Demandas Laborales contra
Entes Públicos
Julio Alejandro Pérez Graterol
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SUJETOS ACTIVOS
Los obreros al servicio de los entes
públicos es decir el trabajador en cuya
labor predomina el esfuerzo manual o
material, independientemente si requirió
entrenamiento especial o aprendizaje para
realizar su labor
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NO SON SUJETOS ACTIVOS
Los Funcionarios Públicos una especie de
dependientes que por mandato
constitucional (art. 144 CRBV) están
sometidos régimen exorbitante de
derecho público
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Base Constitucional
Los Funcionarios Públicos una especie de
dependientes que por mandato
constitucional (art. 144 CRBV) están
sometidos régimen exorbitante de
derecho público
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NO SON SUJETOS ACTIVOS
CRBV
Artículo 144.-La ley establecerá el Estatuto de
la función pública mediante normas sobre el
ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro
de los funcionarios o funcionarias de la
Administración Pública, y proveerá su
incorporación a la seguridad social. La ley
determinará las funciones y requisitos que
deben cumplir los funcionarios públicos y
funcionarias públicas para ejercer sus cargos.
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SCS-TSJ de fecha 17-05-2000
(caso Leocadio Martínez Vs Municipio Autónomo Paz Castillo del Estado
Miranda)
“Ahora bien, de lo anterior se colige que el demandante,
si bien es cierto que desempeñaba un servicio en
calidad de conductor en un ente municipal, no es menos
cierto, que la labor realizada por éste no requiere
esfuerzo intelectual, por lo tanto no se le puede calificar
de empleado, y siendo que lo relevante para determinar
cual es el órgano jurisdiccional competente debe ser la
adecuada calificación del tipo de prestación de servicio
desempeñado, ya que ésta será la que regirá las
situaciones y relaciones jurídicas derivadas del hecho
trabajo.”
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Casos de Interés
•
•
•
•
•
Funcionarios sin concurso
Contratados
Personal docente
Dependientes Universitarios
Administración Descentralizada Municipal
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Funcionarios sin concurso
Sentencia de la CPCA de fecha 27-03-2003
(caso DIANA MARGARITA ROSAS ARELLANO, Vs Alcaldía del
Municipio Torres del Estado Lara)
“No obstante, quiere esta Corte aclarar, que todos aquellos funcionarios
que hayan ingresado a la Administración mediante nombramiento, sin
efectuar el concurso a que hace alusión la Constitución y la Ley, o que
estén prestando servicios en calidad de contratados en cargos de carrera,
tendrán derecho a percibir los beneficios económicos de su efectiva
prestación de servicios, en las mismas condiciones que los funcionarios
que hayan sido designados mediante concurso público, es decir, a la
remuneración correspondiente al cargo desempeñado, así como el pago de
las prestaciones sociales al finalizar la relación laboral, pero en lo que
atañe a su estabilidad y a los derechos derivados de ésta, no pueden
asimilarse a un funcionario de derecho, en directa aplicación de lo
preceptuado en las normas constitucionales y legales antes indicadas, y así
se decide.
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Funcionarios sin concurso
Asimismo los reconocimientos efectuados por la Administración y por los
órganos jurisdiccionales, que acrediten como funcionarios de carrera a
aquellos que no hayan cumplido con los requisitos para el ingreso a la
carrera y que sean anteriores a la publicación de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y de la presente decisión, serán
considerados válidos y por tanto tales funcionario gozarán de estabilidad y
de los mismos beneficios socioeconómicos que los funcionarios que hayan
ingresado mediante el cumplimiento de los requisitos previstos en la Carta
Fundamental y la Ley del Estatuto de la Función Pública, puesto que tales
actos y hechos jurídicos funcionariales se consolidaron bajo la aplicación
de la derogada Constitución Nacional de 1961, la cual -de conformidad con
la interpretación dada por esta Corte y la antigua Corte Suprema de
Justicia- permitía tales consecuencias.
Por otra parte, los funcionarios que se encuentren en el desempeño de un
cargo de carrera en situación irregular -bien como contratados o bien
siendo funcionario de hecho-, tendrán derecho a concursar para optar a la
condición o “status” de carrera y el tiempo de servicio prestado por ellos,
así como las condiciones en las cuales haya desempeñado sus servicios,
deberán ser estimados por la Administración en el baremo o método de
evaluación que a los efectos del concurso se establezca. “
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Contratados
Sentencia de SCS-TSJ fecha 05-04-2001
(caso: Edimson José Vivas Pereras contra la Alcaldía del Municipio Barinas)
El criterio utilizado por el primero de los Tribunales mencionado supra, se
basa en el carácter público del accionante, lo cual, a juicio de esta Sala,
constituye un error, pues si bien algunos de los que trabajan en la
Administración Pública se rigen por las normas especiales sobre carrera
administrativa, éstos no conforman la totalidad del personal al servicio de la
Administración, pues hay quienes están expresamente excluidos de las
normas sobre Carrera Administrativa Nacionales, Estadales o Municipales,
como es el caso de los que prestan servicios bajo contrato por tiempo
determinado por necesidades especiales de la Administración.
(omisis)
A tal efecto, atendiendo a la naturaleza de trabajador ordinario del
demandante, es criterio de esta Sala que los tribunales de la jurisdicción
laboral son los competentes para conocer del presente proceso y,
específicamente, para conocer de la apelación interpuesta contra la
sentencia que declaró con lugar el reenganche y pago de salarios caídos.”
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Contratados
Sentencia de SPA-TSJ de fecha 18-11-2003
(caso YRIS AURORA BELZARES RODRÍGUEZ, Vs UCLA.)
