+
XXIX JORNADAS
DE
COORDINACIÓN
DEFENSORES
DEL PUEBLO
LAS FAMILIAS Y SUS NECESIDADES
Y RETOS EN EL ACTUAL ENTORNO
SOCIAL Y ECONÓMICO:
RESPUESTA DE LOS PODERES
PÚBLICOS
Taller:
Familias vulnerables: Políticas públicas y recursos
+
Objetivos del taller

Analizar la situación de las familias que presentan algún tipo
de vulnerabilidad

Entender qué es vulnerabilidad

Analizar el cambio de perfil de las familias con necesidades
económicas

Alertar de la incapacidad de los poderes públicos de dar
soluciones integradoras frente a los riesgos de exclusión social
actuales.
+
Puntos de análisis
1.
Familias en exclusión social o en riesgo de exclusión social
a. Familias inmigrantes
b. Familias de etnia gitana
2.
Familias con carencia de recursos personales, sociales o
económicos
a. Alojamiento, techo y vivienda dignos
b. Suministros básicos esenciales
c. Garantía de ingresos económicos mínimos de subsistencia
d. Garantía de necesidades básicas de alimentación y vestido
e. Sanidad
f. Educación
3.
Familias con personas menores en situación de vulnerabilidad
o riesgo
a. Familias en situación de pobreza con menores a cargo
b. Familias en conflicto con menores a cargo
c. Menores expuestos a violencia de género
4.
Familias con personas dependientes
+
Familias inmigrantes
+
Familias inmigrantes

Problemática común:
 Desempleo
 Falta de recursos
 Problemas con el pago de la vivienda, alimentación, energía
 Escasas prestaciones
 Dificultad de acceso al sistema sanitario
 Trabas burocráticas
 Problemas en la reagrupación familiar, etc

Condiciones especiales:
 Falta de apoyo familiar
 Problemática en la situación administrativa
 Aspectos relacionados con la seguridad
 Progresiva desconfianza hacia el trabajador extranjero
+
Propuestas
1.
Flexibilizar los requisitos de renovación de las autorizaciones
para prevenir la irregularidad sobrevenida
2.
Aplicación del principio de interés superior del menor
permitiendo la minoración de la cuantía de los medios
económicos de los progenitores
3.
Suprimir la exigencia de permanecer dos años de manera
irregular para poder acceder a la autorización para los
menores no nacidos en España y los menores sujetos a la
tutela de un ciudadano o institución con residencia legal
4.
Recordar a la Administración que las personas extranjeras
nacionales de terceros países son titulares del derecho
fundamental a la educación, con independencia de su
situación administrativa y edad
+
Reagrupación y renovación
familiar
1.
Flexibilizar cualquier requisito económico que impida el
derecho a la vida en familia en el trámite de reagrupación y
renovación
2.
Agilizar los procedimientos de reagrupación familiar
3.
Regular los criterios objetivos que justifiquen la residencia en
España de ascendientes reagrupables
4.
Adoptar las medidas normativas para impedir el doble control
de los requisitos de la reagrupación familiar por parte de las
misiones diplomáticas y oficinas consulares
5.
Establecer mecanismos para un mejor control de la actividad
de las misiones diplomáticas y oficinas consulares españolas
para obtener una mayor seguridad jurídica y coordinación
+
Reagrupación y renovación
familiar
6.
No pedir tenencia de medios económicos y asistencia
sanitaria a los cónyuges o pareja de hecho de las personas
de nacionalidad española.
7.
Revisar la práctica de las entrevistas policiales a los
cónyuges o parejas de ciudadanos de la UE solicitantes de
autorizaciones en régimen ccomunitario.
8.
Impartir instrucciones a los Registros Civiles para que la
situación irregular de una de las personas contrayentes no
se considere causa de solicitud de informe policial.
9.
Flexibilizar los plazos de permanencia fuera de España para
no perder la residencia. Velar porque el derecho a la
vivienda, techo o alojamiento digno de cualquier familia
inmigrante no esté condicionado a la situación administrativa.
10.
Defender el derecho a la asistencia sanitaria de las familias
inmigrantes sin que se tenga en cuenta su situación
administrativa.
+
Familia de etnia gitana
+
Familias de etnia gitana

