DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO
BOLILLAS IX-X-XI
Caso Canadá
Cámara de Apelaciones-Superior Tribunal de Justicia de La Pampa
1997
• Es improcedente calificar de internacional
la adopción de argentinos por argentinos
residentes fuera del país.
• La adopción de argentinos por argentinos
residentes fuera del país no está
contenida en la reserva formulada por
nuestro país a la Convención de los
Derechos del Niño.
• Una estricta interpretación del art.2º de la Ley
23849 y de los incisos del art.21 sólo cabe
concluir que lo que allí se contempla está
vinculado al marco de prevención a que deberá
ajustarse la adopción de niños argentinos en
países extranjeros.
• La observación hecha en materia de adopción
por Argentina a la CDN tiene por objeto impedir
el tráfico y venta de menores.
• Debe calificarse de internacional la guarda con
fines de adopción pretendida ante el juez del
domicilio del menor por ciudadanos argentinos
residentes en el extranjero????
• No existe una definición legal de la cuestión.
Hay quienes la consideran un supuesto
internacional pero, en tanto se trata de una
opinión y no derecho positivo, podemos
libremente exponer nuestro criterio opuesto.
• Considerar internacional la adopción de
argentinos por argentinos dentro de
nuestro territorio por la única circunstancia
de residir estos argentinos adoptantes
fuera del país, importaría establecer una
desigualdad entre los ciudadanos que
contraría los arts.16 y 19 de la
Constitución Nacional.
• Perteneciendo los adoptantes residentes
fuera del país y el adoptado a la misma
nacionalidad, y tramitada la adopción en el
país de origen, se encuentra preservado
el aspecto estático de la identidad del
menor, toda vez que las leyes vigentes en
nuestro país no permiten la destrucción de
las partidas de nacimiento que permitirían
al menor adoptado –en caso de así
quererlo cuando sea oportuno- conocer su
origen biológico. Tal derecho a la identidad,
desde el aspecto dinámico, también se ve
preservado si étnicamente no surge la
existencia de diferencias y se encuentran
preservados los restantes aspectos por cuanto
los adoptantes mantienen estrecha vinculación
con grupos cristianos de habla hispana,
demuestran contracción al trabajo, se identifican
con objetivos nacionales, son afables, etc.
(continuidad en la educación, origen, religiosos,
cultural y lingüístico…)
• La residencia en el exterior del matrimonio
argentino que solicitó la guarda con miras
a adopción en nuestro país respecto de un
menor argentino, no es un impedimento
del deber impuesto por el art.63 de la Ley
1270, si aquéllos demostraron la voluntad
de adecuarse a los requerimientos que
sean necesarios para no obstaculizar su
cumplimiento, sin que la Acordada nº1322
del Superior Tribunal de Justicia de La
Pampa –en tanto se refiere al domiciliopueda operar como excluyente para la
guarda peticionada, toda vez que ello
importaría la creación de un requisito no
previsto por la ley sustancial, cuyo dictado
pertenece a la órbita del Congreso de la
Nación.
• No existe impedimento para otorgar la guarda
con fines de adopción de una menor argentina a
un matrimonio argentino residente fuera del
país, pues el aspecto estático de la identidad del
menor se encuentra preservado y de las
constancias de la causa surge la preservación
del aspecto dinámico… y se ha creado entre las
partes involucradas un vínculo afectivo de gran
magnitud que es el que pues, dará satisfacción
a los intereses superiores de la niña.
• De una inteligente lectura de la ley 19134,
surge claramente el derecho de los padres
biológicos de una menor de formalizar la
entrega de su guarda con fines de
adopción a través de un acta notarial, lo
que supone la elección de la o las
personas destinatarias de tal decisión.
• Tal conclusión no va en desmedro de la
potestad jurisdiccional o importa modificar
la naturaleza del acto de autoridad que
emana de la sentencia de adopción y de
su carácter constitutivo de estado, pues si
la voluntad expresada por los padres no
se compadece y satisface el interés
superior del menor, la adopción reclamada
en base a aquel acto de entrega será
rechazada.
• Si se encuentra acreditado fehacientemente que
la madre –menor de edad- estuvo presente en
forma efectiva en la realización del acta notarial
por la cual se formalizó la entrega de la guarda
de su hija con miras a su adopción –aunque
ello no se hiciera figurar en la escritura pública-,
queda eliminada toda duda acerca de la
voluntad de aquella de renunciar a la potestad
emergente de su estado de familia y la entrega
en guarda de la niña para su adopción; voluntad
ésta que –por otra parte- surge con claridad
meridiana de las constancias de la causa.
• Corresponde rechazar la vía notarial como
perfeccionamiento de la entrega en guarda con
fines de adopción. Ello es así pues tanto la
entrega en guarda como la selección de
adoptantes es facultad privativa de los jueces,
razón por la cual, aceptar otro modo iría en
desmedro de la potestad jurisdiccional y
afectaría el derecho de defensa y la intervención
obligatoria del Asesor de Menores (del fallo de
Primera Instancia, revocado por la Cámara).
• En la República Argentina la adopción es
un acto de autoridad a diferencia de otros
países como Alemania, en donde el
Código Civil establece que la misma es un
contrato confirmado por “el Juez que
carece de la facultad de denegar
discrecionalmente la autorización” (Inés
Weinberg-ED138-1069).
• Aun cuando la madre sea menor, no es
menos cierto que ejerce la patria potestad
sobre su hijo y su voluntad no puede ser
sustituida por la voluntad paterna; por lo
tanto la falta de comparecencia de la
madre al acta notarial de entrega la torna
inhábil a tal fin (del fallo de Primera
Instancia, revocado por la Cámara).
• El menor adulto está capacitado para
reconocer a su hijo (art.41, Decreto-Ley
8204) y como tal es titular de la patria
potestad
• La entrega en guarda de una menor
argentina a argentinos residentes fuera
del país, viola la normativa vigente de la
Convención Internacional de los Derechos
del Niño y de la Ley 1270 (del fallo de
Primera Instancia, revocado por la
Cámara).
• La legislación argentina no recepta la
adopción internacional y, como tal, debe
calificarse la pretendida por argentinos
residentes fuera del país (OntarioCanadá) respecto de una menor argentina
(del fallo de Primera Instancia, revocado
por la Cámara).
• La adopción internacional no contempla
los derechos del niño en el país ni los
intereses supremos de la nación, donde el
extenso territorio y la escasa densidad de
población, exigen la formulación de
políticas demográficas que alienten el
crecimiento de sus recursos humanos. La
adopción internacional se contrapone al
interés nacional (del fallo de Primera
Instancia, revocado por la Cámara).
• La entrega de la guarda con miras a su
adopción de una menor argentina a
argentinos residentes fuera del país hace
prever el desconocimiento de la identidad
dinámica de la niña, toda vez que en otro
medio fuera de nuestras fronteras, no
pueden garantizarse esos derechos
fundamentales del niño (del fallo de
Primera Instancia, revocado por la
Cámara).
• Trasladados al extranjero los adoptantes,
la posible unidad familiar no podría ser
solventada, pues solamente podrían ser
asistidos, no desde la intervención judicial,
sino desde la determinación paterna, que
puede no llegar o ser tardía o
encontrarnos luego en la adolescencia
con fracturas en la identidad imposibles de
solventar (del fallo de Primera Instancia,
revocado por la Cámara).
• El matrimonio domiciliado en el extranjero, aun
cuando sea de nacionalidad argentina, no se
halla habilitado para acceder a la guarda con
fines de adopción, toda vez que ella viola los
principios de la CIDN, debiendo la guarda
discernida ser concedida a aquellos postulantes
que inscriptos en el registro respectivo
preservarán la identidad del niño y permitan al
Tribunal ejercer el control que le manda el art.63
de la Ley 1270 (del fallo de Primera Instancia,
revocado por la Cámara).
• Stella Maris Biocca: En contra de la
adopción internacional se argumenta: 1º)
El desarraigo, en general agravado
porque no sólo el menor se traslada a un
país extraño, sino además, a un ámbito
diferente en lo social con pautas culturales
diversas y nivel económico distinto, todo lo
cual impide al menor o le dificulta el
proceso de vinculación familiar y su
adaptación al grupo social….
• SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA. Recurso
extraordinario provincial. Interpretación de la norma.
• Recurre la Asesora de Menores. Invoca violación de la
Ley 23849, artículo 2°, el cual indica en qué casos la
R.A. hace reservas sobre la aplicación de la Convención
sobre los Derechos del Niño. Señala que está prohibida
la guarda y adopción internacional, carácter que reviste
la guarda planteada por argentinos domiciliados en el
extranjero.
• Sostiene que Argentina ha hecho reserva a la aplicación
del artículo 21°, incisos b), c), d) y e) de la CDN
receptando el ppio.de que no se pueden autorizar
guardas y adopciones internacionales.
• Contesta la guardadora (matrimonio
Ferradas-Avendaño) afirmando que
legislación argentina no prohibe la
adopción internacional a través de la
reserva de la CDN. Esto para el caso de
que se considere tal a la planteada. La ley
23849 refiere a adopciones que se
efectúen en el extranjero respecto de
niños argentinos, no en caso de que la
adopción se haga en Argentina.
• Artículo 2°, CDN: “Al ratificar la convención,
deberán formularse las siguientes reservas y
declaraciones: “La República Argentina hace
reserva de los incs.b), c), d) y e) del artículo 21
de la Convención sobre los Derechos del Niño y
manifiesta que no regirán en su jurisdicción por
entender que, para aplicarlos, debe contarse
previamente con un riguroso mecanismo de
protección legal del niño en materia de adopción
internacional, a fin de impedir su tráfico y venta
…”.
• Acá no estamos en presencia de tráfico sino de
entrega voluntaria de la madre de sangre a los
guardadores con fines de adopción.
• No es cierto que el Tribunal actuante no cuente
con un riguroso mecanismo de protección legal
del niños a los fines queridos por la ley para
evaluar si pudiera darse en autos la situación no
querida por la reserva.
