GENERAL
JUAN MANUEL IGUARAN REITHER
(1875 - 1950)
El REGISTRO DE PADILLA - III
2 de febrero de 1904
En nueve de marzo de mil novecientos
cuatro se presentó el señor Santiago
Rozo ante el Gran Consejo Electoral en
memorial, en que, entre otros conceptos,
dice lo siguiente:
“Pongo en conocimiento del Gran
Consejo Electoral los hechos referentes
a la elección de Padilla, contenido en el
memorial de denuncio de fecha
veinticinco de febrero del año en curso.
Acompaño una hoja impresa intitulada
Elecciones, en que está publicado el
mencionado memorial”.
El Gran consejo resolvió proceder a
hacer inmediatamente las
averiguaciones del caso, tanto por si,
recibiendo las declaraciones, pruebas y
memoriales que se le presentaran
tendientes a ilustrar su criterio, como
por medio de los Tribunales de Justicia y
de los Agentes del Ministerio Público.
El Gran Consejo estimó que el
hecho debía de averiguarse sin demora.
Para ello tuvo en cuenta no solamente la
gravedad de la queja, sino también la
lejanía de los lugares en donde se decía
que había tenido lugar el hecho y las
dificultades de comunicación con
aquellos sitios, circunstancias ambas que
podían influir decisivamente en la
posterior deficiencia de las pruebas
necesarias para dictar un fallo acertado
en término relativamente angustioso.
En la sesión de nueve de marzo el Gran
Consejo aprobó la siguiente resolución:
“El Gran Consejo Electoral
CONSIDERANDO:
Que ha recibido aviso de que en la
Circunscripción Electoral de Padilla,
Departamento del Magdalena, no se
verificó la reunión de la Asamblea
Electoral en los días, primero y dos de
febrero del corriente año, ni se efectuó
por lo mismo oportunamente la elección
de Presidente y Vicepresidente de la
República en el próximo período.
RESUELVE
“Procédase a levantar una
información referente a los expresados
hechos.
“Para tal efecto, pídase a la
Suprema Corte de Justicia que, con
intervención del señor Procurador de la
Nación, se digne iniciar la averiguación
correspondiente y crear las pruebas que
le servirán al Gran Consejo Electoral;
que la de aquellos hechos que, a ser
ciertos revestirían suma gravedad, sea
hecha bajo la dirección de aquel alto
Tribunal, y que si ocurren diligencias
que hayan de practicarse fuera, se confíe
la comisión a los Tribunales Superiores
para que la despachen por medio de
alguno de sus miembros, personal y
directamente.
“Siendo el tiempo de que dispone el Gran Consejo para dictar sus decisiones definitivas,
muy angustiado, se encarece la mayor actividad posible en la práctica de la información”.
En la misma fecha fue transcrita la anterior resolución al señor Presidente de la Corte
Suprema de Justicia y al señor Procurador General de la Nación.
Quiso el Gran Consejo que la investigación se hiciera completa y oportunamente; y
quiso también que la autoridad encargada de hacerla tuviera la gran responsabilidad que
le daría el ser conducida por el más alto de los Tribunales y por el Jefe Superior del
Ministerio Público. Buscaba así a la vez que luz para sus decisiones, seguridad de que las
averiguaciones tendrían el sello de verdad e imparcialidad que corresponde al magisterio
de la Justicia en sus más elevados representantes.
La providencia del Gran Consejo se dio en virtud del derecho que tiene para
investigar de oficio los vicios o errores en asuntos sometidos por la ley a su estudio;
derecho que confirmó explícitamente por declaración posterior motivada, en su sesión de
diez de junio, en los siguientes precisos términos:
1° El Gran Consejo debe actuar y dictar sus fallos como Juez de derecho;
2° Tuene derecho para iniciar de oficio las investigaciones referentes a vicios o
errores que se cometan en asuntos sometidos a su competencia y para proferir sus fallos.
Con nota número 58, de treinta de mayo del presente año, el señor Procurador
General remitió al Gran Consejo (en 32 fojas útiles) copia de las diligencias practicadas
por orden de la Corte Suprema de Justicia, a solicitud del Ministerio Público y del Gran
Consejo Electoral.
