ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE LIMA
DIPLOMADO DE DERECHO
PROCESAL GENERAL
EXPOSITOR:
DR. ERICKSON COSTA CARHUAVILCA
DOCENTE EN LAS UNIVERSIDADES: INCA
GARCILASO DE LA VEGA, CÉSAR VALLEJO Y
AUTÓNOMA DEL PERÚ
TEMA: COSA JUZGADA EN EL SISTEMA
PROCESAL PERUANO
Email: [email protected]
NOCIONES DE COSA JUZGADA
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Los litigios son decididos por sentencia judicial para impedir su
sucesivo replanteamiento por la parte desfavorecida y evitar así la
incertidumbre en la vida jurídica.
Sin la cosa juzgada el trabajo de los funcionarios judiciales se
desvirtuaría, ya que, existiría la posibilidad en todo momento que la
parte insatisfecha plantee de nuevo el litigio concluido en virtud a
una resolución judicial firme, por lo que, dependería de la voluntad
particular la eficacia en el tiempo de las sentencias y se les restaría
su mayor importancia y utilidad práctica en un Estado de Derecho.
En la conveniencia de dar a las sentencias definitivas o en firme,
dictadas en juicios contenciosos, esta fuerza o calidad especial, para
evitar el indefinido replanteamiento de los litigios, han estado de
acuerdo los autores y las legislaciones desde los tiempos del Imperio
romano, con algunas excepciones para casos taxativamente señalados,
que se reconozca a estas resoluciones su condición o calidad de cosa
juzgada.
LA MOTIVACIÓN EN LA COSA
JUZGADA
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Generalmente, se dice que la cosa juzgada está contenida en la
parte resolutiva o dispositiva de la sentencia; pero esta afirmación
tiene un valor relativo.
Como dice CARNELUTTI, la cosa juzgada no se limita a las
cuestiones que encuentren en la decisión una resolución expresa;
no se olvide que la decisión es una declaración como las demás, en
la que muchas cosas se sobrentienden lógicamente sin necesidad
de decirlas.
Las motivaciones sirven también, para conocer el alcance de la
resolución cuando ésta ha dejado en forma tácita o implícita, lo
resueIto sobre algún punto, sea una excepción o una petición de la
demanda, no enmarcándose sólo en aspectos delimitados a la
sentencia sino sobre todo aquel incidente o acto solicitado por las
partes como a través de incidentes que se puedan presentar en el
desarrollo del proceso.
LA CONGRUENCIA EN LA COSA
JUZGADA
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Se entiende por congruencia o consonancia el principio normativo que
delimita el contenido y alcance de las resoluciones judiciales que
deben proferir a instancia de parte y de acuerdo con el sentido y
alcance de tal instancia, para el efecto de que exista identidad jurídica
entre lo resuelto y las pretensiones (en sentido general) y excepciones
de los litigantes, oportunamente aducidas, a menos que la Ley
otorgue facultades especiales para separarse de ellas.
El derecho de acción y de contradicción no solo impone al Estado el
deber de proveer una sentencia la solución del conflicto en un proceso,
sino que al complementarse con el ejercicio de la pretensión y la
oposición de excepciones, delimita el alcance y contenido de ese
proveimiento.
La relación de jurisdicción comprende tanto la acción y la
contradicción, como la pretensión y la excepción que en ejercicio de
estos derechos se formulan al juez para determinar los fines mediatos
y concretos del proceso, los cuales deben ser merituados
congruentemente en la sentencia.
TEORÍA DE LA DOCTRINA
MODERNA ALEMANA
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Se acostumbra llamar teoría procesalista a la creada por HELLWING y luego
sostenida por STEIN, GOLDSCHMIDT y ROSENBERG, aunque
consideramos inadecuado el término, porque en verdad son procesaIistas
todas las teorías que apoyan en el derecho procesal la eficacia y el
fundamento de la cosa juzgada, en oposición a la teoría materialista; pero tal
denominación se debe a que le reconoce a la cosa juzgada solo efectos
procesales.
Para HELLWING y sus seguidores, la cosa juzgada se reduce a la declaración
de certeza contenida en la sentencia, con el carácter de obligatoria e
indiscutibIe, sin que produzca efectos sobre las relaciones y derechos
sustanciales.
ROSENBERG, le asigna a la cosa juzgada como efecto esencial la
inmutabilidad de la decisión; sin que pueda volverse a discutir o resolverse, y
por esto, el juez futuro está vinculado por la declaración de la sentencia. Dice
que la teoría procesal: concuerda con la esencia del proceso, esto es, con la
sentencia, y que únicamente declara ésto; no reconoce diferencia entre
sentencia justa e injusta, ya que solo conduce a inútiles discusiones sobre la
justicia y, precisamente, eliminadas por la autoridad de la cosa juzgada.
TEORÍA DE LA DOCTRINA
MODERNA ITALIANA
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Para CHIOVENDA, la cosa juzgada en sentido sustancial, es único lo
que está verdaderamente contenida en la sentencia de fondo, consiste
en la indiscutibilidad de la esencia de la voluntad concreta de la Ley
afirmada en la sentencia.; a su vez, la cosa juzgada formal es la que
recae sobre los presupuestos procesales, sin resolver en el fondo, y por
esto es una cosa juzgada aparente que significa sólo la preclusión de
las impugnaciones dentro del juicio, aquella garantiza un bien de la
vida fuera del proceso, es decir, el derecho sustancial que declara; esta
no. Por tanto, cosa juzgada formal es, para CHIOVENDA, lo que
nosotros denominamos simple sentencia ejecutoriada sin valor de cosa
juzgada.
Con la sentencia se llega únicamente a la certeza de la existencia de
tal voluntad, y concluye: Para proveer a la certeza jurídica de los
litigantes, dando un valor fijo y constante a las prestaciones, la
organización jurídica quiere que la actividad jurisdiccional se
desarrolle una sola vez (aunque ordinariamente con la posibilidad de
varios grados).
TEORÍA DE LA DOCTRINA
HISPANOAMERICANA
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JAIME GUASP, sin duda el principal procesalista moderno español, nos ofrece un
estudio muy valioso acerca de esta institución. La considera, en un sentido amplio,
