionalidad
(Inc. 10)
- La aplicación del in
dubio pro reo (Inc. 11)
- La prohibición de
condena en ausencia
(Inc. 12)
- La aplicación del
principio nem bis in
idem (Inc. 13)
- La observancia del
principio de defensa
(Inc. 14)
- La obligación de
información oportuna
y por escrito de los
motivos de la
detención (Inc. 15)
La observancia del
principio de gratuidad
en el acceso a la
administración de
justicia (Inc. 16)
- La participación
popular en el
nombramiento y en la
revocación
de magistrados
conforme a ley (Inc.
17)
-
- La obligación del Poder
Ejecutivo de prestar la
colaboración que en
los procesos le sea
requerida (Inc. 18)
- La prohibición de
ejercer función
judicial sin
nombramiento (Inc.
19)
- El derecho de crítica a
las resoluciones
judiciales (Inc. 20)
De las garantías que se han enumerado:
Unas son orgánicas: a) relativas a la formación del
juez; b) a la colocación institucional de la
judicatura respecto a los demás poderes del
Estado; y a la relación con los otros sujetos del
proceso: independencia, imparcialidad,
responsabilidad, separación entre juez y fiscal,
autonomía del Ministerio Público y Juez Natural.
Otras son propiamente garantías procesales e
inciden en la formación del juicio, es decir, a la
recolección de las pruebas, al desarrollo de la
defensa, contradicción, formas de interrogatorios,
publicidad, oralidad, derechos de defensa,
motivación, etc.
Pero estas garantías han sido insertadas sin guardar
una estructura sistemática.
Y ello en virtud de que se reconoce doctrinariamente
que el principio fundamental es el de:
<<jurisdiccionalidad>> (Inc. 10 Art. 139),
que se constituye en el principio fundamental,
generatriz y orientador del proceso; abarca un doble
componente:
- Por un lado determina que la pena
sólo se impone por los tribunales
- Por el otro postula el axioma de la
inevitabilidad del proceso penal.
Así, como derivación del fundamental
principio de jurisdiccionalidad aparecen
dos principios concurrentes que cimentan
su estructura:
1. El principio de la tutela
jurisdiccional efectiva
2. El principio del debido
proceso.
El principio de la “tutela
jurisdiccional efectiva”, debemos
entenderlo como el derecho que
tiene toda persona al libre acceso
al proceso y a los Órganos
Jurisdiccionales; y, además de
ello al derecho a obtener
resoluciones basadas en la ley, y
a la ejecución de las sentencias y
resoluciones firmes.
Por otro lado, el “debido proceso”, es
una fórmula amplia, que permite a
los magistrados determinar cuando
un proceso no cumple con la idea de
justicia material (por no ser justo o
equitativo), constituye un derecho
que le asiste a todas las personas, de
acceder a un proceso con garantías
de justicia, que asegure, por parte
del Órgano Jurisdiccional,
resoluciones justas, imparciales y
equitativas…….
Solamente un proceso que
observe los elementos mínimos
de justicia podrá tener el
calificativo de “debido”, más allá
de las elaboraciones legales cuya
vigencia jurídica estará siempre
subordinada a la presencia de
elementos que integren el debido
proceso.
EL PRINCIPIO DE
JURISDICCIONALIDAD
Ferrajoli: Es la principal garantía procesal,
que se constituye en el presupuesto de
todas las demás, (nulla culpa sine iudicio).
Tiene su origen en el artículo 39 de la Carta
Magna inglesa de 1215 (que incluía garantías
contra la detención, la reserva de jurisdicción
(juicio legal de un sujeto imparcial e
independiente) y la presunción de inocencia)
En tal virtud esta garantía de jurisdiccionalidad, en
sentido estricto, exige la acusación, la prueba y la
defensa.
Desde que el Estado asumió la exclusividad del
jus puniendi, como potestad de aplicar la pena,
asumió también la exclusividad del procedimiento
penal consagrándose así el “carácter necesario e
insustituible del procedimiento penal (Mixán
Mass).
La comisión de un delito genera, como única e
inevitable vía para esclarecer la verdad de los
hechos y fundamentar la consecuente respuesta
penal, la necesidad de instaurar el correspondiente proceso penal, al término del cual, el
operador penal pueda decidir, con justicia,
equidad e imparcialidad la pena o medida de
seguridad pertinente.
Este principio es recogido por el inciso 10
del artículo 139 de la Constitución, que
consagra el “principio de no ser penado sin
proceso judicial”.
Así, la jurisdiccionalidad se constituye en el
principio rector, fundamental y generatriz de los
otros principios que aseguran la correcta y
democrática administración de justicia.
A este principio concurren, como factores
coadyuvantes y complementarios, los principios
de “tutela jurisdiccional efectiva” y del “debido
proceso”.
EL PRINCIPIO DE TUTELA JURISDICCIONAL
EFECTIVA
Debe ser entendido como el derecho que tiene toda
persona al libre acceso al proceso y a los Órganos
Jurisdiccionales; y, además de ello a obtener
resoluciones de fondo, basadas en la ley, y a la
ejecución de las sentencia y resoluciones firmes.
El derecho que tienen las personas a la jurisdicción
también ha merecido el reconocimiento constitucional.
En tal sentido, la jurisdicción constituye un
instrumento para que la persona pueda hacer
valer sus derechos y obtener la satisfacción de los
mismos mediante la decisión del Juez……
Es el derecho de acceder al órgano jurisdiccional y
exigir la resolución de las pretensiones que formula el
interesado.
FIGUERUELO BURRIEZA afirma que “entendiendo el
derecho a la jurisdicción como un concepto
instrumental del derecho fundamental de defensa
jurídica y modo de satisfacerla, tiene un contenido
que es el poder atribuido a todos los ciudadanos
para provocar la actividad jurisdiccional y obtener a
través del proceso una sentencia determinada”
Agrega que la efectividad está referida a la
“posibilidad práctica de la tutela, o sea, a las
facilidades para la obtención de ésta que conlleva la
eliminación de los obstáculos que impidan o
demoren su prestación”…….
Este derecho a la tutela jurisdiccional
aparece con sustento jurídico
internacional en el Pacto de Nueva York,
cuando se consagra que “ toda personas cuyos
derechos y libertades reconocidos en el presente
Pacto hayan sido violados podrán interponer un
recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera
sido cometida por personas que actuaban en el
ejercicio de sus funciones oficiales” (Art. 2°, 3ª)
Ya antes, en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, se afirma que:
“Toda persona tiene derecho en condiciones de
plena igualdad a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial,
para la determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal” (Art.16°).
El pacto de San José de Costa Rica establece
expresamente que:
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con
las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter (art 8°).
Este principio es incorporado en el inciso 3
del artículo 139 de la Constitución, que
consagra como garantía de un correcto
proceso judicial, la observancia de la “tutela
jurisdiccional”.
Nuestro legislador se inspiró en la Constitución
española de 1978: “Todas las personas tienen
derecho a obtener la tutela efectiva de los
jueces y tribunales en el ejercicio de sus
intereses legítimos, sin que, en ningún caso,
puede producirse indefensión”.
Se trata de un derecho autónomo en que se
integran diversas manifestaciones y que
engloba, a decir de Asencio Mellado, los
siguientes:
a) derecho al proceso;
b) derecho a obtener una resolución
de fondo fundada en Derecho;
c) derecho a los recursos legalmente
previstos; y,
d) derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales
(Citado por San Martín Castro).
En cuanto al derecho de acceso a la justicia, el
artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
políticos estatuye que todas las personas tienen el derecho
a ser oídas por el órgano jurisdiccional. El acceso al órgano
jurisdiccional se debe manifestar no sólo en la posibilidad
de formular peticiones concretas (solicitudes probatorias,
oposiciones, impugnaciones, alegatos, etc.), sino también
en que se pueda instar la acción de la justicia en defensa
de los derechos e intereses legítimos de las personas.
En el Perú el Ministerio Público es el constitucionalmente legitimado para promover la acción
penal (Art. 159.5); sin embargo, no se recorta el
derecho de los ciudadanos a formular denuncias
de parte, sea ante la policía o directamente ante el
Ministerio Público.
El derecho a la tutela judicial también comprende el
derecho a obtener una resolución de fondo
fundada en derecho, salvo que exista una causa
impeditiva prevista en la ley.
Esta decisión puede ser denegatoria e inclusive puede
ampararse en razones estrictamente formales, siempre y
cuando razone de modo no arbitrario, en absoluta
congruencia con la solicitud y los alegatos de las partes
(principio de motivación, Art. 139.5 Constitución)
Según Moreno Catena, el juez puede alegar, por cierto, el
incumplimiento de presupuestos procesales y requisitos
de forma (siempre esenciales) exigidos por la ley, en
estos casos, restrictivamente y del modo más conforme
con el principio pro actione o favor actionis
En igual sentido, la motivación de las
resoluciones judiciales se constituye
también en una garantía jurisdiccional, que
encuentra su materialización en el inciso 5 del
artículo 139 de la Constitución.
Al respecto, normativamente se ha establecido
que todas las resoluciones judiciales deben ser
motivadas en todas las instancias con mención
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos
en que se sustenta, excepto los decretos de
mero trámite.
El derecho a la ejecución cierra el derecho a la
tutela judicial. Ello significa que las resoluciones
judiciales firmes, no son meras declaraciones de
intenciones, sino que es necesario que se ejecuten
obligatoriamente, inclusive de modo coactivo en los
casos en que voluntariamente no se cumpla el
pronunciamiento contenido en ella.
