Derecho Constitucional Tributario
Silvia Ysabel Núñez Riva
[email protected]
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Temas a Desarrollar
1)Derecho Constitucional Tributario
2) Potestad Tributaria
3) Principios Constitucionales Tributarios
3.1) Principio de Legalidad
3.2) Principio de Reserva de Ley
3.3) Principio de capacidad contributiva
3.4) Principio de igualdad
3.5) Principio de no confiscatoriedad
3.6) Principio de respeto a los Derechos
Fundamentales
4. Procesos Constitucionales
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1)Derecho
Constitucional
Tributario
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Concepto
• El derecho constitucional tributario es el conjunto
de principios y normas constitucionales que
gobiernan la tributación. Es la parte del derecho
Constitucional que regula el fenómeno financiero
que se produce con motivo de detracciones de
riqueza de los particulares en favor del Estado,
impuestas coactivamente, que hacen a la
subsistencia de éste, que la Constitución organiza, y
al orden, gobierno y permanencia de la sociedad
cuya viabilidad ella procura.
• *Spisso Rodolfo, “Derecho
Depalma, 1991, p.1
Constitucional
Tributario,
Ediciones
4
Concepto
• En la actualidad el derecho constitucional tributario
lo entendemos como “ el conjunto de normas y
principios que surgen de las constituciones y cartas ,
referentes a la delimitación de competencias
tributarias entre distintos centros de poder (nación,
provincias, estados) y a la regulación del poder
tributario frente a los sometidos a él , dando origen
a los derechos y garantías de los particulares,
aspecto, este ultimo, conocido como el de garantías
de los contribuyentes, las cuales representan, desde
la perspectiva estatal, limitaciones constitucionales
del poder tributario *
•
*García Vizcaíno, Catalina. Derecho Tributario Consideraciones económicas y
jurídicas. De palma. Buenos Aires, 1999.Tomo I, P. 219
5
Materias regula DCT
• 1.- Asignación competencias en el ejercicio
Potestad Tributaria.
• 2.-Potestad Tributaria
• 3.- Principios que limitan la PT
• 4.- Garantías que aseguren la efectiva vigencia de
los derechos de los contribuyentes
• El objeto del DCT es disciplinar la soberanía del
Estado, delimitar su contenido y alcance y regular
la potestad tributaria, regular los derechos y
garantías de los contribuyentes.
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DCT
• La institución tributaria, no puede ser
suficientemente comprendida sino es a luz de la
perspectiva constitucional.
• El programa constitucional ilumina y condiciona
de tal manera a las concretas instituciones
jurídicas, que éstas para responder a los criterios
de justicia, no deben estar sólo al servicio de sus
fines y objetivos específicos, sino también al
servicio de los fines y objetivos constitucionales.
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Constitución
• Conjunto de los principios y las normas que de
por sí constituyen un sistema orgánico, por el
cual, estos principios y normas se encuentran
vinculados, de tal manera que no es posible
hacer una interpretación aislada, sino que esta
se debe efectuar de acuerdo al sistema
completo, es decir tomando como base a la
constitución.
• Es justamente en razón de ello que, el tema
tributario se debe explicar partiendo de la
perspectiva constitucional.
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Estado Social y Democratico de D.
• La Constitución ha establecido un modelo de
Estado en el cual la economía no es un fin en sí
mismo, sino un instrumento para la realización de
la persona, ello significa que el respeto de la
persona y de su dignidad no pueden estar en
función de los impactos económicos.
• No obstante, la potestad tributaria que la
Constitución establece al Estado, constituye un
mecanismo mediante el cual se procura la
obtención de ingresos económicos a fin de proveer
a sus ciudadanos las condiciones materiales
mínimas para su desarrollo integral, y a los que
constitucionalmente está obligado.
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Estado Social y Democratico de D.
• Sin embargo dado que la Constitución asume el
modelo de Estado social y democrático de
Derecho, la Potestad Tributaria no es absoluta,
sino que debe ejercerse en función de principios
y límites constitucionales de la PT, y de otro
lado, que
garantizan la
legitimidad
constitucional y la legalidad del ejercicio de la
Potestad Tributaria.
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2) Potestad Tributaria
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Atribución
o
potestad
atribuida por la Constitución a
los diferentes niveles de
gobierno para crear, modificar,
suprimir o exonerar tributos.
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Las potestades Administrativas
STC Español 76/1990
“El Legislador ha de habilitar las
potestades
o los
instrumentos jurídicos que sean necesarios y adecuados
para que, dentro del respeto debido a los principios y
derechos constitucionales, la Administración esté en
condiciones de hacer efectivo el cobro de las deudas
tributarias, sancionando en su caso los incumplimientos de las
obligaciones que correspondan a los contribuyentes o las
infracciones cometidas por quienes están sujetos a las normas
tributarias”
13
13
Titulares del Poder Tributario
Art. 74° Const.
• a) Gobierno Central (Poder Ejecutivo y
Legislativo)
• b) Gobiernos Locales
• c) Gobiernos Regionales
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Gobierno Central
• Poder Ejecutivo
– Tiene competencia exclusiva en la regulación de
los aranceles y tasas.
– No puede utilizar los Decretos de Urgencia para
regular materia tributaria.
• Poder Legislativo
– Tiene competencia para regular los impuestos y
contribuciones.
– No puede aprobar tributos con fines
predeterminados, salvo solicitud del P.
Ejecutivo.
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Límites a la potestad del Gobierno Central
• Los decretos de urgencia y las normas
presupuestarias no pueden contener materia
tributaria.
• No se pueden crear tributos con fines
determinados, salvo solicitud del Poder
Ejecutivo.
• Las leyes tributarias referidas a beneficios,
requieren de previo informe del MEF.
• Reserva de ley absoluta para tratamiento
Especial en un zona del país.
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Gobiernos Locales
• Tienen competencia para crear, modificar y
suprimir contribuciones y tasas dentro de su
jurisdicción territorial.
• Este poder se ejercita dentro de los límites
que establece la Ley. (Ley de Tributación
Municipal).
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Resolución del Tribunal Constitucional
Exp. Nº 00053-2004-AI/TC
“De lo anterior se deduce que la Constitución reconoce
potestad tributaria originaria a los gobiernos locales
para la creación de tasas y contribuciones, siempre que:
a) sea dentro de su jurisdicción; y, b) sea dentro de los
límites que señale la ley.
Esto quiere decir que la Constitución ha dispuesto que sea
por ley como se desarrollen las reglas de contenido material
o de producción jurídica que sirvan para determinar la
validez o invalidez de las normas municipales que crean
tributos. En este caso, dicho contenido se encuentra
previsto en las disposiciones de la Ley de Tributación
Municipal y en la Ley Orgánica de Municipalidades.” 18
Límites a la potestad del Gobierno Local
• Ratificación de la Municipalidad Provincial
(Art. 40° de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N° 27972)
• Ordenanzas sobre arbitrios deben ser
publicados a más tardar el 31 de diciembre
y contar con informe técnico (Art. 69-A de la
Ley de Tributación Municipal)
• Tasas no pueden exceder el costo del
servicio (vinculado al principio de no
confiscatoriedad)
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3) Principios Constitucionales
Tributarios
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• Están consagrados por la Constitución y gozan
de una eficacia principalmente derogatoria de
las leyes que los contradigan.
• Deben ser utilizados como parámetros para
resolver la constitucionalidad de una acción
positiva del legislador.
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• Los
principios
constitucionales
tributarios constituyen directrices
que proveen criterios para el
ejercicio discrecional de la potestad
tributaria.
• Los
principios
constitucionales
tributarios constituyen límites al
ejercicio del poder tributario.
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Principios Constitucionales
Tributarios
• Los principios constitucionales tributarios
constituyen conceptos jurídicos
indeterminados, ya que su contenido no ha sido
delimitado por la Constitución, siendo el
Tribunal Constitucional, como máximo
intérprete de la Constitución, quien debe dar
contenido y alcance a dichos principios.
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Principios recogidos
• Reserva de ley
• Igualdad
• No confiscatoriedad
• Respeto de los derechos fundamentales de la
persona
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3.1. Principio de Legalidad y
Reserva de Ley
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Legalidad – Reserva de Ley
 Hay
quienes señalan que se trata
de lo mismo y otros precisan que
son conceptos diferentes.
 Por ejemplo, el doctor Jorge Danós:
 “..al
respecto, para la mejor
comprensión del principio de legalidad
o de reserva de ley en materia
tributaria...”
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Principio de Legalidad
 El
principio de legalidad excede lo
fiscal, y tiene un alcance amplio, en tanto
constituye una de las
características
propias del Estado de Derecho. Importa
la
subordinación del obrar de la
Administración a la Ley.
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Legalidad
 Consiste
en utilizar el Instrumento
Normativo permitido para la creación,
modificación, derogación o exoneración de
tributos… Esto significa que la Potestad
Tributaria debe ser ejercida por medio de
normas legales previamente aprobadas.
(GARANTÍA FORMAL)
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Origen principio legalidad

Inglaterra, 15 junio 1215,
 La Carta Margna
 El principio de:

“no taxation without representation”
29
STC 0001-2004-AI/TC
 Definición TC:
 El principio de legalidad, en materia tributaria, parte del
aforismo nullum tributum sine lege, que se traduce
como la imposibilidad de requerir el pago de un tributo
si una ley o norma equivalente no la regula
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Reserva de Ley
 Por
este principio, determinados
aspectos esenciales del tributo sólo
pueden ser regulados por la Ley
31
STC N 02302-2003-AA/TC

Definicion:
El principio de reserva de ley significa que
el ámbito de creación, modificación,
derogación o exoneración de tributos se
encuentra reservada para ser actuada
mediante una ley.
