DERECHOS FUNDAMENTALES
CONSAGRADOS EN LA
CONSTITUCION DE 1993
Los Derechos de la Persona
• El artículo 2 de la Constitucion es el más extenso de la
Constitución. Agrupa un total de 24 incisos, el último
de los cuales se desagrega en 8 apartados referentes a
las libertades de la persona y otras materias
habitualmente reconocidas como derechos civiles y
políticos.
A) Libertades personales o libertades civiles:
Comprenden, en primer lugar, la "seguridad", o sea, la
protección contra los arrestos y detenciones
arbitrarias.
Se encuentra más ligado a las libertades e
inviolabilidad del domicilio, la libertad de la
correspondencia y la libertad de movimiento. No
comprenden las libertades familiares: derecho a
contraer matrimonio sin la intervención del Estado,
derecho a educar libremente a los niños, etc.
B) Libertades económicas: Comprenden
especialmente el derecho de propiedad, la
libertad de empresa, la libertad de comercio y
de industria o "libre concurrencia", la libertad
en la circulación de productos, etc. Todos
estos principios que definen la llamada
economía liberal tienen como fin principal
reservar a la iniciativa privada toda la
actividad económica.
C) Libertades de pensamiento: Se encuentran entre
las "libertades límites" y la "libertad de
oposición". En la medida en que se trata de la
elaboración y expresión de un pensamiento
político referente a la estructura y a la forma de
gobierno, constituyen medios de oposición.
Por el contrario, el pensamiento no político
(filosófico, religioso, artístico o literario) entra en
la noción de un dominio reservado a la actividad
individual.
las doctrinas filosóficas (ejemplo del siglo XVIII),
los movimientos literarios y artísticos (el
Romanticismo, por ejemplo), y más aún las
fuerzas religiosas, desempeñan un papel
trascendental en la vida política.
D) Libertades políticas: Comprenden cuatro
aspectos: expresión reunión, asociación y
sufragio; o sea, la facultad de promover ideas,
programas.
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
1. A la vida, a su identidad, a su integridad
moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y
bienestar. El concebido es sujeto de derecho
en todo cuanto le favorece.
LA VIDA tiene un reconocimiento negativo en la
prohibición de matar. "el pleno respeto del
derecho a la vida implica la prohibición a
cualquier agente, funcionario o autoridad estatal,
o particular que actúe bajo las órdenes o con la
aquiescencia directa, indirecta o circunstancial de
los agentes o autoridades del Estado, de atentar
contra ella, por cualquier medio y en cualquier
circunstancia, con excepción de la pena de
muerte aplicada en estricta concordancia con las
normas del derecho internacional de derechos
humanos"
• DERECHO A LA IDENTIDAD que comprende
distintos contenidos para la persona:
- En primer lugar a su identidad en el sentido de
identificación, lo que incluye su nombre y
seudónimo, sus registros legalmente establecidos
(de seguridad social, de ciudadanía, etc.) y los
títulos y demás beneficios que contribuyen a
darle ubicación y significación en la sociedad
(grados, títulos, condecoraciones,
reconocimientos, etc). Cada uno de estos
elementos conforman la identidad individual en
sociedad, que no es otra cosa que la manera de
distinguirse de los demás.
- En segundo lugar, a los aspectos familiares de su
identidad, su pertenencia a la sociedad porque
forma parte de una familia, institución natural y
fundamental de la sociedad, como dice el artículo
4 de la Constitución.
- En tercer lugar, a los aspectos psicológicos de la
identidad; es decir, al derecho a mantener una
propia percepción de sí mismo, asumiéndola en
su relación con los demás. Esto incluye
identidades de sexo, raza, culturales, religiosas,
familiares y, en general, creencias, costumbres y
modos de actuar que dan identidad propia a la
persona.
• La integridad física ha sido tratada en el
Código Civil peruano. El arto 5 dice que es
irrenunciable y no puede ser objeto de cesión,
aún cuando puede hacerse excepción a la
irrenunciabilidad en ciertas hipótesis
• Art 6 : Los actos de disposición del propio
cuerpo están prohibidos cuando ocasionen
una disminución permanente de la integridad
física o cuando de alguna manera sean
contrarios al orden público o a las buenas
costumbres. Empero, son válidos si su
exigencia corresponde a un estado de
necesidad, de orden médico o quirúrgico o si
están inspirados por motivos humanitarios.
• La donación de partes del cuerpo o de tejidos
que no se regeneran. establece que "(...) no
debe perjudicar gravemente la salud o reducir
sensiblemente el tiempo de vida del
donante".
• No obstante, la norma se refiere sólo a la
donación de tejidos que no se regeneran,
cuando el problema puede también
presentarse en los regenerables: basta
imaginar la donación de una cantidad
significativa de sangre.
• La integridad psíquica se refiere a la
preservación de todas las capacidades de la
psiquis humana, que incluyen las habilidades
motrices, emocionales e intelectuales.
• La integridad moral .-la dimensión ética de la
persona., cada ser humano puede desarrollar su
vida de acuerdo al orden de valores que
conforman sus convicciones, desde luego todo
ello dentro del respeto a la moral y al orden
público
• El libre desarrollo de la persona consiste en el
desenvolvimiento de sus potencialidades, de
manera que logre su realización en el mundo. La
realización de la persona puede ser definida
como el desarrollo de vida en que el ser humano
está en condiciones y alcanza los objetivos que se
fija en función de sus capacidades y de su
esfuerzo.
• LA PROTECCIÓN DEL CONCEBIDO Lo esencial
de esta norma consiste en dar derecho de
goce al concebido en todo aquel derecho del
que puede servirse mientras se halla en el
útero de su madre. Para estos efectos es
indispensable saber quién es concebido:
• La concepción es el punto clave, es decir, el
momento en que se produce la fecundación
del óvulo por el espermatozoide. Así lo
establece, por lo demás, el artículo primero
del Código Civil: "La vida humana comienza
con la concepción". El primero y más
elemental derecho es el de la vida.
