Ley contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función
Pública
Ley No.8422 de 14-9-2004
Antecedentes
Ambito de aplicación y principios
Lic.Jimmy Bolaños González
Abogado Fiscalizador CGR
Antecedentes
La Convención Interamericana contra la corrupción
(CICC), suscrita en Caracas 29-3-96
 Paso más importante dado por el continente en la
materia
 CR cumplió con los compromisos intern.
ratificándolo por Ley 7670 de 17-4-1997
 Consulta preceptiva V.1204-97 señaló necesidad de
legislación de desarrollo
DISPOSICIONES IMP. CONVENCION



MEDIDAS PREVENTIVAS (art.III): d.ciudadano a
información y denuncia; promoción participación
ciudadana en los asuntos públicos;protección de testigos y
denunciantes de actos de corrupción; creación de normas
de conducta para el correcto, honorable y adecuado
desempeño f.p., normas sobre declaración de ingresos de
los f.p.
TIPIFICACION CONDUCTAS (art.VII) Ej.coheho
propio e impropio, concusión, exacción, etc.
(art.VIII) soborno transnacional; (art. IX) enriquecimiento
ilícito
Armonizar y desarrollar legislación nacional
EXPERIENCIA DE LA CGR


1.
2.
3.
4.
5.
6.
Teníamos Ley 6872 de 17-6-1983
(Ley sobre el Enriq. Ilícito de los s.p.)
Problemas:
Finalidad dirigida sólo a prevenir y sancionar Enr.Ilícito
Penalizó solo el Enr.Ilícito y no otras conductas corruptas
Rég.incompatibilidades restringido
(art.22 Votos 1749-01 y 4835-01)
Régimen preventivo muy escaso
Cuestionamientos de constituciona-lidad (V.2934-93 –
regl.; 1707-95 enr.)
Otras experiencias:

Nuevas situaciones sin previsión normativa:
fraude de ley, lesividad declarada por la
CGR, pago de f.p. por fuentes privadas,
incompatibilidad no sólo de participar en
empresas sino entidades privadas sin fines
de lucro, legislación o adm. en provecho
propio, 7 nuevos tipos penales en
Contr.Adm., prohibición posterior al cede
del cargo, acceso cuentas de declarantes,
reformas a LCD, LOBCCR, etc.

CGR opta por reforma integral y no parcial a la
Ley de 1983

Crea Comisión interna 1998

Hace énfasis tanto en lo preventivo, como en lo
sancionatorio (civil, adm. y penal)

Dispone de principios rectores:

Deber de probidad

Principio de trasparencia y publicidad

Protección de la identidad del denunciante
EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA SE
REFLEJA:
Libre acceso a información de interés público sobre
ingreso,
presupuesto,
custodia,
fiscalización,
administración, inversión y gasto de fondos públicos
(V.11880-02; 4435-04; 3137-05; 3673-05; 4005-05)
Comparecencias por infracción HP son públicas y no
privadas
Se abre la participación ciudadana
ITER LEGISLATIVO
(Proyecto de ley No.13715 agosto 1999)






Se dio audiencia a todas la AP
Se respetó su columna vertebral (6 capítulos)
Dos consultas facultativas de cons-titucionalidad V. 0111584 y 04-7242
Se adicionó lo de no pago de dietas, etc
Se eliminó acceso a cuentas en audi-torías, salvo que el f.p.
no se oponga
Se aprobó en la coyuntura de los escándalos CCSS- Fischel
e ICE- Alcatel, por 41 votos
ARTICULADO
Artículo 1.- Fines
Los fines de la presente Ley serán prevenir,
detectar y sancionar la corrupción en el
ejercicio de la función pública.
Artículo 2.- Servidor público
Para los efectos de esta Ley, se considerará servidor público toda persona
que presta sus servicios en los órganos y en los entes de la Administración
Pública, estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de esta y como parte de
su organización, en virtud de un acto de investidura y con entera
independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado,
permanente o público de la actividad respectiva. Los términos funcionario,
servidor y empleado público serán equivalentes para los efectos de esta Ley.
Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los funcionarios de
hecho y a las personas que laboran para las empresas públicas en cualquiera
de sus formas y para los entes públicos encargados de gestiones sometidas
al derecho común; asimismo, a los apoderados, administradores, gerentes y
representantes legales de las personas jurídicas que custodien, administren o
exploten fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, por
cualquier título o modalidad de gestión.
Artículo 3.- Deber de probidad
El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la
satisfacción del interés público. Este deber se manifestará,
fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades
colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente,
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la
República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio
de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las
decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se
ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución
en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos
públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y
eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.
Artículo 4.- Violación al deber de probidad
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que procedan, la infracción del deber de
probidad, debidamente comprobada y previa
defensa, constituirá justa causa para la separación
del cargo público sin responsabilidad patronal.
Artículo 5.- Fraude de ley
La función administrativa ejercida por el Estado y los
demás entes públicos, así como la conducta de sujetos de
derecho privado en las relaciones con estos que se realicen
al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un
resultado que no se conforme a la satisfacción de los fines
públicos y el ordenamiento jurídico, se considerarán
ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida
aplicación de la norma jurídica que se haya tratado de
eludir.
Artículo 6.- Nulidad de los actos o contratos
derivados del fraude de ley
El fraude de ley acarreará la nulidad del acto administrativo o
del contrato derivado de él y la indemnización por los daños y
perjuicios causados a la Administración Pública o a terceros.
En vía administrativa, la nulidad podrá ser declarada por la
respectiva entidad pública o por la Contraloría General de la
República, si la normativa que se haya tratado de eludir
pertenece al ordenamiento que regula y protege la Hacienda
Pública.
Si la nulidad versa sobre actos declaratorios de derechos,
deberá iniciarse el respectivo proceso de lesividad, salvo lo
dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la
Administración Pública, N.º 6227, de 2 de mayo de 1978, en
cuyo caso deberá actuarse de conformidad con lo allí
establecido.
Descargar

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función