 N.º 2302-2003-AA/TC

32
STC 042-2004-AI/TC

Definición: La reserva de ley en materia tributaria
es en principio una reserva relativa. Es posible que
la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente,
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los
parámetros estén claramente establecidos en la
propia Ley o norma con rango de Ley. Para ello, se
debe tomar en cuenta que el grado de concreción de
sus elementos esenciales será máximo cuando
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota;
será menor cuando se trate de otros elementos. En
ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse la
entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para
regular la materia
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 N.42-2004-AI/TC
TC 0042-2004-AI/TC

Dif entre legalidad y Reserva de ley...mientras el
princ. de legalidad implica la subordinación de los
poderes públicos al mandato de la ley, el de
reserva de ley, es un mandato constitucional sobre
aquellas materias que deben ser reguladas por
esta fuente normativa. Así, la potestad tributaria
esta sujeta en principio a la constitución y luego a
la ley, y, además, sólo puede ejercerse a través de
normas con rango de ley, el cual tiene como
fundamento la fórmula histórica "no taxation with
representation", es decir que los tributos sean
establecidos por los representantes de quienes
deben contribuir.
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Potestad Normativa
• Poder Legislativo
– Leyes (impuestos y contribuciones)
• Poder Ejecutivo
– Decreto Legislativo (delegación)
– Decreto Supremo ( tarifa de aranceles y cuantía de
las tasas)
• Gobiernos Locales
– Ordenanzas Municipales
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Alcances de la reserva de Ley
a) Absoluta: cuando todos los elementos del tributo
(sujeto activo, pasivo, supuesto de hecho, base legal y
alícuota) deben estar previstos en la norma
constitucionalmente idónea para la creación del tributo,
no pudiéndose delegar la regulación de alguno de estos
aspectos al Ejecutivo.
b) Relativa: cuando es posible delegar la regulación de
algunos de los elementos del tributo al Ejecutivo para
que en vía reglamento complemente la hipótesis a
través de un decreto supremo o norma de inferior
jerarquía (no estamos ante un supuesto de delegación
del Congreso).
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Aspectos esenciales
• Aquellos que constituyen la estructura nuclear del
tributo.
• Norma IV Título Preliminar CT:
– Hecho generador, base imponible, alícuota,
acreedor tributario, deudor tributario y agentes de
retención o percepción.
• Otros temas:
Exoneraciones, derechos y garantías para el deudor,
infracciones y sanciones, modos de extinción de la
deuda tributaria.
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3.2. Principio de capacidad
contributiva
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Concepto
• Conocida también como capacidad económica de la
obligación, consiste como dice Francisco Ruiz de
Castilla “en la aptitud económica que tienen las
personas y empresas para asumir cargas
tributarias”[1], tomando en cuenta la riqueza que
dicho sujeto ostenta. Impone también respetar
niveles económicos mínimos, calificar como
hipótesis de incidencia circunstancias adecuadas y
cuantificar las obligaciones tributarias sin exceder la
capacidad de pago.
[1] Ruiz de Castilla, Francisco, “Capacidad Contributiva y Capacidad de Pago”
Ponencia en VII Tributa 2001, p.91. Cusco noviembre 2001
39
Tipos de Capacidad Contributiva
•
•
•
Absoluta: aptitud abstracta que tienen determinadas personas para
concurrir a los tributos creados por el estado en ejercicio de su potestad
tributaria. Este tipo de capacidad contributiva se toma en cuenta en el
momento en el que el legislador delimita los presupuestos de hecho de la
norma tributaria.
Relativa: Es aquella que orienta la determinación de la carga tributaria en
forma concreta. Este tipo de capacidad contributiva, permite fijar cuales
son los elementos de la cuantificación de la deuda tributaria.
La persona que esta apta económicamente para pagar impuestos debe
contribuir, el que tiene riqueza solo para cubrir sus necesidades vitales y
las de su familia, carece de capacidad contributiva, por el contrario, la
existencia de grandes utilidades constituye evidencia de capacidad
contributiva, por ejemplo.
40
STC 0053-2004-AI/TC
 El principio de capacidad contributiva es un principio
constitucional exigible, no es indispensable que se encuentre
expresamente consagrado en el artículo 74º de la “C”, pues
su fundamento y rango constitucional es implícito en la
medida que constituye la base para la determinación de la
cantidad individual con que cada sujeto puede/debe en
mayor o menor medida, contribuir a financiar el gasto
público; su exigencia no sólo sirve de contrapeso o piso para
evaluar una eventual confiscatoriedad, sino que también se
encuentra unimismado con el propio principio de igualdad
(FJ VIII. B. 1).
41
STC N.° 0033-2004-AI/TC
• Es así que el Tribunal Constitucional, precisó
que la capacidad contributiva es un principio
implícito de la tributación y que tiene un
nexo indisoluble con el hecho
sometido
a
la
imposición,
configurando
el
presupuesto
legitimador para establecer tributos.
42
Calculo de la cc
• Para calcular la capacidad contributiva el
legislador toma como índice los ingresos, rentas,
incrementos
patrimoniales
debidamente
comprobados de la totalidad o de una parte
constitutiva del patrimonio del sujeto deudor
tributario, también la producción de bienes,
venta de bienes, consumo de bienes o servicios
hace presumir un nivel de riqueza como índice
de capacidad contributiva.
43
STC 0053-2004-AI/TC
• Aún cuando en el caso de las tasas (arbitrios) su cobro no se derive
directamente del principio de capacidad contributiva, dependiendo de
las circunstancias sociales y económicas de cada municipio,
excepcionalmente puede invocarse este principio con fundamento en el
"principio de solidaridad", siempre que se demuestre que se logra un
mejor acercamiento el principio de equidad en la distribución (FJ VII.
B.3).
• …resulta que a veces en zonas de mayor delincuencia –por
consiguiente, con mayor despliegue de servicio municipal–, reside la
población con menores recursos, la cual, probablemente, si únicamente
nos referimos a la contraprestación efectiva, deba pagar un mayor
arbitrio que aquellos contribuyentes con mayor capacidad económica.
En muchos casos, este monto exigible incluso coactivamente, resulta
excesivo para la reducida capacidad de pago de estas personas.
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3.3. Principio de igualdad
45
Principio de Igualdad
• Criterio central en materia de distribución
de la carga tributaria, supone que el
reparto de los tributos se haga tratando por
igual a los contribuyentes. (Sainz de
Bujanda).
• Conlleva dar un tratamiento igual a los
iguales y desigual a los desiguales.
46
Igualdad en la Ley
• Significa que la norma no puede
diferenciar entre los sujetos
pasivos del tributo
47
Igualdad en la Ley
• Se debe tratar igual a los iguales y
desigual a los desiguales, en función a su
capacidad contributiva.
• Este aspecto permite al legislador poder
otorgar exoneraciones
48
Igualdad ante la Ley
• Así
pues,
implica
que
la
Administración
no puede hacer
distinciones entre los sujetos
respecto de la ley, Ejemplo no se
puede cobrar a una persona si y a
otra no.
• Ante la Ley se tiene que cobrar a
todos por igual.
49
Principio de Igualdad
• Algunos autores consideran que el principio
de igualdad tiene dos aspectos, aunque
diversos autores separan estos aspectos como
principios por separado, como es el caso del
principio de generalidad y el principio de
uniformidad; igual desarrollemos cada uno de
ellos:
50
Principio de Igualdad
• Igualdad ante la ley: no se puede otorgar privilegios
personales en materia tributaria. La administración
no puede tratar a unos de una manera y a otros de
otra manera. Todos deben ser tratados por igual ante
la administración.
• Igualdad en la ley (conocido también como el
PRINCIPIO DE GENERALIDAD) : consiste en que la
norma tributaria debe aplicarse a todos los que
cumplan con la hipótesis de incidencia tributaria
especificada en la norma; es decir, a los que realizan
el hecho generador.
51
Igualdad en la Ley
• Este principio podría verse violado si se establecen
exoneraciones, beneficios o incentivos tributarios en
forma arbitraria, desproporcionada e indiscriminada,
pero ello no es así cuando las exoneraciones, beneficios
o incentivos tienen una causa justa como es el orden
social, o el incentivo de actividades que generarían
provecho a la sociedad.
• En relación al principio de generalidad recordemos
que la Comisión de Bases de Reforma de la
Constitución, en la publicación efectuada en el diario
oficial el Peruano del 26.07.2001 diferencia el
principio de igualdad del principio de generalidad,
indicando que “el principio de igualdad garantiza igual
trato para quienes se
encuentren en situación
económica o capacidad contributiva similar.
52
STC 7289-2005-PA/TC
• “..la igualdad garantiza que nadie pueda ser objeto
de tratamientos diferenciados que carezcan de base
objetiva y no sean razonables. …..” en la medida en
que todos los DDFF y, entre ellos, el de igualdad,
vinculan a todos los poderes públicos, el derecho
reconocido en el artículo 2.2 de la “C” no solo es
oponible al legislador y, en ese sentido, no puede
entenderse como que con él solo se limita al
legislador, prohibiéndole que realice tratamientos
diferenciados
carentes
de
razonabilidad
y
proporcionalidad. En efecto, más que de una
igualdad ante la ley o igualdad en la ley, en
realidad, el 2.2. reconoce el derecho de
"igualdad jurídica".