• Es obvio que esta norma constitucional impide
el aborto, por ser un acto inconstitucional,
además de contrario en sí a la naturaleza y a la
moral.
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser
discriminado por motivo de origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica
o de cualquiera otra índole.
La igualdad ante la ley no supone que todos los
seres humanos sean iguales unos a otros, en
sentido material; ello sería simplemente negar
la realidad. La humanidad considera
actualmente que la unidad básica está en la
pertenencia a la misma especie, participando
todos de las mismas condiciones y calidades
que configuran al ser humano.
Este es el nucleo central determinante de
derechos. Entonces, la igualdad ante la ley no
borra las diferencias naturales, sino que
establece una igualdad básica de derechos, a
partir de la cual podemos realizamos mejor en
medio de nuestras diferencias.
• La discriminación por opinión se produce
cuando las personas se ven privadas de sus
derechos por las opiniones que pudieran
expresar en los más diversos campos de la
vida. Casos de discriminación por opinión
ocurren, por ejemplo, cuando un empleado es
obligado a profesar determinadas ideas para
aceptar un trabajo, o cuando se le despide por
las opiniones que tiene. Uno de los extremos
de esta discriminación es la existencia del
delito de opinión. Nuestra Constitución
prohibe tanto limitar los derechos humanos
de los trabajadores en la relación laboral,
como la existencia del delito de opinión
• La Constitución añade una disposición
adicional prohibiendo la discriminación por
cualquier otra razón. Es una cláusula general
que pretende descartar cualquier atentado
contra la igualdad formal establecida
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
3. A la libertad de conciencia y de religión, en
forma individual o asociada. No hay
persecución por razón de ideas o creencias.
No hay delito de opinión. El ejercicio público
de todas las confesiones es libre, siempre que
no ofenda la moral ni altere el orden público.
La libertad de conciencia es el derecho a
mantener las propias convicciones acerca de
todos y cada uno de los asuntos de la vida. Es
preciso distinguir la libertad de conciencia de
la libertad de acción. Esta última consiste en la
posibilidad de exteriorizar conductas en la
vida social. La libertad de acción existe, pero
tiene que ser ejercitada en concordancia con
las regulaciones de la vida social.
• Esto mismo sucede con la religión: todos
tienen derecho a creer en aquella que
consideren válida, y a no ser perseguidos por
sus convicciones. Todas las religiones -o
confesiones como las llama la Constituciónpueden ejercer sus cultos con libertad,
teniendo como único límite el no ofender la
moral ni alterar el orden público.
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
4. A las libertades de información, opinión,
expresión y difusión del pensamiento mediante la
palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier
medio de comunicación social, sin previa
autorización ni censura ni impedimento algunos,
bajo las responsabilidades de ley.
Los delitos cometidos por medio del libro, la
prensa y demás medios de comunicación social
se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el
fuero común.
Es delito toda acción que suspende o clausura
algún órgano de expresión o le impide circular
libremente. Los derechos de informar y opinar
comprenden los de fundar medios de
comunicación.
Incluye cuatro libertades
A) Información, que supone tanto el derecho de
informar como el de recibir información sobre los
asuntos más diversos. Los límites son la
información cuya circulación está restringida por
razones de seguridad, y aquella otra que se
refiere a la intimidad de terceros. La libertad de
informar, desde luego, implica la posibilidad de
negarse a hacerla en lo que concierne a los
asuntos particulares y que se desee mantener en
reserva. Existen otras excepciones puntuales,
como por ejemplo, la obligación de presentar
cierta información contable para efectos
tributario
B) Opinión, que significa la libertad de adoptar
pensamientos propios y criterios particulares
sobre las personas y las cosas. Es una libertad
destinada a excluir la manipulación de las
opiniones de las personas por terceros o por
el poder público.
La libertad de información se refiere al
conocer y dar a conocer situaciones diversas
de la realidad, la libertad de opinión consiste
en formarse un criterio propio sobre cualquier
aspecto de la vida.
C) Expresión, que consiste en poder comunicar
pensamientos, ideas y opiniones. Mientras la
libertad de información se refiere, en general,
a los datos de la realidad, la de expresión
tiene que ver con comunicar las propias ideas.
Desde esta perspectiva, la libertad de
expresión no es sino una de las especies de la
libertad de dar información y de formular
opiniones.
D) Difusión, que es la posibilidad de dar mayor
extensión a la libertad de dar información y de
expresarse. La difusión quiere decir dar mayor
amplitud al mensaje, es decir, hacer que éste
llegue a mayor cantidad de destinatarios.
Sirven para este ejercicio los distintos medios
de comunicación: periódicos escritos, radio,
televisión, etc., en relación al mensaje oral o
escrito personal y directamente comunicado.
• Cada una de estas cuatro libertades es ejercitada
"sin previa autorización, censura ni impedimento
algunos".
• La autorización previa consiste en la necesidad de
pedir un permiso antelado ante alguna autoridad
para ejercitar el derecho, la que podrá autorizar o
no dicho ejercicio.
• La previa censura consiste en la revisión de
aquello que se va a informar, opinar, expresar o
difundir, de manera que quien revisa puede vetar,
esto es, impedir que el derecho sea ejercitado.
• El impedimento consiste en la implementación de
algún obstáculo o prohibición para ejercitar los
derechos.
• No obstante la prohibición de estas
limitaciones, la Constitución dice que los
derechos se ejercen "bajo las
responsabilidades de ley". Estas
responsabilidades pueden ser tanto
administrativas (por ejemplo multas), como
civiles (indemnizaciones por daño causado) y
penales (penas de diversa naturaleza), en
concordancia con los tipos de sanciones
previstos en la legislación.