como la fuerza que el derecho le atribuye normalmente a los resultados procesales
obtenidos en la sentencia, y por esto, en sustancia sólo significa la concatenabilidad
de lo que en el proceso se ha conseguido; es decir, la inmutabilidad de la decisión,
tesis que es la de los modernos autores alemanes e italianos, sin que esto signifique
que carezca de efectos materiales o sobre el derecho material. Además distingue
certeramente esa eficacia de la cosa juzgada de los efectos de la simple ejecutoria o
sentencia definitiva o firme, cuya decisión considera perfecta, aun cuando esté
sujeta a la eventualidad de una impugnación en proceso posterior.
HUGO ALSINA, distingue la precIusión y la cosa juzgada; dice que la segunda
está destinada a producir sus efectos fuera del proceso, protegiendo al vencedor
contra cualquiera pretensión nueva respecto de la misma cosa (exceptio res
iudicata) o acordándole el derecho de solicitar su ejecución (actio iudicati); que
produce la incontestabilidad de la sentencia definitiva o sea su inmutabilidad, y
que supone la preclusión del derecho a impugnarla tanto en su efecto como en su
contenido, lo que significa que no cabe recurso alguno contra ella, no puede
renovarse la discusión de las cuestiones que ella resuelve. Considera este
procesalista argentino que cada sentencia es declarativa en cuanto el juez aplica la
voluntad abstracta de la Ley a una situación concreta, pero su eficacia varía con el
contenido de esa declaración.
IMPORTANCIA DE LA COSA
JUZGADA EN UN ESTADO DE
DERECHO
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Sin la cosa juzgada, la fuerza vinculativa y la obligatoriedad de la sentencia
serían transitorias y relativas, y esta no podría ejecutarse o cumplirse
coercitivamente, sino de manera transitoria a provisional, puesto que estaría
sujeta a que por un proceso posterior fuera revocada y se dispusiera regresar
las cosas a su estado anterior, o, a falta de esto, el reintegro o la indemnización
compensatoria. No es la simple fuerza de obligatoriedad, imperatividad o
ejecutibilidad, el efecto propio ni exclusivo de la cosa juzgada, sino la
definitividad e inmutabilidad que a esa fuerza, propia de toda sentencia, sea
que haga o no tránsito a cosa juzgada, se agrega en los casos en que la Ley le
otorga esa especial calidad. Es ésta, una aclaración muy importante, que a
menudo olvidan autores y magistrados, pues de lo contrario se llega a confundir
los efectos de la ejecutoria de la sentencia con los de la cosa juzgada; es decir,
su obligatoriedad y ejecutabilidad, con su inmutabilidad y definitividad.
No es correcto decir que el objeto de la cosa juzgada sea llevar la certeza de la
existencia de la voluntad de la Ley para el caso controvertido, porque este es el
fin de toda sentencia, haga o no tránsito a cosa juzgada. Pero esto no significa
adoptarse una decisión que no esté conforme a ella, por error o ignorancia o
dolo. Debe entenderse más bien que la decisión contenida en toda sentencia es
la manifestación de la voluntad del Estado, mediante su órgano jurisdiccional,
sobre el contenido de la Ley en relación al caso concreto.
ALCANCES Y EFECTOS DE LA
COSA JUZGADA
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Sobre el particular, dice CARNELUTTI: La cosa juzgada vale respecto de
un litigio dado, siempre que tal litigio haya sido deducido en el proceso en
que se haya pronunciado la decisión. Es decir, la cosa juzgada se refiere
siempre al litigio examinado en el juicio y resuelto por la sentencia. Para
determinar ese litigio se debe recurrir a precisar cuál fue la pretensión
discutida, de acuerdo con sus tres elementos (que constituyen igualmente
los elementos del litigio): sujeto, objeto y causa.
La cosa juzgada no es, pues, un efecto de la sentencia, sino de la voluntad
del Estado manifestada en la Ley que la regula. Los dos efectos de la cosa
juzgada (el procesal y el material, su inmutabilidad y su definitividad)
operan de manera análoga, ya que este es consecuencia de aquel. El
primero impone a los jueces, tanto a quienes dictaron la sentencia
definitiva como a los demás, la prohibición de entrar a resolver sobre el
fondo de las pretensiones que han sido materia de la sentencia y les otorga
el derecho de paralizar la acción que se ejercite con desconocimiento de
ella. El segundo otorga la definitividad de la declaración de certeza
contenida en la sentencia (entendida en un sentido amplio y con inclusión
de las declaraciones constitutivas), haciéndola indiscutible en procesos
posteriores, y por esto les otorga a las partes el mismo derecho y les
impone igual obligación que el efecto procesal.
LÍMITE OBJETIVO: A. IDENTIDAD
DE COSA U OBJETO
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
El límite objetivo de la cosa juzgada está constituido por el objeto de la
pretensión materia del anterior juicio, es decir, el objeto y la relación
jurídica respecto de los cuales se aplica su fuerza vinculativa.
Como la cosa juzgada solo se aplica al litigio y a la pretensión que sobre
ese objeto existe, por ello nada tiene que ver con el que se presente entre
unas mismas partes y por un mismo título, pero respecto de objeto
distinto. O, mejor dicho, cuando varía el objeto varía el litigio y la
pretensión, y por esto nos hallamos en presencia de otros no vinculados al
juicio y a la sentencia.
Este objeto lo constituye el derecho reconocido, declarado o modificado por
la sentencia, con respecto a una cosa o varias cosas determinadas o a la
relación jurídica declarada, cama en los juicios de estado civil. Porque
sobre una misma cosa pueden existir diversos derechos (dominio,
usufructo. habitación, etc.), y puede tenerse el mismo derecho sobre
distintas cosas. Por esto, si falta la identidad del derecho o de la cosa,
estaremos en presencia de un litigio y de una pretensión distintos. Entre
unas mismas partes pueden existir diversas relaciones jurídicas
vinculadas a una misma cosa, y la sentencia recaída sobre una no puede
vincular el litigio que surja respecto de otra.
LÍMITE OBJETIVO: B. IDENTIDAD
DE CAUSA



