ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE LIMA
DIPLOMADO DE DERECHO
PROCESAL GENERAL
EXPOSITOR:
DR. ERICKSON COSTA CARHUAVILCA
DOCENTE EN LAS UNIVERSIDADES: INCA
GARCILASO DE LA VEGA, CÉSAR VALLEJO Y
AUTÓNOMA DEL PERÚ
TEMA: ANALISIS DE PROCESOS
CONSTITUCIONALES EN SENTENCIAS
CONSTITUCIONALES
Email: [email protected]
EXPEDIENTE
Nº
0020-2005-PI/TC,
0021-2005-PI/TC ACUMULADOS.
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Doble dimensión de los procesos
constitucionales
 F. 16. Mediante el proceso de inconstitucionalidad, la Constitución Política
del Estado ha confiado al Tribunal Constitucional el control de
constitucionalidad de las leyes y las normas con rango de ley. En él, quien
cuenta con legitimación para interponer la demanda, prima facie, no persigue
la tutela de intereses subjetivos, sino “la defensa de la Constitución” como
norma jurídica suprema. No obstante, aún cuando se trata de un proceso
fundamentalmente objetivo, es decir, un proceso en el que se realiza un juicio
de compatibilidad abstracta entre 2 fuentes de distinta jerarquía (“Por un lado,
la Constitución, que actúa como parámetro (...); y, por otro, la ley o las normas
con rango de ley, que constituyen las fuentes sometidas a ese control”), tal
como ha afirmado este Colegiado, también tiene una dimensión subjetiva, en la
medida que son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la
primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales, según establece el Artículo II del Título Preliminar del
CPConst. STC 0032-2004-AI, Fundamento 2. STC 0002-2005-AI, Fundamento
2; Resolución Nº 0020-2005-AI, Fundamento 4.
EXPEDIENTE Nº 0023-2005-PI/TC.
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Naturaleza y fines de los procesos constitucionales.
F. 8.
Los “derechos fundamentales” y los “procesos para su
protección” se han instituido como institutos que no pueden entenderse
de modo aislado, pues tales derechos sólo podrían “realizarse” en la
medida en que cuenten con mecanismos “rápidos”, “adecuados” y
“eficaces” para su protección. Así, a los derechos fundamentales, además
de su condición de derechos subjetivos del más alto nivel y, al mismo
tiempo, de valores materiales de nuestro ordenamiento jurídico, les es
consustancial el establecimiento de mecanismos encargados de
tutelarlos, pues es evidente que derechos sin garantías no son sino
afirmaciones programáticas, desprovistas de valor normativo.
Así, los derechos fundamentales y los procesos que los tutelan se
constituyen en el presupuesto indispensable para un adecuado
funcionamiento del sistema democrático y en el instrumento
concretizador de los valores, principios y derechos constitucionales.
EXPEDIENTE Nº 0023-2005-PI/TC.
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Constitucionalización del derecho procesal
F.11. De ahí que, en el estado actual de desarrollo del Derecho procesal
constitucional, los procesos constitucionales persiguen no sólo la tutela
subjetiva de los derechos fundamentales de las personas, sino también la
comprenden la tutela objetiva de la Constitución. Pues la protección de los
derechos fundamentales no sólo es de interés para el titular de ese
derecho, sino también para el propio Estado y para la colectividad en
general, pues su transgresión supone una afectación también al propio
ordenamiento constitucional. Por ello, bien puede decirse que, detrás de la
constitucionalización de procesos como el de hábeas corpus, amparo,
hábeas data y de cumplimiento, nuestra Constitución ha reconocido la
íntima correspondencia entre la doble naturaleza (subjetiva-objetiva) de
los derechos fundamentales y la doble naturaleza (subjetiva-objetiva) de
los procesos constitucionales. Siendo que las dos vocaciones del proceso
constitucional son interdependientes y se hacen necesarias todas las veces
en que la tutela primaria de uno de los dos intereses (subjetivo y objetivo)
comporte la violación del otro.
EXPEDIENTE Nº 0006-2006-CC/TC.
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Relación Poder Judicial y Tribunal Constitucional.
F. 35. En cuanto a la atribución constitucional de cumplir y hacer cumplir la
sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, en el Poder Ejecutivo
reposa la obligación de hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional
009-2001-AI/TC y el precedente vinculante establecido en la sentencia 42272005-AA/TC, tal como expresamente lo prevé el artículo 118º, inciso 9 de la
Constitución. Sin embargo, esta atribución, al igual que la prevista en el
artículo 118º, inciso 1, se ha visto menguada por la inconstitucional tutela de
determinadas demandas de amparo y de cumplimiento por parte de algunos
jueces del Poder Judicial, en abierto desconocimiento de la eficacia normativa
de las sentencias constitucionales emitidas.
