INTEGRACIÓN,
REQUISITOS,
ATRIBUCIONES DE LA
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
• |
La Suprema Corte de Justicia fue
creada por la Constitución Federal de
Octubre de 1824, tres años después
de la consumación de la
independencia de México, resultado
de una mezcla de la influencia
jurídica de la colonia y del sistema
español, francés y norteamericano.
Al principio se ensayó la
monarquía, pero con la caída de
Agustín de Iturbide en 1823 se
reinstauró la República Federal,
por lo que la Constitución de
Estados Unidos de América fue el
modelo que resolvía el problema
político que enfrentaba México en
esos años.
• Algunos de los antecedentes que
influyeron en el desarrollo
jurídico, fue el ensayo sobre los
principios constitucionales de
Ignacio López Rayón, cuyo
artículo 31 establecía:
• “Cada persona será respetada en
su hogar como asilo sagrado, y la
famosa ley de hábeas corpus de
Inglaterra será implementada”.
• El Acta Constitutiva de la
Federación Mexicana, de
28 de diciembre de 1823,
menciona por primera vez a
la Suprema Corte de
Justicia. Varios de los
Constituyentes objetaron el
nombre.
• Solamente durante cortos
periodos del siglo XIX, así
como durante el imperio de
Maximiliano se siguió el
modelo europeo y fue utilizada
otra denominación diferente;
Tribunal Supremo de justicia.
• El documento de 28 de diciembre de
1823, en su artículo 23, expresaba:
• “Cada habitante del territorio de la
Federación mexicana tienen derecho
a una pronta administración de
justicia para proteger su persona,
honor, libertad y propiedades y no
debe ser molestado en su vida ni en
sus propiedades y derechos si la
intervención judicial.”
• Por lo que podemos notar, que la
Suprema Corte de México siempre ha
tenido la tarea fundamental de
proteger derechos humanos.
La Constitución de 1824 creó los
Tribunales de Circuito y los Juzgados de
Distrito
11 ministros inamovibles, designados por
las Legislaturas de los Estados, tenían
que estar educados en la ciencia del
derecho. Los hispanoamericanos que
residían en México por más de cinco
años podían ser ministros, como en el
caso de la del dominicano Jacobo de
Villaurrutia, que con anterioridad había
sido oidor en México y en España.
• La Suprema Corte de Justicia
empezó a trabajar en 1825, hasta
mediados del siglo XIX. En 1836
México ensayó una nueva
Constitución, central y no federal,
la que creó un cuerpo especial de
carácter político con la facultad
de declarar la inconstitucionalidad
de las leyes, llamado Supremo
Poder Conservador.
• En 1847 el jurista liberal
Mariano Otero, propuso el
artículo 25 de la
Constitución de 1846, en
donde se establecía por
primera vez a nivel Federal
el Juicio de Amparo.
• Anteriormente a 1951 la Suprema
Corte tuvo una difícil tarea de
resolver entre otras cuestiones
importantes, la totalidad de los
amparos directos y las revisiones que
llegaban de cada Estado, así como la
revisión de la sentencia del Tribunal
Fiscal de la Federación, con el objeto
de resolver todo el rezago de la
Suprema Corte de Justicia había de
solamente tres soluciones.
• 3. Crear un nuevo tipo de tribunal, el
Colegiado decir Circuito, el cual se
implementó en el año de 1951, bajando la
cantidad de rezago en los casos
pendientes de resolución, sin embargo, en
1965 volvió a aumentar el rezago, así que
el entonces Presidente Gustavo Díaz
Ordaz pidió a la Suprema Corte de Justicia
que propusieran las reformas que en su
opinión fueran necesarias para resolver
este tipo de problemas de rezagos. Lo que
dio origen a las reformas de 1967 y 1968.
• Siendo el Presidente de la República
Miguel de la Madrid, envió al Congreso un
proyecto de reformas a la Constitución,
para otorgar a la Suprema Corte
competencia exclusiva sobre leyes y
tratados internacionales sujetos a
inconstitucionalidad, dejando los demás
casos para que fuesen resueltos por los
tribunales Colegiados de Circuito, dichas
reformas entraron en vigor el 15 de enero
de 1988.
• En diciembre del 94 el Poder
Judicial de la Federación de
México se organizó, como está
en la actualidad: la Suprema
Corte de Justicia, los Tribunales
Colegiados de Circuito, los
Tribunales Unitarios de Circuito,
los Juzgados de Distrito, el
Tribunal Electoral y el Consejo de
la judicatura Federal.
La Suprema Corte de Justicia tiene tres
propósitos esenciales:
• A) El equilibrio entre los poderes,
principalmente entre legislativo y el
ejecutivo;
• B) Decidir conflictos entre los Estados, los
Municipios, el Distrito Federal y la
Federación; y
• C) proteger a los particulares contra actos
ilegales de las autoridades.
Las reformas a la Suprema
Corte de Justicia de 94,
redujeron el número de
ministros al tradicional número
de 11 para facilitar sus
deliberaciones. Los Ministros
permanecen en su cargo 15
años y no existe limitación de
edad.
El primer Supremo Tribunal de
Justicia en México independiente
surgió con José María Morelos en
el Decreto Constitucional para la
Libertad del América Mexicana de
22 de octubre de 1814, el cual fue
instalado en Ario, (ahora de
Rosales), Michoacán.
En la Constitución Federal de
1824, los Magistrados que fueron
electos habían sido antes oidores
en las audiencias, como Juan
Nepomuceno Gómez Navarrete,
Juan José Flores Alatorre y
Manuel de la Peña y Peña.
• Eran electos por las Legislaturas de los
Estados y ratificada la elección por la
Cámara de Diputados. Los Ministros eran
inamovibles y letrados. El Presidente era
electo por los demás Ministros
anualmente y podía permanecer por
tiempo indefinido. También existía un
Vicepresidente de la Corte, en periodos
posteriores desapareció. La
Vicepresidencia recaía en el antiguo
Presidente de la segunda sala, o en el
más antiguo.
• En la Constitución de 1836, al igual que
en las otras Constituciones, se integraban
por 11 ministros y un fiscal. Los Ministros
del Alto Tribunal durante el centralismo
eran electos en la misma forma que el
Presidente de la República, pero fueron
ratificados todos los Magistrados que
principiaron en 1825, según las leyes de
1836, el Presidente de la Suprema Corte
era electo por los demás Ministros cada
dos años. Era común denominarlos
Magistrados en vez de Ministros.
• En la Constitución de 1857 el
Presidente de la Suprema Corte de
Justicia era Benito Juárez, quien
poco después fuera Presidente de la
República. Los Ministros son electos
popularmente cada seis años. Son
11, más un Fiscal y un Procurador
General, la Corte se integra por tres
salas: la primera con cinco y la
segunda y la tercera con tres
Ministros.
• En 1882 el Presidente de la Corte cesa de
ser Vicepresidente de la República y en
adelante los Presidentes del Alto Tribunal
son electos cada año, por el pleno
integrado por 11 Ministros. El pleno es el
único órgano de la Corte que conoce del
Juicio de Amparo pero persisten las tres
salas, con cinco magistrados la primera.
Siguen perteneciendo a la Corte Suprema
el Fiscal y el Procurador General de la
Nación.
• En 1900 Porfirio Díaz abolió
la figura del Fiscal y privó a
la Suprema Corte de
Justicia del Procurador
General de la Nación, el
que pasó a formar parte del
Ejecutivo.
Con la reforma de 1900
se crearon las facultades
de investigación de la
Suprema Corte en el
artículo 97, fracción III, de
la Constitución.
• En la Constitución de 1917 se sostuvo
la idea de que la Suprema Corte de
Justicia estuviera integrada por 11
Ministros inamovibles, electos por el
Congreso de la Unión a propuesta de
las Legislaturas de los Estados y sólo
funcionarían en pleno. Este pleno de
la Corte designaba los Jueces de
Distrito y Magistrados de Circuito
soberanamente.
En 1917, la población
de México decaía por
la revolución, y
teníamos una
economía destruida.
