DESPLAZAMIENTO
FORZADO Y DERECHO
HUMANITARIO
IVAN DAVID ORTIZ PALACIOS
PROFESOR
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas Y Sociales
Universidad Nacional de Colombia
IVAN DAVID ORTIZ PALACIOS-UN-2007
1
CONTENIDO
1.
Aspectos generales del desplazamiento forzado en
Colombia
a) Concepto de desplazamiento forzado
b) Elementos esenciales
c) Relación del desplazamiento forzado con el Derecho Internacional
Humanitario
2. Obligaciones estatales relacionadas con el
desplazamiento forzado
a) en cuanto a la prevención
- a nivel internacional
- a nivel nacional
b) en cuanto a la atención
- a nivel internacional
- a nivel nacional
c) en cuanto a la reparación
- a nivel internacional
- a nivel nacional IVAN DAVID ORTIZ PALACIOS-UN-2007
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3. Sistemas de responsabilidad
3.1. Responsabilidad estatal
a) Administrativa
b) Internacional ante los sistemas Universal y Regional de Derechos Humanos.
3.2. Responsabilidad individual
a) Responsabilidad penal.
- a nivel internacional. Responsabilidad penal ante la CPI.
- a nivel nacional
b) Responsabilidad civil. Incidente de reparación en la Ley de Justicia y Paz.
4. Estadísticas en materia de desplazamiento forzado y solución a
la problemática. Una crisis humanitaria.
a) Estadísticas recientes sobre desplazamiento forzado en el territorio nacional
b) La solución política como esperanza para la disminución del fenómeno del
desplazamiento forzado.
5. Algunos casos de desplazamiento forzado
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3
1.
Aspectos generales
del desplazamiento
forzado en Colombia
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
1. Aspectos generales del desplazamiento forzado
en Colombia

a) Concepto de desplazamiento forzado
Según los Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos, formulados por Francis Deng en 1998:
“se entiende por desplazados internos las personas o grupos de
personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de
su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como
resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de
situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos
humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser
humano, y que no han cruzado una frontera estatal
internacionalmente reconocida”. (Alcance y finalidad, numeral 2).
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5

b) Elementos esenciales del concepto
Son los siguientes:
1)
2)
Que se produzca una migración dentro del
territorio nacional,
Por causas relacionadas con la violencia de que
trata el artículo 1 de la Ley 387 de 1997.
(Sentencias T-227 de 1997, T-327 de 2001. Corte Constitucional).
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
c) Relación del desplazamiento forzado
con el Derecho Internacional Humanitario
Para JEAN LAVOYER, “es fácil establecer la relación existente entre
la problemática del desplazamiento interno y el derecho
internacional humanitario; las personas desplazadas en el interior de
su país, por ser víctimas de un conflicto armado, están protegidas
por ese derecho. Es más, se trata de un vínculo muy estrecho ya
que los conflictos armados son una causa particularmente
importante de desplazamiento”.[1]
[1] LAVOYER, Jean-Philippe. Principios Rectores relativos al desplazamiento
de personas en el interior de su propio país. Revista Internacional de la
Cruz
Roja,
No.
147,
septiembre
de
1998,
Pág.
509.
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 2.
Obligaciones estatales
relacionadas con el
desplazamiento forzado
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 1.
Prevención
 2. Atención
 3. Retorno y reubicación
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2. Obligaciones estatales relacionadas
con el desplazamiento forzado

a) en cuanto a la prevención
Régimen del derecho internacional.