Dificultades derivadas de su heterogeneidad y peculiaridades
étnicas

Víctimas de prácticas discriminatorias que impiden su acceso a
bienes y servicios o al empleo en igualdad de condiciones

Amenazas a décadas de avances en igualdad de
oportunidades y regresión en el acceso a algunos derechos
(empleo, salud, vivienda, educación…)

Escasos estudios sobre la situación actual de la Comunidad
Gitana, lo que dificulta definir políticas sociales adaptadas a las
necesidades de cada territorio.
+ Propuestas
1.
Mejorar el conocimiento sobre la realidad de los modelos
familiares en la población gitana y sus perspectivas de
evolución con vistas a la planificación de las políticas
públicas.
2.
Adopción por parte de los poderes públicos de fórmulas de
inserción laboral y mantenimiento del empleo de acuerdo con
el carácter cooperativo de dichas familias.
3.
Mantener y reforzar las medidas de solidaridad con las
familias más necesitadas.
4.
Acompañar las políticas de prevención y/o erradicación del
chabolismo y los realojos con programas de intervención
social.
5.
Mejorar el conocimiento y la comprensión de la cultura gitana
por parte de la sociedad y los poderes públicos.
6.
Impulsar programas especiales para prevenir y reducir el
abandono escolar y mejorar los resultados educativos.
+
Familias con carencia de recursos
personales sociales o económicos
+
1. Alojamiento, techo y vivienda
dignos

Dificultad, debido a la crisis, para acceder a una vivienda.

Especiales dificultades a colectivos determinados: Personas
menores, jóvenes, mujeres solas con cargas familiares,
personas discapacitadas, mayores, etc

Problemas específicos de las personas sin hogar por falta de
plazas en albergues y centros de acogida.

Pérdida de vivienda por desahucios o embargos, incluso de la
Seguridad Social

Cambio de perfil de las familias demandantes, de la
normalización a la situación de exclusión o en riesgo de
exclusión social
Propuestas
+
1.
Adoptar medidas de carácter legislativo, presupuestario,
administrativos, judiciales y de cualquier orden para proteger a las
familias antes de que pierdan su vivienda y prevenir y solucionar la
carencia de viviendas destinas a los sectores más necesitados.
2.
Reforzar los mecanismos de protección del derecho constitucional a
una vivienda digna y adecuada, tendiendo a la reducción de
viviendas vacías, fomento del alquiler y protección frente a los
desahucios.
3.
Mejora legal en materia hipotecaria y aprobación de una Ley de
segunda oportunidad.
4.
Establecer normas de selección para el acceso vivienda protegida,
aplicando criterios de eficiencia en la lucha contra la exclusión y la
desigualdad.
5.
Puesta en marcha de una bolsa de ayudas a propietarios y
arrendatarios que temporalmente y por causas sobrevenidas no
puedan afrontar el pago.
6.
Aprobar normas que permitan paralizar los procedimientos de
apremio de la SS sobre la vivienda familiar, única y habitual,
similares a las de protección de deudores hipotecarios.
+
2. Suministros básicos y esenciales

Pobreza energética: No poder hacer frente a los gastos de luz, agua o
gas.

Sobreesfuerzo económico a la hora de recuperar el servicio

Los ayuntamientos a través de sus servicios sociales, dedican
recursos a cubrir estas carencias.

El volumen de la demanda hace que la respuesta sea insuficiente o
tardía.