• El pleno trabajo sin salas de 1917 a 1928. En
este año fueron creadas tres salas con cinco
Ministros cada una: penal, administrativa y civil.
Los Ministros fueron designados por el Ejecutivo
con aprobación del Senado. En 1934 fue creada
una cuarta sala, la laboral. En 1951, aparece
una quinta sala, el auxiliar, para el rezago. El
Presidente de la Corte dejó de integrar una sala.
Así pues, hubo 26 ministros del Alto Tribunal,
pero era un número excesivo para la adecuada
atención de los negocios, ya que pertenecían al
pleno 21 de ellos.
• Las reformas constitucionales de 1988
suprimieron a la Suprema Corte la tarea de
resolver cuestiones de legalidad,
convirtiéndola en un Tribunal
exclusivamente Constitucional.
• Con las reformas de 1994 la Suprema
Corte de Justicia es un cuerpo Judicial y no
administrativo, dejando la tarea de
nombrar, remover y supervisar a los Jueces
de Distrito y magistrados de circuito al
Consejo de la judicatura Federal.
II. REQUISITOS PARA SER MINISTRO DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
• Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, se necesita:
• I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio
de sus derechos políticos y civiles.
• II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de
la designación;
• III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de
diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido
por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
• IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por
delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión;
pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de
confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el
concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que
haya sido la pena.
• V. Haber residido en el país durante los dos años
anteriores al día de la designación; y
• VI. No haber sido Secretario de Estado, Procurador
General de la República o de Justicia del Distrito
Federal, senador, diputado federal ni gobernador de
algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el
año previo al día de su nombramiento.
• Los nombramientos de los Ministros deberán recaer
preferentemente entre aquellas personas que hayan
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la
impartición de justicia o que se hayan distinguido por
su honorabilidad, competencia y antecedentes
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica
IV.- INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
• De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 94 Constitucional,
uno de los órganos en los que
se deposita el ejercicio del
Poder Judicial de la Federación,
es la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
• A partir del título segundo de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la
Federación se regula lo referente a
este órgano. El artículo segundo
señala que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación se integrará por
11 ministros y funcionará en pleno o en
salas, su Presidente no integrará sala.
• La Suprema Corte de Justicia de la
Nación tendrá cada año dos periodos
de sesiones, el primero comenzará el
primer día hábil de enero y terminará el
último día hábil de la primera quincena
del mes de julio, y el segundo
comenzará el primer día hábil del mes
de agosto y concluirá el último día vive
la primera quincena del mes de
diciembre.
• Se integra por 11 Ministros y
funciona tanto en pleno como
en dos salas; la primera de
ellas conoce de las materias
penal y civil; y la segunda de
las materias, administrativa y
del trabajo.
• El pleno se compone de 11 Ministros y
cada sala, de cinco; ambas salas y el
Presidente de la Suprema Corte
constituyen dicho pleno.
• El pleno funciona con un mínimo de siete
Ministros, excepto cuando se trata de
Acciones de Inconstitucionalidad o
Controversias Constitucionales, en cuyo
caso se requiere un mínimo de ocho de
sus miembros.
• Las resoluciones del pleno y de las
salas se toman por unanimidad o por
mayoría de votos, y son públicas, por
regla general, o bien, son privadas
cuando así lo disponga el propio
órgano. En caso de empate, y una vez
agotado el procedimiento establecido
por la Constitución, tanto el Presidente
del pleno, como los de las salas tienen
voto de calidad.
• Siempre que un Ministro disienta de la
mayoría, puede formular voto
particular, el cual se inserta el final de
la ejecutoria respectiva.
• Los Ministros permanecen 15 años en
su cargo, salvo que sobrevenga
incapacidad física o mental
permanente.
• El pleno en las salas, a propuesta de sus
presidentes, nombran a un secretario y
subsecretario general de acuerdos, así
como el demás personal que considere
necesario para el despacho de sus
asuntos.
• Cada cuatro años y cada dos, el pleno y
las salas, respectivamente, eligen a sus
presidentes entre sus miembros, los
cuales no pueden ser reelectos para el
periodo inmediato posterior.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación conoce de:
• 1. De las Controversias Constitucionales y
Acciones de Inconstitucionalidad a que se
refieren las fracciones I y II del artículo 105
constitucional;
• 2. Del recurso de revisión hecho valer contra
sentencias pronunciadas en audiencia
constitucional por Jueces de Distrito,
Magistrados de los Tribunales Unitario de
Circuito, en los siguientes supuestos:
• A) Si subsiste en el recurso el problema
de constitucionalidad de Leyes Federales,
Locales, del Distrito Federal, o de un
Tratado Internacional;
• B) Si se ejercita la facultad de atracción
contenida en el segundo párrafo del inciso
V. de la fracción octava del artículo 107
constitucional, o
• C) En los supuestos comprendidos en las
fracciones II y III del artículo 103
Constitucional (amparo soberanía), en
estos casos se requiere que se acredite la
existencia de un problema de esta
naturaleza.
• 3. El recurso de revisión que se haga valer
en contra de las sentencias dictadas en
Amparo Directo, cuando se hubiera
impugnado la inconstitucionalidad de una
Ley Federal, Local o del Distrito Federal, o
de un Tratado Internacional, o cuando los
conceptos de violación se haya planteado
la interpretación directa de un precepto
constitucional, o que dicha sentencias
decidan u omiten decidir sobre esas
materias, debiendo limitarse la materia del
recurso a las cuestiones constitucionales
propiamente;
• 4. De los recursos de reclamación en
contra de los acuerdos de trámite
dictado por el Presidente de este
órgano, en la tramitación de los
asuntos de su competencia.
• 6. De las excusas e impedimentos de
los Ministros, en asuntos de
competencia del pleno de la Corte.
• 7. De la aplicación de la fracción 16,
del artículo 107 constitucional,
referente al cumplimiento de
sentencias de amparo, la separación
del cargo de la autoridad responsable
hizo posible consignación.
• 8. De las denuncias de contradicción de
tesis entre las sustentadas por la sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
por los Tribunales Colegiados de Circuito,
cuando se trate de asuntos que por razón
de materia no se han exclusivo de alguna
de las referidas, o por el Tribunal
Electoral.
• 9. De los conflictos de trabajo suscitados
en sus propios servidores.
10. De cualquier otro asunto de
la competencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación,
cuyo conocimiento no le
corresponda las salas y del
resto que le señalen la ley.
Atribuciones del pleno de la Suprema Corte de
Justicia:
• Elegir a su presidente y conocer de la renuncia
de dicho cargo.
• Conceder licencias a sus integrantes.
• Establecer los días y horas en que sesionará
ordinariamente.
• Determinar mediante acuerdos la
competencia de las salas que integran a la
Suprema Corte de Justicia y el sistema de
distribución de asuntos.
• Remitir para su resolución a la sala dos
asuntos de su competencia, mediante
acuerdos generales.
• Permitir a los Tribunales Colegiados,
mediante acuerdos generales, aquellos
asuntos de su competencia en los que
hubiere establecido jurisprudencia.
• Resolver sobre las quejas administrativas
relacionadas con los integrantes o con el
personal de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
• Resolver de las revisiones en iniciativas que
se interpongan en contra de las
determinaciones del Consejo de la Judicatura.
• Aprobar el presupuesto de egresos de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
le somete a su aprobación el Presidente.
• A percibir, amonestar e imponer multas
a los abogados, procuradores, litigantes
come etc., cuando en las promociones
que dirigen al pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, falten al
respeto algún integrante u órgano del
Poder Judicial de la Federación.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
• Se nombrará cada cuatro años,
aún Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación,
electos por el pleno de la misma,
dentro de las principales
atribuciones del Presidente
encontramos:
• Representar a la Suprema Corte de
Justicia y conducir su administración.
• Llevar el trámite de los asuntos de la
competencia del pleno de la Corte y
turnarlos al Ministro que corresponda
para la elaboración del proyecto
respectivo.