• Según Dr.Fernández Mendía surge
inequívocamente del artículo 2 de la Ley
23849 que no se prohibe la adopción
internacional cuando no se dan los
supuestos de tráfico y venta.
• Las citas doctrinarias y conclusiones de
encuentros son muy valiosos, pero
abstractos y generales sin la subsunción a
la especie.
• Todas las posturas doctrinarias relativas a
la adopción internacional, derivadas de la
reserva argentina, resultan extrañas a
esta plataforma fáctica y tal prevención se
encamina a impedir el tráfico de niños.
• Anteponer al caso un fantasma de tráfico
supone una distorsión a un adecuado
silogismo judicial.
• Hacer pesar prevenciones y reservas que la
adopción irregular o anómala presupone, a este
caso, en el que no se atisban tales
circunstancias, trae aparejado una
estigmatización o discriminación jurisdiccional
inicua, no cohonestable por la norma que se
pretende violada.
• El juicio de Alzada no traduce un apartamiento o
desconocimiento del derecho.
• No se debe confundir tráfico de niños con
adopción internacional…. Si confundimos
ilícitos con adopción incurriremos en
errores graves y originaremos
menoscabos al interés de los menores,
que es el norte que debe orientar el
análisis, cuando en el proceso anterior
están garantizadas la transparencia y los
controles tanto para los pretensos
adoptantes como para el niño.
• Rechaza el recurso extraordinario contra
la sentencia de la Excma.Cámara.
BAYAUD, Enrique s/sucesión
LL, 1981-D-301
• Susana Lagarde fue adoptada por Marta Bayaud, en
Pau, Francia, bajo forma de adopción simple
• Ambas eran de nacionalidad francesa y domiciliadas en
Francia
• En 1971 falleció la adoptante
• En 1975 falleció Enrique Bayaud, hermano de la
adoptante, con domicilio en Francia.
• Enrique Bayaud tenía bienes inmuebles en Argentina
• Susana Lagarde inicia la sucesión en Argentina
• Según el derecho francés tenía vocación sucesoria en
la sucesión de su tío adoptivo Enrique Bayaud
• ¿En qué funda la jurisdicción internacional
el juez argentino para entender en la
sucesión?
• ¿Por qué ley se rige la sucesión en
nuestro DIPR
• ¿Existe alguna cuestión previa para
resolver?
• ¿por qué ley se rige?
• ¿Qué teoría se aplicó para resolver la
cuestión? ¿Qué ley aplicó?
• El derecho francés otorga en la adopción simple
al adoptado los mismos derechos sucesorios
que a un hijo legítimo.
• El derecho argentino otorga los mismos
derechos que a un hijo biológico en caso de
adopción plena y sólo limitados derechos
sucesorios, que no incluyen a los parientes
colaterales del adoptante, en caso de adopción
simple
• ¿Cómo calificó?
• Considera Ud. que la vocación sucesoria
de la sobrina adoptiva debe calificarse
dentro del tipo legal de la adopción “la
situación jurídica, los derechos y deberes
de adoptantes y adoptados entre sí”, o
dentro del tipo legal de la sucesión
• ¿Qué problema de parte general de DIPR
aparece al efectuar este análisis? ¿Cómo se
soluciona? ¿qué ley aplica?
• Un ministro de la CSJBA considera que no
interesa la denominación “adopción simple” del
derecho francés, sino los efectivos derechos
que ella concede, que son equivalentes a los
que otorga la adopción plena argentina, es ésta
la calificación que acepta el fallo??
GRONDA
RETORSION
• INMUNIDAD DE JURISDICCION DE ESTADOS
EXTRANJEROS
• Argentina adopta la doctrina tradicional o clásica,
artículo 24, inc.1, párr.2 del Decreto-Ley 1285/58
• Por Decreto-Ley 9015/63 añade la cláusula Gronda: “Sin
embargo, el Poder Ejecutivo puede declarar con
respecto a un país determinado la falta de reciprocidad a
los efectos consignados en esta disposición, por decreto
debidamente fundado. En este caso el Estado extranjero
con respecto al cual se ha hecho tal declaración, queda
sometido a la jurisdicción argentina.
Si la declaración del Poder Ejecutivo limita la falta de
reciprocidad a determinados aspectos, la sumisión del
país extranjero a la jurisdicción argentina se limitará
también a los mismos aspectos. El Poder Ejecutivo
declarará el establecimiento de la reciprocidad, cuando
el país extranjero modificase sus normas al efecto”.
(doctrina de inmunidad restringida)
• Retorsión: típica del DIPúblico
• Opuesto a reciprocidad.
• Supone un desconocimiento a los
derechos invocados por otro estado,
advirtiendo que se va actuar de la misma
manera.
• Caso Gronda: comprende básicamente
dos etapas y un epílogo.
• 1ra.etapa: 1947-1961
• 2da.etapa: 1954-1966
• 1ra.etapa: Se persigue en Argentina a Gronda
por presunta estafa.
• 2da.etapa: se persigue a cinco ciudadanos
argentinos en Italia, también por estafa. Uno de
los ellos estuvo vinculado a un organismo oficial:
el Banco Industrial de la R.A.
• El epílogo se desarrolla en EEUU, donde
sucesores de Gronda demandaron por daños y
perjuicios contra el B.I.A.
• Gronda falleció el 24 de enero de 1965.
• En 1947, Franco Gronda (italiano) solicitó ante
el Banco Industrial un crédito para instalar en
Argentina una planta de semielaboración de
aluminio. En Italia era dueño de la firma Silpa
con idéntica explotación. En Argentina colaboró
César Cantalupo con las gestiones para lograr
el dinero necesario.
• En Argentina se lo denunció penalmente a
Gronda por estafa, junto a sus colaboradores. El
30 de marzo de 1954 se dictó sentencia de
condena a Cantalupo y a Herminio Fassio con
pena de prisión. Gronda se fugó a Italia. (L.L.,
77-403)
• Argentina pidió la extradición de Gronda
pero con fundamento en la nacionalidad
fue denegado el pedido.
• El BIA inicia en Italia un juicio contra Gronda por
estafa. Fue absuelto en 1955, con fundamento
en que su conducta no constituye delito.
• Gronda pide su absolución en Argentina, en el
proceso donde se lo tenía por prófugo. Pide se
homologue la sentencia del Tribunal de Milán.
En 1961 la Sala Criminal y Correccional de la
Cámara Nacional Federal reconoce validez a
dicha sentencia italiana y considera cosa
juzgada la situación procesal de Gronda (L.L.,
104-454).
• Mientras los argentinos que colaboraron con
Gronda habían sido condenados, Gronda en
Italia había sido absuelto, por los mismos
hechos.
• En 1954, cinco ciudadanos argentinos se
contactan en Italia con Gronda para insistir en el
proyecto primitivo.
• Gronda renuncia ante escribano público a todos
los derechos y acciones contra bancos
argentinos y/o la Nación Argentina
• Inician ante las autoridades argentinas
nuevamente el proyecto de introducir en la
Argentina una planta de aluminio.
• El planteo es rechazado, aunque primero se
hizo lugar a las actuaciones administrativas
• Gronda inició desde Italia un denuncia penal por
estafa contra los cinco argentinos. Argumentó
que la renuncia a sus derechos y acciones la
efectuó engañado por la promesa que le
hicieron en nombre del gobierno argentino de la
aprobación del proyecto de la fábrica de
aluminio. Ese ardid permite hablar del delito de
estafa.
• Acumuló al proceso penal uno civil contra el BIA
y la República Argentina, como responsables de
los actos ilícitos atribuidos a sus funcionarios.
• La Procuración del tesoro intervino formalmente
al ser notificada por vía diplomática, la demanda
civil iniciada por Gronda.
• Propició el sostenimiento de la tesis tradicional
del DIPúblico (se requiere consentimiento del
Estado para ser sometido a proceso)
• El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
remitió a la Embajada de Italia una nota en 1959
rechazando la posibilidad de ser demandado el
Estado Argentino ante el tribunal italiano.
• Argentina no compareció a juicio ante el juez de
Milán.
• Se intentó, vía diplomática que el gobierno
italiano dictara un decreto de reciprocidad, que
exigiera como requisito previo a la ejecución de
medidas cautelares un permiso del Ministerio de
Gracia y Justicia de Italia (facultado por ley),
siempre que la nación extranjera protegida
aceptase la reciprocidad.
• En Italia se embargó un avión de Aerolíneas
Argentinas y aparentemente también un buque
correo argentino (1960).
• El gobierno italiano dictó el decreto el 18 de
mayo de 1960.
• La Procuración del Tesoro aconsejó la
modificación del art.24 del Decreto-Ley 1285/58,
que establece la exención de la jurisdicción
argentina de las naciones extranjeras,
sometiendo dicha exención a la reciprocidad de
trato.
• En 1960 fue enviado a Italia el Dr.Goldschmidt ,
donde se firmó el acuerdo Goldschmidt-Mónaco.
Este acuerdo supone tramitar ante los tribunales
argentinos la causa iniciada en Italia.
• En 1961 se remitió el expte.penal. No así el civil.
• En la causa penal que siguió ante el Juzgado
Nacional Criminal y Correccional de Capital
Federal fueron sobreseídos los imputados.
• El proceso igual continuó en Italia, con
fotocopias certificadas del expediente enviado a
Argentina.
• Siempre hubo intentos de efectuar una
transacción por parte de Gronda y el Estado
Argentino.
• Se dictó el decreto 9015/63
• El 17/9/64 en Roma se firmó un
proyecto de contrato entre Gronda y
el Dr.Amílcar Mercader (Procurador
del Tesoro argentino y representante
del Banco Industrial).
• El acuerdo definitivo se firmaría una
vez que el Congreso Nacional
Argentino votara un crédito por dos
millones de dólares que el BIA, por
intermedio de Mercader se
comprometió a pagar a Gronda y a
sus cesionarios.
• El Poder Ejecutivo argentino
sometió a consideración del
Poder Legislativo el proyecto de
contrato pero no fue considerado
por lo que perdió vigencia el
preacuerdo.
