Dr. Esteban Carbonell O’Brien
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Los procedimientos concursales tienen por
finalidad propiciar un ambiente idóneo para la
negociación entre los acreedores y el deudor
sometido a concurso, que les permita llegar a un
acuerdo de reestructuración o, en su defecto, a la
salida ordenada del mercado, bajo reducidos
costos de transacción.
APLICACIÓN DEL ART. 703 DEL CPC
Inicio del Proceso en aplicación del Art. 703 del CPC
Deudor:
MAC WILDE YON RUESTA
Acreedor:
BLANCA MARLENI CRIVILLERO OLIVERA
Sumilla:
En el marco del régimen concursal, el estado de insolvencia es una situación de
hecho en la cual un deudor no puede afrontar el pago de sus obligaciones
temporal o definitivamente, lo que se verifica mediante la constatación de alguno
de los supuestos previstos en la propia Ley.
Uno de dichos supuestos es la aplicación de lo dispuesto en el artículo 703° del
Código Procesal Civil. De acuerdo a lo establecido en esta última norma, luego
de expedida la sentencia de primera instancia en un proceso de ejecución, el
ejecutante solicitará al juez que requiera al deudor a fin de que éste señale algún
bien libre de gravamen, bajo apercibimiento de presentarse solicitud para que
sea declarada su insolvencia. Si el deudor no atendiera dicho requerimiento, se
dará por concluido el proceso de ejecución y deberán remitirse copias
certificadas de los actuados a la Comisión o a la entidad delegada competente,
para que declare la insolvencia del deudor sin más trámite.
El artículo 139° de la Constitución Política del Perú establece que ninguna
autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de
cosa juzgada, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución. Asimismo, en el
artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se dispone que toda persona se
encuentra obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales,
emanadas de la autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin
poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o
interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la
Ley señala.
En ese sentido, corresponde a la Comisión, y a esta Sala en segunda instancia,
aplicar estrictamente el mandato de aquellas sentencias expedidas en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 703° del Código Procesal Civil y, sin más trámite,
proceder a declarar la insolvencia del deudor.
Resolución:
0787-2001/TDC
Expediente:
152-2001/CRP-ODI-UL
Fecha:
28.11.01
1. El procedimiento concursal Ordinario será iniciado
por el deudor, cuando este se encuentre dentro de los
siguientes casos:
•
Cuando mas de un tercio del total de sus
obligaciones se encuentren vencidas e
impagas por un período mayor a treinta días
calendario.
•
Cuando
tenga
pérdidas
acumuladas,
deducidas las reservas, cuyo importe sea
mayor al tercio del capital social pagado.
En este caso, el deudor deberá enviar una
solicitud, en la cual exprese su petición de llevar a
cabo una reestructuración patrimonial o uno de
disolución y liquidación.
• En caso de que solicita llevar a cabo una
reestructuración patrimonial, el deudor deberá
acreditar, mediante un informe suscrito por su
representante legal y por contador público
colegiado, que sus pérdidas acumuladas,
deducidas las reservas, no superan al total de su
capital social pagado.
• En caso de solicitar la disolución y
liquidación,
el
deudor
solicitará
su
acogimiento al Procedimiento Concursal
Ordinario al amparo del literal a) del numeral
precedente (reestructuración patrimonial),
pero si tiene pérdidas
acumuladas,
deducidas reservas, superiores al total de su
capital social, sólo podrá plantear su
disolución
y liquidación.
En caso de que el deudor sea una persona natural,
sociedad conyugal o sucesiones indivisas, estas
deberán cumplir, además, al menos uno de los
siguientes supuestos:
a) Que más del 50% de sus ingresos se deriven
del ejercicio de una actividad económica
desarrollada directamente y en nombre propio
por los mencionados sujetos.
b) Que más de las dos terceras partes de sus
obligaciones se hayan originado en la actividad
empresarial desarrollada por los mencionados
sujetos y/o por terceras personas, respecto de
las cuales aquellos hayan asumido el deber de
pago de las mismas.
Verficación de
Est. Patrimonial
Declaración del
Concurso
(i) +1/3 Obligaciones
Vencidas e impagas.
(ii) Pérdidas Mayores
al 1/3 del Capital Social
Solicitud de
Reconocimiento
Procedimiento de
Reconocimiento
Propuesta de
Destino
Solicitud
del Deudor
Difusión del
Proceso
Junta de
Acreedores
Quiebra
Liquidación
Reestructuración
INICIO DEL PROCEDIMIENTO A SOLICITUD DEL DEUDOR
Defectos en la tramitación del Procedimiento de Insolvencia a Petición de la deudora
Deudor:
EMPRESA DEUDORA (PROCEDIMIENTO SUJETO A RESERVA)
Acreedor:
EMPRESA ACREEDORA
Sumilla:
Del análisis del Expediente remitido, esta Sala ha detectado la existencia de los siguientes
defectos en su tramitación:
1.- La solicitud de declaración de insolvencia fue admitida a trámite, aún cuando no se
presentó la documentación que acredite la existencia de la acreedora, la misma que
tampoco fue requerida con posterioridad. Tampoco obran en el expediente,
consecuentemente, documentos que acrediten las facultades de representación con que
cuenta el señor Vera Zuloeta, quien en representación de la acreedora suscribe la solicitud
de declaración de insolvencia de la deudora.
2.- Se admitió a trámite el apersonamiento de la deudora, aún cuando no se presentó
documentación que acreditara su existencia ni los poderes con que actuaba su
representante.
3.- Al prorrogarse el plazo para que la deudora acredite su capacidad de pago, se señaló
una fecha límite equivocada, toda vez que a pesar de señalarse que se concede la
prórroga solicita sin ninguna limitación, se otorga un día menos que los solicitados.