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
In 5 A solicitar sin expresión de causa la
información que requiera y a recibirla de
cualquier entidad pública, en el plazo legal,
con el costo que suponga este pedido. Se
exceptúan las informaciones que afectan la
intimidad personal y las que expresamente se
excluyan por ley o por razones de seguridad
nacional.
• Las personas tienen derecho a solicitar
información de las entidades públicas sin
expresión de causa, porque dichas entidades
están al servicio de la ciudadanía. La información
del Estado es información de todos y no puede
ser restringida. Los límites son el derecho a la
intimidad personal, que también es de jerarquía
constitucional y la información clasificada como
reservada para fines de seguridad nacional.
• Hábeas Data esta es la garantía de la
Constitución, que puede interponerse cuando se
vulnera o amenaza los derechos a a recibir
información, procede la interposición del Hábeas
Data.
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
6. A que los servicios informáticos,
computarizados o no, públicOs o privados, no
suministren informaciones que afecten la
intimidad personal y familiar.
• Esta es una forma de protección de la intimidad que se
traduce en la prohibición de divulgar información sobre
las personas y las familias.
• La prohibición alcanza a todos los servicios
informáticos, computarizados o no. Por servicio
informático debemos entender, extensivamente todo
sistema de archivo de información sobre el ámbito
personal y familiar. La información puede cubrir los
aspectos más diversos de la vida: características
personales (incluidas las historias clínicas, por
ejemplo), habilidades personales (registros de notas en
materia de educación en general), capacidades
laborales (hojas de servicios, pruebas de calificación
laboral, etc), registros de vida (archivos policiales, de
inteligencia o similares).
• la norma no se refiere sólo a los archivos de
información computarizados, sino a todos los que
contengan información, al margen de la
tecnología de acopio y registro que utilicen. Este
enfoque supera el error de formulación en que
incurrieron los constituyentes al emplear el
término "servicios informáticos", en lugar de
"servicios de información".
• La prohibición de divulgar la información se
extiende a los servicios de información privados o
del Estado porque la violación de la intimidad no
es realizada sólo por quien tiene autoridad, sino
por todo aquel que divulga información.
• Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
7. Al honor y a la buena reputación, a la
intimidad personal y familiar así como a la voz
y a la imagen propias.
Toda persona afectada por afirmaciones
inexactas o agraviada en cualquier medio de
comunicación social tiene derecho a que éste
se rectifique en forma gratuita, inmediata y
proporcional, sin perjuicio de las
responsabilidades de ley.
• La Constitución se refiere en el primer párrafo a
cinco derechos distintos.
• EL HONOR es el sentimiento de autoestima, es
decir, la apreciación positiva que la persona hace
de sí misma y de su actuación. El honor es
violentado cuando esaautoestima es agraviada
por terceros. Tales los casos de una ofensa -en
público o en privado-, o de una agresión física,
psicológica o espiritual. En este sentido, el honor
es un sentimiento eminentemente subjetivo que,
sin embargo, es susceptible de ser objetivamente
defendido por el Derecho.
• LA REPUTACIÓN es la idea que los demás
tienen o presuponen de una persona. Es la
imagen que los demás tienen de cada uno
nosotros como seres humanos. La reputación
es agraviada cuando nuestra imagen en los
demás es dañada. Importante es decir que el
daño a la reputación es producido tanto
cuando se dicen mentiras, como cuando se
dicen verdades dañosas. No es menos
atentatorio contra el derecho a la reputación
el imputar públicamente algún defecto o
alguna condición negativa que tenga
determinada persona.
• LA INTIMIDAD es el conjunto de hechos y
situaciones de la vida propia que pertenecen
al ser humano como una reserva no
divulgable. Entre otros están sus hábitos
privados, sus preferencias, sus relaciones
humanas, sus emociones, sus sentimientos,
sus secretos, sus características físicas tales
como su salud, sus problemas congénitos, sus
accidentes y las secuelas consiguientes, etc.
La Constitución da dos dimensiones a la
intimidad que, en realidad, son
complementarias: la personal y la familiar.
La intimidad personal es el ámbito restringido
en torno al individuo mismo. Es aquella
intimidad que, incluso, puede negarla a sus
familiares.
La intimidad familiar son todos los eventos y
situaciones que pertenecen a las relaciones
que existen dentro de la familia: las relaciones
conyugales, de padres e hijos, de hermanos,
etc.
• EL DERECHO A LA PROPIA VOZ -consiste en que
la utilización por parte de una persona de su voz
sólo puede hacerla ella misma o aquel a quien
autorice; en ese contexto, la voz es parte de uno
mismo y de la identificación personal.
• El derecho a la propia voz es una protección no
solamente sobre la utilización de versiones
grabadas, sino también contra quien quiera
imitada y hacerla pasar como propia siendo
ajena. En este aspecto, lo importante no es sólo
que no se use la voz emitida sino también, en
sentido inverso, que no se use ese signo distintivo
haciéndolo pasar como propio cuando en
realidad es una imitación de otro.
• El derecho a la propia imagen consiste en que
la representación corporal de una persona
sólo puede ser utilizada por ella y por aquellos
a quienes autoriza. El derecho tiene que ver
con la representación corporal que es la
imagen captada en el cine, la televisión o el
video, pero también la imitación y, aún, la
caricatura. La propia imagen es protegida
porque identifica al titular como ser humano;
consecuentemente, éste tiene el derecho de
prohibir su reproducción
• La rectificación consiste en la corrección de la
información que afectó a la persona.
• Esta rectificación es gratuita, sin costo para el
perjudicado; inmediata, es decir, en la edición
siguiente al pedido, del órgano en la que se
realizó.. En todo caso, la demora en cumplir
con la rectificación no debe ser más que la
indispensable.
• La rectificación proporcional quiere decir que la
importancia que ésta reciba debe ser equivalente
a la que tuvo la información que causó el daño.
