Libertad de Trabajo
Artículo 5 constitucional
Constitución 1917:
Ejes cambio
Libertad y Derecho al Trabajo
Derechos > trabajadores
Social
Derecho al
trabajo
Dimensiones y
aspectos
Obligaciones > patrones normas mínimas [1]
Individual
Derechos liberales limitados
Intereses sociales
y por
derechos ajenos
Libertad elegir profesión u oficio
[1]
El Estado debe cuidar se cumplan, forzando, fomentando o sustituyendo como vivienda INFONAVIT o salud IMSS
Libertad de trabajo
Artículo 5 constitucional
Párrafo primero
Libertad dedique
profesión,
industria,
comercio o
trabajo
Lícitos
Ocupación
Contratación
¿Qué es?,
¿Cuál es su contenido y límites?,
¿De quién y frente a quien?
Libertad de trabajo
Artículo 5 constitucional
Párrafo primero
determinación judicial,
cuando se ataquen los
derechos de tercero
Vedarse por
resolución gubernativa,
conforme a la ley
ofendan los
derechos de
la sociedad
dictada en los términos que
marque la ley
¿Hasta donde puede llegar la
ley y reglamentos?
Libertad de trabajo
Artículo 5 constitucional
Párrafo primero
Nadie ser privado
producto de
su trabajo
sino por resolución judicial
Libertad de trabajo: Bien tutelado
•
•
•
•
•
•
•
Bien tutelado:
Es la facultad o autonomía del hombre de elegir o escoger
entre la multitud de ocupaciones lícitas que existen, la que más
le convenga o agrade para el logro de su bienestar.
La libertad de
profesión,
industria,
comercio,
ocupación,
contratación
laboral o trabajo es en principio, irrestricta.
Libertad de trabajo: Sujetos
Sujeto activo:
• Todo gobernado (nacional o extranjero), podría ser aplicable
también a personas morales, en cuanto que podría trascender a
los miembros.
• Los sujetos activos son todos los habitantes de la república, no
solo los ciudadanos, establece un principio universal en cuanto a
los efectos de las garantías.
Sujeto Pasivo
• a) Autoridades
– 1) legislativas
– 2) administrativas
– 3) judiciales
• b) Estado
• c) Empleadores y, en general, cualquier persona que pudiera
pretender prevalerse del menoscabo de la libertad de trabajo.
Libertad de trabajo: Objeto
La obligación del Estado se bifurca en dos aspectos:
•
•
•
•
Las garantías sociales
Son una prestación para el trabajador
obligan al Estado a hacer esto es, las que están
inmersas en el gran proceso social, son las que llevan la
obligación fundamental de vigilar y constreñir a la
eficacia de los derechos de la clase trabajadora.
En cambio, las individuales
Son un ámbito de autonomía
obligan al Estado a no hacer, y contienen simplemente
un deber de abstención.
Derechos humanos
y Garantías

Derechos subjetivos


– Positivos prestaciones
Deberes o
Garantías primarias
– Obligaciones
– Negativos no lesión
– Prohibiciones
Sustancial y contenido
Sustancial y contenido

Garantías secundarias
– Protección jurídica
ortopedia
órganos y procedimientos
Adjetivo e instrumental
Normas de fondo y procesales actúan en conjunto, se confunden
Límites y restricciones
Límites internos
Bien jurídico protegido [1]
Núcleo esencial irrestringible
Restricciones
Orden público, [5]
lesión a otros y
Proporcionalidad
Literal [2]
Sistemática [3]
Interpretación
Teleológica [4]
Funcional
[1] Breathing space (hasta donde se estira o expande naturalmente)
[2] Tipo abstracto, tenor literal de la Constitución
[3] Contenido de cada derecho determinado desde el conjunto constitucional
[4] Indagación teleológica de bienes e intereses que se pretenden proteger, fronteras o contornos
[5] Orden social que permite la vigencia efectiva de los demás derechos fundamentales y la Constitución in genere.