A este respecto el inciso 9 del Art. 118 Constitución,
impone al Poder Ejecutivo la obligación de cumplir y
hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los
órganos jurisdiccionales; igualmente, el inciso 18 del
artículo 139 reconoce como principio de la función
jurisdiccional “la obligación del Poder Ejecutivo de
prestar la colaboración que en los procesos le sea
requerida”.
EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO
Aspectos históricos
Sus orígenes remontan a la Carta Magna
de 1215, en la que el Rey Juan sin tierra,
otorgó a los nobles ingleses, entre otras
garantías, la del due process of law,
que establecía: “Ningún hombre libre
podrá ser apresado, puesto en prisión ni
desposeido de sus bienes, costumbres y
libertades, sino en virtud del juicio de sus
pares según la ley del país”.
Posteriormente fue incorporado formalmente (tal
como lo conocemos) en la Constitución
norteamericana, a través de la quinta enmienda
en el año de 1791: “Ninguna persona será
privada de su vida, libertad o propiedad,
sin el debido proceso legal”.
Este principio fue después ratificado en 1866,
mediante la enmienda decimocuarta: “ningún
Estado privará a persona alguna de la vida,
libertad o propiedad sin el debido
procedimiento legal, ni negará dentro de
su jurisdicción, a persona alguna, la igual
protección de las leyes”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
cláusula octava: “toda persona tiene un recurso para
ante los tribunales competentes que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución o por la ley”.
Principio complementado por la cláusula décima: “toda
persona tiene derecho, en condiciones de plena
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un
tribunal independiente e imparcial, para la determinación
de sus derechos y obligaciones y para el examen de
cualquier acusación contra ella en materia penal”.
Es por ello que hoy en día, el Debido
Proceso ha pasado a convertirse en un
derecho universal.
Conceptualización
Se entiende por debido proceso, a la
realización de un proceso con observancia
estricta de los principios y garantías
constitucionales reflejadas en las previsiones
normativas de la ley procesal: inicio del proceso,
actos de investigación, actividad probatoria, las
distintas diligencias judiciales, los mecanismos
de impugnación, el respeto a los términos
procesales, etc.
En tal sentido, este principio es identificado
con el principio de legalidad procesal.
El proceso judicial, nos refiere Sánchez Velarde, debe
estar rodeado de los principios y garantías que permitan
cumplir sus objetivos y lograr una verdadera tutela
judicial efectiva. En atención a ello, el principio del
debido proceso adquiere carácter de derecho
instrumental en cuanto permite la garantía de un
adecuado proceso.
El principio de legalidad, consustancial al Estado de
derecho, tiene su origen histórico en la Revolución
Francesa y su origen en el pensamiento de la ilustración.
Vino a materializar el deseo de sustituir el gobierno
caprichoso de los hombres por la voluntad general, por
la voluntad expresada a través de la ley.
En el esquema de división de poderes,
clásico de Montesquieu, el poder
legislativo es el superpoder: el primer
poder del Estado, el que ostenta la
representación de los ciudadanos.
Ni el poder ejecutivo puede tomar
decisión alguna que vaya en contra de la
voluntad general, ni el poder judicial
aplicar más derecho que el que emana de
esa voluntad general.
Pero algunas zonas del ordenamiento, por su especial
importancia se vieron sometidas a una reserva de la ley.
Dicha reserva significa que sólo mediante una
declaración del legislativo es posible regular
determinadas materias.
La significación técnica del principio de
legalidad, expresada en la reserva de ley penal,
fue enunciada por Feuerbach con el aforismo
latino : nullum crimen sine lege praevia,
estricta et scripta; nulla poena sine lege;
nemo damnetur nisi per legale iudicium, al
que hay que agregar el principio de legalidad en
materia de ejecución de penas.
Hoy sin embargo, el principio de legalidad, tanto
en su dimensión política cuanto en la técnica,
alcanza una categoría indiscutible de garantía del
ciudadano frente al poder punitivo del Estado, y
se traduce en los cuatro principios anteriormente
enunciados:
- No hay delito sin una ley previa, escrita y
estricta
- No hay pena sin ley
- La pena no puede ser impuesta sino en
virtud de un juicio justo y de acuerdo con
lo previsto por la ley,
- La ejecución de la pena ha de ajustarse a
lo previsto en la ley y en los reglamentos…
………….
Son los denominados principios de:
Legalidad del acto
Legalidad de la pena
Legalidad del proceso
Legalidad de la ejecución.
Conceptualmente, la legalidad procesal
entraña cuando menos las siguientes
exigencias:
Que el procedimiento penal se inicie, desarrolle y
culmine con la debida sujeción a las
prescripciones legales pertinentes.
Orientar la actividad procesal penal, a la luz de los
principios jurídicos.
Marco Constitucional y legal
Como ya se ha anotado, esta garantía, tal como
hoy la conocemos, fue introducida formalmente
en estos términos, en la Constitución de los
Estados Unidos, a través de la V Enmienda
(1791).
Progresivamente fue evolucionando y de ser
considerada una garantía de mera legalidad
(como simple reserva de ley) pasó a
configurarse como una garantía de justicia….
Este principio (en la vastedad de su
conceptualización y representación),
también es reconocido en los más
importantes pactos y tratados
internacionales:
La Declaración Universal de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano (1789), la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948), el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (ONU 1966)
y la Convención Americana de San José de
Costa Rica (1969).
A pesar de su vigencia e importancia, notamos
que a nivel de la región, las constituciones no
hacen referencia expresa a tal principio, sino que
disgregan el reconocimiento de sus diferentes
elementos o componentes, constituyéndolos en
modalidades de principios relativos a la
protección del ser humano o referidos a las
obligaciones y prerrogativas del Estado
(incluso en el caso peruano, si bien es cierto se le
hace expresa referencia, todavía no se le ha
reconocido su fundamental papel de principio
globalizante en el cual deben concurrir todos los
otros principios aseguradores de un proceso
arreglado a justicia y a ley).
No obstante esta apreciación, observamos que
en Colombia se ha logrado un avance en la
materia, puesto que su Constitución estructura
con mejor sistemática el contenido de este
principio, así, el artículo 29 de la Carta Magna
Colombiana establece que:
“El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio”.
Nuestra Constitución hace referencia a
este principio en el inciso 3 del artículo
139 (“la observancia del debido proceso),
como una modalidad más de los
denominados “principios y derechos de la
función jurisdiccional”, sin darle la
importancia sistemática que merece,
confundiéndolo y situándolo en la misma
jerarquía con los otros principios
asegurativos del proceso, que en esencia
deberían ser tratados como sus elementos
componentes.
Legislativamente, el Código Procesal Penal, hace
referencia a este principio como norma rectora y
principista en el Título Preliminar, estableciendo
en su artículo II: “La Justicia Penal es
gratuita. Se imparte con sujeción a
las garantías del debido proceso, sin
retardo, bajo responsabilidad”.
En doctrina internacional el principio del
debido proceso es considerado, con mejor
precisión técnica, como un derecho funda
mental de la persona humana (y no como la actual
Constitución, que equivocadamente lo sitúa como
un derecho y principio de la función
jurisdiccional).
En tal sentido, se señalan los principios que
lo fundamentan:
Libre acceso a la justicia
a. Al libre acceso a la justicia, en un proceso que se
desarrolla dentro de un plazo razonable que le permita
ejercer su defensa y acceder a los medios probatorios e
impugnatorios regulados por la ley.
Jurisdicción predeterminada
b. A no ser desviada de la jurisdicción predeterminada ni
sometida a proceso distinto del previamente establecido
en la ley, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de
excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto,
cualquiera sea su denominación.
Derecho a no ser condenado en ausencia
c. A no ser condenado en ausencia.
Derecho de defensa
d. Nadie puede ser privado del derecho de defensa. Toda
persona tiene derecho a comunicarse personal y
confidencialmente con un defensor de su elección y a ser
asesorada por éste desde que es citada o detenida por
cualquier autoridad.
Derecho a no autoinculparse
e. Nadie puede ser obligado a prestar juramento ni
compelido a declarar o reconocer culpabilidad en causa
penal contra sí mismo, ni contra su cónyuge ni sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.
Derecho al propio idioma
f. A hacer uso de su propio idioma, debiendo el juzgador, si
fuese el caso, proveerle de un intérprete.
Publicidad del proceso
g. A la publicidad del proceso, salvo en los casos
excepcionales previstos por la ley.
Presunción de inocencia
h. Toda persona es considerada inocente mientras no se
haya declarado judicialmente su responsabilidad.
Motivación de resoluciones judiciales
i. Con excepción de los casos expresamente establecidos
por la ley.
Instancia plural
j. A recurrir de la resolución ante un superior.
Cosa juzgada
k. A que las decisiones judiciales que pongan fin al proceso
adquieran la autoridad de cosa juzgada.
No interrupción del proceso judicial
l. A que ninguna autoridad no judicial pueda interrumpir el
curso de un proceso, afectar el contenido de una
sentencia o retrasar su cumplimiento.
Ejecución de resoluciones judiciales
m. Conforme a ley.
Contenido:
Principios constitutivos
Como se ha manifestado, el debido
proceso es conceptualizado como un mega
concepto, integrado a su vez por una serie
de sub principios o principios
constitutivos, que se representan como
variables de acuerdo a la naturaleza y a las
necesidades concretas de cada sociedad.