La causa petendi es el fundamento o razón alegado por el demandante
para obtener el objeto de la pretensión contenida en la demanda, que al
mismo tiempo es fundamento jurídico de su aceptación o negación por el
juez en la sentencia.
Es necesario no confundir la causa de la pretensión y del litigio, lo mismo
que de la decisión contenida en la sentencia, con la causa de la acción en
su sentido rigurosamente procesal, porque mientras aquellas se refieren a
la relación jurídico-material, esta mira al derecho de originar el proceso y
obtener mediante él una sentencia, cualquiera que sea la cuestión
sustancial que vaya a debatirse.
La causa de la acción viene a ser entonces ese interés en obtener la
actividad jurisdiccional para un caso concreto. Es, pues, un error hablar
de objeto, de causa y de sujetos de la acción, cuando se quiera referirse a
la cosa juzgada o a la litispendencia, porque en estos casos se tratará de
los elementos de la pretensión y, en cuanto contiene ésta, de los
elementos de la demanda y del litigio, pero no de la acción.
LÍMITE OBJETIVO: C.
TEMPORALIDAD

En cuanto al tiempo, se aplican las normas que
estudiamos al tratar de la vigencia de la ley
procesal, es decir, los procesos concluidos, y, por
tanto, sus sentencias no pueden ser afectadas por
la nueva Ley, pero no quiere decir esto que el
transcurso del tiempo no pueda afectar en ningún
caso el valor de la sentencia. Es esta la regla
general, pero algunas sentencias de naturaleza
especial, como las de alimentos e interdicción,
pueden ser afectadas en su valor u obligatoriedad
cuando en el transcurso del tiempo cambien las
circunstancias que las motivaron, y entonces la
Ley permite su revocación o modificación.
LÍMITE SUBJETIVO: D.
IDENTIDAD DE PARTES


