Evolución de la
responsabilidad del Estado
en la jurisprudencia
constitucional.
Mendoza, Aída K. de Carlucci, 2011
La responsabilidad de los encargados de todo
poder público es otro medio de prevenir sus
abusos. Todo el que es depositario o
delegatario de una parte de la soberanía
popular debe ser responsable de infidelidad o
abusos cometidos en su ejercicio. Para que la
responsabilidad sea un hecho verdadero y no
una palabra mentirosa, debe estar
determinada por la ley con toda precisión.
Juan Bautista Alberdi
Cuatro artículos en el código civil
 Art. 42. Las personas jurídicas pueden ser
demandadas por acciones civiles, y puede
hacerse ejecución en sus bienes.
 Art. 43. Las personas jurídicas responden
por los daños que causen quienes las dirijan
o administren, en ejercicio o con ocasión de
sus funciones. Responden también por los
daños que causen sus dependientes o las
cosas, en las condiciones establecidas en el
Título: "De las obligaciones que nacen de los
hechos ilícitos que no son delitos".
 Art. 1.112. Los hechos y las omisiones de los
funcionarios públicos en el ejercicio de sus
funciones, por no cumplir sino de una
manera irregular las obligaciones legales
que les están impuestas, son comprendidos
en las disposiciones de este título.
 Art. 1.113. La obligación del que ha causado
un daño se extiende a los daños que
causaren los que están bajo su dependencia,
o por las cosas de que se sirve, o que tiene
a su cuidado.
 El derecho de la responsabilidad civil está
construido a partir de escasos preceptos
legales; es, en gran medida, un derecho
judicial; son los jueces los que, al desarrollar
una labor permanente de interpretación
recreadora, de mirada atenta a una realidad
social cambiante, con su correlativa alteración
de las mentalidades, han completado la
ordenación legal con un complejo de reglas,
fruto de la necesidad de resolver los conflictos
multiformes con criterios que no fluyen con
sencillez de unas previsiones legales
extremadamente sincopadas (Medina Alcoz).
Una regla jurisprudencial.
Origen: Caso Ferrocarril Oeste, 1938,
Fallos 182-5
Quien contrae la obligación de
prestar un servicio lo debe realizar
en condiciones adecuadas para llenar
el fin para el que ha sido
establecido, y es responsable de los
perjuicios que causare su
incumplimiento o ejecución irregular
(Fallos: 312:1656; 315:1892,1902; 316:2136; 320:266; 325:1277;
328:4175 y 329:3065)
Consecuencias
 (a) Responsabilidad DIRECTA de Estado
 (b) Inaplicabilidad de la responsabilidad
indirecta del comitente prevista en el art.
1113 del CC
 Esta idea objetiva de la falta de servicio por acción o
por omisión encuentra su fundamento en la aplicación
del art. 1112 del Código Civil y traduce una
responsabilidad extracontractual del Estado en el
ámbito del derecho público "Securfin S.A. c/ Santa Fe,
Provincia de", (Fallos: 330:3447) que no requiere, como
fundamento de derecho positivo, recurrir al art.1113 del
Código Civil (Fallos: 306:2030). En efecto, no se trata
de una responsabilidad indirecta la que en el caso se
compromete, toda vez que la actividad de los órganos,
funcionarios o agentes del Estado, realizada para el
desenvolvimiento de los fines de las entidades de las
que dependen, ha de ser considerada propia de éste, el
que debe responder de modo principal y directo por sus
consecuencias dañosas (Fallos: 312:1656; 317:1921;
321:1124 y 330:2748).
 (c) Consecuencia procesal.
 La Corte no está limitada por los
argumentos de las partes o del a quo, sino
que le incumbe realizar una declaración
sobre el punto disputado
Agregados a la fórmula
 Esa responsabilidad directa está basada en la falta de
servicio y definida por esta Corte como una violación o
anormalidad frente a las obligaciones del servicio
regular, entraña una apreciación en concreto que toma




en cuenta:
(a) la naturaleza de la actividad,
(b) los medios de que dispone el servicio,
(c) el lazo que une a la víctima con el servicio y
(d) el grado de previsibilidad del daño.
 Dicho con otras palabras, no se trata de un
juicio sobre la conducta de los agentes sino
sobre la prestación del servicio y, por ello,
la responsabilidad involucrada no es
subjetiva, sino objetiva (Fallos: 321:1124 y
330:563, considerando 61).
RESPONSABILIDAD
POR OMISIÓN
Reglas y Casuismo
Una fórmula reiterada por la CSN
 (1) Resulta relevante diferenciar las acciones
de las omisiones, ya que si bien esta Corte ha
admitido con frecuencia la responsabilidad
derivada de las primeras, no ha ocurrido lo
mismo con las segundas.
 (2) Respecto del último supuesto corresponde
distinguir entre los casos de omisiones a
mandatos expresos y determinados en una
regla de derecho, en los que puede
identificarse una clara falta del servicio,
 de aquellos otros casos en los que el Estado está
obligado a cumplir una serie de objetivos fijados
por la ley sólo de un modo general e
indeterminado, como propósitos a lograr en la
mejor medida posible.
 (3) La determinación de la responsabilidad civil
del Estado por omisión de mandatos jurídicos
indeterminados debe ser motivo de un juicio
estricto y basado en la ponderación de los
bienes jurídicos protegidos y las consecuencias
generalizables de la decisión a tomar (votos Dr.
Lorenzetti, 31/8/2010, LL 2010-E-403 y LL 2010-F-189)
Una regla doctrinal: Poder de
policía, noción flexible.
“La responsabilidad del Estado por omisión
en el ejercicio de su poder de policía no debe
ser analizada con criterios rígidos o
inflexibles; depende del lugar, objeto o
índole de la actividad o de las personas, pues
el ejercicio del poder de policía es
contingente, circunstancial, no uniforme, fijo
o igual en todos los casos o situaciones.
Consecuentemente, no siempre es una
obligación de resultado” .
Casuismo: control o poder de policía
sobre:
 Establecimientos




particulares de salud.
Cárceles y
establecimientos de
internación de menores.
Elaboración y venta de
productos medicinales.
Custodia en
ferrocarriles
Cumplimiento del seguro
obligatorio por los
transportistas
particulares
 Compañías aseguradoras
 Entidades financieras
 Policía caminera
 Custodia de cosas de
terceros que se tienen
bajo guarda
 Actividades deportivas
Establecimientos privados de salud
 La omisión de la provincia de Córdoba de
clausurar el establecimiento sanitario
privado que funcionaba sin la habilitación
correspondiente y de controlar sus
registros de psicofármacos y de
enfermedades transmisibles, resultan
factores coadyuvantes del contagio de
sida de los actores, generando así la coresponsabilidad de aquella provincia en la
propagación de esa enfermedad
 (CSN, 30/6/1999, LL 2000-B-498)
Productos “medicinales”
 CSN 20/10/2009, Parisi c/Laboratorios Huilen, Rev. Resp.
Civil y seguros año XII, n° 6, junio 2010 pág. 139 y JA 2010II-171, con nota de Aberastury, Pedro, La responsabilidad
del Estado por omisión en el ejercicio del poder de policía.
 Persona fallecida por el consumo de
propóleos.
 Razonamiento sentencia condenatoria de
Cámara finalmente revocada por la Corte:
 Si bien el propóleo no es un medicamento o una
droga (en razón de tratarse de una sustancia
cérea elaborada por las abejas), su utilización
con fines preventivos o curativos de
enfermedades era pública y notoria a la época
de los hechos acaecidos. Por eso, las
autoridades ministeriales estaban obligadas a
fiscalizar en los laboratorios habilitados el
fraccionamiento y comercialización del
producto sin poder alegar que dicha sustancia
no se hallaba registrada como un medicamento,
 porque lo relevante en este caso era la
notoriedad con la que el propóleo circulaba
en el mercado farmacológico, situación que
ponía en cabeza de los demandados arbitrar
las medidas conducentes para garantizar la
eficacia, seguridad y calidad de los
productos en salvaguarda del derecho a la
salud de la población y del acceso al
consumidor (art. 21 de la ley 16.493).
Motivación de la sentencia revocatoria
 La mera existencia de un poder de policía que
corresponde al Estado Nacional o provincial no resulta
suficiente para atribuirle responsabilidad en un
evento en el cual ninguno de sus órganos o
dependencias tuvo participación, toda vez que no
parece razonable pretender que su responsabilidad
general en orden a la prevención de los delitos pueda
llegar a involucrarlo a tal extremo en las
consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo
de hechos extraños a su intervención directa
(Fallos: 312:2138; 313:1636; 323:3599; 325:1265 y
3023; 326:608, 1530)
 Resulta relevante diferenciar las acciones de las
omisiones, ya que si bien el Tribunal ha admitido con
frecuencia la responsabilidad derivada de las primeras,
no ha ocurrido lo mismo con las segundas.
 Respecto de este último supuesto corresponde
distinguir entre los casos de omisiones a mandatos
expresos y determinados en una regla de derecho, en
los que puede identificarse una clara falta del servicio,
de aquellos otros casos en los que el Estado está
obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por la
ley sólo de un modo general e indeterminado, como
propósitos a lograr en la mejor medida posible.
 El poder de policía sanitaria está legalmente definido
de modo genérico y no se identifica con una garantía
absoluta de privar de todo daño a los ciudadanos
derivado de la acción de terceros. Consagrar una regla
de este tipo es una decisión que el legislador no ha
tomado, y que no registra antecedentes en el derecho
comparado. Por lo demás, sería irrazonable que el
Estado sea obligado a que ningún habitante sufra daños
de ningún tipo, porque ello requeriría una previsión
extrema que sería no sólo insoportablemente costosa
para la comunidad, sino que haría que se lesionaran
severamente las libertades de los mismos ciudadanos a
proteger.
 En el caso de la omisión ilegítima rigen los
presupuestos derivados de la responsabilidad
extracontractual del Estado. En consecuencia,
no puede estar ausente el nexo causal entre el
daño invocado y la prescindencia estatal, de
manera que las consecuencias dañosas puedan
serle imputadas. Así, sólo deberá responder si
el perjuicio es consecuencia de la omisión en una
relación de causa a efecto sin elementos
extraños que pudieran fracturar la vinculación
causal.
 De la mera lectura de la ley 16.463 surge la
imposición al laboratorio del cumplimiento de
obligaciones expresas en cuanto a la
elaboración de los medicamentos y a solicitar
la autorización respectiva del Ministerio a
tal fin. Ello me conduce a sostener, como lo
hace el apelante, que el a quo debía verificar
ciertas circunstancias fácticas, tal como que
los productos que se encontraban a la venta
no tenían los certificados correspondientes,
entre otras irregularidades.
 En función de ello, no se advierte una falta
imputable capaz de comprometer la
responsabilidad del Estado Nacional, sino que
la lesión es exclusivamente atribuible a la
conducta del laboratorio. En consecuencia, al
no verificarse la adecuada relación causal
entre el daño ocasionado y su imputación al
Estado, la sentencia apelada se aparta de los
presupuestos que desde antiguo viene la
Corte exigiendo para que se configure su
responsabilidad extracontractual.