Los Principios de Deng establecen que toda persona
tiene derecho a la protección contra los desplazamientos
arbitrarios (Principio 6.1) y protege, de manera especial,
a las comunidades indígenas y raizales (Principio 7).
El Protocolo II Adicional de 1977, prohíbe ordenar o
forzar el desplazamiento de las personas, salvo por
motivos de protección o razones militares imperiosas.
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
El artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos
Humanos consagra que los Estados que hayan ratificado
el Pacto de San José, están obligados a respetar y
garantizar los derechos y libertades consagrados en
dicho tratado internacional, respecto de todas las
personas sometidas a su jurisdicción. Como parte de la
obligación de garantía, encontramos el deber de
prevención razonable, sobre el cual la Corte ha
sostenido:
“175. El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter
jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de
los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los
mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito
que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa,
así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias
perjudiciales.
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11

“la obligación de prevenir es de medio o comportamiento
y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho
de que un derecho haya sido violado”.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de
1988, Serie C No. 4, párrs. 174- 175.
Del deber de prevención consagrado en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, se desprende
que en materia de desplazamiento forzado y, en general,
en materia de derechos humanos, no tiene aplicación el
concepto de corresponsabilidad.
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En el orden nacional



La Ley 387 de 1997 establece lo siguiente, en relación
con la prevención del desplazamiento forzado:
- Establece como función del Sistema Nacional de
Atención Integral a la Población Desplazada, el de
integrar los esfuerzos públicos y privados y garantizar los
recursos de todo orden para la prevención (Art. 4).
- Acciones de prevención por parte de los Comités
Municipales para la Atención Integral a la Población
Desplazada, consistentes en acciones jurídicas y recurrir
a los mecanismos alternativos de solución de conflictos,
en aras de evitar o neutralizar los procesos embrionarios
de violencia (Art. 8).
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

- Establece un conjunto de medidas encaminadas a la
prevención, como la estimulación de conformación de
grupos de trabajo para la prevención, actos comunitarios
y de la fuerza pública, difundir el DIH y asesorar a los
entes territoriales (Art. 14).
- El Decreto 250 de 2005, actual Plan Nacional Para la
Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia, recoge la actual política pública encaminada a
la prevención del desplazamiento forzado. Comprende
no solamente acciones de afianzamiento del control
territorial, sino también, el reforzamiento de la presencia
estatal en Derechos Humanos, DIH, acciones sociales
encaminadas a mejorar la seguridad alimentaria de la
población, protección a comunidades en riesgo y
fortalecimiento del sistema de alertas tempranas y el
mejoramiento de la gobernabilidad.
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b) en cuanto a la atención
En las situaciones en que los Estados no consiguieron prevenir un
desplazamiento forzado, están obligados a suministrar a las víctimas
un conjunto de prestaciones para garantizar la satisfacción de las
necesidades vitales.






Régimen internacional
El Principio No. 18 de Deng, recoge la previsión del inciso 2 del
artículo 17 del Protocolo II Adicional. Establece que los desplazados
internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado y que
cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades
competentes proporcionarán a los desplazados internos, como
mínimo, los siguientes suministros o se asegurarán de que disfrutan
de libre acceso a los mismos:
a) Alimentos esenciales y agua potable;
b) Alojamiento y vivienda básicos;
c) Vestido adecuado; y
d) Servicios médicos y de saneamiento esenciales.
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Régimen nacional


El artículo 15 de la Ley 387 de 1997 establece la
atención humanitaria de emergencia, consistente en la
prestación de servicios de salud, alimentación, vivienda
temporal, vestido, y transporte hasta por tres meses,
prorrogables por otros tres más.
La sentencia T-025 de 2004 estableció que el plazo de
tres o seis meses no se debe tener en cuenta en casos
de
extrema
urgencia
o
imposibilidad
de
autosostenimiento. Este aspecto fue recogido en el
artículo 5.2.2. del Decreto 250 de 2005. Este último
Decreto estableció expresamente la atención psicosocial
como parte de la atención en salud.
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16
c) En cuanto a la consolidación y
estabilización socioeconómica

Después de superada la situación de emergencia, se hace
necesario poner a las víctimas en condiciones de continuar
con los proyectos de vida cuyo curso fue alterado por el
desplazamiento forzado.



Régimen internacional
Los Principios de Deng establecen que corresponde
primariamente a las autoridades establecer las condiciones y
brindar los medios que permitan el retorno o el
reasentamiento. Así mismo, deben facilitar la reintegración
(Principio 28). Deben prestar asistencia para la recuperación
de las propiedades o posesiones abandonadas u objeto de
usurpación (Principio 29).
El Derecho Internacional Humanitario no consagra un régimen
de retorno o reasentamiento en los casos de población civil
víctima de desplazamiento forzado ocasionado por conflictos
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armados de carácterIVANnoDAVID
internacional.