F. 36. Así, respecto a la sentencia 009-2001-AI/TC, es de provecho resaltar que
si la Constitución reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano de control
de la Constitución y de la constitucionalidad de las leyes (artículo 201º) y le ha
reservado la posición de ser, en algunos procesos constitucionales, instancia
final de fallo y, en otros, instancia única (artículo 202º), entonces sus sentencias
no pueden ser desconocidas por los demás poderes u órganos constitucionales
del Estado e, incluso, por los particulares.
EXPEDIENTE Nº 0006-2006-CC/TC.
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La fuerza normativa de las sentencias del TC
F. 42. Es por ello que el artículo VI del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional establece que (...) Los Jueces no pueden dejar de
aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un
proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. Los
Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y
los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales,
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.
De igual modo, el artículo VII precisa que Las sentencias del Tribunal
Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen
precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el
extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional
resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de
hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las
cuales se aparta del precedente.
EXPEDIENTE Nº 0006-2006-CC/TC.
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Cumplimiento de las sentencias normativas por el Poder Judicial
F. 53. El respeto por el precedente establecido en la sentencia 4227-2005AA/TC del Tribunal Constitucional, en relación con el Poder Judicial, se
concretó en la Resolución de Jefatura N.º 021-2006-J-OCMA/PJ, de fecha 13 de
marzo de 2006, en la cual se dispuso que: todos los órganos jurisdiccionales de
la República, bajo responsabilidad funcional, den cabal cumplimiento a los
precedentes vinculantes señalados por el Tribunal Constitucional en sus
sentencias dictadas en los Expedientes (...) N.º 4227-2005-AA/TC (...)
Aunque, poco después el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través de un
Comunicado de fecha 4 de abril de 2006, que por cierto no tiene carácter
jurídico y carece de efectos legales, pretendió desconocer los efectos normativos
de dicho precedente (artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional), recurriendo a una inconstitucional interpretación de la
independencia jurisdiccional de los jueces del Poder Judicial (artículo 146º,
inciso 1 de la Constitución). Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 4 de
abril de 2006.
EXPEDIENTE Nº 5854-2005-AA/TC.
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Importancia de la interpretación constitucional
F. 12. Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe
reconocerse también la posibilidad de que sea objeto de interpretación. No
obstante, la particular estructura normativa de sus disposiciones que, a
diferencia de la gran mayoría de las leyes, no responden en su aplicación a la
lógica subsuntiva (supuesto normativo – subsunción del hecho –
consecuencia), exige que los métodos de interpretación constitucional no se
agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal,
teleológico, sistemático e histórico), sino que abarquen, entre otros elementos,
una serie de principios que informan la labor hermenéutica del juez
constitucional. Tales principios son:
a)
El principio de unidad de la Constitución: Conforme al cual la
interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como
un “todo” armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema
jurídico en su conjunto.
Vid. STC 1091-2002-HC, Fundamento 4; STC 0008-2003-AI, Fundamento 5;
STC 0045-2004-HC, Fundamento 3.
EXPEDIENTE Nº 5854-2005-AA/TC.
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Importancia de la interpretación constitucional
b)
El principio de concordancia práctica. En virtud del cual toda aparente
tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta
“optimizando” su interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno de los valores,
derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia,
todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada
“Constitución orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos
fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana,
cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la
Constitución).
c)
El principio de corrección funcional: Este principio exige al juez
constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones
y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos
constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional,
como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se encuentre
plenamente garantizado.
d)
El principio de función integradora: El “producto” de la interpretación sólo
podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar,
pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con
la sociedad.
EXPEDIENTE Nº 5854-2005-AA/TC.
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Importancia de la interpretación constitucional
e)
El principio de fuerza normativa de la Constitución:
La interpretación constitucional debe encontrarse
orientada a relevar y respetar la naturaleza de la
Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no
sólo parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder
público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) y a la
sociedad en su conjunto. Vid. STC 0976-2001-AA,
Fundamento 5; STC 1124-2001-AA, Fundamento 6.
EXPEDIENTE Nº 1417-2005-AA/TC.
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Los derechos fundamentales de configuración legal.
F. 11. La distinta eficacia de las disposiciones constitucionales, da lugar a que
éstas puedan ser divididas entre “normas regla” y “normas principio”.
Mientras que las primeras se identifican con mandatos concretos de carácter
autoaplicativo y son, consecuentemente, judicializables, las segundas
constituyen mandatos de optimización, normas abiertas de eficacia diferida,
que requieren de la intermediación de la fuente legal, para alcanzar plena
concreción y ser susceptibles de judicialización.