• En enero de 1962 Gronda inició una
nueva demanda ante los tribunales de
New York
• Su cesionario, Antonhy Mirabella,
demandó al BIA por la suma de
86.000.000 U$S. Se traba un embargo por
la cuarta parte.
• Gronda y Cantalupo fallecen.
• El proceso continuó a través de los
herederos de Gronda y los cesionarios.
• El juez de Milán, invocando el tratado de
extradición ítalo-argentino, declaró que la
acción penal no podía proseguir en Italia
por falta de jurisdicción (1966)
Inmunidad de Jurisdicción
Inmunidad de ejecución???
MANAUTA, Juan José c/Embajada de la Federación
Rusa-CSJN 11/12/2007
• En el juicio laboral el actor solicitó el embargo ejecutivo
de un inmueble ubicado en calle Anasagasti 2031,
Capital Federal.
• El pedido fue denegado porque la Cámara entendió que
la embajada no había renunciado a la inmunidad de
ejecución, por lo que resulta improcedente decretar una
medida cautelar con una evidente mira coactiva
respecto de uno de los bienes alcanzados por la
protección del artículo 22 de la Convención de Viena de
1961 sobre Relaciones Diplomáticas (Decreto-Ley
2672/63).
• “Ello sin perjuicio de las sentencias del
máximo tribunal dictadas, donde se
resolvió que no procedía la inmunidad de
jurisdicción del estado extranjero,
particularmente respecto de acciones por
incumplimiento de obligaciones laborales
y previsionales y posteriormente se
condenó a la accionada a abonar a los
actores la suma reclamada (Fallos
322:2399)”
• La Ley 24488 si bien establece que las
cuestiones laborales –como las de autosconstituyen supuestos de excepción a la
inmunidad de jurisdicción de un estado
extranjero, dispone que sus previsiones
no afectarán ninguna inmunidad o
privilegio conferido por la Convención
mencionada (art.21, inc.d) y 6º)
• Las limitaciones previstas en el artículo 22
de la Convención de Viena de 1961 sobre
Relaciones Diplomáticas han sido
impuestas por la necesidad de garantizar
el desempeño eficaz de las
representaciones diplomáticas y de no
poner en situación de riesgo la existencia
misma del Estado en contra de quien se
pronunció la sentencia condenatoria.
• “El requerimiento de pago de la condena
cumplido en la persona del representante
legal del estado extranjero, en nada
vulnera las inmunidades y prerrogativas
de aquél y es, en cambio, conducente
para la adecuada realización de justicia
entre las partes, mientras los trámites de
ejecución sean compatibles con las
normas y principios del derecho de
gentes”.
• Propone el procurador el inicio de gestiones por
vía diplomática, a fin de lograr el acatamiento de
la sentencia firme.
• La embajada manifestó disconformidad con ser
sometida a juicio. La CSJN el 22/12/94 (Fallos
317:1880) habilitó la jurisdicción de los
tribunales argentinos en la presente causa y, en
esa inteligencia fue dictada la condena el
2/12/99 (Fallos 322:2926).
• El reconocimiento del privilegio de
inmunidad de ejecución de un Estado
extranjero concierne a un principio de la
ley de las naciones que revela su
inequívoco carácter federal, y determina
que su inteligencia debe ser establecida
por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación por vía del recurso extraordinario.
• Apelan los actores y sostienen que la
decisión los priva de ejecutar una condena
firme… circunstancia que considera
agravada por su calidad de trabajadores
respecto de quienes incumbe un propósito
protector (art.14 bis, C.N.). Se violan
garantías constitucionales al amparar que
un estado extranjero, so pretexto de
inmunidad de ejecución, soslaye el
cumplimiento de una manda judicial
• Art.2, pto.3 y 1 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas establece que no
podrán ser objeto de ningún registro, requisa,
embargo o medida de ejecución, los locales de
la misión, entendiéndose por tales los edificios,
sea cual fuere su propietario, utilizados para las
finalidades de la misión. Idéntica previsión
contiene la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares de 1963 (Ley 17081).
• Cita “Blasson , Beatriz Lucrecia c/Embajada de
la República Eslovaca” – “Bonacic-Kresic,
Esteban c/Embajada de la República Federal de
Yugoslavia s/despido”. Allí se dijo que las
limitaciones fueron impuestas por la necesidad
de garantizar el desempeño eficaz de las
representaciones diplomáticas y de no poner en
situación de riesgo la existencia misma del
estado en contra de quien se pronunció la
sentencia condenatoria.
• “... en Fallos 322:2399 ya se expidieron
por hacer prevalecer el privilegio, aun
frente al derecho de un trabajador al cobro
de su salario”.
Manauta y otros c/Emb.Fed.Rusa
CSJN-2/12/1999
• Los actores se desempeñaron como
trabajadores de prensa y encargados de
la dirección artística y cultural de la
embajada (en la edición de la Revista
“Novedades de la Unión Soviética”).
• Demanda por daños y perjuicios derivados
del incumplimiento de las obligaciones
previsionales y asignaciones familiares.
• Juez de Primera Instancia libró oficios al
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto a fin de
requerir un pronunciamiento expreso de la
Embajada de la Federación Rusa.
• Dispuso enviar nuevo oficio ante la falta
de respuesta de la Embajada, lo que
implicaba la falta de competencia para
entender en el reclamo.
• Apelaron los actores.
• La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal decidió confirmarla, con
fundamento en que los estados extranjeros sólo
podían ser sometidos a los órganos
jurisdiccionales del estado en el supuesto de
que mediara su conformidad, lo que en el caso
no existía, pues el silencio ante el requerimiento
sólo podía ser interpretado como negativa tácita.
• Dedujeron recurso extraordinario los
actores.
• CSJN dejó sin efecto la resolución (Fallos
317:1880).
• El Juez había aceptado la competencia e
hizo lugar a la demanda.
• Apeló la demandada y la Cámara
confirmó.
• La embajada apeló el pronunciamiento de
la Cámara que hizo lugar a la demanda.
Sostuvo que Argentina no formuló
reclamación al respecto.
• Artículo 33 inc.3º de la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas
establece que el agente diplomático que
emplee a personas a quienes no se
aplique la exención prevista en el párrafo
2 de este artículo, habrá de cumplir las
obligaciones que las disposiciones sobre
seguridad social del estado receptor
imponga a los empleadores.
• Los tratados deben interpretarse conforme
la Convención de Viena sobre derecho de
los tratados, que consagra el ppio. de
buena fe conforme al sentido corriente
que haya de atribuirse a los términos del
tratado… teniendo en cuenta su objeto y
fin.
• Que el tratado aplicable efectúa una
remisión al derecho interno… la C.N.
reconoce ampliamente el derecho a los
beneficios de la seguridad social
(art.14bis…) y en el mismo sentido es
aceptado por los tratados de derechos
humanos que hoy gozan de jerarquía
constitucional…
• Que al reglamentar el goce de este
derecho el legislador ha incluído
expresamente al personal del servicio de
las representaciones y agentes
diplomáticos o consulares acreditados en
el país si de conformidad con las
convenciones y tratados resultaren
aplicables a tales trabajadores las leyes
de jubilaciones y pensiones argentinas…
• La apelante no discute que los actores
estén incluidos en el supuesto de
excepción del inc.2º del artículo 33 de la
Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas, sino la inaplicabilidad del
tratado en virtud de la conducta ulterior de
las partes, que configuraría un supuesto
derogatorio de la norma.
• Que la recurrente no ha aportado… elemento
que permita concluir que tal comportamiento
desarrollado por las partes fuese una práctica
constante y uniforme aceptada como derecho.
… refleje la convicción del cumplimiento de una
obligación internacional. La falta de reclamo de
la Argentina no es de por sí suficiente, pues …
puede responder a conveniencia o cortesía y no
a una conciencia de un deber jurídico (Fallos
317:1880, art.38 Estatuto de CIJ).
• El cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales en modo alguno
puede afectar el normal desenvolvimiento
de una representación diplomática.
Manauta, Juan José y otros
v.Embajada de la Federación Rusa
F.317:1880 - Año 1994
• Los actores se desempeñaron como
trabajadores de prensa y encargados de
la dirección artística y cultural de la
embajada (en la edición de la Revista
“Novedades de la Unión Soviética”).
• Demandan por daños y perjuicios
derivados del incumplimiento de las
obligaciones previsionales y asignaciones
familiares.
• Juez de Primera Instancia libró oficios al
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto a fin de
requerir un pronunciamiento expreso de la
Embajada de la Federación Rusa.
• Dispuso enviar nuevo oficio ante la falta
de respuesta de la Embajada, lo que
implicaba la falta de competencia para
entender en el reclamo.
• Juez se declara incompetente
• Apelaron los actores.
• La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal decidió confirmarla, con
fundamento en que los estados extranjeros sólo
podían ser sometidos a los órganos
jurisdiccionales del estado en el supuesto de
que mediara su conformidad, lo que en el caso
no existía, pues el silencio ante el requerimiento
sólo podía ser interpretado como negativa tácita.
• CSJN: Lo atinente a la inmunidad de
jurisdicción de los estados extranjeros
hace a un ppio. elemental de la ley de las
naciones que, por lo mismo, revela su
inequívoco carácter federal y determina
que su inteligencia deba ser establecida
por la CSJN.
• Que una interpretación opuesta de la norma
aplicable conduciría en el caso, al injusto
resultado de obligar al trabajador a una casi
quimérica ocurrencia ante la jurisdicción del
estado extranjero o a requerir el auxilio
diplomático argentino por vías letradas
gralmente onerosas y extrajudiciales. Todo ello
conduciría a un grave peligro de su derecho
humano a la jurisdicción, peligro que el derecho
internacional actual tiende a prevenir y no
precisamente a inducir.
• La inmunidad del estado frente a las
jurisdicciones de otros estados se funda
en dos principios: la máxima par in parem
non habet jurisdictionem, en virtud del cual
las demandas contra el estado ante los
tribunales de otros estados versaban
sobre supuestos en los que el demandado
había actuado como soberano, y el de no
intervención en los asuntos internos de los
otros estados.
