El Caso
“Big Cola”
Análisis sentencia
David vs. Goliath
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
Presupuesto

Felicitar a las partes
COFECO)
(empresas, denunciantes y a
por el excelente trabajo y creatividad
de argumentos y prácticas que permite al
Tribunal en la sentencia aportar conclusiones
novedosas y de notable interés pretoriano.
Antecedentes


La COFECO realizó la investigación correspondiente
contra lo que denominaron “Sistema Coca Cola”, por
la comisión de presuntas prácticas monopólicas
relativas, en el mercado de la distribución y
comercialización de bebidas carbonatadas en envase
cerrado. Consistentes en:
A nivel nacional la integración y coordinación de
políticas anticompetitivas instrumentadas por el
grupo integrante del “Sistema Coca Cola”, creando
barreras en el comercio detallista de las bebidas.
Antecedentes



A nivel local,
Sujetar la venta, a tiendas detallistas, de bebidas
carbonatadas de la marca Coca Cola a la condición de no
vender ni proporcionar las bebidas carbonatadas de la
marca Big Cola. Ventas atadas
Unilateralmente rehúsa vender a las tiendas
detallistas bebidas carbonatadas de las marcas Coca
Cola, aun cuando están disponibles y son
normalmente ofrecidas a terceros, en el mercado
relevante de la distribución y comercialización de
bebidas carbonatadas en envase cerrado en
localidades específicas. Discrimina
Oficio
Hechos
Denuncia
OPR
Circunstancias
Normas violadas
Investigación
Documentos
Informes
Declaraciones
Pruebas
Visitas
Presunto infractor (razones)
Emplazamiento
Alegar Pruebas
Audiencia
y Sanción
Resolución
sancionatoria
Corrección/Supresión
Desconcentración
Multa
Interposición
Suspensión
Recurso
Alegar Pruebas
Revoca
Resolución
Modifica
Confirma
Juicio de amparo
Resolución
La resolución de COFECO se sustenta, básicamente, en
que existe un grupo de interés económico (al que
denominó “Sistema Coca Cola”) integrado por diversas
empresas que en lo particular cumplen alguna de las
actividades
interrelacionadas
encaminadas
a
comercializar las bebidas carbonatadas dentro del canal
detallista.
 COFECO
impone a cada una de las empresas
investigadas:
 Una multa por la cantidad de $10,530,000.00
 La supresión inmediata de las prácticas
monopólicas imputadas.