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
encontramos que la obligación de los Estados de reparar
a las víctimas de las violaciones a las normas
consagradas en el Pacto de San José y demás
normatividad aplicable, está consagrada en el artículo
1.1. de la Convención, como parte de la obligación de
garantía. Al respecto, la Corte Interamericana ha
sostenido
que
la
reparación
comprende
el
restablecimiento del derecho conculcado y la reparación
adecuada de los daños producidos por la violación de los
derechos humanos[1]. Tanto el retorno como el
reasentamiento pueden constituir la restitución en los
casos de desplazamiento forzado. El Profesor Rodrigo
Uprimny sostiene que la reubicación o el retorno
constituyen la reparación en los casos de desplazamiento
forzado. (Tutelando los derechos. Respuestas institucionales y sociales al
desplazamiento forzado. CODHES. Bogotá D.C. 2006, Pág. 165).

[1] Caso Velásquez Rodríguez contra Honudras. Sentencia de 29 de julio de
1988. Párrs. 166 y 174
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Régimen nacional


La Ley 387 de 1997 establece que el Gobierno Nacional
adoptará un conjunto de medidas de mediano y largo plazo
para la estabilización y consolidación socioeconómica de las
víctimas. En esta medida, prevé el acceso a la oferta social
del Gobierno en: educación, salud, proyectos productivos,
fomento de la microempresa, son sujetos especiales de
reforma agraria (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 25 de enero de
2001. C.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade), vivienda urbana y
rural, empleo y capacitación y organización social (Art. 17).
El Decreto 250 de 2005 establece adicionalmente la atención
a la familia mediante el ICBF y la promoción de programas
de seguridad alimentaria.
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
Sin embargo, el funcionamiento de los
programas de acceso a tierras a cargo del
INCODER, de acceso a créditos para la
financiación de proyectos productivos ha sido
deficiente, de conformidad con el Auto No. 335
de 2006 de la Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, expedido para supervisar el
cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004.
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 3.
Sistemas de
responsabilidad


Estatal
Individual
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21

Existen normas cuyo contenido consiste en
garantizar la reparación de los perjuicios de
orden material y moral a las víctimas del
desplazamiento
forzado,
en
caso
de
incumplimiento de las obligaciones relacionadas
con la prevención del desplazamiento y la
atención y reparación, tanto por parte de los
Estados –régimen de responsabilidad estatal-,
como por los individuos –régimen de
responsabilidad civil, penal y disciplinaria-.
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3.1. Responsabilidad estatal



a) Administrativa
El Estado Colombiano puede ser judicialmente declarado responsable
administrativamente, por no activar oportunamente los mecanismos de
prevención del desplazamiento forzado, de atención o reparación. Estos casos
se originan por la ocurrencia de fallas o en la faltas en el servicio.
Se han presentado situaciones en las cuales, una vez emitida una alerta
temprana por el SAT, las autoridades no han emprendido las medidas
necesarias para evitar los desplazamientos (Caso Bojayá). También ha ocurrido
que después de la declaratoria de desplazamiento forzado por parte de los
Comités Departamentales de Prevención y Atención, las autoridades no han
procedido a elaborar los inventarios de bienes ni a examinar la relación jurídica
de las personas con el patrimonio. (Caso de la Resolución No. 040 del 9 de julio
de 2002 del Comité Departamental de Atención Integral a la P.D., mediante la
cual se declaró la inminencia del desplazamiento en el Norte de Santander.
Acción Social se negó a seguir inmediatamente el procedimiento establecido en
el Decreto 2007 de 2001, aduciendo que había que verificar la situación
respecto de 34.000 predios).
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b) Internacional en el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos.




