MARCO CONSTITUCIONAL
El debido proceso penal
Defensa en juicio
Constitución Nacional
• Art. 18.- Ningún habitante de la Nación
puede ser penado sin juicio previo
fundado en ley anterior al hecho del
proceso….
Convención Americana
• Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con
las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella,
o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter.
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos
• Art. 14.- 1) Todas las personas son
iguales ante los tribunales y cortes de
justicia. Toda persona tendrá derecho a
ser oída públicamente y con las debidas
garantías por un tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido por
la ley, en la substanciación de cualquier
acusación de carácter penal formulada
contra ella o para la determinación de sus
derechos u obligaciones de carácter civil.
• Procedimiento reglado que exige la
Constitución acorde con las seguridades
individuales y formas que postula la
misma ley suprema (juez natural,
inviolabilidad de la defensa, juicio público
a decidir por jurados, etc..) Estos
principios rectores constituyen y dan
contenido a la garantía del debido proceso
(Maier, Julio B.)
• “Que esta interpretación concuerda con la
garantía constitucional del art. 18 de la
constitución Nacional. Esta Corte ha dicho
reiteradamente que en materia criminal
esa garantía consiste en la observancia
de las formas substanciales del juicio
relativas a la acusación, defensa, prueba y
sentencia dictadas por los jueces
naturales. (CSJN, Fallos 189: 34; LL, 21556, Rojas Molina, José, 7 de febrero de
1941)
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“7°) Que nuestra tradición jurisprudencial en materia procesal penal no
responde a lo que se suele denominar interpretación progresiva en sentido
estricto. En general, no fue la jurisprudencia la que avanzó sobre las leyes
procesales, sino que éstas fueron progresando y la jurisprudencia
acompañó ese avance. Más bien puede afirmarse que se operó un
acompañamiento jurisprudencial a una legislación lentamente progresiva.La Constitución Nacional estableció como objetivo legal un proceso
penal acusatorio y con participación popular. La legislación nacional no
se adecuó a este objetivo, pero la perspectiva histórica muestra una
progresión hacia la meta señalada, posibilitada por el subjuntivo empleado
en el originario art. 102 y actual 118 constitucional. La jurisprudencia
constitucional fue acompañando este progreso histórico, sin apresurarlo. Es
decir que en ningún momento declaró la inconstitucionalidad de las leyes
que establecieron procedimientos que no se compaginaban con la meta
constitucional, lo que pone de manifiesto la voluntad judicial de dejar al
legislador la valoración de la oportunidad y de las circunstancias para
cumplir con los pasos progresivos. Justo es reconocer que esta progresión
legislativa se va cumpliendo con lentitud a veces exasperante, pero
respetada por los tribunales”.- (CSJN, Casal , Matías Eugenio, 20/09/2005)
Defensa en juicio
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Derecho a ser oído
Imputación necesaria
Conocimiento de la imputación
Audiencia
Correlación entre imputación y fallo
Probar y controlar la prueba
Igualdad de posiciones
Inadmisibilidad de la reformatio in peius
Inadmisibilidad del juicio contra ausentes
Incoercibilidad del imputado como órgano de prueba
• Nino analiza como una “aparente paradoja” el hecho de
que, a pesar de las invocaciones sacramentales a la
Constitución y de las luchas políticas que fueron
emprendidas en su nombre en diferentes contextos
históricos, cuando la Constitución debe operar en la
realidad (por ej. En los proceso de decisión de los
jueces y los legisladores), aparentemente no juega un
papel relevante. Señala este autor que de acuerdo con
esta paradoja, la Constitución sería como el famoso
vestido del rey que sólo él creía que protegía su
desnudez porque todos los demás así lo afirmaban: la
Constitución no protegería nuestra desnudez frente a los
abusos del poder, no obstante la insistencia retórica en
lo contrario que formaría parte de nuestras letanías
rituales (Fundamentos de Derecho Constitucional)
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14) Que la "... separación de juez y acusador es el más importante de todos los
elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como presupuesto
estructural y lógico de todos los demás" (Ferrajoli, L., op. cit., p. 567). Nuestra
Constitución Nacional, es un claro ejemplo de consagración de este modelo,
pues al regular el juicio político, también separa claramente las funciones de
investigar y acusar, de las de juzgar; evitando que el juzgador tome contacto
previo al juicio o con las pruebas o con las hipótesis preliminares, como
derivación directa del principio republicano de gobierno, que rige la
organización del poder del Estado. (voto de la mayoría)
13) Que en este sentido cabe recordar las particulares características de la
actividad propia de la investigación preparatoria. Con razón se ha dicho a su
respecto que "los poderes que necesariamente deben serle acordados al juez
de instrucción con relación a las personas y los bienes a fin de que pueda
cumplir su obra entrañan riesgos inevitables; su objetivo debe ser el triunfo de
la verdad y la justicia, pero un paso más o menos convierte un acto en injusto,
y a veces el exceso de celo lo enceguece, lo alucina y no puede distinguir las
dos opuestas zonas de la justicia y la injusticia" (Alfredo Vélez Mariconde, con
remisión a la opinión de Hélie, Derecho Procesal Penal, Lerner Ediciones, 2a.
ed., Buenos Aires, 1969, t. I, p. 386).
14) Que para decirlo en palabras de Ferrajoli: "para garantizar la imparcialidad
del juez, es preciso que éste no tenga en la causa ni siquiera un interés público
o institucional. En particular, es necesario que no tenga un interés acusatorio,
y que por esto, no ejercite simultáneamente las funciones de acusación, como
por el contrario, ocurre en el procedimiento inquisitivo y aunque sea de
manera ambigua, también en el mixto. Sólo así puede el proceso conservar un
carácter "cognoscitivo" o, como dice Beccaria, "informativo" y no degenerar
en "proceso ofensivo", donde "el juez se hace enemigo del reo"... Además es
necesario que los órganos investigadores sean desplazados a un orden
distinto del judicial..." (aut. cit., Derecho y Razón: Teoría del garantismo penal,
Ed. Trotta, Madrid, 1995, ps. 581 y sigtes.). (voto del Ministro Petracchi)
(CSJN, Llerena Horacio L., 17/05/2005)
• Siguiendo a Carnelutti: “El desdoblamiento
(entre acusación y sentencia) es una garantía
imprescindible de la imparcialidad del juez; y la
imparcialidad del juez es una garantía
imprescindible de la justicia del juicio”.
Parecería, entonces, que el principio acusatorio
resulta también un presupuesto para la garantía
del debido proceso legal (como compendio de
las demás garantías) (Principio acusatorio.
Estudio histórico comparado de su génesis y
evolución, por Alejandra Mercedes Alliud)
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