Las entidades sociales también ayudan a los usuarios/as a pagar
estos suministros.
+ Propuestas
1.
Regulación común para permitir a las familias con menos
recursos acceder a los servicios y suministros de primera
necesidad a unos precios razonables y adaptados a su
realidad económica
2.
Adoptar medidas y ofrecer soluciones que impidan el corte
de suministros básicos por imposibilidad de pago. (bono
social, prestamos, etc)
3.
Definir el concepto de familia vulnerable para determinar a
las personas beneficiarias
4.
Participación de las empresas suministradoras en la garantía
de estos servicios, especialmente en caso de corte del
suministro
5.
Determinación de un nivel de consumo mínimo garantizado,
acompañado de tarifas progresivas, bonificaciones y
reducciones en los tramos vitales.
6.
Considerar las diferencias entre tipos de suministro para la
adopción de medidas
7.
Garantizar la flexibilidad en la aplicación de dichas medidas
en casos concretos.
+
3. Garantía de ingreso económico
mínimo de subsistencia

Incremento de los niveles de pobreza a consecuencia de la
crisis económica.

Consecuencia: empeoramiento de los colectivos en situación
de exclusión y puesta en riesgo de personas y familias
integradas (normalidad económica y social).

Necesidad de garantizar niveles mínimos de subsistencia a
personas y familias en estas situaciones.

Muchas Comunidades Autónomas cuentan con algún tipo de
renta mínima.

Diferencias entre las regulaciones autonómicas, en cuanto a:
su consideración o no como derecho subjetivo, condiciones y
requisitos de acceso, supeditación o no a itinerarios de
inserción etc.
+
Propuestas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Garantizar, a través de la Administración General del
Estado, como derecho subjetivo y regulación de carácter
general, una renta mínima a las familias en situación o en
riesgo de exclusión social.
Situar dichas normas en el marco de políticas integrales de
inserción, basadas en el empleo.
Combinar la condicionalidad de las prestaciones con la
flexibilidad en su reconocimiento.
Prever la compatibilidad de la prestación con el ejercicio de
la actividad laboral para que no se produzca
desincentivación.
Garantizar que al menos una persona en la familia perciba
algún ingreso económico.
Arbitrar medidas de agilización de los expedientes.
Prever la movilidad interterritorial.
Dotación presupuestaria adecuada.
4.
Garantía
de
necesidades
+
básicas de alimentación y vestido

Quejas por prestaciones económicas insuficientes para necesidades básicas,
retrasos en su concesión por los servicios sociales, falta de recursos humanos
y económicos y ayudas limitadas en el tiempo.

Falta de regulación de las ayudas. Necesidad de revisión de las prestaciones
del sistema público de servicios sociales para familias en situación de extrema
necesidad.

Ayudas no son de derecho subjetivo, supeditadas a presupuestos anuales que
se han reducido considerablemente respecto a años anteriores.

Atención de baja intensidad por los SS debido al aumento de la demanda y
falta de recursos propios para atenderla, especialmente en atención de
urgencia, que ponen en riesgo derechos sociales ya reconocidos.

Derivación a la iniciativa social.

Necesidad de valorar el impacto que tendrá la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en los
SS de proximidad.
+ Propuestas
1.
Fortalecer las prestaciones económicas destinadas a la atención de necesidades básicas,
abordando las reformas normativas oportunas en relación con la compatibilidad con otros
recursos, los requisitos de acceso, los plazos, etc.
2.
Reconocer la inembargabilidad de las ayudas económicas de subsistencia.
3.
Prever y consignar la suficiente cobertura presupuestaria para el abono de las ayudas, y
atenderlas en un plazo máximo que garantice la satisfacción de la finalidad.
4.
Contemplar un régimen de compatibilidad de las prestaciones económicas destinadas a la
atención de necesidades básicas de subsistencia, en particular con la renta mínima.
5.
Mejorar el marco público de gestión de los excedentes alimentarios, mediante el
establecimiento de la normativa adecuada.
6.
Reconocer y apoyar la labor que vienen efectuando las Entidades del Tercer Sector de
Acción Social al atender las necesidades básicas de las familias, sin que suponga la
dejación de responsabilidades públicas.
7.
Basar la efectividad de la universalidad del derecho de acceso a los servicios sociales en la
financiación adecuada y en la definición del catálogo o cartera de servicios y prestaciones,
mediante el establecimiento de sus objetivos, prestaciones, personas destinatarias,
requisitos de acceso, etc.
+ 5. Sanidad

Problemática generada por la necesidad de aportación farmacéutica (copago), establecida
por el Real Decreto 16/2012, de 20 de Abril, modelo que impacta en las familias con
situación económica más vulnerable.