Límites y restricciones
Derecho fundamental expansivo
Límite (interno al derecho) constrictivo
Restricciones (externas al derecho) constrictivo
Derecho
fundamenta
l
Límites internos del derecho garantizado: Libertad de
trabajo no es absoluta, requisitos razonables en
ejercicio, complementa a otros derechos y licitud de
conducta. Límites en ley
Restricciones que el orden público impone o
recomienda: No ofensa derechos de sociedad y que
terceros no vean limitados sus intereses.
Deben preverse en ley.
Razón que legitima sustentar el interés, conveniencia,
modalidades y bienestar social.
Solidaridad y complemento a otros derechos, libre
concurrencia desarrollo sustentable colaboración fiscal,
etc.
Limites a la libertad de trabajo
Sector: Público, Social y Privado
Actividades estratégicas 25-4§ y 28-4§
Actividades prioritarias 25-5§
Servicios públicos (actividades económicas) 28-10, 11§ [1]
Titularidad pública
Prohibiciones
Delito e ilícito
25-4§
5
Afecta libre concurrencia
Libre mercado
Servicios al público
28
Restricciones
Ofensa derechos sociedad 5
Modalidades
Dicte interés público 25-6§
Regulación
Fomento
Interés general 25-2 §
El servicio público es una “pars” de la actividad administrativa, básicamente industrial o comercial, actividad o función del poder político mediante la cual se tiende a
alcanzar cometidos o funciones del Estado, en la especie, de bienestar y progreso social; actividades que si bien no son necesarias al ser del Estado, sino de mera “utilidad”,
resultan indispensables para la “buena vida en común”. Sarmiento García Jorge (1996): Concesión de servicios públicos, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, p. 18
[1]
Libertad e intervención
Tareas del Estado
Libertad individual
Subsidiariedad estatal
Derecho de propiedad
Libre mercado
Libertad de empresa
Tensión principios
Igualdad
Solidaridad social
Estado social
Prestaciones
Titular colectivo de bienes y actividades
Empresas: Orden
público económico
Ley
antimonopolios
Desarrollo
sustentable
Derecho
industrial
Propiedad
intelectual
Competencia
desleal
Consumidores
Cultura
sociedad
Ley
antimonopolios
Empresas: Orden
público económico
Desarrollo
sustentable
Derecho
autoral
Propiedad
intelectual
Competencia
desleal
Consumidores
18
Derechos
Propiedad
definidos
Mantener
condiciones
sociales p/
intercambios
Respaldo
intercambios
coacción
Principios
regulación
Crear mercados
satisfacer
derechos
Principios de la Regulación
Garantizar
voluntariedad
acuerdos
Excluir mercado
D inalienables
Intereses de consumidores
•
•
•
•
•
•
•
Precios
Abasto
Calidad
Servicio
Información
Libertad
Responsabilidad de proveedores
Licitud:
• El artículo 5o.dice: "A ninguna persona podrá
impedirse que se dedique a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos".
• El Código Civil en el artículo 1830 es un precepto
reglamentario de la Constitución en este aspecto y dice:
• Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden
público o a las buenas costumbres.
Acepciones sobre el orden público:
• Regulación de los intereses estatales o de la sociedad.
• Situación de normalidad o equilibrio en la que vive el
Estado.
• Imperio de la ley y tranquilidad sin la subversión de
poderes despóticos.
• Estado de legalidad en el que la autoridad ejerce sus
atribuciones y los ciudadanos obedecen y respetan.
Acepciones sobre el orden público:
• Conjunto de
• a.- principios o ideales
1. sociales,
2. políticos,
3. morales y
4) económicos
• b.- que privan en un ámbito
1. espacial y
2. temporal determinado, de tal manera que
• c.- ameriten especial trato con
• d.- la finalidad o pretensión de que los intereses
generales se sobrepongan a los que son meramente
privados
Acepciones sobre el orden público:
• F) Implica leyes de carácter prohibitivo o taxativas, artículo 8º del
Código Civil que obligan a los destinatarios aún contra su
voluntad y que restringen la libertad por razones de beneficio
social, integrando el concepto de policía administrativa.
Acepciones sobre el orden público:
• Orden social que permite una vigencia
efectiva de los derechos fundamentales.
TEDH
• Evitar desordenes sociales capaces de poner
en riesgo directo los referidos derechos
fundamentales
Acepciones sobre el orden público:
• Clear and present danger o peligro inminente que
justifica limitar.