• Autorizar las listas de asuntos, dirigir los
debates y conservar el orden en las sesiones
del pleno.
• Firmar las resoluciones del pleno, junto con el
Ministro ponente y el Secretario General de
acuerdos.
• Despachar la correspondencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, salvo la que es
propia de los presidentes de las Salas.
• De dar las medidas necesarias para el buen
servicio de las oficinas de la Corte.
• Recibir, tramitar y resolver las quejas
administrativas que se presenten con motivo
de las faltas que ocurran en el despacho de
los negocios de las competencias del pleno.
• Conceder licencias a los servidores públicos
de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
• Comunicar al Presidente de la República las
ausencias definitivas de los Ministros, para que
se proceda un nuevo nombramiento.
• Rendir ante los Ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y los miembros del
Consejo de la Judicatura Federal, un informe
anual al término del segundo periodo ordinario
de sesiones.
• Nombrar a los servidores públicos encargados
de la administración de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
• Expedir el reglamento interior y de
acuerdos generales en materia
administrativa de la Corte.
• Formular anualmente el anteproyecto
de egresos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que debe
someterse a la consideración del
pleno.
De las salas.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación
contará con dos salas, cada una integrada
por cinco ministros, bastando la presencia de
cuatro para funcionar.
• La sala de referencia son especializada por
materias, así la primera sala conduce, en
principio de la materia civil y penal, y la
segunda de las materias administrativas y
laborales.
• Las sesiones de la sala serán públicas por regla
general y sólo privadas en los casos en que a su juicio
así lo exija la moral o el interés público.
• Las resoluciones de la sala se tomarán por
unanimidad o mayoría de votos. Si al efectuarse la
votación no se obtiene la mayoría, el asunto se turna
a un nuevo Ministro para la formulación del proyecto
tomando en consideración lo manifestado en la
sesión. Se presenta este nuevo proyecto no se
obtiene mayoría, el Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación nombrar a un Ministro de la
otra sala para que emita su voto, en caso de que
tampoco se logre mayoría, el Presidente de la sala
tendrá voto de calidad. El Ministro que disienta de la
mayoría, puede formular un voto particular que se
agregará la ejecutoria respectiva.
Conocen las salas:
• De los recursos de apelación interpuestos en
contra de la sentencia dictada por los Jueces
de Distrito en aquellas controversias ordinarias
en que la Federación sea parte.
• En los recursos de revisión contra sentencias
dictadas en audiencia constitucional por los
Jueces de Distrito, Tribunales Unitarios de
Circuito en los siguientes casos:
• 1. Cuando subsiste en el recurso el
problema de constitucionalidad, quien la
demanda de amparo si hubiesen pugnado
un reglamento federal expedido por el
Presidente de la República, o reglamentos
expedidos por los gobernadores de los
Estados o por el Jefe del Distrito Federal,
por estimarlos directamente contrarios a una
disposición constitucional, o si la sentencia
que establece la interpretación directa de un
precepto de nuestra ley fundamental.
2. Cuando se ejercite la
facultad de atracción
contenida en el segundo
párrafo del inciso V. de la
fracción ocho del artículo
107 constitucional.
Del recurso de revisión contra sentencias que
el Amparo Directo, pronuncien los Tribunales
Colegiados de Circuito:
• 1. Cuando habiéndose impugnado en la
constitucionalidad de un reglamento federal
expedido por el Presidente de la República, o
de reglamentos expedidos por los
gobernadores de los Estados o por el Jefe
del Distrito Federal, o que en los conceptos
de violación se haya planteado la
interpretación de un precepto constitucional,
o se haya decidido o se omita decidir sobre la
misma inconstitucionalidad o interpretación.
• 2. De los Amparos Directos que por su
interés y trascendencia así lo ameriten
el uso de la facultad de atracción
prevista en el segundo párrafo del
inciso d) en la fracción V del artículo
107 constitucional.
• El recurso de reclamación que se haga valer en
contra de los acuerdos de trámite dictados por
su Presidente.
• De las controversias que se susciten en razón
de competencia entre los Tribunales de la
Federación, entre éstos y los de los
Estados o del Distrito Federal,
entre los de un Estado y los
de otro, entre los de un Estado
y los del Distrito Federal, entre
cualquiera de estos y los
militares.
De los presidentes de la sala:
Cada dos años, los Ministros miembros de la sala se elegirán entre
ellos a Presidente, que no podrá ser reelecto para el periodo inmediato
posterior.
Entre las atribuciones del Presidente se encuentran:
• 1. Evitar los trámites que procedan en los
asuntos de la sala respectiva.
•
• 2. Regular el turno de los asuntos entre los
Ministros de las salas.
• 3. Dirigir los debates y conservar el orden
durante las sesiones y audiencia de la sala.
• 4. Firmar las resoluciones de la sala junto
con el ponente y el secretario de acuerdos
que da fe.
• 5. Despachar la correspondencia oficial de
la sala.
• 6. Promover oportunamente los
nombramientos de los servidores públicos
y empleados que deba ser la sala.
Nombramiento.
• El Presidente de la República somete una
terna consideración del Senado, el cual
designa al Ministro que deba cubrir la vacante.
La designación se hace por el voto de las dos
terceras partes de los miembros del Senado
presentes, dentro del improrrogable plazo de
30 días. Si el Senado no resuelve dentro de
dicho plazo, ocupa el cargo de Ministro la
persona que designe el Presidente de la
República, dentro de dicha terna.
• En caso de que la Cámara rechace la
totalidad de la terna propuesta, el
Presidente de la República somete una
nueva terna y si nuevamente es
rechazada, ocupa el cargo la persona que
dentro de dicha terna, designe el
Presidente de la República.
• Los nombramientos de los
Ministros recaen en aquellas
personas que han servido con
conciencia, capacidad y probidad
en la impartición de justicia o en
aquellas que se distingue por su
honradez y honorabilidad.
Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia,
tiene que tomar protesta ante el Senado en la
siguiente forma:
Presidente: ¿protesta y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de ministro de la
suprema corte de justicia de la nación qué se
os ha conferido y guardar y hacer guardar la
constitución política de los Estados Unidos
mexicanos y las leyes que de ella emanen,
mirando en todo por el bien y prosperidad de la
unión?.
Ministro: sí protesto.
Presidente: si no lo hiciereis así, la nación nos
lo demande.
Atribuciones jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Justicia
de la Nación.
Medios de control de la constitucionalidad en
México
El Juicio de
Amparo
Las Controversias
Constitucionales
Las Acciones de
Inconstitucionalidad
Juicio para la protección de los
derechos político-electorales de los
ciudadanos
Medios de control
de la
constitucionalidad
en materia
electoral
El juicio de revisión
constitucional
electoral
Procedencia:
La procedencia del Juicio de Amparo se encuentra
prevista en el artículo 103 de la Constitución política
de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo
primero de la Ley Amparo.
Artículo 103. Los tribunales de la Federación
resolverán toda controversia que se suscite:
I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las
garantías individuales.
II. Por leyes o actos de la autoridad federal que
vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la
esfera de competencia del Distrito Federal, y
III. Por leyes o actos de las autoridades de los
Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera
de competencia de la autoridad federal.
El Juicio de Amparo ¿es un juicio o un recurso?
Concepto de recursos:
• Es volver dar curso al conflicto, un revólver en plan
revisor sobre lo andado, de manera que ante quien
deba resolverlo concurren las mismas partes que
contendieron ante el inferior, a pedirle que le analice
la cuestión controvertida y que decida si la
apreciación efectuada por éste se ajusta o no a la ley
correspondiente y, en su caso, a solicitarle que
reforme la determinación con que no se conforme.
• Mediante el recurso se pretende reformar la
resolución judicial, dentro del mismo proceso en que
la resolución ha sido dictada.
Mismo
conflicto
Mismas
partes
En suma, se sigue dentro del proceso.
Debe ser
fallado con
base en la
misma ley
se observó
el inferior
En el Juicio de Amparo:
El juzgador (el
aquo o juez de
origen.