Problemas de gestión administrativa: confusión en cuanto a la administración competente
para asignar tipo de copago.

Ausencia de una política específica para la atención de los enfermos crónicos, y la deficiente
articulación del espacio socio sanitario.

Dificultades de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras y ultra-raras, que hacen
que las familias afronten en solitario la atención a estos pacientes.

Falta de adherencia a los tratamientos farmacológicos, debido a los problemas económicos,
especialmente en las situaciones de emergencia social.

Problemas específicos de algunos colectivos vulnerables, las condiciones socioeconómicas
desfavorables se asocian a efectos negativos sobre la salud, pudiéndose producir aumento
de los conflictos familiares: personas con enfermedades mentales y adicciones.
+ Propuestas
1.
Se debería establecer una política más solidaria en cuanto a la exención de copago
a las rentas más bajas, a las personas con discapacidad y a la personas en riesgo
de exclusión social.
2.
Es necesario avanzar hacia un enfoque de atención integral de las personas con
enfermedades crónicas, que disminuya fenómenos tales como sobrefrecuentación
de las urgencias o de los hospitales generales ante la insuficiencia de medios más
idóneos.
3.
Aun cuando la clave para el tratamiento del gran número de enfermedades raras y
ultrararas está en la investigación, no debe olvidarse la necesidad que estas
familias tienen de contar con apoyo sociosanitario.
4.
Resulta necesario adecuar la oferta de instrumentos de rehabilitación en el ámbito
comunitario dotándola de estructuras diversificadas que permiten un mejor
seguimiento de los procesos, mayor adherencia a los tratamientos y evitar que la
atención a la salud mental se base en la práctica en la atención a los procesos
agudos.
6.
Educación
+

Exigencia de las familias para que la Administración cumpla sus
obligaciones respecto a la adecuación/ reestructuración de edificios
escolares y a que los mismos cuenten con los equipamientos necesarios

Necesidad de atender rápida y prontamente a aquellos alumnos y
alumnas que resultaron beneficiarios de las ayudas y becas al estudio y
cuyo retraso excesivo, hace que a la larga resulten ineficaces.

Circunstancias que se agravan cuando se trata de alumnado con
necesidades educativas especiales.

Dificultades de familias con niños y niñas escolarizados en centros
concertados para satisfacer el pago de las cuotas de las actividades
complementarias.

Dificultad en el acceso y continuidad en los estudios universitarios como
consecuencia del incremento de los precios públicos y el endurecimiento
de los requisitos para el otorgamiento de becas y ayudas, aumento de las
personas que renuncian a los estudios universitarios y las situaciones de
impagados.
Propuestas
+
1.
Que se garantice la reestructuración y adecuación de los edificios escolares y
equipamientos educativos para que la actividad docente pueda realizarse
correctamente.
2.
Que se provean de manera inmediata las ayudas y servicios complementarios
que requieran los alumnos con necesidades educativas especiales.
3.
Que se promuevan los programas destinados a eliminar cualquier obstáculo o
barrera que impida la normalización educativa para los alumnos con
necesidades educativas especiales, y que en todo caso dichas políticas
contemplen la orientación a padres y tutores para facilitar la necesaria
cooperación entre escuela y familia.
4.
Que se atiendan las demandas de ayudas y becas al estudio, adquisición de
libros de texto, transporte y comedor, con celeridad.
5.
Que se articulen medidas para evitar la segregación del alumnado en los
centros por razones ideológicas, sociales, de raza, sexo o cualquier otra
índole.
6.
Que se establezca un compromiso mayor para evitar que las actividades
complementarias sean un factor que genere desigualdad educativa
7.
Que se garantice la diferenciación clara entre actividades complementarias y
actividades lectivas en cuanto a su contenido curricular.
8.
Que se considere el aumento de becas y ayudas para el acceso y continuidad
de los estudios universitarios.
+
Familias con menores en situación
de vulnerabilidad o riesgo
Familias
en
situación
de
pobreza
+
con menores a cargo