En tal perspectiva, existen determinados derechos fundamentales cuyo
contenido constitucional directamente protegido, requiere ser delimitado por
la ley, sea porque así lo ha previsto la propia Carta Fundamental (vg. el
artículo 27º de la Constitución en relación con el derecho a la estabilidad
laboral.Cfr. STC 0976-2001-AA, Fundamento 11 y ss.) o en razón de su propia
naturaleza (vg. los derechos sociales, económicos y culturales). En estos casos,
nos encontramos ante las denominadas leyes de configuración de derechos
fundamentales.
EXPEDIENTE Nº 1417-2005-AA/TC.
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Derechos fundamentales de configuración legal
F. 17. Los DESC cumplen efectos positivos, vinculando al Estado y a los particulares en la
promoción de las condiciones para su cabal eficacia. Asimismo, generan efectos negativos, al
proscribir toda conducta gubernamental o particular que niegue u obstaculice su goce y
ejercicio.
F. 18. Debe recordarse que: “toda política pública nace de obligaciones objetivas concretas que
tienen como finalidad primordial el resguardo de derechos tomando como base el respeto a la
dignidad de la persona, y que en el caso de la ejecución presupuestal para fines sociales, esta
no debe considerarse como un gasto sino como una inversión social.
Por esta razón, sostener que los derechos sociales se reducen a un vínculo de responsabilidad
política entre el constituyente y el legislador, no solo es una ingenuidad en cuanto a la
existencia de dicho vínculo, sino también una distorsión evidente en cuanto al sentido y
coherencia que debe mantener la Constitución (Morón Diaz, Fabio. La dignidad y la
solidaridad como principios rectores del diseño y aplicación de la legislación en materia de
seguridad social. Anuario de Derecho Constitucional. CIEDLA. Buenos Aires 2000. Pág. 668).
(...).
En consecuencia, la exigencia judicial de un derecho social dependerá de factores tales como
la gravedad y razonabilidad del caso, su vinculación o afectación de otros derechos y la
disponibilidad presupuestal del Estado, siempre y cuando puedan comprobarse acciones
concretas de su parte para la ejecución de políticas sociales”. (STC 2945-2003-AA,
Fundamentos 18 y 33).
EXPEDIENTE Nº 0007-2007-PI/TC.
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La interpretación de los derechos fundamentales a la luz de los tratados
internacionales sobre derechos humanos.
F. 12. El artículo 55º de la Constitución señala que: “Los tratados celebrados por el
Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”.
F. 13. En ese sentido, este Tribunal ya ha tenido oportunidad de establecer en el
Fundamento N.º 22 de su sentencia recaída en el Expediente N.º 0047-2004-AI/TC (Caso
José Claver Nina-Quispe Hernández, en representación del Gobierno Regional de San
Martín), el rango constitucional de los tratados de derechos humanos : “Nuestro sistema
de fuentes normativas reconoce que los tratados de derechos humanos sirven para
interpretar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Por tanto, tales
tratados constituyen parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y
libertades. Estos tratados no solo son incorporados a nuestro derecho nacional –conforme
al artículo 55.º de la Constitución–sino que, además, por mandato de ella misma, son
incorporados a través de la integración o recepción interpretativa”.
F. 14. Asimismo, de conformidad con la IV Disposición Final y Transitoria de la
Constitución, “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución
reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por el Perú”.
EXPEDIENTE Nº 0007-2007-PI/TC.
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La interpretación de los derechos fundamentales a la luz de los tratados
internacionales sobre derechos humanos.
F. 15. El artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional también
dispone que: “El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los
procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así
como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos
humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte”.
F. 16. De ahí que este Tribunal estableció en el Fundamento N.º 23 de su sentencia
recaída en el Expediente N.° 5854-2005-AA/TC (Caso Pedro Andrés Lizana Puelles), que:
“El ejercicio interpretativo que realice todo órgano jurisdiccional del Estado (o que
desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales) para determinar el contenido
constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, debe estar obligatoriamente
informado por las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos y
por la interpretación de las mismas realizada por los tribunales internacionales sobre
derechos humanos a través de sus decisiones”.
f. 17. En base a lo anterior, para este Tribunal queda claro que la norma sometida a
control no debe oponerse a una interpretación de los derechos y libertades reconocidos
por la Constitución de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano y las
decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos,
constituidos según tratados de los que el Perú es parte.
EXPEDIENTE Nº 0024-2003-AI/TC.
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Las sentencias en materia constitucional.
