Esta forma de exigibilidad se refiere a la
posibilidad de
, con el fin de
lograr que las leyes y las políticas públicas
estén acordes a los derechos humanos.
Es un ejercicio importante pues a partir de allí se
busca valorar de una manera la política,
distinta a la tradicional de corrupción y de
favores (clientelismo), para considerarla como
uno de los medios para exigir el cumplimiento
de los derechos ciudadanos.
Además nos permite apropiarnos de las
decisiones que tienen que ver con nuestra
vida cotidiana y de aquellos temas
relevantes para nosotros.
Para hacer una buena práctica de esta
estrategia, es necesario identificar cuáles
son los
Esta estrategia puede basarse en
, estos son aquellos destinados a
influir en funcionarios, funcionarias y
entidades que están a cargo de la toma de
decisiones, formulación de políticas y diseño
de programas.
Se trata de cambiar una situación que afecta la
garantía de los derechos de personas y
comunidades, a través del ejercicio de la
. Todo proceso de
este tipo debe tener un juicioso análisis de la
política pública que se quiere transformar y
una construcción argumentada, desde los
derechos humanos, del punto al que se quiere
llegar.
Los mecanismos de participación política son
los consagrados en el articulo 103 de la
Constitución Política de Colombia y
desarrollados por la ley 134 de 1994
El VOTO, EL PLEBISCITO, EL REFERENDO,
LA CONSULTA POPULAR, EL CABILDO
ABIERTO, LA INICIATIVA LEGISLATIVA,
LA REVOCATORIA DEL MANDATO.
La iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones
públicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos de
presentar:

Proyecto de Acto legislativo y de ley ante el Congreso de la
República,

Ordenanza ante las Asambleas Departamentales,

Acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y

Resolución ante las Juntas Administradoras Locales,

y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades
territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según
el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados,
modificados o negados por la corporación pública
correspondiente.


Para que cualquiera de las anteriores
corporaciones entre a considerar un proyecto
de acto legislativo, de ley o de norma (según
el caso) se requiere la recolección de firmas
del 5% de los ciudadanos inscritos en el
respectivo censo electoral.
Si es negado los promotores pueden solicitar,
con la firma de al menos el 10% de los
ciudadanos inscritos, para que se convoque
un referendo y el cuerpo electoral tome una
decisión final.
Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un
proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente,
puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local.



Referendo derogatorio. Un referendo derogatorio es el sometimiento de
un acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una
resolución local en alguna de sus partes o en su integridad, a
consideración del pueblo para que éste decida si lo deroga o no.
Referendo aprobatorio. Un referendo aprobatorio es el sometimiento de
un proyecto de acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de acuerdo
o de una resolución local, de iniciativa popular que no haya sido adoptado
por la corporación pública correspondiente, a consideración del pueblo
para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente.
Referendo Constitucional: Tiene como finalidad reformar la Constitución.


Un número de personas equivalente a la décima parte
del censo electoral vigente respectivo debe solicitar a
la organización electoral que convoque un referendo.
Si la mitad más uno de los y las ciudadanos votan a
favor de la derogatoria, la ley sale del ordenamiento
jurídico, siempre que el total de las personas que haya
votado sea equivalente a por lo menos una cuarta
parte del censo electoral.
Referendo constitucional: Por iniciativa del Gobierno o
de un número de ciudadanos(as) igual o superior al 5%
del censo electoral, el Congreso, mediante ley que
requiere la aprobación de la mayoría absoluta de los
miembros de ambas cámaras (es decir de la totalidad
de los miembros, no de los asistentes), puede someter
a referendo un proyecto de reforma constitucional.

El plebiscito es el pronunciamiento del
pueblo convocado por el Presidente de la
República, mediante el cual apoya o
rechaza una determinada decisión del
Ejecutivo.

La consulta popular es la institución mediante
la cual, una pregunta de carácter general
sobre un asunto de trascendencia nacional,
departamental, municipal, distrital o local, es
sometido por el Presidente de la República, el
gobernador o el alcalde, según el caso, a
consideración del pueblo para que éste se
pronuncie formalmente al respecto. Cuando la
consulta se refiere a la conveniencia de
convocar una asamblea constituyente, las
preguntas serán sometidas a consideración
popular mediante ley aprobada por el
Congreso de la República.

El Cabildo abierto es la reunión pública de
los concejos distritales, municipales o de
las juntas administradoras locales, en la
cual los habitantes pueden participar
directamente con el fin de discutir asuntos
de interés para la comunidad.