53
STC 0001-2004-AI/TC
• El principio de igualdad, en materia
tributaria,
se
encuentra
íntimamente
vinculado a la capacidad contributiva,
garantizando que la carga tributaria sea
directamente proporcional a la capacidad
económica de los contribuyentes (FJ 49).
• ¿en nuestro país se cumple? IGV
• http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/000
01-2004-AI2000002-2004-AI.html
54
STC 5970-2006-PA/TC
El TC ha señalado que el derecho a la igualdad tiene dos
facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley.
• La igualdad ante la ley, quiere decir que la norma debe
ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la
situación descrita en el supuesto de la norma.
• La igualdad en la Ley implica que un mismo órgano no
puede modificar arbitrariamente el sentido de sus
decisiones en casos sustancialmente iguales, y que
cuando el órgano en cuestión considere que debe
apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello
una fundamentación suficiente y razonable
55
STC 0048-2004-PI/TC
 TC considera que la igualdad, además de ser un derecho
fundamental, es también un principio rector de la
organización del Estado Social y Democrático de
Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Asi,
considera que no toda desigualdad constituye
necesariamente una discriminación, pues no se
proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio
de los DDFF; la igualdad solamente será vulnerada
cuando el trato desigual carezca de una justificación
objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de
igualdad no excluye el tratamiento desigual; por ello, no
se vulnera el principio cuando se establece una
diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases
objetivas y razonables.
56
STC 5970-2006-PA/TC
• El TC considera imperativo que el aplicador del derecho
no olvide que la búsqueda de una sociedad más
equitativa –ideal al que no es ajeno el Estado peruanose logra justamente utilizando diversos mecanismos,
entre los cuales la tributación juega un rol
preponderante y esencial, pues a través de ella cada
ciudadano, respondiendo a su capacidad contributiva,
aporta parte de su riqueza para ser redistribuida en
mejores servicios; de ahí que quienes ostentan la
potestad tributaria, deban llamar al ciudadano a
contribuir con el sostenimiento de los gastos estatales
sin distinción ni privilegios; siendo este, prima facie, el
trasfondo del principio de igualdad en la tributación.
57
• ISC aplicable a los cigarrillos
Resolución de 19 de junio de 2001, Exp. 1311-2000AA/TC.
“El Tribunal Constitucional considera que es obvio
(...) el hecho de que al trasladarse a los
compradores o consumidores, el monto del ISC a los
cigarrillos tipo “Premium” que se comercializan en
más de tres países, ocurrirá una contracción en la
demanda de tales cigarrillos, lo que no ocurrirá con
los cigarrillos que se comercializan en menos de tres
países, que sólo pagan la mitad o la cuarta parte del
impuesto (...) en consecuencia, el nuevo Apéndice
IV, en cuanto se refiere a cigarrillos (...) es
discriminatoria y viola el principio de igualdad
tributaria plasmada en el art. 74° de la Constitución
58
(...).”
3.4. Principio de no
confiscatoriedad
59
Principio de No Confiscatoriedad
-
Debe existir una exacción razonable de
acuerdo a la capacidad de pago de cada
contribuyente.
Este principio está vinculado al principio de
igualdad y al derecho de propiedad.
La carga de la prueba está a cargo de quien
alega el efecto confiscatorio de un tributo.
60
Principio de No Confiscatoriedad
• Refuerza la garantía de la propiedad como
límite al poder impositivo estatal.
• Este principio protege la propiedad tanto en
sentido subjetivo, previniendo que una ley
tributaria pueda afectar gravemente la
esfera patrimonial de los particulares, como
en sentido objetivo, garantizando el sistema
económico y social plasmado en la
Constitución.
61
Principio de No Confiscatoriedad
“…informa y limita el ejercicio de la potestad
tributaria estatal, garantizando que la ley tributaria
no afecte irrazonable y desproporcionadamente la
esfera patrimonial de las personas.
• (…)
Es un límite que la Constitución impone a los
órganos que ejercen la potestad tributaria al
momento de fijar la base imponible y la tasa del
tributo, ya que supone la necesidad de que, al
momento de establecerse o crearse un tributo, con
su correspondiente tasa, el órgano con capacidad
para ejercer dicha potestad respete exigencias
mínimas derivadas de los principios de razonabilidad
y proporcionalidad.
62
No Confiscatoriedad
 Según el artículo 74 de la Constitución, ningún tributo
puede tener carácter confiscatorio.
 Dicho principio se caracteriza, según Danós Ordoñez,
porque protege la propiedad tanto en sentido
subjetivo, previniendo que una ley tributaria pueda
afectar gravemente la esfera patrimonial de los
particulares, como en sentido objetivo, garantizando
el sistema económico y social plasmado en la
Constitución. El TC en su STC 2727-2002-AA/TC, ha
establecido que el Principio de No Confiscatoriedad
constituye un principio estructural de la “Constitución
tributaria”.DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. “El Régimen
Tributario en la Constitución: Estudio Preliminar”.
63
Principio de No Confiscatoriedad
• Hay dos tipos de Confiscatoriedad:
1. Confiscatoriedad cualitativa.
Se produce por la violación de cualquiera de los
principios constitucionales antes mencionados,
sin importar cual es la cuantía de la carga
tributaria. (vicios en la producción normativa).
En estos casos el efecto es que no se pueda
cobrar el tributo.
64
Principio de No Confiscatoriedad
• 2. Confiscatoriedad cuantitativa.
Se produce por la excesiva carga tributaria que
soporta el contribuyente. (cuantía
irrazonable). El efecto es que el tributo no
resulta exigible en cuanto al exceso de la
razonable contribución.
65
• Sentencia del TC (Exp. 680-96-AA/TC)
– “En materia de Impuesto a la Renta, el legislador se
encuentra obligado a respetar y garantizar la
intangibilidad del capital – o los activos netos, como los
define nuestra legislación – lo que no ocurre si el
Impuesto absorbe una parte sustancial de ellas, de la
que potencialmente hubiera devengado de una
explotación racional de la fuente productora del rédito, o
si se afecta la fuente productora de la renta, en cualquier
cuantum”.
– “El Impuesto no puede tener como elemento base de la
imposición una circunstancia que no sea reveladora de
capacidad económica o contributiva, que en el caso del
Impuesto Mínimo no se ha respetado”.
66
El Principio de No Confiscatoriedad
“(…)
es
preciso
distinguir
la
eventual
inconstitucionalidad de un tributo en atención a su
incidencia concreta respecto a las circunstancias
particulares en las que se encuentre cada uno de los
obligados a sufragarlo, y la inconstitucionalidad en la
que pueda incurrir la ley que lo regula, la cual sólo
podría ser determinada, en sentido abstracto,
analizando los elementos constitutivos del tributo, y
particularmente la materia imponible y la alícuota, cuyos
contenidos o dimensiones podrían ser muestras
evidentes de un exceso de poder tributario”
STC N° 0004-2004-AI/TC y acumulados
67
El Principio de No Confiscatoriedad
• Se establece que en los casos que se alegue
confiscatoriedad, es necesario que la misma se
encuentre plena y fehacientemente demostrada, de lo
contrario, corresponderá atender estas pretensiones
en otra vía, donde sí puedan actuarse otros medios de
prueba y proceda la intervención de peritos
independientes que certifiquen las afectaciones
patrimoniales a causa de impuestos.
• STC Nº 4227-2005-AA/TC (Amparo contra Sunat, MEF y TF):
68
No Confiscatoriedad
• La Doctrina tributaria peruana en relación con
el principio de no confiscatoriedad
ha
sostenido que existe confiscatoriedad tributaria
cuando el Estado se apropia de los bienes de
los contribuyentes, al aplicar una disposición
tributaria en la que el monto llega a extremos
insoportables por lo exagerado de su quantum,
desbordando así la capacidad contributiva de la
persona y vulnerando por esa vía la propiedad
privada.
69
No Confiscatoriedad
• Se entiende que es confiscatorio lo que
excede el límite que razonablemente
puede admitirse como posible de un
régimen democrático de gobierno que ha
organizado la propiedad con límites
infranqueables,
que
excluyen
la
confiscación de la propiedad privada, ni
por vía directa ni valiéndose de los
impuestos.
70
No Confiscatoriedad
• Existe acuerdo en que un tributo es
confiscatorio si el monto de su
alícuota es irrazonable, y también hay
consenso en que se va más allá de la
razonabilidad cuando el tributo
absorbe parte sustancial de la renta o
del capital.
71
STC
• El Tribunal Constitucional establece los
alcances
del
principio
de
No
Confiscatoriedad en
varias de sus
Sentencias.
• El principio de no confiscatoriedad informa y
limita el ejercicio de la potestad tributaria
estatal, garantizando que la ley tributaria no
afecte irrazonable y desproporcionadamente
la esfera patrimonial de las personas (STC
001-2004-AI/TC y 002-2004-AI/TC).
72
STC
 Este principio tiene una faceta institucional, toda
vez que asegura que ciertas instituciones que
conforman
nuestra
Constitución
económica
(pluralismo económico, propiedad, empresa,
ahorro, entre otras), no resulten suprimidas o
vaciadas de contenido cuando el Estado ejercite su
potestad tributaria
 STC 001-2004-AI/TC y 002-2004-AI/TC.