Omisión de custodia en el
ferrocarril
 CSN 9/3/2010, Uriarte c/Transporte metropolitanos Gral.
Roca, JA 2010-III-194 y JA 2010-II-182, con nota de
Canosa, Armando, Realidades acerca del control en las
concesiones ferroviarias. Por mayoría; votaron por aplicar el
280 CPCCN HIGHTON, PETRACCHI, ARGIBAY.
 Hechos: Pasajero ubicado en lugar peligroso;
puertas abiertas; atacado por terceros para
robarle y arrojado desde el tren
 Demanda rechazada por la cámara de
apelaciones. Fundamentos de la sentencia
revocatoria de la CSN:
 La sentencia impugnada sostiene que hay un
deber de seguridad a cargo del transportista
que asume la obligación de llevar al pasajero
sano y salvo al destino (art. 184 del Cód. de
Com), y luego lo exime de responsabilidad
porque considera los hechos delictivos como una
causa ajena al transporte, que encuadran en un
supuesto de caso fortuito, que produce la
ruptura del nexo causal.
 Este razonamiento revela un grave defecto de
fundamentación que obliga a calificar como
arbitraria a la sentencia en recurso.
 La interpretación de la extensión de la
obligación de seguridad que tiene causa en el
contrato de transporte de pasajeros, integrada
con lo dispuesto por el artículo 184 del Código
de Comercio, debe ser efectuada con sustento
en el derecho a la seguridad previsto
constitucionalmente para los consumidores y
usuarios (artículo 42, Constitución Nacional).
 La incorporación del vocablo seguridad en la
Carta Magna, es una decisión valorativa que
obliga a los prestadores de servicios
públicos a desempeñar conductas
encaminadas al cuidado de lo más valioso: la
vida y la salud de sus habitantes, ricos o
pobres, poderosos o débiles, ancianos o
adolescentes, expertos o profanos
 (Fallos: 331:819).
 Desde esta perspectiva, aquel concepto debe ser
entendido como un valor que no sólo debe guiar la
conducta del Estado sino también la de los
organizadores de actividades que, directa o
indirectamente, se vinculan con la vida o la salud de
las personas. Por otra parte, la noción de seguridad
trata de impedir que el poder de dominación de una
parte en dicha relación afecte los derechos de
quienes se encuentran en situación de debilidad; es
decir, el consumidor y el usuario. A partir de esa
premisa, el transportista debe adoptar las medidas
atinentes a la prevención de los riesgos que la
prestación prometida acarrea para el consumidor o
sus bienes.
 Los usuarios y consumidores son sujetos
particularmente vulnerables a los que el
constituyente decidió proteger de modo especial,
y por lo tanto, no corresponde exigirles la
diligencia de quien celebra un contrato comercial.
 El ciudadano común que accede a un vagón de
tren tiene una fundada confianza en que el
organizador se ha ocupado razonablemente de su
seguridad.
 Ello es así porque la prestación de servicios
masivos presenta un grado de complejidad y
anonimato que resultan abrumadores para
quienes los reciben. No se puede soslayar que
el fortalecimiento de la apariencia jurídica y
de la confianza son esenciales para estos
sistemas, que no podrían subsistir tanto si se
negara protección jurídica a las marcas, como
si se exigiera al consumidor que se
comportara como un contratante experto que
exigiera pruebas e información antes de usar
el servicio.
 La empresa demandada tuvo a su alcance la
posibilidad de evitar la producción del accidente
(Fallos:312:2412; 317:768), y no lo hizo, pues no
cumplió con la obligación que tiene a su cargo de
arbitrar los medios necesarios para que su
personal adoptara las diligencias mínimas del
caso. En este sentido, la transportista debió
controlar que no viajaran pasajeros ubicados en
lugares peligrosos y que las puertas siempre
estuvieran cerradas antes de que la formación
se pusiera en marcha.
 La Constitución Nacional obliga a los prestadores
de servicios públicos a brindarles un trato digno
a los consumidores (artículo 42, C.N).
 El trato digno al pasajero transportado significa
que se deben adoptar medidas para que éste sea
atendido como una persona humana con dignidad,
contemplando la situación de quienes tienen
capacidades diferentes, o son menores, o no
tienen la instrucción necesaria para comprender
el funcionamiento de lo que se le ofrece (Fallos:
331:819).
 Ello incluye la adopción de las diligencias mínimas
para que el tren circule con las puertas cerradas,
y para evitar que viajen pasajeros ubicados en
lugares peligrosos.
 Se trata de una empresa que explota una
actividad riesgosa y, en tanto presta un servicio
público, debe cumplir con sus obligaciones de
buena fe que exige un comportamiento que
proteja las expectativas razonables que se crean
en la otra parte, entre las cuales está la de
adoptar los mecanismos mínimos que impidan
sucesos infortunados como el ocurrido
 Es evidente que el pronunciamiento
impugnado prescindió de la aplicación de la
ley vigente, pues no analizó debidamente el
caso a la luz de la Ley Fundamental que
otorga protección constitucional a la
seguridad de los consumidores y usuarios, y
soslayó la consideración de argumentos
relevantes para la consideración del caso.
 Que aun enfocando la controversia desde la sola
aplicación del derecho común, como lo hizo el a
quo, la sentencia de todos modos incurre en un
defecto grave de fundamentación.
 La circunstancia de que el accionante fue víctima
de un hecho delictivo no tiene aptitud alguna
para romper el nexo causal puesto que el convoy
en el que sucedió el evento circulaba sin personal
de seguridad y no todos los trenes lo llevaban,
puesto que ello dependía de un diagrama
prefijado, organizado por la empresa
transportista
 Si bien el hecho delictivo de terceros
puede resultar imprevisible para el
prestador del servicio ferroviario, toda vez
que no cabe exigirle que se constituya en un
guardián del orden social a fin de reprimir
inconductas de los viajeros (Fallos:
322:139), ello no quita que aquél arbitre,
cuanto menos, las mínimas medidas de
seguridad a su alcance para evitar daños
previsibles o evitables.
Compañías aseguradoras
 Es arbitraria la sentencia que condena al Estado
Nacional y a la Superintendencia de Seguros por la
quiebra de un asegurador, con sustento en la
omisión de ejercer el poder de policía, si la
pretensión originaria se fundó en la condición de
garantes de la relación entre asegurado y
asegurador, pues los jueces no están facultados
para alterar las bases fácticas del proceso y la
causa petendi
 (CSN 24/6/2004, Sorba, LL 2004-E-957)
 Sentencia revocada, Cám. Fed. Mar del Plata, 2/3/2000, La Ley Bs.
As., 2000-826, Doc. Jud. 2000-3-826 y JA 2000-II-694
Omisión de control sobre existencia de
seguros en el transporte
 CS Mza, 6/4/2006
(LS 363-234, publicada en
Jurisprudencia de Mendoza 71-85, Foro de Cuyo 70-288,
Actualidad Jurídica de Cuyo 2006-36, La Ley Gran Cuyo
2006-739, Rev. Responsabilidad civil y seguros, Octubre
2007)
 Omisión de controles:


genéricos (no)
específicos (sí).
 En el caso, un transporte escolar,
constancias administrativas que no ha
presentado prueba del seguro. SI a la RE
 CS Mza, 14/10/2008, Illanes
 Vehículo particular, que no realiza ningún
tipo de transporte destinado al público; no
existen datos que permitan afirmar que el
Estado, a través de sus funcionarios, en
algún momento tuvo conocimiento del
incumplimiento de la obligación de
contratar seguro.
 Respuesta judicial: NO a la RE
Policía caminera.
Omisión en el control de animales, CSN 7/11/1989,
Ruiz, Fallos 312-138
v Ni dueño ni guardián
v La ruta no es cosa riesgosa
v Irrazonabilidad del control permanente
Custodia de cosas inertes.
Omisión de informar
 CSN 31/8/2010, LL 2010-E-403, con nota
de Trigo Represas y LL 2010-F-189
 Niño hallado sin vida en un lago artificial
ubicado en el Complejo Turístico
Chapadmalal en ocasión de realizar un viaje
de fin del curso escolar de séptimo grado.
Aguas provinciales, establecimiento
nacional; demanda con el estado nacional.
 Cámara de apelaciones, rechazo de la
demanda. Argumentos:
 a) El embalse donde el niño se asfixió
pertenece al dominio público de la provincia
de Bs. As.
 b) El aprovechamiento común del arroyo
como bien público de un Estado provincial
corre por cuenta y riesgo de quien lo utiliza
sin que aquél deba responder por las
consecuencias de ese uso particular (art.
2341 del Código Civil).
 Su utilización temporaria debe responder al
obrar prudente del beneficiario, quien se hace
cargo de su conducta.
 No hay razón ni contractual ni legal para atribuir
responsabilidad al Estado nacional, porque el río es
provincial y el accidente no se produjo en las
instalaciones del complejo turístico sino en las aguas
provinciales. El Estado nacional sólo se ha obligado a
proveer el alojamiento y la comida, y el hecho que dio
origen al juicio no tiene vinculación con las condiciones
del primero ni con la calidad de la segunda
 El hecho dañoso tenía vinculación, como causa
inmediata, con la falta de prudencia de los niños
y, por consiguiente, de diligencia en el juicio y
vigilancia sobre las actividades que éstos
realizaban, la que reposaba en quienes ejercían
su guarda, es decir, en las personas que habían
sido autorizadas por los padres para proveerles
seguridad y cuidado, según las circunstancias
de tiempo, modo y lugar, (arts. 265, 275, 512,
902 y 912 del Código Civil).
Decisión revocatoria de la CSN
 Cabe establecer si el lugar donde ocurrió el
hecho se encuentra bajo la jurisdicción del
Estado Nacional o si, como lo señala la
sentencia recurrida, pertenece al dominio
público de la provincia de Buenos Aires.
 El deceso se produjo en el lago no
navegable.
 Los lagos navegables son bienes públicos del
Estado.
 No existe en la ley civil disposición expresa
respecto de la propiedad de los no
navegables, pero por aplicación de los
principios generales de nuestro derecho
resulta evidente que ella corresponde al
dueño de la tierra en que se ha formado el
lago (Código Civil artículos 2342, inciso
 1°, 2347, 2518 y 2578, conf. doctrina en
autos "Frederking” Fallos: 138:295).
 El lago en el que ocurrió el accidente
integra el perímetro en el que se encuentra
el conjunto de instalaciones del complejo
hotelero Chapadmalal dependiente de la
Secretaría de Turismo de la Nación. Esta
última, a su vez, lo concesiona para la
explotación de actividades náuticas con
beneficio comercial con el propósito de
beneficiar el turismo social y escolar en los
términos de la ley 14.574 y de la resolución
504/92.
 En definitiva, el hecho ocurrió en un lago cuya
explotación realiza el Estado Nacional
 ¿Cabe responsabilizarlo?
 Conforme jurisprudencia reiterada, para que
el Estado responda deben reunirse estos
requisitos: a) el Estado debe incurrir en una
falta de servicio, b) la actora debe haber
sufrido un daño cierto, y c) debe existir una
relación de causalidad directa entre la
conducta estatal impugnada y el daño cuya
reparación se persigue (Fallos: 328:2546).