• La llamada teoría restringida de la
inmunidad de jurisdicción, distingue entre
los actos iure imperii –los actos de
gobierno realizados por el estado
extranjero en su calidad de soberano y
respecto de los cuales se mantienen el
reconocimiento de la inmunidad de
jurisdicción del estado extranjero- y los
actos iure gestionis –actos de índole
comercial.-
• El art.24 del Dto.-Ley 1285/58 dispone
que no se dé curso a la demanda contra
un estado extranjero sin requerir
previamente su conformidad para ser
sometido a juicio. Si bien la redacción de
dicho artículo no conduce necesariamente
a la adopción de la teoría clásica o
absoluta, tampoco introduce textualmente
la distinción entre los actos iure imperii y
los iure gestionis.
• Como consecuencia de la distinción entre
actos de imperio y actos de gestión, el
decreto-Ley 9015/63 contempla la
posibilidad de que un estado extranjero
pueda ser sometido a la jurisdicción
argentina cuando el Poder Ejecutivo
declare que existe falta de reciprocidad al
respecto, es decir, que ese estado acepta
reclamos contra la Argentina ante sus
tribunales.
• HOY “La inmunidad absoluta de jurisdicción no
constituye una norma de Derecho Internacional general,
porque no se practica de modo uniforme ni hay
convicción jurídica de su obligatoriedad”.
• ANTES: La Corte reconocía inmunidad… porque debía
actuar “según ppios.del derecho de gentes, de modo
que no resulten violadas las bases del orden público
internacional” que son de aplicación prioritaria…, pues el
desconocimiento de los ppios. que rigen las relaciones
diplomáticas internacionales internacionales no tendría
otro desenlace que conducir al aislamiento de nuestro
país en el concierto de las naciones.
• El Instituto de Derecho Internacional
afirmó que no existe inmunidad de
jurisdicción del estado respecto de
controversias que se basan en relaciones
de buena fe y seguridad jurídica respecto
del foro y del derecho local como las de
trabajo.
• El reconocimiento de inmunidad de jurisdicción ante
un reclamo por incumplimiento de obligaciones
laborales y previsionales por parte de una embajada
llevaría al injusto resultado de obligar al trabajador a
una casi quimérica ocurrencia ante la jurisdicción
del estado extranjero o a requerir el auxilio
diplomático argentino por vías letradas
generalmente onerosas y extrajudiciales y
conduciría a un grave peligro de su derecho humano
a la jurisdicción, peligro que el derecho internacional
actual tiende a prevenir y no precisamente a inducir.
• La doctrina que reconocía a los estados
extranjeros el privilegio de la inmunidad
absoluta de jurisdicción … tenía origen en
un principio de derecho internacional
público que impedía que en cualquier tipo
de causas un estado extranjero pudiera
ser llevado –sin su consentimiento- ante
los tribunales de otro país.
• En el campo del derecho internacional público
se ha producido una profunda modificación que
no permite seguir sosteniendo que el ppio. de
inmunidad absoluta es el vigente en aquel
ámbito…
• El sentido del ppio. de inmunidad relativa o
restringida es el de admitir que, en cierta clase
de asuntos, el estado no pueda invocar su
inmunidad cuando es llevado a juicio ante los
tribunales de otro estado
• La actual práctica jurídica internacional excluye
de la inmunidad de jurisdicción a una demanda
fundada en los derechos laboral y previsional.
• Hoy ya no es posible sostener que la I.A.J. de
los estados es un ppio.generalmente aceptado
por las naciones civilizadas, una costumbre, o
un ppio.gral del derecho internacional, pues no
existe una práctica uniforme ni una convicción
jurídica de su obligatoriedad. Antes bien, lo
contrario resulta de los antecedentes
jurisprudenciales y fundamentalmente de textos
legislativos modernos que denotan una clara
admisión de los postulados de la teoría
restrictiva
• Que las consideraciones precedentes
autorizan una interpretación de la norma
aplicable acorde a las presentes
circunstancias de las relaciones
internacionales. En consecuencia, cabe
concluir que no es de aplicación al caso la
ratio del art.24, inc.1º, del Decreto-Ley
1285/58 por no encontrarse en tela de
juicio un acto de gobierno.
• La inmunidad del estado frente a las
jurisdicciones de otros estados se funda
en dos principios: la máxima par in parem
non habet jurisdictionem, en virtud del cual
las demandas contra el estado ante los
tribunales de otros estados versaban
sobre supuestos en los que el demandado
había actuado como soberano, y el de no
intervención en los asuntos internos de los
otros estados.
• La llamada teoría restringida de la
inmunidad de jurisdicción, distingue entre
los actos iure imperii –los actos de
gobierno realizados por el estado
extranjero en su calidad de soberano y
respecto de los cuales se mantienen el
reconocimiento de la inmunidad de
jurisdicción del estado extranjero- y los
actos iure gestionis –actos de índole
comercial.-
• El art.24 del Dto.-Ley 1285/58 dispone
que no se dé curso a la demanda contra
un estado extranjero sin requerir
previamente su conformidad para ser
sometido a juicio. Si bien la redacción de
dicho artículo no conduce necesariamente
a la adopción de la teoría clásica o
absoluta, tampoco introduce textualmente
la distinción entre los actos iure imperii y
los iure gestionis.
• Como consecuencia de la distinción entre
actos de imperio y actos de gestión, el
decreto-Ley 9015/63 contempla la
posibilidad de que un estado extranjero
pueda ser sometido a la jurisdicción
argentina cuando el Poder Ejecutivo
declare que existe falta de reciprocidad al
respecto, es decir, que ese estado acepta
reclamos contra la Argentina ante sus
tribunales.
• La CJSN dice HOY: La inmunidad absoluta de
jurisdicción no constituye una norma de Derecho
Internacional general, porque no se practica de
modo uniforme ni hay convicción jurídica de su
obligatoriedad.
• ANTES: La Corte reconocía inmunidad… porque
debía actuar “según ppios.del derecho de gentes, de
modo que no resulten violadas las bases del orden
público internacional” que son de aplicación
prioritaria…, pues el desconocimiento de los ppios.
que rigen las relaciones diplomáticas
internacionales no tendría otro desenlace que
conducir al aislamiento de nuestro país en el
concierto de las naciones.
• El Instituto de Derecho Internacional
afirmó que no existe inmunidad de
jurisdicción del estado respecto de
controversias que se basan en relaciones
de buena fe y seguridad jurídica respecto
del foro y del derecho local como las de
trabajo.
• La doctrina que reconocía a los estados
extranjeros el privilegio de la inmunidad
absoluta de jurisdicción … tenía origen en
un principio de derecho internacional
público que impedía que en cualquier tipo
de causas un estado extranjero pudiera
ser llevado –sin su consentimiento- ante
los tribunales de otro país.
• En el campo del derecho internacional público
se ha producido una profunda modificación que
no permite seguir sosteniendo que el ppio. de
inmnunidad absoluta es el vigente en aquel
ámbito…
• El sentido del ppio. de inmunidad relativa o
restringida es el de admitir que, en cierta clase
de asuntos, el estado no pueda invocar su
inmunidad cuando es llevado a juicio ante los
tribunales de otro estado
• La actual práctica jurídica internacional
excluye de la inmunidad de jurisdicción a
una demanda fundada en los derechos
laboral y previsional.
• Hoy ya no es posible sostener que la I.A.J de los
estados es un ppio.generalmente aceptado por
las naciones civilizadas, una costumbre, o un
ppio.gral del derecho internacional, pues no
existe una práctica uniforme ni una convicción
jurídica de su obligatoriedad. Antes bien, lo
contrario resulta de los antecedentes
jurisprudenciales y fundamentalmente de textos
legislativos modernos que denotan una clara
admisión de los postulados de la teoría
restrictiva
• Que las consideraciones precedentes
autorizan una interpretación de la norma
aplicable acorde a las presentes
circunstancias de las relaciones
internacionales. En consecuencia, cabe
concluir que no es de aplicación al caso la
ratio del art.24, inc.1º, del Decreto-Ley
1285/58 por no encontrarse en tela de
juicio un acto de gobierno.
• Que una interpretación opuesta de la norma
aplicable conduciría en el caso, al injusto
resultado de obligar al trabajador a una casi
quimérica ocurrencia ante la jurisdicción del
estado extranjero o a requerir el auxilio
diplomático argentino por vías letradas
gralmente onerosas y extrajudiciales. Todo ello
conduciría a un grave peligro de su derecho
humano a la jurisdicción, peligro que el derecho
internacional actual tiende a prevenir y no
precisamente a inducir.
• La embajada apela el pronunciamiento de
la Cámara que hizo lugar a la demanda.
Sostiene que Argentina no formuló
reclamación al respecto.
• Artículo 33 inc.3º de la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas
establece que el agente diplomático que
emplee a personas a quienes no se
aplique la exención prevista en el párrafo
2 de este artículo, habrá de cumplir las
obligaciones que las disposiciones sobre
seguridad social del estado receptor
imponga a los empleadores.
• Los tratados deben interpretarse conforme
la Convención de Viena sobre derecho de
los tratados, que consagra el ppio. de
buena fe conforme al sentido corriente
que haya de atribuirse a los términos del
tratado… teniendo en cuenta su objeto y
fin.
• Que el tratado aplicable efectúa una
remisión al derecho interno… la C.N.
reconoce ampliamente el derecho a los
beneficios de la seguridad social
(art.14bis…) y en el mismo sentido es
aceptado por los tratados de derechos
humanos que hoy gozan de jerarquía
constitucional…
• Que al reglamentar el goce de este
derecho el legislador ha incluido
expresamente al personal del servicio de
las representaciones y agentes
diplomáticos o consulares acreditados en
el país si de conformidad con las
convenciones y tratados resultaren
aplicables a tales trabajadores las leyes
de jubilaciones y pensiones argentinas…
• La apelante no discute que los actores
estén incluidos en el supuesto de
excepción del inc.2º del artículo 33 de la
Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas, sino la inaplicabilidad del
tratado en virtud de la conducta ulterior de
las partes, que configuraría un supuesto
derogatorio de la norma.