En atención a las precisiones antes expuestas y a la norma parcialmente
transcrita, considera esta Sala que, al tratarse el caso de autos de una
acción por cobro de diferencia de prestaciones sociales interpuesta por una
docente contra la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, con
ocasión a su relación laboral, controversia esta, referida a una relación de
carácter funcionarial, la competencia corresponde a la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo, por cuanto se está ante una autoridad que no
se corresponde con ninguna de las señaladas en los ordinales 9º, 10, 11 y
12 del artículo 42 eiusdem, ni su conocimiento está atribuido a otro tribunal.
En consecuencia, corresponde en primera instancia a la Corte Primera de
lo Contencioso-Administrativo, el conocimiento y decisión de la presente
acción, y en segunda instancia a esta Sala Político-Administrativa. Así se
decide
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Personal Docente
Sentencia de SCS-TSJ de fecha 03-05-2000
(caso CARMEN MERCEDES PINEDA DE ALVARADO, Vs GOBERNACIÓN
DEL ESTADO LARA)
En el caso aquí examinado, se trata de una docente; por tanto, la ley que
los rige es la Ley de Educación, la cual, en su artículo 86 establece: "Los
miembros del personal docente se regirán en sus relaciones de trabajo por
las disposiciones de esta Ley y por la Ley del Trabajo."
Asimismo, el artículo 87 eiusdem prevé: "Los profesionales de la docencia
gozarán de las prestaciones sociales en la misma forma y condiciones que
la Ley del Trabajo establece para los trabajadores, sin perjuicio de los
beneficios acordados por otros medios."
Por otra parte, la Ley de Carrera Administrativa del Estado Lara, publicada
en Gaceta Oficial del Estado Lara Nº 35 de fecha 3 de enero de 1989, en el
ordinal 5º del artículo 6, dispone que: "Quedan exceptuados de la
aplicación de la presente Ley: ...5) El personal en ejercicio de cargos
docentes."
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Personal Docente
Sentencia de SC-TSJ de fecha 12-02-2004
(caso REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA)
“Por lo tanto, el conocimiento de los litigios que versen sobre tal
relación de empleo público entre los docentes y la Administración
Pública corresponde a los órganos jurisdiccionales con competencia
en materia contencioso-administrativa funcionarial, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública; en este sentido, cabe destacar lo dispuesto por la
disposición transitoria primera, según la cual “mientras se dicte la
ley que regule la jurisdicción contencioso-administrativa, son
competentes en primera instancia para conocer de las controversias
a que se refiere el artículo 93 de esta Ley, los jueces o juezas
superiores con competencia en lo contencioso-administrativo en el
lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado
el acto administrativo, o donde funcione el órgano o ente de la
Administración Pública que dio lugar a la controversia”.
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Personal Universitario
• Personal Docente e investigación
• Personal Administrativos
• Obreros
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Personal Universitario
Sala de Casación Social del 21-09-2000
(caso DIMAS HERNÁNDEZ ESCALONA Vs REPÚBLICA DE VENEZUELA,
MINISTERIO DE EDUCACIÓN)
"Al respecto, esta Corte en sentencia de fecha 2 de agosto de 1994 (Caso: José
Quintero vs. Universidad del Zulia), estableció en relación con los distintos
regímenes aplicables al personal de las Universidades Nacionales, tres modalidades
distintas, a saber:
a) Como obreros: en tal caso estarán regidos en sus relaciones con la Universidad por la
Ley del Trabajo, tal y como lo dispones el artículo 6º de la citada norma, y como lo
acuerda el ordinal 6º del artículo 5 de la Ley de Carrera Administrativa, que exceptúa
de su aplicación a los obreros contratados en tal carácter; y
b) El personal docente y de investigación: quienes se rigen en sus relaciones con
las Universidades por las normas contenidas en la Ley de Universidades, y
como lo dispone el artículo 5 de la Ley de Carrera Administrativa...(Omissis).
c) Los empleados administrativos: quienes rigen sus relaciones de prestación de servicio
por la Ley de Carrera Administrativa'.
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Personal Universitario
Sentencia de SCS-TSJ de fecha 13-11-2001
(caso FRANCISCO GAMBOA Vs UNIVERSIDAD NACIONAL
EXPERIMENTAL DE GUAYANA (UNEG))
“Conforme al criterio sostenido por esta Sala, el trabajador
demandante al haberse desempeñado como
Administrador II en el departamento de Tesorería de la
Universidad Nacional Experimental de Guayana
(UNEG), es un funcionario público, por lo que en
consecuencia, corresponde conocer y decidir el
presente asunto al Tribunal de la Carrera Administrativa,
con sede en la ciudad de Caracas, y así se decide”
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Personal Universitario
Sentencia de SCS-TSJ de fecha 07-11-2001
(caso EDICCIO JOSÉ RAMÍREZ GODOY, vs JUNTA
DIRECTIVA DEL FONDO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
FRANCISCO DE MIRANDA)
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Personal Universitario
Sentencia de SCS-TSJ de fecha 18-10-2000
(caso EVARISTO RAMÍREZ CAMPOS Vs
sociedad civil INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE NUEVAS
PROFESIONES)
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Administración Descentralizada
Municipal
LORM
Artículo 153.-El Municipio o Distrito deberá establecer un sistema de
administración de personal que garantice la selección, promoción y
ascenso por el sistema de mérito; una remuneración acorde con las
funciones que se desempeñen; estabilidad en los cargos y un adecuado
sistema de seguridad social, a menos que exista uno nacional, al cual debe
afiliarse obligatoriamente el personal municipal o Distrital.