Las quejas de la ciudadanía ponen de relieve la situación de muchas personas que
les impide satisfacer las necesidades básicas de sus hijos e hijas.

El mayor impacto negativo de la crisis, se produce en familias con menores en
términos de renta, indicadores de privación y de exclusión social.

Es necesario continuar potenciando las medidas de prevención con la infancia,
encaminadas a detectar situaciones de riesgo e intervenir en el propio medio
familiar y social.

Extensión de la pobreza a las clases medias, colectivo en situación de especial
vulnerabilidad.

La pobreza puede traer consigo malnutrición infantil. El servicio complementario de
comedor escolar es importante para garantizar alimentación adecuada a menores
en situación de pobreza.

La problemática de la perdida de la vivienda familiar supone un riesgo social si no
se encuentran soluciones.
+ Propuestas
1.
Los poderes públicos están obligados a prestar una atención y protección
especial a la infancia, aún en tiempos de crisis.
2.
Las Administraciones con competencia en materia de infancia deben ejercer
un mayor apoyo a las familias para evitar situaciones de riesgo. En la
detección de menores en situación de precariedad, es imprescindible la
colaboración y coordinación entre la Administración educativa, sanitaria y
social.
3.
Las Administraciones públicas, deberían elaborar Planes para combatir la
pobreza infantil, con la correspondiente asignación presupuestaria.
4.
Las políticas públicas deben ir orientadas a asegurar que ningún niño o niña
viva por debajo del umbral de la pobreza. A tal fin proponemos reforzar el
sistema de prestaciones familiares.
5.
El servicio de comedor escolar, en la actual coyuntura económica, trasciende
del ámbito educativo pasando a ser un instrumento capital para la equidad
educativa en las zonas con alto grado de desestructuración y vulnerabilidad
social.
6.
Los poderes públicos deben adoptar cuantas medidas, legislativas, sociales y
económicas, sean necesarias para garantizar, de manera real y efectiva, el
derecho constitucional a la vivienda de las familias con hijos e hijas.
+
Familias en conflicto con menores
a cargo

La relación en las familias puede desencadenar en conflictos que inciden de forma
negativa en los hijos e hijas. En ocasiones se inflinge un daño particular por
intento de instrumentalización de los mismos.

La vía judicial, no siempre resulta el medio idóneo para la resolución de los
conflictos familiares.

Existen fórmulas alternativas más adecuadas, como la Mediación familiar, en las
que las partes adquieran un mayor protagonismo,

Las Defensorías han de poner en primer plano la palabra y el diálogo entre las
personas como vía principal de resolución de conflictos, y sobre todo por el
especial papel que en estos conflictos familiares adquieren los y las menores de
edad.
+
Propuestas
1.
Los poderes públicos deben potenciar la figura de la Mediación
familiar.
2.
El interés superior del menor debe ser el principio informador de
todas las actuaciones que se desarrollen en caso de conflictos
familiares, siendo necesario escuchar al niño o niña, haciendo
posible que participe en los procesos de toma de decisiones que
le pudieran afectar.
3.
Las Comunidades Autónomas deben contar con una
reglamentación de los servicios de Puntos de Encuentro Familiar
que regule, entre otros, los aspectos relacionados con los
derechos y deberes de los usuarios, las características de las
instalaciones, así como los requisitos que han de cumplir el
personal que presta servicios en los mismos.
+
Menores expuestos a violencia de
género

Los efectos la violencia de género no afectan exclusivamente a la mujer sino
que se extienden a los niños y niñas que conviven con el maltratador y su
víctima, siendo ésta situación una tipología de maltrato infantil.