• Que la recurrente no ha aportado… elemento
que permita concluir que tal comportamiento
desarrollado por las partes fuese una práctica
constante y uniforme aceptada como derecho.
…o refleje la convicción del cumplimiento de
una obligación internacional. La falta de reclamo
de la Argentina no es de por sí suficiente, pues
… puede responder a conveniencia o cortesía y
no a una conciencia de un deber jurídico (Fallos
317:1880, art.38 Estatuto de CIJ).
• El cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales en modo alguno
puede afectar el normal desenvolvimiento
de una representación diplomática.
• Los actores solicitaron el embargo
ejecutivo de un inmueble ubicado en calle
Anasagasti 2031, Capital Federal.
• El pedido fue denegado porque la Cámara
entendió que la embajada no había
renunciado a la inmunidad de ejecución,
por lo que resultaba improcedente
decretar una medida cautelar con una
evidente mira coactiva respecto de uno de
los bienes alcanzados por la protección
del artículo 22 de la Convención de Viena
de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas
(Decreto-Ley 2672/63).
• Ello sin perjuicio de las sentencias del
máximo tribunal dictadas, donde se
resolvió que no procedía la inmunidad de
jurisdicción del estado extranjero,
particularmente respecto de acciones por
incumplimiento de obligaciones laborales
y previsionales y posteriormente se
condenó a la accionada a abonar a los
actores la suma reclamada (Fallos
322:2399)
• La Ley 24488 si bien establece que las
cuestiones laborales –como las de autosconstituyen supuestos de excepción a la
inmunidad de jurisdicción de un estado
extranjero, dispone que sus previsiones
no afectarán ninguna inmunidad o
privilegio conferido por la Convención
mencionada (art.21, inc.d) y 6º)
• Las limitaciones previstas en el artículo 22
de la Convención de Viena de 1961 sobre
Relaciones Diplomáticas han sido
impuestas por la necesidad de garantizar
el desempeño eficaz de las
representaciones diplomáticas y de no
poner en situación de riesgo la existencia
misma del Estado en contra de quien se
pronunció la sentencia condenatoria.
• El requerimiento de pago de la condena
cumplido en la persona del representante
legal del estado extranjero, en nada
vulnera las inmunidades y prerrogativas
de aquél y es, en cambio, conducente
para la adecuada realización de justicia
entre las partes, mientras los trámites de
ejecución sean compatibles con las
normas y principios del derecho de
gentes.
• Se propone el inicio de gestiones por vía
diplomática, a fin de lograr el acatamiento
de la sentencia firme.
• El reconocimiento del privilegio de
inmunidad de ejecución de un Estado
extranjero concierne a un principio de la
ley de las naciones que revela su
inequívoco carácter federal, y determina
que su inteligencia debe ser establecida
por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación por vía del recurso extraordinario.
• Apelan los actores y sostienen que la
decisión los priva de ejecutar una condena
firme… circunstancia que considera
agravada por su calidad de trabajadores
respecto de quienes incumbe un propósito
protector (art.14 bis, C.N.). Se violan
garantías constitucionales al amparar que
un estado extranjero, so pretexto de
inmunidad de ejecución, soslaye el
cumplimiento de una manda judicial
• El art.2, pto.3 y 1 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas establece que no
podrán ser objeto de ningún registro, requisa,
embargo o medida de ejecución, los locales de
la misión, entendiéndose por tales los edificios,
sea cual fuere su propietario, utilizados para las
finalidades de la misión. Idéntica previsión
contiene la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares de 1963 (Ley 17081).
• Cita “Blasson , Beatriz Lucrecia c/Embajada de
la República Eslovaca” – “Bonacic-Kresic,
Esteban c/Embajada de la República Federal de
Yugoslavia s/despido”. Allí se dijo que las
limitaciones fueron impuestas por la necesidad
de garantizar el desempeño eficaz de las
representaciones diplomáticas y de no poner en
situación de riesgo la existencia misma del
estado en contra de quien se pronunció la
sentencia condenatoria.
• En Fallos 322:2399 la Corte ya se expidió
por hacer prevalecer el privilegio, aun
frente al derecho de un trabajador al cobro
de su salario.
• Comentario Milton Feuillade
BLASSON, Beatriz Lucrecia c/Embajada de la República
Eslovaca
Año 1999
• Juzgado de Primera Instancia y Cámara
rechazaron un pedido de levantamiento de
embargo preventivo decretado sobre la cuenta
corriente de la Embajada de la República
Eslovaca.
• Se consideraron actos iure gestionis los
originados en la relación laboral que unía a las
partes y que tales actos quedaban exentos de la
inmunidad de jurisdicción de la demandada.
• CSJN dice: El recurso extraordinario es
formalmente procedente pues la
observancia del principio de inmunidad de
ejecución de los estados extranjeros
constituye un pilar básico del derecho
internacional general y hace caso de corte
de trascendencia federal. Una cuestión
jurídica de importancia internacional
sobresaliente.
• Los fondos depositados sobre los que
pesa el embargo no son de los bienes
contemplados como inviolables por la
Convención de Viena de 1961 sobre
Relaciones Diplomáticas “los locales de la
misión, su mobiliario y demás bienes
situados en ellos, así como los medios de
transporte de la misión, no podrán ser
objeto de ningún registro, requisa,
embargo o medida de ejecución (art.22.3)
• Lo mismo dispone la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares de 1963 en
el art.33.4
• Que no existe en nuestro país una norma
de derecho interno que regule
específicamente el conflicto de inmunidad
de ejecución de los estados extranjeros
• La Ley 24488 sólo regula la inmunidad de
jurisdicción sin que exista ningún atisbo en
su articulado que permita aplicarla por
analogía a la inmunidad de ejecución, que
a todas luces no ha sido contemplada en
aquella ley.
• En tales condiciones, el caso deberá ser
resuelto según las normas y ppios. del
derecho internacional que resulta
incorporado ipso iure al derecho argentino
federal, pues el desconocimiento de las
normas que rigen las relaciones
diplomáticas internacionales no tendría
otro desenlace que conducir al aislamiento
de nuestro país en el concierto de las
naciones (Manauta Fallos 317:1880)
• Que las medidas ejecutorias contra bienes
de un estado extranjero que implican el
empleo de la fuerza pública del Estado del
foro, afectan gravemente la soberanía e
independencia del estado extranjero, por
lo no cabe, sin más, extender las
soluciones sobre inmunidad de
jurisdicción a los casos de inmunidad de
ejecución
• La distinción entre inmunidad de jurisdicción y la
inmunidad de ejecución se ha hecho en distintos
ordenamientos jurídicos, habiéndose
establecido que la renuncia a la inmunidad de
jurisdicción no implica la renuncia a la
inmunidad de ejecución (Convención Europea
sobre Inmunidad de los Estados de 1972,
Foreign Sovereign Inmunities Act de los EEUU
de 1976; State Inmunity Act de 1978 del Reino
Unido, etc.)
• Así el Tribunal Federal Alemán juzgó en
1977 que la adopción de la tesis de la
inmunidad de jurisdicción restrictiva de los
estados extranjeros, no implica
necesariamente la inmunidad de ejecución
a su respecto, pues las medidas
ejecutorias interfieren contra los derechos
soberanos del estado extranjero de un
modo mucho más grave y apremiante
• Sin embargo… ninguna regla de derecho
internacional público excluía totalmente la
adopción por el estado del foro de
medidas ejecutorias contra bienes de un
estado extranjero
• En la práctica numerosos estados admiten
la ejecución forzada contra un estado
extranjero, pero con grandes restricciones:
así Italia, Suiza, Bélgica, Países Bajos,
Austria, Francia, Grecia, etc.
• Las limitaciones se refieren a los bienes objeto
de ejecución a la posible afectación de las
relaciones diplomáticas.
• Esta Corte (Fallos 240:93) en “Perú, Gobierno
de la República del v.SIFAR,
Soc.Ind.Financ.Argentina S.A.” admitió la
ejecución de una sentencia de esta propia Corte
por haber mediado conformidad expresa de la
nación actora para el conocimiento de la Corte
• Allí se dijo que “El solo requerimiento de
pago … cumplido en la persona del
representante legal del estado actor y en
el domicilio constituido por el mismo, en
nada vulnera las inmunidades y
prerrogativas de aquél y es, en cambio,
conducente para la adecuada realización
de la justicia entre las partes”
• Ordenó librar mandamiento de ejecución
de sentencia en la forma y con el alcance
de los considerandos… Quedó pues
claramente advertido … que se autorizaba
sólo el requerimiento de pago y no otra
medida de ejecución.
• El estado de Perú pagó extrajudicialmente
• En el caso Perú la nación había ocurrido a
la jurisdicción como actora y fue
reconvenida. Contestó la reconvención
con tácita sumisión a la jurisdicción del
Tribunal.
• La Convención Europea de Inmunidad Estatal
permite la ejecución contra la propiedad de un
estado para ejecutar una sentencia firme… en
procedimientos en que la convención no
reconoce inmunidad de jurisdicción…
relacionados con actividades comercial o
industrial en la cual el estado ha tomado parte
como un particular y la propiedad en cuestión
fue usada exclusivamente en relación con tal
actividad
• La State Inmunity Act de Gran Bretaña
establece una prohibición general
respecto de las medidas ejecutorias
contra bienes de un estado extranjero…
pero hace una excepción a la regla al
permitir tales medidas respecto de bienes
utilizados con fines comerciales.
• La aplicabilidad de la norma queda
restringida… en virtud de la cual el jefe de
la misión diplomática extranjera o la
persona que provisoriamente cumpla esas
funciones debe expresar el
consentimiento escrito y declarar que el
bien que se pretende ejecutar no es de
naturaleza comercial. Tal expresión está
sujeta a prueba en contrario
• La Foreign Sovereign Inmunity Act de
EEUU establece dos condiciones para
ejecutar bienes de un estado extranjero
utilizados en actividades comerciales: 1º)
la renuncia explícita o implícita a la
inmunidad de ejecución y 2) que los
bienes de naturaleza comercial a ejecutar
estén destinados a la misma actividad que
dio origen al litigio
• La enmienda de 1996 dispone que no se
concederá inmunidad de ejecución en una
acción por daños contra un estado
extranjero por lesiones o muerte causadas
por violación de ciertos derechos
humanos o actos terroristas
• La Cámara de los Lores (“Alcom
v.Republic of Colombia”) en un caso con
sustancial analogía al presente, juzgó
improcedente trabar medidas ejecutorias
sobre fondos depositados en la cuenta
corriente de un banco que se utilizan para
el normal funcionamiento de la embajada.