Estos principios, considerados derivados,
aseguran la vigencia de un proceso ajustado a
justicia y a ley. Entre los más importantes:
a) Competencia del juez natural (principio
de legalidad del nombramiento del juez)
(Art. 139, Inc. 1, 3 y 19)
b) Derecho de defensa (Art. 139, Inc. 14).
c) Derecho a ser informado de los motivos
de la detención y acusación (Art. 139, Inc.
14 y 15)
d) Derecho a la igualdad ante la ley (Art. 2,
Inc. 2)
e) Derecho al propio idioma (Art. 2, Inc. 19).
f) Derecho a no ser obligado a declarar
contra si mismo (garantía de no
incriminación) (Art. 8.2.g de la CADH).
g) Derecho a la indemnización por error
judicial Art. 139, Inc. 7)
h) principio de publicidad en los procesos
(Art. 139, Inc. 4)
i) Principio de celeridad procesal
j) Principio de la presunción de inocencia
(Art. 2, Inc. 24, parágrafo e)
k) Principio de no ser penado sin proceso
Judicial (Art. 139, Inc. 10).
l) El principio de oralidad
m) El principio de inmediación.
n) El principio de concentración.
LOS PRINCIPIOS
QUE RIGEN
EL PROCESO
PENAL
La doctrina ha formulado diversas
clasificaciones atendiendo al sistema de
cada país; sin embargo, tales principios
pueden ser sistematizados, por lo que
siguiendo a Pablo Sánchez Velarde,
podemos formas tres grupos:
1. Principios de orden
jurisdiccional
2. Principios del proceso; y
3. Principios del procedimiento
A ellos habrá que agregar los derechos
fundamentales que rigen en el proceso
penal:
1. Derecho a la presunción de
inocencia.
2. Derecho de defensa.
3. Derecho a la gratuidad de la
justicia penal.
4. Derecho aun proceso sin
dilaciones indebidas.
PRINCIPIOS DE ORDEN
JURISDICCIONAL
Estos principios surgen de las propias características
de la jurisdicción, en tanto que el estado delega en
los jueces la “potestad de administrar justicia” por
emanar de la soberanía popular.
El Art. 138° de la Constitución establece que la
potestad de administrar justicia emana del pueblo
y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus
órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y
a las leyes.
Ello significa destacar los
principios de unidad y
exclusividad de la función
jurisdiccional” y la
“independencia en su ejercicio”
(art.139° Const.)
Esta potestad jurisdiccional
puede ser conferida a
jueces legos o al llamado
jurado o a jueces técnicos.
En nuestro ordenamiento penal ha
sido encomendada al llamado Juez
legal o predeterminado por la ley
(PRINCIPIO DEL JUEZ LEGAL O
PREDETERMINADO POR LA LEY)
La vigencia de este principio constituye
modernamente exigencia consustancial a la
actividad que desarrolla el órgano jurisdiccional.
Su importancia radica en la garantía que significa
para el desarrollo normal del proceso y
fundamentalmente para el justiciable.
GIMENO SENDRA: El “derecho fundamental, que
asiste a todos los sujetos a ser juzgados por un
órgano jurisdiccional, creado mediante Ley
Orgánica y perteneciente a la jurisdicción penal
ordinaria respetuoso de los principios
constitucionales de igualdad, independencia y
sumisión a la Ley y constituido con arreglo a las
normas comunes de competencia
preestablecidas”.
MONTERO AROCA: este principio comprende
aspectos de la organización judicial expresada en
normas reguladoras de la composición y
funcionamiento de cada órgano jurisdiccional,
independiente del proceso que conozcan. En tal
sentido, es también una garantía constitucional.
PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN
JURISDICCIONAL
El Estado otorga la potestad de administrar justicia a los
jueces y tribunales jerárquicamente integrados con la
finalidad de ejercer la función jurisdiccional.
La jurisdicción aparece como la función pública de
Administrar Justicia que emana de la soberanía del
Estado y se ejerce por un órgano especial. Su finalidad
es la realización o declaración del derecho y la tutela de
la libertad individual y del orden jurídico mediante la
aplicación de la ley en los casos concretos para obtener
la paz social.
De esta definición se desprende :
1) Como fin principal de la función
jurisdiccional: la satisfacción del interés
público del Estado en la realización del
derecho,
2) Como fin secundario: la satisfacción del
interés privado en la solución de un
conflicto o en el juzgamiento del
imputado.
La jurisdicción que ejerce el Juez constituye
potestad.
El juez mediante la jurisdicción no solo decide
sino también prepara la decisión y ello por
medio de un instrumento: el proceso.
Este principio recoge el mandato constitucional previsto en el Art. 138° y 139° inc. 1;
se repite en el Art. 1 y 2 de la LOPJ, y se
refuerza en el Art. 7° de la citada Ley
Orgánica cuando se expresa el derecho de
toda persona a gozar de la plena “tutela
jurisdiccional”.
Del principio de la función jurisdiccional
se desprenden otros principios también
importantes:
LA EXCLUSIVIDAD DE LA FUNCIÓN
JURISDICCIONAL
Se instituye en el artículo 139° inc. 1 de la Constitución.
Significa que los jueces y tribunales, integrantes del
poder judicial, tienen el monopolio jurisdiccional.
Sólo dichos órganos judiciales pueden ejercer la
jurisdicción, lo que no impide que se produzca la
necesaria y conveniente especialización funcional……
Ambos, exclusividad y monopolio de la función
jurisdiccional, son manifestaciones del principio de la
unidad jurisdiccional, que es, en esencia, una
consecuencia del principio de la división de poderes, y
en tal sentido de sus órganos igualmente estatales.
Sin embargo, las constituciones reconocen excepciones al
principio de la unidad jurisdiccional.
Nuestra Constitución hace lo propio al prever que no existe
ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente,
“con excepción de la arbitral y la militar”, prohibiéndose
los juicios por comisión o delegación (art. 139°, inc. 19).
LA INDEPENDENCIA DE LA FUNCIÓN
JURISDICCIONAL
La función constitucional de administrar
justicia requiere necesariamente de la
independencia del Juez, entendida ésta
como la sujeción de la autoridad judicial a
la Constitución y las leyes.
La fuerza del juez está precisamente en el
ejercicio independiente de sus funciones y
de sus decisiones…..
Se sustenta en el Art. 139°, inc. 1 de la
Constitución que consagra la exclusividad de
la función jurisdiccional. Igualmente el art.
139°, Inc. 2, establece: “La independencia
en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Ninguna autoridad puede avocarse a causas
pendientes ante órgano jurisdiccional ni
interferir en el ejercicio de sus funciones”.
El Art. 2° de la LOPJ, expresa: “El Poder
Judicial en su ejercicio funcional es
autónomo en lo político… e independiente
en lo jurisdiccional…”.
Para el maestro español MONTERO AROCA la
independencia personal de los jueces
comporta conceptualmente:
a) Sumisión exclusiva a la ley
La Constitución establece que los magistrados
judiciales “solo están sometidos a la Constitución y
la ley” lo que también se reitera en el art.11 de la
LOPJ. Esta sumisión a la ley debe ser
entendida en sentido amplio: la Constitución y
resto del ordenamiento jurídico.
Para ALVAREZ CONDE la
sumisión a la ley constituye un
límite lógico al carácter
independiente del juez, pues
convertido en defensor de la
legalidad no puede violarla ni
modificarla.
b) Sumisión a la ley no significa
sumisión a cualquier ley, sino a la ley
constitucional.
No debe olvidarse que en caso de conflicto entre
una ley ordinaria y una constitucional, prevalece
esta última (Art.138° Const). En estos casos, los
jueces declararan la inaplicación de la norma
legal por incompatibilidad constitucional para el
caso concreto, y las sentencias que se expidan,
se elevaran en consulta a la Sala Constitucional
de la Corte Suprema, si aquellas no fueran
impugnadas (Art.14° LOPJ).
c) Sumisión a la ley no significa
sumisión a los Tribunales Superiores
Ejercitando la potestad jurisdiccional no hay superior ni
inferior; cada juez tiene su competencia y dentro de ella
ejerce sólo vinculado a la ley”.
Significa pues que ninguna autoridad ni siquiera los
magistrados de instancia superior, puede interferir en su
actuación. Es más, los jueces están obligados a
preservar esta garantía, bajo responsabilidad y pueden
dirigirse al Ministerio Público a efecto de lo dispuesto por
el Art. 159° inc. 2 de la Constitución, con conocimiento
del Consejo de Gobierno del Poder Judicial (Art.16°
LOPJ).
LA INAMOVILIDAD EN EL CARGO
La inamovilidad en el cargo aparece como
una consecuencia directa de la
independencia judicial y ha sido una de las
conquistas clásicas del constitucionalismo
occidental como garantía de
independencia frente al Poder Ejecutivo.
Sin inamovilidad no
hay independencia….
Nuestra Constitución en el Art. 146° inc.2 garantiza
a los magistrados “la inamovilidad” (No pueden
ser trasladados sin su consentimiento).
Asimismo, “su permanencia en el servicio mientras
observen conducta e idoneidad propias de su
función” (inc.3); garantías éstas que se reiteran
en la LOPJ (Art. 186, inc. 2 y 3).