73
STC
 Se transgrede el principio de no
confiscatoriedad de los tributos cada vez
que un tributo excede el límite que
razonablemente puede admitirse como
justificado en un régimen en el que se ha
garantizado constitucionalmente el derecho
subjetivo a la propiedad y que, además ha
considerado a ésta como uno de los
componentes básicos y esenciales de
nuestro modelo de constitución económica
 STC 001-2004-AI/TC y 002-2004-AI/TC
74
STC
• En cuanto a los elementos del tributo sobre los que
opera el principio de no confiscatoriedad, se tiene
que dicho principio es un parámetro de observancia
que la C impone a los órganos que ejercen la
potestad tributaria al momento de fijar la base
imponible y la tasa del impuesto.
• Este supone la necesidad de que, al momento de
establecerse o crearse un impuesto, con su
correspondiente tasa, el órgano con capacidad para
ejercer dicha potestad respete lo establecido en el
artículo 74 de la C, lo que conlleva al uso de
fórmulas razonables y proporcionales a los
objetivos que se pretende conseguir
• STC 2727-2002-AA/TC.
75
STC
 1.En el plano normativo, se evalúa la ley que
regula el tributo, en sentido abstracto,
analizando los elementos constitutivos del
tributo, y particularmente la materia imponible
y la alícuota, cuyos contenidos o dimensiones
podrían ser muestras evidentes de un exceso
de poder tributario.
 STC 004-2004-AI/TC, FJ 5.
76
STC
 2.En el plano aplicativo, se atiende a la incidencia
concreta de la ley que regula un tributo “respecto a
las circunstancias particulares en las que se
encuentre cada uno de los obligados a sufragarlo”,
analizando determinados casos concretos, motivo
por el cual los jueces ordinarios se encuentran en
la plena facultad de inaplicar el ITF en los casos
específicos que puedan ser sometidos a su
conocimiento, cuando sea reconocible el efecto
confiscatorio del impuesto a la luz de la capacidad
económica de los sujetos afectados .
 STC 004-2004-AI/TC, FJ 5.
77
Contenido principio No Consfiscatoriedad
• Este principio informa y limita el ejercicio de la
potestad tributaria estatal, garantizando que la
ley afecte razonable y proporcionalmente la
esfera patrimonial de los contribuyentes.
Asimismo, asegura que ciertas instituciones de
nuestra Constitución (pluralismo económico,
propiedad, empresa, ahorro, entre otras)
económica no queden vaciadas de contenido.
Caso ITF
• STC 0004-2004-AI/TC
78
Aplicación
• Este principio (No Confiscatoriedad) es un
concepto jurídico indeterminado; por ello, su
contenido constitucionalmente protegido
sólo
puede
ser
determinado
casuísticamente, considerando la clase de
tributo y las circunstancias concretas de los
contribuyentes.
• STC 0004-2004-AI/TC
79
Aspectos
• Se precisa que el principio de confiscatoriedad
posee dos aspectos:
• i) cuantitativo y (criterio costo)
• ii) cualitativo. (respeto PC)
• El primer aspecto se verifica con un informe
económico - financiero que sustente el coste y el
uso de criterios válidos para la distribución de
arbitrios. El segundo aspecto se respeta cuando la
PT ha sido ejercida bajo los principios tributarios
constitucionales.
• STC 0041-2004-AI/TC
80
STC 04734-2006-AA/TC
• El Tribunal Considera que respecto al impuesto a
la renta el legislador está en la obligación de
establecer el hecho imponible respetando y
garantizando la intangibilidad del capital, lo que
no ocurre si el impuesto absorbe una parte
sustancial de la renta o si afecta la fuente
productora de esta.
81
IEAN
• Se considera que el Impuesto Extraordinario a los
Activos Netos - IEAN no es inconstitucional en si
mismo, puesto que no es irrazonable ni
desproporcionado que el legislador, al momento
de fijar la base imponible, haya tomado como
manifestación de capacidad contributiva los
activos netos de perceptores de rentas de tercera
categoría.
En
consecuencia,
dadas
las
características de la base imponible del IEAN y el
carácter temporal con el que ha sido previsto, no
contraviene, a juicio del TC, el contenido esencial
del derecho de propiedad ni tampoco el principio
constitucional de no confiscatoriedad.
• STC Exp 3591-2004-AA/TC
82
STC Exp 5221-2006-PA/TC
• Al respecto, en anterior oportunidad este
Colegiado se ha pronunciado con relación al
principio de no confiscatoriedad, señalando que
“(...)es un concepto jurídico indeterminado; por
ello, su contenido constitucionalmente protegido
sólo puede ser determinado casuísticamente,
considerando la clase de tributo y las
circunstancias concretas de los contribuyentes”.
[STC 004-2004-AI/TC (acumulados)]
83
Procedencia de medios probatorios
• “(...) para acreditar la confiscatoriedad en cada caso, es
necesario probar la afectación real al patrimonio. Si bien es
cierto que el artículo 9 del CPC ha establecido la
inexistencia, en los procesos constitucionales, de una etapa
probatoria, también prevé la procedencia de medios
probatorios que no requieran de actuación y a los que el
juez considere indispensables, pero siempre que ello no
afecte la duración del proceso.
• No obstante, en los casos que se alegue confiscatoriedad,
es necesario que la misma se encuentre plena y
fehacientemente demostrada (...)”.
• STC 2302-2003-AA/TC
84
3.5.Principio de Respeto a los
Derechos Fundamentales
85
Respeto a los Derechos
Fundamentales
•
•
•
•
•
•
•
•
Derecho a la intimidad personal y familiar.
Secreto bancario y reserva tributaria.
Derecho a la inviolabilidad de domicilio.
Derecho a la libertad de residencia y tránsito.
Derecho a la propiedad.
Derecho a la libertad de empresa.
Derecho a la libre iniciativa privada.
Derecho a la observancia del debido proceso y tutela
jurisdiccional.
86
Comisión de Bases de Reforma de la Constitución
• Límites al Ejercicio de la Potestad Tributaria.
• La Potestad Tributaria, para ser legítima tiene que
ser ejercida respetando los DDFF de las personas,
(principio de legitimidad) lo cual se garantiza
mediante la incorporación de
principios de
observancia obligatoria. Se sugiere los siguientes
principios:
• Legalidad; Igualdad; Generalidad; No
Confiscatoriedad
87
Principio Respeto a los DDFF
 El respeto a los derechos fundamentales que se enumeran
en el artículo 2 de la C, constituye un precepto que por
mandato expreso de la C se debe observar, al igual que la
cc, que también constituye un principio implícito a ser
tenido en cuenta por el Estado al ejercer su potestad
tributaria.
 Derecho a la intimidad personal y familiar, secreto bancario
y la reserva tributaria, secreto profesional, derecho a la
libertad de residencia y de tránsito, derecho a la libertad de
asociación, derecho de propiedad, derecho al secreto y a la
inviolabilidad de los documentos privados, entre otros
derechos.
88
Principio Respeto a los DDFF
• Cabe señalar, que la enumeración de los
derechos fundamentales que contiene el artículo
2 de la C, no excluye los demás derechos que la C
garantiza, ni otros de naturaleza análoga que se
fundan en la dignidad del hombre o en los
principios de soberanía del pueblo, conforme
con lo señalado por el artículo 3 de la
Constitución.
89
DDFF
• El recurrente interpone demanda de amparo
contra el Auditor de la Intendencia Nacional
de AT solicitando que se declare inaplicables
los literales c) y d) del num 2 y el tercer punto
del num 4) del Requerimiento 00167961,
emitido en la Orden de Fiscalización
040073063790, por vulnerar sus derechos a
la intimidad, a la tranquilidad y a la legítima
defensa.
• STC 04168-2006-PA/TC Vulneracion DDFF
Intimidad
90
DDFF
• Manifiesta que la AT le requiere que detalle sus gastos personales
identificando dichos gastos con cargos o egresos en sus cuentas
bancarias y manifestar con carácter de declaración jurada si en los
ejercicios bajo revisión realizó viajes al exterior, solo o acompañado,
debiendo identificar a la persona con la que viajó, fecha de salida y
retorno, motivos del viaje y el monto gastado por cada vez que
viajó. Asimismo, le intima a que proporcione documentación
sustentatoria de los consumos personales y familiares en
alimentación, vestido, mantenimiento de casa de habitación y
vehículos, servicios públicos, educación, diversión, recreación y
otros.
• STC 04168-2006-PA/TC
91
STC 04168-2006-PA/TC Ver STC:
• El 2 Juzgado del Módulo Corporativo Civil de
Chiclayo, con fecha 5.12.2005, declara improcedente
la demanda en aplicación del artículo 5.2 del CPC,
considerando que el CT prevé mecanismos
pertinentes para cuestionar los actos administrativos
en sede judicial.
• La recurrida confirma la apelada por los mismos
argumentos,
adicionando
que
el
propio
requerimiento de la AT le permite al demandante
sustituir alternativamente los documentos solicitados
por una declaración jurada.
• RAC interpuesto contra la sentencia expedida por la
Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior
de Justicia de Lambayeque, de fojas 145, su fecha
26.01.2006, que declara improcedente la demanda.