La revocatoria del mandato es un derecho
político, por medio del cual los ciudadanos
dan por terminado el mandato que le han
conferido a un gobernador o a un alcalde.
Los mecanismos de participación ciudadana
son esos espacios de deliberación que
hacen parte de nuestra democracia
participativa y que permiten a los
ciudadanos intervenir en el campo de lo
público, con el fin de defender sus
intereses y los de su comunidad.
MECANISMOS
Y ESPACIOS
MARCO
JURÍDICO
Los Consejos de 1991, Art.
Territoriales
340 Ley
de Planeación. Orgánica del
Plan de
Desarrollo, Ley
152 de 1994 en
su artículo 34
En Bogotá
(ACUERDO 12
DE 1994
OBJETIVO
El Consejo
tendrá
carácter
consultivo y
servirá de
foro para la
discusión
del Plan
Nacional o
Municipal
de
Desarrollo
FUNCIONES
CÓMO SE CONFORMA
El Consejo Nacional y los consejos
territoriales de planeación constituyen el
Organizar y Coordinar una amplia
Sistema Nacional de Planeación.
discusión sobre el Proyecto del Plan de Estarán integrados por las personas que
Desarrollo, mediante la organización de designe el Alcalde de las ternas que
reuniones a nivel del Distrito y las
presenten las correspondientes autoridades
localidades en las cuales intervengan
y organizaciones.
los sectores económicos, sociales,
Estará Integrado por representantes de las
ecológicos, comunitarios y culturales,
entidades territoriales y de los sectores
con el fin de garantizar eficazmente la
económicos, sociales, ecológicos,
participación ciudadana.
comunitarios y culturales.
Formular recomendaciones a las demás
Dos (2) en representación del sector ambiental,
autoridades e instancias de Planeación
escogidos de ternas que presenten las
sobre el contenido y forma del plan.
organizaciones jurídicamente reconocidas sin
Conceptuar sobre el Proyecto del Plan
ánimo de lucro cuyo objeto sea la protección y
de Desarrollo elaborado por el Alcalde
defensa de los recursos naturales y el medio
Mayor.
ambiente.
Los miembros del Consejo Nacional serán
designados por el Presidente de listas que
le presenten las autoridades y las
organizaciones de las entidades y sectores
a que se refiere lo anteriormente expuesto,
quienes deberán estar o haber estado
vinculados a dichas actividades
Analizar y discutir el Proyecto del Plan.
MECANISMOS
MARCO
OBJETIVO
Y ESPACIOS
JURÍDICO
Las Juntas de Ley 19 de 1958,
Acción
Decreto 300 de Las Juntas de
Comunal.
1987
Acción
Comunal podrá
ejercer
actividades de
economía
social,
enmarcadas
dentro de la
autogestión
comunitaria,
tales como
tiendas
comunales,
centros de
acopio de
insumos de la
construcción y
similares.
FUNCIONES
CÓMO SE CONFORMA
Estudiar y analizar las necesidades, intereses e
Vecinos y comunidad organizados
inquietudes de la comunidad, comprometiéndola en la
por ternas que serán elegidos por
búsqueda de soluciones;
voto.
Establecer los procedimientos que permitan fomentar el
desarrollo del liderazgo en la comunidad;
Lograr que la comunidad esté informada sobre el
desenvolvimiento de los hechos, programas, políticas y
servicios del Estado y de las entidades que incidan en su
bienestar y desarrollo;
Capacitar a la comunidad para que participe en el ejercicio
de los derechos y deberes ciudadanos.
Fomentar las empresas de economía social e impulsar y
ejecutar programas que promuevan el desarrollo integral;
Lograr que las organizaciones comunales se hagan
representar por sus líderes en las corporaciones públicas
en las cuales se tomen decisiones que repercutan en la
vida social y económica de la comunidad.
Establecer planes y programas relacionados con las
necesidades, intereses y posibilidades de la comunidad.
Contribuir a la economía de la comunidad, vigilando que
los artículos ofrecidos al público no excedan los precios
oficiales y que su calidad y peso se ajusten a los
parámetros de las reglamentaciones vigentes,
denunciando ante las autoridades competentes a aquellos
que las infrinjan.
Administrar equitativamente las aguas cuyo uso
pertenezca a barrios ribereños, y establecer adecuados
sistemas de riego y drenaje.
Mejorar los sistemas de explotación agrícola.
Construir y mantener carreteras, puentes y caminos
vecinales.
MECANISMOS Y MARCO
ESPACIOS
JURÍDICO
Las veedurías
Ciudadanas o
Comités de
veeduría
OBJETIVO
Constitució "Las organizaciones civiles
n de 1991
podrán constituir veedurías
artículo 270 ciudadanas o juntas de
vigilancia a nivel nacional y
LEY 850 DE en todos los niveles
2003
territoriales, con el fin de
vigilar la gestión pública, los
resultados de la misma y la
prestación de los servicios
públicos “
Todas las entidades y
organismos tienen la
obligación de desarrollar su
gestión acorde con los
principios de democracia
participativa y
democratización de la
gestión pública.
Para ello podrán realizar
todas las acciones