Estas pruebas, las que el mismo Gran Consejo ha levantado y otros documentos
importantes, y las que han presentado o pedido los particulares o los particulares de una y
otra candidatura presidencial, son las que, debidamente agregadas a este expediente,
sirven de fundamento al presente fallo.
En auto de veintinueve de marzo de mil novecientos cuatro, el Presidente del Tribunal
Superior del Distrito Judicial del Magdalena dijo lo siguiente: “Recibido ayer a las cinco
de la tarde y para el despacho de las diligencias que la Corte Suprema ordena y de las
demás para que se autoriza al Tribunal, pase dicho despacho al señor Dr. Juan B.
Cormane, a quien se delegan al efecto las facultades legales consiguientes. Dicho
Magistrado cumplirá las diligencias; las presentara para su remisión oportuna a la Corte
Suprema por el órgano respectivo”. Puesto el asunto al despacho del señor Magistrado
Cormane, éste siguió la actuación del caso.
De esta actuación, a la cual es
documento auténtico, según el ordinal 4°
del artículo 678 (Código Judicial), y hace
plena prueba, según el artículo 681 del
mismo Código, se toman los siguientes
hechos:
En auto del nueve de abril del
presente año ordenó el señor Magistrado
sustanciador que, antes de practicar la
inspección pedida por el señor Fiscal del
Tribunal, se pidiera a la Gobernación
copia debidamente autorizada del acta
de la sesión que el día dos de febrero
último celebró la Asamblea Electoral del
Distrito Electoral de Padilla, suplicando
al señor Secretario de Gobierno del
Departamento del Magdalena la
remisión de la referida copia en el
término de dos días.
El trece de abril pidió el señor
Magistrado informe al Secretario del
Tribunal sobre el resultado del oficio,
que en cumplimiento del auto anterior (9
de abril), debió dirigirse al señor
Secretario de Gobierno del
Departamento, y dispuso, además, pedir
a la Gobernación, de acuerdo con lo
solicitado por el señor Fiscal, varios
documentos muy importantes
relacionados con las elecciones de
Padilla, y pedir a la Secretaría de
Gobierno del Departamento otros
relacionados con la creación del Distrito
Municipal de Barrancas.
El Secretario del Tribunal informó
que en la misma fecha (13 de abril) se
había pedido lo ordenado en este auto
al Secretario de Gobierno del
Departamento, y que el mismo día
nueve de abril se había pedido al
mismo señor Secretario lo ordenado
en auto de esta misma fecha (9 de
abril), y que hasta la fecha del
informe (13 de abril) no se había
recibido contestación.
En veinticuatro de abril el señor
Magistrado sustanciador dictó un
auto que dice:
Practíquese mañana veinticinco a
las 2 p.m. un reconocimiento de los
papeles o documentos referentes a las
elecciones que debieron verificarse en
la provincia de Padilla en los días 7
de diciembre y 2 de febrero últimos,.
Documentos que deben encontrarse
en la Secretaría de Gobierno
Departamental. Nómbrase testigos
actuarios en dicho reconocimiento a
los señores Nelson P. Vives y Rafael
Robles”.
Estos testigos juraron su cargo.
La diligencia referente al reconocimiento ordenado dice así:
En la ciudad de Santa Marta, el veinticinco del mes de abril de mil novecientos cuatro, a
las tres y media p.m. se trasladó el señor Magistrado sustanciador de este negocio,
acompañado del infrascrito Secretario, de los testigos actuarios o peritos señores Nelson P.