 Está acreditado que:
 A) el Estado Nacional no informó acerca de los riesgos




existentes.
B) En el lugar no había ninguna clase de advertencia
sobre la profundidad del lago y los riesgos derivados de
su uso.
C) La zona del lago era de muy fácil acceso desde el
hotel donde se hallaban alojados los menores
D) Allí tampoco se contaba con carteles indicadores de
normas de seguridad ni vigilancia
E) Los carteles fueron colocados horas después del
accidente
 La experiencia indica que los niños pueden
sentirse atraídos por espacios acuáticos
especialmente en verano y de vacaciones.
 En consecuencia, se dan todos los
requisitos establecidos por esta Corte para
configurar una falta del servicio.
 Ampliación voto Dr. Lorenzetti
 La actividad que desarrollaron los niños estaba
regulada por la legislación nacional y quedaba
comprendida dentro de los denominados "turismo
social" y "turismo escolar“. Con respecto al
"turismo social", la ley 14.574, vigente al
momento de los hechos, se dictó para promover y
organizar dentro de la jurisdicción nacional el
denominado "turismo social" para docentes,
empleados, jubilados, pensionados, obreros,
estudiantes y trabajadores independientes. De
este modo se decidió fomentar y apoyar en zonas
de turismo
 Con relación al "turismo escolar", la demandada
dictó la resolución 504/92, por la que se
aprobaron las normas de admisión de
solicitudes y asignación de comodidades para la
Unidad Turística de Chapadmalal Centre otras
que incluían un capítulo sobre turismo escolar
(7° grado) destinado a escuelas primarias
oficiales de todo el país pertenecientes a
sectores de escasos recursos, con requisitos y
procedimientos para la adjudicación de plazas
en las unidades afectadas dentro de las cuales
se encontraban distintas planillas y formularios
que debían ser llenados y presentados por los
interesados.
 Una de las planillas que según el juez de
primera instancia no habría sido llenada por los
acompañantes de la excursión fijaba los
objetivos del programa (premiar el esfuerzo
de finalizar el ciclo primario y contribuir a la
integración nacional) y, a su vez, establecía un
listado de responsabilidades que quedaban a
cargo de los coordinadores de los grupos,
dentro de las cuales se encontraba el cuidado
y control del grupo durante la noche, al igual
que en las habitaciones, comedor y
especialmente en las playas por el peligro de
internarse en las aguas.
 El Estado Nacional tenía a su cargo un
deber de información sobre los riesgos
existentes en el lugar y un deber de
seguridad consistente en adoptar todas las
medidas necesarias para evitarlos.
 La Secretaría de Turismo de la Presidencia
de la Nación propició un plan de turismo
social con el objeto de poder contar con un
período de vacaciones en unidades
turísticas como la existente en Chapadmalal
a niños que contaran entre once y trece
años. Ello generó una razonable expectativa
de confianza en que se les estaba
ofreciendo un lugar seguro.
 Promover el turismo social y escolar, ofrecer
un servicio de hotelería con alimentación y
esparcimiento, implica el deber de suministrar
condiciones de seguridad dentro del predio
ante riesgos previsibles. En efecto, si
resultaba previsible que los niños se bañaran
en el lago que les ofrecía el complejo turístico,
no parece irrazonable exigir del Estado la
adopción de una concreta medida de
seguridad, como por ejemplo, la disposición de
un guía, asistente o cuidador
 más que centrar el eje de la discusión
sobre el eventual acceso directo al lago y
sobre las conductas que deberían haber
asumido los cuatro padres, debe precisarse
en qué medida las circunstancias que
determinaron el accidente habrían podido
ser evitadas si la administración hubiera
tomado los recaudos de seguridad
apropiados para advertir a todas las
personas que visiten el lugar, y no sólo a los
niños los riesgos que significaba acceder a
las aguas del lago sin importar desde qué
lugar se pudiera llegar a ellas.
 El deber de seguridad tiene fundamento
constitucional (art. 42 C.N) y es una
decisión valorativa que obliga a la sociedad
toda a desempeñar conductas encaminadas
al cuidado de lo más valioso que existe en
ella: la vida y la salud de sus habitantes,
ricos o pobres, poderosos o débiles,
ancianos o adolescentes, expertos o
profanos.
Omisión de control de cosas en custodia
usadas por terceros
 CSN 12/6/2007, Serradilla, Raúl,
c/Provincia de Mendoza y otro, Doc. Jud.
2007-2-767.
 Hechos:
 18/9/997, compareció al Registro Nacional de
las Personas de Mendoza, para formalizar el
cambio de domicilio, y dado que su Documento
Nacional de Identidad, duplicado, se
encontraba deteriorado, solicitó un nuevo
ejemplar. A tal fin, el registro expidió la
constancia de solicitud en trámite para el
Documento Nacional de Identidad (DNI)
 Concurrió en numerosas ocasiones a la oficina
registral pero el documento nunca le fue
entregado.
 5/11/ 1998 el Banco de Boston, del cual era
cliente y único banco con el que operaba, le
informó que a raíz de la comunicación del
Banco Central de la República Argentina
que había resuelto inhabilitarlo para operar
en cuenta corriente en todo el país por
librar cheques sin provisión de fondos,
procedería a cerrar su cuenta y a dar de
baja las tarjetas de crédito que le habían
sido otorgadas por la institución, lo que
finalmente ocurrió
 Gracias a los datos que le dieron en Veraz,
detectó que en la Sucursal Morón del Citibank
había una cuenta abierta a su nombre, y al
exhibírsele una fotocopia del DNI triplicado
con sus datos personales observó que la
fotografía, la firma y la impresión dígito
pulgar no se correspondían con las de su
persona. Igual situación ocurrió en otra
entidad bancaria (HSBC Roberts, Sucursal
Pilar).
 Defensa del gobierno nacional demandado
 El ejemplar del DNI en cuestión fue enviado por el
Registro Nacional de las Personas a la oficina
seccional de la provincia. El registro es
dependiente de la autoridad local, que no tiene
relación jerárquica con el organismo nacional
 El actor no acredita, tal como lo exige el art. 15 de
la ley 17.671, la entrega de los documentos a los
respectivos titulares, y que no es posible
determinar si el DNI del actor se extravió, fue
utilizado por un tercero, o directamente estuvo en
posesión del verdadero titular de la identificación.
 Defensa de la provincia de Mendoza
 Ella nunca recibió la tercera copia del DNI
 Hecho definitivamente probado
 El actor inició el trámite pertinente para
obtener un triplicado de su (DNI) y el
instrumento fue extraviado en alguna de las
agencias estatales que tomaron
intervención con el fin de llevar a cabo
dicho servicio.
 Fundamentos de la condena
 El incumplimiento del deber de custodia
conferido a ambos organismos estatales por las
normas antes citadas dio lugar a que el
triplicado del DNI solicitado por Serradilla
haya sido utilizado por terceros no
identificados, según constancias de la causa
penal 8110-D para la apertura de dos cuentas
corrientes; una, en el Citibank - Bs. As., y otra
en el HSBC Bank Roberts - sucursal Pilar ambas
con el nombre y apellido del actor pero con sus
restantes datos filiatorios adulterados
 Las circunstancias descriptas determinan la
responsabilidad concurrente de las
demandadas en los términos de la doctrina
establecida por esta Corte en reiterados
precedentes, con arreglo a la cual "quien
contrae la obligación de prestar un servicio
lo debe realizar en condiciones adecuadas
para llenar el fin para el que ha sido
establecido, y es responsable de los
perjuicios que causare su incumplimiento o
ejecución irregular.
Valoración de la relación de
causalidad
 El cierre de la cuenta que Serradilla tenía abierta ante
el Banco de Boston y su posterior inhabilitación para
operar resultan ser una consecuencia que materialmente
debe ser imputada a las series causales generadas por la
falta de servicio en que han incurrido las agencias
estatales del Estado Nacional y de la Provincia de
Mendoza, al no custodiar el nuevo ejemplar del
Documento Nacional de Identidad que había requerido el
demandante, y la apertura de las cuentas corrientes por
parte de las entidades financieras, que han concurrido
para dar lugar al resultado dañoso, funcionando como
concausas unidas por su eficacia colateral (Fallos:
317:1921).
 La eventual responsabilidad de las entidades
bancarias, que no han sido traídas al proceso no
excusa total ni parcialmente la de los estados
codemandados, sin perjuicio de las acciones que
ulteriormente éstos pudieran ejercer contra
aquéllas para obtener si procediere su contribución
en la deuda solventada (Fallos: 307:1507). Ello es
así, pues dicha responsabilidad no obsta a la que,
frente a la característica de obligaciones
concurrentes que se presenta, corresponde
adjudicar a los estados nacional y provincial por la
deficiente prestación del servicio a su cargo ante
la demostración de la adecuada relación causal
existente entre la conducta imputada y el
resultado dañoso ocasionado (Fallos:318:1800).
 Victoria a “lo Pirro”
 Condena $ 5000 daño moral; no acreditó ni
el daño material, ni el daño psíquico (la
depresión obedeció a la muerte súbita de
su esposa; no concurrió a los tratamientos
psicológicos)
Actividades deportivas
 Mosca, 6/3/2007,
 Fallos 330-563, Resp. Civil y seguros 2007-3-11; LL
2007-B-261 y 633; LL 2007-C-119; Foro de
Córdoba n° 114-163:; ED 222-133; Rev. D.
Administrativo n° 61, 2007-797; Cuadernos de
Derecho Deportivo n° 8/9, Bs. As., ed. Ad Hoc,
2007.
 Hechos
 Un chofer había llevado fotógrafos de Clarín a la
cancha. Está afuera, en las inmediaciones, esperando la
salida. Simpatizantes de Lanús comenzaran a arrojar
todo tipo de objetos hacia el campo de juego, como así
también contra la hinchada del equipo visitante que
intentaba abandonar precipitadamente el estadio.
 En esas circunstancias, aproximadamente a las 23.30
horas fue alcanzado por un elemento contundente en el
rostro a la altura del ojo izquierdo, que le provocó una
importante herida que le ocasionó una progresiva
disminución de su visión, la que se fue agravando
posteriormente.
 Demanda al club, a la AFA, a la provincia de Bs.
As.
 Condena a las dos primeras
 Liberación de la provincia. Argumentos:
 Aclaración inicial: Habiendo sido resarcido el
hecho dañoso mediante el régimen laboral
especial, la presente acción presenta un carácter
complementario. se trata ahora de determinar si
hay otros responsables a los que se pueda
imputar daños diferentes, o una mayor cuantía si
es que hubo una indemnización insuficiente.
 Se ha demandado a la Provincia de Bs.As-
imputándosele negligencia por la actuación
del personal de la dependencia policial
 La responsabilidad directa basada en la
falta de servicio entraña una apreciación en
concreto que toma en cuenta la naturaleza
de la actividad, los medios de que dispone el
servicio, el lazo que une a la víctima con el
servicio y el grado de previsibilidad del
daño (Fallos: 321:1124).