La sentencia no produce cosa juzgada sino entre las mismas
partes. No se trata de identidad de personas, sino de partes;
porque ya sabemos que no todas las personas que concurren a un
juicio lo hacen como partes y que no siempre las partes obran
personalmente, porque suelen hacerlo por intermedio de sus
apoderados o representantes.
Es necesario recordar la distinción que hemos estudiado entre
partes en sentido material y en sentido formal. Las primeras son
los sujetos del litigio; las segundas, los sujetos del proceso,
distintos del juez. Como estamos refiriéndonos al juicio
contencioso, estos sujetos son siempre dos: demandante y
demandado, cada uno de los cuales puede consistir en una o
varias personas y aumentar en el curso del juicio con sus
litisconsortes y coadyuvantes por intervención. Por consiguiente,
en cuanto a la cosa juzgada, la identidad de partes se refiere a los
sujetos del proceso o partes en sentido formal.
EXP. N.° 01592-2011-PA/TC


4.
Los principios y derechos que informan la función jurisdiccional se
encuentran principalmente enunciados en el artículo 139º de la
Constitución. Entre dichos principios y derechos que fundamentan el
ejercicio de la función jurisdiccional se reconoce el derecho que le asiste
a toda persona sometida a un proceso judicial, a que no se deje sin
efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (inciso
2º).


5.
En opinión del Tribunal Constitucional, mediante “el derecho a que
se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se
garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las
resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser
recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido
agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en
segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido
tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos
de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos
jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó. (Cfr. STC 45872004-AA/TC).
EXP. N.° 01592-2011-PA/TC
 6.
No obstante, dicha disposición constitucional debe interpretarse
por efectos del principio de unidad de la Constitución, de conformidad con
el inciso 3) del mismo artículo 139º de la Ley Fundamental. Por ello
consideramos que “El derecho a la tutela jurisdiccional garantiza, entre
otros aspectos, que una sentencia con calidad de cosa juzgada sea
cumplida en sus términos. Como consecuencia de ello se desprende, por un
lado, un mandato de que las autoridades cumplan lo ordenado o declarado
en ella en sus propios términos y, por otro, una prohibición de que
cualquier autoridad, incluida la jurisdiccional, deje sin efecto las
sentencias y, en general, resoluciones que ostentan la calidad de cosa
juzgada (art. 139º, inc. 2, Const.)” [Cfr. 1569-2006-AA/TC, fundamento 4].