Estas aluden a aquellos actos procesales emanados de un órgano
adscrito a la jurisdicción especializada, mediante las cuales se pone fin
a una litis cuya tipología se deriva de alguno de los procesos previstos
en el Código Procesal Constitucional. Así, en los casos de los procesos
de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, el fin de su
expedición apunta a proteger los derechos constitucionales, reponiendo
las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un
derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato
legal o de un acto administrativo; en los casos de los procesos de acción
popular e inconstitucionalidad su finalidad es la defensa de la
Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa;
mientras que en los procesos competenciales tiene por objeto resolver
los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones
asignadas directamente por la Constitución o la leyes orgánicas que
delimitan los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos
constitucionales, los gobiernos regionales o municipales.
EXPEDIENTE Nº 0024-2003-AI/TC.
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Estructura de las sentencias constitucionales
En suma, permiten cautelar la supremacía jerárquica de la
Constitución y la vigencia plena de los derechos fundamentales de
la persona. Por ende, rebasan con largueza la satisfacción de un
interés particular o de beneficio de un grupo, ya que
teleológicamente resguardan los principios y valores contenidos en
la Constitución, que, por tales, alcanzan a la totalidad de los
miembros de la colectividad política.
Para el cumplimiento de dicho cometido, el Tribunal
Constitucional considera necesario estipular que la estructura
interna de sus decisiones se compone de los siguientes elementos:
la razón declarativa-teológica, la razón suficiente (ratio decidendi)
la razón subsidiaria o accidental (obiter dicta), la invocación
preceptiva y la decisión o fallo constitucional (decisum).
EXPEDIENTE Nº 0024-2003-AI/TC.
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El precedente constitucional vinculante.
El precedente constitucional tiene por su condición de tal efectos similares a una
ley. Es decir, la regla general externalizada como precedente a partir de un caso
concreto se convierte en una regla preceptiva común que alcanzar a todos los
justiciables y que es oponible frente a los poderes públicos.
En puridad, la fijación de un precedente constitucional significa que ante la
existencia de una sentencia con unos específicos fundamentos o argumentos y
una decisión en un determinado sentido, será obligatorio resolver los futuros
casos semejantes según los términos de dicha sentencia.
La competencia del Tribunal Constitucional para determinar un precedente
vinculante se encuentra sustentada en el Artículo VII del Título Preliminar del
Código Procesal Constitucional, el cual preceptúa que “(...) las sentencias del
Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen
precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo
de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose
del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que
sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente”.
EXPEDIENTE Nº 0024-2003-AI/TC.
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Los presupuestos básicos para el establecimiento de un precedente
vinculante.
El Tribunal Constitucional estima que dichos presupuestos son los
siguientes:
a)
Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o
administrativos vienen resolviendo con distintas concepciones o
interpretaciones sobre una determinada figura jurídica o frente a una
modalidad o tipo de casos; es decir, cuando se acredita la existencia de
precedentes conflictivos o contradictorios.
b)
Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o
administrativos vienen resolviendo en base a una interpretación errónea de
una norma del bloque de constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera una
indebida aplicación de la misma.
c)
Cuando se evidencia la existencia de un vacío normativo.
d)
Cuando se evidencia la existencia de una norma carente de
interpretación jurisdiccional en sentido lato aplicable a un caso concreto, y
en donde caben varias posibilidades interpretativas.
e)
Cuando se evidencia la necesidad de cambiar de precedente vinculante.
EXPEDIENTE Nº 0024-2003-AI/TC.
El cambio de precedente vinculante.
 La competencia para el apartamiento y sustitución
de un precedente vinculante está sujeta a los tres
elementos siguientes:
 a)
Expresión de los fundamentos de hecho y
derecho que sustentan dicha decisión.
 b)
Expresión de la razón declarativa-teológica,
razón suficiente e invocación preceptiva en que se
sustenta dicha decisión.
 c)
Determinación de sus efectos en el tiempo.

EXPEDIENTE Nº 2090-2008-PC/TC.
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
El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales como
manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
F. 3.
Que la función jurisdiccional no puede concluir sólo con la definición de
los intereses y derechos fijados en una litis; sino que es necesario que se ejecute
lo resuelto. Lo que es lo mismo, la actividad del órgano jurisdiccional debe ser
efectiva, pues en caso contrario, no se brindaría la tutela requerida ni los
procesos podrían cumplir plenamente sus fines.
F. 4.
Que por ello este Colegiado ha reconocido el derecho a la ejecución de
las resoluciones judiciales como manifestación del derecho a la tutela
jurisdiccional que, evidentemente, debe ser efectiva. De ahí que en la STC
N.º 4119-2005-PA /TC (fundamento 64), haya establecido que: Si bien nuestra
Carta Fundamental no se refiere en términos de significado a la “efectividad” de
la tutela jurisdiccional, resulta claro que la tutela jurisdiccional que no es
efectiva no es tutela. En ese sentido, el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus
propios términos, de aquello que ha sido decidido en el proceso, forma parte
inescindible del derecho a la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo
139.3 de la Constitución. Esta obligación constitucional se desprende además de
los convenios internacionales de los que el Perú es parte.