• RAC Art, 4 CPC
92
TC:
• Las instancias precedentes han declarado la improcedencia de la
demanda en aplicación del artículo 5.2 del CPC. No obstante, en vista de
la especial configuración del caso, que de suyo supone que se delinee los
contornos del derecho fundamental a la intimidad frente a la facultad de
fiscalización de la SUNAT, el TC considera en que la jurisdicción
constitucional resulta ser la vía idónea para analizar el caso.
• Solo en los casos en que las vías ordinarias no sean idóneas,
satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad
de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser
analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía
extraordinaria del amparo”. De esta forma el juzgador podrá determinar
si, a la luz de los hechos, se evidencia por lo menos de manera
preliminar la necesidad de una tutela de urgencia; o, por el contrario, si
es que el caso podría ventilarse en otro proceso obteniendo símiles
resultados. De lo actuado se evidencia que el caso materia de discusión
está íntimamente ligado con derechos y principios de naturaleza
constitucional razón por la cual merece ser ventilado en la vía
extraordinaria del amparo.
93
Delimitación del Petitorio
• El objeto de la demanda es que se deje sin efecto los literales c) y d) del
punto 4 y el tercer punto del num. 4 de la hoja anexa al requerimiento
00167961, emitido en la orden de fiscalización 040073063790. Esto es
que se deje sin efecto la exigencia realizada al actor de presentar
documentos en los que:
• i) detalle los gastos personales realizados, identificando cada uno de los
cargos o egresos de sus cuentas bancarias;
• ii) manifieste, con carácter de DDJJ, si en los ejercicios 2000, 2001 y 2002
efectuó viajes al exterior, indicando el país o países de destino, si ha
viajado solo o acompañado (de ser este último el caso deberá identificar
la identidad y relación que guarda con la persona que lo acompañó),
informando las fechas de salida y de retorno, tiempo de estadía en el
exterior y el monto de dinero gastado en cada viaje; y,
• iii) proporcione documentación sustentatoria detallada de los consumos
personales y/o familiares de alimentación, vestido, mantenimiento de
casa y vehículos, servicios públicos, educación, diversión, recreación y
otros consumos debidamente sustentados.
94
Intimidad
• la intimidad es una manifestación de la vida privada, que
tiene parte de su concreción de carácter económico en el
secreto bancario y la reserva tributaria. En este caso, se
cuestiona la intervención de la AT en ámbitos que
supuestamente no tendrían relevancia tributaria, por lo
que se estaría vulnerando la intimidad del recurrente. El
derecho a la intimidad reconocido en el artículo 2, inciso 7,
implica: “(...) la posibilidad de excluir a los demás en la
medida que protege un ámbito estrictamente personal, y
que, como tal, resulta indispensable para la realización del
ser humano, a través del libre desarrollo de su
personalidad, de conformidad con el artículo 2° inciso 1 de
la C. De esta manera, no sólo se hace hincapié en un
ámbito negativo de su configuración, sino también en el
positivo” [STC 6712-2005-HC/TC, fundamento 38].
95
STC 04168-2006-PA/TC
• El TC señala que los derechos no son absolutos, que la
finalidad de la AT es legítima, al tratar de establecer si esta
frente a un desbalance patrimonial, sin embargo, el
requerimiento hecho al contribuyente para que indique la
persona con quien viajo, resulta desproporcionado en la
medida que no aporta datos para dicho desbalance, salvo
que se trate de una persona dependiente
económicamente, por lo que la AT por no motivar
adecuadamente su requerimiento, ha afectado el derecho
a la intimidad.
• Declarar FUNDADA en parte la demanda, en lo que se
refiere al punto ii) del fundamento 4 de la presente
sentencia, relativo al requerimiento hecho por la SUNAT al
actor para que identifique a la persona con que efectuó el
viaje referido.
96
DDFF y PJ
• cuando la C reconoce los DDFF, lo hace pensando en
la persona humana, esto es, en el ser humano física y
moralmente individualizado. Hacia él se encuentran
canalizados los diversos atributos, facultades y
libertades y, por tanto, es él quien primordialmente
puede invocar su respeto y protección a título
subjetivo.
• Respecto del reconocimiento de derechos
constitucionales a favor de las personas jurídicas, el
TC en STC 4972-2006-PA/TC ha señalado que ello es
constitucionalmente legítimo, siendo que los
derechos objeto de invocación sólo pueden ser
aquellos compatibles con la naturaleza o
características de cada organización de individuos,
incidencia que impone en el juez constitucional el rol
de merituador, según las particularidades del caso.
97
Los derechos invocables por las personas jurídicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TC: desde una perspectiva simplemente enunciativa, los siguientes:
El derecho a la igualdad ante la ley (Artículos 2, incisos 2, 60, 63)
Las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. El derecho a fundar medios
de comunicación (Artículo 2, inciso 4)
El derecho de acceso a la información pública (Artículo 2, inciso 5)
El derecho al secreto bancario y la reserva tributaria (Artículo 2, inciso 5, párrafo segundo)
La inviolabilidad de domicilio (Artículo 2, inciso 9)
El secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados (Artículo 2, inciso 10)
La libertad de residencia (Artículo 2, inciso 11)
El derecho de reunión (Artículo 2, inciso 12)
El derecho de asociación (Artículo 2, inciso 13)
La libertad de contratación (Artículo 2, inciso 14)
La libertad de trabajo (Artículo 2, inciso 15, y Artículo 59)
El derecho de propiedad (Artículo 2, inciso 16)
El derecho a la participación en la vida de la nación (Artículo 2, inciso 17)
El derecho de petición (Artículo 2, inciso 20)
El derecho a la inafectación de todo impuesto que afecte bienes, actividades o servicios propios en el
caso de las universidades, institutos superiores y demás centros educativos (Artículo 19)
La libertad de iniciativa privada (Artículo 58)
La libertad de empresa, comercio e industria (Artículo 59)
La libre competencia (Artículo 61)
La prohibición de confiscatoriedad tributaria (Artículo 74)
El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional (Artículo 139°, inciso 3)
98
STC EXP. 081-2008-PA/TC
• Que con fecha 11.09.2007, la parte demandante (PJ)
solicita la suspensión del procedimiento de
fiscalización y la nulidad de todo lo actuado en el
procedimiento, toda vez que la AT ha vulnerado su
derecho al debido proceso al extender ilegítimamente
el plazo en que ha sido fiscalizada.
• Que la sunat sostiene que la causa no puede ser
ventilada en esta vía por existir una específica, vale
decir, el procedimiento contencioso-tributario.
Asimismo, señala que, estando a que la deuda no se
encuentra prescrita de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 43º del CT, no está impedida de proseguir con
sus facultades de fiscalización.
• (No habia plazo señalado como ahora)
99
STC EXP. 081-2008-PA/TC
• ”. “Que sin perjuicio de que el petitum devenga en
improcedente, este TC no comparte lo esgrimido
por la AT en el sentido de que la discrecionalidad
con la que ejerce la facultad de fiscalización de
acuerdo con la disposición legal vigente al
momento de los hechos, está permitida siempre
que la deuda no se encuentre prescrita según el
artículo 43 del Código Tributario. Evidentemente,
tal facultad no puede ser ejercida de manera
irrazonable desconociendo principios y valores
constitucionales, ni al margen del respeto de los
DDFF de los contribuyentes, pues se negaría la
esencia propia del Estado Constitucional, que se
caracteriza, precisamente, por limitar y controlar el
ejercicio arbitrario del poder del Estado
100
STC EXP. 081-2008-PA/TC
• TC: Que en principio, la vía indicada para cuestionar
las afectaciones al debido procedimiento al interior
de un procedimiento de fiscalización es la queja,
remedio procedimental previsto en el artículo 155º
del CT a través del cual es posible encauzar la
actuación de los funcionarios de la administración
siempre que el citado procedimiento aún no haya
concluido, criterio recogido por la RTF 4187-3-2004,
la cual ha sido emitida con carácter de JOO.
• Debido a que los citados procedimientos han
concluido y se han emitido una serie de valores, la
demandante tiene expedito el derecho a
impugnarlos a través de los recursos previstos en
Libro III del CT, no siendo el proceso de amparo la vía
pertinente para dilucidar la presente controversia.
101
STC EXP. 04575-2006-PA/TC
• El recurrente pretende que se deje sin efecto el
embargo en forma de retención trabada sobre
su cuenta de ahorros N.º xx BCPerú. Afirma que
se ha vulnerado su derecho constitucional a
una remuneración equitativa y suficiente
(artículo 24°), al habérsele trabado embargo
sobre su cuenta de ahorros, en la cual se
depositan sus remuneraciones.
102
STC EXP. 04575-2006-PA/TC
• TC: cabe determinar si el monto embargado vulnera
el derecho a una remuneración equitativa y
suficiente del demandante. Sobre el particular, debe
tenerse presente que mediante la REC xx el Ejecutor
Coactivo de la Intendencia Regional de Ica ordenó al
BCP el embargo en forma de retención sobre sus
cuentas bancarias por el importe de S/. 2,412.00
contra el recurrente. El demandante solicitó que se
suspendiera la medida cautelar de embargo en
forma de retención, alegando que el embargo había
afectado su cuenta, en la que sólo le depositan sus
remuneraciones.