Por ejemplo, no se cumple la proporcionalidad
cuando la información dañosa fue hecha en la
primera página de un periódico y la rectificación
se hace en páginas interiores. Tampoco se
cumple con la rectificación cuando la dimensión
de la noticia es notablemente más pequeña, o
cuando el titular de la noticia dañosa era
atractivo y el de la rectificación pasa
desapercibido (sea por tamaño. sea por
contenido). Lo propio, con las diferencias
debidas, ocurrirá en la radio y la televisión, por
no mencionar otros medios.
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede
ingresar en él ni efectuar investigaciones o
registros sin autorización de la persona que lo
habita o sin mandato judicial, salvo flagrante
delito o muy grave peligro de su perpetración.
Las excepciones por motivos de sanidad o de
grave riesgo son reguladas por la ley.
• La inviolabilidad de] domicilio es el derecho
del ocupante legítimo de utilizar
exclusivamente e] lugar donde vive o trabaja,
de manera que sólo él o quienes autorice salvo mandato judicial distinto- puedan
ingresar a él.
• La inviolabilidad del domicilio supone tres
restricciones para cualquiera, sea persona
individual, institución o aún autoridad pública:
ingresar al domicilio de otro, efectuar
investigaciones en él, y registrar su interior
Sin embargo hay cinco excepciones a estas
restricciones. Ellas son:
• - Que haya mandato judicial autorizando
cualquiera de las tres actividades anteriores.
• - Que se esté cometiendo delito flagrante.
Esto supone aquella situación en la que se
lleva a cabo un ilícito penal. En este caso no se
necesita permiso alguno para ingresar:
cualquiera puede hacerlo para solucionar la
situación delictiva y sólo en la medida en que
ello sea necesario.
Estamos ante un caso de lo que se denomina estado de
necesidad. concepto perteneciente tanto al ámbito penal
como al civil y que consiste en el quebrantamiento de un
derecho a fin de salvar otro de igual o mayor rango. Desde
luego, muchas veces el rango de los derechos es asunto
que está sujeto a discusión, por lo que para saber si hubo o
no violación ilegítima del domicilio, habrá que estar a la
consideración de cada caso.
• - Que haya peligro inminente de la perpetración de un
delito, esto es, que en la situación dada se presenten
conductas que hagan prever la comisión inmediata de un
ilícito penal. También en este caso se puede ingresar al
domicilio sin permiso y la exclusiva finalidad de ello es la de
conjurar el peligro grave presente. Caben los comentarios
sobre el estado de necesidad hechos en el párrafo previo.
•
• - Que se presenten razones de sanidad. Estas son
aquellas circunstancias en las que el domicilio de
alguien se convierte en una amenaza para la salud de
quienes lo rodean o, inclusive, de quienes habitan en
él. Según la Constitución es la ley la que establece las
condiciones en que dicho ingreso se realiza.
• - Que se presenten motivaciones de grave riesgo. Ello
implica la presencia de un conjunto de posibilidades de
ingreso al domicilio de otro, para conjurar peligros
existentes. Indudables situaciones de este tipo son, por
ejemplo, las de un incendio, un accidente de personas,
el peligro de caída de una construcción que puede
afectar a los vecinos. Según la Constitución, la ley
regula esta excepción.
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y
documentos privados.
• Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo
pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por
mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la
ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva el
examen.
• Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto
no tienen efecto legal.
• Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos
están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad
competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al
respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación,
salvo por orden judicial.
• El derecho al secreto y a la inviolabilidad de
comunicaciones y documentos privados protege a la
persona contra la intromisión en ellos de. otros particulares
y también de funcionarios o autoridades. Está relacionado
con el derecho a la intimidad, en la medida que impide que
se tome conocimiento de las informaciones u opiniones
emitidas por uno mismo a un destinanario determinado, o
inclusive registradas en documentos no destinados a
circulación para el propio uso futuro
• El segundo párrafo autoriza excepciones a los derechos de
secreto e inviolabilidad en relación a las comunicaciones,
telecomunicaciones o sus intrumentos. Si media
mandamiento motivado del juez y se cumplen las garantías
previstas en la ley,
• los documentos privados obtenidos con
violación de estas normas no tienen efecto
legal; es decir, que no importa qué contenido
tengan: no podrán ser utilizados como prueba,
ni considerados en ningún procedimiento ni
resolución judicial. La Constitución exige que
la información así obtenida se tome como si
no existiera.
• El control tributario no puede sustraer o
incautar la información, ello sólo puede
ocurrir por mandamiento judicial.
Artículo.2.- Toda persona tiene derecho:
14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se
contravengan leyes de orden público.
La contratación debe tener fines lícitos, esto es, no
prohibidos por el Derecho. Al contratar, las
personas ejercitan su libertad de expresión de
voluntad bajo el principio constitucionalmente
establecido de que "nadie está obligado a hacer
lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo
que ella no prohibe"
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
16. A la propiedad y a la herencia.
La propiedad es el derecho sobre las cosas que
consiste en usarlas; disfrutarlas es decir, percibir
sus frutos; disponer de ellas, es decir, transferirlas
bajo cualquier forma posible; y, reivindicarlas,
que equivale a recuperarlas de quien las ha
usurpado. Desde luego, aquí se consagra una
posibilidad abierta a todos; un derecho formal
que impide prohibiciones en el acceso a la
propiedad y en la posibilidad de ser propietario.
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
17. A participar, en forma individual o asociada,
en la vida política, económica, social y cultural
de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme
a ley, los derechos de elección, de remoción o
revocación de autoridades, de iniciativa
legislativa y de referéndum.
• El dispositivo establece el derecho a participar
individual o asociadamente en diversos aspectos
de la vida social.
• La participación individual es una atribución
reconocida a cada persona para actuar por sí
misma, sin necesariamente concordar con otras
personas. La participación individual se produce
como persona o como ciudadano
• La participación asociada significa, en cambio,
que las personas pueden reunirse entre sí para
fomentar una participación comunitaria y,
generalmente, potenciada. La participación
asociada se hace en frentes, movimientos o
partidos políticos
• La participación en la vida política consiste en
ejercitar los derechos que tienen relación
directa con los asuntos públicos de la
sociedad. Tradicionalmente se ha tomado
como participación política el elegir y ser
elegido. También la libertad de expresión y
opinión son participación política como, a su
turno, lo son el plantear aportes a la solución
de los problemas sociales del más diverso
tipo.