Sin embargo, se estatuye la ratificación de los
jueces y fiscales cada siete años, lo que hace
relativa la inamovilidad en el cargo además de
considerar el límite de jubilación forzosa.
EL RESPETO Y LA OBEDIENCIA A LAS
DECISIONES Y MANDATOS
JUDICIALES.
El Juez ejerce sus funciones con potestad
jurisdiccional, con imperium, que se produce a lo
largo del proceso y con la potestad de juzgar.
Al Juez no sólo le corresponde la potestad
decisoria del proceso, sino también la potestad
ordenatoria: si el juez no dicta órdenes durante
el proceso, éste no podría desarrollarse
(Sánchez Velarde)……
Ello se traduce en el Art.4° de la LOPJ, que obliga
a toda persona o autoridad a acatar y dar
cumplimiento a las decisiones jurisdiccionales
“sin poder calificar su contenido sus
fundamentos, restringir sus efectos o interpretar
sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o
administrativa”.
Las decisiones judiciales se cumplen
y se respetan.
(Claro que el cuestionamiento a los fundamentos
de la resolución judicial puede ser objeto de
impugnación).
PRINCIPIOS DEL PROCESO
Son aquellos que forman la estructura del proceso mismo,
que son su cimiento y que necesariamente deben de
estar presentes en la normatividad procesal. Son:
- El principio de legalidad;
- El principio de oficialidad;
- El principio acusatorio;
- El principio de igualdad
procesal; y
- El principio de contradicción o audiencia.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCESAL
El Principio de legalidad que orienta el derecho penal liberal
con la máxima nullum crimen, nulla poena sine lege
(FEUERBACH) se expresa en el ámbito procesal penal
con aquel otro dogma: nullum crimen nulla poena
sine iudicio.
El juicio resulta ser la conditio sine que non para imposición
de una pena. Ninguna persona será pasible de una
sanción si no ha sido sometido a un proceso penal
preestablecido y declarado culpable en sentencia judicial.
En este sentido tiene plena vigencia el principio
de que “no hay pena sin culpabilidad”.
La Constitución es clara al señalar como garantía de la
función jurisdiccional el “no ser penado sin proceso
judicial” (Art. 139° inc. 10). La pena sólo puede ser
impuesta en virtud de una sentencia dictada por él
órgano jurisdiccional, como consecuencia de la
realización de un proceso (en igual sentido el Título
Preliminar Art. V, C.P.). En atención a ello, la
referencia al “penado” supone un status jurídico
que sólo puede determinarse a través del proceso.
En el proceso penal, el principio de legalidad rige
tanto para los actos procedimentales como para los
sujetos que en él intervienen y que se reconducen al
acatamiento a la ley anteriormente prevista.
PRINCIPIO DE OFICIALIDAD Y
SISTEMA ACUSATORIO
Significa que la persecución del delito constituye
una función del Estado encargada a órganos
específicos dotados de tal facultad.
Se han dejado atrás las diversas formas de
autodefensa de los particulares para dar paso a
una nueva forma de protección y garantía del
interés público a cargo del Estado. De donde
resulta que corresponde al Estado el
control jurídico-penal de una Nación.
EBERHARD SCHMIDT: “El mayor significado en
la evolución del derecho inquisitivo consiste en
que la lucha contra el delito ha sido reconocida
como función del Estado, y que en la conciencia
jurídica se ha arraigado el principio de la
persecución pública y oficial del delito.
Al Estado le compete entonces
no sólo el ius puniendi , sino
también la obligación de
perseguir el delito a través de
sus órganos correspondientes.
….
Así, El principio de oficialidad es aquel
según el cual la persecución penal es
promovida por órganos del Estado.
Por el principio de oficialidad, se debe de
distinguir la supremacía del interés público
sobre los intereses particulares, y ello se
evidencia en el ejercicio de la acción penal
y su sometimiento en el proceso.
CARACTERÍSTICAS DEL PRINCIPIO DE
OFICIALIDAD
Conforme MONTERO AROCA:
1. El inicio de la actividad jurisdiccional
depende de una autoridad estatal: el
juez y el Ministerio Público.
Esto significa que la tal actividad
jurisdiccional no depende de las partes.
2. La determinación del objeto del proceso
no se abandona a las partes, pues en el
proceso penal, “su objetivo no es una
pretensión sobre un hecho delictivo, sino
el mismo hecho que se considera delito o
falta”.
Una vez que se actúa de oficio por el
Ministerio Público y se decide el ejercicio
de la acción penal, la investigación judicial
continúa por sí misma, de oficio,
debiéndose señalar como excepción la
posibilidad de aplicar mecanismos de
oportunidad.
3. Esta no disponibilidad del objeto del
proceso a las partes conlleva a que el
órgano jurisdiccional no se vincule con
los planteamientos que aquellas puedan
formularle.
La calificación jurídica que éstos hagan
no obliga al Juez a ser congruente con
ella.
4. Al no disponer las partes del interés
colectivo en juego en el proceso, no
pueden poner fin al mismo.
(P. Ej. El alejamiento de las partes al
proceso no supondrá el termino de éste,
se continuará sea en ausencia o en
contumacia del imputado, pero no se le
podrá condenar aún cuando es factible su
absolución).
PRINCIPIO DE IGUALDAD
PROCESAL
Como consecuencia de este principio, el
proceso deviene en un duelo con “igualdad
de armas”, o con “igualdad de
oportunidades”, donde tanto el
demandante o actor, o el demandado, el
acusador y el defensor, tienen las mismas
posibilidades de actuación dentro del
proceso, aunque ello no signifique una
identidad absoluta en las mimas.
El principio de igualdad en el proceso penal
complementa el principio de contradicción, ya que
ésta se hace efectiva si las partes tienen los
mismos medios y posibilidades de ataque y
defensa. Corresponde entonces a los órganos
jurisdiccionales la obligación de promover el
debate procesal en condiciones que respeten la
contradicción de la acusación y la defensa”.
Para GIMENO SENDRA se trata de un
derecho fundamental autónomo y no de
una garantía instrumental de los derechos
fundamentales (prohibición de
indefensión, juez legal, defensa).
El tribunal Constitucional español: la “paridad e
igualdad de las partes en el proceso, es una
exigencia ínsita en el principio de contradicción,
y esta contradicción se inserta en la vertiente del
proceso”.
Se reconoce este principio cuando se procura
que las partes dispongan de las mismas
posibilidades y cargas de alegación, prueba e
impugnaciones. Las partes deben tener las
mismas condiciones de oportunidad y actuación
en el proceso, sobre todo en el debate
contradictorio del juicio oral.
PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN O
AUDIENCIA
Nadie puede ser condenando sin ser oído y
vencido en juicio. Con este enunciado se
materializa la posibilidad de las partes de
acceder a la jurisdicción para hacer valer sus
respectivas pretensiones mediante la aportación
de pruebas, aún adicionales, peticiones de
aclaración, ejerciendo el derecho de defensa, a
ser oído (última palabra), etc. De allí que se
hable también que estamos ante el
principio de audiencia legal.
El proceso penal supone per se, la
existencia de dos pretensiones:
La del acusador y la del acusado
Cuyas tesis contrapuestas sobre el fondo del
proceso van a ser valorados en la sentencia por
el juzgador. Esta dualidad de posiciones,
pone en evidencia la necesidad de oír a
todas las partes en el proceso penal a fin
de descubrir hechos relevantes y emitir
sentencia.
El Principio de contradicción tiene las
siguientes características:
1. Constituye un derecho fundamental
previsto en la Constitución (aunque
implícitamente) y en las leyes inferiores, cuando
se proclama el derecho aun proceso con todas
las garantías; en tal sentido, se reconoce la
prohibición de la indefensión y se resalta el
ejercicio amplio del derecho de defensa que no
es sino la consecuencia del principio
contradictorio.
2. Este principio se reconoce a todas
las partes: no sólo al acusador,
también al acusado.
En el proceso penal significa la posibilidad de
adquirir el status de parte procesal, pues “en el
proceso moderno la evidencia, presupuesto
ineludible de la sentencia, no puede obtenerse,
sino mediante la oposición de la acusación y de
su antitético pensamiento, esto es ,la defensa”,
lo que hace necesario que la acusación preceda
a la defensa, pues ésta no podría ejercitarse sin
el conocimiento de aquélla (Oré Guardia).
3. El contenido fundamental de este
principio radica en la necesidad de
que el procesado deba ser oído.
No es igual en todos los proceso; en el civil
puede ser renunciable, pero en el penal no.
La presencia del acusado es para el Estado,
titular del Ius puniendi, un deber ineludible y
para aquél un derecho no renunciable. De allí
que no pueda celebrarse el juicio en rebeldía y
que se prohíba la condena en ausencia…….
El derecho a la última palabra o a ser oído
en juicio es inviolable para la sociedad e
irrenunciable para el acusado.
Se desprende también de este principio de
contradicción o audiencia el derecho a la última
palabra que se manifiesta cuando el tribunal
concede el uso de la palabra luego de producida
la acusación oral del fiscal y el alegato de la
defensa y antes de dictarse la sentencia, con la
finalidad de saber si el acusado tiene “algo que
manifestar al tribunal” o para que “exponga lo
que estime conveniente a su defensa” (Art. 279°
C. de P.P)…….
En tal virtud, se concede al acusado la
posibilidad de expresa al tribunal lo que estime
atendible en relación a su defensa, sea sobre
aspectos jurídicos, personales o sociales.