necesarias con el objeto de
involucrar a los ciudadanos y
organizaciones de la
sociedad civil en la
formulación, ejecución,
control y evaluación de la
gestión pública.
FUNCIONES
CÓMO SE CONFORMA
Apoyar los mecanismos de control social que Las organizaciones civiles, la
se constituyan
comunidad y los particulares
reunidos en una asamblea general.
Vigilar y fiscalizar la correcta destinación de
los recursos públicos.
Velar por la correcta ejecución, calidad
técnica, oportunidad e idoneidad.
Evaluar su impacto y eficacia.
Solicitar a los interventores, supervisores,
contratistas y a las entidades oficiales
contratantes informes verbales o escritos que
permitan conocer los criterios que sustentan
la toma de decisiones relativas a la gestión
fiscal y administrativa y el grado de avance y
de cumplimiento de los mismos.
Hacer conocer a las entidades contratantes y
al contratista las recomendaciones ,
sugerencias y denuncias en relación con los
asuntos que se desprendan de la función de
veeduría,
Acudir, en representación de la ciudadanía
ante las autoridades correspondientes para
presentar quejas y denuncias sobre lo
público.
Presentar Informes de veeduría ciudadana a
los órganos de control.
MECANISMOS Y
ESPACIOS
MARCO
JURÍDICO
OBJETIVO
FUNCIONES
CÓMO SE
CONFORMA
Juntas
Administradoras
Locales
Ley 11 de
1986
Las JAL son
una instancia
de
representación
de la
comunidad,
cuya tarea es
propender por
el
mejoramiento
de las
condiciones
de vida de la
población y
por establecer
unas
relaciones más
horizontales
entre el
gobierno local
y la sociedad
civil.
Adoptar el plan de desarrollo local en concordancia con el
plan general de desarrollo económico y social de obras
públicas y el plan general de ordenamiento físico del
Distrito, previa audiencia de las organizaciones sociales,
cívicas y populares de la localidad.
De 7 a 11
miembros que
se elegirá de
forma popular
Vigilar y controlar la prestación de los servicios distritales
en su localidad y las inversiones que en ella se realicen con
recursos públicos.
Presentar proyectos de inversión ante las autoridades
Nacionales y distritales encargadas de la elaboración de los
respectivos planes de inversión.
Promover la participación y veeduría ciudadana y
comunitaria en el manejo y control de los asuntos públicos.
Vigilar la ejecución de los contratos en la localidad y
formular ante las autoridades competentes las
recomendaciones que estimen convenientes para el mejor
desarrollo de esos contratos. En ejercicio de esta función
los ediles podrán solicitar y obtener los informes y demás
documentos que requieran.
Promover las campañas necesarias para la protección y
recuperación de los
recursos y del medio ambiente en la localidad.
Solicitar informes a las autoridades distritales, quienes
deben expedirlos dentro
de los diez (10) días siguientes. Su omisión injustificada
constituye causal de
mala conducta.
Participar en la elaboración del plan general de desarrollo
económico, social y
de obras públicas.
La Audiencia Pública Ambiental es un
mecanismo de participación que establece
la Ley 99/93, mediante el cual se invita a
la comunidad, a las autoridades, a las
organizaciones y a la autoridad ambiental,
a conocer, informarse e intercambiar
criterios sobre la conveniencia de una obra
o actividad que se desarrolle o pretenda
desarrollarse y que pueda causar impacto
al ambiente o a los recursos naturales
renovables.
Las
sirven también
como mecanismos de rendición de cuentas
e información de las autoridades
ambientales frente a los ciudadanos, así
como expresión de los mecanismos de
planeación participativa para los procesos
de elección de los miembros del Consejo
Directivo de las Corporaciones, de
formulación de los Planes de Acción
Trianual - PAT - y de los Planes de Gestión
Ambiental Regional -PGAR-.
Solicitud.
La celebración de una audiencia pública ambiental puede ser solicitada por el
Procurador General de la Nación o el Delegado para Asuntos Ambientales y
Agrarios, el Defensor del Pueblo, el Ministro de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, los Directores Generales de las demás autoridades
ambientales, los gobernadores, los alcaldes o por lo menos cien (100)
personas o tres (3) entidades sin ánimo de lucro.
La solicitud debe hacerse a la autoridad ambiental y contener el nombre e
identificación de los solicitantes, el domicilio, la identificación del proyecto,
obra o actividad respecto de la cual se solicita la celebración de la
audiencia pública ambiental y la motivación de la misma.
Durante el procedimiento para la expedición o modificación de una licencia,
permiso o concesión ambiental, solamente podrá celebrarse la audiencia
pública a partir de la entrega de los estudios ambientales y/o documentos