 La mera existencia de un poder de policía que
corresponde al Estado no resulta suficiente para
atribuirle responsabilidad en un evento en el cual
ninguno de sus órganos o dependencias tuvo
participación, toda vez que no parece razonable
pretender que su responsabilidad general en
orden a la prevención de los delitos pueda llegar
a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias
dañosas que ellos produzcan con motivo de
hechos extraños a su intervención directa
(Fallos: 312:2138; 313:1636; 323: 3599; 325:
1265 y 3023; 326: 608, 1530 y 2706).
 Distinción entre acciones/omisiones
 En las omisiones, mandatos determinados e
indeterminados.
 El servicio de seguridad no está legalmente
definido de modo expreso y determinado, y
muchos menos se identifica con una garantía
absoluta de que los ciudadanos no sufran
perjuicio alguno derivado de la acción de
terceros. Consagrar una regla de este tipo es
una decisión que el legislador no ha tomado, y
que no registra antecedentes en el derecho
comparado
 Por lo demás, sería irrazonable que el Estado
sea obligado a que ningún habitante sufra daños
de ningún tipo, porque ello requeriría una
previsión extrema que sería no sólo
insoportablemente costosa para la comunidad,
sino que haría que se lesionaran severamente las
libertades de los mismos ciudadanos a proteger.
No puede afirmarse, como lo pretende el actor,
que exista un deber de evitar todo daño, sino en
la medida de una protección compatible con la
tutela de las libertades y la disposición de
medios razonables.
 Se debe apreciar si se dispusieron tales medios
razonables para el cumplimiento del servicio.
 La policía destinó efectivos para la custodia de
las adyacencias y de determinados lugares dentro
del estadio (499 efectivos policiales, 12
patrulleros, un ómnibus y un celular); policía
adicional (efectivos de infantería, de caballería,
guías con canes, brigada de investigaciones,
brigada de explosivos, de inteligencia, dos de ellos
con filmadoras para captar las imágenes del
ingreso y egreso del público y que el personal del
comando de patrullas era el encargado de hacer
"constantes” recorridas por las adyacencias del
estadio.).
Previsiblidad del daño
 No existen vínculos previos entre el dañado
y el Estado. Se trata de un deber jurídico
indeterminado para la generalidad de los
ciudadanos quienes, en consecuencia, no
tienen un derecho subjetivo, sino un interés
legitimo subjetivamente indiferenciado a la
seguridad.
 Los simpatizantes locales que se encontraban en
las plateas reaccionaron "arrojando trozos de
mampostería hacia el campo de juego -al cual
intentaron ingresar- tratando de impactar en los
jugadores, árbitros y personal policial". Pero los
efectivos policiales lo impidieron, de manera tal
que los árbitros y los jugadores visitantes se
pudieron retirar del estadio sin "que sufrieran
daños físicos“ Como consecuencia del
procedimiento quedaron detenidos treinta y
ocho espectadores, cuya identidad fue
determinada.
 Puede concluirse que la policía actuó
conforme con un estándar de previsibilidad
de lo que normalmente acontece, lo cual no
genera responsabilidad según el Código Civil
(arts. 901 a 906).
Establecimientos carcelarios
Creo necesario insistir, como lo sugieren
los autores, que una cosa es legislar, otra
es juzgar, otra más es defender, pero una
es particularmente mucho más difícil y
dura: estar preso.
(*) BERGALLI, Roberto, Esta es la Cárcel que tenemos... (pero que
no queremos), en la obra colectiva, Cárcel y Derechos Humanos,
pág. 19, Barcelona, José María Bosch, 1992.
CSN 22/12/2009, Gatica, Susana c/ Provincia
de Bs. As, LL 2010-B-327, LL 2010-F-561, Doc. Jud. 20102500 y RC y S 2010-6-120
 Hechos
 Persona de 20 años que cumple pena de prisión
en una cárcel de Pvcia de Bs. AS. (Gral. Alvear)
muere por efecto de un ataque con arma blanca
de otro interno, después de haber sido
internado en un hospital, operado, y vuelto a la
penitenciaría. Ante los problemas de salud lo
llevan a otro hospital, donde muere
 Causas de la demanda: (a) mala atención
médica; (b) Omisión en la seguridad de la cárcel
Rechazo de la 1° causal.
Análisis de la 2° causal
 Como lo ha señalado esta Corte en Fallos:
318:2002, el postulado que emana del artículo 18
de nuestra CN tiene un contenido operativo que
impone al Estado, por intermedio de los servicios
penitenciarios respectivos, la obligación y
responsabilidad de dar a quienes están
cumpliendo una condena o una detención
preventiva la adecuada custodia, obligación que
se cimienta en el respeto a su vida, salud e
integridad física y moral.
 La seguridad, como deber primario del
Estado, no sólo importa resguardar los
derechos de los ciudadanos frente a la
delincuencia sino también, como se
desprende del citado artículo 18, los
propios de los penados, cuya readaptación
social se constituye en un objetivo superior
del sistema.
 Corresponde examinar si en el sub judice se
ha demostrado que el Estado Provincial ha
incurrido en negligencia o incumplimiento
irregular de su función en la realización de
las obligaciones que le habían sido
impuestas.
 8°) Que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos señaló que "quien sea detenido tiene
derecho a vivir en condiciones de detención
compatibles con su dignidad personal y el
Estado debe garantizarle el derecho a la vida y
a la integridad personal, y que es el Estado el
que se encuentra en una posición especial de
garante, toda vez que las autoridades
penitenciarias ejercen un fuerte control o
dominio sobre las personas que se encuentran
sujetas a su custodia.
 De este modo, se produce una relación e
interacción especial de sujeción entre la
persona privada de libertad y el Estado,
caracterizada por la particular intensidad con
que el Estado puede regular sus derechos y
obligaciones y por las circunstancias propias del
encierro, en donde al recluso se le impide
satisfacer por cuenta propia una serie de
necesidades básicas, que son esenciales para el
desarrollo de una vida digna".
 Que la demandada tiene a su cargo, entre
otros, el deber de garantizar la seguridad
de los internos.
 Para cumplir con ese objetivo, el Servicio
Penitenciario tiene la obligación de evitar
que los internos tengan a su alcance
elementos de evidente peligrosidad, tales
como los secuestrados en este caso,
susceptibles de producir daños en la salud
física de aquéllos y de terceros.
 quien contrae la obligación de prestar un
servicio lo debe realizar en condiciones
adecuadas para llenar el fin para el que ha
sido establecido y debe afrontar las
consecuencias de su incumplimiento o
ejecución irregular…………….
 Corresponde desestimar la pretensión
eximente que, con fundamento en el art 514
del Código Civil, invoca la demandada. Ello es
así pues aún admitida la participación de la
víctima en el hecho se trataba de una
eventualidad previsible en el régimen del
penal, que pudo evitarse si la autoridad
penitenciaria hubiera cumplido adecuadamente
sus funciones
Sentencia
 Rechazo del daño material:
 (a) No hay presunción de daño material
respecto de la madre; (b) No se ha
acreditado que la apoyaba materialmente;
(c) "la vida humana no tiene valor económico
per se, sino en consideración a los que
produce o puede producir.
 (b) Acoge daño moral
 La dolorosa repercusión que importa la
pérdida de un hijo, la mayor causa de
aflicción espiritual. Por lo tanto, y habida
cuenta de que su indemnización no debe
necesariamente guardar relación con el
 daño material (Fallos: 326:2774), se la fija
en la suma de $ 70.000.
Establecimientos de internación
de niños y adolescentes
 CSN 21/12/2010 P. de P. c/Provincia de Córdoba,
Rev. Resp.Civil y Seguros, año XIII, n° 3, marzo
2011 pág. 75, con nota de José Luis Correa.
 Hechos: un adolescentes de 17 años se suicida el
2/6/1991 en un establecimiento dependiente del
Consejo Provincial de Protección al Menor de la
Provincia de Córdoba (según los actores, los
padres, el joven había sido asesinado por otros
adolescentes internados).
 La CSN revoca la decisión del ST Córdoba que
había confirmado la sentencia que rechazó la
demanda
 Fundamentos
 (a) Fórmula relativa a la organización del
servicio; responsabilidad directa; mal
funcionamiento del servicio; distinción
entre actos positivos y omisiones;
subdistinción entre los mandatos genéricos
y específicos
 (b) Disposiciones de la Convención
Internacional de los Derechos del niño
 “Los Estados partes se asegurarán de que las
instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los
niños cumplan las normas establecidas por las
autoridades competentes, especialmente en
materia de seguridad, sanidad, número y
competencia de su personal, así como en relación
con la existencia de una supervisión adecuada”
(art. 3º.3); “Los Estados partes garantizarán en
la máxima medida posible la supervivencia y el
desarrollo del niño” (art. 6º.2);
 “Los Estados partes adoptarán todas las
medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño
contra toda forma de […] descuido o trato
negligente […] mientras el niño se encuentre
bajo la custodia de cualquier persona que lo
tenga a su cargo” (art. 19.1); “Los niños temporal
o permanentemente privados de su medio
familiar, o cuyo superior interés exija que no
permanezcan en ese medio, tendrán derecho a
la protección y asistencia especiales del Estado”
(art. 20.1);
 Los Estados partes reconocen el derecho del
niño que ha sido internado en un establecimiento
por las autoridades competentes para los fines
de atención, protección o tratamiento de su
salud física o mental a un examen periódico del
tratamiento a que esté sometido y de todas las
demás circunstancias propias de su internación”
(art. 25).
 (c) Ley 26.061:
 “Comprobada la amenaza o violación de
derechos, deben adoptarse, entre otras,
las siguientes medidas […] tratamiento
médico, psicológico o psiquiátrico del niño o
adolescente[…]” (art. 37, inciso f).
 Consecuencia: necesidad de que el menor
recibiera un tratamiento psicológico, que,
además, él mismo había solicitado días
antes de su fallecimiento.
Prescripción y omisión
 Villas miserias: La acción de daños y
perjuicios fundada en la omisión del
Estado en permitir el asentamiento de
una villa miseria en terrenos públicos
provocando la desvalorización de los
terrenos linderos está sometida al
régimen de la responsabilidad
extracontractual
 ¿A partir de cuando?
 (ST San Luis, 12/2/2001, La Ley Gran Cuyo
2002-776)
Fórmulas generales sobre el día inicial
de la prescripción
 El punto de arranque del curso de la prescripción
se ubica a partir del momento en que la
responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente
acción para hacerla valer (art. 3958 del Cód. Civ.).
Como regla general, ello acontece cuando sucede
el hecho ilícito que origina la responsabilidad; pero
por excepción, puede determinarse un momento
diferente, ya sea porque el daño aparece después
o bien porque no puede ser apropiadamente
apreciado hasta el cese de una conducta ilícita
continuada (Fallos: 311:1478 y 2236; 312:1063 y
322:1888).
Responsabilidad del Estado
por incumplimiento de los
tratados de D. Humanos
Reglas
Algunas condenas al Estado argentino
 Es un principio de Derecho Internacional que toda
violación a una obligación internacional que haya causado
un daño genera una nueva obligación: reparar
adecuadamente el daño causado.