Se trata de la última oportunidad que tiene el
acusado ante el juzgador que está pronto a
expedir sentencia. El acusado puede confesar el
hecho delictivo, o justificar en parte o en todo su
conducta; o quizás reafirmar su posición de
inocencia; o expresar algunas consideraciones
de orden personal, familiar, social o económica
que coadyuvaron en su proceder o su
arrepentimiento; etc.
Es obvio que lo expuesto por el acusado en
este estadio puede ser significativo para el
contenido final de la sentencia.
Sin embargo, este derecho a la
última palabra carecerá de
sentido, si una vez escuchado al
acusado se da la lectura a la
sentencia.
(sentencia ya elaborada).
PRINCIPIOS DEL
PROCEDIMIENTO
Son aquellos que regulan fundamentalmente las
formalidades y actuaciones procesales que deben
de observarse:
Celeridad
Publicidad
Oralidad
Inmediación.
PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL
En materia de justicia, sobre todo de la penal, existe la
prédica de la lentitud del procedimiento; se sostiene que
“justicia que tarda no es justicia” y se propugna un
aumento en su dinámica, una rapidez de actuaciones
judiciales, pero con certeza.
La celeridad procesal aparece como un principio
dirigido a la actividad judicial, sea del órgano
jurisdiccional como el órgano fiscal, a fin de que
las diligencias judiciales se realicen con la
prontitud debida.
La demorada en la programación y/o realización de
las diligencias judiciales, en la expedición de
dictámenes o resoluciones o en la continuidad de
la audiencia, constituyen claro reflejo de la
violación de este principio.
Sin embargo, hay que ser justos en la
apreciación y crítica, pues en sistemas
como el nuestro existe un factor que
propicia la vulneración de este
principio y es la llamada sobrecarga
procesal.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD
El principio de publicidad de las actuaciones
judiciales aparece como una conquista del
pensamiento liberal frente al procedimiento
escrito del antiguo régimen, plasmando una
forma de seguridad a los ciudadanos ante
eventuales arbitrariedades y manipulaciones
políticas de los tribunales.
Nace como una necesidad de control o
fiscalización ciudadana de la labor de
los jueces ante la posibilidad de
Ingerencias de todo tipo y sobre todo,
va a significar el conocimiento del
pueblo sobre la forma en que sus
jueces administran justicia.
BAUMAN: “la publicidad del proceso penal
concierne al control de la justicia penal por la
colectividad y los asuntos penales son de tal
importancia que no pueden ser tratados
secretamente”.
El pacto de Nueva York afirma el derecho de toda
persona a ser oída públicamente en la
sustanciación de cualquier acusación formulada
contra ella. “Toda sentencia en materia penal o
contenciosa será pública” (Art.14.1);
El Pacto de San José de Costa Rica: “ El proceso
penal debe ser público, salvo en lo que sea
necesario para preservar los intereses de la
justicia” (Art. 8.5).
El Convenio de Roma afirma el derecho de la
persona a que su causa sea vista “públicamente”,
poniendo de relieve la publicidad de la sentencia
(Art. 6.1).
La Constitución española consagra el
“derecho a un proceso público” (Art.
24.2); de otro lado, precisa que las
actuaciones judiciales serán públicas,
con las excepciones de ley; el
procedimiento será predominante
oral, sobre todo en materia criminal,
pronunciándose la sentencia en
audiencia pública (Art. 120°).
La Constitución peruana establece
taxativamente como principio de la
función jurisdiccional:
“La publicidad en los procesos, salvo
disposición contraria de la ley. Los
procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por
los delitos cometidos por medio de la
prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por
la Constitución, son siempre
públicos”. (Art. 139° inc.4)
La doctrina distingue entre publicidad
absoluta y publicidad relativa.
La absoluta es erga omnes cuando se da la
posibilidad de asistencia a cualquiera;
La relativa cuando sólo las partes pueden tener
conocimiento de lo que acontece en el proceso.
La publicidad relativa, puede ser a su vez directa
o activa, cuando las partes están autorizadas a
intervenir en el acto o diligencia procesal, e
indirecta o pasiva, cuando luego de realizado el
acto procesal, las partes toman conocimiento de
su contenido.
También se distingue entre publicidad
inmediata y mediata
La inmediata, da la posibilidad a cualquier
miembro de la comunidad a ser espectador u
oyente de los debates de la audiencia,
existiendo no sólo la posibilidad de conocer del
desarrollo del mismo sino también de divulgar lo
que han podido ver y oír.
La mediata, permite conocer lo que ocurre en el
juicio a través de algún medio de comunicación
social, sea la radio, la prensa, la televisión, etc.
El principio de publicidad en el juicio oral presenta
excepciones:
La sentencia debe ser de conocimiento público,
pero el acceso a la Sala de Audiencia podrá ser
prohibido al público y a la prensa durante la
totalidad o una parte del proceso, en interés a la
preservación de la moralidad, orden público o
seguridad nacional, o cuando los intereses de los
menores o la protección de la vida privada de las
partes en el proceso, así lo exijan, o en la medida
juzgada estrictamente necesaria en opinión del
tribunal, cuando por circunstancias especiales del
asunto publicidad pudiera perjudicar a los
intereses de la justicia; “pero toda sentencia en
materia penal o contenciosa será pública, excepto
en los casos que el interés de menores de edad
exija lo contrario”.
Ls procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios
públicos, y por delitos cometidos por medio de la prensa
y los que se refieren a los derechos fundamentales
garantizados por la Constitución, son siempre públicos
(Art. 139° inc. 4).
El procedimiento penal sumario en nuestro
sistema, lesiona el principio de publicidad,
pues la fase de juzgamiento se reduce sólo
a la apreciación individual que el mismo
juez investigador hace sobre la prueba sin
debate oral ni contradictorio, llegándose al
extremo de leerse en público sólo la
sentencia condenatoria, pero no así la
absolutoria.
EL PRINCIPIO DE ORALIDAD
Se encuentra relacionado estrechamente
con el de publicidad.
Sin oralidad no hay publicidad.
Aparece como un principio de suma importancia en el juicio
oral a efecto de conocer directamente, en público y por
versión inmediata de los órganos de prueba lo ocurrido
con relación a lo que se juzga.
Expresa que sólo se podrá tomar como base de la
sentencia el material procesal discutido oralmente.
Señala MONTERO AROCA que en “un
procedimiento escrito las normas legales
pueden establecer la publicidad, pero son
normas de imposible cumplimiento en la
práctica“ y solo “un proceso oral y
concentrado permite la publicidad y con
ella la fiscalización popular del
funcionamiento de la justicia”, pues no
sólo se posibilita la información sobre lo
que objetivamente ocurre en la audiencia,
sino también “la crítica de esos hechos,
especialmente, la que se refiere a las
medidas y las resoluciones del tribunal”.
La oralidad también se encuentra
vinculada al principio de inmediación
pues, precisamente, a través de lo
que expone directamente el
declarante, la autoridad judicial va
conociendo mejor a la persona que
examina y puede apreciar mediante
su firmeza o temblor de la voz, y
otros factores externos, la fuerza o
debilidad lo que manifiesta.
PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN
Importa la necesidad de que los órganos
judiciales se encuentren en relación del
conocimiento directo, inmediato con la
actividad probatoria a fin de que puedan
fundamentar su decisión.
Esa misma inmediación se
Reputa también a favor de las
partes fin de que puedan
analizar las pruebas y fomentar
el debate sobre las mismas.
BAUMANN afirma que con razón que “el
afán de dar al tribunal una impresión lo
más fresca y directa posible acerca de las
personas y de los hechos dio lugar al
principio de inmediación. Se trata de dos
exigencias:
La inmediación debe imperar
en las relaciones entre quienes participan
en el proceso y el tribunal y además en el
ámbito de la recepción de la prueba”. …..
De allí que se exige no solo que el imputado se
encuentre presente durante el desarrollo de
todo el juicio oral sino también de la presencia
ininterrumpida de las autoridades judiciales,
máxime si deben de apreciar la prueba que se
actúa en el juicio, pues “solamente así quienes
participan del proceso pueden formarse un
cuadro evidente (la lectura de un escrito puede
producir un efecto totalmente distinto a la
declaración de un testigo) solamente así les
resulta viable influir, con preguntas, sobre un
complemento de la declaración (obtención de la
verdad) y tiene el acusado la mejor posibilidad
de defensa”.
Conforme a este principio, la actividad
probatoria ha de transcurrir ante la
presencia o intervención del órgano
jurisdiccional encargado de pronunciar
sentencia “Un procedimiento ésta presidio
por el principio de inmediación cuando el
juez o tribunal están obligados a formar su
íntima convicción y a fundamentar su
sentencia exclusivamente con el resultado
probatorio que ha podido formarse bajo su
directa intervención en el juicio oral”
No puede confundirse inmediación con
oralidad pues si bien tienen estrecha
vinculación, aquella presenta
características muy peculiares pues no
sólo se evidencia con la manifestación
verbal del testigo o del imputado sino
también a través de sus actitudes, gestos
y expresiones externas que son directa e
inmediatamente captadas por el órgano
jurisdiccional y también por los demás
sujetos procesales.