En todo lo relacionado con las jubilaciones y pensiones de los empleados
públicos se aplicara la ley nacional
Los empleados de los Institutos Autónomos Municipales son
funcionarios públicos sujetos al régimen de administración de
personal a que se refiere el presente artículo.
Artículo 154.- Los trabajadores de las entidades descentralizadas y
mancomunidades, no tendrán carácter de funcionarios públicos.
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Administración Descentralizada
Municipal
Sentencia de SCS-TSJ de fecha 15-03-2000
(Caso Alexander Pérez, Vs La
Mancomunidad Cuerpo De Bomberos Del
Este)
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Sujetos Pasivos
•
–
–
–
•
–
–
Entes políticos territoriales
LA REPUBLICA
LOS ESTADOS
MUNICIPIOS (Distritos Metropolitanos)
Entes descentralizados funcionalmente
Formas de Derecho Publico
•
Institutos Autónomos
•
Universidades
•
Mancomunidades
Forma de Derecho Privado
•
Empresas del Estado
•
Fundaciones del Estado
•
Asociaciones del Estado
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Privilegios Procesales
CRBV
Artículo 21.- Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia:
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la
condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en
condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la
igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor
de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o
vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna
de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas
se cometan.
3. Sólo se dará el trato oficial de Ciudadano o Ciudadana; salvo las fórmulas
diplomáticas.
4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.
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Privilegios Procesales
La República tiene la competencia
exclusiva para legislar en materia de
procedimientos judiciales (156.32 CRBV),
es la Republica por vía de Leyes (art. 202
CRBV) o de Decretos con rango y fuerza
de Ley (236.8)
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Privilegios Procesales
• No se admite regulación legislativa estadal
o municipal
• No se admite regulación reglamentaria
• No se admite regulación contractual
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Privilegios Procesales
Limitación al derecho a la igualdad:
• Norma expresa
• Interpretación restrictiva
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Privilegios - LOPT
Artículo 12. En aquellos procesos en los
cuales se encuentren involucrados los
derechos, bienes o intereses
patrimoniales de la República, los
funcionarios judiciales deben observar los
privilegios y prerrogativas consagrados en
leyes especiales.
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Privilegios República
• Ley Orgánica de Hacienda Publica
Nacional
• Decreto Ley Procuraduría General de La
Republica
• Código de Procedimiento Civil
• Ley de Abogados
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Privilegios Estados
LODDTC
Artículo 33.- Los Estados tendrán, los
mismos privilegio prerrogativas fiscales y
procesales de que goza la República.
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Privilegios Municipios
LORM
Artículo 102.- El Municipio gozará de los mismos
privilegios y prerrogativas que la legislación
nacional otorga la Fisco Nacional, salvo las
disposiciones en contrario contenidas en esta
Ley. Igualmente, regirán para el Municipio, las
demás disposiciones sobre Hacienda Pública
Nacional en cuanto sean aplicables.
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Privilegios Municipios
Sentencia de SCS-TSJ de fecha 16-12-2003
(Jaime Rafael Riera De Lima Vs Municipio Iribarren)
Por otra parte, en relación con las costas del recurso de casación,
es necesario precisar que el Artículo 102 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal dispone que “El Municipio gozará de los mismos
privilegios y prerrogativas que la legislación nacional otorga al Fisco
Nacional, salvo las disposiciones en contrario contenidas en esta
Ley. Igualmente, regirán para el Municipio, las demás disposiciones
sobre Hacienda Pública Nacional en cuanto sean aplicables” y el
artículo 74 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República establece que “La República
no puede ser condenada en costas, aun cuando sean declaradas
sin lugar las sentencias apeladas, se nieguen los recursos
interpuestos, se dejen perecer o se desista de ellos”.
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Privilegios
Institutos Autónomos
LOAP
Artículo 97.— Privilegios y
prerrogativas de los institutos
autónomos. Los institutos autónomos
gozarán de los privilegios y prerrogativas
que la ley nacional acuerde a la
República, los estados, los distritos
metropolitanos o los municipios.
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Privilegios
Institutos Autónomos
Sentencia de la SC-TSJ de fecha 06-02-2003
(caso INSTITUTO AUTÓNOMO DE SALUD DEL ESTADO APURE (INSALUD
APURE))
“Esta Sala aclara que, antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley
Orgánica de la Administración Pública (Gaceta Oficial n° 37.305 del
17 de octubre de 2001), los Institutos Autónomos no gozaban per se
de los privilegios o prerrogativas procesales de los cuales goza la
República, pues era necesario que la Ley que los crease les
atribuyese, de manera expresa, tales privilegios; tal situación
cambió luego de la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica
de la Administración Pública, por cuanto la referida ley otorga a los
Institutos Autónomos, de manera expresa, tales privilegios
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Privilegios
Universidades
LU
Artículo 15.- Las Universidades Nacionales
gozarán, en cuanto a su patrimonio, de las
prerrogativas que al Fisco Nacional
acuerda la Ley Orgánica de la Hacienda
Pública Nacional.