EXPEDIENTE Nº 2663-2003-HC/TC.
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Tipología de Habeas Corpus
F. 6.
Tal como expone Néstor Pedro Sagües -Derecho Procesal
Constitucional- Hábeas Corpus. Buenos Aires: Astrea, 1988 pág. 143“en su origen histórico surge como remedio contra una detención. Sin
arresto, el hábeas corpus parecería no tener razón de ser, ya que es un
remedio, precisamente, contra aprehensiones ilegales. Su meta
natural, por los demás estriba en disponer una libertad.
Sin embargo, el desarrollo posterior del instituto [...] lo ha hecho
proyectarse hacia situaciones y circunstancias que si bien son
próximas a un arresto, no se identifican necesariamente con él”.
De ahí que se reconozca que “algunas figuras del hábeas corpus [...]
abandonan los límites precisos de la libertad física para tutelar
derechos -constitucionales también – aunque de índole distinta”
EXPEDIENTE Nº 2663-2003-HC/TC.
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a) El hábeas corpus reparador
Dicha modalidad se utiliza cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de la
libertad física como consecuencia de una orden policial; de un mandato judicial en
sentido lato -juez penal, civil, militar-; de una decisión de un particular sobre el
internamiento de un tercero en un centro psiquiátrico sin el previo proceso formal de
interdicción civil; de una negligencia penitenciaria cuando un condenado continúe en
reclusión pese a haberse cumplido la pena; por sanciones disciplinarias privativas de
la libertad; etc.
b ) El hábeas corpus restringido
Se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos,
perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción
para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad
al sujeto, “se le limita en menor grado”.
Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a
determinados lugares; los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal
y/o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e
injustificadas citaciones policiales; las continuas retenciones por control migratorio o
la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc.
EXPEDIENTE Nº 2663-2003-HC/TC.
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c) El hábeas corpus correctivo
Dicha modalidad, a su vez, es usada cuando se producen actos de agravamiento ilegal
o arbitrario respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las penas privativas
de la libertad. Por ende, su fin es resguardar a la persona de tratamientos carentes de
razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha determinado cumplir un mandato de
detención o de pena.
En efecto, en el caso Alejandro Rodríguez Medrano vs. la Presidencia del Instituto
Nacional Penitenciario y otro (Exp. N.° 726-2002-HC/TC), el Tribunal Constitucional
señaló que: “Mediante este medio procesal puede efectuarse el control constitucional de
las condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad
individual, en todos aquellos casos en que éste se haya decretado judicialmente”.
Así, procede ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física y
psicológica, o del derecho a la salud de los reclusos o personas que se encuentran bajo
una especial relación de sujeción internados en establecimientos de tratamiento
públicos o privados (tal el caso de personas internadas en centros de rehabilitación y
de menores, en internados estudiantiles, etc.). Igualmente, es idóneo en los casos en
que, por acción u omisión, importen violación o amenaza del derecho al trato digno o se
produzcan tratos inhumanos o degradantes.
EXPEDIENTE Nº 2663-2003-HC/TC.
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d) El hábeas corpus preventivo
Éste podrá ser utilizado en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de
la libertad, existe empero la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra, con
vulneración de la Constitución o la ley de la materia..
Al respecto, es requisito sine qua non de esta modalidad que los actos destinados a la
privación de la libertad se encuentran en proceso de ejecución; por ende, la amenaza
no debe ser conjetural ni presunta.
En efecto, en el caso Patricia Garrido Arcentales y otro contra el capitán PNP Henry
Huertas (Exp. N.° 399-96-HC/TC), el Tribunal Constitucional precisó: “Que, en cuanto
a las llamadas telefónicas a través de las cuales se amenazaría con detener a los
recurrentes, según afirman, este Tribunal considera que no se han dado los supuestos
para que se configure una situación que constituya amenaza a la libertad personal que
haga procedente la acción de Hábeas Corpus, es decir, tal y como lo consagra el
artículo 4° de la Ley N.° 25398, se necesita que ésta sea cierta y de inminente
realización; se requiere que la amenaza sea conocida como verdadera, segura e
indubitable, que se manifieste con actos o palabras que no dejen duda alguna de su
ejecución y propósito e inminente y posible, esto es, que no deje duda sobre su ejecución
en un plazo inmediato y previsible”.