Contexto y problemática
•
Prácticas de exclusividad impuestas a detallistas y
ventas condicionadas a no comercializar productos
de la competencia (Big Cola).
•
El infractor debe tener poder sustancial en el
mercado relevante para ser responsable de una
práctica relativa.
•
Quién realiza la conducta tachada de ilícita, es una
pluralidad de sujetos con organización compleja
(Sistema Coca Cola).
Contexto y problemática
•
Faltan pruebas directas de las conductas imputadas
y el comportamiento de cada agente no es diáfano,
ni evidente la existencia del referido sistema.
•
Problemas para imputar responsabilidades y para
sancionar diferentes comportamientos aparentemente desvinculados o no correlacionados.
Juicio de amparo
Empresas sancionadas promovieron
demandas de amparo
Juez de Distrito sobreseyó
en los juicios
4° TCMA modificó la
resolución
Recurso de revisión
Negó amparo respecto
de los artículos reclamados
de la LFCE y su Reglamento
Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia
de la Nación
Interpretación conforme artículo 3
LFCE
Reservó jurisdicción al
Tribunal Colegiado para el
estudio de los aspectos
de legalidad
CRAC
Demanda
Contestación
Esquema estructura formal
de una sentencia
Causa de pedir
(síntesis)
Tema(s)
Intereses
Fijación litis
Establecer presupuestos para decidir: Contexto
Circunstancias
Problema(s)
Puntos partida
Procesales
Formales
Fondo
(Estudio por separado o se pueden acumular los
análogos, según facilite argumentación y comunicación)
Derivan de los pronunciamientos de las partes,
aspectos problematizados. Pueden ser varios
(Tantos cuantos sean
pertinentes según lo
complejo o simple del
problema)
Regulación
Ratio decidendi
Aplicación
Enunciado
empírico
Enunciado
normativo
Conclusión
Consecuencias
Adopta
principio
Decisiones parciales y la final del macrosilogismo
Es un ejemplo puede ser
más sencillo o complejo
cada caso
Generalidades
Antecedentes
y trámite
Partes
Autoridades
Actos reclamados
Trámite
Sentencia recurrida
Interposición de recurso y trámite
Competencia
Esquema de las sentencias
Amparo en revisión
Cuestiones
previas
Problemas
jurídicos
delimitados
Estudio
técnico
Oportunidad
Legitimación
Agravios
Procedencia
Litis y problemática
· Litis en juicio de amparo
· Litis en recurso
· Problemática
Presupuestos y cuestiones contextuales (precisar contexto si necesario)
Análisis de agravios
Por cada problema líneas argumentativas
(conceptos de violación omitidos, delimitación y análisis)
Consecuencias
Resolutivos
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito
Forma concreta y directa
Considerandos
1.
Competencia.
2.
Oportunidad y legitimación
3.
Estructura de sentencia (sin transcripciones).
4.
Antecedentes del litigio y decisión impugnada.
5.
Conceptos de violación (legalidad, 3, resumen).
6.
Sexto concepto de violación. Análisis
7.
Séptimo concepto de violación. Análisis
8.
Octavo concepto de violación. Análisis
9.
Consecuencias del fallo.
Sexto concepto de violación
• Violación a garantía de audiencia.
• Existencia del denominado “Sistema Coca-Cola”.
• Incorrecta motivación y falta de fundamentación
en cuanto a la existencia del “sistema”.
• Titularidad y pertenecer la quejosa al referido
sistema.
• Falta de fundamento de la cita o invocación de la
teoría del “velo corporativo”.
Séptimo concepto de violación.
• No existencia de pruebas para acreditar que las
conductas de instrumentación y coordinación
efectivamente existen.
• Que las conductas atribuidas a los embotelladores
emplazados son fruto de las mismas y que esos
actos se hayan ejecutado por Coca-Cola Export
Corporation.
• No se acredita patrón de conductas del “Sistema
Coca Cola”.
• No claridad en las conductas de ejecución atribuidas
a las embotelladoras.
• Conductas de condicionamiento de incentivos, no
actualizan supuesto artículo 10, fracción V, de LFCE.
Octavo concepto de violación.
• Análisis, multa y supresión de la práctica.
• Autoridad equipara al “Sistema Coca-Cola” con
un agente económico, pero sancionan en lo
individual a cada empresa.
• Violación al límite máximo de multa, porque se
impone a un mismo agente económico 15 veces
el tope máximo.
• Individualización de la sanción (gravedad, daño
causado, intencionalidad, duración de la práctica,
reincidencia y antecedentes, capacidad
económica infractor).
Empresa

En materia de competencia económica. Su concepto
responde a un criterio funcional y abarca a cualquier
entidad que ejerza una actividad económica, con
independencia del estatuto o la naturaleza jurídica.
Grupo Económico.

Es el conjunto de personas físicas, morales o entidades,
que tienen intereses comerciales y financieros afines y
coordinan sus actividades para lograr un objetivo
común, o bien, se unen para la realización de un fin
determinado, en aras de obtener dichos intereses
donde concurre el control y unidad de comportamiento
en el mercado.
Agentes Económicos

Toda entidad que ejerza de manera autónoma una
actividad económica, independientemente de su
estatuto jurídico o de su modo de financiación,
bastando que su actividad repercuta en los mercados y
procesos de libre concurrencia, ya que dadas las
ganancias o utilidades comerciales que obtienen,
trascienden a la economía del Estado.
Grupo Económico.

Lo peculiar es que tales entidades se comportan
estratégicamente en el mercado como una sola
empresa, entendida en su aspecto funcional, lo que
implica pérdida de la libertad de actuación en el
mercado bajo la rectoría de un órgano de coordinación
que es uno de los integrantes agrupados, sin cuya
existencia no cabría hablar de una asociación de
empresas.
Grupo Económico.