Todas las Defensorías coinciden en afirmar que la exposición de los menores a
la violencia de género supone una vulneración de sus derechos, y tiene graves
consecuencias en su desarrollo. Por ello, los niños y niñas deben ser
considerados también como víctimas, titulares de derechos y acreedores de
atención específica independiente que resulta todavía insuficiente.

El interés superior del menor debe ser el principio inspirador de las
actuaciones con menores expuestos a violencia de género.

Es necesaria la adopción de medidas que eviten la victimización secundaria.

Especial problemática de menores huérfanos por actos de violencia de género.
+
Propuestas
1.
Las personas menores expuestas a violencia de género son víctimas con
identidad propia y, por tanto, sujetos de intervención. Abogamos por una
respuesta de los distintos ámbitos de intervención (institucional, judicial o
administrativo) adecuada a las necesidades específicas de estos niños y
niñas.
2.
El interés superior del menor debe ser el principio informador de todas las
actuaciones que se desarrollen por los poderes públicos en este ámbito. Y
para ello es necesario escuchar al niño o niña
3.
En la detección de los menores expuestos a violencia de género es relevante
el papel de los profesiones de distintos ámbitos que atienden a aquellos
(educativo, sanitario o judicial). Por ello estos profesionales deben recibir una
formación especializada en violencia de género
4.
Las Defensorías demandamos una coordinación eficiente y eficaz entre las
Administraciones públicas que atienden a menores expuestos a violencia de
género.
+
Familias con personas
dependientes
+
Familias con personas
dependientes

La realidad de una familia cambia desde el momento en que alguno de
sus miembros se encuentra en una situación que, de forma permanente
o temporal, limita su autonomía y le obliga a precisar de ayudas
personales y/o materiales para desarrollar una vida normalizada.

Este tipo de situaciones de vulnerabilidad reciben en nuestro
ordenamiento jurídico denominaciones diversas -incapacidad,
discapacidad o dependencia- pero todas ellas tienen como elemento
común que reflejan a una persona limitada en el ejercicio de su vida
autónoma y precisada de asistencia o auxilio.