Entre ambos principios existe pues una intima
relación ya que el debate oral y la recepción de
la prueba tienen que tener lugar “directamente”,
ante el tribunal juzgador, porque la “impresión
fresca, personal del juzgador, es la que
suministra la base más segura para una decisión
sobre los hechos, la impresión directa, inmediata
que la acción conjunta de ambos principios ha
de producir en el juez, es el resultado deseado,
de ese resultado se espera, justificadamente,
que habrá de brindar un mejor garantía para el
descubrimiento del verdadero cuadro de los
hechos que los medios de prueba escritos y
otros más lejanos al hecho”.
°°°°°°°°°°°°
MUCHAS
GRACIAS
EL PROCESO
PENAL:
CONCEPTO Y
SISTEMAS
PROCESALES
CONCEPTO:
El proceso penal ha sido definido como el
“conjunto de actos mediante los cuales se
provee por órganos fijados y preestablecidos en
la ley, y previa observancia de determinadas
formas, a la aplicación de la ley penal en los
casos singulares concretos.
Es una “serie de actos solemnes, mediante
los cuales el juez natural, observando
formas establecidas por la ley, conoce del
delito y de sus autores, a fin de que la
pena se aplique a los culpables” (Jofre).
CARNELUTTI afirmaba la finalidad de
acertamiento del proceso penal, pues para
que un hecho pueda ser considerado como
delito requiere del juicio del juez penal.
Este acertamiento es el prius para la aplicación de la pena, resultando el proceso un
haz de relaciones jurídicas entre los
elementos que lo componen y que se
desenvuelve siguiendo dos grandes
directivas, la acción y la jurisdicción, la
primera que va desde las partes hacia el
Juez y la segunda en sentido inverso.
Conforme lo define MANZINI:
“Es el conjunto de actos concretos,
previstos y regulados en abstracto
por el derecho procesal penal para
obtener del órgano jurisdiccional
(juez) la confirmación de la pretensión punitiva deducida por el órgano
ejecutivo (Ministerio Público) y,
eventualmente para realizarla en
forma coactiva, constituye la actividad judicial compleja y progresiva
que se llama proceso penal”.
VÉLEZ MARICONDE define el proceso
penal como el “conjunto o una serie
gradual y progresiva de actos disciplinados
en abstracto por el derecho procesal y
cumplido por órganos públicos
predispuestos o por particulares obligados
o autorizados a intervenir, mediante el
cual se procura el esclarecimiento de la
verdad para aplicar en concreto con la ley
penal”. ……
Para el citado autor, el proceso penal, desde un
punto de vista constitucional, constituye un
instrumento jurídico indispensable, una
construcción esencial predispuesta para
administrar justicia; una estructura instrumental
creada por el legislador para descubrir la verdad
de un supuesto delito y para actuar en concreto
con la ley penal; es una “entidad o institución
jurídica abstracta y estática, con el destino fatal
de hacerse concreta y dinámica”.
Aparece como “una garantía de justicia,
tanto para la sociedad como para el
individuo. Esta es su función política”.
El proceso penal es el instrumento con
que cuenta el órgano jurisdiccional
para cumplir con sus objetivos, cual
es la determinación de la verdad
concreta de un hecho delictuoso
incriminado.
Es el instrumento jurídico
por medio del cual actúa el
órgano dotado de potestad
jurisdiccional.
OBJETO DEL PROCESO PENAL
El proceso penal tiene por objeto la determinación
de la comisión del delito y de la determinación
de la persona de su autor para efecto de la
aplicación de la ley penal.
En tal sentido, toda la investigación realizada por
la autoridad judicial debe estar orientada
primero, a la determinación de la realidad del
delito, para ello hará uso de todos los medios
que prevé la ley procesal con el auxilio de los
técnicos y especialistas de la materia.
Entonces, el proceso penal no solo se reduce a la
recepción de declaraciones de las personas
imputadas del delito o de los afectados y
testigos, sino también de la verificación de los
elementos probatorios encontrados en el lugar
de los hechos, los vestigios, armas, manchas,
sujetos a pericia, como también aquellas
realizadas en las personas: pericia médico-legal,
dosaje etílico, toxicológicos, entre otros.
El grado de comisión del delito se
determinara sobre la base del análisis de
todos estos medios probatorios.
De determinarse la realidad del delito y asimismo
la responsabilidad del procesado, la
consecuencia jurídico –penal será la imposición
de una sanción.
En términos de RICARDO LEVENE, el
objeto principal es la relación de derecho
sustantivo, que surge del hecho que se
considera delictuoso, y que tiene lugar
entre su autor y el Estado, a fin de que le
aplique a aquel la ley penal, después de
individualizado y de haberse comprobado
el hecho delictuoso.
Cabe señalar que el objeto del proceso penal se
caracteriza por su relación con el derecho de
acción, en tanto en cuanto, iniciado el proceso
por el fiscal o por la parte agraviada, se
proporciona al juez el hecho que debe ser
investigado por revestir los caracteres del delito.
También se caracteriza el objeto del
proceso penal por su inmutabilidad, dado
que no es posible cambiarlo ni eliminarlo
ni aun a pedido de las partes; también se
caracteriza por su indisponibilidad pues el
proceso considera el hecho desde todos los
puntos de vista jurídicos posibles.
GÓMEZ COLOMER señala que determinar el objeto
del proceso penal resulta fundamental para la
mejor comprensión de otras instituciones
procesales. Siguiendo los criterios que expone:
a) El hecho criminal sirve para determinar la
extensión y límites de la jurisdicción nacional
frente la extranjera en el orden penal (principio
de territorialidad y principio de persecución
universal del hecho punible).
b) El hecho criminal permite fijar la competencia
penal genérica (delitos o faltas).
c) La naturaleza del hecho criminal y la calidad de la
persona imputada permiten determinar la
competencia objetiva, tanto cuantitativa como
cualitativamente.
d) El hecho criminal permite fijar el presupuesto
procesal de la legitimación, en tanto que los
delitos solo pueden ser perseguidos por el
ministerio público o la parte agraviada en caso de
ejercicio privado de la acción penal.
e) La naturaleza del delito y la calidad de la persona
determinan la clase de procedimiento a seguir
(ordinario o especial).
f) El hecho criminal y su conexión con otros hechos
igualmente punibles, bajo ciertos presupuestos,
determinan la acumulación de procesos penales.
g) Es de suma importancia la determinación del
hecho criminal y de la persona imputada en las
calificaciones definitivas y si se ha producido
alguna variación sustancial del objeto del proceso
en las calificaciones provisionales. Asimismo, si se
ha producido una variación sustancial entre la
sentencia y la acusación, es decir, si existe
correlación entre ambos.
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO PENAL
El proceso penal presenta una serie de características en
atención a cada uno de los actos en que se desarrolla.
Entre las más importantes citamos a las siguientes:
a) Constituye un instrumento jurídico por
excelencia mediante el cual el estado
ejerce el ius puniendi , como una forma de
respuesta a la lesión o puesta en peligro
de los bienes de cualquier persona o de la
sociedad en su conjunto. ……..
Pero este derecho a castigar o potestad punitiva del Estado
que se materializa en la determinación general de las
conductas socialmente perjudiciales y la sanción
correspondiente, no significa que pueda, en casos
concretos atribuir directamente delitos e imponer penas.
El estado requiere pues del proceso penal para la
comprobación de la conducta delictiva y la determinación
de la sanción del autor.
Se pone de relieve la necesariedad del proceso penal, lo
que supone la intervención del órgano jurisdiccional
competente y significa, en esencia, la prohibición de la
autodefensa del agraviado u ofendido por el delito que
comprende tanto a los particulares como al propio
Estado.
b) El proceso penal, conforme nuestro actual
sistema, es por esencia jurisdiccional, ya que no
tiene existencia jurídica si no está presidido o
dirigido por un órgano que ejerza jurisdicción,
aunque este actué provocado por otros órganos.
c) El proceso penal cumple funciones
comunicacionales de gran valor social como
medio para establecer la verdad. En este sentido,
el proceso penal se organiza como fenómeno de
“comprensión escénica” y distribuye sus papeles
entre las personas que intervienen en él:
acusador, acusado, juez y la defensa. Cada uno de
ellos cumple funciones predeterminadas dentro
de la causa penal para el logro de sus fines.
d) La expuesta necesariedad del proceso
penal ha llevado a algunos autores a
considerarlo como condición del delito,
debido a que la pena solo se puede
imponer por medio del proceso penal.
Principio de inevitabilidad del
proceso penal nos decía Mixán
Mass.
e) El proceso penal aparece como un conjunto de
normas jurídicas de corte de garantista en una
triple vertiente:
Para la actividad punitiva del estado pues su pretensión
sancionadora se limita dentro de las normas propias del
proceso penal.
Para el justiciable, que se ve rodeado no solo de derechos
sino también de garantías procesales que funcionan de
oficio o su exigencia.
Para el agraviado o la víctima del delito en cuanto a la
pretensión que le corresponde, sujeto procesal que no
debe ser olvidado en el desarrollo y fines de la causa
penal.
f) El hecho criminal y su conexión con otros hechos
igualmente punibles, bajo ciertos presupuestos,
determinan la acumulación de procesos penales.
g) Es de suma importancia la determinación del
hecho criminal y de la persona imputada en las
calificaciones definitivas y si se ha producido
alguna variación sustancial entre la sentencia y la
acusación, es decir, si existe correlación entre
ambos.
h) El proceso penal está cubierto de toda una
formalidad y solemnidad, manifestadas
principalmente en las disposiciones referidas a las
diligencias o audiencias judiciales y a la actuación
de los sujetos procesales.