103
STC EXP. N.º 04575-2006-PA/TC
• “El Ejecutor Coactivo teniendo en cuenta los
argumentos aducidos en la solicitud del
demandante, emitió la REC que resuelve: precisar
que la medida cautelar de embargo en forma de
retención bancaria electrónica sólo afecta a los
montos distintos al pago de haberes debiendo
dejarse dichos montos (haberes) a libre disposición
del ejecutado. Asimismo, en mérito a lo informado
donde se comunica que el BCP ha retenido la suma
de S/. 962.00 de conformidad al artículo 9º de la RS
201-2004/SUNAT se ordena a la empresa del sistema
financiero entregar en el plazo máximo de 5 días
mediante cheque de gerencia o certificado.
104
STC EXP. N.º 04575-2006-PA/TC
• Debemos analizar, en consecuencia, si el embargo de S/. 962.00,
entregado mediante cheque a la Sunat ha vulnerado el derecho a una
remuneración equitativa y suficiente del demandante.
• Al respecto, debemos señalar que del voucher de la cta de ahorros XX
del BCP, se aprecia que al demandante se le ha depositado la suma de
S/. 962.27 por concepto de operaciones varias, y no por concepto de
remuneraciones, por lo que no resulta aplicable el artículo 648, inciso
6), del Código Procesal Civil.
• Sin embargo, también debemos señalar que con la liquidación obrante a
fojas 43, se demuestra que la suma de S/. 962.00 fue depositada como
concepto de CTS, por lo que resulta aplicable el artículo 38 del DS 00197-TR, que establece que los depósitos de la CTS, incluidos sus
intereses, son intangibles e inembargables, salvo por alimentos y hasta
por el 50%, supuesto que no sucede en el caso de autos.
105
STC EXP. N.º 04575-2006-PA/TC
• En consecuencia, al haberse embargado la CTS se ha
vulnerado el derecho a una remuneración equitativa y
suficiente del demandante, por lo que, de acuerdo con
el artículo 56 del CPC, corresponde a la Sunat el pago
de las costos.” TC : Falla
• 1.
Declarar FUNDADA la demanda.; en
consecuencia,
NULA
la
REC
N.º
1030070020965.
• 2.
Ordenar a la Sunat que le devuelva al
demandante la suma embargada, los intereses
legales a que hubiere lugar y los costos
procesales
106
TC Principios Tributarios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Principio de capacidad contributiva [ N.º 0053-2004-AI/TC (FJ VIII. B. 1 ) ]
Principio de capacidad contributiva - arbitrios [ N.º 0053-2004-AI/TC (FJ VII. B.3)
Principio de irretroactividad [ N. º 00002-2006-AI/TC (FJ 10-12) ]
Principio de legalidad [ N.º 02302-2003-AA/TC (FJ 32) ] [ N.º 0001-2004-AI/TC y
0002-2004-AI/TC (acumulados) (FJ 39) ]
Princi de legalidad y de reserva de ley - diferencia [ N.42-2004-AI/TC (FJ 9 y 10) ]
Principio de no confiscatoriedad [ 03081-2006-PA/TC (FJ 10) ] [ N.º 4227-2005AA/TC (FJ 26) ] [ N.º 1907-2003-AA/TC (FJ 4) ]
Principio de no confiscatoriedad - aplicación [ N.º 0004-2004-AI/TC y acum (FJ 19)
Principio de no confiscatoriedad - aspectos [ N.º 0041-2004-AI/TC (FJ 56 y 62) ]
Principio de no confiscatoriedad - contenido [ N.º 0004-2004-AI/TC y acum (FJ 18)
Principio de no confisc - sumatoria de tributos [ N.º 2302-2003-AA/TC (FJ 19 y 20)
Principio de reserva de ley [ N.º 00042-2004-AI/TC (FJ 12) ]
Principio de reserva de ley [ N.º 02302-2003-AA/TC (FJ 33) ]
Principio de solidaridad [ N. º 06089-2006-PA/TC (FJ 18-22) ]
107
TC Principios Tributarios
• Principio de capacidad contributiva [ N.º 0053-2004-AI/TC (FJ VIII. B. 1 ) ]
• Principio de capacidad contributiva - arbitrios [ N.º 0053-2004-AI/TC (FJ VII. B.3)
• Principio de no confiscatoriedad [ 03081-2006-PA/TC (FJ 10) ] [ N.º 4227-2005AA/TC (FJ 26) ] [ N.º 1907-2003-AA/TC (FJ 4) ]
• Principio de no confiscatoriedad - aplicación [ N.º 0004-2004-AI/TC y acum (FJ 19)
• Principio de no confiscatoriedad - aspectos [ N.º 0041-2004-AI/TC (FJ 56 y 62) ]
• Principio de no confiscatoriedad - contenido [ N.º 0004-2004-AI/TC y acum (FJ 18)
• Principio de no confisc - sumatoria de tributos [ N.º 2302-2003-AA/TC (FJ 19 y 20)
108
4. Procesos Constitucionales
109
Procesos de tutela de la Const.
Acción popular
• Es de competencia exclusiva del Poder Judicial
• Procede contra normas infra-legales que infringen la
Constitución o la Ley.
• La demanda puede ser interpuesta por cualquier persona.
Inconstitucionalidad
• Es de competencia exclusiva del Tribunal Constitucional.
• Procede contra normas de rango de ley que infringen la
Constitución.
• Sólo demandan los sujetos del art. 203 de la Constitución.
Conflicto de
competencias
• Es de competencia exclusiva del Tribunal Constitucional.
• El conflicto y el proceso se genera entre los Poderes del
Estado, los niveles de Gobierno (central, regional y local) o
los órganos constitucionales.
110
Inconstitucionalidad: características
• Las infracciones de la Constitución pueden ser: a)
por la forma, o b) por el fondo.
• Para evaluar las infracciones se utiliza como
parámetros de control la Constitución, el bloque
de constitucionalidad y los precedentes del
Tribunal Constitucional.
• La sentencia estimativa tiene efectos generales y
retroactivos en materia tributaria si así lo
determina el Tribunal.
111
Efectos de las STC
• El artículo 204 de la Constitución señala que la
STC que declara la inconstitucionalidad de una
norma se publica en el diario oficial, y al día
siguiente de la publicación, dicha norma queda
sin efecto.
• También señala la norma que “No tiene efecto
retroactivo la sentencia del Tribunal que declara
inconstitucional, en todo o en parte, una norma
legal
112
CPC 81
 El CPC, en sus artículos 81 y 83, desarrolla el marco legal
conforme al cual el TC modula en el tiempo los efectos de
sus sentencias.
 81.-Cuando se declare la inconstitucionalidad de normas
tributarias por violación del artículo 74 de la Constitución, el
TC debe determinar de manera expresa en la sentencia los
efectos de su decisión en el tiempo. Asimismo, resuelve lo
pertinente respecto de las situaciones jurídicas producidas
mientras estuvo en vigencia.
 83.-Las sentencias declaratorias de ilegalidad o
inconstitucionalidad no conceden derechos a reabrir
procesos concluidos en los que se hayan aplicado las
normas declaradas inconstitucionales, salvo en las materias
previstas en el segundo párrafo del artículo 103 y el último
párrafo del artículo 74 de la Constitución.
113
Facultad otorgada al TC
• Esta
atribución
faculta
al
Tribunal
Constitucional decidir, en materia tributaria, si
los efectos de sus sentencias deben ser a futuro
(ex nunc) o con carácter retroactivo (ex tunc).
• Entendemos que esta facultad de que goza el
Tribunal Constitucional no esta alejada de la
necesidad de evaluar situaciones como el costo
económico, jurídico y político.
114
Sistema ex nunc
• Como lo ha señalado el TC, las sentencias sobre
demandas de inconstitucionalidad, en principio, se
aplican con efectos irretroactivos, esto es, tienen
alcances ex nunc, ya que se rigen por el principio de
irretroactividad. Esto es así en la generalidad de las
materias, pero cabe que de manera excepcional y
siempre que se trate de materia tributaria que
implique violación del artículo 74 de la Constitución, el
TC puede de manera excepcional
aplicar las
sentencias
de
inconstitucional
con
efectos
retroactivos.
• STC 0024-2003-AI/TC
115
Sistema ex tunc
• Con este sistema, las sentencias del TC se
aplican de manera retroactiva, para los casos
de sentencias en la que se
declara
inconstitucional una norma legal como regla
general se aplica el principio de irretroactividad
(así lo ha señalado la Constitución y el CPC),
pero de manera excepcional el TC puede
señalar que los efectos sean retroactivos
116
81 CPC
• STC N°s. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004PI/TC/TC: El Tribunal Constitucional declaró
inconstitucionales
diversas
ordenanzas
expedidas por las MDSS y MDMiraflores, que
regularon los arbitrios municipales, y decidió no
otorgar retroactividad a los efectos de sus
sentencias,
estableciendo
como
regla
vinculante, la improcedencia de las solicitudes
de devolución por pagos indebidos cobrados en
base
a
ordenanzas
declaradas
inconstitucionales.
117
Proceso de Inconstitucionalidad
• Art. 200 Constitución
• Procede contra normas que tienen rango de ley,
decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados,
reglamentos del Congreso, normas regionales de
carácter general y ordenanzas municipales… que
contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.
• 98 CPC
• La demanda de inconstitucionalidad se interpone ante
el TC y sólo puede ser presentada por los órganos y
sujetos indicados en el art. 203 de la Constitución
118
STC 005-2006-PI/TC
• Finalidad del Proceso de Inconstitucionalidad
• Mediante el proceso de inconstitucionalidad la C ha confiado al TC
el control de constitucionalidad de las leyes y de las normas con
rango de ley.