 Fundamento: artículo 63.1 de la Convención Americana,
“Cuando decida que hubo violación de un derecho o
libertad protegidos en esta Convención, la Corte
dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si
ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias
de la medida o situación que ha configurado la
vulneración de esos derechos y el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada”.
El artículo 63.1 de la Convención
Americana recoge una norma
consuetudinaria que constituye
uno de los principios
fundamentales del derecho
internacional contemporáneo
sobre la responsabilidad de los
Estados.
• La reparación del daño ocasionado por la infracción
de una obligación internacional requiere, siempre que
sea posible, la plena restitución (restitutio in
integrum), la cual consiste en el restablecimiento de
la situación anterior a la violación. De no ser esto
posible, cabe al tribunal internacional determinar
una serie de medidas para que, además de
garantizar el respeto de los derechos
conculcados, se reparen las consecuencias
producidas por las infracciones y se establezca,
inter alia, el pago de una indemnización como
compensación por los daños ocasionados.
Es necesario añadir las
medidas de carácter positivo
que el Estado debe adoptar
para asegurar que no se
repitan hechos lesivos
Otras reparaciones. Casuismo
 Suprimir los obstáculos a la libertad de
expresión.
 Restablecer una persona en su puesto de
trabajo.
 Crear un centro educativo o abrir una calle
con el nombre de las personas desaparecidas
 Hacer un monumento conmemorativo
 Eliminar al denunciante del registro de
reincidentes
 Publicar la sentencia
 Realizar un acto público de reconocimiento de
responsabilidad internacional y de declaración
de una política de Estado en materia de niños
en conflicto con la ley
 Llevar adelante un programa de educación y
asistencia vocacional para las víctimas
 Otorgamiento de un lugar en el cementerio para
los restos de las víctimas
Modificación de la ley como
forma de reparación
* Cumplimiento (modificación del
Cód. Penal; caso Kimmel)
* Incumplimiento
 Bulascio c/ Argentina. Voto Gil Lavedra
 En cuanto al deber de adecuar la
legislación interna a los estándares
internacionales, no cabe duda alguna
que la Argentina ha incorporado a su
derecho interno, incluso otorgándoles
en algún caso rango constitucional, a
gran cantidad de disposiciones
internacionales en materia de
derechos humanos
 Seguramente uno de los aspectos
relevantes en esta materia que
aún falta, es la adecuación a la
Convención sobre los Derechos
del Niño, a través de la sanción de
un régimen penal juvenil que
satisfaga los requerimientos de
dicha Convención.
 Empero, probablemente la mejor manera
de garantizar la no repetición de
episodios como el de esta causa, que
lamentablemente no resultan
excepcionales en la cotidianeidad
latinoamericana, es la adopción de
prácticas policiales que asuman el
compromiso de respetar los derechos
humanos y órganos de justicia que se
constituyan en celosos guardianes de
cualquier desvío.
La obligación sólo se
satisface cuando la
reforma se realiza
efectivamente.
 Es muy importante no caer en la falacia de
pensar que porque se ha producido una
transformación normativa se ha producido
automáticamente una transformación en el
plano de su implementación, ya que las
transformaciones normativas no han sido
siempre acompañadas de las necesarias
reformas de carácter institucional para
hacerlas efectivas.
 Emilio García Méndez, su dictamen reproducido en sentencia CIDH
CASO “INSTITUTO DE REEDUCACIÓN DEL MENOR” VS. PARAGUAY,
2/9/2004
 "[s]egún el derecho internacional las
obligaciones que éste impone deben
ser cumplidas de buena fe y no puede
invocarse para su incumplimiento el
derecho interno“
 Esta regla ha sido codificada en el
artículo 27 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados de
1969.
Una diferencia básica
con el derecho interno
La obligación del
Estado de investigar y
sancionar penalmente
a los autores de
violaciones de
derechos humanos.
 “La obligación conforme al derecho
internacional de enjuiciar y, si se les
declara culpables, castigar a los
perpetradores de determinados
crímenes internacionales, entre los que
se cuentan los crímenes de lesa
humanidad, se desprende de la
obligación de garantía consagrada en el
artículo 1.1 de la Convención Americana.
 Esta obligación implica el deber de los
Estados Partes de organizar todo el
aparato gubernamental y, en general,
todas las estructuras a través de las
cuales se manifiesta el ejercicio del
poder público, de manera tal que sean
capaces de asegurar jurídicamente el
libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos.
 El derecho a la verdad se encuentra
subsumido en el derecho de la víctima o
sus familiares a obtener de los órganos
competentes del Estado el
esclarecimiento de los hechos
violatorios y las responsabilidades
correspondientes, a través de la
investigación y el juzgamiento que
previenen los artículos 8 y 25 de la
Convención.
 Casuismo
 Bayarri estuvo privado de su libertad por casi 13
años sobre la base de una confesión que fue
obtenida bajo tortura. No obstante que la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de Argentina consideró
probada la tortura a la que fue sometido,
transcurridos casi 16 años desde que ocurrieran los
hechos, el Estado argentino no ha provisto de una
respuesta judicial adecuada al señor Bayarri
respecto de la responsabilidad penal de los
autores, ni lo ha remediado de modo alguno por las
violaciones sufridas”.
 Bulascio c/ Argentina, 18/7/2003. Voto Gil
Lavedra

 La investigación de los hechos, satisface el
derecho a la verdad que tiene toda víctima. La
imposición de una pena al culpable de lo sucedido
no sólo afirma y comunica a la sociedad la
vigencia de la norma transgredida, según las
ideas más corrientes de la prevención general
positiva, sino que también posee un inequívoco
sentido reparador para la víctima y/o sus
familiares.
 En efecto, la violación de todo
derecho humano supone una afrenta a
la dignidad y respeto que merece todo
ser humano como tal, por ello la
aplicación de una pena a quien cometió
el hecho, restablece la dignidad y la
estima de la víctima frente a sí misma
y a la comunidad. Repara en alguna
medida el mal que ha sufrido.
 La impunidad no sólo alienta la repetición
futura de los mismos hechos, sino que impide
el efecto reparador que tiene para la
víctima la sanción penal. Investigación,
averiguación de la verdad, castigo al
culpable, acceso a la justicia, recurso
judicial efectivo, son los elementos que
configuran las obligaciones básicas de todo
Estado ante la violación del derecho humano,
para procurar su reparación y como
garantía de que no se repetirá.

Ley que rige la
obligación de reparar
• La obligación de reparar, que se regula en todos
los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades
y determinación de los beneficiarios) por el
Derecho Internacional, no puede ser
modificada o incumplida por el Estado
obligado invocando disposiciones de su
derecho interno.
• Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 5, párr. 176;
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota
9, párr. 197; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra
nota 12, párr. 296;
Consecuencias en materia de:
(a) legitimación
(b) leyes de amnistía
(c) prescripción
(d) cosa juzgada
(e) criterios jurisprudenciales
sobre determinadas materias
Legitimación
 Principios y directrices básicos
sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves del
derecho internacional humanitario a
interponer recursos y obtener
reparaciones.
60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de
diciembre de 2005
 8. A los efectos del presente documento, se
entenderá por víctima a toda persona que
haya sufrido daños, individual o
colectivamente, incluidas lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdidas
económicas o menoscabo sustancial de sus
derechos fundamentales, como consecuencia
de acciones u omisiones que constituyan una
violación manifiesta de las normas
internacionales de derechos humanos o una
violación grave del derecho internacional
humanitario
 Cuando corresponda, y en conformidad con el
derecho interno, el término “víctima” también
comprenderá a la familia inmediata o las personas a
cargo de la víctima directa y a las personas que
hayan sufrido daños al intervenir para prestar
asistencia a víctimas en peligro o para impedir la
victimización.
 9. Una persona será considerada víctima con
independencia de si el autor de la violación ha sido
identificado, aprehendido, juzgado o condenado y
de la relación familiar que pueda existir entre el
autor y la víctima.
La vida, como valor en sí
misma
Indemnización que se
recibe:
 por derecho sucesorio
 por derecho propio
“Parte lesionada” art 63 CI
 Derecho propio
 2.15 del Reglamento
 el término “familiares de la víctima” debe
entenderse como un concepto amplio que
comprende a todas las personas vinculadas
por un parentesco cercano, incluyendo a los
padres, hermanos y abuelos, que podrían
tener derecho a indemnización, en la medida
en que satisfagan los requisitos fijados por la
jurisprudencia de este Tribunal
 Los familiares de las víctimas de
violaciones de los derechos humanos
pueden ser, a su vez, víctimas. Entre los
extremos a considerar se encuentran la
existencia de un estrecho vínculo familiar,
las circunstancias particulares de la
relación con la víctima, la forma en que el
familiar fue testigo de los eventos
violatorios y se involucró en la búsqueda
de justicia y la respuesta ofrecida por el
Estado a las gestiones realizadas.
 “En vista de lo anterior, el Tribunal considera que
únicamente los integrantes del núcleo familiar más
íntimo del señor Bueno Alves, esto es, su madre, ex
esposa e hijos, son víctimas de la violación del
artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación
con el artículo 1.1 de la misma, por el perjuicio
emocional que padecieron por las torturas que aquél
sufrió a manos de agentes del Estado y la posterior
denegación de justicia”.
 (persona golpeada por la policía durante una detención; pérdida
de parte de la capacidad auditiva; depresión).
 Caso Bueno Alves Vs. Argentina, 11/5/ 2007
 Transmisión del derecho de la víctima
 Esta Corte ha desarrollado criterios aplicables a este
respecto en el sentido que: deben recibir la
indemnización los hijos, compañeras y padres. Este
Tribunal hace notar que en el caso en estudio, la
víctima era un adolescente y no tenía hijos ni
compañera; por ello la indemnización se debe entregar
a sus padres. Ahora bien esta Corte ha tenido por
probado que falleció el padre de la víctima, señor
Víctor David Bulacio y por ello la indemnización debe
ser recibida en su totalidad por la madre de la víctima,
ya que de conformidad con los criterios de este
Tribunal “[s]i uno de los padres ha muerto, la parte que
le corresponde acrecerá a la del otro” .
Consecuencias en materia de
prescripción (penal y civil).
La obligación de investigar y
sancionar y la obligación de
reparar
¿Debe distinguirse según
configure o no un delito de lesa
humanidad?
 El delito de lesa humanidad
según el Estatuto de Roma:
 El ilícito debe ser parte de un
ataque generalizado o
sistemático contra una población
civil.
 El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad
se produjo en los inicios del siglo pasado. En el
preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y
costumbres de la guerra terrestre de 1907 (Convenio
núm. IV) las potencias contratantes establecieron que
"las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la
garantía y el régimen de los principios del Derecho de
Gentes preconizados por los usos establecidos entre las
naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por
las exigencias de la conciencia pública "
Asimismo, el término
"crímenes contra la humanidad
y la civilización" fue usado por
los gobiernos de Francia,
Reino Unido y Rusia el 28 de
mayo de 1915 para denunciar
la masacre de armenios en
Turquía
La imprescriptibilidad de la acción
penal en los delitos de lesa humanidad
 Jurisprudencia de la Corte Federal
 CSN 2/11/1995, Priebke, extradición;
imprescriptibilidad de los crímenes contra
la humanidad (ius cogens)
 2004, 24/8/2004, CSN, Arancibia Clavel,
imprescriptibilidad de la acción penal ;
asociación ilícita para cometer delitos
contra la humanidad. Declaración de oficio
de la imprescriptibilidad
 CSN, 13/12/2005. Videla.