El conflicto ya
no es el que fue
sometido el
juzgador
Se convierte
en
Sino
Demandado
(autoridad
responsable)
El de si la conducta de
la autoridad
responsable configura
un o una contravención
a la constitución,
problema que no se
había planteado antes.
Los preceptos normativos sobre los que debe
resolver el órgano revisor, Juez del primitivo
juzgador, no serán exclusivamente los mismos
en los que éste se apoyó en su oportunidad,
sino en los preceptos de la Constitución y,
decidirá si la ley fue exactamente aplicada, así
también, resuelve si la ley no debió aplicarse
por ser contraria la Constitución.
• La materia y las partes son diferentes
a las del proceso ordinario en que se
dictó la resolución reclamada.
• Se trata de un proceso sobre el
proceso, no de un capítulo más del
mismo proceso.
RECURSO AMPARO
El superior
sustituye al
inferior y, actúa
como es que
debió haber
actuado y no lo
hizo.
No hay tal sustitución,
el órgano de control
declara la ilegalidad
de la conducta
asumida por la
autoridad responsable
y, manda que
enmiende su
conducta.
• No obstante lo anterior, si existe un tipo de
Amparo que no configuran procesos: es
llamado Amparo contra Leyes, en la hipótesis
prevista por el artículo 114 fracción primera
de la Ley de Amparo, en los que la ley
secundaria se impugna antes de su
aplicación.
• Así también, cabe precisar que, algunos
autores consideran que el Juicio de Amparo
Directo no configura un proceso.
Partes en el Juicio de Amparo.
Concepto de parte: es la persona que teniendo
intervención en un juicio, ejercita la una acción,
opone una excepción o interpone un recurso.
1.-El quejoso: es el agraviado que promueve el
Juicio de Garantías, quien demanda la
protección de la Justicia Federal, quien ejercita
la acción constitucional, el que equivale a un
juicio ordinario al actor.
Quejoso
2.-La autoridad responsable: es la parte contra
la cual se demanda la protección de la Justicia
Federal, es el órgano del Estado que forma parte
de su gobierno, de quién proviene el acto que se
reclama, que se impugna por considerar el
quejoso que lesiona sus garantías individuales o
que transgrede en su detrimento el campo de
competencias de la Constitución delimitadas a la
Federación y sus Estados miembros, esto es, que
rebasa las atribuciones que respecto de los que la
Constitución ha precisado.
AUTORIDAD RESPONSABLE
3.-El tercero perjudicado: En términos generales,
resulta beneficiado en el acto que el quejoso en
pugna en el Juicio de Amparo y, tiene por lo mismo,
interés en que tal acto subsista y no sea destruido por
la sentencia que en el mencionado juicio se
pronuncie. Por ello debe ser llamado a juicio y tener
en este la oportunidad de probar y alegar en su favor.
Podría decirse que hace causa común con la
autoridad responsable, que también se empeña en
que el acto que de ella se combate quede en pie.
4.- El ministerio público: Funge como
representante de la sociedad y siempre debe
ser llamado al Juicio Constitucional como
parte, le atañe la facultad de decidir si
interviene o no, según estime que el caso
afecta al interés público, supuesto en que
podría interponer los recursos relativos.
Tipos de Amparo.
1.-Juicio de Amparo Directo o Uni -Instancial: Es
aquel que procede en contra de sentencias
definitivas, laudos o resoluciones que ponga fin a
un juicio (artículo 58 de la Ley de Amparo).
Se instaura ante los Tribunales Colegiados de
Circuito en única instancia, es decir, dichos órganos
jurisdiccionales conocen del Amparo de jurisdicción
ordinaria, esto es, si que antes de su injerencia y
habido ninguna otra instancia, a diferencia del
Juicio de Amparo indirecto, del que conocen en
jurisdicción apelada o derivada, mediante la
interposición del recurso de revisión contra las
sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito.
• Se denomina Uni - Instancial , en virtud
de la unicidad de la instancia y recibe el
nombre de Amparo Casación porque se
trata de un remedio procesal de
anulación, y a través de un
procedimiento autónomo, examina la
actividad procesar del Juez o Tribunal
para determinar la legalidad de su
sentencia definitiva, laudo o resolución
que ponga fin al juicio.
Requisitos que debe reunir una
sentencia o laudo definitivo:
1.-Debe ser pronunciado por un tribunal.
2.-Resolver la litis principal, esto es, la
materia del juicio.
3.-Que contra ella ya no procederá recurso
alguno.
Ejemplo 1:
Si se trata de una
resolución dictada
por la PROFECO o
la CONDUSEF
(Comisión nacional
para la defensa del
usuario de
servicios
financieros)
No estamos
hablando de una
sentencia, laudo
resolución
definitiva, porque
dichas
resoluciones sólo
pueden dictarse
por Tribunales
En consecuencia:
Si procede el Amparo, pero no el
directo, porque está reservado sólo
para actos de tribunales.
Ejemplo 2:
Si el tribunal resuelve un aspecto accesorio
accidental, la resolución no tiene carácter de
sentencia definitiva y, por lo tanto, no procede
el Juicio de Amparo Directo.
Es importante destacar que, si se trata de
actos o violaciones cometidas durante el
procedimiento, deben impugnarse para que
una vez concluido el juicio, proceda la
interposición del Amparo Directo, pues si no se
combate se entienden las violaciones como
consentidas.
2. Juicio de Amparo Directo ó Bi Instancial: Es aquel que procede en
contra de todo aquello que no sea
una sentencia definitiva, laudo o
resolución que ponga fin al juicio.
Procede en contra de:
• Leyes, Reglamentos o Tratados
Internacionales (Amparo contra Leyes)
artículo 114 fracción I de la Ley de
Amparo.
• Contra actos que no provengan de
Tribunales Judiciales Administrativos o del
Trabajo, esto es, actos de autoridades
administrativas, artículo 114 fracción II de
la Ley de Amparo.
• Con la creación del Tribunal de Justicia
Fiscal y Administrativa (2001), esta materia
se convirtió en competencia de dicho
Tribunal, mediante Juicio de lo Contencioso
Administrativo.
• Durante muchos años no existía la menor
duda de que las autoridades administrativas
son (el Presidente de la República, los
Secretarios de Estado y el Procurador
General de la República), pero desde el año
2001, esto ya no es competencia del Poder
Judicial de la Federación.
• La competencia que se le dio al TFJA fue la de
conocer de Juicios interpuestos contra actos
definitivos de las autoridades administrativas,
lo que era el Juicio de Amparo Indirecto, pasó
a ser de lo contencioso administrativo, y ahora
ya no existe amparo conforme a la fracción II
del artículo 114 de la Ley de Amparo.
• No obstante lo anterior, procede el Juicio de
Amparo Directo en contra de la sentencia del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
(principio de definitividad).
• El Juicio de Amparo Indirecto se promueve en
primera instancia ante los Jueces de Distrito
(constatar la constitucionalidad o
inconstitucionalidad del acto reclamado) y en
segunda instancia conocen los Tribunales
Colegiados de Circuito o la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en los casos en que
utilice su facultad de atracción, a través de la
interposición del recurso de revisión en contra
de las sentencias de los Jueces de Distrito. Su
función es modificar, revocar o confirmar la
sentencia.
• Contra actos de Tribunales
Judiciales, Administrativos o del
Trabajo, ejecutados fuera de
juicio o después de concluido
artículo 114 fracción III de la Ley
de Amparo.
• Para efectos del Amparo, debe entenderse que el
juicio se inicia con la presentación de la demanda
ante el órgano correspondiente y, concluye con la
sentencia definitiva. Por tanto, cualquier
determinación que se produzca después de
presentada la demanda (en el sentido de admitirla,
rechazarla, mandarla aclarar, declarar la
incompetencia del órgano, etc.), hasta el
pronunciamiento de la sentencia definitiva, en su
caso; será un acto dentro del juicio y desde luego
habrá algunos que ponen fin al juicio sin decidirlo en
lo principal (resolución mediante la cual se confirma el
auto por el que se deseche una demanda, esto es, no
se resuelve el problema planteado por el actor en su
demanda y da por terminado el juicio relativo).