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Privilegios
Empresas-fundaciones-asociaciones
Sentencia de SPA-TSJ de fecha 03-08-2000 (caso
GALCO C.A Vs DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES
COMPAÑÍA ANÓNIMA (DIANCA) )
En primer lugar debe la Sala determinar si la sociedad mercantil
demandada, DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES COMPAÑÍA
ANÓNIMA (DIANCA), dada su condición de empresa del Estado
goza de las prerrogativas y privilegios que para el Fisco Nacional
otorga la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional y al efecto, de
la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente
expediente no se encontró elemento alguno que sirviera de
convicción a la Sala sobre la existencia de tales privilegios. Así se
declara
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Privilegios
Empresas-fundaciones-asociaciones
Sentencia de SPA-TSJ de fecha 15-06-2000
(CONSTRUCTORA ODRA C.A., vs Hidroven)
En primer lugar debe la Sala determinar si efectivamente
HIDROVEN, sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil de
la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda,
bajo el Nº 30, Tomo 63-A PRO, en fecha 24 de mayo de 1990, goza
de las prerrogativas y privilegios que para el Fisco Nacional otorga
la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional y al efecto, de la
revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente
expediente no se encontró elemento alguno que sirviera de
convicción a este juzgador sobre los privilegios alegados, en
consecuencia, resulta forzoso para la Sala desechar la solicitud de
aplicación del contenido de los artículos 38 y 46 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República. Así se declara.
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Tipos de Privilegios
•
•
•
•
•
•
El Antejuicio Administrativo
Limitación en la potestad cautelar
Notificación Privilegiada
No Confesión Ficta
Probatorios
Formalidades para las FATP
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Tipos de Privilegios
•
•
•
•
Consulta Necesaria
No costas-Retasa
Ejecución Privilegiada
Corrección Monetaria
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Antejuicio administrativo
LOTPT
Articulo 36.- Los funcionarios judiciales no darán
curso a ninguna acción que se intente contra la
República, sin que se acredite el cumplimiento
de las formalidades del procedimiento
administrativo previo a que se refieren los
artículos anteriores, o el contemplado en la Ley
Orgánica de la Hacienda Pública Nacional,
según el caso."
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Sentencia de SCS-TSJ del 18-12-2000 (caso LUIS PONTINO
MORENO Vs CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA)
Ahora bien, dicho artículo no detalla o explica en qué consiste este agotamiento de la
vía administrativa, y dado que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República establece un mecanismo al efecto cuando el patrono sea un Ministerio
(Poder Ejecutivo), para con esta Rama del Poder Público se considera que deben
llenarse los extremos allí señalados al efecto. Pero es el caso que las otras dos
Ramas del Poder Público que existían para el momento de la promulgación del
referido texto normativo adjetivo, a saber, Legislativa y Judicial, así como las recién
creadas Ramas del Poder Público, Ciudadano y Electoral, no prevén en los textos
normativos que la regulan un procedimiento de carácter administrativo que deban
cumplir los trabajadores a su servicio, como presupuesto de admisibilidad de sus
acciones judiciales en materia del trabajo, de allí que se ha considerado que en estos
casos, como también para el caso de otras personas morales de carácter público (Ej.
Las Universidades Nacionales), la vía administrativa pueda agotarse acudiendo al
Inspector del Trabajo, funcionario administrativo del trabajo, quien tiene competencia
para llamar a la conciliación a las partes. De allí que pueda decirse que en estos
casos, no hay una rigidez, como la que exige la recurrida al demandante, para que
un trabajador agote la vía administrativa, lo que realmente importa es que trate por
intermedio de medios que puedan resultar adecuados, hacer del conocimiento de su
patrono, ente moral de carácter público, que no está conforme o solicita se decida en
cierto sentido, con respecto a la liquidación u otra circunstancia que se refiera al
vínculo de trabajo que los une o unió.
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Sentencia de SCS-TSJ de fecha 13-06-2000
(caso VICTORIA JOSEFINA ARANGUREN GARCÍA Y MARÍA DE
LOURDES CEDEÑOS Vs (I.M.A.U.))
En el presente caso, según se desprende de los folios 232 al 249 de la
primera pieza del expediente, la apoderada judicial de los demandantes
consignó por ante la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del
Distrito Federal, un escrito contentivo de las reclamaciones laborales de
sus representados, solicitando la citación del representante del ente
querellado a fin de que diera respuesta a sus pedimentos, tal notificación se
practicó y el representante judicial de la parte demandada pidió se le
concedieran treinta días para estudiar la reclamación formulada, al cabo de
los cuales, consignó por ante el referido órgano laboral, un escrito de
rechazo de las pretensiones de los trabajadores.
Todo ello pone de relieve que, efectivamente, se produjo la reclamación por
vía administrativa, previa al presente juicio, a lo cual estaban obligados los
demandantes conforme a la normativa laboral invocada, toda vez que el
procedimiento administrativo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, debe cumplirse sólo cuando la acción recaiga
sobre la República misma y, ello no se impone sobre aquellos órganos
distintos a ésta, razón por la cual se desecha esta denuncia y, así se
decide.
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DLPGR
Artículo 54. Quienes pretendan instaurar demandas de contenido
patrimonial contra la República deben manifestarlo previamente por
escrito al órgano al cual corresponda el asunto y exponer
concretamente sus pretensiones en el caso. De la presentación de
este escrito se debe dar recibo al interesado y su recepción debe
constar en el mismo.
Artículo 55. El órgano respectivo, dentro de los veinte (20) días hábiles
siguientes a la consignación del escrito contentivo de la pretensión,
debe proceder a formar expediente del asunto sometido a su
consideración, el cual debe contener, según el caso, los
instrumentos donde conste la obligación, fecha en que se causó,
certificación de la deuda, acta de conciliación suscrita entre el
solicitante y el representante del órgano y la opinión jurídica
respecto a la procedencia o improcedencia de la pretensión, así
como cualquier otro documento que considere indispensable.