 Jurisprudencia de la Corte
Interamericana
 14/3/ 2001, CIDH Barrios Altos,
Chumbipuma Aguirre vs. Perú, Nulidad
de las leyes de prescripción y amnistía
de delitos contra la humanidad
(amnistía y auto amnistía).
 Almonacid c/Chile
 Pero además, el Estado no podrá
argumentar prescripción,
irretroactividad de la ley penal, ni el
principio ne bis in idem, así como
cualquier excluyente similar de
responsabilidad, para excusarse de
su deber de investigar y sancionar a
los responsables.
La imprescriptibilidad (?) de
delitos contra derechos
humanos que no son delitos
de lesa humanidad
Convención Internacional para la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas
 Artículo 8
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 5,
 1. Cada Estado Parte que aplique un
régimen de prescripción a la desaparición
forzada tomará las medidas necesarias
para que el plazo de prescripción de la
acción penal:
 a ) Sea prolongado y proporcionado a la
extrema gravedad de este delito;
 b ) Se cuente a partir del momento
en que cesa la desaparición
forzada, habida cuenta del
carácter continuo de este delito.
 2. El Estado Parte garantizará a las
víctimas de desaparición forzada el
derecho a un recurso eficaz
durante el plazo de prescripción
 Artículo 5
 La práctica generalizada o
sistemática de la desaparición
forzada constituye un crimen de
lesa humanidad tal como está
definido en el derecho internacional
aplicable y entraña las
consecuencias previstas por el
derecho internacional aplicable.
 Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales
de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones

60/147 Resolución aprobada por la
Asamblea General el 16 de diciembre de
2005
 IV. Prescripción
 6. Cuando así se disponga en un tratado aplicable o
forme parte de otras obligaciones jurídicas
internacionales, no prescribirán las violaciones
manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos ni las violaciones graves del
derecho internacional humanitario que constituyan
crímenes en virtud del derecho internacional.
 7. Las disposiciones nacionales sobre la prescripción
de otros tipos de violaciones que no constituyan
crímenes en virtud del derecho internacional,
incluida la prescripción de las acciones civiles y
otros procedimientos, no deberían ser
excesivamente restrictivas.
 Un caso de criterios contrapuestos (tortura
que no configuraba delito de lesa
humanidad)
 CIDH, Bueno Alves c/Argentina, 11/5/2007. Condena
a la Argentina por no haber investigado
correctamente hechos contra una persona que fue
golpeada en el oído por la policía.
 CSN, 11/7/2007 (Corte sigue el dictamen del
procurador, del 1/9/2006) y declara prescripta la
acción. (No siendo el delito a investigar de lesa humanidad, se
aplica el principio de autolimitación en el tiempo del poder
punitivo del Estado).
 Albanese, Susana, El control de convencionalidad. La Corte
Interamericana y la Corte Suprema. Convergencias y divergencias, JA
2007-III-1149
 Corte Interamericana Bulascio
v/Argentina, 18/9/2003.
 No son admisibles ni la prescripción ni
otros obstáculos de derecho interno
con los cuales se pueda impedir la
investigación y sanción de los
responsables de ataques a derechos
del hombre.
 Bulascio c/ Argentina, 18/7/2003
 Voto Gil Lavedra
 La sentencia de la Corte contempla otro punto
de notable significación. Establece que no
pueden oponerse disposiciones de derecho
interno, como la prescripción, a decisiones de la
Corte que entiendan procedente, como forma
de reparación, la investigación y castigo de
violación de derechos humanos. Se trata de un
paso más adelante de la jurisprudencia que se
venía estableciendo sobre el particular
La cuestión en la Corte Nacional
 Espósito, Miguel Angel s/ incidente de
prescripción de la acción penal. CSN
23/12/2004
 El recurrente ha limitado sus agravios a una
mera discrepancia con lo resuelto por la cámara
sobre temas no federales. Por regla general,
ello constituiría fundamento suficiente para
rechazar el recurso extraordinario introducido.
 Sin embargo
 no puede soslayarse la circunstancia de que en
el sub lite el rechazo de la apelación tendría
como efecto inmediato la confirmación de la
declaración de prescripción de la acción penal,
en contravención a lo decidido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en su
sentencia del 18 de septiembre de 2003 en el
caso "Bulacio vs. Argentina", en el que se
declarara la responsabilidad internacional del
Estado Argentino entre otros puntos por la
deficiente tramitación de este expediente.
 Que la decisión mencionada resulta de
cumplimiento obligatorio para el
Estado Argentino (art. 68.1, CADH),
por lo cual también esta Corte, en
principio, debe subordinar el
contenido de sus decisiones a las de
dicho tribunal internacional.
 La declaración de la prescripción de la
acción penal en estos actuados
representaría una violación a los
derechos garantizados por la
Convención Americana sobre Derechos
Humanos. En efecto, de acuerdo con el
texto de dicha decisión, en el marco de
un acuerdo de solución amistosa, el
Estado Argentino reconoció su
responsabilidad internacional
 En lo atinente a los recursos internos, la Corte
Interamericana tuvo por probado que en la presente
causa se han producido diversas actuaciones que
originaron una dilación en el proceso y “ a la fecha no
existe un pronunciamiento firme por parte de las
autoridades judiciales sobre el conjunto de los hechos
investigados. Nadie ha sido sancionado como
responsable de éstos" (' 69, A, 6). Asimismo, que desde
que se corrió traslado de la acusación del fiscal, la
defensa del comisario Espósito "promovió una extensa
serie de diferentes articulaciones y recursos (...) que
han impedido que el proceso pudiera avanzar hasta su
culminación natural, lo que ha dado lugar a que se
opusiera la prescripción de la acción penal" (' 113).
 Que según la Corte Interamericana “
 esta manera de ejercer los medios que la ley pone al
servicio de la defensa, ha sido tolerada y permitida
por los órganos judiciales intervinientes, con olvido de
que su función no se agota en posibilitar un debido
proceso que garantice la defensa en juicio, sino que
debe además asegurar en tiempo razonable, el
derecho de la víctima o sus familiares a saber la
verdad de lo sucedido y que se sancione a los
eventuales responsables. El derecho a la tutela
judicial efectiva exige entonces a los jueces que
dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y
entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad,
frustrando así la debida protección judicial de los
derechos humanos" (114 y sgtes.).
 Desde esa perspectiva, el ámbito de decisión de los
 tribunales argentinos ha quedado considerablemente
limitado, por lo que corresponde declarar inaplicables al
sub lite las disposiciones comunes de extinción de la
acción penal por prescripción en un caso que, en
principio, no podría considerarse alcanzado por las
reglas de derecho internacional incorporadas a nuestro
ordenamiento jurídico en materia de
imprescriptibilidad ("Convención sobre desaparición
forzada de personas“ (ley 24.556, art. VIIC y
"Convención sobre la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad“ (ley 24.584C).
 Que, sin perjuicio de lo expuesto, corresponde dejar
sentado que esta Corte no comparte el criterio
restrictivo del derecho de defensa que se desprende
de la resolución del tribunal internacional mencionado.
 Son los órganos estatales quienes tienen a su cargo el
deber de asegurar que el proceso se desarrolle
normalmente y sin dilaciones indebidas. Hacer caer
sobre el propio imputado los efectos de la infracción a
ese deber, sea que ella se haya producido por la
desidia judicial o por la actividad imprudente del
letrado que asume a su cargo la defensa técnica,
produce una restricción al derecho de defensa difícil
de legitimar a la luz del derecho a la inviolabilidad de
dicho derecho conforme el art. 18 de la CN
 Cuando el defensor ejerza indebidamente
la defensa, es al Estado a quien le
corresponderá encauzar el procedimiento
en debida forma, pero en cualquier caso,
no es el imputado quien debe velar por la
celeridad del proceso ni sufrir las
consecuencias de incumplimientos ajenos
(conf. en este sentido Fallos: 322:360,
disidencia de los jueces Petracchi y
Boggiano, considerando 19, in fine).
 Que, en cambio, el fallo de la Corte
Interamericana soluciona la colisión entre los
derechos del imputado a una defensa amplia y a la
decisión del proceso en un plazo razonable
íntimamente relacionado con la prescripción de la
acción penal como uno de los instrumentos idóneos
para hacer valer ese derecho (conf. citas de Fallos:
322:360, voto de los jueces Petracchi y Boggiano,
considerando 9°), a través de su subordinación a
los derechos del acusador, con fundamento en que
se ha constatado en el caso una violación a los
derechos humanos en los términos de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos
 Ello, por cierto, bien puede bastar
para generar la responsabilidad
internacional del Estado infractor,
pero no para especificar cuáles son
las restricciones legítimas a los
derechos procesales de los individuos
que resulten imputados penalmente
como autores o cómplices del hecho
que origina la declaración de
responsabilidad internacional.
 Que a ello se suma, en el caso, que la
restricción de los derechos del imputado
que deriva de la inoponibilidad de la
prescripción es consecuencia de los
hechos reconocidos por el gobierno
argentino, en el marco de un
procedimiento de derecho internacional
en el que el acusado no ha tenido
posibilidad alguna de discutirlos.
 Que, en consecuencia, se plantea la
paradoja de que sólo es posible cumplir
con los deberes impuestos al Estado
Argentino por la jurisdicción
internacional en materia de derechos
humanos restringiendo fuertemente los
derechos de defensa y a un
pronunciamiento en un plazo razonable,
garantizados al imputado por la
Convención Interamericana.
 Dado que tales restricciones, empero,
fueron dispuestas por el propio tribunal
internacional a cargo de asegurar el
efectivo cumplimiento de los derechos
reconocidos por dicha Convención, a
pesar de las reservas señaladas, es
deber de esta Corte, como parte del
Estado Argentino, darle cumplimiento
en el marco de su potestad
jurisdiccional.
 Que la actuación de los jueces que han
intervenido en la tramitación de la presente
investigación fue calificada por la Corte
Interamericana como tolerante y permisiva
respecto de las dilaciones en que se
incurriera en la causa (conf. 113 y sgtes.). En
tales condiciones, corresponde remitir
testimonios de la presente al Consejo de la
Magistratura, a fin de que se determinen las
posibles responsabilidades.
Voto Dr. Fayt
 “La consideración central del individuo en
la función contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos,
así como el fin de reparación de la
víctima no puede hacer confundir dicha
función...con las funciones de un tribunal
penal de última instancia interno",
atribuciones que la propia Corte
[Interamericana] ha tenido buen cuidado
de distinguir..."
 Que lo dicho hasta aquí no implica negar
vinculatoriedad a las decisiones de la Corte
Interamericana, sino tan sólo entender que la
obligatoriedad debe circunscribirse a aquella materia
sobre la cual tiene competencia el tribunal
internacional.