Le impuso al acreedor la carga de
demostrar que esas sumas se utilizaban
con fines comerciales (citó al Tribunal
Constitucional Alemán)
• La Corte de Casación Francesa (1984)
(Sociedad Eurodif v/República Islámica de
Iran) dijo que el ppio. es la inmunidad de
ejecución pero excepcionalmente puede
ser excluida.
• Juzgó que los bienes pertenecientes a un
estado extranjero se presumen bienes
públicos y están protegidos por la
inmunidad de ejecución hasta que el
acreedor pruebe lo contrario.
• A tal fin no es suficiente que el bien esté
afectado a una actividad privada, además
se debe probar que la causa de la medida
ejecutoria es la misma que ha dado origen
al litigio
• En el caso de autos la demandada
expresa que los fondos embargados le
han sido asignados por el Estado
Eslovaco para cubrir los costos y gastos
necesarios para el cumplimiento de los
fines oficiales de la representación
diplomática
• Alega que no ha renunciado a la
inmunidad de ejecución . Cita el art.32.4
de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas por el que es
necesaria una nueva renuncia al respecto.
• Tal afirmación denota que el estado … se
ha negado expresamente a la posibilidad
de ser sometido a medidas coercitivas.
• Que… no se ha acreditado que la cuenta
bancaria objeto de embargo tenga un
destino diferente del que afirma la
República Eslovaca… o que esa cuenta
haya sido abierta con específico destino a
pagar obligaciones originadas en
actividades iure gestionis….
• … Bien puede juzgarse que tal inmunidad
es una derivación razonada de la
inmunidad diplomática establecida por el
art.22 de la Convención de Viena, ya que
mal puede concebirse una inmunidad
sobre muebles o vehículos de una
embajada sin concederla extensivamente
a la cuenta bancaria destinada a su
conservación y funcionamiento.
• Que las relaciones laborales destinadas al
servicio de una misión diplomática, si bien
cabe entender que son pagadas con
fondos depositados en la cuenta de la
embajada, no pueden ser satisfechas por
la vía del apremio contra aquella cuenta
que solventa las diarias expensas de la
misión…
• Que entre el delicado y embarazoso
conflicto entre el derecho del trabajador a
cobrar su salario de una embajada sobre
una cuenta destinada normalmente a
pagarlo y el derecho de un estado
extranjero a la inmunidad de ejecuciones
sobre esa misma cuenta, ha de darse
preferencia a tal inmunidad, pese a que no
haya sobre el caso inmunidad de
jurisdicción…
• Aquella prerrogativa se funda en el derecho
internacional necesario para garantizar las
buenas relaciones con los estados extranjeros y
las organizaciones internacionales (art.27, C.N.).
• Naturalmente las buenas relaciones
diplomáticas habrán de preservarse a condición
de que el estado extranjero haga honor a las
relaciones de justicia con quienes sufran sus
inmunidades
• La justicia misma ha de apremiar a ambas
partes
• Se ordena el levantamiento del embargo
preventivo dispuesto sobre la cuenta de la
embajada de la República Eslovaca en el
Deustche Bank.
FIBRACA CONSTRUCTORA SCA
C/Comisión Técnica Mixta de Salto
Grande
Fallos 316:1669 – Año 1993
• El Contador Arturo José Vázquez Avila, apeló el laudo
arbitral de la Comisión Técnica Mixta Salto Grande.
Cuestiona la validez del régimen legal aplicable a sus
remuneraciones como perito del ente.
• El Tribunal Arbitral rechazó el recurso porque se
consideró independiente de la jurisdicción argentina,
como consecuencia de la inmunidad de que goza la
organización intergubernamental.
• CSJN: La inmunidad de jurisdicción de
que goza la Comisión Técnica Mixta de
Salto Grande (art.4º del Acuerdo de Sede
aprobado por la Ley 21756) impide la
revisión por la Corte del laudo del Tribunal
Arbitral de Salto Grande
• El Acuerdo de Sede aprobado por Ley 21756 es
un tratado, en los términos del art.2º, inc.1º,
ap.a) de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados.
• La necesaria aplicación del art.27 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, impone a los órganos del Estado
Argentino, una vez asegurados los ppios. del
derecho público constitucional, asignar primacía
a los tratados ante un eventual conflicto con
cualquier norma interna contraria
• La obligación de contar con
procedimientos convenientes para la
solución de las controversias en las cuales
sea parte, que trae aparejada la
inmunidad de jurisdicción de que goza la
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande
(art.4º del Acuerdo de Sede aprobado por
la ley 21756) encuentra adecuada
satisfacción en el Tribunal Arbitral de Salto
Grande, creado para tales fines.
• El art.4º del Acuerdo de Sede (Ley 21756)
prescribe: “La Comisión, sus bienes,
documentos y haberes, en cualquier parte
de la República Argentina y en poder de
cualquier persona gozarán de inmunidad
contra todo procedimiento judicial o
administrativo, excepto en los casos
especiales en que aquélla renuncie
expresamente a esa inmunidad”
• Que la doctrina que emana de Fallos 305:2150
no resulta aplicable al caso toda vez que, en
dicho precedente, el Tribunal declaró la
inconstitucionalidad del art.4º e la Ley 21756 por
considerar que vulneraba el derecho a la
jurisdicción amparado por nuestra Constitución
Nacional en razón de que, al momento de los
hechos, la organización internacional no
contaba con procedimientos apropiados para
dirimir los conflictos.
• No puede, por tanto, alegarse válidamente
privación de justicia ya que existe una
jurisdicción internacional aceptada por nuestro
país y a la que las partes voluntariamente se
sometieron y menos aún, pretender que esta
Corte, sobre la base de las argumentaciones
desarrolladas por el recurrente, revise la
decisión del Tribunal Arbitral pues ello entra en
contradicción con el espíritu de la norma
internacional que ambas partes acordaron
• La inmunidad de jurisdicción de que goza
la Comisión Técnica Mixta Salto Grande
impide la revisión del laudo por este
Tribunal.
CABRERA WASHINGTON, J.E. c.Comisión
Técnica Mixta Salto Grande
E.D.107-615
• Cuestionada la inteligencia que el a quo
asignó al art.4º del Acuerdo de Sede
aprobado por Ley 21756, y dada la
naturaleza federal de la norma, es
procedente el recurso extraordinario en
cuanto la decisión apelada resulta
contraria a la validez del derecho fundado
en dicha norma.
• Dada la invalidez constitucional declarada
en la causa y la función que le incumbe a
la Corte para salvar la vigencia de la
Constitución y para preservar
prudencialmente la estabilidad de los
pactos internacionales válidos celebrados
por la Argentina, corresponde, ante todo,
que el tribunal trate la validez o invalidez
de la inmunidad absoluta de jurisdicción,
impugnada en el juicio, a la luz del
derecho internacional, conforme al art.21
de la Ley 48
y surgiendo que tal inmunidad es inválida en la
propia esfera del derecho internacional, resulta
innecesario examinar la cuestión de
constitucionalidad seriamente propuesta, por
cuanto la declaración de inconstitucionalidad es
la última ratio del orden jurídico, practicable
solamente como razón ineludible del
pronunciamiento a dictarse.
• La limitación de la inmunidad jurisdiccional de
los sujetos del derecho de gentes –entre los que
se cuentan las organizaciones internacionales
intergubernamentales- es una norma imperativa
del derecho internacional general, insusceptible
de ser dejada de lado por acuerdos en contrario,
conforme al art.53 de la Convención de Viena
sobre Derecho de los Tratados de 1969,
aprobada por ley argentina 19865
• La cláusula del acuerdo de sede suscripto entre
el gobierno argentino y la Comisión demandada,
al establecer a favor de ésta una exención total,
no sólo ante los tribunales argentinos sino
también ante los de cualquier otro estado, y aun
ante tribunales internacionales, con privación
completa de justicia y negación del derecho a la
jurisdicción, vulneró la citada norma imperativa
del derecho internacional general y padece de
vicio de nulidad ab initio, que por su carácter
absoluto y por la índole laboral del pleito,
puede declararse por el tribunal aun sin
petición de parte, conforme al art.1047 del
C.C. y a doctrina emanada de la
jurisprudencia de la Corte; todo ello dentro
del propio ámbito jurídico formado por el
derecho internacional consuetudinario y
los tratados aprobados por la Argentina,
de acuerdo al ppio según el cual las normas
de derecho internacional aprobadas por el
Poder Legislativo y debidamente
ratificadas, se incorporan como regla al
derecho interno, y son aplicables dentro
del Estado cuando revisten carácter
autoejecutorio o autosuficiente
• No obsta a la declaración de invalidez del
Acuerdo de Sede el procedimiento a seguir
respecto de la nulidad de los tratados según los
arts.65 y 66 de la Convención de Viena, ya que
en 1979, después de iniciada la demanda de
este juicio, se aprobó por resolución 718 de la
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande la
creación de un tribunal arbitral internacional,
para subsanar los reparos suscitados por la
anterior inmunidad total de jurisdicción,
ajustándose de tal modo a lo previsto en el
art.71 inc.c) de la citada Convención.
• En lo que a las organizaciones internacionales
intergubernamentales se refiere, se admite
actualmente su carácter de sujetos de derecho
internacional. Ese carácter, empero, emana o
deriva de la voluntad común de sus estados
miembros, por lo cual gozan o no aquéllas del
privilegio de l inmunidad de jurisdicción, de
conformidad con lo que establezcan los
respectivos tratados constitutivos y, en su caso,
los pertinentes acuerdos de sede (éstos últimos
los celebrados entre la organización
internacional y el estado en cuyo territorio se
asientan y operan los órganos de aquélla)
• Que las organizaciones internacionales
interguberamentales –incluidos los entes
binacionales, como lo es la demandadapueden gozar de la inmunidad de
jurisdicción, como consecuencia y
derivación de lo que establezcan los
tratados constitutivos y acuerdos de sede.