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DLPGR
Artículo 56. Al día hábil siguiente de concluida la sustanciación del
expediente administrativo, el órgano respectivo debe remitirlo a la
Procuraduría General de la República, debidamente foliado, en
original o en copia certificada, a objeto de que ésta, en un plazo no
mayor de treinta (30) días hábiles, formule y remita al órgano o ente
respectivo, su opinión jurídica respecto a la procedencia o no de la
reclamación. En este caso, la opinión de la Procuraduría General de
la República tiene carácter vinculante.
No se requiere la opinión de la Procuraduría General de la República,
cuando se trate de reclamaciones cuyo monto sea igual o inferior a
quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) y hayan sido declaradas
procedentes por la máxima autoridad del órgano respectivo.
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DLPGR
Artículo 57. El órgano respectivo debe notificar al
interesado su decisión, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la recepción del criterio sostenido
por la Procuraduría General de la República.
Artículo 58. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a la notificación, el interesado debe dar respuesta al
órgano que corresponda, acerca de si acoge o no la
decisión notificada. En caso de desacuerdo, queda
facultado para acudir a la vía judicial.
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DLPGR
Artículo 59. La ausencia de oportuna respuesta,
por parte de la Administración, dentro de los
lapsos previstos en este Decreto Ley, faculta al
interesado para acudir a la vía judicial.
Artículo 60. Los funcionarios judiciales deben
declarar inadmisibles las acciones o tercerías
que se intente contra la República, sin que se
acredite el cumplimiento de las formalidades del
procedimiento administrativo previo a que se
refiere este Capítulo.
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Potestad Cautelar
DLPGR
Artículo 73. Los bienes, rentas, derechos o
acciones que formen parte del patrimonio
de la República no están sujetos a
embargos, secuestros, hipotecas,
ejecuciones interdictales y, en general, a
ninguna medida preventiva o ejecutiva.
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Potestad Cautelar
Artículo 97. Cuando se decrete medida procesal, de embargo, secuestro,
ejecución interdictal y, en general, alguna medida de ejecución preventiva o
definitiva sobre bienes de institutos autónomos, empresas del Estado o
empresas en que éste tenga participación; de otras entidades públicas o de
particulares, que estén afectados al uso público, a un servicio de interés
público, a una actividad de utilidad pública nacional o a un servicio privado
de interés público, antes de su ejecución, el juez debe notificar al
Procurador o Procuradora General de la República, acompañando copias
certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del
asunto, a fin de que el organismo público que corresponda adopte las
previsiones necesarias para que no se interrumpa la actividad o servicio a
la que esté afectado el bien. En este caso el proceso se suspende por un
lapso de cuarenta y cinco días (45) días continuos, contados a partir de la
consignación en el expediente de la constancia de la notificación al
Procurador o Procuradora General de la República.
Adoptadas las previsiones del caso, el organismo correspondiente debe
comunicar al Procurador o Procuradora General de la República, quien a su
vez debe informar al juez de la causa.
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Potestad Cautelar
DLPGR
Artículo 98. Transcurrido el lapso señalado
en el artículo anterior, sin que el
Procurador o Procuradora General de la
República haya informado al Tribunal de la
causa sobre las previsiones adoptadas
por el organismo correspondiente, el juez
puede proceder a la ejecución de la
medida.
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Notificación-Parte
DLPGR
Artículo 80. Consignado por el Alguacil el acuse de recibo
de la citación en el expediente respectivo, comienza a
transcurrir un lapso de quince (15) días hábiles, a cuya
terminación se considera consumada la citación del
Procurador o Procuradora General de la República,
iniciándose el lapso correspondiente para la
contestación de la demanda.
El Procurador o Procuradora General de la República
puede darse por citado, sin que sea necesario dejar
transcurrir el lapso indicado en este artículo.
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Notificación- Interés
DLPGR
Artículo 93. El Procurador o Procuradora
General de la República puede intervenir
en aquellos juicios en los que, si bien la
República no es parte, son afectados
directa o indirectamente los derechos,
bienes e intereses patrimoniales de la
República.
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Notificación Interés
DLPGR
•
•
•
Artículo 94. Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al
Procurador o Procuradora General de la República de la admisión de toda
demanda que obre directa o indirectamente contra los intereses
patrimoniales de la República. Las notificaciones deben ser hechas por
oficio y estar acompañadas de copias certificadas de todo lo que sea
conducente para formar criterio acerca del asunto.
El proceso se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos, el
cual comienza a transcurrir a partir de la fecha de la consignación de la
notificación, practicada en el respectivo expediente. Vencido este lapso, el
Procurador o Procuradora se tendrá por notificado. Esta suspensión es
aplicable únicamente a las demandas cuya cuantía es superior a Mil
Unidades Tributarias (1000 U.T).
El Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su
nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso,
manifestando la ratificación de la suspensión, o su renuncia a lo que quede
del referido lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado.
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Notificación- Interes
DLPGR
Artículo 95. Los funcionarios judiciales están igualmente obligados a
notificar al Procurador o Procuradora General de la República de
toda oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de
cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los
intereses patrimoniales de la República. Estas notificaciones deben
ser hechas por oficio y estar acompañados de copias certificadas de
todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto.
En tales casos, el proceso se suspenderá por un lapso de treinta (30)
días continuos, contados a partir de la fecha de la consignación de
la notificación practicada en el respectivo expediente. El Procurador
o Procuradora General de la República, o quien actúe en su
nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso,
manifestando la ratificación de la suspensión o su renuncia a lo que
quede del lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado.
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Notificación-Interés
• Sentencia de SCS-TSJ del 26-07-2001 (caso JOSÉ ANTONIO
CARRASCO VS C.V.G. CARBONES DEL ORINOCO, C.A. (C.V.G.