7.
En este orden de ideas el precepto en mención le otorga al fallo
judicial calidad indiscutible, ya que constituye decisión final, a la par que
proporciona la certeza de que su contenido permanecerá inalterable,
independientemente de que el pronunciamiento expedido haya sido
favorable o desfavorable para quien promovió la acción. De ahí que el
derecho a la cosa juzgada guarde íntima relación con la ejecución de las
resoluciones judiciales firmes.
EXP. N.° 01939-2011-PA/TC
 8.
El inciso 2) del artículo 139º de la Constitución reconoce el derecho de toda
persona sometida a un proceso judicial a que no se deje sin efecto resoluciones que
han adquirido la autoridad de cosa juzgada. En los términos de dicho precepto
constitucional,

"Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 2) La independencia en el
ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas
pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus
funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad
de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni
retardar su ejecución (...)" [subrayado agregado].


9.
En reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha sostenido
que “mediante el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la
autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer
lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser
recurridas a través de medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o
porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el
contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado
sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o,
incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se
dictó”. [Exp. N.° 04587-2004-AA/TC fundamento N.° 38]
EXP. N.° 01939-2011-PA/TC
 10. En consecuencia, y ratificando lo establecido en la sentencia recaída
en el Expediente Nº 00054-2004-AI/TC, la cosa juzgada proscribe que las
autoridades distorsionen el contenido o realicen una interpretación
parcializada de las resoluciones judiciales que hayan adquirido tal
cualidad. Cualquier práctica en ese sentido debe ser sancionada
ejemplarmente, debiendo comprenderse en la sanción no solo a la
institución de la que emana la decisión, sino precisamente a quienes
actúan en su representación.


11.
Sin embargo, el asunto no se agota en lo que hasta aquí se ha
expuesto, pues la garantía constitucional de la cosa juzgada guarda
directa relación con otro tema de capital importancia, referido a la
actuación y/o ejecución de las sentencias constitucionales, la cual debe
realizarse “en sus propios términos”, tal como lo dispone el primer párrafo
del artículo 22º del Código Procesal Constitucional al establecer que,


La sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa
conforme a sus propios términos por el juez de la demanda (…).
EXP. N.° 01939-2011-PA/TC

12. Al respecto, conviene precisar que “la ejecución ‘en sus propios términos’
de las sentencias funciona, además, como una garantía a favor de las partes
procesales. En ese sentido, bien puede afirmarse que la ejecución sin alteración
de los términos del fallo “es una garantía para las partes, tanto para el
ejecutante como para el ejecutado, puesto que les impide reabrir el debate ya
finalizado y clausurado por la firmeza, así como modificar el derecho reconocido
por sentencia firme a su capricho, alterando las condiciones en que fue
delimitado” (Cfr. CARBALLO PIÑEIRO, Laura: Ejecución de condenas de dar
(tratamiento procesal adaptado a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil),
Barcelona, Bosch, 2001, pp. 30).


13.
En suma, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus
propios términos presupone una “identidad total entre lo ejecutado y lo
establecido en la sentencia”, y en ese sentido, “constituye, junto al derecho del
favorecido a exigir el cumplimiento total e inalterado, el del condenado a que no
se desvirtúe, se amplíe o se sustituya por otro” (Cfr. FERNÁNDEZ-PACHECO
MARTÍNEZ, Ma. Teresa: La ejecución de las sentencias en sus propios términos y
el cumplimiento equivalente, Madrid, Tecnos, 1995, pp. 26).
EXP. N.° 01939-2011-PA/TC


22. En cuanto a los vicios que afectan la motivación
interna de las resoluciones judiciales, el Tribunal
Constitucional ha sostenido que la falta de dicha
motivación se presenta en una doble dimensión; por
un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a
partir de las premisas que establece previamente el
Juez en su decisión; y, por otro, cuando
existe incoherencia narrativa, que a la postre se
presenta como un discurso absolutamente confuso
incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones
en las que se apoya la decisión (Cfr. Expedientes N.º
03943-2006-PA/TC, fundamento 4 y N.º 00728-2008PHC/TC, fundamento 76).
EXP. N.° 01939-2011-PA/TC

24.
El Tribunal Constitucional ha sostenido que
la motivación insuficiente, está referida básicamente al
mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones
de hecho o de derecho indispensables para asumir que la
decisión está debidamente motivada (Cfr. Expedientes
N° 03943-2006-PA/TC fj. 4 y Nº 00728-2008-PHC/TC fj.
76).