EXPEDIENTE Nº 2663-2003-HC/TC.
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e) El hábeas corpus traslativo
Es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al
debido proceso o a la tutela judicial efectiva; es decir, cuando se mantenga
indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la
determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido.
César Landa Arroyo, Teoría del Derecho Procesal Constitucional, Editorial Palestra,
Lima 2003, pág. 116, refiere que en este caso “se busca proteger la libertad o la
condición jurídica del status de la libertad de los procesados, afectados por las
burocracias judiciales [...]”.
En efecto, en el caso Ernesto Fuentes Cano vs. Vigésimo Cuarto Juzgado Penal de
Lima (Exp. N.° 110-99-HC/TC), el Tribunal Constitucional textualmente señaló lo
siguiente: “Que, el tercer párrafo del artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, aprobado mediante Decreto Ley N.° 22128, dispone que toda
persona detenida o presa a causa de una infracción penal tiene derecho a ser juzgada
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad y, en el caso de autos, se inicia
el proceso en marzo de 1993, y en diciembre de 1997 se encontraba en el estado de
instrucción, por haber sido ampliada ésta; y el hecho de no haberse completado la
instrucción no justifica que se mantenga privada de su libertad a una persona que ya
lo había estado por más de veinte meses, no dándole cumplimiento así al artículo 137°
del Código Procesal Penal, en caso de efectivizarse esta nueva orden de captura”.
EXPEDIENTE Nº 2663-2003-HC/TC.
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e) El hábeas corpus traslativo
Es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido
proceso o a la tutela judicial efectiva; es decir, cuando se mantenga indebidamente la
privación de la libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que
resuelva la situación personal de un detenido.
f) El hábeas corpus instructivo
Esta modalidad podrá ser utilizada cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona
detenida-desaparecida. Por consiguiente, la finalidad de su interposición es no sólo
garantizar la libertad y la integridad personal, sino, adicionalmente, asegurar el derecho a la
vida, y desterrar las prácticas de ocultamiento o indeterminación de los lugares de
desaparición.
g) El hábeas corpus innovativo
Procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se
solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en
el futuro, en el particular caso del accionante.
h) El hábeas corpus conexo
Cabe utilizarse cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos anteriores. Tales
como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido
desde que una persona es citada o detenida; o de ser obligado a prestar juramento; o
compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo, o contra el o la cónyuge, etc.
EXPEDIENTE Nº 2663-2003-HC/TC.
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Las causales de improcedencia del proceso de hábeas corpus.
F. 7.
Pues bien, teniendo presente que en la demanda de hábeas corpus se solicita
que le condene a doña Eduarda Haydee Torpoco Raymundo al pago de una reparación
moral de cien mil nuevos soles, este Tribunal estima pertinente determinar cuáles son
las causales de improcedencia que el CPConst. ha previsto para el proceso de hábeas
corpus. Ello con la finalidad de determinar si la presente demanda resulta, o no,
improcedente.
F. 8.
En tal sentido cabe señalar que el juez constitucional al recibir una demanda
de hábeas corpus, tiene como primera función verificar si ésta cumple los genéricos
requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 2º, 3º, 4º y 5º del CPConst., pues
solo así podrá comprobar si la relación jurídica procesal es válida y, por tanto, es
factible que se pronuncie sobre el fondo del asunto controvertido.
F. 9.
El proceso de hábeas corpus a diferencia de los procesos de amparo y de
cumplimiento no tiene regulado en el CPConst. causales específicas de improcedencia;
sin embargo, ello no significa que el hábeas corpus como proceso no las tenga y que
tales causales faculten al juez constitucional a declarar la improcedencia liminar de la
demanda. Así, al proceso de hábeas corpus le resultan aplicables las causales de
improcedencia previstas en el artículo 5º delCPConst., en tanto no contradigan su
finalidad de tutela del derecho a la libertad y derechos conexos a ellas y su naturaleza
de proceso sencillo y rápido.
EXPEDIENTE Nº 3283-2003-AA/TC.
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Procedimentalidad del Proceso de Amparo.
F. 3.
El artículo 6.º de la Ley N.° 23506 precisa las causales de improcedencia de
las acciones de garantías. La ratio juris de dicho dispositivo, al igual que en el ámbito
procesal civil, es limitar la utilización perniciosa de las acciones de garantía. La
experiencia jurisdiccional ha demostrado que el uso indiscriminado e irrazonable de
las acciones de garantía genera, de un lado, la depreciación de la majestad de la
justicia constitucional; y, de otro, la cuasi “unificación insana” de toda la actividad
procesal a través del iter establecido en la Ley N.° 23506.