Las medidas serán excesivas cuando los mismos contenidos o
tutela de otros valores o intereses pueden ser expresados en
cualquier otra circunstancia, menos gravosa o impeditiva
Suprema Corte de Justicia Norteamérica
• «lo universal y lo absoluto coexisten con lo dinámico y
lo relativo».
• La concreción de las exigencias de dignidad humana en una
adecuada convivencia social; se trata de exigencias ex
moralitate publica, se hace necesaria una operación valorativa
para determinar, ad casum, las concreciones que resulten
inexcusables. Nicolas Valticos juez del Tribunal de Estrasburgo
Restricciones
• Generales
• Leyes
• Reglamentos y NOM’s
• Reserva de ley: Absoluta y
relativa
• Particulares
• Judicial > Sentencias
• Administración > Resoluciones
La reserva relativa, en cambio, permite que otras fuentes de la ley vengan a regular
parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condición de que la
ley sea la que determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas
fuentes deberán ajustarse; esto es, la regulación de las fuentes secundarias debe
quedar subordinada a las líneas esenciales que la ley haya establecido para la
materia normativa. P. CXLVIII/97
Reserva legal, resolución gubernativa y orden público
•
•
•
•
La sustancia del derecho, lo que se consigue al definir
su contenido, alcances y límites.
Donde empieza el abuso, acaba el derecho
Un principio de razón legítima y suficiente que
evidencie y sustente el interés de la sociedad y
protección de sus derechos.
El objetivo es asegurar que el legislador defina el
contenido básico de libertad.
Con esa base, la autoridad administrativa regule su
ejercicio, siempre circunscrito a las disposiciones de
orden público e interés social previstas en la ley.
Reserva legal, resolución gubernativa y orden público
En cambio, ello no implica determinar las:
•
Condiciones concretas de su ejercicio, que si pueden ser de la
titularidad de la autoridad administrativa.
Modo, tiempo y lugar. Las que pueden establecerse vía reglamento o
–
–
–
–
•
resolución gubernativa. Queda sujeta a condiciones o requisitos:
Razonables
Superables,
Susceptibles de ser satisfechos por cualquier interesado y
Que no constituyan una prohibición absoluta o insuperable.
Las normas técnicas han determinado una
–
–
Tendencia mundial con base en la cual son encomendadas a órganos
reguladores, facultados para expedir las «normas oficiales mexicanas», tal
como lo previene la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Control judicial superficial ante discrecionalidad al Congreso
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. Este alto
tribunal ha sustentado el criterio de que el principio de legalidad se encuentra claramente
establecido en el artículo 31 constitucional, al expresar en su fracción IV, que los mexicanos
deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan
las leyes. Conforme con dicho principio, es necesaria una ley formal para el establecimiento de
los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus
representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, así como que el
contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de
manera que no quede margen a la arbitrariedad. Para determinar el alcance o profundidad del
principio de legalidad, es útil acudir al de la reserva de ley, que guarda estrecha semejanza y
mantiene una estrecha vinculación con aquél. Pues bien, la doctrina clasifica la reserva de ley en
absoluta y relativa. La primera aparece cuando la regulación de una determinada materia queda
acotada en forma exclusiva a la ley formal; en nuestro caso, a la ley emitida por el Congreso, ya
federal, ya local. En este supuesto, la materia reservada a la ley no puede ser regulada por otras
fuentes. La reserva relativa, en cambio, permite que otras fuentes de la ley vengan a regular
parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condición de que la ley sea la
que determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deberán
ajustarse; esto es, la regulación de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las
líneas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa. En este supuesto, la ley
puede limitarse a s dentro de los cuales la concreta disciplina de la materia reservada podrá
posteriormente ser establecida por una fuente secundaria.