26.
Existe motivación aparente cuando una
determinada resolución judicial si bien contiene
argumentos o razones de derecho o de hecho que
justifican la decisión del juzgador, éstas no resultan
pertinentes para tal efecto, sino que son falsos,
simulados o inapropiados en la medida que en realidad
no son idóneos para adoptar dicha decisión.
EXP. N.° 2725-2008-PHC/TC

14.
Debe precisarse que, el Tribunal Constitucional en casos
precedentes al de autos y mediante el proceso constitucional de
hábeas corpus, sobre la vulneración al principio Ne bis in ídem, ha
configurado los contornos de esta garantía fundamental,
estableciendo básicamente:


a)
La dimensión material y procesal del Ne bis in ídem. La
primera, según, el cual «nadie puede ser castigado dos veces por un
mismo hecho», expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones
sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal
proceder constituiría un exceso del poder sancionador. En su vertiente
procesal, tal principio significa que «nadie pueda ser juzgado dos
veces por los mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda
ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos
procesos con el mismo objeto contrario a las garantías propias del
Estado de Derecho (Cf. Exp. N° 2050-2002-HC/TC. FJ. 19. Caso:
Carlos Israel Ramos Colque).
EXP. N.° 2725-2008-PHC/TC
 b) Que el principio de Ne bis in ídem, opera respecto a resoluciones
que han adquirido la calidad de cosa juzgada. Se yergue como
garantía de todo justiciable, a que las resoluciones que hayan puesto
fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios
impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha
transcurrido el plazo para impugnarlas; y, a que el contenido de las
resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado
sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de
terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que
resolvieron el caso en el que se dictó (Cf. Exp. N° 4587-2004HC/TC. FJ 38. Caso: Santiago Martín Rivas).

c)
El principio Ne bis in ídem no se circunscribe a las sentencias
definitivas, sino que comprende a todos los autos que ponen fin al
proceso penal -al referirse, por ejemplo, a las resoluciones que
importen el sobreseimiento definitivo de una causa- (Cf. Exp. N°
8123-2005-HC/TC. FJ. 19. Caso: Nelson Jacob Gurman)
EXP. N.° 2725-2008-PHC/TC

15.
Establecido lo anterior, una cuestión que merece
consideración en el presente caso, es si las investigaciones
preliminares fiscales que arriban a una resolución conclusiva de
archivo, puede generar la aplicación de la garantía. Al respecto, si
bien el Tribunal Constitucional ha señalado en precedente
sentencia (Cf. Exp. N° 6081-2005-PHC/TC. FJ. 7. Caso: Alonso
Leonardo Esquivel Cornejo), que “una resolución emitida por el
Ministerio Público en la que se establece no hay mérito para
formalizar denuncia no constituye cosa juzgada, por lo que la
presente sentencia no impide que la demandante pueda ser
posteriormente investigado y, de ser el caso, denunciado
penalmente por los mismos hechos”. No obstante, dicho criterio
merece una excepcional inaplicación cuando los motivos de la
declaración de “no ha lugar a formular denuncia penal” por parte
del fiscal, se refieren a que el hecho no constituye delito, es
decir, carecen de ilicitud penal.
EXP. N.° 2725-2008-PHC/TC
 16. Este Tribunal afirma que la decisión fiscal de “No ha lugar a formalizar
denuncia penal” en los términos precisados anteriormente, genera un estatus
de inamovible. Esta afirmación tiene sustento en dos postulados
constitucionales: a) La posición constitucional del Ministerio Público, lo
encumbra como el único órgano persecutor autorizado a promover el ejercicio
público de la acción penal, es decir, ostenta el monopolio acusatorio que le
asigna el artículo 159° de la Constitución Política, en otras palabras, es el fiscal
quien decide qué persona debe ser llevada ante los tribunales por la presunta
comisión de un delito; b) Si bien las resoluciones de archivo del Ministerio
Público no están revestidas de la calidad de la cosa juzgada, sin embargo,
tienen la naturaleza de cosa decidida que las hace plausibles de seguridad
jurídica. Este Tribunal ha señalado en precedente sentencia (Exp. N° 04132000-AA/TC. FJ. 3. Caso: Ingrid del Rosario Peña Alvarado), que el principio
de cosa decidida forma parte del derecho fundamental al debido
proceso en sede administrativa, por lo que, frente a su transgresión o
amenaza, necesariamente se impone el otorgamiento de la tutela
constitucional correspondiente. Es necesario acotar que, el fiscal no es una
simple autoridad administrativa, pues su actividad se orienta a la legalidad y
no a los intereses administrativos o de los administrados.
EXP. N.° 2725-2008-PHC/TC