F. 4.
A modo de introducción, es conveniente puntualizar que en muchas
circunstancias la declaración de procedencia o improcedencia de una acción de
garantía está sujeta al tiempo de realización de los actos que requieren tutela
constitucional. En este contexto, cabe distinguir los siguientes:
a)
Actos pretéritos.
Son aquellos hechos, sucesos, acontecimientos o manifestaciones de voluntad
suscitados en el pasado que sólo requerirán la tutela jurisdiccional constitucional a
condición de que se acredite que los derechos fundamentales vinculados a ellos, sea
por una violación o amenaza de violación de los mismos, pueden ser objeto de
reparación mediante la intervención jurisdiccional.
EXPEDIENTE Nº 3283-2003-AA/TC.
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b)
Actos presentes.
Son aquellos hechos sucesos, acontecimientos o manifestaciones de
voluntad que se vienen realizando al momento de la interposición de
una acción de garantía; y que seguirán subsistiendo hasta el momento
de resolver en última instancia.
c)
Actos de tracto sucesivo.
Son aquellos hechos sucesos, acontecimientos o manifestaciones de
voluntad que se han generado y se seguirán generando sin solución de
continuidad; es decir, tienen una ejecución sucesiva, y sus efectos se
producen y reproducen periódicamente.
d)
Actos en expectativa.
Son aquellos que no se han realizado en su integridad pero que desde
ya se convierten en una amenaza cierta e inminente de violación de
un derecho constitucional.
EXPEDIENTE Nº 4587-2004-AA/TC.
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El ámbito de los derechos protegidos por el amparo contra resoluciones judiciales.
F. 15. A la misma conclusión hemos de arribar si ahora el análisis se efectúa a partir de la
eficacia de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1993.
Tenemos expresado en nuestra jurisprudencia que todo derecho constitucional –expreso o
implícitamente reconocido– tiene un ámbito protegido, un bien jurídico identificable, que es
distinto de aquellos garantizados por otros derechos, en tanto que constituye una manifestación
concreta del principio-derecho de dignidad.
Ese ámbito de la realidad, deducible válidamente de una norma y disposición de derecho
fundamental,
es
lo
que
en
la
STC
1417-2005-AA/TC
hemos
venido
en
denominar posición iusfundamental: Las posiciones de derecho fundamental son los derechos
fundamentales en sentido estricto, pues son los concretos atributos que la persona humana
ostenta al amparo de las normas (sentidos interpretativos) válidas derivadas directamente de las
disposiciones contenidas en la Constitución que reconocen derechos.
El objeto de una posición iusfundamental es siempre una conducta, de acción o de omisión –
dependiendo del derecho de que se trate–, que un tercero (sujeto pasivo) debe realizar a favor de
quien titulariza el derecho (sujeto activo). De ahí que los elementos de todo derecho
fundamental sean: a) el sujeto que lo titulariza; b) el sujeto que se encuentra obligado con aquel,
y c) el haz de posiciones subjetivas y objetivas efectivamente garantizadas por el derecho. STC
1417-2005-AA/TC, Fund. Jur. N.º 25)
EXPEDIENTE Nº 4587-2004-AA/TC.
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El ámbito de los derechos protegidos por el amparo contra resoluciones
judiciales.
F. 18. La tesis según la cual el amparo contra resoluciones judiciales procede
únicamente por violación del derecho al debido proceso o a la tutela
jurisdiccional, confirma la vinculatoriedad de dichos derechos en relación con los
órganos que forman parte del Poder Judicial. Pero constituye una negación
inaceptable en el marco de un Estado constitucional de derecho, sobre
la vinculariedad de los "otros" derechos fundamentales que no tengan la
naturaleza de derechos fundamentales procesales, así como la exigencia de
respeto, tutela y promoción ínsitos en cada uno de ellos.
En efecto, en el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces del Poder Judicial
no sólo tienen la obligación de cuidar porque se hayan respetado los derechos
fundamentales en las relaciones jurídicas cuya controversia se haya sometido a
su conocimiento, sino también la obligación –ellos mismos– de respetar y
proteger todos los derechos fundamentales al dirimir tales conflictos y
controversias.
Entre tanto, el artículo 138 de la Norma Fundamental recuerda que: La potestad
de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través
de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.
EXPEDIENTE Nº 1797-2002-HD/TC.
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Derechos protegidos por el hábeas data.
F. 2.
El hábeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto la protección de los
derechos reconocidos en los incisos 5) y 6) del artículo 2° de la Constitución., según los
cuales establecen que “toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la
información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el
costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la
intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad
nacional”; y “que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no
suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”, respectivamente.
Derecho a la autodeterminación informativa.