 Lo que la CIDH ha entendido inadmisibles son las
disposiciones de prescripción mediante las que se
pretenda impedir la investigación y sanción de los
responsables. Esta alusión no puede considerarse
extensiva a previsiones generales de extinción de la
acción penal por prescripción.
 Distinta fue la situación de los casos que la Corte
Interamericana cita (autoamnistía, o supuesto en el
delito imputado era el de desaparición forzada, se
estableció su carácter permanente y,
consiguientemente, la prescripción no había
comenzado a correr).
 En cambio, la posibilidad de sobreseer a un imputado
en virtud de normas generales de prescripción
vigentes al momento de los hechos por el delito de
privación ilegal de la libertad agravada, no puede ser
equiparada a los ejemplos mencionados como un caso
de indefensión de las víctimas y perpetuación de la
impunidad.
 En efecto, las normas generales de
prescripción del Código Penal
argentino no han sido sancionadas con
la finalidad de impedir las
investigaciones sobre violaciones a los
derechos humanos, sino como un
instituto que "cumple un relevante
papel en la preservación de la defensa
en juicio" (Fallos: 316:365).
 La prescripción, como presupuesto de la
perseguibilidad penal, sólo puede ser decidida
por los jueces de la causa, quienes de ningún
modo pueden ver subordinada su decisión a
imposición alguna. La función contenciosa de
una Corte de Derechos Humanos no constituye
una instancia de revisión de la jurisdicción
interna (Fallos: 321:3555) lo que es lo mismo,
una instancia en la que se pueda indicar de qué
manera los jueces competentes en el ámbito
interno deben resolver una cuestión judicial.
 De conformidad con el derecho internacional no
prescribirán las violaciones de las normas
internacionales de derechos humanos y del
derecho internacional humanitario que sean
crímenes de derecho internacional...La
prescripción de otras violaciones...no debería
limitar indebidamente, procesalmente o de
cualquier forma, la posibilidad de que la víctima
interponga una demanda contra el autor, ni
aplicarse a los períodos en que no haya recursos
efectivos contra las violaciones de las normas
de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario
La prescripción de la acción
civil contra el Estado para la
reparación de daños causados
por delitos de lesa humanidad
 La acción civil para reclamar el resarcimiento
patrimonial derivado de delitos de lesa humanidad
es prescriptible, habida cuenta de que se trata de
materia disponible y renunciable, en tanto que la
imprescriptibilidad del reproche penal resultante de
aquellos delitos se funda en la necesidad de que los
crímenes de esa naturaleza no queden impunes, es
decir, en razones que exceden el interés patrimonial de
los particulares afectados.

CSN, 30/10/2007, "Larrabeti Yánez” Fallos: 330:4592, LL 2008-F-317 y JA 2007IV-657, con nota de Sánchez, Fabio, ¿Son prescriptibles las acciones resarcitorias
de daños originados por delitos de lesa humanidad? (niños adoptados en Chile;
acuerdo de la abuela con los adoptantes)
De cualquier modo
 Voto del Dr. Fayt: La admisión de la
excepción de prescripción respecto de la
acción de responsabilidad civil
extracontractual fundada en la
desaparición forzada de los padres
biológicos de los actores no importa dejar
sin reparar los daños que han sufrido como
consecuencia del incalificable accionar de
quienes usurparon el gobierno de la nación,
sobre la base de las leyes 24.411 y 25.914
 BRARDA, FERNANDO P. C/ ESTADO
NACIONAL s/ daños y perjuicios.
 Recurso del Estado Nacional porque el
tribunal de grado no acogió la excepción de
prescripción. Cita Larrabeti.
 Dictamen de la procuración, 10-03-2009; no
es sentencia definitiva la que rechaza la
prescripción
 CSN 4/9/2009
 Que según se lo expone en el dictamen
de la señora Procuradora Fiscal, cuyos
fundamentos esta Corte comparte y a
los cuales se remite brevitatis causae, el
pronunciamiento apelado no reviste el
carácter de sentencia definitiva, lo que
lleva a desestimar el remedio federal
intentado
 Que, sin perjuicio de lo expuesto,
la recurrente en la hipótesis de
un fallo final contrario a sus
pretensiones podrá, en tiempo y
forma, replantear los agravios
esgrimidos en el recurso que
ahora se desestima
 conf. Fallos: 310:1932 y 314:69).
Responsabilidad por la
actividad judicial
Errores judiciales. Dilación indebida de
los procedimientos. Un caso
paradigmático: daños derivados de la
prisión preventiva
Daños derivados de la
detención provisoria o de la
prisión preventiva en la
Argentina.
 TESIS HASTA AHORA MAYORITARIA EN
LA JURISPRUDENCIA
 En principio, los daños y perjuicios causados por
la prisión preventiva no son reparables. Por
excepción, son indemnizables en los siguientes
supuestos:
 (a) Existió una clara morosidad judicial en
resolver la situación del imputado; es decir el
expediente presenta anormalidades que tornan
irrazonable el plazo insumido hasta resolver la
libertad inicialmente coartada;
 b) La prisión preventiva obedeció a una
manifiesta arbitrariedad, a un error
grosero, desde que la privación de la
libertad no tenía respaldo en las constancias
de la causa y una sentencia penal
absolutoria posterior declara en forma
suficientemente clara que el imputado es
inocente.

 (c) La prisión preventiva obedece a prueba
ilegítimamente obtenida por la policía.
Una norma básica: art. 7.5. Pacto de
San José de Costa Rica
 Toda persona detenida o retenida debe ser
llevada, sin demora, ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer
funciones judiciales y tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser
puesta en libertad, sin perjuicio de que
continúe el proceso. Su libertad podrá estar
condicionada a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio.
¿Un leading case sobre la causal de
morosidad judicial?
 Corte Federal, 1/11/1999, Rosa, Carlos
LL
2000-D-557, JA 2000-III-246, con comentario de Mosset Iturraspe y ED
187-340. Votaron en disidencia Moliné, Boggiano, López
 Policía acusado de “gatillo fácil” al haber
matado a dos delincuentes en un local
comercial
 4 años de prisión preventiva y finalmente
absuelto por duda.
 Ilegitimidad después de los dos años

¿Por qué?.
 Más allá de la complejidad de la causa, después de dos
años, el magistrado rechazó dogmáticamente los
reiterados pedidos de excarcelación en tanto tenía
pautas objetivas sobre los siguientes puntos:
El imputado no intentaría eludir la acción de la justicia
 Se había presentado espontáneamente al proceso
 Excelentes antecedentes personales y procesales
 Su familia tenía domicilio fijo en la localidad
 La casi totalidad de los testigos que habían incriminado al
acusado eran poco convincentes en razón de la animosidad que
los inspiraba
 La sentencia posterior dejó aclarado que los delincuentes
abatidos tenían armas que fueron disparadas y esa prueba ya
se había incorporado a los dos años de detención.
 RESULTADO: $ 85.000 más 6 % de interés)

 Otros casos de la Corte Federal
 “Cura Carlos c/ Provincia de Bs. As.”, (Rev.
Resp. Civil y Seguros 2004-40) 27/5/2004, $
40.000 el daño moral padecido por una
detención antijurídica durante dos años y 46
días
 "Gerbaudo, José Luis c/ Buenos Aires,
Provincia, 29/11/2005, Doc. Jud. 2006-1-518:
$ 20.000, daño moral sufrido por un hombre
de 30 años, durante un año de detención
ilegítima.
 CSN, Arisnabarreta, 6/10/2009, Foro de Córdoba n° 135, Nov.
2009 pág. 185, LL 2009-F-511, Resp. Civil y seguros 4-2010-127
 Resulta procedente condenar al Estado cuando durante el trámite
de un proceso la actuación irregular de la autoridad judicial ha
determinado la prolongación indebida de la prisión preventiva
efectiva del procesado, y ello le había producido graves daños
que guardaban relación de causalidad directa e inmediata con
aquella falta de servicio (escribano privado de trabajar; 2 años y
tres meses sin producir prueba, )
 CSN 1/6/2010, García c/Pvcia de Río
Negro, Rev. Resp. Civil y seguros, agosto
2010, año XII, n° 8 pág. 129
 Prescripción (se declara respecto de dos
de los actores; los dos años se computan
desde que fueron sobreseídos y puestos en
libertad, desde que no reclaman daños
posteriores a ese sobreseimiento
¿Dos pasos atrás?
(1) CSN, 23/3/2010, Putallaz, Victor, LL 2010-C-11 y
Resp. Civil y Seguros 5-2010-153
 Hechos: actor detenido bajo prisión
preventiva durante CINCO AÑOS,
finalmente absuelto por duda
 Juez de 1° instancia: rechazo de la
demanda
 Cámara de apelaciones: rechazo porque no
probó su inocencia; se lo absolvió por duda;
acogimiento por la dilación indebida de los
procedimientos
 Dictamen de la procuración, seguido por la
Corte (c/disidencia de Zaffaroni)
 El recurso extraordinario es formalmente
admisible, desde que si bien la responsabilidad
atribuida al demandado por las consecuencias
dañosas provocadas por la prisión preventiva del
actor y la aplicación al caso de la ley 24.390 y del
art. 1112 del Código Civil, remiten al examen de
cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal y
común propia de los jueces de la causa y ajenas a la
vía del art. 14 de la ley 48,
 corresponde hacer excepción a este principio
cuando, como en el sub examine, el
pronunciamiento impugnado se sustenta en
meras afirmaciones dogmáticas que no
atienden a los términos de los preceptos cuya
aplicación pretende (Fallos: 324:3612),
prescinde de la consideración de argumentos
conducentes para la correcta solución del
caso y se apoya en pautas de excesiva latitud,
que no dan respuesta adecuada a los serios
planteos que el apelante formuló en defensa
de sus derechos (Fallos: 324:1595).
 A fin de ponderar si el tiempo durante el
cual el actor estuvo sometido a prisión
preventiva puede ser calificado de excesivo
o irrazonable, es menester tomar en cuenta
que en materia penal la aplicación de la
hipótesis prevista en el art. 11 de la ley
24.390 -esto es, el cese de la cautela ante
la posible lesión a la garantía de plazo
razonable de la prisión preventiva- no es
automática (Fallos: 319:1840).
 V. E. dijo en este último precedente (caso
"Bramajo"), que "la validez del art. 11 de la ley
24.390 se halla supeditada a la circunstancia de
que los plazos fijados en aquella norma no
resulten de aplicación automática por el mero
transcurso de los plazos fijados, sino que han de
ser valorados en relación a las pautas
establecidas en los artículos 380 y 319 del
Código de Procedimientos en Materia Penal y
Código Procesal Penal, a los efectos de
establecer si la detención ha dejado de ser
razonable”(considerando 13),
 porque "de lo contrario, aplicar la ley se
convertiría en una tarea mecánica
incompatible con la naturaleza misma del
derecho y con la función específica de los
magistrados que les exige siempre conjugar
los principios contenidos en la ley con los
elementos fácticos del caso..."