Los acuerdos verticales pueden resultar idóneos y
necesarios para incrementar la eficiencia.
Para ello hay que valorar si tienen un efecto
anticompetitivo real o potencial y, después, si
dichas restricciones o la concurrencia pueden verse
compensadas por efectos más beneficiosos para la
colectividad.
Plazo emisión OPR.

No existe un plazo específico, sin embargo, como la
regulación del procedimiento debe atender tanto al
principio de seguridad jurídica como el de legalidad,
su emisión sólo estará sujeta al término de
caducidad previsto –expresamente- en la fracción IV del artículo 373 del
Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal
de Competencia Económica.

Beneficio social de los procedimientos y sanciones
en defensa de competencia.
Plazo emisión OPR.

Esta
conclusión,
sancionadora
atiende
debe
estar
a
que
sujeta
la
potestad
a
limitación
temporal, de lo contrario, ello podría dar lugar a la
arbitrariedad en la persecución de los hechos
investigados en cualquier momento;
Plazo emisión OPR.

También al de legalidad y, más concretamente, al
de tipicidad, que exige prevención expresa para
que actos de preclusión y de privación puedan
darse, sobre todo, cuando está de por medio
tutelar el interés público de la sociedad para que
los
mercados
operen
en
concurrencia.

Ponderar intereses en tensión.
un
ambiente
de
Elementos de la prueba indiciaria.

Prueba indirecta, mediante uno o variados indicios
se demuestra la existencia de un hecho diverso, que
es el afirmado en la hipótesis del juicio o del
procedimiento administrativo.
Norma establece Presunción
Casos anteriores, experiencias juez o perito
Teorías
Debido a que
Respaldo
Fundamento del
enunciado
Enunciado judicial: Quaestio facti
Juicio de hechos
Prueba indirecta o indiciaria
Subsume: Reglas de valoración tasada o sana crítica
Presunción
Máxima experiencia
Nexo o
Fundamento
(carácter: científico o especializado, jurídico o privado)
Definiciones o teorías
Puesto que
enunciado
Pruebas
Dado que
Indicios o
Hechos
causa
Factum probans
·
·
·
Resulta que
Objetivos
Pertinentes
Concordantes
Deductivo
Inductivo
Abductivo
Cualificador
Hipótesis
condición
conclusión
Por tanto
Probable, Plausible, Presumible,
Derrotabilidad normativa y narrativa
Verosimilitud y probabilidad
Refutación
Factum
probandum
A menos que, Excepciones,
Defectos, Derrotabilidad procesal
Iter de las pretensiones
Conductas o estado de cosas
Resultado y
Contenido
Enunciado
Intereses
Derecho
Consecuencias
Obligado
Prohibido
Permitido
Lo construyen las partes ad hoc para obtener efecto jurídico
conforme status- intereses
Hechos: Circunstancias del caso (antecedentes-contexto-datos)
Descriptivo: Fundado en prueba, reglas o principios de la materia
Plan o previsión original
Enunciados
Escenario
Decisión
Inducir la decisión o ciertas
consecuencias es el objetivo
Hechos o circunstancias del caso
Preparan o inventan
Enunciado fáctico: Elementos
Información
Indicios
Datos
Elemento que articula, da
sentido, peso y relevancia a
otros aspectos del caso concreto
Máximas
experiencia
Intereses
Incentivos
Costo <> Beneficio
AED
Contexto
Consecuencias
Enunciado
Práctica
colusoria e
indicios
Entorno
m
no
Ento
r
m
El
e
e
El
r
Ento
no
Causas
m
El
e
e
El
En
to
r
m
Práctica
rn
o
t
En
no
o
Incentivos
Contexto jurídico y económico
Consecuencias,
objeto y efecto
Prueba indirecta
Datos de corroboración
Indicios o presunciones
Ciertos o Probables
En favor
Fundamento cognoscitivo
Nexo causal o de efecto
Máximas experiencia
Generalizaciones
Indicios
Hechos
Pruebas
Proceso evaluatorio: Argumento
Fundamento cognoscitivo
Nexo causal o de efecto
Máximas experiencia
Generalizaciones
Indicios
Hechos
Pruebas
Ciertos o Probables
En contra
Datos de refutación
Hipótesis o
Presunción
Elementos de la prueba indiciaria.