• Que ese privilegio debe traer aparejada la
previsión de procedimientos apropiados
para resolver las controversias de derecho
privado en las que sea parte la
organización intergubernamental de que
se trate.
MERCK QUIMICA S.A. c/Gobierno Nacional
s/Interdicto de recobrar
4/9/1946- JA-T1946-III-280
• “La República Argentina declaró el estado de guerra
con Alemania y el Japón; el gobierno de facto dictó
las medidas que consideraba necesarias para la
prosecución de la guerra y para colaborar en el
esfuerzo bélico de las Naciones Unidas ¿Puede
sostenerse razonablemente que el Poder Judicial,
que carece de las informaciones indispensables
para apreciar las necesidades de desenvolvimiento
de la guerra, la situación internacional, la
penetración económica del enemigo en nuestro
territorio y en América, y tantos factores más que
escapan, por su naturaleza,
a su conocimiento y comprobación, está
facultado para impedir con medidas
procesales o policiales como el interdicto,
la realización de los actos que el P.E.
estima necesarios para la guerra, es decir,
para combatir al enemigo, ya sea en el
campo militar, ya en el económico y
financiero? La respuesta tiene que ser
forzosamente negativa”.
• Este interdicto fue entablado a fin de
conservar la parte actora la posesión del
bien inmueble ubicado en Capital Federal
con sus instalaciones industriales,
reintegrándosele el ejercicio del derecho
de propiedad dado a no serle permitidas
las ampliaciones necesarias para una
mayor productividad (se reclaman también
daños y perjuicios).
• Se declara improcedente el interdicto por:
• 1) presunción fundada de que la S.A.
constituida en el país era económica y
administrativamente dependiente de
Alemania (país enemigo) y por ende
sujeta a la Junta de Vigilancia y
Disposición Final de la Propiedad
Enemiga (Decreto 10935/45).
• Pese a que la actora aparecía con
acciones pertenecientes a una sociedad
con sede en Suiza (país neutral) varios
extremos la ligaban a Alemania, entre
otros, el Presidente de las sociedades
suiza y argentina era un alemán
domiciliado en Alemania, las acciones se
encontraban a nombre de cuatro
alemanes y cuatro argentinos.
• 2) Declarada por Argentina la guerra a Alemania
y Japón (Decreto 6945/45), la adhesión al Acta
de Chapultepec, sumado a las potestades del
gobierno de facto y a los preceptos de la C.N. el
Gobierno Federal por intermedio de la Junta de
Vigilancia está facultado para incautarse de los
bienes del enemigo obviando la vía judicial.
• Cuestiones políticas no justiciables?
• Garantía de inviolabilidad de la propiedad no
rige en tiempo de guerra???
CASO QUIMICA BAYER C/GOBIERNO
NACIONAL S/EXPROPIACION INDIRECTA
25/10/1946
JA, T.1946-IV-877
• “…las firmas o entidades comerciales quedaron
bajo la total dependencia del Consejo de
Administración y luego de la Junta de Vigilancia
quienes tomaron posesión de sus bienes,
quedando, en consecuencia, implícitamente
derogada cualquier disposición anterior sobre
expropiación máxime cuando lo que antes era
simplemente propiedad de beligerantes pasaba
a ser considerada propiedad del enemigo…”
• Se incautan bienes del enemigo como
medida bélica y en ejercicio de los
poderes de guerra. La actora es una
sociedad alemana con apariencia de
argentina, se le quita personería jurídica y
se la coloca bajo control de la Junta de
Vigilancia.
Inspección General de Justicia c/Frinet SA
CNCom.Sala B-04/05/07
• En el marco de la Resolución General
8/2003 –por el que se crea el Registro de
Actos Aislados de sociedades constituidas
en el extranjero- la IGJ intimó a la
sociedad extranjera Frinet SA a su
inscripción en los términos del art.118,
tercer párrafo, de la Ley 19550.
• Le otorgó un plazo de 15 días para el
trámite
• Consideró la IGJ que haber comprado un
bien inmueble posteriormente locado por
dicha sociedad excedía el concepto de
acto aislado.
• Frinet SA es una sociedad constituida en
Montevideo (Uruguay) el día 02/01/04. El
03/06/04 adquirió un inmueble en Bs.As.
Por la suma de U$S 80.000, manifestando
en la escritura que dicha operación
encuadraba dentro del concepto de acto
aislado de la Ley 19550.
• El 04/06/04 el inmueble adquirido fue
locado a la anterior titular. Todo estuvo
rodeado de circunstancias que hacían
dudar la seriedad de la compraventa:
hubo dos transferencias de dominio en el
plazo de un año y medio. La actual
vendedora fue la compradora de la hoy
inquilina. Entregó la posesión sin haber
recibido dinero a cambio y antes de la
escritura.
• Resulta procedente la intimación efectuada por
la IGJ a la sociedad extranjera para que cumpla
con la inscripción registral prevista por el párrafo
3º del art.118 de la Ley 19550, cuando la misma
es titular de un inmueble en el país de cierta
significación económica el cual procedió a
destinar a la locación, sin demostrar aquella el
despliegue de ninguna otra actividad en la
República Argentina
• Si bien el art.118, párr.2º de la Ley 19550
dispone que la sociedad constituida en el
extranjero se halla habilitada para realizar
en el país actos aislados y estar en juicio,
no define, sin embargo, al acto aislado ni
existe en la doctrina y jurisprudencia una
posición uniforme respecto al concepto.
• La distinción entre la irrupción de
personas jurídicas extranjeras en la vida
nacional mediante actos aislados y su
establecimiento en el país es razonable,
siendo justo que en el primer supuesto se
beneficie con el sistema de la hospitalidad
absoluta, pero limitada por la necesidad
de que se trate de actos esporádicos
• Si bien no puede pretender sentarse un
criterio de distinción preciso en torno al
concepto de acto aislado, pues ello es una
cuestión de hecho que depende en cada
caso particular, y hasta en algunos
supuestos una situación fronteriza de
dificultosa solución, en principio,
interpretando a contrario sensu el tercer
párrafo del art.118 de la Ley 19550,
el acto aislado sería el que no requiere
para su ejecución la asignación de un
representante permanente; se trata de una
actuación ocasional en el sentido de que
no genera habitualidad, permanencia,
asiento o sucursal, lo cual no significa que
la actuación tenga que ser única, pues de
hecho la ley denomina en plural “actos
aislados”.
• El art.118 de la Ley 19550 se enrola en la
utilización de un criterio cualitativocuantitativo para entender el concepto de
acto aislado celebrado en el país por una
sociedad constituida en el extranjero, ya
que la habitualidad debe hallarse presente
para determinar la obligación de
inscribirse.
• Por ello, la sociedad extranjera queda
habilitada no sólo a realizar actos de su
capacidad genérica o potencial, sino
también de su capacidad específica sin
cumplir ningún otro requisito, en tanto
ellos no supongan exteriorización,
permanencia o habitualidad, instalación de
sucursal, asiento o cualquier otra especie
de representación permanente.
• Kaller de Orchansky distingue entre la
capacidad genérica, que comprende los
actos que toda persona jurídica puede
realizar como tal… y la capacidad
específica, que abarca los actos donde
por medio de su ejecución, tiende a
alcanzar el objeto por el cual se ha
constituido.
•
En principio los actos comprendidos en su
capacidad genérica son considerados
aislados.
• En lo que hace a su capacidad específica se
hace necesario mencionar dos criterios:
1. CUALITATIVO: la realización de cualquier acto
que por su naturaleza se halla comprendido en
el objeto social configura el ejercicio de su
capacidad específica
2. CUALITATIVO-CUANTITATIVO: Mediante el
cual se exige que la realización de los actos
comprendidos en el objeto social sean
ejecutados habitualmente.
• Por ello, la sociedad extranjera queda
habilitada no sólo a realizar actos de su
capacidad genérica, sino también de su
capacidad específica sin cumplir otro
requisito, en tanto ellos no supongan
permanencia….
• Puede considerarse como “no aislado” la
compra de inmuebles por una sociedad
constituida en el extranjero y su posterior
arrendamiento.
• Si la sociedad extranjera no explicó cuál
fue el motivo de la adquisición del
inmueble, ni dijo si era una mera
inversión, ni si se lo adquiría para una
posterior venta, sino que lo adquirió a los
cinco meses de su formación como
sociedad, ello descarta que la actuación
de dicho ente pueda computarse como
aislado o como una mera inversión
transitoria
• Si a la actuación que le cabe al ente extranjero
por el mero hecho de ser propietaria de un
inmueble se le suma la locación del mismo,
contrato cuya característica es la de “tracto
sucesivo” o de ejecución continuada o periódica,
ello se contrapone a la actuación esporádica
prevista por el tercer párrafo del art.118 de la
Ley 19550, y bajo tal óptica, la ejecución de
tales operaciones inmobiliarias…
implica el mantenimiento de una serie de
relaciones jurídicas en la Argentina, lo cual
constituye razón suficiente para que los terceros
tengan interés en conocer quién realizó el acto,
las cuestiones relevantes del acto constitutivo
de la sociedad, la identificación de sus socios,
administradores o representantes en nuestro
país y dónde notificarla, con la finalidad de
cubrir eventuales responsabilidades
patrimoniales que pudieran generarse de la
actuación de la entidad foránea con relación a
dicho inmueble
• La IGJ es una institución tendiente a
otorgar publicidad a la actividad comercial
desarrollada en cada jurisdicción. Como
organismo integrante del Poder Ejecutivo
Nacional, tiene potestades reglamentarias
delegadas dentro de su competencia, a
tenor de lo expresamente dispuesto por el
artículo 99.2 de la C.N. y del art.21.b) de
la Ley 22315.