que se requieran y de la información adicional que se requiera. En este
caso, la solicitud de celebración se podrá presentar hasta antes de la
expedición del acto administrativo mediante el cual se resuelve sobre la
pertinencia o no de otorgar la autorización ambiental a que haya lugar.
Si se reciben dos o más solicitudes de audiencia pública ambiental, relativas a
una misma licencia o permiso, se tramitarán conjuntamente y se convocará
a una misma audiencia pública, en la cual podrán intervenir los
suscriptores de las diferentes solicitudes.
La protección y recuperación ambiental es tarea
conjunta y coordinada entre el Estado, la
comunidad, las ONGs y el sector privado. En
este sentido, representantes de las
comunidades indígenas o etnias tradicionales,
del sector productivo y de las entidades sin
ánimo de lucro de la región, participan los
Consejos Directivos de las CARs con el fin de
contribuir a la orientación, acompañamiento y
puesta en marcha de los Planes de Gestión en
materia de ambiente, vivienda y desarrollo
territorial.
La exigibilidad social, comprende diversas actividades, se trata de la
movilización social hacía la garantía del derecho.
Un elemento importante para hacer una buena
exigibilidad es conocer la temática del derecho al ambiente sano, por esto
se hace necesario que los movimientos sociales y populares implementen
procesos formativos dirigidos a ellos mismos, a autoridades y a la
comunidad en general. En la formación se debe hacer énfasis en los
contenidos del derecho y el análisis de la política pública actual en los
niveles nacional, regional o local.
Por medio de discusiones en la comunidad, en el
barrio, localidad o municipio, podemos construir propuestas acordes con el
desarrollo que aspiramos, así logramos que todos y todas nos hagamos
participes. Estos momentos en que se discute sobre el estado actual del
medio ambiente y el futuro que queremos, pueden ser trabajados
alrededor de espacios lúdicos de encuentro comunitario, incluyendo
presentaciones musicales, obras de teatro, presentación de películas o
videos, etc. Las propuestas que surjan pueden ser llevadas a los espacios
de construcción participativa de política pública del municipio, o
departamento respectivo.
Los informes sobre la realidad del medio
ambiente en el contexto que vivimos son centrales para la
exigibilidad. Estos deben hacerse de manera plural, vinculando a la
comunidad, organizaciones que trabajen el tema y expertos. Un
buen informe nos permite mejorar los argumentos necesarios para
los ejercicios de interlocución con la administración pública. En la
elaboración de éstos es necesario incorporar la perspectiva del
derecho al medio ambiente como un derecho humano,
confrontando las garantías que el derecho nos otorga con la
situación real que vivimos.
Se debe realizar un seguimiento a los planes de
desarrollo nacional, departamental y municipal, desde el momento
mismo de su formulación, para ver hasta qué punto tienen un
enfoque de derechos humanos, y de que manera se desarrolla.
Igualmente, se debe hacer un estudio sobre el plan de inversiones
contemplado por las administraciones.
Se pretende hacer
un análisis de las fortalezas y debilidades del grupo
impulsor para medir su capacidad real de llevar a cabo el
proceso, se hace a través del recuento de las experiencias
anteriores y las enseñanzas que dejaron, además desde la
investigación de las políticas o los proyectos vigentes, el
conocimiento del tema, y la medición del grado de relación
que se tiene con los funcionarios, sean estos del nivel local,
regional o nacional, y los actores que puedan estar
interesados.
En este momento
se fortalecen los argumentos del grupo que va a llevar a
cabo el proceso, por medio de la investigación en torno a
cómo funciona la toma de decisiones en la entidad que se
quiere persuadir. Así mismo se trabaja en torno a
mecanismos que puedan presionar a la entidad, como
movilizaciones, manifestaciones públicas y difusión con los
medios de comunicación.
Se deben analizar las motivaciones,
intereses e ideas de los actores sobre los que se quiere
influir respecto al tema específico de incidencia, con el fin
de encontrar los mejores argumentos para influenciarlos y
los mejores mecanismos de presión ciudadana.
Los argumentos que se que se
construyan dentro del proceso deben estar basados en
información objetiva: documentos de organismos de
derechos humanos, pronunciamientos de expertos en el
tema, documentos sobre contenidos mínimos e indicadores
del derecho, testimonios de personas afectadas,
investigaciones de las entidades estatales y los centros de
investigación académicos, relacionados con el tema.
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La exigibilidad se considera un proceso móvil en el que se avanza