La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado en
varias oportunidades la responsabilidad estatal internacional por la
ocurrencia de desplazamientos forzosos.
En el Caso YAke Axá contra Paraguay, la Corte declaró responsable
a dicho Estado por la no prestación de los suministros mínimos para
asegurar un nivel digno de vida, ni los servicios de salud a los
integrantes de la comunidad indígena Yake Axá con motivo del
desplazamiento forzoso al que se vieron abocados por la falta de
delimitación física de su territorio.
En el Caso Moiwana contra Suriname, la Corte declaró la
responsabilidad del Estado de Suriname por la violación del artículo
22 del Pacto de San José, debido al desplazamiento forzoso de la
comunidad indígena N’djuka Maroon de la Aldea Moiwana.
En el Caso de Mapiripán contra Colombia, la Corte Interamericana
declaró responsable al Estado Colombiano por el desplazamiento
forzoso producido contra varias familias de la población de
Mapiripán, con ocasión de la masacre paramilitar de más de
cuarenta personas enIVAN
el DAVID
Departamento
del Meta.
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3.2. Responsabilidad individual

A) Responsabilidad penal



A nivel internacional Responsabilidad penal ante la CPI.
La Corte Penal Internacional, instituida en virtud del Estatuto de
Roma, aprobado en 1998 y ratificado por Colombia el 5 de
noviembre de 2002, es un tribunal provisto de jurisdicción
internacional creado para investigar y enjuiciar a los responsables
de crímenes graves ante el derecho internacional en forma
complementaria o subsidiaria a la jurisdicción de los Estados.
El Estatuto de Roma sanciona el desplazamiento forzado como
Crimen de Lesa Humanidad (Artículo 7 del ER) y como crimen de
guerra (Artículo 8 ER).
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
La CPI, por el momento, no es
competente para conocer del delito de
desplazamiento forzoso como crimen de
guerra, sino hasta el 1 de noviembre de
2010, en virtud de haberse acogido al
mecanismo de flexibilización contemplado
en el artículo 124 del ER.
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26
A nivel nacional


En materia penal, la Ley 522 de 1999 tipifica de dos maneras
el delito de desplazamiento forzado. Por un lado, como delito
contra las personas protegidas por el Derecho Internacional
Humanitario (Título II, Capítulo Único, artículo 159) y, por
otro, como delito contra la autonomía personal (Capítulo 5,
artículo 180).
El artículo 159 de la Ley 599 de 2000, reformado por la Ley
890 de 2004, tipifica el delito de desplazamiento forzado,
salvo que se funde en razones militares. Este estándar no
corresponde con el internacional, pues el artículo 17 del
Protocolo II Adicional establece que no debe tratarse de
cualquier situación militar, sino, de razones militares
imperiosas.
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27



Por el contrario, el artículo 180 sí se ajusta al estándar
internacional, pues establece que la justificación del
desplazamiento puede descansar en la seguridad de la
población o en razones militares imperiosas.
La diferencia en la aplicación de ambas normas penales, se
funda en que la aplicación del artículo 159 está prevista para
situaciones de conflicto armado, regulado por las normas del
DIH como el Artículo 3 Común a los Cuatro Convenios de
Ginebra de 1949 y el Protocolo II Adicional de 1977, mientras
que el artículo 180 se aplica a situaciones ajenas al conflicto
armado.
La pena privativa de la libertad consagrada en el artículo 180
del Código Penal, solamente empezó a aplicarse a partir del 1
de enero del año 2005, por defectos en la descripción de la
conducta típica y en la sanción penal, yerros corregidos
mediante el Decreto 2667 de 2001 y el artículo 14 de la Ley
890 de 2004.
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Responsabilidad civil. Incidente de reparación
en la Ley de Justicia y Paz.