El grado de confirmación dependerá de:
a) nivel de aceptación de la existencia del hecho
secundario, es decir, si el referido hecho está
suficientemente probado, y
b) demostración de la inferencia que implica acudir a
enunciados generales tales como: “máximas de
experiencia solventes” y argumentos basados en la
sana critica, conducentes a evidenciar la suficiencia
del hecho secundario para sustentar la hipótesis.
Idoneidad de prueba indiciaria


La LFCE y su Reglamento, permiten probar, de
manera indirecta, a través de indicios.
En relación con la actuación de entidades que han
concertado acuerdos para llevar a cabo prácticas
anticompetitivas, no puede esperarse que la
participación de la persona jurídica o ente colectivo
quede nítidamente expresada y perceptible a través
de todos y cada uno de los actos desplegados.
Idoneidad de prueba indiciaria

Antes bien, es de esperarse que los actos realizados
para conseguir un fin contrario a la ley, sean
disfrazados, ocultados, seccionados, diseminados a
tal grado que la actuación de la entidad, como tal,
se haga casi imperceptible y ello haga difícil,
cuando no imposible, establecer mediante prueba
directa la relación que existe entre la conducta y la
persona moral o entidad a la que pretenda
imputarse su realización.
Pruebas relevantes


Las actas de fe de hechos levantadas por corredores
públicos son un medio idóneo para captar y reflejar el
resultado de entrevistas de campo y estudios o
encuestas de mercado que exigen ser registradas al
momento, ya que son efímeras y fugaces, por lo que
es difícil que puedan repetirse o dejar evidencias que
permitan su posterior observación.
La testimonial es inapropiada e inconducente toda vez
que demanda abundantes formalidades y tiempo para
su preparación y desahogo.
Pruebas relevantes


Ante estas peculiaridades, la admisión de las actas
de fe de hechos es recomendable, sobre todo
cuando están en relación directa con la litis, por lo
que no existe transgresión a dispositivo legal
alguno.
Además, si bien a dichas actas no puede
otorgárseles valor probatorio pleno, sí pueden
constituir indicios suficientes para sustentar la
conducta atribuida.
Carga Probatoria ante una práctica
monopólica relativa

Cuando la Co Fe Co atribuye la existencia de una
relación vertical entre un franquiciante y varios
franquiciatarios
en
un
procedimiento
de
investigación de prácticas monopólicas, el agente
económico debe demostrar que no es integrante de
una unidad económica.
Carga Probatoria ante una práctica
monopólica relativa

Lo cual requeriría acreditar, por ejemplo, que la
política comercial se determina de forma autónoma
e independiente por cada agente y no como una
sola entidad empresarial o grupo de interés,
desvirtuando así los elementos de prueba
ponderados por la autoridad que la llevaron a
presumir el comportamiento anticompetitivo.
Teoría del levantamiento del velo corporativo


La actuación fáctica de algunas personas morales
justifica la necesidad de implementar medios o
instrumentos idóneos, que permitan conocer
realmente que el origen y fin de los actos que
realicen son lícitos, para evitar el abuso de los
privilegios tuitivos de que gozan.
Con tales instrumentos se pretende, al margen de
la forma externa de la persona jurídica, penetrar en
su interior para apreciar los intereses reales y
efectos económicos o negocio subyacente que
existan o laten en el seno de la persona jurídica.
Teoría del levantamiento del velo corporativo


El objetivo es poner un coto a los fraudes a la ley y
abusos del derecho que, por medio de esos
privilegios, la persona jurídica pueda cometer.
La razón justificatoria para apreciar los hechos y
determinar si son constitutivos de prácticas
anticompetitivas, es el artículo 10 de la LFCE, que
permite levantar el velo y conocer la realidad
económica que subyace atrás de las formas o
apariencias jurídico-formales..
Teoría del levantamiento del velo corporativo

Este instrumento también se aplica a un “grupo” o
“sistema”,
porque
desarrolla
una
actividad
económica, sin perjuicio que, formalmente no esté
reconocido por la ley, ya que, de hecho, funciona
de manera similar a los agentes económicos.
La COFECO ante la prueba pericial