• El primer derecho que se reconoce a los
ciudadanos es el de elección, que supone
tanto elegir como ser elegido en comicios para
cubrir los cargos representativos del pueblo en
sus diversos rangos y niveles (gobierno
nacional, regional y local).
• El derecho de remoción o revocación de
autoridades consiste en la posibilidad de que
el pueblo, mediante votación, retire de un
cargo electivo a quien considera inapto para
realizar dicha función. Mediante este
dispositivo constitucional, sólo se puede
remover a alcaldes y regidores. No hay norma
alguna que haga operativo remover al
Presidente de la República y no se puede
remover a los congresistas si no es mediante
la disolución del Congreso.
• La iniciativa legislativa es el derecho
presentar proyectos de ley que deben ser
tramitados obligatoriamente por el Congreso.
• Es obvio que si el Congreso no da trámite a los
proyectos de ley así presentados, incumple la
Constitución. Desde luego, que el trámite del
Congreso consistirá en que la iniciativa sea
enviada a la comisión respectiva para que la
estudie preferencialmente, formule el informe
y que, luego, sea el Pleno la instancia que la
apruebe o no.
• El referéndum es una votación en la que el
pueblo da una opinión favorable o
desfavorable sobre determinado asunto, en el
entendido que lo aprobado no puede ya ser
modificado por los órganos del Estado. Ello es
así porque el pueblo es la entidad de la que el
poder emana y nadie puede ir contra sus
decisiones, si han sido producidas dentro de
los cánones que establece el sistema jurídico;
es decir, cumpliendo los requisitos y
procedimientos establecidos.
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
23. A la legítima defensa.
• La legítima defensa consiste en el empleo de
la fuerza material para repeler una agresión
ilegítima contra determinados derechos.
Normalmente, el Derecho exige que no se
haga justicia por propia mano sino que se
recurra a la fuerza pública, la que será
encargada de restablecer el equilibrio de
deberes y derechos entre las personas.
• Sin embargo, suelen presentarse situaciones
excepcionales en las cuales repeler la agresión
de inmediato puede evitar el perjuicio del
derecho propio.
• Existen diversos tipos de situaciones en las
cuales puede ejercitarse la legítima defensa.
En el terreno penal, el inciso 3 del artículo 20
del Código Penal considera como causa que
exención de responsabilidad penal a la
legítima defensa, que es normada así:
Artículo 20. Está exento de responsabilidad
penal:
3. El que obra en defensa de bienes jurídicos
propios o de terceros, siempre que concurran
las circunstancias siguientes:
a. Agresión ilegítima.
b. Necesidad racional del medio empleado para
impedirla o repelerla; y,
c. Falta de provocación suficiente de quien hace
la defensa",
• Por consiguiente, no en todos los casos en que
se produce una agresión de terceros se puede
actuar en legítima defensa. Esta es una
situación compleja y jurídicamente regulada,
que sólo protege a la persona cuando cumple
los requisitos, y en la medida que se apegue a
ellos.
• Fuera del ámbito penal, la legítima defensa
funciona como el derecho de defender los
propios derechos frente a quienes pretenden
arrebatarlos ilegítimamente.
Codigo civil Artículo 920. El poseedor puede
repeler la fuerza que se emplee contra él y
recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si
fuere desposeído, pero en ambos casos debe
abstenerse de las vías de hecho no justificadas
por las circunstancias",
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
24. A la libertad y a la seguridad personales. En
consecuencia:
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no
manda, ni impedido de hacer lo que ella no
prohibe.
• Es lo que llamamos una definición negativa de
la libertad, porque no establece sus alcances
sino que niega sus límites: sólo se puede
obligar a las personas en lo que la ley manda;
y sólo se les puede impedir hacer lo que la ley
prohibe expresamente
• Este concepto de libertad tiene que ser
entendido necesariamente en el ámbito de las
decisiones privadas, es decir, en la vida
privada de la persona. No es la regla que
regula conductas públicas.
• Así por ejemplo, un ministro o un gerente no
pueden recurrir a esta norma para realizar
algo que esté fuera de sus competencias. En
realidad, en las decisiones de carácter público
-y lo son tanto las de un ministro como las de
un gerente- no cabe aplicar el principio del
artículo 2 inciso 24 literal "a".
• Se debe entonces que diferenciar:
- En el ámbito privado la norma aplicable a las
decisiones es este literal.
- En el ámbito de las funciones de carácter
público, la norma aplicable es que sólo se
ejecutan las atribuciones específicamente
asignadas por las disposiciones existentes.
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
24. A la libertad y a la seguridad personales. En
consecuencia:
Inc c. No hay prisión por deudas.
Este principio no limita el mandato judicial por
incumplimiento de deberes alimentarios.Es un
principio del derecho liberal moderno separar las
obligaciones de carácter civil de la pena de
privación de la libertad porque, a menos que se
establezca de otra manera en la legislación penal,
incumplir una obligación no es un delito y en
consecuencia al moroso no le corresponde una
pena de esta naturaleza.
• Desde luego, existen formas de incumplir las
obligaciones que están tipificadas como delitos.
Tal es el caso, por ejemplo, de una estafa. Pero en
estos casos, no estamos ante un simple
incumplimiento de obligaciones sino que,
adicionalmente, se adopta una manera
determinada que supone la intención de causar
daño al acreedor o, cuando menos, una gran
negligencia en contra suya. Por tanto, la ley penal
establece un tipo delictivo específico. Nótese, sin
embargo, que en estos casos no es el
incumplimiento de las obligaciones lo que
produce la privación de la libertad sino la forma,
la manera como se ha producido este
incumplimiento.