• En él, quien cuenta con legitimación para interponer la demanda,
prima facie, no persigue la tutela de intereses subjetivos, sino "la
defensa de la C" como norma jurídica suprema. No obstante, aun
cuando se trata de un proceso fundamentalmente objetivo, es
decir, un proceso en el que se realiza un juicio de compatibilidad
abstracta entre dos fuentes de distinta jerarquía (por un lado, la C,
que actúa como parámetro; y por otro, la ley o las normas con
rango de ley, que constituyen las fuentes sometidas a ese control),
también tiene una dimensión subjetiva, en la medida en que son
fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la
primacía de la C y la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales, según lo establece el artículo II del TP del CPC.
119
• STC 0020-2005-PI/TC 021-2005-PI/TC
• Mediante el proceso de inconstitucionalidad, la Constitución ha confiado
al TC el control de constitucionalidad de las leyes y las normas con rango
de ley. En él, quien cuenta con legitimación para interponer la demanda,
prima facie, no persigue la tutela de intereses subjetivos, sino “la defensa
de la Constitución” como norma jurídica suprema. No obstante, aún
cuando se trata de un proceso fundamentalmente objetivo, es decir, un
proceso en el que se realiza un juicio de compatibilidad abstracta entre 2
fuentes de distinta jerarquía (“Por un lado, la Constitución, que actúa
como parámetro (...); y, por otro, la ley o las normas con rango de ley,
que constituyen las fuentes sometidas a ese control”, tal como ha
afirmado este Colegiado, también tiene una dimensión subjetiva, en la
medida que son fines esenciales de los procesos constitucionales
garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales, según establece el Artículo II del Título
Preliminar del CPC.
120
Finalidad del PI
• La finalidad del PI es la defensa de la C en su condición de Ley Superior.
Ella ostenta el máximo nivel normativo, por cuanto es obra del Poder
Constituyente; reconoce los DDFF del ser humano; contiene las reglas
básicas de convivencia social y política; además de crear y regular el
proceso de producción de las demás normas del sistema jurídico
nacional.
• En efecto, la C no sólo es la norma jurídica suprema formal y estática,
sino también material y dinámica, por eso es la norma básica en la que
se fundamentan las distintas ramas del derecho, y la norma de unidad a
la cual se integran.
• Es así que por su origen y su contenido se diferencia de cualquier otra
fuente del derecho. Y una de las maneras como se traduce tal diferencia
es ubicándose en el vértice del ordenamiento jurídico. Desde allí, la
Constitución exige no sólo que no se cree legislación contraria a sus
disposiciones, sino que la aplicación de tal legislación se realice en
armonía con ella misma (interpretación conforme con la Constitución).
121
STC 0020-2005-PI/TC y 0021-2005-PI/TC
• Finalidad
• El proceso de inconstitucionalidad tiene por
finalidad defender la Constitución frente a las
infracciones contra su jerarquía normativa. La
validez en materia de justicia constitucional es
una categoría relacionada con tal principio,
conforme al cual la norma inferior será válida sólo
en la medida en que sea compatible formal y
materialmente con la norma superior (FJ 20).
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STC0020-2005-PI/TC y 0021-2005-PI/TC
• Doble Dimensión
• Aún cuando se trata de un proceso
fundamentalmente objetivo, también tiene una
dimensión subjetiva, pues si bien el control
concentrado de las normas tiene como finalidad
inmediata defender la supremacía normativa de
la Constitución, depurando el ordenamiento de
aquellas disposiciones que la contravengan, tiene,
como fin mediato, impedir su aplicación, es
decir, impedir que éstas puedan generar
afectaciones concretas (subjetivas) a los
derechos fundamentales de los individuos.
123
STC 0041-2004-AI/TC
• Efectos de la sentencia - temporales - materia
tributaria
• El Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de
modular los efectos en el tiempo de la sentencia
de inconstitucionalidad en materia tributaria,
debiendo pronunciarse respecto de las
situaciones jurídicas producidas mientras la
norma inconstitucional estuvo vigente y
pudiendo descartar la posibilidad dictar un fallo
con efecto retroactivo, en consideración a las
consecuencias inconstitucionales que de ello
puedan derivar
124
STC 0030-2004-AI/TC
• Efectos de las Sentencias Temporales
Previsión de Consecuencias
• El Tribunal Constitucional tiene el deber de
prever las consecuencias de sus decisiones y,
por tal motivo, teniendo en cuenta que la
declaración de inconstitucionalidad de la
norma objeto de control dejaría un vacío
normativo susceptible de generar efectos
nefastos, dispone una vacatio sententiae (FJ
13).
125
STC 0020-2005-PI/TC y 0021-2005-PI/TC
• Efectos de la sentencia - vinculantes
• Las sentencias dictadas en un proceso de
inconstitucionalidad tienen efecto vinculante
para todos los poderes públicos, vinculación que,
por sus alcances generales, se despliega hacia
toda la ciudadanía. En tal sentido, en el supuesto
de que alguna autoridad o persona, pretenda
desconocer sus efectos vinculantes, resultará de
aplicación el artículo 22º del CPConst, en el
extremo que dispone que para el cumplimiento
de una sentencia el juez podrá hacer uso de
multas fijas acumulativas (FJ 156 - 159).
126
STC 0012-2005-AI/TC
• Objeto de Control Normas Conexas
• Alcances de la inconstitucionalidad conexidad Art. 78
CPC
• Caso Municipalidad de San Luis
• La declaración de la inconstitucionalidad de normas
conexas resulta admisible en nuestro ordenamiento. La
declaratoria de inconstitucionalidad no se restringe
únicamente a los preceptos derivados de la misma norma
cuestionada, que haya sido materia del contradictorio,
sino que se extiende a aquellas otras normas que se
encuentren ligadas por conexión o consecuencia, aún
cuando ello no haya sido materia del petitorio (FJ 6).
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Infracción a la Constitución
• Artículo 75 CPC Finalidad
• El proceso de inconstitucionalidad tienen por
finalidad la defensa de la Constitución frente a
infracciones contra su jerarquía normativa. Esta
infracción puede ser, directa o indirecta, de
carácter total o parcial, y tanto por la forma como
por el fondo.
128
Por la Forma
• Una norma incurre en una infracción constitucional de forma,
fundamentalmente, en 3 supuestos:
• a) Cuando se produce el quebrantamiento del procedimiento legislativo
previsto en la C para su aprobación. Dicho evento tendría lugar, por
ejemplo, si, fuera de las excepciones previstas en el Reglamento del
Congreso de la República, un proyecto de ley es sancionado sin haber sido
aprobado previamente por la respectiva Comisión dictaminadora, tal
como lo exige el artículo 105º de la C.
• b)
Cuando se ha ocupado de una materia que la C directamente ha
reservado a otra específica fuente formal del derecho. Así, por ejemplo,
existen determinadas materias que la Constitución reserva a las leyes
orgánicas (v.g. de conformidad con el artículo 106º, la regulación de la
estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la
Constitución), razón por la cual en caso de que una ley ordinaria se ocupe
de dicha regulación, incurriría en un vicio de inconstitucionalidad formal.
• c) Cuando es expedida por un órgano que, constitucionalmente, resulta
incompetente para hacerlo. Ello tendría lugar, por ejemplo, si el Poder
Legislativo expidiera DU, pues la posibilidad de dictar dichas fuentes
normativas ha sido reservada al Presidente de la República, conforme a lo
previsto en el artículo 118º 19 de la Constitución
129
Por el Fondo
• Las infracciones constitucionales de fondo tienen
lugar cuando la materia regulada por la norma
con rango ley, resulta contraria a algunos de los
derechos, principios y/o valores constitucionales,
es decir, cuando resulta atentatoria no de las
normas procedimentales o del iter legislativo,
sino de las normas sustanciales reconocidas en la
Constitución.
130
Parciales o Totales
• La totalidad o parcialidad de las infracciones constitucionales, no se
encuentra referida a un quantum de la fuente afectada (la Constitución),
sino de la fuente lesiva (la ley o norma con rango de ley). En efecto, una
ley puede ser totalmente inconstitucional cuando la totalidad de su
contenido dispositivo o normativo es contrario a la C. En tales supuestos,
la demanda de inconstitucionalidad es declarada fundada, y la
disposición impugnada queda sin efecto.
• La ley es parcialmente inconstitucional cuando sólo una fracción de su
contenido dispositivo o normativo resulta inconstitucional. En caso de
que el vicio parcial recaiga sobre su contenido dispositivo (texto
lingüístico del precepto), serán dejadas sin efecto las palabras o frases en
que aquel resida. Si el vicio recae en parte de su contenido normativo, es
decir, en algunas de las interpretaciones que pueden ser atribuidas al
texto del precepto, todo poder público quedará impedido, por virtud de
la STC de aplicarlo en dichos sentidos
131
• “en determinadas ocasiones, ese parámetro puede comprender
a otras fuentes distintas de la Constitución y, en concreto, a
determinadas fuentes con rango de ley, siempre que esa
condición sea reclamada directamente por una disposición
constitucional (v.g. la ley autoritativa en relación con el decreto
legislativo). En tales casos, estas fuentes asumen la condición de
`normas sobre la producción jurídica´, en un doble sentido; por
un lado, como `normas sobre la forma de la producción jurídica´,
esto es, cuando se les encarga la capacidad de condicionar el
procedimiento de elaboración de otras fuentes que tienen su
mismo rango; y, por otro, como `normas sobre el contenido de la
normación´, es decir, cuando por encargo de la Constitución
pueden limitar su contenido ¿normas interpuestas?