Desechó la prueba pericial en virtud de ser
innecesaria por ser perito en la materia (economía,
estadística, contabilidad y finanzas).
Los agentes investigados tuvieron la oportunidad de
incluir argumentos de naturaleza económica dentro
de sus escritos de contestación al OPR.
La COFECO ante la prueba pericial

El TCC consideró que el desechamiento a priori de las
pruebas periciales coarta el derecho de las partes de
ofrecer las pruebas que estimen conducentes.
Sin embargo, no se declaró fundado el argumento,
porque del diverso bagaje probatorio –directo e
indirecto- (declaraciones de los denunciantes, actas de fe de hechos,
informes y documentos entregados por las empresas o agentes involucrados)
resultan ser fiables y demostrativas de que se han
venido dando las conductas sancionadas.
La COFECO ante la prueba pericial

¿Qué es la prueba pericial?

Elementos
– Conocimientos especializados
– Calificación y relevancia de hechos conforme a esas reglas

Finalidad y funcionalidad
– COFECO no es un juez que ignore temas económicos, al
contrario, los domina
– Testigos expertos es lo más parecido

¿Debe admitirse en procedimientos administrativos?

¿Qué respuesta o trámite debe darle COFECO?
MOTIVACIÓN DEL ACTO
ADMINISTRATIVO
Prueba 1
Hecho 1
Datos,
elemento 1
Hecho 2
Prueba 2
Prueba 1
Prueba 2
Prueba 3
Hecho 3
Prueba 1
Prueba 1
Hecho 1
Datos,
elemento 2
Hecho 2
Prueba 1
Prueba 2
Prueba 3
Hecho 3
Delito
Prueba 2
Lugar, tiempo y
circunstancias
Prueba 1
Prueba 1
Hecho 1
Prueba 2
Prueba 1
Dolo
Hecho 2
Prueba 2
Prueba 3
Hecho 3
Culpa
Lugar, tiempo y
circunstancias
Responsabilidad
Atenuantes
Agravantes
Subjetivos
Presupuestos
Objetivos
Explicar
Motivación: Mapa conceptual
Formales
Elementos
Argumento
Justificar
Sustanciales
Pragmaticos
Para qué
Posibilitar
defensa
Concede
Limita
Comunicar
decision
Decision
Objetivo
1
El e
me
Subsume
3
nto
Operación
lógica
s
Elige medio
Pondera
Qué
Congruencia
Suficiente
iter decisión
4
5
Forma
2
Sanciona
Norma habilitante
Argumento
relaciona y califica
Elementos
Cómo
Hechos relevantes
para decidir
Motivación
Autoridad
emisora
Contenido
Fin
Quien
Al causar
molestia
Particular
afectado
Otras
autoridades
interesadas
Particular
beneficiado
Revisor
Preparando acto
Cuándo
Procedimiento
Al emitir acto
Donde
División internacional
Acto o
resolucion
Valores, políticas, fines y
principios del Estado
Condición
Presupuestos
Acto
Administrativo
Vocación
Eficacia
Patología
Patología
Ilicitud
Ilegalidades
no invalidantes
Invalidez
Ineficacia
Afectación
material
Subsanable
Vicios formales
o procedimiento
Acto administrativo: Componentes
Subjetivos
Objetivos
Formalísticos
Lógicos
Presupuestos
Materiales
Procedimentales
Efectos
Finalísticos
Jurídicos
Acto
administrativo
Objeto
Procedimentales
Contenido
Formales
Forma
Mérito
Motivación
Elementos
Defectos
Fondo
Fin
Validez
Incompetencia
V formales
V procesales
Lisa y llana
Ilicicitudes
Acto
administrativo
Efectos y
repone proced
V fondo
Modifica cuantía
Desvío poder
Nulidad e
Ineficacias
Reconoce
D subjetivo
Otorga derechos
Ilegalidades e ineficacias
Cesen efectos
Modalidades de violaciones
Forma
Antecedente
Forma
Fondo
Procedimiento
Fondo
Conformar procedimiento, reglas
(apreciar, interpretar, aplicar, existencia)
continente, firma, otros)
Hechos
Derecho
Validez
Método construir premisas
Construcción de premisas
Congruencia
Exhaustividad
Motivación
Etc. (identificación,
Fáctica
Normativa
Corrección
Presupuestos
Elementos y
Violación
Contenido y función
Factor
Conformar procedimiento,
reglas para sustanciar o tramitar
Forma
Método o reglas para elaborar
premisas de la decisión
Validez
Fáctica
Fondo
Construcción de premisas
(apreciar, calificar, interpretar, aplicar o