CARBONORCA))
• Sentencia de SCS-TSJ del 17-12-2001 (caso LEXI MARGARITA
PARRA DE FERNÁNDEZ, LEXI MARGARITA PARRA DE
FERNÁNDEZ, Vs PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A.
(PEQUIVEN), Vs PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A.
(PEQUIVEN),)
• Sentencia de SC-TSJ del 24-10-2000 SC-TSJ (caso Fundación
Fondo de Fortalecimiento Social)
• Sentencia de SCS-TSJ del 05-02-2002 (caso JULIO CÉSAR
ROJAS Vs C.A. ELECTRICIDAD DE ORIENTE (ELEORIENTE))
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Notificación-Estadal
Sentencia de SCS-TSJ de fecha 25-04-2002
(caso NESTOR DE JESÚS CÁRDENAS SUE, Vs
LA FUNDACIÓN PARA EL RESCATE,
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, CUIDO Y
ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS DEL ESTADO ZULIA
(FUNIDEZ))
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Notificación Municipal
LORM
Artículo 103.- Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Sindico
Procurador de toda demanda, oposición, excepción, providencia, sentencia o
solicitud de cualquier naturaleza que, directa o indirectamente, obre contra los
intereses patrimoniales del Municipio, del Distrito Municipal o Metropolitano.
Dichas notificaciones se harán por oficio y deberán ser acompañadas por copia
certificada de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto. El
Sindico Procurador deberá contestarlas en un término de cuarenta y cinco (45) días
continuos, vencido el cual se tendrá por notificado.
En los juicios en que el Municipio o Distrito sea parte, los funcionarios judiciales
están igualmente obligados a notificar al Sindico Procurador de la apertura de todo
término para el ejercicio de algún recurso, de la fijación de oportunidad para la
realización de algún acto de toda actuación que se practique. En este caso, vencido
un plazo de ocho (8) días hábiles se tendrá por notificado el Municipio o Distrito.
La falta de notificación será causal de reposición a instancia del Sindico Procurador.
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Notificación-Municipal
• Sentencia de SC-TSJ de fecha 15-102002 (caso Municipio Escuque del Estado
Trujillo)
• Sentencia de la SC-TSJ de fecha 03-102002 (caso Municipio Iribarren del Estado
Lara)
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No Confesión Ficta
DLPGR
Artículo 66. Cuando el Procurador o Procuradora
General de la República, o los abogados que
ejerzan la representación de la República, no
asistan a los actos de contestación de demandas
intentadas contra ésta, o de las cuestiones previas
que les hayan sido opuestas, las mismas se tienen
como contradichas en todas sus partes, sin perjuicio
de la responsabilidad personal del funcionario por
los daños causados a los derechos, bienes e
intereses patrimoniales de la República.
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No Confesión Ficta
Sentencia de SCS-TSJ de fecha 25-032004(caso SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES CABALLERICEROS, PRENDICES, CAPATACES, SERENOS
DE CUADRA, SIMILARES Y CONEXOS
DE VENEZUELA, Vs el INSTITUTO
NACIONAL DE HIPÓDROMOS (I.N.H.)
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No Confesión Ficta
En ese orden de ideas, el artículo precedente conmina a los funcionarios
judiciales (extensible a los Jueces) en acatar sin restricción alguna, a
menos que esté tutelada legalmente, los privilegios y prerrogativas de la
República siempre que ésta tenga algún interés patrimonial discutido en
juicio que pudiera resultar afectado.
De tal forma que, en el caso en análisis, pese a la incomparecencia de la
parte demandada, el Juzgador de la recurrida ha debido observar los
privilegios o prerrogativas de la República y no aplicar mecánicamente el
efecto jurídico propio de la no asistencia del demandado a la audiencia
preliminar, como lo es la presunción de admisión de los hechos.
En el presente asunto, una vez operada la incomparecencia del
demandado, el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución
competente debió remitir el expediente al Tribual de Juicio respectivo,
previo transcurso de los cinco (5) días hábiles a que se contrae el artículo
135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los fines de que el Juez de
Juicio que correspondiera, proveyera lo que considerare pertinente.
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Pruebas
DLPGR
Artículo 76. Ni las autoridades, ni los
representantes legales de la República, están
obligados a absolver posiciones juradas, ni a
prestar juramento decisorio, pero deben
contestar por escrito las preguntas que, en igual
forma, les hicieren el Juez o la contraparte
sobre hechos de que tengan conocimiento
personal y directo.
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Pruebas
Se mantiene la carga probatoria
Sentencia de la SCS-TSJ de fecha 13-072000 (caso LUIS EDUARDO GUEVARA
SISO Vs MUNICIPIO JUAN GERMÁN
ROSCIO)
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Formalidades FATP
DLPGR
Artículo 68. Los abogados que ejerzan en juicio la
representación de la República no pueden
convenir, desistir, transigir, comprometer en
árbitros, conciliar o utilizar cualquiera otro medio
alternativo para la solución del conflicto, sin la
expresa autorización del Procurador o
Procuradora General de la República, previa
instrucción escrita de la máxima autoridad del
órgano respectivo.
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Consulta Necesaria
DLPGR
Artículo 70. Toda sentencia definitiva
contraria a la pretensión, excepción o
defensa de la República, debe ser
consultada al Tribunal Superior
competente
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Costas-LOPT
Articulo 64.- Las costas proceden contra
los estados, municipios, institutos
autónomos, empresas del Estado y
personas morales de carácter publico,
pero no proceden contra los trabajadores
que devenguen menos de tres(3) salarios
mínimos
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NO costas
DLPGR
Artículo 74. La República no puede ser
condenada en costas, aún cuando sean
declaradas sin lugar las sentencias
apeladas, se nieguen los recursos
interpuestos, se dejen perecer o se
desista de ellos.