132
STC 0020-2005-PI/TC y 0021-2005-PI/TC
• Tipos de Infracción Constitucional - Directa
• La infracción directa de la Carta Fundamental
por una norma, tiene lugar cuando dicha
vulneración queda verificada sin necesidad de
apreciar, previamente, la incompatibilidad de
la norma enjuiciada con alguna(s) norma(s)
legal(es) (FJ 26).
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STC 0020-2005-PI/TC y 0021-2005-PI/TC
• Tipos de Infracción Constitucional – Indirecta
• La infracción indirecta de la Constitución implica
incorporar en el canon del juicio de constitucionalidad a
determinadas normas además de la propia Carta
Fundamental. Se habla en estos casos de vulneración
"indirecta"de la Constitución, porque la invalidez
constitucional de la norma impugnada no puede quedar
acreditada con un mero juicio de compatibilidad directo
frente a la Constitución, sino sólo luego de una previa
verificación de su disconformidad con una norma legal
perteneciente al parámetro de constitucionalidad (FJ 2729).
134
• En tal sentido, se produce una afectación indirecta de la C, ante la
presencia de una incompatibilidad entre la norma sometida a juicio y
otra norma legal a la que el propio Constituyente delegó:
• a) La regulación de un requisito esencial del procedimiento de
producción normativa.
• En la STC 0041-2004-AI, el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de
centrar su análisis en un vicio de esta índole, estableciendo que el
requisito de ratificación de las ordenanzas distritales por parte de la MP,
previsto en el artículo 40º de la Ley 27972 LOM constituye un requisito
de validez de tales ordenanzas:
• b) La regulación de un contenido materialmente constitucional. Es el
caso, por ejemplo, de las leyes que, por mandato de la propia
Constitución, se encuentran encargadas de configurar determinados
derechos fundamentales.
• c) La determinación de las competencias o límites de las competencias
de los distintos órganos constitucionales. Tal es el caso de la LBD.
Normas legales de esta categoría servirán de parámetro cuando se
ingrese en la evaluación de la constitucionalidad o inconstitucionalidad
de las ordenanzas regionales incoadas
135
STC Exp. 4595-2008-PA/TC
• Ello quiere decir que sobre las partes, recae y se distribuye la carga de
probar los hechos controvertidos en el proceso. De este modo el
demandante tiene la carga de probar los hechos afirmados que
sustentan su pretensión, mientras que el demandado tiene la carga
de probar los hechos que afirma y los que contradice”.
• Que, en el presente caso, el TC advierte que la demandante no ha
cumplido con acreditar cuál es el acto concreto de la administración
tributaria mediante el cual la SUNAT haya procedido a liquidar de
manera definitiva la deuda tributaria con el monto final de los
respectivos intereses que considera lesivos de su derecho fundamental
a la propiedad y al principio constitucional de interdicción de la
confiscatoriedad. En consecuencia, la demanda debe desestimarse
por improcedente”.
136
Procesos de tutela de derechos
Hábeas corpus
• Tutela el derecho a la libertad individual o los derechos
conexos a ella.
Amparo
• Protege los demás derechos constitucionales que no
tutelan los otros procesos.
Hábeas data
• Tutela los derechos de acceso a la información pública y
a la protección de datos personales o familiares.
Cumplimiento
• Protege el derecho a la eficacia de los actos
administrativos y normas legales.
137
Habeas Corpus: Prisión por deudas
tributarias
• Sobre el pago de la caución en los delitos tributarios, el
Tribunal en la STC 3356-2003-HC, señaló que:
1. La obligación impuesta al contribuyente privado de su
libertad de cumplir con el pago de una caución
equivalente al monto del tributo no contraviene la
prohibición constitucional de prisión por deudas.
2. La investigación realizada por la SUNAT a fin de
verificar la comisión de delitos, no vincula al
Ministerio Público ni al Poder Judicial.
138
Improcedencia de la demanda
• La demanda se declara improcedente cuando la
pretensión no tiene por finalidad tutelar el derecho a la
libertad individual.
• Este parecer se manifiesta en la RTC 02412-2009-PHC,
en tanto que el supuesto acto lesivo consistía:
“(…) en la no devolución de la mercadería importada y
comprada a nivel nacional, así como de la
documentación sustentatoria de la misma, que según
refieren los accionantes han sido retenidos de manera
ilegal (…)”.
139
Proceso de Amparo: Características
• Sólo tutela derechos que
constitucional, más no legal.
tienen
reconocimiento
• Como proceso es excepcional: procede siempre que no
exista una vía igualmente satisfactoria.
• La regla es que la vía administrativa no sólo debe iniciarse,
sino que también debe agotarse, salvos las excepciones
previstas en el CPConst.
• Existe plazo de prescripción para que el afectado o su
representante interponga la demanda.
140
No tutela beneficios tributarios
• En la jurisprudencia constitucional (STC 31432006-AA/TC) se ha precisado que:
1. Los beneficios tributarios no constituyen en
puridad derechos constitucionales para el
beneficiado.
2. Su violación o amenaza de violación se debe
tutelar a través del proceso contencioso
administrativo.
141
IMPROCEDENCIA DE PROCESO DE AMPARO
Se aplican los supuestos de los demás procesos
constitucionales:
1)Cuando los hechos y el petitorio de la demanda no
estén referidos, en forma directa, a un derecho
reconocido en la Constitución o al contenido
constitucionalmente protegido del mismo;
2) Cuando existan otras vías procesales específicas,
igualmente satisfactorias, para la protección del
derecho constitucional amenazado o vulnerado.
142
IMPROCEDENCIA DE PROCESOS CONSTITUCIONALES
3) Cuando el agraviado hubiere recurrido previamente a
otro proceso judicial pidiendo tutela sobre su derecho
constitucional.
4) No se hubieren agotado las vías previas.
5) A la fecha de la presentación de la demanda hubiere
cesado la amenaza o violación al derecho
constitucional o se hubiera convertido en irreparable.
143
IMPROCEDENCIA DE PROCESOS CONSTITUCIONALES
6) Se cuestione una resolución firme expedido en otro
proceso constitucional.
7) Hubiere vencido el plazo para interponer la demanda
144
Amparo no tutela beneficios
tributarios
• En la STC 5970-2006-PA, se precisó que el amparo es
improcedente cuando:
1. Se solicita que mediante la interpretación de una
norma legal o un convenio de estabilidad tributaria se
determine que al demandante le corresponde el
beneficio tributario (RTC 2036-2007-PA).
2. En abstracto se cuestiona la decisión del Poder
Legislativo de poner fin a un régimen de beneficios
tributarios (RTC 6916-2006-PA).
145
También es improcedente
• Cuando se pretende reevaluar la interpretación de la
SUNAT para que se emita un pronunciamiento sobre la
correcta aplicación de la ley (STC 8605-2005-AA).
• Cuando se pretende revaluar las pruebas actuadas en
la etapa de fiscalización (STC 7955-2005-PA).
• Cuando se pretende revaluar la interpretación
económica de los hechos en la etapa de fiscalización
(STC 7955-2005-PA).
146
Agotamiento de la vía previa
• Está formada por los recursos administrativos
mediante los cuales se puede revocar o anular el
acto que va a ser demandado.
• Para exigir su inicio y agotamiento debe
encontrarse previamente regulada.
• El agotamiento se inicia cuando se interponen en
forma oportuna los recursos obligatorios, más no
los facultativos.
147
Agotamiento de la vía previa
• El agotamiento de la vía previa impone que:
a. Las órdenes de pago y las resoluciones de
determinación, de multa, de ejecución coactiva
y de medidas cautelares tengan que ser
reclamadas en forma previa en el procedimiento
administrativo establecido en el Código
Tributario.
b. Se agote con la resolución que emite el Tribunal
Fiscal.
148
Supuestos de inexigibilidad
• Es inexigible cuando se condiciona el agotamiento de
la vía previa al pago del íntegro de la deuda tributaria
de una resolución de determinación (STC 0646-1996AA).
• Cuando estamos ante una notificación simultánea
(mismo día, fecha y hora) de la Orden de Pago y la
Resolución de Ejecución Coactiva (STC 10717-2006PA).
• Cuando existe una amenaza real del incremento de la
149
sanción impuesta (STC 1803-2004-AA).
Sentencia en Proceso de Amparo
• " Artículo 55.- Contenido de la Sentencia fundada
•
La sentencia que declara fundada la demanda de amparo contendrá
alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes:
1) Identificación del derecho constitucional vulnerado o amenazado;
2) Declaración de nulidad de decisión, acto o resolución que hayan impedido
el pleno ejercicio de los derechos constitucionales protegidos con
determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos;
3) Restitución o restablecimiento del agraviado en el pleno goce de sus
derechos constitucionales ordenando que las cosas vuelvan al estado en
que se encontraban antes de la violación;
4) Orden y definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer
efectiva la sentencia.
En todo caso, el Juez establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso
concreto.”
150
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DEFENSOR DEL TELEVIDENTE