• Ejemplo:
Actos fuera de juicio: medios preparatorios
(artículo 379 del Código Federal de
Procedimientos Civiles) o el embargo en un
Juicio Ejecutivo Mercantil, actos después de
concluido el juicio: el remate.
Contra actos en el que dentro del juicio se
tengan sobre las personas cuya ejecución que
sea de imposible reparación artículo 114
fracción IV de la Ley de Amparo.
• Los demás, aunque afecte la defensa del
quejoso y trascienden al resultado del fallo pero
no son irreparables, únicamente pueden ser
objetados en Amparo Directo ante los
Tribunales Colegiados de Circuito.
•
Son violaciones procesales de ejecución
irreparable, impugnables en Amparo Indirecto,
aquellas consecuencias que son susceptibles
de afectar inmediatamente alguno de los
llamados Derechos Fundamentales del hombre
del gobernado, que tutela la Constitución por
medio de las Garantías Individuales, como la
vida, la integridad personal, la libertad, la
propiedad.
• Otros ejemplos de actos de imposible
reparación son: el embargo, la imposición
de multas, el decreto del de alimentos
provisionales o definitivos, el arresto, el
auto que ordena la intersección de la
correspondencia de una de las partes en
las oficinas de correos, el que se
comunicara una parte para que
forzosamente desempeñe un trabajo,
etcétera.
• En los primeros tres casos se puede
afectar las propiedades y posesiones, en
el cuarto la libertad personal, en el quinto
el derecho a la inviolabilidad de la
correspondencia, en el sexto la libertad de
trabajo, y ninguna de las afectaciones se
podrá reparar en actuación posterior en el
juicio.
• Los actos de ejecución
irreparable no tocan por si
tales valores, sino que se
produce la posibilidad de que
ello pueda suceder al
resolverse la controversia.
• Contra actos ejecutados dentro o fuera de
Juicio, que afecten a personas extrañas a,
cuando la ley no establece a favor del
afectado algún recurso ordinario o medio
de defensa que pueda tener por efecto
modificarlos, o revocarlos, siempre que no
se trate de Juicio de Tercería articuló 114
fracción V de la Ley de Amparo.
• Para los efectos de esta fracción nos interesa
determinar si los actos de autoridad se
produjeron dentro o fuera de juicio pues basta
que el quejoso sea extrañó al procedimiento
para que legalmente pueda reclamarlos ante el
Juez de Distrito de inmediato, esta fracción
condiciona la procedencia del Amparo, a que el
extraño en el procedimiento agote previamente
el recurso ordinario o medio de defensa de la
ley establezca a su favor (únicamente lo libera
de la obligación de promover juicio de tercería).
Esto es, si legalmente está instituido algún
recurso que puede interponer el citado extraño
debe hacerlo valer antes de acudir al Amparo.
• No obstante lo anterior la Suprema Corte
de Justicia de la Nación ha pasado por
alto tal exigencia legal al determinar que
los terceros extraños afectados por
determinaciones judiciales dictadas en
procedimientos a que son ajenos, no
están obligados a agotar los recursos
ordinarios o medios legales de defensa
antes de acudir al Amparo.
• Contra leyes o actos de la Autoridad
Federal o de los Estados, en los
casos de las fracciones segunda y
tercera del artículo primero de esta
ley artículo 114 fracción IV de la Ley
de Amparo.
Basta que el Juicio se promueva por
considerar el quejoso que se este
infligiendo el Sistema de Distribución de
Competencias entre la Federación y los
Estados, pero no hay que pensar que la
Federación y los Estados puedan ser
titulares de la acción de Amparo
• porque suponer lo contrario sería ir en
contra de la naturaleza misma de juicio,
que fue creado con el propósito de dotar
al gobernador de un medio de defensa
oponible a los desmanes del gobernante.
Ni siquiera se le concedió como
procedimiento para salvaguardar las
prevenciones constitucionales, de manera
que pudiera hacerse valer en los casos en
que la transgresión a dichas prevenciones
no afectaran concretamente a un
gobernado en particular.
Las ideas capitales sobre el Juicio de Amparo,
expresadas con nitidez en la formula Otero y
que todavía sobreviven en la Constitución, son
las tres siguientes:
1. El juicio de Amparo es a petición de la parte
agraviada.
2. Esa parte agraviada debe ser un individuo
particular.
3. La sentencia se limitará a resolver el caso
concreto.
• En conclusión, no se trata de un sistema
de defensa directa de la
constitucionalidad, sino de defensa
primordial del individuo frente al Estado,
que se traduce en defensa secundaria y
eventual de la Constitución.
Juicio de
Amparo
Directo
T.C.C
S.C.J.N
Facultad de
atracción
Una sola instancia,
conocen uno u otro.
Juicio de
Amparo
Indirecto
Primera
Instancia
Juzgado de
Distrito
Segunda
Instancia
Recurso de
Revisión
T.C.C
S.C.J.N
Facultad de
atracción
Principios del Juicio de Amparo.
1.-Principio de iniciativa o instancia de parte
agraviada. (Artículo 107 fracción I de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y artículo 4 de la Ley de Amparo): el
Juicio de Amparo jamás puede operar
oficiosamente, y por lo mismo, es indispensable
que lo promueva alguien, por lo que sólo puede
surgir a la vida jurídica por el ejercicio de la
acción constitucional del gobernado, que ataca
el acto autoritario que consideran lesivo a sus
derechos.
2.-Principio de agravio personal y
directo (artículo 107 fracción I y Artículo 4
de la Ley de Amparo): el Juicio de Amparo
sólo puede promoverse por la parte a
quien perjudiquen los actos que se
reclaman.
Por agravios se entiende todo
menoscabo, o toda ofensa a la persona
física o moral, que sea real y no de
carácter subjetivo, debe ser de realización
pasada, presente o inminente.
• 3.-Principio de relatividad de las
sentencias (artículo 107 fracción II y 76
de la Ley de Amparo): concede la
protección de la Justicia Federal
únicamente el quejoso, de manera que
quien no fue expresamente amparado, no
puede beneficiarse con la precisión,
acerca de la inconstitucionalidad del acto
reclamado, que haya expresado el
juzgado en la sentencia.
4.-Principio de definitividad
(artículo 107 fracciones III y IV):
consiste en la obligación del
agraviado de agotar previamente a la
interposición de la acción
constitucional, los recursos ordinarios
tendientes a revocar o modificar los
actos decisivos.
•
•
•
•
Excepciones:
A) En materia penal, cuando el acto reclamado
importen peligro de privación de la vida,
exportación, destierro o cualquiera de los
previstos por el artículo 22 constitucional.
B) Cuando el quejoso no haya sido emplazado
legalmente en el procedimiento en que se
produjo el acto reclamado.
C) El extraño al procedimiento no está obligado
a agotar recurso alguno.
D) No debe agotar recurso alguno el afectado
por un acto autoritario que carece de
fundamentación.
• 5.-Principio de estricto derecho y suplencia
de la queja deficiente: la encontramos
interpretaba a contrario censu en los párrafos
II y III de la fracción segunda del artículo 107,
que prevén la facultad de suplir la deficiencia
de la queja.
• Este principio supone una norma de conducta
del órgano de control, consistente en que el
juzgador de Amparo no tiene libertad para
apreciar todos los posibles aspectos
inconstitucionales del acto reclamado, sino
que está constreñido a ponderar únicamente
aquellos que se traten en la demanda de
garantías a título de conceptos de violación.
•
•
•
•
•
Excepciones a este principio:
En cualquier materia, cuando el acto se
funden en leyes declaradas
inconstitucionales por la Corte.
En materia penal en favor del reo
En materia agraria en favor de los núcleos
de población, el ejidal o comunal.
En materia laboral a favor del trabajador.
En favor de los menores de edad o
incapaces
6.-Principio de prosecución
judicial: se refiera que el Juicio de
Amparo en substanciación es un
verdadero proceso judicial, en el que
se suscita un debate de controversias
entre el promotor del Amparo y la
Autoridad Responsable.