F. 3.
El derecho reconocido en el inciso 6) del artículo 2° de la Constitución es
denominado por la doctrina derecho a la autodeterminación informativa y tiene por objeto
proteger la intimidad, personal o familiar, la imagen y la identidad frente al peligro que
representa el uso y la eventual manipulación de los datos a través de los ordenadores
electrónicos. Por otro lado, aunque su objeto sea la protección de la intimidad, el derecho a
la autodeterminación informativa no puede identificarse con el derecho a la intimidad,
personal o familiar, reconocido, a su vez, por el inciso 7) del mismo artículo 2° de la
Constitución. Ello se debe a que mientras que este protege el derecho a la vida privada, esto
es, el poder jurídico de rechazar intromisiones ilegítimas en la vida íntima o familiar de las
personas, aquel garantiza la facultad de todo individuo de poder preservarla controlando el
registro, uso y revelación de los datos que les conciernen.
EXPEDIENTE Nº 1797-2002-HD/TC.
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Contenido del derecho a la autodeterminación informativa
Tampoco el derecho a la autodeterminación informativa debe
confundirse con el derecho a la imagen, reconocido en el inciso 7) del
artículo 2° de la Constitución, que protege, básicamente la imagen del
ser humano, derivada de la dignidad de la que se encuentra investido;
mientras que el derecho a la autodeterminación informativa, en este
extremo, garantiza que el individuo sea capaz de disponer y controlar el
tipo de datos que sobre él se hayan registrado, a efectos de preservar su
imagen derivada de su inserción en la vida en sociedad.
Finalmente, también se diferencia del derecho a la identidad personal,
esto es, del derecho a que la proyección social de la propia personalidad
no sufra interferencias o distorsiones a causa de la atribución de ideas,
opiniones, o comportamientos diferentes de aquellos que el individuo
manifiesta en su vida en sociedad.
EXPEDIENTE Nº 1797-2002-HD/TC.
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Derecho de acceso a la información pública y derecho de petición.
F. 5.
A diferencia del derecho a la autodeterminación informativa, el inciso 5) del artículo
2° de la Constitución reconoce el derecho de acceso a la información pública. Este derecho, a
su vez, no es idéntico al derecho de petición, reconocido en el inciso 20) del artículo 2° de la
Constitución, ni tampoco al derecho a la libertad de información, reconocido en el inciso 4)
del mismo artículo 2° de la Ley Fundamental.
En la sentencia recaída en el Exp. N°. 1042-2002-AA/TC, este Tribunal subrayó que tanto el
derecho de petición “como aquellos otros derechos fundamentales reconocidos en nuestra
Constitución, constituyen componentes estructurales básicos del conjunto del orden jurídico
objetivo, ello en razón de ser la expresión jurídica de un sistema de valores que por decisión
del constituyente informan todo el conjunto de la organización política y jurídica”. Se sostuvo
que “el derecho de petición ha sido configurado como una facultad constitucional
que se ejerce individual o colectivamente y que no se encuentra vinculado con la
existencia en sí de un derecho subjetivo o de un interés legítimo que
necesariamente origina la petición”. “[...] Desde una perspectiva histórico-doctrinaria se
acredita que el derecho constitucional comparado percibe conceptualmente al derecho de
petición como una solicitud de obtención de una decisión graciable; por consiguiente, sujeta a
la consideración discrecional dentro de un ámbito competencial de cualquier órgano investido
de autoridad pública. En esa perspectiva, dicho derecho se agota con su sólo ejercicio, estando
la autoridad estatal competente obligada únicamente a acusar recibo y dar respuesta de las
solicitudes”.
EXPEDIENTE Nº 1797-2002-HD/TC.
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Derecho de acceso a la información pública y libertad de
información.
F. 8.
En relación con la libertad de información reconocida en el inciso 4)
del artículo 2° de la Constitución, este Tribunal ha señalado, en su
sentencia recaída en el Exp. N.° 0905-2001-AA/TC, que “[...] se garantiza un
complejo haz de libertades, que, conforme enuncia el artículo 13º de la
Convención Americana de Derechos Humanos, comprende las libertades de
buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole verazmente. [...] La
libertad de información garantiza el acceso, la búsqueda y la difusión de
hechos noticiosos o, en otros términos, la información veraz. Por su propia
naturaleza, los juicios de valor, las opiniones, los pensamientos o las ideas
que cada persona pueda tener son de naturaleza estrictamente subjetivas y,
por tanto, no pueden ser sometidos a un test de veracidad; a diferencia de lo
que sucede con los hechos noticiosos, que, por su misma naturaleza de datos
objetivos y contrastables, sí lo pueden ser”.
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA DIPLOMADO …