acreditar existencia de
hechos o disposiciones)
Corrección
Normativa
Modalidades en vicios de fondo
Cosa juzgada y preclusión
Hechos
no se realizaron
Falta
presupuesto
fueron distintos
apreciaron en forma equivocada
Apreciación/Calificación
Disposiciones
Dictó en contravención de las
aplicadas
Interpretación/Aplicación
dejó de aplicar las debidas
No hay norma, falta regla
Relevante es otra
Falta
presupuesto
RUBRO: NULIDAD PARA EFECTOS POR VIOLACIONES DE FONDO. ES
PROCEDENTE DECRETARLA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 5I, FRACCIÓN
IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
CUANDO SE ESTÉ EN EL CASO DE LA INCORRECTA APLICACIÓN DE UNA
NORMA JURÍDICA.
TEXTO: Los actos administrativos están conformados por determinados presupuestos y
elementos, algunos de naturaleza formal y otros de fondo o sustanciales. Los aspectos
formales tienen como contenido y función, bien sea determinar el procedimiento que
precede a la emisión del acto, sujetándolo a una serie de reglas que deben observarse
al momento de sustanciarlo o tramitarlo; pero también, contemplar un método o
conjunto de reglas que deben seguirse para elaborar, adecuadamente, las premisas de
la decisión; de ahí que en ambos casos sean un factor de validez. En cambio, los
elementos de fondo o sustancia del acto, tienen como contenido y función, la adecuada
construcción de las premisas tanto fáctica como normativa; viniendo a ser un factor de
corrección o incorrección de tales enunciados. Así, los requisitos para la adecuada
elaboración de las premisas pueden tener distintos objetivos o intensidades, tales como
apreciar los hechos e interpretar las disposiciones sustantivas que deben ser
adecuadamente aplicadas. Este es un nivel de evaluación, pero también puede darse
otro mas trascendente, esencial o, si se quiere, fundamental, relativo al acreditamiento
de los hechos o, en su caso, sobre la vigencia o relevancia de las disposiciones que
rijan el acto y que configuran a los respectivos enunciados.
En ese orden de ideas, la ineficacia del acto, en razón de la nulidad hecha valer, tendrá
también una repercusión y trascendencia que debe ser distinguida, pues no es
equiparable que se aprecien o califiquen defectuosamente los hechos, a que estos no
existan, sean distintos o no se acrediten. En el primer evento, es viable corregir la
defectuosa evaluación, sobre la perspectiva de hechos probados; en cambio, si estos
no existen, son distintos o no se acreditan, la existencia del acto queda en entredicho.
Lo mismo ocurre en tratándose de la premisa normativa, pues no es lo mismo la
inadecuada aplicación de un precepto que la falta, inexistencia o irrelevancia de éste
para fundar, en lo sustancial, al acto. Por lo que es perfectamente justificable, ante la
inexistencia o no acreditamiento de los elementos sustanciales de cualquiera de los
enunciados del acto administrativo —fácticos o normativos—, que éste y sus efectos
desaparezcan y no pueda ser enmendado, habida cuenta que no hay base para ello,
por lo que de manera general se proclama que el análisis jurisdiccional de la esencia
del fondo impide cualquier actuación posterior de la autoridad en razón de la
profundidad o trascendencia de la materia sobre la cual incide el vicio casado y que
determina, en igual forma, un contexto específico sobre el que existirá cosa juzgada que
no puede volver a ser discutida, con efectos preclusivos o limitadores respecto a las
facultades, actuaciones o conductas de las autoridades para reiterar, repetir o incidir, de
nueva cuenta, sobre aspectos ya dilucidados o debatidos, acorde con los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada.