7.-Principio de prosecución
oficiosa del amparo (artículo 157 de
la Ley de Amparo): los Jueces de
Distrito cuidarán que los Juicios de
Amparo no queden paralizados
proveyendo lo que corresponda hasta
dictar sentencia.
Termino para la interposición del Juicio de
Amparo.
• Es el tiempo con que cuenta el
gobernado, para interponer la demanda
de garantías.
• Existe un término genérico: 15 días
siguientes al que haya surtido efectos la
notificación del acto reclamado.
Excepciones:
• A) En Amparo contra leyes auto aplicativas: el
Amparo que procede contra Tratados
Internacionales, Reglamentos o cualquier otro
acto de observancia obligatoria, general
abstracta e impersonal, que por sólo su entrada
en vigor causen una lesión al gobernado (30
días a partir de su entrada en vigor).
• B) Amparo contra leyes Heteroaplicativas: son
los actos de autoridad de observancia general
impersonal y abstractas que requieren de un
acto concreto de aplicación para dañar al
gobernado (15 días siguientes de la notificación
del acto reclamado).
B) CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.
Concepto:
Las Controversias Constitucionales son
procedimientos de única instancia planteados en
forma de juicio ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, accionables por la Federación, los Estados,
el Distrito Federal o los cuerpos de carácter municipal,
o por sus respectivos órganos legitimados, y que
tienen por objeto solicitar la invalidación de normas
generales o de actos legislativos de otros entes
oficiales similares, debido a que tales normas o actos
no se ajustan a lo constitucionalmente ordenado; o
bien reclamando sobre límites administrativos de los
Estados; con el objeto de que se decrete la vigencia o
invalidez de las normas o actos impugnados, o el
arreglo de límites entre Estados, todo ello para
preservar el sistema y la estructura de la Constitución
Política.
Procedencia:
La procedencia de las Controversias Constitucionales
se encuentran previstas en el artículo 105, fracción I,
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues dicho precepto establece que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en
los términos que señale la ley reglamentaria de las
Controversias Constitucionales, con excepción de las
que se refieran a la materia electoral, cuando fueron
interpuestos por alguna Entidad, poder u órgano de
los que se enlistan en el mencionado precepto, en
contra de actos o disposiciones generales que fueron
contrarios a las Constitución.
Las partes en las Controversias
Constitucionales:
• En la fracción I del artículo 105
constitucional, se mencionan una serie de
entidades, poderes, y órganos, que pueden
interponer una Controversia Constitucional
y, que dicho listado hace posible
desprender las partes que intervienen en
una controversia de esa naturaleza, mismas
que analizaremos a continuación.
•
•
•
•
La parte actora:
La Federación de un Estado o el Distrito
Federal;
La Federación y Municipios;
el Poder Ejecutivo y el Congreso de la
Unión; aquel y cualquiera de las cámaras
de éste o, en su caso, la Comisión
Permanente, sea como órganos Federales
o del Distrito Federal;
Un Estado y otros;
•
•
•
•
•
•
•
Un Estado y el Distrito Federal;
El Distrito Federal y un Municipio;
Dos Municipios de diversos Estados;
Dos poderes de un mismo Estado, sobre la
constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales;
Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la
constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales;
En Estado y/o Municipio de otro Estado, sobre
la constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales; y
Dos órganos de gobierno del Distrito Federal,
sobre la constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales.
• En el mismo sentido, el artículo 10
fracción primera de la ley reglamentaria
del artículo 105 constitucional, establece
que puede considerarse como actor a la
Entidad, poder u órgano que promueva la
controversia.
La parte demandada:
El artículo 10 de la ley reglamentaria del
artículo 105 constitucional en su fracción
segunda, establece que puede
considerarse como demandado, a la
Entidad, poder u órgano que hubieren
emitido y promulgado la norma general o
pronunciado el acto que se objeta de la
controversia.
El tercero o terceros interesados:
• Serán las Entidades, poderes, u órganos a
que se refiere la fracción I del artículo 105
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que sin tener el
carácter de actores o demandados,
pudieran resultar afectados por la
sentencia que llegará dictarse.
El Procurador General de la República:
• En la Constitución no se prevé que el
Procurador General de la República debe
intervenir en las Controversias Constitucionales,
sin embargo, se habla de su participación como
parte en las mismas, en el artículo 10 de la ley
reglamentaria del artículo 105 constitucional en
su fracción IV.
• Al respecto, Juventino Castro afirma que ni en la
Constitución, ni en la ley reglamentaria, con las
exposiciones de motivos de estos instrumentos
se dan razones satisfactorias para precisar la
razón por la cual el Procurador General está
constituido como parte en las controversias.
• Y concluye que probablemente, sea
porque el Procurador General de la
República ha sido señalado como parte
permanente las Controversias
Constitucionales, al entenderse que es un
super vigilante de lo constitucionalmente
reglamentado; procurador del pacto
federal; destacado opinante del
ordenamiento jurídico nacional.
Principios fundamentales de las controversias
constitucionales:
Los principios fundamentales que rigen a las Controversias
Constitucionales son: el principio de prosecución judicial, el
principio de instancia de parte, el principio de interés jurídico, el
principio de igualdad procesal de las partes, el principio de la
suplencia de las deficiencias de las partes, el principio de
definitividad, el principio de relatividad de las sentencias que
tiene algunas excepciones, entre otros.
El principio que nos interesa analizar detalladamente, es el de
la relatividad de las sentencias, en el caso de las Controversias
Constitucionales tiene algunas excepciones, mismas que
estudiaremos en el siguiente apartado.
El principio de relatividad de las sentencias
de las Controversias Constitucionales.
• El principio de relatividad de las sentencias
establece que éstas sólo sufren efectos entre
las partes que hubieren participado en el litigio,
sin poder aplicarse a personas, entidades,
órganos o poderes que no hubiesen intervenido
en el mismo.
• Pero dicho principio tiene excepciones, en
casos en que la trascendencia de la resolución
de la Corte haga necesario que ésta sea
aplicable a cualquier persona, entidad, poder u
órgano, aún no haya sido oído en defensa.
Dichas excepciones son las siguientes:
A) Normas generales: cuando la
Controversia Constitucional tiene por objeto
una norma general, la sentencia que declare
sin validez por votación de por lo menos
ocho votos de los Ministros del pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
tiene efectos generales; es decir, la
obligación de anular la disposición declarada
inconstitucional se extiende a todos los actos
que se hubieran apoyado en ella, así,
cualquier autoridad, sin importar que haya
participado en la controversia constitucional
o no.
• B) Jurisprudencia: el artículo 43 de la ley
reglamentaria dispone que son obligatorias las
consideraciones que apoye la parte resolutiva
de las sentencias dictadas en Controversias
Constitucionales, cuando sean aprobadas por lo
menos por ocho votos de los Ministros del pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo
que implica que el criterio sustentado afecta a
personas, a autoridades, entidades o poderes
que no intervinieron en la controversia, pues
toda las autoridades jurisdiccionales distintas a
la Corte deberán resolver los juicios sometidos a
sus respectivas competencias conforme lo
determinado las ejecutorias de Controversias
Constitucionales.
Efectos de la sentencias en las controversias
constitucionales.
Para determinar cuáles son los efectos de la
sentencias que se emiten con motivo de la
interposición de una Controversia
Constitucional, es preciso distinguir si lo que se
esta impugnando es una norma general emitida
o promulgada por una entidad, poder u órgano;
o actos pronunciados por una entidad, poder u
órgano.
Además de los anteriores conflictos, también
puede conocer la Corte mediante esta clase de
controversias de los conflictos contenciosos
respecto a los límites de los Estados.