• Sin embargo, establece el literal, el juez puede
mandar la privación de la libertad por
incumplimiento de deberes alimentarios. Este
incumplimiento de obligación sí está
expresamente precisado como delito, porque
el acto de no cumplir con las obligaciones
alimentarias se considera una conducta no
sólo censurable en el plano personal y familiar
sino también en el plano social.
• Es evidente que quien incumple obligaciones alimentarias
está produciendo un grave daño a otra persona, yeso resulta
tanto más grave si consideramos que quienes se deben
alimentos recíprocamente -son los cónyuges, los ascendientes
y descendientes y los hermanos. Por consiguiente en casos de
incumplimiento de pensión alimentaria no sólo se pone en
desamparo a una persona, sino a una persona sumamente
cercana.
• Es por estas razones que el artículo 149 del Código Penal
dispone:
El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos
que establece una resolución judicial será reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación
de servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas, sin
perjuicio de cumplir el mandato judicial.
Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en
connivencia con otra persona o renuncia o abandona
maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno ni
mayor de cuatro años.
Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser previstas,
la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años en
caso de lesión grave, y no menor de tres ni mayor de seis años
en caso de muerte".
• Como se aprecia, se trata de diposiciones duras
para quien incumple obligaciones alimentarias. La
privación de la libertad física es siempre una
sanción de la mayor gravedad, porque la libertad
es intrínseca a la vida misma. No obstante, si la
finalidad sustantiva de la obligación es la atención
alimentaria de personas que no tienen otro
medio de procurarse esa materia básica, no se
entiende cómo la privación de la libertad del
obligado, que puede acarrearle pérdida del
empleo y disminución de recursos -salvo que viva
de rentas- puede contribuir a resolver la cuestión
de fondo.
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
24. A la libertad y a la seguridad personales. En
consecuencia:
d. Nadie será procesado ni condenado por acto
u omisión que al tiempo de cometerse no esté
previamente calificado en la ley, de manera
expresa e inequívoca, como infracción
punible; ni sancionado con pena no prevista
en la ley.
• El principio del Derecho Penal: el nulla pena
sine lege. Consiste en que no pueden aplicarse
penas que la ley no haya predeterminado al
momento de cometerse el delito. Forma parte
de las garantías de los seres humanos, para
que no sean sancionados con crueldad o
severidad particulares, determinadas ex post
por alguna razón que no sea la aplicación
misma de la ley.
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
24. A la libertad y a la seguridad personales. En
consecuencia:
e. Toda persona es considerada inocente
mientras no se haya declarado judicialmente
su responsabilidad.
• La declaración judicial de responsabilidad equivale a
que la persona encausada haya sido condenada por
una sentencia penal expresa, dictada por los
tribunales en el ejercicio de sus funciones. Mientras
ello no suceda, y aunque el juicio siga su curso
procesal, toda persona es considerada inocente
• Por ej la autorización del Congreso para que un
congresista sea procesado (artículo 93 segundo
párrafo de la Constitución), y la acusación
constitucional del Congreso (antejuicio, artículos 99 y
100 de la Constitución), no tienen el carácter de
sentencias judiciales, la autorización o acusación
hecha no convierte en culpable al encausado. Por el
contrario, se le deberá continuar teniendo por
inocente hasta la sentencia judicial definitiva.
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:
f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y
motivado del juez o por las autoridades policiales en caso
de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a
disposición del juzgado correspondiente, dentro de las
veinticuatro horas o en el término de la distancia.
• Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo,
espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las
autoridades policiales pueden efectuar la detención
preventiva de los presuntos implicados por un término no
mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al
Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción
antes de vencido dicho término.
• Se establece la protección de la libertad física
de la persona en su sentido más directo: no
ser detenido ni impedido de movilizarse
libremente, salvo la hipótesis de mandato
judicial o flagrante delito.
• El primer párrafo establece dos formas de
detención constitucionalmente correctas:
- La primera es el mandamiento escrito y
motivado del juez, que debe ser producido no
arbitrariamente, sino de acuerdo a
procedimientos preestablecidos. Se exige
mandamiento escrito para que quede
constancia y, además, para que el interesado
pueda ser informado de él al ser aprehendido.
Mandamiento motivado porque la libertad no
puede ser conculcada sin motivo. El detenido
se informará al leer la orden de las razones
por las que ello ocurre. Esto, dado el caso, le
permitirá defenderse mejor.
- La segunda es la detención directa por la
autoridad policial en caso de flagrante delito,
el que no es sino el momento en el cual el
agresor comete la acción criminal.
• Esto quiere decir que, constitucionalmente, en
el Perú sólo se puede detener a una persona si
se ha cumplido alguna de las dos exigencias.
De lo contrario, esa detención es
inconstitucional y quedaría abierto el camino
para interponer una acción de Hábeas Corpus.
• Si ocurriera que una persona haya sido detenida
por las autoridades policiales en flagrante delito,
entonces el detenido debe ser puesto a
disposición del juzgado correspondiente dentro
de las veinticuatro horas o en el término de la
distancia. La Policía Nacional no tiene la potestad
de retener a la persona más tiempo que el
necesario para conducirla ante la justicia. El
término de la distancia es un concepto procesal
que está referido al tiempo que debe demorar un
viaje desde donde está la persona hasta donde
debe finalmente llegar. Los organismos judiciales
aprueban una tabla de términos de la distancia,
de tal forma que son cantidades de tiempo
conocidas.
• Queda claro que fuera de estas dos
modalidades no existe otra; por ejemplo, no
puede haber detención por parte de efectivos
militares o de unidades especiales del Estado,
como podría ser el Servicio de Inteligencia
Nacional.