LOS
SISTEMAS
PROCESALES
PENALES
SISTEMAS TRADICIONALES:
ACUSATORIO E INQUISITIVO
La historia de la administración de la justicia penal
permite distinguir dos sistemas procesales:
El acusatorio y el inquisitivo
ZAVALA LOAIZA afirma que el pensamiento jurídico al
plantear el problema de la justicia penal ha representado
dos corrientes opuestas: una individualista y otra
socialista, “Según influya una u otra, se entregara al
estado la directa investigación del delito y su sanción; o
se le colocará en la situación de árbitro para resolver la
acusación que ante él se traiga por la victima o sus
representantes”.
La determinación del sistema procesal
obedecerá, expresa LEVENE, a las
funciones que se asignen a los sujetos
procesales:
Si las tres funciones, la de acusar, la de
defensa, y la de decisión, son
encomendadas a tres órganos
independientes, un acusador, un defensor
y un juez, el proceso será acusatorio.
Si las tres funciones se concentran en
manos de una sola persona u órgano, el
juez, el proceso será inquisitivo.
El sistema acusatorio es el que primero
aparece como una fórmula de solución de
conflictos habidos entre dos partes que son
resueltos por un tercero, el juez.
Se sustenta en principios tan importantes
que aun siguen rigiendo:
- Necesidad de acusación
- Publicidad
- Oralidad
- Igualdad entre acusador e imputado…..
- Oportunidad de búsqueda y aportación
de pruebas para quien acusa y quien se
defiende
- Libertad del imputado hasta que se dicte
sentencia, por un juez que debe ser
distinto al que formula la acusación.
El sistema inquisitivo aparece con
posterioridad y bajo la influencia del derecho
canónico, en los regímenes monárquicos y bajo
el sustento de que la
imposición de la pena
y el proceso propiamente no pueden
depender de la
voluntad de las partes,
y requiere de la intervención de la autoridad
estatal.
Según CAFFERATA NORES, el proceso penal
y, por cierto, el derecho Penal se encuentran íntimamente relacionados con el
modelo político en el que se exteriorizan y
con el sistema de valores que nutre a éste.
Según sea el papel que una sociedad le asigne al
Estado, el valor que reconozca al individuo y la
regulación que exista de las relaciones entre
ambos, será el concepto que desarrolle de delito
y el tipo de proceso que se admita.
Es así que en el decurso de la historia, la
primacía del Estado dio lugar a un
paradigma procesal llamado “inquisitivo”;
y posteriormente, al redescubrirse la
importancia del individuo frente al Estado,
se dio paso a otro modelo denominado
“acusatorio”.
Es después, y pensando en la conveniencia
de lograr una síntesis entre las virtudes de
ambos paradigmas o modelos procesales,
que se desarrollo un nuevo modelo que se
dio en denominar “mixto” o “inquisitivo
mitigado”.
Ni en el pasado ni en la actualidad es
posible encontrar a alguno de aquellos
modelos procesales en estado
“químicamente puro”
(todos son algo “mixtos”).
Sin embargo, será útil intentar poner en
manifiesto, los rasgos más característicos
de cada uno, para facilitar la comprensión
de muchas de las instituciones del proceso
penal “mixto” de nuestros días.
En principio, debemos tener en cuenta que el
“inquisitivo” y el “acusatorio” no son simples
modelos procesales, en realidad representan
manifestaciones abiertas o encubiertas de un
determinado modelo cultural, por cuanto
expresan una específica escala de valores vigente
en una sociedad, en un determinado momento
histórico.
Los sistemas procesales son producto de la
evolución de los pueblos y del grado de madurez,
política y por consiguiente las modificaciones que
estos sistemas han venido sufriendo a través de la
historia se deben a las transformaciones que han
experimentado también las instituciones políticas
del Estado.
En efecto, cada nación es su fase evolutiva se va
organizando políticamente y regulando sus
normas de acuerdo a sus propios valores y a sus
necesidades sociales. El Derecho no es estático
ni impasible a los cambios y transformaciones
sociales, sino que debe corresponder a una
realidad y de esto no es ajeno el proceso penal.
El proceso penal a través de su historia se ha ido
configurando sobre la base de un entendimiento
de la forma cómo el Estado asume la función
punitiva y como consecuencia de ello se han ido
perfilando diversos sistemas procesales con
rasgos característicos diferenciales.
Ahora bien, el problema a resolver para organizar de
manera idónea el proceso penal, se centra en la
necesidad de conciliar intereses difícilmente
reductibles a una síntesis eficaz. De un lado, el
interés de las personas incriminadas, que debe ser
tutelado por medio de las garantías adecuadas
para su defensa; y de otro lado, el interés de la
sociedad en que se sancione al culpable.
La prevalencia de un interese sobre otro origina la
aparición y desarrollo de dos sistemas procesales
diferenciados: El sistema acusatorio y
el sistema inquisitivo.
EL SISTEMA ACUSATORIO
Este sistema es anterior al inquisitivo y se
levanta a partir de una concepción
privatistica en la que el agraviado encausa
sus interés a través de un proceso que se
moviliza a su impulso, cuya característica
principal es la discusión entre dos partes
frente al juzgador.
MAIER, enfatiza que la característica fundamental del
enjuiciamiento acusatorio reside en la división de los
poderes ejercidos en el proceso, por un lado, el
acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder
requirente, por el otro, el imputado, quien puede resistir
la imputación, ejerciendo el derecho de defenderse, y,
finalmente, el tribunal, que tiene en sus manos el poder
de decidir.
Todos estos poderes se vinculan y condicionan unos
otros; su principio fundamental, que le da nombre al
sistema, se firma en la exigencia de que la actuación de
un tribunal para decidir el pleito y los límites de su
decisión están condicionados al reclamo (acción) de un
acusador y al contenido de ese reclamo (nemo iudex
sine actore y ne procedat iudex ex officio) y por, otra
parte, a la posibilidad de resistencia del imputado frente
a la imputación que se le atribuye.
El sistema acusatorio tuvo su forma más pura en el sistema
helénico y posteriormente en Roma durante la
República. Esta forma de enjuiciamiento penal domino
todo el mundo antiguo
Las notas principales de este sistema son:
- La persecución del delito es privada, esto es, la
acusación queda al libre albedrio de la persona
perjudicada o sus parientes. Posteriormente,
correspondió también a los ciudadanos, con la
incorporación de la acción popular (en nombre de la
comunidad y en casos exclusivamente públicos). Al no
existir el Ministerio Publico, el proceso penal no podía
iniciarse sin una acusación de parte.
- Abierto el proceso, su desarrollo continúa con las
investigaciones, aun a pesar de que el acusador
abandone la acción. Sin embargo, los sujetos procesales
tienen un rol protagónico con la aportación de pruebas,
pues el Juez adolece de libertad de investigación así
como para la selección de pruebas, restándole
solamente el examen de las pruebas alegadas en la
acusación.
Principios básicos de este sistema eran la
publicidad, oralidad y la contradicción
- El procedimiento consistía, en lo sustancial, en un
debate público oral, continuo y contradictorio. Los jueces
que integraban el Tribunal valoraban los medios de
prueba, los fundamentos y las pretensiones que ambas
partes aducían y resolvían según esos elementos.
- En la valoración de la prueba imperaba el sistema de la
“íntima convicción”, según la cual los jueces decidían
votando, sin sujeción a regla alguna que establezca el
valor probatorio de los medios de prueba. Así, la
sentencia es el resultado del escrutinio de los votos de
una mayoría determinada o de la unanimidad de los
jueces.
- Con relación al acusado, este era sujeto de derechos
colocado en una posición de igualdad con el acusador,
cuya situación jurídica durante el proceso no variaba
decididamente hasta la condena; se admitía la
posibilidad excepcional de privar al imputado de su
libertad.
- La jurisdicción en este sistema correspondía a un
tribunal o a un cuerpo colegiado, que era órgano de
Estado.
El SISTEMA INQUISITIVO
Correspondía a la concepción absoluta del poder
central del Estado. A la prevalencia de la
autoridad, a la centralización del poder, de
manera que todos los atributos inherentes a la
soberanía se reúnen en un único ente.
El escaso valor de la persona humana individual frente
al orden social, se manifestó en toda su extensión en la
máxima “salus publica suprema lex est”. Ello se tradujo
al procedimiento penal y se redujo así al imputado a un
mero objeto de investigación, con lo cual perdió su
consideración como sujeto de derechos.
La característica fundamental del enjuiciamiento
inquisitivo reside en la concentración del poder
procesal en una única mano, la del “inquisidor”.
A éste le correspondía la tarea se perseguir
y decidir.
En este sistema, no se reconocía al perseguido la
facultad de defenderse; por aquello de que si era
culpable no lo merecía, mientras que, si era
inocente, el investigador probo lo descubriría.
La fuerza de la dialéctica y de la crítica no tenían
cabida y por tanto desaparece la contradicción
como eje del procedimiento.

Este sistema se remonta al derecho canónico en la edad
media. Por tanto, la iglesia fue el primer poder que paso
del procedimiento acusatorio al inquisitivo. El tipo
inquisitivo de procedimiento dio vida a un proceso penal
autoritario, despojado de todo individualismo. Devino en
un método cruel y se dirigió principalmente a obtener la
confesión del imputado por cuanto con ella el penitente
“conseguía salvar su alma”.