Sin embargo, acreditada por la autoridad la existencia de los hechos o relevancia de las
disposiciones sustantivas, si estos se aprecian, califican, interpretan o aplican,
defectuosamente, cabe perfectamente enmendar la actuación viciada, sólo en el
aspecto instrumental, atendiendo a satisfacer los intereses públicos que persiguen los
actos administrativos y el principio de conservación que los caracteriza. En este orden
de ideas, si en la resolución sancionadora que culmina con un procedimiento
administrativo y que es materia de impugnación en un juicio contencioso administrativo,
la autoridad administrativa lleva a cabo una incorrecta aplicación de una norma jurídica,
es pertinente que la sala del conocimiento considere actualizada la causal de anulación
prevista en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo e imprima efectos a la declaratoria de nulidad, pues no toda
conducta o pronunciamiento de fondo conduce necesariamente a una de carácter lisa y
llana, por lo que es razonable ponderar la etapa, circunstancias y alcance en que se dio
la ilegalidad, siendo excesivo y fuera de toda proporción decretar la ineficacia de todo
un procedimiento que culmina con una sanción, e impedir que se imponga esta, cuando
no hay un cuestionamiento de los hechos constitutivos de la infracción o de la norma
fundatoria.
. CLAVE: TC014682.9AD1
DISCRECIONALIDAD EN EL
ACTO ADMINISTRATIVO
Acto discrecional: Control
La discrecionalidad puede ser en:
•Medios o
•Fines
Fines
Potestad y Competencia
Procedimiento
Medios
Incidencia
Fin
Motivación en aspectos
formales y de racionalidad
Acto emitido
sobre facultades
discrecionales
Normativas
Técnicas
Oportunidad
Mérito
Tiempo, Ocasión y Forma
Fondo parcialmente reglado
Políticas
Temas
genéricos
Elementos
reglados
Decisiones
varias
Hechos del presupuesto
(liberalidad al elegir)
Aplicación de principios
Discrecional
- matices +
Triple equilibrio
Relatividad
s
at
i ce
m
Discrecional
Reglado y
Motivado
+
Re
gl
ad
o
Control judicial
- matices +
Control judicial
Ilícitos atípicos
Principio
Determina
Justifica
Regla
Conducta
Efectos
Justifica
Justificada
X circunstancias
Principio
Razones o
explicaciones
económicas y
de eficiencia
Desvío de poder
Principio
justifica
Regla
Acto administrativo
Disposición
Confiere un poder
permite
Daño
injustificado
Órgano
Acción
Finalidad
discernible
Resultado
Objetivamente
adecuado para
Estado
cosas /
Medio
Beneficio
X circunstancias
Z competencia para satisfacer
intereses públicos
indebido
No Regla
prohiba
Regla o Principio
Dirigido a evitar, limita
X’ circunstancias
Motivación discrecionalidad técnica económica
Requisitos de la motivación en tratándose de apreciaciones
económicas complejas, efectuadas por la Comisión, el TPI
debe limitarse a comprobar si se respetaron:
• a) las normas de procedimiento y de motivación,
– exactitud de la consideración jurídica inferida
[1]
• b) la exactitud material de los hechos
• c) la falta de error manifiesto de su apreciación y
• d) ausencia de desvío de poder
[1] Van den Bergh Foods Ltd, T-65/98, apartado 135. Véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de febrero de 1994, CB y Europay/Comisión, asuntos acumulados T-39/92 y T-40/92, Rec. p. II-49, apartado 109; Matra
Hachette/Comisión, antes citada, apartado 104, y de 21 de febrero de 1995, SPO y otros/Comisión, T-29/92, Rec. p. II-289, apartado 288). No incumbe al Tribunal de Primera Instancia sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia. También en
T-271/03 Deutsche Telekom del 10/4/2008 y T-168/01 GlaxoSmithKline Services Unlimited de 27 de septiembre de 2006, apartados 57 y 241
Motivación de las resoluciones