• El plazo de veinticuatro horas puede ser ampliado en
los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de
drogas, tres patrones de conducta tipificados
explícitamente como delitos en las disposiciones
penales. En estos casos la detención preventiva dura
quince días, pero las autoridades tienen que dar cuenta
al Ministerio Público y al juez competente. Esta norma
se complementa con la que establece que el juez
puede asumir jurisdicción antes de vencido el término
de quince días. La intención de esta última norma
consiste en permitir el control jurisdiccional de la
investigación cuando el juez lo considere conveniente,
bien por razones debidas estrictamente al desarrollo
mismo de la investigación, bien por temores sobre
laseguridad del detenido, bien por cualquier otra razón
surgida de la evaluación discrecional del órgano
jurisdiccional.
• Este articulo puede restringirse o suspenderse,
según 10 refiere el inc. 1 del arto 137 de la
Constitución, cuando el Presidente de la
República declare el estado de emergencia o
el estado de sitio.
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
24. A la libertad y seguridad personales. En
consecuencia:
g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso
indispensable para el esclarecimiento de un
delito, y en la forma y por el tiempo previstos
por la ley. La autoridad está obligada bajo
responsabilidad a señalar, sin dilación y por
escrito, el lugar donde se halla la persona
detenida.
• La incomunicación del detenido consiste en
ponerlo en situación jurídica de imposibilidad
de tener relación de tipo alguno con terceras
personas; es decir, que no puede hablar, ni
escuchar, ni ser visto por nadie. Los problemas
más evidentes que pueden aparecer de la
incomunicación del detenido son:
- Amenaza contra su salud o su vida ya que
puede ser vejado físicamente sin que los
demás se enteren o puedan defenderlo.
- Incapacidad de ejercitar su derecho de defensa, no
sólo por sí mismo, sino inclusive por abogado.
- Forzamiento para que acepte responsabilidades
que en condiciones normales no hubiera
aceptado.
- Daño psicológico producido por la
incomunicación, que constituye de por sí un
trauma para el detenido. Como se puede
apreciar, la incomunicación es una situación
jurídica que significa amenazas sobre varios
derechos constitucionales expresamente
reconocidos. Por ello, debe restringirse
severamente su utilización.
• La incomunicación no alcanza al abogado
defensor, pues está establecido claramente
que siempre se tiene derecho a él aunque,
desde luego, la forma en que se realice la
entrevista puede ser regulada por la ley para
garantizar al mismo tiempo su reserva y la
imposibilidad de que se transmita información
perjudicial para la investigación que se realiza.
Artículo 139.- Son principios y derechos de la función
jurisdiccional:
2. La independencia en el ejercicio de la función
jurisdiccional.
• Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes
ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio
de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto
resoluciones que han pasado en autoridad de cosa
juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni
modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas
disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la
facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio
no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento
jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.
Artículo 139.- Son principios y derechos de la
función jurisdiccional:
3. La observancia del debido proceso y la tutela
jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la
jurisdicción predeterminada por la ley, ni
sometida a procedimiento distinto de los
previamente establecidos, ni juzgada por
órganos jurisdiccionales de excepción ni por
comisiones especiales creadas al efecto,
cualquiera sea su denominación.
• Mediante el debido proceso se garantiza que
las reglas de organización judicial,
competencia, trámite de los juicios y ejecución
de las decisiones de la justicia, se lleven a
cabo respetando las garantías constitucionales
y legales vigentes.
• Abarca los principios y presupuestos
procesales mínimos que debe reunir todo
proceso judicial jurisdiccional para asegurar al
justiciable la certeza, justicia y legitimidad de
su resultado.
la jurisdicción predeterminada.
• Esto quiere decir que para cada proceso
iniciado, no importa el tipo que tenga, existe
un procedimiento específico de cuyos
parámetros el juzgador está imposibilitado de
salirse. En esa medida, el justiciable tendrá la
certeza de que el proceso seguirá una vía
conocida, con jueces que tengan competencia
y jurisdicción predeterminadas.
Artículo 139.- Son principios y derechos de la
función jurisdiccional:
4. La publicidad en los procesos, salvo
disposición contraria de la ley.
Lo que establece la publicidad es la necesidad
de no negar a conocimiento público la
actuación de los órganos jurisdiccionales que
administran justicia.
Artículo 139.- Son principios y derechos de la
función jurisdiccional:
5. La motivación escrita de las resoluciones
judiciales en todas las instancias, excepto los
decretos de mero trámite, con medición
expresa de la ley aplicable y de los
fundamentos de hecho en que se sustentan.
• La sentencia judicial tiene importantes consecuencias
adicionales al solucionar el problema material del
proceso.
• Por un lado, constituye un antecedente para casos
futuros, que debe servir cuando menos como indicio
de los criterios que tiene el Poder Judicial al resolver.
Una sentencia insuficientemente fundamentada
impide este objetivo.
• Las sentencias tienen un valor pedagógico permiten
observar la adecuación o inadecuación de la legislación
vigente a la realidad social y su verdadera capacidad de
resolver los conflictos sociales con justicia y equidad
Artículo 139.- Son principios y derechos de la
función jurisdiccional:
6. La pluralidad de la instancia.
• Es sabido que no siempre las decisiones
judiciales resuelven las expectativas de
quienes acuden a dichos órganos en busca del
reconocimiento de sus derechos.
• Es por ello que queda habilitada la vía plural,
mediante la cual el interesado puede
cuestionar una sentencia o un auto dentro del
propio organismo que administra justicia.
• Se consagra el derecho al recurso, «que
cautela la garantía de que los jueces y
tribunales, una vez terminado el proceso, sean
pasibles de ulterior revisión de su actuación y
decisión (errores in iudicando e in
procedendo) sólo si la parte afectada con la
decisión así lo solicitase, pues el derecho a la
instancia plural es, también, un derecho
público-subjetivo inscrito dentro del principio
de la libertad de la impugnación»
Artículo 139.- Son principios y derechos de la
función jurisdiccional:
10. El principio de no ser penado sin proceso
judicial.