Vives y Rafael Robles, a la oficina de la Gobernación del Departamento, con el fin de
practicar la diligencia de inspección ocular sobre los papeles de las elecciones electorales que
debieron tener lugar el día siete de diciembre del año pasado y sobre el acta de la sesión de
Asambleas Electorales de la misma circunscripción, que debió verificarse el día dos de
febrero de este año, para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República en el período
que comienza el siete de agosto venturo. Presente el señor Secretario de Gobierno, señor
Severo F. Ceballos, el señor Magistrado le manifestó que en nombre de la Honorable Corte
suprema de Justicia, que le había conferido la comisión y facultades correspondientes, se
había trasladado al Despacho a practicar un reconocimiento en presencia del señor
Gobernador o el señor secretario de Gobierno, de los papeles o documentos referentes a las
elecciones de primero y segundo grado, que debieron tener lugar en Padilla el siete de
diciembre y dios de febrero últimos, de las cuales se había hecho referencia; que por tanto
exigía formalmente del señor Secretario de Gobierno, en nombre de aquella alta corporación,
cuyos poderes ejercía que exhibiese los referidos papeles o documentos, para lo cual invocaba
el deber que el señor Gobernador imponía el ordinal 4° del artículo158 de la Ley 7ª. de 1888.
El Magistrado manifestó a la vez que los papeles y documentos cuya exhibición exigía eran:
“Primero. Los registros de escrutinio de los Jurados Electorales de Distritos Municipales
de Riohacha, Fonseca, Villanueva, San Juan del César, Barrancas, Valledupar y Espíritu
Santo, los cuales registros deben encontrarse en la Gobernación pues que debieron ser
enviados a ella por los Jurados Electorales respectivos, de acuerdo con el articulo 93 de la ley
7ª. de 1888;
Segundo. El registro de escrutinios de la Junta Electoral de Padilla, en la cual dicha junta
declaro electos Electores principales y suplentes a los individuos que obtuvieron mayor
número de votos en la elección de siete de diciembre del año pasado, el cual registro también
reposar en la Gobernación, de acuerdo con el articulo 104 de la Ley 7ª. ya citada; y
Tercero. El acta de escrutinios para votación de Presidente y Vicepresidente de la República,
que debió hacer la Asamblea Electoral de Padilla el dos de febrero del presente año.
“El señor Secretario de Gobierno manifestó al señor Magistrado que no podía acceder a
la voluntad del Tribunal, porque en la Secretaria de Gobierno no existían esos papeles o
documentos que supone que estuviesen en el archivo de la Gobernación y que por
consiguiente le parecía natural que se practicase la diligencia ante el señor Gobernador y no
ante él.
Se suspendió la diligencia que
firmaron todos menos el señor
Secretario de Gobierno que se negó a
ello.
Por lo que hace a este empleado el
Secretario de Gobierno del
Departamento, nada que no fuera
correcto pasó con él, exceptuando la
falta de contestación a la nota que se le
dirigió pidiéndole copia del acta de la
Asamblea Electoral de Padilla y la
denegación a firmar la anterior
diligencia.
El Magistrado señalo el día
siguiente para practicar en la
Gobernación la inspección ocular que
no pudo practicarse en la Secretaria de
Gobierno.
Se copia a continuación lo que de
autos aparece:
“En la ciudad de Santa Marta, el
día veinticinco de abril de mil
novecientos cuatro, a las tres y media
p.m. el señor Magistrado sustanciador,
acompañado de los peritos actuarios
señores Nelson P. Vives y Rafael
Robles y el infrascrito Secretario del
Tribunal, se traslado al Despacho del
Sr. Gobernador. Presente éste el señor
Magistrado le exigió exhibiera los
mismos documentos, relacionados con
las elecciones de Padilla, y de los cuales
se hizo mención en la diligencia que se
extendió ayer en la Secretaria de
Gobierno.