Es un elemento común a todo este tipo de situaciones la incidencia que
las mismas tienen en la realidad familiar, cuyo devenir cotidiano queda
condicionado, limitado y supeditado por la responsabilidad de atender a
las necesidades del miembro afectado por esta situación.
+
Propuestas 1
1.
Llegar al desarrollo de un sistema que reconozca a la familia con
miembros en situación de vulnerabilidad, el derecho subjetivo a
obtener los recursos y prestaciones necesarios para hacer posible
su desarrollo de forma autónoma y plena.
2.
Articular y establecer sistemas unificados de información para las
prestaciones y recursos mediante portales informáticos y sistemas
de ventanilla única para la puesta en marcha de los procedimientos.
3.
Adopción de medidas de armonización y coordinación de los
sistemas de la discapacidad, incapacidad y dependencia, para evitar
solapamientos, duplicidades y
carencias o insuficiencias de
cobertura
4.
Elaboración de un protocolo o guía de evaluación para consensuar y
unificar criterios sobre las diversas situaciones que posibiliten el
acceso a los recursos y prestaciones necesarios para superar la
situación de vulnerabilidad en enfermedades no consideradas
legalmente como incapacitantes.
+
Propuestas 2
5.
Proteger situaciones, que sin constituir un estado de ausencia de autonomía
permanente sea necesario proteger, como el caso de personas con
problemas de salud mental.
6.
El SAAD constituye un pilar esencial del estado del bienestar y un logro
social que no debe malograrse.
7.
Eliminar las enormes diferencias entre Comunidades Autónomas en el
desarrollo e implementación del sistema de la dependencia. Es necesario un
régimen de derechos mínimos garantizados, acompañado de un sistema
armonizado de prestaciones y recursos que permita la homologación de las
resoluciones dictadas por las distintas Comunidades Autónomas,
Propuestas 3
+
Reforzar medidas para mantener a las personas en su hogar:
8.
9.
a.
incremento de las tasas de cobertura del servicio de ayuda a domicilio,
b.
mayor agilidad en su puesta en marcha y adecuación de las intensidades
del servicio a las necesidades individuales, extendiendo el apoyo a las y
los cuidadores en la realización de tareas domésticas para los casos de
menores o personas con discapacidad en situación de dependencia
c.
flexibilización de los requisitos de acceso a la prestación económica para
cuidados en el entorno familiar y establecimiento de cuantías superiores;
productos de apoyo; adaptación de la vivienda; centros de día y centros
ocupacionales;
d.
incremento del número de los recursos de corta estancia (estancias
temporales y de fin de semana) en centros residenciales y de día
e.
programas de apoyo y descanso de personas cuidadoras;
f.
servicios de promoción de la autonomía personal;
g.
programas de apoyo a la vida independiente, etc.
h.
Todo ello, a su vez, exige de los poderes públicos acciones que
garanticen el buen funcionamiento, la calidad y adecuación de estos
cuidados.
Tener en cuenta la voluntad de las personas dependientes y sus familias a la
hora de determinar el recurso o prestación.
+ Propuestas 4
10.
Entendemos necesaria y urgente una armonización y clarificación de los
criterios de interpretación y aplicación de los distintos sistemas de copago,
a fin de evitar los desequilibrios territoriales detectados.
11.
Adoptar medidas que eviten que las cuantías de las aportaciones puedan
convertirse en un elemento desincentivador y disuasorio del acceso al
sistema de recursos y prestaciones.
12.
Es preciso que se reconsidere la normativa que regula tasas o precios
específicos de determinados servicios con alto impacto entre el colectivo
de pensionistas, para que no superen el porcentaje en que se revaloricen
las pensiones.
13.
En relación con la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno
Familiar (PECEF), reconsiderar la decisión de suprimir las aportaciones
del estado al pago de las cuotas de la Seguridad Social de estas
cuidadoras y garantizar una cuantía mínima de esta prestación que
compense realmente el trabajo desempeñado.
+
Propuestas 5
14.
Ofrecer formación, apoyo y respiro a las personas cuidadoras, así
como que se les dote de habilidades y herramientas válidas para
hacer frente a su responsabilidad, y paliar el impacto negativo que
pudiera provocar la labor de cuidado en su salud.
15.
En relación con el SAD, demandar una mejora en la formación de los
profesionales que prestan este servicio y pedir que se apliquen con
rigor y cautela los cambios normativos que propician reducciones en la
intensidad de la prestación
16.
En relación con el Servicio de Atención Residencial (SAR):
a.
b.
c.
Deben solucionarse los problemas de insuficiencia crónica de plazas en
centros, especialmente en los destinados a personas con discapacidad
intelectual y enfermedad mental.
Regular el procedimiento de ingreso de urgencia eliminando situaciones de
discrecionalidad en el otorgamiento.
Avanzar en la puesta en práctica de un modelo de atención gerontológica y
de diseño de centros residenciales que apueste por el principio de
autodeterminación de la persona
+ Propuestas 6
17.
En relación al servicio de Tele asistencia.- Mantenerla y extenderla
dado su escaso coste y enorme utilidad para las personas
dependientes
18.
En relación con la compatibilidad de los recursos y prestaciones del
sistema de la dependencia.- Priorizar las necesidades de las personas
dependientes y sus familias, sobre las necesidades del sistema o
sobre los criterios economicistas; la compatibilidad de diversos
recursos o prestaciones puede ser en muchos casos la solución mas
razonable, más acertada e incluso más económica, para solventar las
necesidades reales de las personas dependientes y sus familias.
+ Gracias por la atención
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Taller I Familias vulnerables: Políticas públicas y recursos