El desplazamiento forzado, en tanto delito, es hecho generador de
responsabilidad civil extracontractual, de conformidad con los
artículos 2341 del Código Civil, 94 del Código Penal y 42 de la Ley
975 de 2005, que establecen que el que ha cometido delito y ha
inferido daño, está obligado a indemnizar los perjuicios materiales y
morales, sin perjuicio de las sanciones penales. El daño debe ser
probado por la víctima.
La acción civil puede intentarse ante la jurisdicción civil o ante la
penal. En el marco de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), se
ha dispuesto un incidente de reparación integral, mediante el cual,
la víctima, el Fiscal del caso o el Ministerio Público una vez se
declare la legalidad de los cargos, puede solicitar la reparación
integral de los perjuicios. Previamente a abrir el incidente, la Sala de
Justicia y Paz del Tribunal respectivo, invitará a los intervinientes a
conciliar. Si hay acuerdo, éste puede homologarse en la sentencia,
pues en caso contrario, se dará curso al incidente de que trata el
artículo 23 de la Ley 975 de 2005.
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29


Los activos con los cuales se indemnizará a las
víctimas, en principio, entrarán a hacer parte
del Fondo de Reparaciones administrado por la
Agencia Presidencial para la Cooperación
Internacional -Acción Social-.
Las víctimas sí pueden acudir a las medidas
cautelares tendientes a precaver los perjuicios
ordenados judicialmente en su favor, en
aplicación del artículo 62 de la Ley 975 de 2005,
por lo que se aplica el régimen respectivo
contemplado en la Ley 904 de 2004.
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 4.
Estadísticas en
materia de
desplazamiento forzado
y solución a la
problemática. Una crisis
humanitaria.
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31
Estadísticas sobre desplazamiento forzado en el
territorio nacional
Fuente: CODHES. Boletín definitivo 69. www.codhes.org
ENTIDAD
CIFRA
PERIODO
Gobierno
Nacional
1’877328
1995-2005
3’832527
1985-2006
Conferencia
Episcopal de
Colombia y
CODHES
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32
CIFRAS DEL DESPLAZAMIENTO DURANTE EL I
SEMESTRE DE 2006. Fuente: CODHES. Boletín definitivo 69.
www.codhes.org
No. de personas
desplazadas
No. de hogares
afectados por el
desplazamiento forzado
Municipios expulsores
112. 099
Disminución en relación
con el mismo periodo
durante 2005
27%
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22.419
463
33
b) La solución política como esperanza para la
disminución del fenómeno del desplazamiento
forzado.

El ordenamiento jurídico colombiano es rico en
disposiciones
normativas
y
políticas
públicas
encaminadas a prevenir, atender y reparar a las víctimas
del desplazamiento forzado. Sin embargo la problemática
continúa presentándose sin que la disminución
porcentual con relación al año anterior obedezca a una
reducción real del número de desplazamientos, pues el
conflicto armado ha adoptado nuevas dinámicas, como
los confinamientos, el desplazamiento individual y el
amedrantamiento para evitar la denuncia.
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34
Aspectos que contribuyen a la continuación
del desplazamiento forzado y al defectuoso
funcionamiento del sistema normativo




Deficiente funcionamiento del Sistema de Alertas
Tempranas.
La falta de requerimiento por la Corte
Constitucional a servidores públicos de alto
nivel.
La falta de coordinación entre las entidades
responsables
La corrupción al interior de las entidades
responsables. Caso del INCODER.
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35
La solución política negociada

Necesidad de la suscripción de acuerdos
políticos y humanitarios entre las partes
en conflicto en orden a sustraer a la
población civil de las hostilidades.
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36
5.
Algunos casos de
desplazamiento forzado
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37
Entre el 15 y 20 de julio de 1997, en Mapiripán, Departamento del Meta,
aproximadamente un centenar de miembros de las AUC con la
colaboración y aquiescencia de agentes del Estado, privaron de la libertad,
torturaron y asesinaron a por lo menos 49 civiles, tras lo cual destruyeron
sus cuerpos y arrojaron los restos al río Guaviare.
El 28 de octubre de 2005 y hasta inicios del 2006, fueron desplazados 1.200
indígenas AWA asentados en la zona pacífica del Departamento de Nariño,
como consecuencia de combates sostenidos entre el Ejército Nacional y
una columna de las FARC que ejerce presencia en la región.
A partir de agosto de 2003, en la Sierra Nevada de Santa Marta, más de 130
indígenas Kankuamos han sido asesinados, provocando el desplazamiento
de cientos de integrantes de dicha etnia al centro del país, quienes empiezan
a afrontar difíciles condiciones de vida.
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