• Bajo este concepto la compra de un
inmueble y su arrendamiento, es un acto
de los enumerados en su objeto y
comprendería la capacidad específica y
desde el punto de vista cuantitativo puede
considerárselo como no aislado
• A la actuación que le cabe al ente por el
mero hecho de ser propietario se suma,
para este caso de modo dirimente, la
locación, contrato cuya característica es la
de ejecución continuada
Rolyfar SAc/Confecciones Poza SACIFI
CNC, Sala F, 05/06/03
• Una persona jurídica, en su carácter de
cesionaria del crédito hipotecario de una
sociedad extranjera constituida en las Bahamas
promovió contra el deudor cedido una ejecución
hipotecaria por ante los tribunales civiles de
Capital Federal.
• El deudor cedido invocó -en el marco del juicio
ejecutivo- que el negocio que le dio origen al
crédito reclamado, un mutuo dinerario, no
constituía un acto aislado efectuado por la
original acreedora (la sociedad off shore
Heritage Bank Limited), sino que habida
cuenta de la existencia de otros créditos
de la misma naturaleza otorgados por la
misma entidad extranjera, ésta debió
necesariamente inscribirse en el Registro
Público de Comercio, de conformidad al
art.118 de la LS, por lo que no habiéndolo
hecho, correspondía rechazar la ejecución
• La actora-acreedora (cesionaria del
crédito de la off shore) se opuso con
fundamento en el reconocimiento
efectuado por la deudora en el
instrumento continente del mutuo
hipotecario, en cuanto admitió que se
trataba de un acto aislado efectuado por la
entidad off shore acreedora.
• Invocó además que se trataba de una
defensa improponible en el marco de un
proceso ejecutivo
• Cámara dice: La verdad material se
encuentra por encima de los meros
requisitos formales y la renuncia a ella es
incompatible con el servicio de justicia,
pues nada excusa la indiferencia de los
jueces respecto de la objetiva verdad en la
misión de dar a cada uno lo suyo.
• Si bien la defensa efectuada por la
ejecutada –consistente en la falta de
legitimación de la ejecutante hipotecaria
como cesionaria de una sociedad
extranjera constituida en las Bahamas,
pero sin inscripción en la Argentina y el
carácter no aislado del contrato que se
ejecuta- carece de tratamiento legal
específico en el proceso ejecutivo y no se
encuentra contemplada expresamente por
nuestra ley procesal como oponible en el
juicio ejecutivo, procede subsumirla dentro
de la inhabilidad de título, es decir, debe
incluirse y tratarse dentro del marco de
esta última.
• Sin desconocer que las circunstancias de
tratarse de un banco no excluye que el mutuo
hipotecario sea considerado un acto aislado… si
su actividad habitual la realiza en otro país y no
en la Argentina, las constancias agregadas a las
actuaciones, que revelan la existencia, en el
Registro de la Propiedad Inmueble, de varias
operaciones de mutuos hipotecarios realizados
por el acreedor extranjero, desvirtúan la
afirmación de acto aislado que contiene el título
que se ejecuta.
• Si bien es dificultoso fijar el deslinde entre
la realización de actos aislados y el
ejercicio habitual, ésta es una cuestión de
hecho que depende de cada caso
particular, sin que puedan indicarse
criterios de distinción precisos.
• Es imposible precisar lo que debe
entenderse por actos aislados, resultando
también imposible prever la infinidad de
situaciones factibles de ser así
consideradas, por lo que la ley 19550 no
lo define y no podría llegar a precisarlo,
correspondiendo a la autoridad
administrativa de control o al juez, llegado
el caso, apreciar si el acto es realmente
independiente, particular o accidental.
• Descartada la afirmación de la sociedad
extranjera acreedora de tratarse de un acto
aislado y ante el incumplimiento de los recaudos
que impone el art.118 de la LS por parte de
aquella, corresponde concluir que tal omisión,
que resulta de suma trascendencia por tratarse
de una norma de orden público, priva en
consecuencia a la ejecución hipotecaria
intentada por aquella de tutela judicial en los
términos en que ha sido planteada, pues no
puede ser admitida la vía elegida para
convalidar actos u operaciones fuera del marco
de la ley
• … “Sería un deshonor de la ley, que los
jueces cerrasen sus ojos ante una
conducta fraudulenta y permitieran que
ésta triunfara” (nota al 3136, C.C.).
Rolyfar SAc/Confecciones Poza SACIFI
CSJN 10/08/04
• CSJN deja sin efecto el pronunciamiento
apelado. Adhiere a los fundamentos del
Procurador General.
• La sentencia que rechazó la ejecución
hipotecaria es definitiva ya que dicha pretensión
no puede ser objeto de tratamiento ulterior en
juicio… al decir del 553 del C.Pr. no se podrán
discutir nuevamente las cuestiones de hecho
debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, ni las
interpretaciones legales formuladas en la
sentencia, ni la validez o nulidad del
procedimiento de la ejecución
• Los agravios relativos a los actos aislados,
a la interpretación que el juzgador ha
hecho del art.118 de la LS… no pueden
ser objeto de tratamiento en esta
instancia, puesto que constituyen temas
de derecho común…
• Cabe admitir las quejas referidas a la
prescindencia del texto legal acerca de la
inhabilidad de título, en orden a que el
art.544 del C.Pr.C.y C.N. establece que
esta excepción debe limitarse a las formas
extrínsecas, cosa que no ha ocurrido en
autos…
• …la investigación de la frecuencia con
que el cedente del crédito hipotecario
pudo haber actuado en el país, significó
apartarse del análisis de las formas
extrínsecas, para inmiscuirse en el
examen de la actividad comercial de
aquélla, aspecto que, por tratarse de un
juicio ejecutivo, no correspondía evaluar.
• “… la ejecutada aceptó en la escritura de
hipoteca que se trataba de un acto aislado
de la sociedad acreedora, y que se
realizaron pagos parciales… existiendo..
un pedido de morigeración de los
intereses… procede advertir que si no se
ha negado la existencia de la deuda, la
defensa de inhabilidad de título resulta
inadmisible…
Boskoop SA
18/04/06- CNCom, Sala A
• Boskoop es una sociedad constituida en
Uruguay bajo el régimen de la Ley 11073
(Regula las SAFI –sociedad anónima
financiera de inversión-) cuya actividad
principal es la inversión en el extranjero de
títulos, bonos, acciones, bienes
mobiliarios e inmobiliarios. La ley le
prohibe casi cualquier tipo de actividad
dentro del Uruguay.
• Su único activo en Uruguay está formado por
acciones de otras sociedades de la misma clase
• Boskoop realiza en forma habitual actividad
comercial en nuestro país, en tanto que es
propietaria de un inmueble de gran
envergadura, explotando como playa de
estacionamiento y garaje para el alquiler de
cocheras. Dicha actividad habitual fue realizada
sin inscripción alguna ante la IGJ.
• Sus acreedores plantean la quiebra de
Boskoop en la Argentina.
• Es competente el juez argentino para
declarar la quiebra de una sociedad
constituida e inscripta en el extranjero que
desarrolla una actividad habitual y única
en nuestro país –en el caso explotación
como garage de un importante inmueblesin haber denunciado ni inscripto dicha
actividad comercial ante la IGJ, pues ello
da cuenta del incumplimiento de los
recaudos establecidos por el art.118 de la
ley de sociedades lo que impone que
deba ser juzgada como si se tratase de
una sociedad local, sometida al contralor
de los jueces de esta jurisdicción… debe
considerarse como una sociedad irregular
(art.21, LS)
• Boskoop queda comprendida en el art.124 de la
L.S. que establece que la sociedad constituida
en el extranjero que tenga sede en la Argentina
o su ppal objeto está destinado a cumplirse en
la misma, será considerada como sociedad local
a los efectos de cumplimiento de las
formalidades de constitución o su reforma y
contralor de funcionamiento … deviene
inaplicable la ley del lugar de su constitución…
• La competencia del juez argentino surge
de los tratados internacionales de los
cuales Argentina y Uruguay son partes.
• Por el artículo 5 y el 6 de la CIDIP II de
normas generales la ley extranjera no
resulta aplicable al caso!!! Lo mismo dice
el 14 del C.C.!!!
• Corresponde al juez argentino expedirse
respecto de la declaración de quiebra de
una sociedad constituida e inscripta en el
extranjero que desarrolla una actividad
habitual y única en el país…pues el art.40
del Tratado de Montevideo no da primacía
al domicilio estatutario, sino al lugar donde
el comerciante tiene el asiento principal de
los negocios.
• Trat.Montevideo, art.40 dice que los jueces
competentes para declarar la quiebra son los del
domicilio del comerciante o de la sociedad
mercantil.
• El art.3 define el domicilio comercial como el
lugar en donde el comerciante o la sociedad
comercial tiene el asiento principal de los
negocios, que en este caso no puede ser otro
que en la Argentina donde desarrolla su
actividad comercial.
• Asimismo el art.41 prevé que si el fallido
tiene dos o más casas comerciales
independientes en distintos territorios,
serán competentes para conocer del juicio
de quiebra de cada una de ellas, los
jueces o tribunales de sus respectivos
domicilios…
• Resulta competente la jurisdicción
argentina para decretar la quiebra de una
sociedad constituida e inscripta en el
extranjero… pues tratándose de una
sociedad extranjera “in fraudem legim” es
aplicable la norma de competencia del
art.3 inc.4 de la Ley Concursal…
• Si bien en el marco del derecho privado
las partes pueden, en principio elegir el
derecho y la jurisdicción aplicable, ello no
es así cuando se encuentra en juego
normas de orden público, como la ley
concursal que fija la competencia del juez
falencial y las normas societarias que
requieren la inscripción de sociedades
ante la IGJ
• Del mismo modo, la competencia de los
jueces argentinos es fijada por la norma
de policía de derecho internacional
privado que consagra el art.124 de la LS.
• Según Nissen: “…las sociedades del
art.124…, son sociedades que debieron
ser argentinas, pero que no lo son porque
quienes son sus controlantes, o dueños
exclusivos de su capital accionario,
pretenden actuar desde las sombras y
ocultar su proceder violando expresas
normas de la legislación argentina
Descargar

B IX X XI - Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas