CAMBIOS NORMATIVOS QUE AFECTAN LOS PROCESOS
EN LA MEBOG, EN ESPECIAL LOS QUE AFECTAN
DIRECTAMENTE EL SERVICIO POLICIAL (PROCESOS
MISIONALES)
Jefatura Asuntos Jurídicos MEBOG
Bogotá D.C. 04/07/2013
OAC- MEBOG
CONTENIDO
1- Revisión normativa y doctrinal, a
partir de las publicaciones
efectuadas en el aplicativo
Consulta Jurídica Institucional
OAC - MEBOG
MEJORA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD AJ 01
• El Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos MEBOG, deberá
socializar los diferentes cambios normativos que afecten los
procesos en la MEBOG, en especial los que afectan directamente el
servicio Policial (procesos misionales), a través de los medios que
considere (correo electrónico, juegos de policial, charlas al
personal, folletos, etc), coordinando con los diferentes asesores
jurídicos
de
las
estaciones
en
la
MEBOG.
• En cumplimiento a la Revisión por la Dirección 2013, la Jefatura de
Asuntos Jurídicos MEBOG se complace en dar a conocer a todo el
personal perteneciente a la Metropolitana de Bogotá los cambios
normativos publicados en la POLIRED en su link Consulta Jurídica.
Revisión normativa y doctrinal, a partir de las
publicaciones efectuadas en el aplicativo Consulta
Jurídica Institucional
TÍTULO
Acuerdo 9901, 5/6/2013
Sentencia
50001233100020054010801,
3/22/2013
NOTICIAS JURÍDICAS
CUERPO
Consejo Superior de la Judicatura
Reglamentan la expedición de licencias temporales para ejercer la abogacía
Las personas que hayan terminado y aprobado los estudios reglamentarios de Derecho en
universidades oficialmente reconocidas por el Estado que quieran ejercer la profesión de
abogado, según lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto Legislativo 196 de 1971, que
permite la práctica sin haber obtenido el título, hasta por dos años, podrán solicitar la
expedición de una licencia temporal. En este sentido, el Consejo Superior de la Judicatura
expidió el Acuerdo 9901, para reglamentar la solicitud y entrega de las mencionadas
licencias. Vale la pena mencionar que en ningún caso este documento será prorrogable, ni
se podrá expedir uno nuevo al vencimiento del concedido.
Recuerdan elementos de procedencia excepcional de la acción de nulidad contra actos
administrativos
generales
Para que proceda excepcionalmente la acción de nulidad y restablecimiento contra actos
administrativos de carácter general se requiere: que al aplicarlos se lesione un derecho
subjetivo amparado por el ordenamiento jurídico, que la acción se interponga dentro del
término de caducidad, cuatro meses, y que no exista acto administrativo particular
mediante el cual se haya dado aplicación del mandato general, recordó la Sección Primera
del Consejo de Estado. En el caso en estudio, las ordenanzas demandadas crearon una
situación particular y concreta, derogaron normas sobre rentas de destinación específica
y crearon efectos negativos directos, por tanto, a juicio de la corporación, con la demanda
no se buscaba control de legalidad abstracto (nulidad simple) sino dejar sin piso dichas
disposiciones y generar automáticamente el restablecimiento del derecho (C. P. María
Claudia Rojas Lasso).
FECHA NOTICIA
28/05/2013
29/05/2013
Revisión normativa y doctrinal, a partir de las
publicaciones efectuadas en el aplicativo Consulta
Jurídica Institucional
TÍTULO
Sentencia C-281 DE 2013
Sentencia
11001031500020130010600,
4/4/2013
NOTICIAS JURÍDICAS
CUERPO
Corte Constitucional
Publican fallo inhibitorio relacionado con la prescripción de la acción penal contra
servidores públicos
La Corte Constitucional acogió el concepto del Ministerio Público y profirió decisión
inhibitoria sobre el término de prescripción de la acción penal y la interrupción y
suspensión de dicho término en los artículos 83 (parcial) y 86 de la Ley 599 del 2010. En
la demanda se señalaba que la norma viola el derecho a la igualdad porque la
prescripción en materia penal debe aplicarse sin discriminaciones a ciudadanos aforados
y no aforados. A juicio del alto tribunal, la demanda no cumplió con los presupuestos
procedimentales propios de juicios y actuaciones que se surten ante la Corte (Decreto
2067 de 1991), es decir, argumentos claros, certeros, específicos, pertinentes y
suficientes. Vale la pena recordar que el alto tribunal, en la Sentencia C-216 del 2002,
declaró exequible el mencionado artículo 86 (M. P. Mauricio González Cuervo).
Consejo de Estado Sección Primera
Apoderado no es parte procesal y no está legitimado para presentar acción de tutela
La legitimación en la causa por activa no la tiene el apoderado de una de las partes
afectadas por una providencia judicial cuestionada mediante acción de tutela, señaló el
Consejo de Estado. A juicio del alto tribunal, el apoderado se ocupa exclusivamente de
representar los intereses de su cliente y no es parte procesal, por lo tanto, del proceso
no pudieron haberse derivado afectaciones a sus derechos fundamentales; lo anterior
porque el abogado obra dentro de un proceso judicial en virtud de un poder, no lo hace
en ejercicio ni en defensa de sus propios derechos sino en los de sus poderdantes (C. P.
Guillermo Vargas Ayala).
FECHA NOTICIA
30/05/2013
30/05/2013
Revisión normativa y doctrinal, a partir de las
publicaciones efectuadas en el aplicativo Consulta
Jurídica Institucional
NOTICIAS JURÍDICAS
CUERPO
FECHA NOTICIA
Sentencia
Consejo
de
Estado
Sección
Segunda
24/05/2013
11001031500020120207000, Reliquidación pensional es título ejecutivo: Consejo de Estado
2/6/2013
El Consejo de Estado indicó que no puede argumentarse la inexistencia de título ejecutivo para las
sentencias de reliquidación pensional porque no contienen una suma específica en números, pues,
conforme con la ley, estas constituyen títulos ejecutivos válidos. En este sentido, la Sección Segunda
precisó que los lineamientos que el juez indique en su decisión debe plasmarlos adecuadamente,
para que la entidad condenada pueda materializarlos (C. P. Luis Rafael Vergara Quintero).
TÍTULO
Sentencia C-098, 2/27/2013
Corte Constitucional
Proceso de supresión del DAS se ajusta a los preceptos constitucionales
El proceso de supresión del DAS se ajustó a los preceptos constitucionales y legales, pues procuró la
protección de los derechos adquiridos, la estabilidad laboral y el debido proceso de los servidores en
carrera cuyos cargos fueron suprimidos, señaló la Corte Constitucional. En este sentido, declaró
exequibles las expresiones “el régimen salarial, prestacional, de carrera y de administración de
personal de los servidores que sean incorporados será el que rija en la entidad u organismo
receptor” y “a partir de la incorporación su régimen de carrera será el que rige en la entidad
receptora”, del artículo 7º del Decreto 4057 del 2011 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).
Responsabilidad por hecho del Sentencia
44001233100020020045701
(28221),
4/24/2013
legislador también se aplica a El Consejo de Estado reiteró que es posible la responsabilidad del Estado derivada de una norma
normas declaradas
declarada inexequible por la Corte Constitucional. Para que se configure, deben estar plenamente
inexequibles
acreditados el daño antijurídico y la imputación al ente demandado. En el caso concreto, el alto
tribunal abordó la acción de reparación directa iniciada por un ciudadano que consideró vulnerado
su derecho de acceso a la justicia por el artículo 39 de la ley 443 de 1998, posteriormente declarado
inexequible por la Corte Constitucional. Esta norma restringía el ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto administrativo concerniente a la indemnización que
tiene derecho a percibir el empleado de carrera cuyo cargo sea suprimido, pero no frente a la
decisión que lo retira del servicio (C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz).
31/05/2013
04/06/2013
Revisión normativa y doctrinal, a partir de las
publicaciones efectuadas en el aplicativo Consulta
Jurídica Institucional
TÍTULO
Sentencia
25000232600020020021201
(26319), 4/3/2013
Sentencia
25000232700020060137301
(17950), 1/24/2013
NOTICIAS JURÍDICAS
CUERPO
Sentencia 25000232600020020021201 (26319), 4/3/2013
Reiteran acción pertinente para reclamar pago de sanción por cancelación tardía de
cesantías
La Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró que, en el 2007, se estableció que la
acción procedente para reclamar el pago de la sanción moratoria por la falta de
cancelación oportuna de las cesantías sería la de nulidad y restablecimiento del derecho
o la ejecutiva ordinaria, según el caso. Sin embargo, es viable tramitar hasta su
culminación las acciones de reparación directa iniciadas antes de ese pronunciamiento,
con el fin de proteger la seguridad jurídica y el derecho de acceso a la administración de
justicia de los afectados, aclaró el alto tribunal (C. P. Hernán Andrade).
Cobro por expedición de copias de documentos públicos es diferente a tarifa de
estampilla
pro
desarrollo.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la nulidad del Decreto 336 del 2005, que
reajustó la tarifa de la estampilla pro desarrollo del departamento de Cundinamarca.
Según el fallo, el precio que se cobra por la reproducción mecánica de documentos que
reposan en las oficinas departamentales es distinto a dicha tarifa. Además, indicó que el
reajuste no está supeditado a las limitantes de cobro fijadas en el artículo 24 del Código
Contencioso Administrativo, porque estas no regulan los elementos esenciales de un tipo
impositivo, sino que operan en el pago general del servicio de reproducción de copias
por parte de entidades públicas, bajo el marco del derecho de petición en actuaciones
administrativas y no fiscales (C. P. Hugo Fernando Bastidas).
FECHA NOTICIA
05/06/2013
05/06/2013
Revisión normativa y doctrinal, a partir de las
publicaciones efectuadas en el aplicativo Consulta
Jurídica Institucional
NOTICIAS JURÍDICAS
TÍTULO
CUERPO
Sentencia 180012331000199900146, Consejo de Estado
5/31/2013
Condenan a la Nación por entregar zona de despeje a las FARC
Para la Corte Constitucional, la ubicación de grupos armados ilegales en zonas del
territorio nacional sin la presencia de la fuerza pública no implica ceder la soberanía,
recordó el Consejo de Estado en una sentencia que condenó al Ministerio de Defensa Ejército Nacional a título de reparación directa a favor de una víctima de las FARC en San
Vicente del Caguán (Caquetá), lugar que hizo parte de la zona de distensión establecida
por el Gobierno de Andrés Pastrana en el marco del proceso de paz que adelantó. Según
la Sección Tercera, las decisiones políticas que dispusieron el despeje del territorio no
obligaban a que los afectados soportaran sus consecuencias, como los atentados y las
acciones delictivas contra los pobladores. Como no se pudo acreditar la cuantía del daño,
se condenó en abstracto, mientras se determina el monto (C. P. Stella Conto Díaz del
Castillo).
Ley 1635, 6/11/2013
Congreso de la República
Sancionada ley que establece licencia por luto para servidores públicos
En caso de fallecimiento del cónyuge, compañero permanente o de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil, los servidores
públicos tendrán derecho a una licencia remunerada por luto de cinco días hábiles. Así lo
estableció la Ley 1635 del pasado 11 de junio. A pesar de las objeciones presentadas por
el presidente Santos, en el caso del compañero o compañera permanente, el funcionario
deberá adjuntar una declaración hecha bajo juramento en la que manifieste la
convivencia que tenía.
FECHA NOTICIA
06/06/2013
12/06/2013
Revisión normativa y doctrinal, a partir de las
publicaciones efectuadas en el aplicativo Consulta
Jurídica Institucional
TÍTULO
Sentencia
05001110200020110036401,
4/10/2013
Sentencia 37616, 5/15/2013
NOTICIAS JURÍDICAS
CUERPO
Consejo Superior de la Judicatura
Estatuto del Abogado no consagra máximos y mínimos aplicables a individualización de
la sanción
Al señalar que el Estatuto del Abogado no consagra máximos ni mínimos aplicables a la
individualización de la sanción, el Consejo Superior de la Judicatura modificó la sanción de
suspensión impuesta a un abogado que faltó al deber de debida diligencia profesional a
título de culpa, por no adelantar una gestión encomendada sin justificación. A juicio del
alto tribunal, el hecho de no tener antecedentes disciplinarios hace que la sanción sea la
censura. El magistrado Henry Villarraga salvó el voto, al considerar que, demostrada la
falta disciplinaria sin que medie causal eximente de responsabilidad, debió imponerse
suspensión entre 10,5 a 19 meses, y no por dos meses, la cual solo procede cuando
concurren circunstancias de atenuación (M. P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago).
Corte Suprema de Justicia Sala Laboral
No se desvirtúa el accidente de trabajo cuando se separa por la fuerza de su sitio
habitual a quien presta el servicio
Que la muerte del trabajador se pueda producir en terrenos distintos a los de su sede
laboral, o luego de su jornada, no significa que sea atinado concluir que el suceso en tales
circunstancias no constituye un accidente de trabajo, señaló la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia. De acuerdo con la sentencia 37616, el hecho de que un trabajador
hubiese sido separado por la fuerza del sitio donde se encontraba prestando el servicio no
rompe el nexo de causalidad entre el accidente de trabajo y la muerte, de tal forma que
desvirtuar la ocurrencia del suceso le compete a quien pretenda demostrar que el
infortunio obedeció a una causa ajena al trabajo desempeñado (M. P. Luis Gabriel
Miranda).
FECHA NOTICIA
07/06/2013
13/06/2013
Revisión normativa y doctrinal, a partir de las
publicaciones efectuadas en el aplicativo Consulta
Jurídica Institucional
TÍTULO
Sentencia C-258 (D-9173, D-9183),
5/7/2013
Acuerdo 2, 4/25/2013
NOTICIAS JURÍDICAS
CUERPO
Corte Constitucional
Estas son las razones de inconstitucionalidad del régimen pensional de congresistas y
magistrados de altas cortes
La Corte Constitucional publicó el texto de la sentencia que declaró inexequibles las
expresiones “durante el último año y por todo concepto“, “y se aumentarán en el mismo
porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, “por todo concepto” y las demás
del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 relativas al régimen pensional de los congresistas y
servidores públicos a quienes les resultaran aplicables. Atendiendo el parámetro de
control constitucional, la Sala Plena retomó el sistema de topes (Ley 4/76, Ley 71/88, Ley
100/93, Ley 797/03 y Acto Legislativo 1/05) para concluir que excluir las pensiones de
congresistas y magistrados de altas cortes contradice abiertamente el mandato
constitucional. Ya la legislación y jurisprudencia habían establecido que los regímenes
con ventajas desproporcionadas para ciertos grupos de pensionados financiados con
recursos públicos, los altos subsidios y reglas desiguales atentan contra la sostenibilidad
financiera del sistema de pensiones, contra los principios de igualdad y solidaridad (M. P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
Establecen condiciones para que militares y policías puedan acceder a soluciones
anticipadas de vivienda nueva o usada.
En cumplimiento de lo previsto en la Ley 1305 del 2009, por la cual se creó el modelo
anticipado de solución de vivienda, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
estableció como condición de acceso de los afiliados tener en sus cuentas individuales,
como mínimo, 96 cuotas de aporte de ahorro mensual obligatorio y adelantar el trámite
correspondiente para el desembolso, incluidos intereses, excedentes financieros,
rendimientos, compensación y cesantías. De igual manera, los soldados e infantes de
marina profesionales con ocho o más años de servicios podrán acceder al modelo.
FECHA NOTICIA
14/06/2013
17/06/2013
Revisión normativa y doctrinal, a partir de las
publicaciones efectuadas en el aplicativo Consulta
Jurídica Institucional
NOTICIAS JURÍDICAS
TÍTULO
Sentencia 34867, 6/5/2013
Sentencia
50001312100120120008400
(25329), 4/5/2013
CUERPO
Corte Suprema de Justicia Sala Penal
Fuerzas militares pueden realizar preventivamente funciones de policía judicial,
mientras no invada sus competencias
Aunque la asignación de funciones de policía judicial a las fuerzas militares está
prohibida por la Constitución, esto no implica que las actividades realizadas por sus
miembros en el ejercicio de la preservación del orden público o en casos de flagrancia
sean ilegales. Según la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, solo si los militares
invaden competencias privativas de policía judicial, como la recolección de elementos
probatorios, su actuación será ilegal. Por otra parte, el alto tribunal recordó que la
garantía de inviolabilidad de domicilio no protege la propiedad privada, sino el
derecho a la intimidad personal y familiar, que se circunscribe principalmente al sitio
de residencia (M. P. José Leónidas Bustos).
Consejo de Estado Sección Tercera
No todo cerramiento de vías vulnera el derecho colectivo al goce del espacio público
El Consejo de Estado señaló que el cerramiento de la carrera 28 entre calles 19 y 17,
en Bogotá, por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en
liquidación, no vulneró el derecho colectivo al goce del espacio público, a la utilización
y defensa de los bienes de uso público. En este sentido, la Sección Tercera confirmó la
negación de la acción popular con la que se pretendía reabrir tales vías por considerar
que es una medida proporcional y razonable para proteger la seguridad pública (C. P.
Stella Conto Díaz).
FECHA NOTICIA
18/06/2013
18/06/2013
Revisión normativa y doctrinal, a partir de las
publicaciones efectuadas en el aplicativo Consulta
Jurídica Institucional
TÍTULO
Concepto 2013010362, 3/18/2013
Sentencia
05001233100019950099801
(25180), 6/13/2013
NOTICIAS JURÍDICAS
CUERPO
Superfinanciera
Patrimonios autónomos pueden realizar operaciones de libranza
De acuerdo con lo previsto en el literal c) del artículo 2º de la Ley 1527 del 2012 (Ley de
Libranza), sobre entidades operadoras, los patrimonios autónomos conformados en
desarrollo de contratos de fiducia mercantil adquieren dicha calidad para realizar
operaciones de libranza o descuento directo, sin que por ello se consideren personas
naturales o jurídicas, pues simplemente se trata de un conjunto de bienes transferidos a
una fiduciaria. Así lo precisó la Superintendencia Financiera, en reciente concepto.
Consejo de Estado Sección Tercera
Indicio puede generar responsabilidad estatal, advierte Consejo de Estado frente
actividades
de
los
“12
apóstoles”
(3:28
p.m.)
El Consejo de Estado concluyó que la prueba indiciaria basta para generar la
responsabilidad extracontractual del Estado; de ahí que haya declarado responsable a la
Nación por uno de los homicidios aparentemente cometidos por la banda denominada
los “12 apóstoles”, que, según testimonios de habitantes de Yarumal (Antioquia), era un
grupo de limpieza social integrado por algunos agentes de la fuerza pública, dedicado a
cometer asesinatos, desapariciones y torturas selectivas. La Sección Tercera precisó que
existe certeza de la participación de uniformados en este grupo ilegal. La sentencia
indica que la absolución de los policías involucrados con este grupo, desde el punto de
vista penal, se dio precisamente por las difusas y gaseosas pruebas testimoniales, lo que
no puede generar el mismo efecto en materia extracontractual, toda vez que “existen
indicios graves contra los agentes como miembros activos de la organización ilegal". En
el expediente 23016 del 2013, la misma sección había sostenido lo contrario, al señalar
que el que la Fiscalía no pudiera demostrar la responsabilidad de los agentes eliminaba
la responsabilidad estatal (C. P. Enrique Gil Botero).
FECHA NOTICIA
19/06/2013
20/06/2013
Revisión normativa y doctrinal, a partir de las
publicaciones efectuadas en el aplicativo Consulta
Jurídica Institucional
NOTICIAS JURÍDICAS
TÍTULO
CUERPO
Sentencia
Consejo de Estado Sección Cuarta
25000232700020080003701 Omitir pronunciarse sobre una petición no configura decisión ficta negativa de la administración.
(17789), 5/23/2013
El Consejo de Estado señaló que omitir pronunciarse sobre una petición no configura decisión ficta
negativa de la administración. En el caso en estudio, la DIAN expidió una liquidación oficial de
corrección para devolución de tributos aduaneros, pero no tomó ninguna decisión sobre el
reconocimiento de intereses. A juicio de la Sección Cuarta, esa omisión está justificada porque la
competencia de la división de liquidación se circunscribe a establecer los errores de las declaraciones
de importación, pero obtener la devolución de tributos aduaneros requiere surtir el trámite que se
surte después de agotada la actuación administrativa y que se expida la liquidación oficial de
corrección (C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas).
Sentencia
Consejo de Estado Sección Tercera
54001233100019960925001 Estado debe rendir cuentas ante organismos internacionales por violaciones al DIH que provoquen
(23603), 6/20/2013
sus
agentes:
Consejo
de
Estado
El Consejo de Estado determinó que la Nación también debe rendir cuentas ante organismos
internacionales por las violaciones al DIH que causen sus propios agentes. Al precisar que “en el Estado
de derecho ni el delincuente puede quedar por fuera de él”, la corporación ordenó al Ministerio de
Defensa poner en conocimiento del Comité contra la tortura de la ONU las violaciones al DIH que
protagonizaron militares contra tres integrantes de la guerrilla del ELN. La Sección Tercera señaló que
la función de la fuerza pública es preservar la soberanía, independencia, integridad territorial y orden
constitucional, lo que no le habilita para violar la Convención americana de los derechos humanos en
contra del enemigo. La Sala comprobó que los militares responsables de estos hechos, más tarde,
fueron ascendidos a grados como el de capitán, mayor y sargento, aun cuando precisó que,
posteriormente, algunos fueron destituidos por la Procuraduría y condenados penalmente en juicio.
Adicionalmente, decretó que los responsables deben rembolsar, proporcionalmente a sus grados, la
condena de $ 743 millones a cargo de la Nación. Los hechos se produjeron entre el 2 y el 5 de
noviembre de 1993 en Cúcuta, donde fueron detenidos ilegalmente los insurgentes, torturados y uno
de ellos, asesinado (C. P. Jaime Orlando Santofimio).
FECHA NOTICIA
21/06/2013
21/06/2013
Metropolitana de Bogotá
Jefatura de Asuntos Jurídicos
OAC-MEBOG
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