CASO IMSS
1. El 22 de abril de 2013, el señor Alfredo Ramírez Ayala, de 45 años de
edad, acudió a la Clínica 36 del IMSS debido a diversos síntomas que
presentaba, tales como fatiga, sensación constante de hambre y sed,
comezón en la piel y entumecimiento de pies y manos, así como visión
borrosa.
El médico familiar, Dr. David Castillejos Trejo, ordenó la práctica de un
examen de glucohemoglobina.
2. El 13 de mayo de 2013, el señor Alfredo
Ramírez Ayala recibió los resultados, por parte de
su médico familiar, Dr. Castillejos Trejo, quien le
diagnosticó diabetes tipo 2.
3. El médico tratante ordenó entonces diversas medidas terapéuticas,
cambio de dieta y prescribió al paciente, en la misma fecha, un fármaco
denominado Rosiglitazona de 4 mg., en dosis de dos píldoras.
4. En esa misma fecha, el señor Ramírez Ayala solicitó, “con el médico
en turno” (Dr. Fernando Miranda Estrada) la firma de autorización para
surtir el medicamento y se dirigió a la “Farmacia”, ubicada en el sótano
del propio inmueble. Ahí fue atendido por una empleada de nombre
Rufina Vázquez Iñiguez, quien, después de escanear la receta indicó al
paciente que “de momento no estaba disponible el medicamento”, que
“estaba agotado”.
Luego, la empleada de nombre Vázquez
Iñiguez dio al señor Ramírez Ayala un
número telefónico para que se comunicara
para saber si el medicamento ya estaba
disponible en una fecha posterior.
5. El señor Ramírez Ayala se comunicó los días 15, 16, 17, 20, 21 y 22 de
mayo al teléfono indicado. Como en todos los casos la respuesta fuera
negativa, el 27 de mayo acudió de nueva cuenta a la “Farmacia” de la Clínica
36. Aproximadamente a las 11:00 se presentó a esa “Farmacia” y ahora un
empleado de nombre Martín Loza Escobedo, después de escanear la receta,
le dijo que el medicamento se encontraba disponible; pero que la receta
“estaba ya caducada”, pues su vigencia era de sólo tres días.
El señor Ramírez Ayala solicitó al empleado de la “Farmacia” que “por favor le
surtiera la receta”, dado que “cada día se sentía peor”, a lo que el señor Loza
Escobedo contestó que “así eran los trámites y que ese no era su problema”,
“que el paciente debía regresar con su médico familiar a solicitar una nueva
receta”. Fueron en vano las insistencia del señor Ramírez Ayala, incluso le dijo
que le resultaba muy complicado asistir con el médico, toda vez que tenía que
solicitar autorización de su jefe.
El señor Ramírez Ayala se desempeña como chofer de la empresa Alfa S.A.,
ubicada en la Colonia del Valle, en el Distrito Federal, y sus horarios de
trabajo suelen ser muy irregulares, pues con frecuencia inicia su jornada a
las 7:00 a.m. y concluye alrededor de las 21:00 horas.
6. El 29 de mayo de 2013, el señor Ramírez Ayala solicitó, de nueva cuenta,
cita con el médico familiar, la cual le fue concedida el día 12 de agosto de
2013 a las 10:00 a.m. El médico familiar, antes mencionado, le extendió
una nueva receta para el medicamento denominado Rosiglitazona de 4
miligramos. Una vez más, el señor Ramírez solicitó firma de autorización
del “médico en turno”, ahora Dr. Sabino Alva Morales. Cuando acudió a la
“Farmacia”, el empleado Martín Loza Escobedo, después de escanear la
receta le dijo “este medicamento está muy escaso; no lo tenemos; se agota
pronto porque es de última generación; regrese con su médico para que le
recete uno que lo sustituya...si es que hay”, agregó en tono notoriamente
burlón y aventando la receta al señor Ramírez Ayala.
7. Ese día el médico familiar ya no atendió
al señor Ramírez, argumentando que tenía
muchos pacientes.
El señor Ramírez Ayala, muy molesto, salió de la Clínica 36 y se dirigió a la
farmacia más cercana a su domicilio en la zona de la Colonia Nueva
Atzacoalco, Distrito Federal, donde le indicaron que el costo del medicamento
era de $450.00, con tratamiento para 14 días.
Al día siguiente, es decir el 13 de agosto de 2013, el señor Ramírez Ayala
adquirió el medicamento, con su propio dinero.
8. De nueva cuenta, el señor Ramírez Ayala pidió cita con su médico familiar.
Esta nueva cita le fue otorgada el 6 de noviembre de 2013. En esta ocasión el
médico familiar le cambió el fármaco e indicó a aquél que “eso no era lo
mejor”, que el medicamento ideal para su caso, era Rosiglitazona de 4
miligramos; pero mientras tanto, podría tomar Glimeprida de 2 miligramos.
Asimismo, el médico familiar, Dr. David Castillejos, dijo al señor Ramírez Ayala
que si este último podía comprar el medicamento mencionado en primer
término sería mucho mejor. “Aquí hay muchas carencias y uno trabaja con lo
que puede” –agregó el médico tratante. Mientras tanto siga “al pendiente”,
por si se surte el medicamento.
9. Desde la fecha en que le fue diagnosticada la enfermedad ( 13 de mayo de
2013) a la fecha no le ha sido surtido el medicamento idóneo al señor Ramírez
Ayala. Por lo que éste ha tenido que pagar el costo total del fármaco. A la fecha ha
gastado en ello más de $6,500.00 pesos. E incluso la segunda semana de
diciembre de 2013 tuvo que solicitar a su empresa un préstamo por $4,500.00.
Este préstamo le fue otorgado de la presunta “caja de ahorro de la empresa”. El
préstamo le fue otorgado a 6 meses, con un descuento quincenal de $375 pesos
e intereses también quincenales de $120 pesos, lo cual resulta sumamente
gravoso, si se considera que el señor Ramírez Ayala devenga un salario quincenal
de $3,900 pesos, más una compensación por “alimentos” de $200 pesos
también quincenales.
10. El 2 de julio de 2014, aproximadamente a las 10:30 horas, el señor Ramírez
Ayala se presentó a la oficina del Director General de la Clínica 36, a fin de
formular una reclamación por la falta de atención a su padecimiento, por ausencia
u ocultamiento de medicamentos, por los malos tratos del personal administrativo
y por la negligencia en que ha incurrido la mayoría del personal de la Clínica. La
secretaria del Director, Maricela Suárez Pelcastre, dijo al señor Ramírez Ayala que
no “hiciera escándalos”, “que nada más se estaba arriesgando a que le
suspendieran el servicio a él a su familia” (porque el mismo médico familiar es el
que atiende a los integrantes de un mismo núcleo familiar), que “no hiciera olas”,
que se “calmara”, que “ya le llegaría el tiempo de ser atendido”. Como el señor
Ramírez Ayala insistiera en formular su queja, Maricela Suárez le levantó la voz y le
gritó que ya estaba “hasta la…de esos…que creen tener derecho a todo y que no
eran más que unos pobres muertos de hambre inconformes con lo que el gobierno
les regala, son tan… que quieren todo gratis”, y le gritó que se fuera de inmediato,
con expresiones soeces. El señor Ramírez le contestó él sólo estaba exigiendo sus
derechos.
11. A la salida del pasillo donde se encontraba la oficina del Director General
de la Clínica, el señor Ramírez Ayala fue abordado por un hombre de
alrededor de 60 años, de cabello cano, quien dijo llamarse Antonio Durán
López.
El señor Durán López le expresó que había escuchado lo sucedido y que él
estaba en una situación similar: que “era diabético” y desde hace más de un
año estaba sin recibir de manera continua los medicamentos adecuados y
que había sido objeto de malos tratos por parte del personal de la Clínica,
que las instalaciones estaban muy descuidadas y que se sentía que lo
trataban muy mal por su edad, su aspecto y su situación económica; pero,
más aún, en los pasados meses, en sus citas médicas, había estado en
contacto con otros pacientes de clínicas y hospitales del IMSS que tienen
padecimientos de diabetes, hipertensión o incluso cáncer. Todos ellos habían
recibido mala atención médica y además de que habían tenido que pagar de
sus propios recursos muchos de los medicamentos, “al no quedarles de
otra”.
12.Hoy, a las 10:00 horas, se presentó a mi despacho el señor Alfredo Ramírez
Ayala, acompañado de nueve personas más, que dicen representar a más de
6,000 causahabientes y derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro
Social. Le plantean, además del desabasto u ocultamiento de medicamentos:
a) Discriminación por razón de sexo, edad y condición socioeconómica.
b) Malos tratos e insultos, especialmente por parte del personal administrativo del
IMSS.
c) Falta de equipos para realizar tratamientos específicos.
d) Falta de mantenimiento en los equipos e instalaciones existentes.
e) Falta de instrumental y material de curación.
f) Falta de clínicas en áreas rurales.
g) Malas prácticas médicas.
h) Negligencia médica.
i) Todas las deficiencias que, por acción u omisión, presenta el IMSS, en
perjuicio de sus causahabientes y derechohabientes.
j) El pago de las indemnizaciones que correspondan por los daños y perjuicios
económicos causados, por los daños a la salud e incluso por quienes han
muerto por causas imputables a la falta de atención médica o a la negligencia
de personal del IMSS.
k) Ignorar las quejas presentadas por los conceptos anteriores.
Me mencionan mis potenciales clientes, que han escuchado en la radio y visto
en la televisión que ahora sí se pueden presentar demandas por grupos de
personas y que quieren demandar no sólo por ellos y sus representados, sino
por todos los mexicanos que han sido afectados por las prácticas indebidas y
abusos del IMSS, a fin de que tal situación cese y sean indemnizados de los
daños y perjuicios que se les han causado.
Ante ello, debo determinar en el caso que se plantea:
PRIMERO. ¿Ha existido una violación a los derechos humanos establecidos en la
Constitución o en los tratados internacionales ratificados por México?, ¿en
declaraciones internacionales?, ¿en jurisprudencia y criterios orientadores?,
¿cuáles?
SEGUNDO. ¿Los servidores públicos del IMSS están obligados a respetar, proteger
y garantizar esos derechos humanos?
TERCERO. ¿Alguna otra autoridad del Estado mexicano, que no sea funcionario o
empleado del IMSS, estaría asimismo obligada a respetar esos derechos?
CUARTO. ¿La reclamación de mis clientes podría ser materia de transgresión de
un interés legítimo, individual o colectivo, por afectar su esfera jurídica de
manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico?
QUINTO. Si pudiera ser planteado el caso en amparo, ¿qué tipo de amparo
sería?, ¿en que materia?, ¿de qué plazo dispondría para presentarlo?, ¿quiénes
serían las autoridades responsables?, ¿qué conceptos de violación haría valer?,
¿habría algún medio previo de defensa que debiera agotarse?
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