• Ahora bien, tanto la Constitución, la ley reglamentaria del
artículo 105 constitucional, establecen que siempre que las
controversias versan sobre disposiciones generales de los
Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación,
de los Municipios impugnadas por los Estados, con los casos
a que se refieren los incisos C., H. de la fracción I del artículo
105 constitucional, que consisten básicamente en aquellas
controversias que se plantean entre el Poder ejecutivo y el
Congreso de la Unión; el Poder Ejecutivo y cualquiera de las
cámaras del Congreso de la Comisión Permanente;
controversias que se plantean entre dos poderes de un
mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales; o finalmente, entre los órganos de
gobierno del Distrito Federal, también sobre la
constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, la
resolución de la Suprema Corte de Justicia la declare
inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando
hubiere sido aprobada por la mayoría de por lo menos ocho
votos.
• Lo anterior quiere decir que cuando la
impugnación que se haga por medio de
las Controversias Constitucionales en
contra de las disposiciones de carácter
general a que hemos hecho referencia y,
siempre que se obtuvieron ocho votos de
los Ministros de la Suprema Corte de
Justicia, la declaratoria de
inconstitucionalidad tendrá efectos erga
omnes.
• Pero si en aquellas controversias respecto
de normas generales, no se alcanza la
votación mencionada, el pleno de la
Suprema Corte declarara desestimadas
dichas controversias, según se establece
en el artículo 42 de la ley reglamentaria
del artículo 105 constitucional.
• En este sentido, Juventino Castro señala que en
caso de que se dicte sentencia definitiva en una
controversia y de que seis o siete Ministros
establecieran que la misma fue dictada por
mayoría, pero no lo suficiente para resolver en
el fondo de la cuestión, no serán obligatorios
esos criterios mayoritarios contenidos en la
sentencias para la sala de la Corte, Tribunales
Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgado de
Distrito, Tribunales Militares, Agrarios y
Judiciales del orden común de los Estados y del
Distrito Federal, y Administrativos y del Trabajo,
sean estos Federales o Locales; pero ni siquiera
podrán considerársele con una sentencia, pues
su desestimación más bien parecería un
sobreseimiento.
• La declaratoria de desestimación se hace
sobre la sentencia que no es suficiente
para obtener el carácter de mandato
invalidante, pero tampoco para establecer
un procedente, un criterio válido, respecto
de otros asuntos similares.
• Finalmente cabe señalar que si la Controversia Constitucional
fue sobre actos, la sentencia sólo tendrá efectos entre las
partes, lo que significa que en estos casos rige el principio de
relatividad de las sentencias, es decir, que la declaración de
constitucionalidad o inconstitucionalidad sólo afecta a las
partes que intervinieron en la controversia, sin que pueda
aplicarse a sujetos distintos de estos en relación con lo
anterior, es preciso hacer notar que cuando la resolución de la
Corte es tomada por una mayoría de por lo menos ocho votos,
las consideraciones que determinaron la declaración de
inconstitucionalidad constituirán Jurisprudencia, lo que
implicaría que de cierta manera tendría efectos generales dicha
declaración de invalidez, dado que cualquier persona afectada
para la aplicación del acto de inconstitucionalidad, podría
impugnarse través de una Controversia Constitucional, si se
trata de entes públicos legitimados para promoverlo o de
particulares en el caso del Juicio de Amparo, pudiendo obtener
así un fallo favorable, dado que ellas estarían establecidas por
la Jurisprudencia de la Corte que se ha pronunciado por la
inconstitucionalidad del acto mencionado.
D) ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
Concepto:
Las Acciones de Inconstitucionalidad son
procedimientos de única instancia planteados en
forma de juicio ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, por órganos legislativos minoritarios, por
los Partidos Políticos con registro federal o estadual, o
por el Procurador General de la República, por el
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, en los cuales se controvierte la posible
contradicción entre una norma de carácter general o
un Tratado Internacional por una parte, y la
Constitución, por la otra exigiéndose en el juicio
respectivo la invalidación de la norma o del Tratado
impugnado, para así hacer valer los mandatos
constitucionales.
• Procedencia:
• La procedencia de las Acciones de
Inconstitucionalidad se encuentran previstas
en el artículo 105 constitucional fracción II,
establece que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, será la competente para
conocer las de las Acciones de
Inconstitucionalidad que tengan por objeto
plantear la posible contradicción entre una
norma de carácter general (dentro de las
cuales se consideran a los Tratados
Internacionales) y, en la Constitución.
Sujetos legitimados para interponer la
sección de inconstitucionalidad.
Las impugnaciones de Leyes Federales, o
del Distrito Federal, que se consideren
inconstitucionales puede ser planteadas
por:
– 33% de los Diputados;
– 33% de los Senadores; y
– El Procurador General de la República.
•
•
•
•
Las impugnaciones de leyes expedidas por
los órganos legislativos competentes de los
Estados, pueden ser planteadas por:
33% de los integrantes de alguno de los
órganos legislativos estatales.
El Procurador General de la República.
Las impugnaciones que de leyes expedidas
por la Asamblea de Representantes del
Distrito Federal, puedan plantearse por:
33% de los integrantes de la asamblea de
representantes del Distrito Federal.
El Procurador General de la República.
• Las impugnaciones en contra de
Tratados Internacionales celebrados
por el Estado Mexicano, pueden ser
planteadas por:
• 33% de los Senadores; y
• El Procurador General de la
República.
•
•
Las impugnaciones en contra de Leyes
Electorales Federales o Locales, pueden
ser planteadas por:
Los partidos políticos con registro ante el
Instituto Federal Electoral, por conducto
de sus dirigencias nacionales y por;
Los partidos políticos con registro
estatal, a través de sus dirigencias,
exclusivamente contra leyes electorales
expedidas por el órgano legislativo del
Estado que les otorgó el registro.
Principios fundamentales de las
Acciones de Inconstitucionalidad.
Los principios fundamentales que rigen a
las Acciones Inconstitucionalidad son: el
principio de prosecución judicial, el
principio de instancia de parte, el principio
de interés jurídico, el principio de igualdad
procesal de las partes, el principio de la
suplencia de las deficiencias de las partes,
el principio de definitividad, el principio de
generalidad de las sentencias, entre otros.
• De los principios a que nos
hemos referido en el párrafo que
antecede, al que nos interesa
analizar detalladamente es el de
la generalidad de sentencias,
mismo que desarrollaremos en el
siguiente punto.
Efectos de la sentencias en las Acciones
Inconstitucionalidad.
• La sentencias dictadas en las Acciones
Inconstitucionalidad, que declare la invalidez de
normas generales, siempre que fueren aprobadas
por cuando menos una mayoría de ocho votos de
los Ministros de la Corte, tendrán efectos erga
omnes.
• Y en caso de que no se obtenga la votación
referida, el artículo 72 de la ley reglamentaria del
artículo 105 constitucional, establece que la
Suprema Corte actuando en pleno desestimará la
acción necesitada y ordenará el archivo del asunto.
Principales diferencias entre las Controversias Constitucionales y las
Acciones Inconstitucionalidad.
Controversias Constitucionales
Acciones Inconstitucionalidad
1.-En éstas, será un conflicto entre Entidades Públicas, un litigio
sobre competencias y, por tanto, existe un agravio.
1.-Aquí no existe agravio, sino que el examen que se realizan es
para que siempre prevalezca el principio de Supremacía
Constitucional.
2.-La acción se ejerce a partir del agravio, y será la ley orgánica la
que especifique el plazo para ejercitar la acción a partir de que se
de este.
2.-La acción sólo puede ejercitarse dentro del plazo de 30 días
naturales, a partir de la publicación de la ley.
3.-Se pueden impugnar leyes o actos administrativos.
3.-Únicamente se pueden impugnar leyes.
4.- Los casos de procedencia están limitados por la propia
Constitución.
4.-Su procedencia es en forma genérica, siempre que se considere
que la ley es contraria a la Constitución.
5.-Si el acto contra leyes es declarado inválido, los efectos de la
resolución serán tanto generales como particulares.
5.-Los efectos siempre serán generales.
El juicio para la protección de los
derechos político – electorales
•
Es el medio de impugnación por virtud
del cual se pueden proteger los
derechos políticos de los gobernados a
través de la denuncia de los actos que
violenten su derecho de votar, ser
votado, asociarse individual y libremente.