Así, no se excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas
reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no
claramente subordinada a la ley, lo que supondría una degradación de la reserva formulada por
la Constitución en favor del legislador. En suma, la clasificación de la reserva de ley en absoluta
y relativa se formula con base en el alcance o extensión que sobre cada materia se atribuye a
cada especie de reserva. Si en la reserva absoluta la regulación no puede hacerse a través de
normas secundarias, sino sólo mediante las que tengan rango de ley, la relativa no precisa
siempre de normas primarias. Basta un acto normativo primario que contenga la disciplina
general o de principio, para que puedan regularse los aspectos esenciales de la materia
respectiva. Precisado lo anterior, este alto tribunal considera que en materia tributaria la reserva
es de carácter relativa, toda vez que, por una parte, dicha materia no debe ser regulada en su
totalidad por una ley formal, sino que es suficiente sólo un acto normativo primario que contenga
la normativa esencial de la referida materia, puesto que de ese modo la presencia del acto
normativo primario marca un límite de contenido para las normas secundarias posteriores, las
cuales no podrán nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria; y, por otro lado, en casos
excepcionales, y que lo justifiquen, pueden existir remisiones a normas secundarias, siempre y
cuando tales remisiones hagan una regulación subordinada y dependiente de la ley, y además
constituyan un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o
para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria. [1]
[1]
No. Registro: 197,375 / Tesis aislada / Materia(s):Administrativa, Constitucional / Novena Época / Instancia: Pleno / Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta / Tomo: VI, Noviembre de 1997 / Tesis: P. CXLVIII/97 / Página: 78
ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS
PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES.- Acorde
con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro:
"IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE
HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES
LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).",
siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos
fundamentales garantizados por la Constitución, será necesario aplicar con
especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no
discriminación. De igual manera, en aquellos asuntos en que el texto
constitucional limita la discrecionalidad del Congreso o del Ejecutivo, la
intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de
respetar el diseño establecido por ella. Para este Alto Tribunal es claro que
la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación
de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del
Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad
de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco
de sus atribuciones.
Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra
inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por
parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la
Constitución Federal exige una modulación del juicio de igualdad, sin que
eso implique ninguna renuncia de la Corte al estricto ejercicio de sus
competencias de control. Por el contrario, en el caso de normatividad con
efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del
análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la
libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la
propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y
regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto
constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas
materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez
constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve
limitada. En tales esferas, un control muy estricto llevaría al Juez
constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso -o la
extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo-, pues no es función
del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar
si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan
necesarias. [1]
[1]
No. Registro: 173,957 / Jurisprudencia / Materia(s): Constitucional / Novena Época / Instancia: Primera Sala / Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta / XXIV, Noviembre de 2006 / Tesis: 1a./J. 84/2006 / Página: 29
SALUD. EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY
GENERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE
TRABAJO.- El citado precepto, al establecer que cualquier cirugía
estética y cosmética relacionada con cambiar o corregir el contorno o
forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo deberá
efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria
vigente atendidas por profesionales de la salud, quienes acorde con el
artículo 81 de la Ley General de Salud se encuentren autorizados por la
Secretaría de Salud conforme al reglamento correspondiente, no viola la
garantía de libertad de trabajo contenida en el artículo 5o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así
ya que, por un lado, el artículo 271, segundo párrafo, de la ley citada,
no establece una restricción absoluta que impida a los referidos
profesionales de la salud dedicarse al mencionado tipo de cirugías y,
por el otro, porque el indicado precepto constitucional autoriza la
restricción a la libertad de trabajo, entre otros supuestos, cuando se
afecten derechos de terceros; de ahí que si de la exposición de
motivos que originó dicho precepto legal se advierte que el objetivo
buscado por el legislador ordinario consistió en regular una situación
social, en la cual detectó que las condiciones de salud de las
personas que se sometían a cirugías estéticas y cosméticas eran
vulnerables y que, por tanto, requerían de protección
gubernamental, entonces se está en presencia de una norma que
busca la protección de los derechos de terceros que pueden verse
afectados por el ejercicio irrestricto de la actividad de los
profesionales de la salud dedicados a esta materia.
RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD DE TRABAJO. EL ARTÍCULO
271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD
PREVÉ UNA RESTRICCIÓN VÁLIDA A LA LIBERTAD DE
TRABAJO DE LOS MÉDICOS.- La libertad de trabajo no es absoluta
y, como otros derechos fundamentales, admite restricciones. El juez
constitucional al analizar esas restricciones para determinar si son
válidas o no, debe comprobar que éstas satisfagan tres requisitos: a)
que sean admisibles constitucionalmente, b) que sean necesarias, y c)
que sean proporcionales. Si atendemos a que la práctica de la
medicina no puede permanecer ajena a una regulación o control por
parte del Estado, ya que el ejercicio de esta profesión necesariamente
implica la probabilidad de afectación de derechos de terceros,
entendemos que el segundo párrafo del artículo 271 de la Ley General
de Salud, satisface el primero de los requisitos antes señalados al ser
en principio una restricción de aquellas que son admisibles en el
artículo 5o. constitucional. Asimismo, satisface el segundo requisito,
pues dicha regulación que puede considerarse como una restricción al
derecho al trabajo para el ejercicio profesional de los médicos, se
encuentra
justificada y es necesaria para garantizar el derecho a la salud, que
puede comprender de manera específica el establecimiento de medidas
para garantizar la calidad de los servicios de salud, al concretarse a
exigir a los médicos que quieran practicar cirugías estéticas y cosméticas
a que satisfagan condiciones mínimas necesarias de capacitación,
educación, experiencia y tecnología; y que las realicen en
establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se
utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y
en buen estado, es decir, a que ofrezcan servicios médicos de calidad, lo
cual claramente protege el derecho a la salud. Finalmente, la medida
prevista en el artículo 271, segundo párrafo, de la Ley General de Salud,
satisface el tercer requisito de análisis para las restricciones a los
derechos fundamentales, ya que es proporcional porque el grado de
restricción sobradamente es compensada por los efectos benéficos que
tiene desde una perspectiva preocupada por garantizar la práctica de las
cirugías estéticas y cosméticas bajo los parámetros de profesionalización
y calidad que garantizan la protección de la salud de los pacientes.
Libertad de trabajo: Peculiaridades
• Infracciones a PI
• Sanciones e inhabilitaciones en licitaciones
• Discriminación entre iguales (agentes aduanales, notarios y
otros)
•
•
•
•
•
•
Desarrollo urbano
Sanciones e inhabilitaciones a servidor público
Publicidad cigarrillos en farmacias y venta restaurantes
Negativas arbitrarias de permisos (pro libertate)
CNSF Reglas generales
Películas infantiles dobladas (razón suficiente, trato distinto, cines
y TV)
Libertad de trabajo: Peculiaridades
•
•
•
•
•
•
•
Distancia negocios en reglamentos
Actividad industrial en zona habitacional
Colegios profesionales (requisitos)
Máquinas registradoras fiscales
Retener contribuciones
Módulos de atención a usuarios
Médicos (cirugías estéticas y cosméticas)
satisfagan condiciones mínimas necesarias de capacitación,
educación, experiencia y tecnología; y en establecimientos con
condiciones sanitarias adecuadas medicamentos y equipo
hospitalario científicamente aprobados
Límites internos del derecho garantizado: Libertad de
trabajo no es absoluta, requisitos razonables y licitud
de conducta.
Restricciones que el orden público impone o
recomienda: No ofensa derechos sociedad y que
terceros no vean limitados sus intereses. Deben
preverse en ley. Razón legitima sustente interés,
conveniencia y bienestar social.
Límites internos
Bien jurídico protegido
Núcleo esencial irrestringible
Restricciones
Orden público,
lesión a otros y
Proporcionalidad
Interpretación
Literal
Sistemática
Teleológica
Funcional
Ponderación
Idoneidad
Adecuado para el objetivo de tutela. Se impone medida M
restringiendo libertad de comercio P1 para favorecer protección
de consumidores P2, NOM de calidad
Necesidad
No hay otra alternativa, en lugar de prohibir venta de caramelos
que parecen chocolates M1, exigir etiquetado claro M2, no
prohibir venta de tabaco si hay aviso de producto nocivo
Cumplir un principio significa incumplir otro. Prohibir traslado de
Proporcionalidad delfines por conservar medio ambiente sustentable en favor de
sociedad. [1]
[1]
Cuanto mayor sea el grado de no cumplimiento o de afectación de un principio, tanto mayor debe ser la importancia del cumplimiento del otro. Alexy Robert
(2003): Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, pp. 101-103
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