El señor Gobernador manifestó al señor
Magistrado: que desconocía la autoridad del
Tribunal para intervenir en asuntos de
elecciones y en la averiguación que trataba de
hacerse; que el acta de escrutinios de la
votación que hizo la Asamblea Electoral de
Padilla había ido a la Gobernación, pero que,
por petición del señor Ministro de Gobierno,
la había enviado a aquel Ministerio, dejando
una copia en la Gobernación; y que respecto a
la copia misma y a los demás papeles cuya
exhibición exigía el señor Magistrado, estaba
dispuesto a que no fueran reconocidos por éste
porque no le daba la gana. Se deja constancia
en esta diligencia, por orden del señor
Magistrado, de que cuando el señor
Gobernador dijo desconocer la autoridad con
que el Tribunal intervenía en la investigación
de estos asuntos , el señor Magistrado con el
fin de evitar enojosas e inconducentes
discusiones, le manifestó que él cumplía una
comisión de la Corte Suprema de Justicia, de
lo cual podía cerciorarse en vista del despacho
que el señor Magistrado tenia en sus manos y
que mostraba al señor Gobernador, el cual
rehusó verlo. El señor Magistrado dispuso en
vista de la expresada manifestación del señor
Gobernador y de que carecía de medios
coercitivos suficientes para cumplir aquel acto
judicial, suspender definitivamente el acto, del
cual se extiende esta diligencia que se firma”.
La conducta del señor Gobernador
Vergara Barros es altamente vituperable por
la manera inusitada y soez con que recibió al
señor Magistrado, representante a la vez del
Tribunal Superior del Magdalena y de la
Corte suprema de justicia, y así lo hace
constar el Gran Consejo Electoral.
Aparece comprobada, de la anterior diligencia, la negativa rotunda del Gobernador
Vergara Barros para suministrar a la Justicia el conocimiento de documentos importantes
relacionados con la elección de Padilla. Cuál fue el motivo que a ello le indujo? Parece bien
probable que la causa que lo moviera fuera el conocimiento de la existencia de
irregularidades cometidas en tal elección.
Al dar la razón de parte de su negativa Vergara Barros aseguró que el acta original
de la Asamblea de Padilla había ido a la Gobernación, pero por petición del señor Ministro
de Gobierno la había enviado a aquel Ministerio. Quiso el Gran Consejo averiguar la
verdad de esta afirmación porque si a la denegación de exhibir los documentos pedidos se
hubiera agregado de que por excusa hubiera dicho una grave mentira, claro es que las
probabilidades de su culpabilidad hubieran crecido y mucho. Al efecto, el Gran Consejo
pidió al Ministerio de Gobierno el Acta de la Asamblea de Padilla perteneciente a la
Gobernación y remitida por el Gobernador, según aseveración de este empleado. También
pidió el acta que se debió enviar al Ministerio de Gobierno, para evitar la sospecha de que
pudiera creerse de que fuera esta acta la que enviaba en vez de aquella. El Ministerio de
Gobierno envió al Gran Consejo ambas actas y también el oficio del Gobernador del
Magdalena, fechado el 13 de abril, es decir, once días antes de la visita ocular del
Magistrado. Oficio en el cual se avisaba esa remisión del acta citada. Dijo, pues verdad el
señor Vergara Barros cuando aseguro al Magistrado que había enviado el acta al
Ministerio de Gobierno.
Quedan como hechos comprobados por actuación judicial y analizado como queda
dicho, la falta de contestación del Secretario de Gobierno del Departamento a una nota del
Tribunal en que se le pedía documentos relativos a la elección de Padilla y la negativa de
este empleado a firmar la diligencia de visita.
La denegación rotunda del señor Gobernador a exhibir ante el Magistrado
importantes documentos relacionados con dicha elección.
En nota número 540 de 7 de abril (1904), dirigida al Secretario del Tribunal del
Distrito Judicial del Magdalena el General Escandón Jefe Militar dice:
“No siendo competente este Despacho para ordenar la comparecencia de ningún Jefe
ni Oficial ante los tribunales civiles, me dirigiré, en primera oportunidad, a la
Comandancia en Jefe del Ejército, dando cuenta de la solicitud contenida en el atento
oficio de Ud. fechado ayer, bajo el número 105, a fin de que por dicha Superioridad se
resuelva lo que fuere del caso”.
En auto de nueve de abril (dos días después) se ordenó insistir en la comparecencia
del Coronel Morales, con razones legales.