• Un principio tradicional del Derecho Penal es
aquel que establece el derecho de toda
persona a ser juzgada por un tribunal
imparcial antes de ser condenada a cumplir
una pena. Es aquí donde de presenta otra
garantía fundamental proyectada sobre toda
la actividad judicial: Nullum poena sine
iuditio; esto es, no hay pena sin juicio previo.
«Toda persona tiene derecho, en condiciones de
plena igualdad, a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e
imparcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones o para el examen de
cualquier acusación contra ella en materia
penal».
• no basta con señalar que toda persona debe
tener derecho a juicio antes de ser penada.
También es necesario que se respete la
jurisdicción predeterminada y que no se creen
tribunales de excepción.
Artículo 139.- Son principios y derechos de la
función jurisdiccional:
11. La aplicación de la ley más favorable al
procesado en caso de duda o de conflicto
entre leyes penales.
Se trata del in dubio . pro reo, que se aplica
tanto en la duda sobre los problemas de
hecho, como en caso de falta de claridad de
las leyes penales al juzgar el caso.
Es de aclarar que son dos situaciones distintas
• La duda de que más favorece al reo -o el conflicto en el
tiempo,
• y el hecho de que con toda claridad el acusado haya
infringido más de una disposición penal.
En este último caso no se aplica la norma más favorable
sino la pena más grave de todas. Esto es necesario para
una adecuada penalización: si alguien comete un
homicidio o un pequeño robo y se le juzgan a la vez los
dos delitos, no puede beneficiarse con la pena más
leve. Por el contrario, se la aplica la más grave de
ambas. En caso de ocurrir lo inverso sería muy fácil
violar las disposiciones del Derecho Penal.
Artículo 139.- Son principios y derechos de la
función jurisdiccional:
13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con
resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el
sobreseimiento definitivo y la prescripción
producen los efectos de cosa juzgada.
• la autoridad de la cosa juzgada, por la cual no es
posible volver a examinar la cuestión ya decidida,
aunque la decisión sea errónea o injusta, se
funda en la exigencia social de que no sean
perpetuos los pleitos, como igualmente de que
los derechos sean ciertos y estables, una vez
obtenida la tutela del Estado.
• el proceso fenecido con resolución
ejecutoriada al que se refiere el presente
inciso «es aquel en el cual se ha dictado la
última sentencia que corresponde: bien la de
última instancia, bien una intermedia, pero sin
que se haya interpuesto el recurso
impugnatorio pertinente dentro del plazo de
ley. En estos casos el proceso ha sido ya
solucionado, se ha dicho derecho y en
consecuencia todo es inmodificable y debe ser
cumplido».
Artículo 139.- Son principios y derechos de la
función jurisdiccional:
14. El principio de no ser privado del derecho de
defensa en ningún estado del proceso. Toda
persona será informada inmediatamente y por
escrito de la causa o las razones de su
detención. Tiene derecho a comunicarse
personalmente con un defensor de su elección
y a ser asesorada por éste desde que es citada
o detenida por cualquier autoridad.
• El derecho de defensa es esencial en todo
ordenamiento jurídico. Mediante él se protege
una parte medular del debido proceso. Las
partes enjuicio deben estar en la posibilidad
jurídica y fáctica de ser debidamente citadas,
oídas y vencidas mediante prueba evidente y
eficiente. El derecho de defensa garantiza que
ello sea así.
Artículo 139.- Son principios y derechos de la función
jurisdiccional:
15. El principio de que toda persona debe ser informada,
inmediatamente y por escrito, de las causas o razones
de su detención.
Artículo 140.- La pena de muerte sólo puede aplicarse
por el delito de traición a la Patria en caso de guerra,
y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los
tratados de los que el Perú es parte obligada.
La aplicación de la pena de muerte por delito de
traición a la Patria rige «en caso de guerra». Se ha
suprimido la calificación de «exterior» que figuraba en
la Constitución de 1979. Por tanto, cabe inferir que es
aplicable tanto a una guerra exterior como a una
guerra interna
• Pero ¿cuáles son las guerras internas o qué es
una guerra interna? ¿En qué casos un
conflicto interno debe ser calificado como
«guerra» ?
• Por otra parte, la pena de muerte en el caso
de terrorismo, se señala, se aplicará conforme
«a las leyes y tratados de los que el Perú es
parte obligada.
• el concepto «terrorismo» es excesivamente amplio, al
punto tal que internacionalmente no se llega aún a una
definición clara, precisa e indubitable sobre el mismo.
• En el ámbito nacional, el Decreto Ley N° 25475 caracteriza
en su art 2 el tipo penal como «el que provoca, crea o
mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la
población o en un sector de ella, realiza actos contra la
vida, el cuerpo, la salud, la libertad y la seguridad
personales, o contra el patrimonio, contra la seguridad de
los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de
transporte de cualquier índole, torres de energía o de
transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien
o servicio, empleando armamentos, materias o artefactos
explosivos o cualquier otro medio capaz de causar
estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública, o
afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la
sociedad o del Estado».
El segundo punto es el que se refiere a la
conformidad con los tratados de los que el Perú
es parte obligada. El art. 4.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos establece:
«En los países que no han abolido la pena de
muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos
más graves, en cumplimiento de sentencia
ejecutoriada del tribunal competente y de
conformidad con una ley que establezca tal pena,
dictada con anterioridad a la comisión del delito.
Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a
los cuales no se aplique actualmente».
• Establece, en primer término, el supuesto de
que los países signatarios, a futuro, tendrán
que abolir la pena capital.
• En caso que ésta subsista, exige que se aplique
a los delitos más graves, por tribunales
competentes y que, adicionalmente, se
respete el principio de legalidad.
• Pero, sin duda, la parte que afecta al Perú es la
que prohíbe se extienda la aplicación de la
pena de muerte «a los delitos a los cuales no
se aplique actualmente».
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DERECHOS FUNDAMENTALES CONSAGRADOS EN LA …