 La determinación del plazo razonable en el derecho
interno argentino surge en cada caso de la
consideración armoniosa de estas dos disposiciones,
quedando librada esa consideración al juez que debe
decidir en base a los parámetros que la ley le marca
taxativamente para que los valore en forma conjunta...",
del concepto de plazo razonable pueden extraerse dos
conceptos importantes "primero, que no es posible
establecer un criterio in abstracto de este plazo, sino
que éste se fijará en cada caso vistas y valoradas las
circunstancias del art. 380..." (confr. Fallos: 322:2683).
 Es con este alcance que los jueces ante los que
tramita la pretensión indemnizatoria deben
valorar las constancias de la causa penal, en
especial, las medidas cautelares dictadas en
ella. En efecto, sólo se onfigurará un supuesto
de deficiente prestación del servicio de justicia
por la prolongación de las medidas de coacción
personal si el actor acredita que los
magistrados intervinientes no han demostrado
la necesidad imperiosa de su mantenimiento de
conformidad con las normas aplicables al caso.
 Por tales motivos, opino que la sentencia resulta
arbitraria, al carecer de un examen pormenorizado de
los antecedentes de la causa penal (esto es "examinar
concretamente las circunstancias fácticas y jurídicas
involucradas en este supuesto“ (caso "Rosa", confr.
considerando 15), en tanto el juzgador se limitó a
reseñar el período durante el cual el actor estuvo
detenido -sobre la base de una dogmática
interpretación de la ley 24.390- sin constatar las
pautas que la doctrina de la Corte ha marcado para
responsabilizar al Estado por la indebida prolongación
de la prisión preventiva.
 Mayoría: adhesión al procurador
 Minoría: Dr. Zaffaroni: 280.
Otro caso; similares argumentos
 CSN 14/12/2010, Iacovone, Hernán
CD/PEN
 (dictamen de la Procuración, al que adhiere
la mayoría, del 14/12/2010. Disidencia de
Petracchi, Zaffaroni y Argibay, 280
CPCCN)
 Iacovone, policía acusado de torturas; dos
años y tres meses privado de libertad; se le
concede la excarcelación; es absuelto
recién después de 12 años.
 ¿Cómo juega esta jurisprudencia con la de
la Corte Interamericana de Derechos
humanos?
 Referencias Corte de Mza, 19/5/2008 (JA 2008-
III-208 y Rev. del Foro 89-79),
 La incorporación de los Tratados de Derechos
Humanos a la Constitución Nacional ya no debería
dar lugar a discrepancias sobre la reparación de
los daños causados por la dilación indebida de los
procedimientos seguidos con el imputado bajo
prisión preventiva.
 Bayarri c/Argentina (persona privada de
libertad , bajo prisión preventiva, durante 13
años por una confesión obtenida bajo torturas e
ineficiente control judicial de la detención)
 Los representantes dieron cuenta de diversos
obstáculos procesales y fácticos que impedirían
que la presunta víctima y su grupo familiar
puedan reclamar con “mínima posibilidad de
éxito” una reparación ante el fuero contencioso
administrativo o por ante cualquier otro fuero
jurisdiccional argentino.
 la prisión preventiva “es la medida más severa que se puede aplicar
a una persona acusada de delito, por lo cual su aplicación debe
tener carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad,
la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de
acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad
pues “es una medida cautelar, no punitiva”.


Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio
de 2005. Serie C No. 129, párr. 74; Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 88;
y, Caso Yvon Neptune Vs. Haití, supra nota 14, párr. 107.; Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador.
Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 77; Caso Chaparro
Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador, supra nota 9, párr. 145; Caso Yvon Neptune Vs. Haití,
supra nota 14, párr. 107.
 Las autoridades nacionales denegaron en todas las
oportunidades el pedido de excarcelación
argumentando que la Ley No. 24.390 “no ha derogado
las normas rituales que rigen el instituto de la
excarcelación” y que estas normas no garantizan un
“sistema de libertad automática”. Las autoridades
nacionales valoraron las “características del delito
que se imputó a Bayarri, sus condiciones personales
como Suboficial de la Policía Federal Argentina y las
penas solicitadas para presumir fundadamente que de
otorgarse su libertad […] eludirá la acción de la
justicia”
 La Corte considera que la duración de la
prisión preventiva impuesta al señor Bayarri no
sólo sobrepasó el límite máximo legal
establecido, sino fue a todas luces excesiva.
Este Tribunal no encuentra razonable que la
presunta víctima haya permanecido 13 años
privado de la libertad en espera de una
decisión judicial definitiva en su caso, la cual
finalmente lo absolvió de los cargos imputados.
 además, el juez no tiene que esperar hasta el
momento de dictar sentencia absolutoria para que
una persona detenida recupere su libertad, sino debe
valorar periódicamente si las causas, necesidad y
proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el
plazo de la detención ha sobrepasado los límites que
imponen la ley y la razón. En cualquier momento en
que aparezca que la prisión preventiva no satisface
estas condiciones, deberá decretarse la libertad sin
perjuicio de que el proceso respectivo continúe.

Cfr. Caso Chaparro Vs. Ecuador, supra nota 9, párr. 107; y,
Caso Yvon Neptune Vs. Haití, supra nota 14, párr. 108. Cfr. O.N.U.
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, supra nota
47, principio 39.
 En el caso de privación de libertad de niños, la regla
de la prisión preventiva se debe aplicar con mayor
rigurosidad, ya que la norma debe ser la aplicación de
medidas sustitutorias de la prisión preventiva. Dichas
medidas pueden ser, inter alia, la supervisión estricta,
la custodia permanente, la asignación a una familia, el
traslado a un hogar o a una institución educativa, así
como el cuidado, las órdenes de orientación y
supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, los
programas de enseñanza y formación profesional, y
otras posibilidades alternativas a la internación en
instituciones.
 CASO “INSTITUTO DE REEDUCACIÓN DEL MENOR” VS.
PARAGUAY, 2/9/2004
Responsabilidad del Estado
por omisión policial en casos
de violencia familiar
Numerosa normativa
Un ejemplo
Responsabilidades de los tres
poderes del Estado
 ARTICULO 7 ley 26485 — Preceptos
rectores. Los tres poderes del Estado, sean
del ámbito nacional o provincial, adoptarán
las medidas necesarias y ratificarán en
cada una de sus actuaciones el respeto
irrestricto del derecho constitucional a la
igualdad entre mujeres y varones.
 Para el cumplimiento de los fines de la
presente ley deberán garantizar los
siguientes preceptos rectores:
 ………..
 c) La asistencia en forma integral y oportuna de
las mujeres que padecen cualquier tipo de
violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido,
transparente y eficaz en servicios creados a tal fin,
así como promover la sanción y reeducación de
quienes ejercen violencia;
 d) La adopción del principio de transversalidad
estará presente en todas las medidas así como en la
ejecución de las disposiciones normativas,
articulando interinstitucionalmente y coordinando
recursos presupuestarios;
Un caso ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
 INFORME Nº 52/07
 PETICIÓN 1490-05
 ADMISIBILIDAD. JESSICA GONZALES
Y OTRAS c/ ESTADOS UNIDOS
 24 de julio de 2007
 Denuncia: 27/12/2005
 Traslado al gobierno
 Presentación del Amicus Curiae en nombre de 29
organizaciones, entidades y redes de trabajo
internacionales y nacionales de protección de los
derechos humanos de mujeres y niños
 Hechos denunciados:
 La Sra. Gonzales y su esposo vivían en Castle Rock,
Colorado; se habían casado en 1990. En 1996, el esposo
empezó a tener comportamientos abusivo con ella y con
sus tres hijas menores de edad (de 7, 8 y 10 años).
 1999, el marido intenta suicidarse; la Sra.
Gonzales presenta una demanda de divorcio y
empieza a vivir separada. En mayo solicita y
obtiene una orden de restricción del Estado de
Colorado para protegerse y proteger a sus hijas.
Esa orden le otorgaba la custodia exclusiva de
sus tres hijas menores y, permitía al Sr.
Gonzales visitas ocasionales o “tiempo parental”.
Las visitas familiares sólo podían ser una vez
por semana en el horario de la cena y tendrían
que ser previamente coordinadas antes entre
Simón y Jessica Gonzales.
 22/6/1999, el Sr. Gonzales se llevó a las hijas, sin que
el horario de visitas estuviese establecido. A las 5:50
p.m. del mismo día, la Sra. Gonzales llamó al
Departamento de Policía de Castle Rock para
denunciar, informó a la policía de la existencia de la
orden de restricción y que no había existido un arreglo
previo de visita proyectado para ese día; en el
transcurso del día, volvió a llamar (7:30 p.m.) y
aproximadamente a las 8:00 p.m. llegaron dos agentes a
su casa; los agentes de policía informaron a la Sra.
Gonzales que no podían hacer nada para ejecutar la
orden, dado que su ex cónyuge tenía derecho a “horas
de visita”. También le dijeron que esperara hasta las
10:00 p.m. para volver a llamar a la policía.
 Sra. Gonzales reportó a la policía una llamada
que recibió de su esposo alrededor de las
10:30 p.m. y que éste, ante su negativa a
“reavivar” sus relaciones, le comunicó que “él
sabía lo que tenía que hacer”.
 También denunció una llamada alarmante
efectuada esa tarde por la novia del Sr.
Gonzales, quien expresó preocupación por la
posibilidad de que el Sr. Gonzales se hiciera
daño a sí mismo o a sus hijas; le contó que
había amenazado con arrojarse con el coche
por un acantilado.
 Según la denunciante, la policía desechó todas sus
llamadas y simplemente respondía que el padre de las
niñas tenía derecho a pasar un tiempo con ellas, aunque
la señora reiteradamente mencionaba la orden de
restricción contra él y, que no había ningún acuerdo de
visita programada.
 Aproximadamente a las 3:30 a.m., el Sr. Gonzales se
presentó en el destacamento policial y abrió fuego
contra los agentes policiales, quienes les dieron
muerte en el lugar. Posteriormente, la policía encontró
los cuerpos de las tres niñas asesinadas en la parte
posterior de la camioneta del Sr. Gonzales.
 La Sra. Gonzales demanda ante la Corte del Distrito;
alegó que el Municipio de Castle Rock y varios agentes
de policía habían violado su derecho y el de sus hijas a
la protección policial por parte de su marido en tanto
ella poseía una tutela protegida en la implementación de
la orden de restricción. El Tribunal de apelación acogió
el caso pero el 27/6/2005, la Corte Suprema lo revocó
y rechazó la demanda. Sostuvo que pese a la ley de
arresto obligatorio de Colorado y a los términos
expresos y obligatorios de su orden de restricción, la
Sra. Gonzales no tenía un derecho personal a que la
policía implementara la orden. En suma, un individuo no
está constitucionalmente autorizado para hacer cumplir
una orden de restricción
 Votos disidentes de Stevens y Ginsburg
 USA se opone a las denuncias ante la CIDH;
sostienen que ninguna disposición de la
Declaración Americana impone al Estado un
deber afirmativo de evitar la comisión de
delitos individuales por particulares, como
los trágicos asesinatos cometidos por el Sr.
Simon Gonzales en perjuicio de sus tres
hijas.
 Final abierto de la historia……..
Construir civilización
es disminuir violencia
(Karl
Popper)
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