Las valoraciones de la COFECO de tipo económico,
sobre cuestiones de hecho, de derecho e incluso de
actitudes subjetivas o una mezcla de todas éstas son
peculiares; su finalidad de acuerdo con la Constitución,
que es evitar se realicen prácticas monopólicas. De ahí,
el despliegue de la potestad jurisdiccional para
controlar el marco de legalidad y de legitimidad a
efecto de que el ejercicio de las facultades
discrecionales en sus decisiones corresponda con los
fines y las consecuencias que el orden jurídico
consagra.
Motivación de las resoluciones

El control judicial de los actos de COFECO es
mediante la verificación de que no viole derechos
fundamentales de quienes intervienen en los
procedimientos, lo que acontece, p.e., cuando no se
respetan las normas reguladoras del procedimiento y
de motivación, haya inexactitud material de los
hechos o sea evidente un error manifiesto de
apreciación; en la medida que tales vicios se
traduzcan en notoria arbitrariedad o desproporción en
el ejercicio de la facultad concedida, incurriendo así
en desvío de poder.
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCES DEL
CONTROL JUDICIAL DE SUS RESOLUCIONES.- La Comisión Federal de
Competencia es un órgano desconcentrado y especializado de la administración pública
federal que, en sus decisiones, aplica un margen de discrecionalidad, entendido como
libertad para apreciar, del que ha sido investida para ponderar las circunstancias y
actuar de manera concurrente con la finalidad perseguida por el legislador, prevista en
la Ley Federal de Competencia Económica; es decir, en el desarrollo de su actividad
son peculiares las valoraciones de tipo económico, sobre cuestiones de hecho, de
derecho e incluso de actitudes subjetivas o una mezcla de todas éstas, buscando
siempre la consecución de la finalidad establecida por la Constitución, que es evitar se
realicen prácticas monopólicas, a través del control y sanción de conductas ilegítimas.
De ahí, el despliegue de la potestad jurisdiccional para controlar el marco de legalidad y
de legitimidad que establecen los artículos 16 constitucional y 51, fracción V, de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a efecto de que el ejercicio de
esas facultades discrecionales corresponda con los fines y las consecuencias que el
orden jurídico consagra. Por tanto, el control judicial de los actos de dicha comisión se
realiza mediante la verificación de que sus actos no violen derechos fundamentales de
los sujetos que intervienen en los procedimientos relativos, lo que acontecería, por
ejemplo, cuando no se respetan las normas reguladoras del procedimiento, y de
motivación, haya inexactitud material de los hechos o sea evidente un error manifiesto
de apreciación; en la medida que tales vicios se traduzcan en notoria arbitrariedad o
desproporción en el ejercicio de la facultad concedida, incurriendo así en desvío de
poder.[1]
[1]
No. Registro: 168,499 / Tesis aislada / Materia(s): Administrativa / Novena Época / Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta / XXVIII, Noviembre de 2008 / Tesis: I.4o.A.622 A / Página: 1325
Mercado relevante
Doble dimensión: a) de productos o servicios y b)
geográfica o territorial. En el caso, se delimita en una
variante tanto de carácter local (distribución y comercialización
de bebidas carbonatadas en envase cerrado) como nacional
(elaboración, envasado y transporte de bebidas carbonatadas), en virtud
que participan diversos agentes económicos cuya
actividad está interrelacionada, es decir, la
desarrollada por el “Sistema Coca Cola” (como grupo o
unidad económica), es lo que determina la existencia de dos
mercados y del ámbito geográfico en que opera.

Mercado relevante
Dicha integración obedece a que The Coca Cola
Company, es la cabeza de un grupo de intereses
económicos dedicado a producir, embotellar y distribuir
bebidas carbonatadas de la marca Coca Cola, a través
de un sistema de contratos de carácter territorial,
concertado con diversos embotelladores nacionales
que las comercializan a detallistas conforme a planes
de mercadotecnia y publicidad, colaborando así con los
diferentes embotelladores dentro de un territorio
previamente asignado a cada empresa por el titular de
la marca.

Mercado relevante

Por tanto, The Coca Cola Export Corporation como
sucursal en México de The Coca Cola Company,
interviene en la política comercial y de negocios al
aportar el concentrado de los productos a los
embotelladores y participa con éstos en la
elaboración de programas comerciales de grupo,
dado el interés económico común entre las
empresas.
Motivación de la sanción impuesta a las
sociedades integrantes del grupo
económico.
Grupo de
Intereses
Comunes
Si
Comportamiento
en el mercado
“Sistema”
Conducta
grave
No
Daño global
causado
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EL CASO BIG COLA