17. Se trata, entonces, de una decisión discrecional
que implica una valoración de hechos e interpretación
de disposiciones en mérito de la cual se decide si se
está técnicamente en condiciones de ejercer la acción
penal y cuál es el modo más adecuado de hacerlo, pero
sin soslayar que, los actos del Ministerio Público, no
se legitiman, “desde la perspectiva constitucional, en
sí misma, sino a partir del respeto pleno del conjunto
de valores, principios constitucionales y de los
derechos fundamentales de la persona, de
conformidad con el artículo 1º de la Constitución” (Cf.
Exp. N° 1762-2007-HC/TC. FJ. 11. Caso: Alejandro
Toledo Manrique).
EXP. N.° 05448-2011-PA/TC



1.
En reiterada jurisprudencia (Expedientes N.os 2366-2003-AA/TC, 5854-2005AA/TC, 2730-2006-PA/TC, entre otras) el Tribunal Constitucional ha establecido que
resultan procedentes las demandas de amparo interpuestas contra las resoluciones
del Jurado Nacional de Elecciones cuando éstas vulneren derechos fundamentales.
Así, se ha enfatizado que ningún poder público puede, mediante acto u omisión,
apartarse del contenido normativo de los derechos fundamentales ni se encuentra
exento del control constitucional ejercido por el poder jurisdiccional del Estado, en
cuya cúspide –en lo que a la materia constitucional se refiere– se ubica este Tribunal.
Desde luego, el referido órgano electoral no se halla al margen de este imperativo
constitucional.
2.
En efecto, debe recordarse lo expuesto en el fundamento 4 de la sentencia
recaída en el Expediente N.º 02366-2003-AA/TC,
“(...) aun cuando de los artículos 142.° y 181.° de la Norma Fundamental, se
desprende que en materia electoral no cabe revisión judicial de las resoluciones
emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, y que tal organismo representa la
última instancia en tal asunto, dicho criterio sólo puede considerarse como válido en
tanto y en cuanto se trate de funciones ejercidas en forma debida o, lo que es lo
mismo, compatibles con el cuadro de valores materiales reconocido por la misma
Constitución. Como es evidente, si la función electoral se ejerce de una forma que
resulte intolerable para la vigencia de los derechos fundamentales o quebrante los
principios esenciales que informan el ordenamiento constitucional, no sólo resulta
legítimo sino plenamente necesario el control constitucional, especialmente cuando
éste resulta viable en mecanismos como el amparo”.
EXP. N.° 05448-2011-PA/TC

3.
Esta reiterada doctrina fue complementada y fortalecida en la
sentencia que con calidad de precedente vinculante recayó en el
Expediente N.º 5854-2005-PA/TC, oportunidad en la que este Tribunal
Constitucional ha continuado el desarrollo de los principales fundamentos
que sustentan no sólo la viabilidad, sino la absoluta necesidad de que las
resoluciones del JNE sean sometidas a un escrutinio de validez
constitucional a través del proceso de amparo.


4.
Conviene recordar, además, que el inciso 8) del artículo 5º del
Código Procesal Constitucional que prescribía la improcedencia del
proceso de amparo cuando se cuestionen las resoluciones del JNE en
materia electoral, salvo cuando no sean de naturaleza jurisdiccional o
cuando siendo jurisdiccionales violen la tutela procesal efectiva, fue
declarado inconstitucional por este Colegiado mediante la sentencia
recaída en el Expediente N.º 0007-2007-PI/TC, con lo cual, el Tribunal es
competente para realizar el control constitucional de las resoluciones que
emita el JNE.
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