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Si Costas-Municipio
LORM
Artículo 105.- Para que proceda la condenatoria en costas
contra el Municipio será necesario que este resulte
totalmente vencido por sentencia definitivamente firme
en juicio de contenido patrimonial. En ningún caso se
condenara en costas al Municipio, cuando se trate de
juicios Contencioso Administrativos de anulación de
actos administrativos municipales. El monto de la
condenatoria en costas del Municipio, cuando proceda,
no podrá exceder del diez por ciento (10%) del valor de
la demanda. La retasa será siempre obligatoria. En todo
caso, el Juez podrá eximir de al Municipio, cuando este
haya tenido motivos racionales para litigar.
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No Costas-Municipio
• Sentencia de SCS-TSJ de fecha 16-122003 (Jaime Rafael Riera De Lima Vs
Municipio Iribarren)
• Sentencia de SCS-TSJ de fecha 20-012004 (caso Irma Tibisay Donaire Pérez Vs
Municipio Iribarren)
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Retasa-Municipio
La Sentencia de SC-TSJ Sala
Constitucional en fecha 03-10-2003 (caso
Municipio Iribarren del Estado Lara)
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Retasa-Empresa Publicas
La sentencia SC-TSJ de fecha 27-11-2001
(caso PDVSA PETROLEO Y GAS S.A)
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Ejecución de Sentencia
DLPGR
• Artículo 85. Cuando la República sea condenada en
juicio, el Tribunal encargado de ejecutar la sentencia
notificará al Procurador o Procuradora General de la
República quien, dentro del lapso de sesenta (60) días
siguientes, debe informarle sobre su forma y
oportunidad de ejecución.
• Dentro de los diez (10) días siguientes de su
notificación, la Procuraduría General de la República
participará al órgano respectivo de lo ordenado en la
sentencia. Este último deberá informar a la Procuraduría
General de la República sobre la forma y oportunidad de
ejecución de lo ordenado en la sentencia, dentro de los
treinta (30) días siguientes de recibido el oficio
respectivo.
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Ejecución de Sentencia
DLPGR
•
•
•
Artículo 86. La parte interesada, previa notificación, puede aprobar o rechazar
la proposición del organismo público que corresponda y, en el último caso, el
Tribunal debe fijar otro plazo para presentar nueva propuesta; si la misma no es
aprobada por la parte interesada, o si el organismo respectivo no hubiere
presentado alguna, el Tribunal debe determinar la forma y oportunidad de dar
cumplimiento a lo ordenado por la sentencia, según los procedimientos
siguientes:
1. Si se trata de cantidades de dinero, el Tribunal, a petición de la parte
interesada, debe ordenar que se incluya el monto a pagar en la partida
respectiva de los próximos dos ejercicios presupuestarios, a cuyo efecto debe
enviar al Procurador o Procuradora General de la República copia certificada de
la decisión, la cual debe ser remitida al organismo correspondiente. El monto
que se ordene pagar debe ser cargado a una partida presupuestaria no
imputable a programas.
2. Si se trata de entrega de bienes, el Tribunal debe poner en posesión de los
mismos a quien corresponda. Si tales bienes estuvieren afectados al uso
público, a actividades de utilidad pública o a un servicio público prestado en
forma directa por la República, el Tribunal debe acordar la fijación del precio
mediante avalúo realizado por tres peritos, nombrados uno por cada parte y el
tercero de común acuerdo. En caso de desacuerdo, el tercer perito es
nombrado por el Tribunal.
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Ejecución (LORM)
• Artículo 104.- Cuando el Municipio o el Distrito resultare
condenado en juicio, el tribunal encargado de ejecutar la
sentencia lo comunicara al Alcalde, quien dentro del
término señalado por el Tribunal, deberá proponer al
Concejo o Cabildo la forma y oportunidad de dar
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia. El
interesado, previa notificación, aprobara o rechazara la
proposición del Alcalde, y en este último caso, el
Tribunal fijara otro plazo para presentar una nueva
proposición. Si esta tampoco fuere aprobada por el
interesado o el Municipio no hubiere presentado alguna,
el Tribunal determinará la forma y oportunidad de dar
cumplimiento a lo ordenado por la sentencia según los
procedimientos siguientes:
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Ejecución (LORM)
1° Si se trata de cantidades de dinero, el Tribunal, a petición de parte
interesada, ordenara que se incluya el monto a pagar en la fecha enviara al
Alcalde copia certificada de lo actuado. El monto que se ordene pagar, se
cargara a una partida presupuestaria no imputable a programas.
El monto anual de dicha partida no excederá del cinco por ciento (5%) de
los ingresos ordinarios del presupuesto del Municipio o Distrito.
Cuando la orden del Tribunal no fuere cumplida o la partida prevista no
fuere ejecutada, el Tribunal a instancia de parte, ejecutara la sentencia
conforme al procedimiento ordinario pautado en el Código de
Procedimiento Civil; y.
2° Si se tratare de entrega de bienes, el Tribunal pondrá en posesión de
ellos a quien corresponda, pero si tales bienes estuvieren afectados al uso
público, a un servicio público o actividades de utilidad pública prestados en
forma directa por el Municipio, el Tribunal acordara la fijación del precio
mediante peritos, en la forma establecida en la Ley de Expropiación por
Causa de Utilidad Pública o Social; y determinado el precio, ordenara su
entrega a quien corresponda, conforme a lo previsto en el numeral anterior.