El sistema inquisitorial se basaba en la
investigación del delito de herejía,
realizada por los inquisidores, quienes en
cumplimiento de su función hacia el papel
de jueces.
No era necesario que existiera una denuncia
o acusación, podían inquirir, es decir,
investigar, cualquier indicio razonable que
los llevara a sospechar la existencia de
personas o grupos heréticos.
Con la consolidación de la monarquía y la
preponderancia del derecho canónico en la vida
socio-política, se fundamentó la existencia de
este sistema a través de la “inquisitio”.
Sus características principales son:
- En cuanto a la jurisdicción, le correspondía a la
autoridad máxima -sea rey, emperador o
monarca- el cual delegaba esta facultad a través
de sus funcionarios.
- Es el Estado el que promovía la represión de los
delitos porque “el interés era de todos”. El
proceso no dependía de la voluntad de los
particulares, en tanto la instrucción se iniciaba sin
conocimiento del instruido.
- El juez estaba investido de una potestad
permanente para actuar de oficio, investigar,
busca, adquirir y valorar las pruebas, al margen
de la voluntad de los sujetos procesales, para
luego sancionar los delitos cometidos. Reunía las
facultades de juez, acusador y defensor a la vez.
- Se basaba en la preponderancia de las
actuaciones escritas y las diligencias secretas. La
investigación generalmente se centraba en el uso
de la tortura.
- El acusador y el tribunal desaparecen para dar
paso al inquisidor con potestades supra legales.
- El acusado era considerado como un
objeto de la persecución penal, al que se le
desconocía su dignidad, no se le respetaba
ningún derecho y se le imponía la
obligación de colaborar con la
investigación.
- El sistema de valoración de la prueba no
era libre sino tasada. La ley parametraba
la actuación del juez, que ya no era una
actuación a “conciencia”.
EL SISTEMA MIXTO
Este sistema que viene a ser una combinación de los
anteriores, aparece en los estados modernos bajo el
influjo de la ilustración y las concepciones liberales,
concretizados en el Código Napoleónico de 1808.
La comprensión adecuada del fenómeno delictivo; el
tránsito de una acusación privada a una
acusación pública conferida al ministerio fiscal, el
especial relieve que cobran los intereses sociales
e incluso los interés estatales, habrían de influir
en el entendimiento del proceso penal como el
resultado de combinar elementos de un sistema
con los de otros.
Surge así el llamado sistema mixto, al que
también se denomina “sistema acusatorio formal”
o “sistema inquisitivo mitigado”.
Sus características son:
- La acción le corresponde a un órgano estatal
(Ministerio publico)
- El proceso penal se divide en dos etapas
contradictorias: la instrucción inspirada en el
proceso inquisitorio (escrito y secreto), y el juicio
inspirado en el sistema acusatorio,
(contradictorio, oral y público). La instrucción
constituye la base del juicio, en la que después se
analizaran y valoraran las pruebas recolectadas.
- Ambas etapas (instrucción y juicio), son
encargados a órganos judiciales diferentes.
- La prueba recabada en la instrucción es merituada
según el sistema de la libre convicción, esto es, a
criterio y discreción del juez (también llamada
método de la “sana critica”).
- El imputado es un sujeto de derechos, cuya
posición jurídica durante el proceso se
corresponde con la de un inocente, vale decir, se
presume inocente mientras no se le haya
declarado responsable penal, y es el Estado
(acusador) quien debe demostrar con certeza e
indubitabilidad su responsabilidad.
EL SISTEMA MIXTO MODERNO
En el desarrollo histórico es posible apreciar la
existencia de Pactos y convenios en defensa de
los derechos humanos donde se consagran
derechos inherentes a la dignidad humana, así
como una gama de derechos y principios
procesales es el marco jurídico de protección al
procesado.
Este movimiento jurídico humanitario trajo como
consecuencia la plasmación en las cartas
políticas, los derechos fundamentales de la
persona, en especial los referidos a la libertad de
los procesados.
Las características de este sistema son:
- Reúnen en cierta manera las características del
sistema mixto con el remozamiento de que en
determinados casos, el juicio oral no se lleva a cabo
ante un tribunal superior, sino ante un juez que
emite sentencia de igual jerarquía que el del juez
instructor. De manera que de la etapa de la
instrucción se pasa a una intermedia para pasar
luego al juicio que se realiza ante otro juez, con las
debidas garantías procesales.
- Para otros asuntos sigue funcionando los tribunales
que en la figura de tribunales de juicio conocen y
juzgan en audiencia pública determinadas
infracciones.
SISTEMA ACUSATORIO MODERNO
CATACORA GONZALES: Este sistema viene a ser una
aplicación del sistema acusatorio norteamericano,
con los ajustes correspondientes a la realidad de
cada país. Se basa también, en el proceso alemán,
donde es el Ministerio Público es quien tiene la
dirección de la investigación policial, del mismo
modo en argentina en la que ya en su proyecto de
diciembre de 1986, también consignaba que el
Ministerio Público se encarga de la investigación
correspondiendo a los tribunales y jueces, la
celebración del juicio con las seguridades y
garantías procesales.
Este nuevo movimiento reformista ha sido reforzando y
ampliando las funciones del Ministerio Público relegando
al juez un segundo plano, convirtiéndolo básicamente en
un ente sentenciador. Así como en otros países, en los
últimos tiempos en el Perú se ha venido sintiendo la
influencia de las variaciones que propone este sistema.
El sistema acusatorio moderno se adapta mejor a
los fundamentos de la democracia, por cuanto sus
postulados son la publicidad de todo el
procedimiento, la libertad personal del imputado
hasta la condena definitiva, la igualdad de los
derechos y facultades entre el acusador o
acusado; la pasividad del juez en la obtención de
las pruebas tanto de cargo como de descargo y la
síntesis de todo el conjunto.
MODELO PERUANO.
En el código de procedimientos penales
El código de procedimientos penales de 1940,
adopto el sistema mixto de su antecesor, el código
de procedimientos en materia criminal de 1920.
Sus rasgos característicos principales son:
1. El proceso penal se desarrolla en dos etapas: la
instrucción y el juicio.
2. La primera etapa de la instrucción tiene una
nueva orientación. A esta etapa se le otorga el
papel indispensable en la recolección de las
pruebas.
3. Desaparecen los Jurados, incorporándose los
jueces profesionales.
4. Con relación al juicio oral, nos dice PEÑA FARFAN
que el juzgamiento compete a un órgano
jurisdiccional colegiado, bajo los principios
procesales de oralidad, publicidad, contradicción,
libertad de declaración del acusado, unidad ,
continuidad, concentración, preclusión, celeridad.
En el C.P.P de 1991 y el proyecto de C.P.P de
1995
El modelo adoptado por estos cuerpos procesales se
adscribe, según la exposición de motivos, al
“SISTEMA ACUSATORIO MODERNIZADO”.
Ore Guardia: El modelo del C.P.P. de 1991 (y por
tanto el de 1995) se adscribe al sistema
acusatorio garantista (Cfrme: Peña Farfán y
Mixán Mass).
San Martín Casto y Cubas Villanueva: Lo denominan
como modelo acusatorio.
EN TODO CASO CONSIDERAMOS QUE ES
GARANTISTA Y PREDOMINANTEMENTE
ACUSATORIO
LA ORIENTACIÓN IMPRIMIDA A ESTE NUEVO C.P.P.,
PRETENDE:
a) Reordenar el sistema de enjuiciamiento penal
acercándonos al ideal de la justicia pronta y cumplida
b) Potenciar el derecho de defensa
c) Asegurar en lo posible, la vigencia de los derechos
humanos cuando el Estado hace valer su preención
punitiva.
Para cumplir estos objetivos asume, de modo
liminar, el sistema acusatorio, encargando al
Ministerio Público la etapa o fase de la
investigación, delimitando los poderes de la
judicatura a una labor de control de la
investigación y de dirección del juicio oral y
rodeando la defensa del imputado de mayores
garantías y más amplias facultades.
En el C.P.P. de 2004
El modelo asumido es el acusatorio con
rasgos adversativos.
Si bien esta norma procesal es relativamente
nueva, y como toda obra humana es pasible de
errores (que se vienen advirtiendo y
solucionando), en esencia constituye uno de los
moldes que más se ajusta a nuestra realidad.
Principales diferencias sistemas
acusatorio
inquisitivo





Separación de
funciones
Inmediación
judicial en el
debate oral
Oralidad
Flexibilidad,
formalidades.
Publicidad





Acumulación de
funciones
Inmediación
judicial en todo el
proceso.
Escriturismo
Formalismo,
ritualismo.
Secreto





Contradicción a
partir de una
acusación.
Sistema de libertad
de prueba de libre
convicción
Libertad regla
general
Acusado como
sujeto de derechos.
Objeto del proceso
solucionar conflicto





Contradicción
durante todo el
proceso
Sistema de prueba
de tarifa legal e
intima convicción.
Detención como
regla general.
Imputado como
objeto del proceso
Objeto del proceso
imponer una pena





El fiscal inicia la
investigación
El fiscal-policía
investigan
Fiscal y partes
aportan pruebas.
Solo tienen razón si
garantizan el
debido proceso
Juez falla lo
realizado en
público.




El juez dirige la
investigación
El juez decreta
pruebas de oficio
Dejar constancia,
sistema de
desconfianza
Juez falla con base
al expediente
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Muchas
gracias
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