•
El juicio de revisión constitucional en
materia electoral.
Es un medio de impugnación
excepcional a través del cual se pueden
combatir los actos de las autoridades
electorales de las entidades federativas
encargadas de organizar y calificar los
comicios electorales, o resolver las
controversias que surjan durante estos
INTERPRETACIÓN:
• Al tenor de lo anterior, podemos decir, que
el papel de la SCJN es el de ser el
garante de la Constitución, en la
actualidad se ha discutido mucho acerca
de si la SCJN es un Tribunal
Constitucional, sin embargo, yo me
adhiero a los doctrinarios que afirman que
nuestra SCJN no es un Tribunal
Constitucional, razones que mencionare
más adelante.
• Ahora bien, la SCJN a través de sus
Jueces Constitucionales han tomado un
papel muy importante dentro de nuestro
sistema jurídico, precisamente por ser los
garantes de la Constitución, tenemos que
a través de los siglos el papel del juez
mundialmente ha ido cambiado, al
principio se pensaba que el juez
únicamente era la boca de la ley, es decir,
únicamente tenía que basar sus
decisiones en normas, y tenían que ser
órganos totalmente apolíticos.
• El papel principal de los Jueces
siempre se ha dicho que es la
interpretación pero ¿Qué
entendemos por interpretar?, Para
Michel Troper existen dos
concepciones sobre la interpretación;
“interpretar es indicar el significado
de una cosa o es determinar el
significado de esa cosa”
• Ahora bien, no se debe considerar al juez
como una máquina que simplemente
aplica una norma, sino como aquel que
participa de manera activa dentro de dicha
interpretación a través de una
argumentación interna como externa
(texto – hecho), sin embargo, aquí es
donde el juez debe tener una gran
capacidad de apego a la imparcialidad y
no a la parcialidad, porque entraríamos
dentro de un grave problema.
JURISPRUDENCIA:
La Jurisprudencia es una fuente del
Derecho Constitucional.
•
La propia Constitución en su artículo
94 párrafo VIII establece que: “La ley fijará
los términos en que sea obligatoria la
Jurisprudencia que establezcan los
Tribunales del Poder Judicial de la
Federación sobre interpretación de la
Constitución, Leyes y Reglamentos
Federales o Locales y Tratados
Internacionales celebrados por el Estado
Mexicano”.
• Esto es, que la misma Constitución
establece lineamientos generales y
órganos de poder que dirimen la legalidad
o Jurisprudencia de las leyes que forman
parte del Derecho Constitucional.
• Así el poder judicial de la Federación tiene
la responsabilidad de la interpretación
última de la constitución, la que deberá
ser respetada y acogida por los tribunales
del país.
• Para el establecimiento de
Jurisprudencia se requieren cinco
resoluciones no interrumpidas en el
mismo sentido, sin ninguna en
contrario.
• La Jurisprudencia y la interpretación
que el Poder Judicial de la
Federación haga de las leyes y de los
preceptos de la Constitución.
• La Jurisprudencia que establezca la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
funcionando en pleno o en salas, es
obligatoria para estas, y en cuanto a la
Jurisprudencia emitida por el pleno será
obligatoria para los Tribunales Unitarios,
para los Tribunales Colegiados, para los
Jueces de Distrito, para los Tribunales
Militares y Judiciales del orden común de
los Estados y del Distrito Federal, y
Tribunales Administrativos y del Trabajo
Locales o Federales (artículo 192 de la
Ley de Amparo).
JURISPRUDENCIA
SCJN
(Pleno)
Es obligatoria para
SALA 1
SALA 2
Tribunales colegiados de circuito
Tribunales unitarios de circuito
Jueces de Distrito
Orden común
De los estados
Del Distrito Federal
Tribunales Militares Orden común
los estados
Tribunales Judiciales De
Del Distrito Federal
Locales
Locales
Federales Tribunales del Trabajo Federal
es
Las resoluciones constituyen
Jurisprudencia obligatoria, siempre
que lo resuelto en ellas se sustente en:
• Cinco sentencias ejecutorias,
ininterrumpidas por otra en contrario.
Y que hayan sido aprobadas por:
• Ocho Ministros si se trata de
Jurisprudencia del pleno.
• Cuatro Ministros si se trata de
Jurisprudencia de las salas.
También constituyen Jurisprudencia:
Las resoluciones que diluciden las
contradicciones de tesis de salas y de
Tribunales Colegiados de Circuito.
Tribunales Colegiados de Circuito: sus
resoluciones constituyen Jurisprudencia
siempre que de lo resuelto en ellas se
sustente en cinco sentencias no
interrumpidas por otra en contrario, y que
hayan sido aprobadas por unanimidad de
votos de los Magistrados que integran los
Tribunales Colegiados de Circuito (artículo
193 de la Ley de Amparo).
Tribunales Colegiados de Circuito
(Tres Magistrados).
La jurisprudencia es obligatoria para:
Tribunales Unitarios de Circuito.
Jueces de Distrito.
Tribunales Militares.
Tribunales Judiciales.
Tribunales Administrativos.
Tribunales del Trabajo.
La Jurisprudencia se interrumpe dejando
de tener carácter obligatorio siempre
que se pronuncie:
•
Ejecutoria en contrario por ocho
Ministros, si se trata de la sustentada por
el pleno.
•
Ejecutoria en contrario por cuatro
Ministros si se trata de la Jurisprudencia
de la salas.
 Ejecutoria en contra por unanimidad de
votos tratándose de la de un Tribunal
Colegiado de Circuito.
Contradicción de tesis:
• Cuando la sala sustenten tesis
contradictorias en los Juicios
de Amparo de su
competencia.
Facultados para denunciar la
contradicción de tesis:
• Las salas (cualquiera).
• Los Ministros que las integre en.
• El Procurador General de la
República.
• Las partes que intervinieron en los
juicios en que tales tesis fueron
sustentadas.
• Podrán denunciar la contradicción
ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (la que decidirá
funcionando en pleno cuál es la tesis
que debe observarse).
• La Suprema Corte de Justicia de la
Nación tiene un término de tres
meses para dictar la resolución
correspondiente.
• La resolución afecta las situaciones
jurídicas concretas derivadas de los
juicios en los cuales hubiesen dictado
la sentencia que sustentaron las tesis
contradictorias.
Modificación de la jurisprudencia:
• La sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, los Ministros integrantes, el
Tribunal Colegiado de Circuito, los
Magistrados integrantes, podrán pedir al
pleno o a la sala correspondiente la
modificación de la Jurisprudencia,
explicando las causas que la justifiquen,
es decir con motivo de un caso concreto.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación.
• El Tribunal Electoral como habíamos
mencionado, es el órgano especializado
del Poder Judicial de la Federación y, con
excepción de lo dispuesto en la fracción
segunda del artículo 105 constitucional, la
máxima autoridad jurisdiccional en materia
electoral.
• Dicho órgano también puede emitir
Jurisprudencia ya sea por su sala superior
o por sus salas regionales. Para que emita
Jurisprudencia la sala superior se
necesitan de tres sentencias no
interrumpidas por otra en contrario en que
se sostenga el mismo criterio de
aplicación integración, mientras que para
la salas regionales se necesitan de cinco
sentencias no interrumpidas por otra en
contrario, que éstos tengan el mismo
criterio de interpretación e integración.
• Contradicción de criterios:
Puede ser planteada la contradicción
de criterios por una sala, por un
magistrado electoral, o por las partes.
El criterio que prevalezca será
obligatorio sin que se puedan
modificar la sentencias dictadas con
anterioridad.
Las Jurisprudencias del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación son obligatorias para:
•
La salas, el Instituto Federal
Electoral, las autoridades electorales
locales (cuando se declare
jurisprudencia relativa a los asuntos
políticos electorales).
Interrupción de la jurisprudencia:
• Pronunciamiento en contra por mayoría de
cinco votos de los miembros de la sala
superior.
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integración, requisitos, atribuciones de la suprema corte de justicia