Como resultado de esta insistencia se
copia a continuación el contenido de la
nota del mismo General Escandón,
dirigida al Secretario del Tribunal:
“La honorabilidad del puesto oficial
que ocupo me impide descender al
terreno de la polémica, en que Ud. trata
de colocarme con su carta oficial de hoy,
numero 108, y así me limito a significarle
en contestación que si en concepto del
Honorable Tribunal no fuere correcta o
fundada mi declaración de incompetencia
para ordenar al señor Coronel Morales
comparezca ante ese mismo Tribunal, me
sujeto a la responsabilidad que pudiera
resultarme, seguro como estoy de la
legalidad de mi procedimiento”.
En doce de abril siguiente el señor
Magistrado sustanciador dictó auto en
que se dispone que, no habiéndose
obtenido la comparecencia del Coronel N.
Morales a rendir la declaración, de
acuerdo con la cita que de su persona
resulta en el despacho de la Corte
Suprema de Justicia, se le citará
personalmente.
Esta providencia quedó sin
cumplimiento, según aparece del siguiente
informe:
“Señor Magistrado:
Os hago saber que n mi carácter de
portero, del Tribunal al presentar esta
boleta al Coronel Morales, éste se molestó
y dijo que ni firmaba ni concurriría al
Tribunal.
El Portero, Miguel J. Vilar”.
El Coronel Morales era uno de los
testigos a cuyo informe se refería Rozo
en su memorial de denuncio.
Sobe estos hechos hay que observar
lo siguiente:
El señor General Escandón obraba
deliberadamente para obstruir el paso
de la justicia, en su averiguación,
negando la comparescencia del Coronel
Morales sin que mediasen para ello
ciertas formulas? Posible es que así
sucediera pero no es probable. En su
primera nota, que en su texto es
respetuosa, alega para negar la
comparescencia del testigo Morales,
algunas disposiciones de privilegio
militar, bien o mal aplicadas al caso. En
la segunda nota repite la negativa, por la
misma razón que alegó en la primera, y
lo hace afirmando que se sujeta a la
responsabilidad, seguro como está de la
legalidad de su procedimiento.
No hay argumento de razón ni de
justicia para atribuir la negativa del
General Escandón a motivos distintos de
los que apunta en sus notas e igual
reflexión cabe en la comparescencia del
Coronel Morales, subordinado al
General Escandón.
De la actuación, resulta pues probado:
Que el General Escandón negó la
comparecencia del Coronel Morales, su
subordinado, y éste, citado
personalmente, se negó a comparecer
ante el Tribunal, hechos que se quedan
analizados como antes se dijo.
No pudo el Magistrado comisionar al Juez Único del Distrito de Riohacha para las prácticas
de las diligencias que allí debían hacerse.
En vista de este inconveniente, el Magistrado sustanciador resolvió trasladarse a
Riohacha y practicar allí personalmente las diligencias (auto de 9 de abril de 1904).
Una vez en Riohacha y por auto del once del mismo mes, se ordenó que se dirigiera oficio
al Prefecto de la Provincia pidiéndole que hiciera citar al Presidente y al Secretario del
Consejo Municipal para que comparecieran ante el Magistrado con el fin de que presentaran
los papeles correspondientes al Archivo de la Asamblea Electoral de Padilla para examinarlos.
Igual cita debía hacerse a otros varios empleados del ramo electoral para verificar, de
acuerdo con los documentos que debían presentarse, en qué personas había recaído la
elección para Electores.
En nota de la misma fecha el Perfecto de Riohacha contestó lo siguiente:
“En contestación digo a Ud. que no he recibido por el conducto regular que es la
Secretaria de Gobierno del Departamento, noticia oficial alguna relativa a la llegada a la
cabecera de esta Provincia del personal que compone el Tribunal Superior de este Distrito
Judicial ni de ninguna Comisión enviada por él, a practicar aquí diligencias de ninguna
especie. No tengo por tanto conocimiento del carácter oficial de que esté usted investido, y
juzgo que usted mismo hallará razonable que yo espere recibir la noticia a que aludo, para en
caso de ser efectiva la investidura que usted dice tener, prestarle a usted todo el apoyo que sea
del caso en ejercicio de mi autoridad. Para tal efecto solicito del señor Gobernador del
Departamento, que es mi inmediato superior, el informe que estime necesario para el próximo
correo”.