En este último caso, la fecha de sentencia se equiparara a la fecha del
Decreto de Expropiación.
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Sentencia de SC-TSJ de fecha 22-07-2003 (caso Estado
Apure)
“De la norma anteriormente transcrita se colige
que, una vez condenado el ente público sujeto a
esta Ley mediante una decisión judicial, ésta no
puede ser ejecutada inmediatamente por el
administrador de justicia, sino que se debe
atender a la prerrogativa presupuestaria de que
goza y, en caso de ordenarse un pago, debe
esperarse a que sea incluido dentro de una
partida del presupuesto de gastos que
corresponda realizar.”
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Control de los Privilegios
• Control Concentrado(336 CRBV)
• Control Difuso (334 CRBV)
• Doctrina del Abuso del Privilegio (fraude a
la ley)
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Doctrina del Abuso del Privilegio
• Sentencia de SC-TSJ de fecha 03-102002 (Caso Alcaldía del Municipio
Iribarren)
• Sentencia de SC-TSJ de fecha 11-072003 (caso INSALUD) Se estableció lo
siguiente :
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Sentencia de SC-TSJ de fecha 03-10-2002 (Caso
Alcaldía del Municipio Iribarren)
La persistencia en el incumplimiento de la condena derivada del
pronunciamiento judicial implica un abuso de derecho de parte del
Municipio pues habiendo quedado obligado a honrar la prestación
debida por expresa orden judicial, lo cual constituye una norma
imperativa concretizada, el ente público se ha valido de sus
prerrogativas de poder, pues conociendo que los bienes de la
Nación, y por remisión legislativa expresa, de los Municipios, no
están sujetos a embargos, secuestros o ninguna otra medida de
ejecución preventiva o definitiva, por encontrarse sometidos a un
régimen especial (Art. 102 de la Ley Orgánica del Régimen
Municipal), elude tanto el cumplimiento voluntario como el derivado
de la potestad coactiva de los Tribunales, del mandato contenido en
el pronunciamiento judicial. Vale decir, el Municipio no viola
abiertamente la ley, pero sí comete un abuso de derecho al valerse
de las ventajas de su régimen de derecho público para presentar
resistencia al cumplimiento de normas de orden público.
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Sentencia de SC-TSJ de fecha 03-10-2002 (Caso
Alcaldía del Municipio Iribarren)
Siendo que el abuso de derecho no puede ser tolerado porque
evade el cumplimiento de normas obligatorias o de orden público
dentro del ordenamiento jurídico, el sujeto activo en lo que toca a la
conducta abusiva no puede, verificada la ilicitud de su conducta,
valerse de las prerrogativas y privilegios que le pueda conceder la
ley, pues una conducta reprochable, no adecuada a la buena fe, no
puede generar la protección del sistema legal.
No significa esto que la vigencia de tales prerrogativas dependa de
la conducta de su beneficiario pues las mismas se encuentran
previstas en la ley; sólo que, dado el supuesto de una conducta
violatoria de la ley por la misma persona que tiene el beneficio o la
prerrogativa, el juez tiene la potestad excepcional de desaplicar,
para el caso concreto, la prerrogativa o el beneficio, vista la
gravedad del abuso cometido, y en tutela del derecho de defensa
de la víctima de la conducta.
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Sentencia de SC-TSJ de fecha 11-07-2003
(caso INSALUD)
De manera que, en atención a los criterios expuestos, que en esta oportunidad
se ratifican, debe interpretarse que las prerrogativas y privilegios requieren de
un especial tratamiento, pues el derecho de los demás no puede hacerse
nugatorio, aceptar ello conduciría a consentir un abuso de derecho por parte de
los organismos públicos que, en virtud de habérseles creado legislativamente
una prerrogativa, a veces de manera genérica y sin base constitucional,
pudiéndose desconocer el derecho de los particulares y las ordenes judiciales.
Si observándose además, por una parte, que la ley que creó el instituto de
autos no prevé tal privilegio y, por otra parte, el procedimiento que motivó la
decisión que se impugnó, es un juicio laboral, específicamente, por pago de
prestaciones sociales y las normas que contiene la Ley Orgánica del Trabajo
son de orden público, además, por la existencia del principio de protección
especial del trabajador (por ser el débil económico) y por cuanto la Constitución
considera al trabajo como un hecho social que protege el Estado y que se rige
por una serie de principios tales como: intangibilidad, progresividad, primacía de
la realidad, irrenunciabilidad, in dubio pro operario, entre otros. Por todo ello
estima la Sala que el Juzgador Superior ha debido mantener vigente la medida
de embargo que se practicó en cumplimiento de la decisión que se impugnó,
ante la ausencia de las violaciones alegadas por las abogadas demandantes.
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Sentencia de SC-TSJ de fecha 11-07-2003
(caso INSALUD)
En razón de lo expuesto, el Juzgado Superior no actuó
ajustado a derecho cuando ordenó la suspensión de los
efectos del embargo ejecutivo sobre los bienes del
demandante de amparo, pues debió velar por que se
cumpliera dicha medida y, al no hacerlo, incurrió en la
vulneración del derecho al debido proceso.
En virtud de todas las anteriores consideraciones, esta
Sala revoca la decisión que fue consultada y en
consecuencia, declara sin lugar la demanda de amparo
y declara con plenos efectos jurídicos la medida de
embargo decretada por el Juzgado Segundo de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.
Así se decide.
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Demandas Laborales contra Entes Públicos