La excusa que presenta el Prefecto de Padilla para no prestar su apoyo es desgraciada.
Fácil le hubiera sido trasladarse al alojamiento del Magistrado y obtener allí el comprobante
de su misión oficial. Y si se considera a tiempo de poner esta nota, se cumplían en Riohacha
hechos punibles consistentes en una reunión tumultuaria que insultaba y amenazaba al
Magistrado sin que haya constancia alguna de que aquella autoridad tratara de remediar
semejante situación, puede decirse que es probable que el Prefecto de Riohacha quiso
estorbar la acción de la justicia.
El mismo día (11 de abril) dictó el señor Magistrado un auto que dice así:
En vista de los acontecimientos que se han estado cumpliendo en esta ciudad (Riohacha)
desde nuestra llegada a ella, puesto que durante toda la noche la comisión ha estado cercada
de una multitud amenazante, y durante toda ella se han estado haciendo disparos contra la
casa en que nos alojamos; que por precauciones y en virtud de ciertos denuncios tuvimos que
elegir la parte alta del cuartel de esta ciudad, en donde estábamos protegidos por treinta y
cinco hombres del ejército de la República, y que no obstante tal medida estábamos expuestos
a toda la moche a morir, tal era el número de los disparos que en nuestro alojamiento se hizo;
que en la misma puerta del cuartel se
han acercado ebrios los señores
Ramón Campo y Rafael Rosado,
revólver en mano y con amenazas;
que los vivas al General Rafael Reyes
y al General Juan Manuel Iguarán y
los repetidos abajos a la comisión no
han cesado, así como tampoco los
repiques de campanas y toda clase de
gritos e injurias; que el infrascrito
Magistrado no cuenta con el apoyo
del señor Prefecto de la Provincia,
como se deja ver por el oficio que
acaba de recibirse de fecha de hoy;
que el infrascrito ha recibido
numerosos avisos de que su vida corre
peligro y que ahora mismo se oyen
disparos, músicas y, según informes
verbales que ha recibido, se intentan
nuevos actos de intimidación, cuyos
resultados finales no se pueden
prever; y que como el señor General
Ignacio Foliaco, Jefe del Estado
Mayor del Ejército del Atlántico, que
con el infrascrito vino a esta ciudad
en desempeño de funciones de su
cargo, ha manifestado la resolución de
regresar a Barranquilla hoy mismo
llevándose parte de los individuos de
tropa que podrían servir de garantía
de la vida y libertad del infrascrito
Magistrado, resolución que ha
tomado en vista de los referidos
acontecimientos y con el fin de evitar
algún conflicto, cuya gravedad seria
de gran trascendencia.
SE RESUELVE
“Suspender el cumplimiento de la
comisión que la Corte Suprema ha
conferido al Tribunal del Magdalena en
cuanto a la práctica de las diligencias que
había necesidad de evacuar en esta ciudad,
sin perjuicio de recibir hasta la hora del
embarque las declaraciones que sobre el
objeto de la comisión se puedan
buenamente tomar, aunque no sean de los
testigos mandados citar, por tratarse de un
hecho, por su naturaleza público, como es
la reunión de la Asamblea Electoral del
Distrito Electoral de Padilla”.
De acuerdo con la segunda parte de
esta resolución, tomó el señor Magistrado
ocho declaraciones juradas, el mismo día
(11 de abril) y en las cuales adelante se
hará mención.
Este grave acontecimiento tendiente a
estorbar la averiguación de los hechos,
como lo logró en gran parte, sin que
aparezca el Prefecto de Riohacha
cumpliera con el deber elemental de
evitarlo o reprimirlo, tiene importante
significación. Tal parece y así es lo
probable, vista la encadenación de los
hechos, que el motín de Riohacha fuera el
principio de un plan preconcebido para
estorbar las averiguaciones judiciales, plan
continuado por la negativa de apoyo del
Prefecto a la autoridad judicial y
terminado por los acontecimientos que
tuvieron lugar en el despacho de la
Gobernación en Santa Marta.
Descargar

GENERAL JUAN MANUEL IGUARAN REITHER (1875