4.- Bajo el auspicio de la Comisión, se celebró una reunión entre la acreedora y la deudora
con el objeto de llegar a una fórmula de pago en la cual participó un nuevo representante
de la acreedora que tampoco acreditósus facultades de representación.
5.- Se continuó con la tramitación del procedimiento a pesar que la deudora acreditó su
capacidad de pago conforme a lo establecido en la Ley de Reestructuración Empresarial,
al efectuar una oferta de pago que fue aceptada por la acreedora.
6.- Se declaró la situación de insolvencia de la deudora a pesar que ésta canceló el
cincuenta por ciento de la deuda, con lo cual el monto de los créditos de la acreedora ya
no alcanzaba las cincuenta Unidades Impositivas Tributarias.
7.- La Comisión actuó excediendo sus facultades, toda vez que a pedido de las partes
señaló la fecha en que la deudora debía cumplir con entregar una carta fianza bancaria.
8.- La Comisión declaró dos veces la situación de insolvencia de la deudora.
Resolución:
019-96-TRI-SDC/Indecopi
Expediente:
002-95-CSA
Fecha:
02.08.96
El procedimiento concursal ordinario es
iniciado por el acreedor cuando uno o varios
acreedores impagos cuyos créditos exigibles
se encuentren vencidos, no hayan sido
pagados dentro de los treinta (30) días
siguientes a su vencimiento y que, en
conjunto, superen el equivalente a cincuenta
(50) Unidades Impositivas Tributarias
vigentes a la fecha de presentación.
No procede promover el Procedimiento
Concursal
Ordinario
por
obligaciones
impagas que se encuentren garantizadas con
bienes del deudor o de terceros, salvo que el
proceso de ejecución de dichas garantías
resulte infructuoso o cuando los deudores se
encuentren tramitando su disolución y
liquidación, al amparo de las disposiciones de
la Ley General de Sociedades.
Cuando es verificada la existencia de los créditos
invocados, la Comisión requerirá al emplazado
para que dentro de los veinte (20) días de
notificado, se apersone al procedimiento.
En este caso, el emplazado podrá optar por
a) Pagar el íntegro de los créditos objeto del
emplazamiento.
b) Ofrecer pagar el íntegro de los créditos
objeto del emplazamiento.
c)
Oponerse a la existencia, titularidad,
exigibilidad o cuantía de los créditos objeto
del emplazamiento.
d) Allanarse a la solicitud.
Pagando
Ofreciendo Pagar
Emplazamiento
al Deudor
Apersonamiento
al Proceso
Oponiéndose
Allanándose
Verificación
de Créditos
Solicitud
de Acreedor
(Créditos Superiores
A 50 UIT)
Declaración de
Concurso
Difusión del
Proceso
Solicitud de
Reconocimiento
Quiebra
Liquidación
Procedimiento de
Reconocimiento
Reestructuración
Junta de
Acreedores
PROCEDIMIENTO CONCURSAL ORDINARIO
Inicio del Procedimiento a solicitud de acreedores
Deudor:
Pastor Boggiano S. A.
Acreedor:
Cita:
Resolución:
072-96-TRI-SDC/
Indecopi
Expediente:
005-95-CRECCAIL
Fecha:
25/10/1996
Considerando que la capacidad de pago de una
empresa deudora queda acreditada cuando
paga u ofrece pagar o garantiza u ofrece
garantizar los créditos que sustentan la solicitud
de declaración de insolvencia, dichos créditos
tienen que encontrarse vencidos y ser exigibles,
de lo contrario estaríamos ante un supuesto en
el cual se varían los términos de la relación que
origina la obligación, pues se estaría exigiendo
su pago antes de la fecha pactada.
En consecuencia, para efectos de solicitar la
declaración de insolvencia, los créditos que
sustentan dicha solicitud tienen que encontrarse
vencidos y tienen que ser exigibles.
Consentida o firme la resolución que dispone
la difusión del procedimiento, la Comisión de
Procedimientos Concursales del INDECOPI
dispondrá la publicación semanal en el Diario
Oficial El Peruano de un listado de los
deudores que, en la semana precedente,
hayan
quedado
sometidos
a
los
procedimientos concursales.
Culminada la fase de apersonamiento de los
acreedores, la Secretaría Técnica notificará al deudor
para que, en un plazo no mayor de diez (10) días
exprese su posición sobre las solicitudes de
reconocimiento de créditos presentadas.
la Secretaría Técnica emitirá la resolución de
reconocimiento de créditos respectiva, en un plazo no
mayor de diez (10) días de la posición asumida por el
deudor respecto del crédito.
En un plazo no mayor de cinco (5) días al
vencimiento del plazo establecido, la Secretaría
Técnica publicará en su local un aviso
detallando, de manera resumida, el contenido de
sus resoluciones, precisando el nombre del
acreedor, el monto de los créditos por concepto
de capital, intereses y gastos y el orden de
preferencia. Dentro de los cinco (5) días
siguientes a la publicación cualquier acreedor
podrá oponerse a dichas resoluciones,
adjuntando la información y documentación a
efectos de fundamentar su pedido.
Consentida
la Resolución
Publicación en el
diario “El Peruano”
Apersonamiento
de los Acreedores
Crédito
Oportuno
Crédito
CPC 703ª
Crédito
Tardío
Concurso de
solo “UN”
Acreedor
Solicitudes de
reconocimiento
denegadas
Inexistencia
del Concurso
Inicio del
Concurso
Reconocimiento
de Créditos
Procedimiento
de Reconocimiento
Convocatoria a
Junta de Acreedores
DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Inexistencia del Concurso
Deudor:
Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo
“Fuerza Unida del Perú Ltda.”
Acreedor:
Cita:
Resolución:
149-1997/TDCIndecopi
Expediente:
041-96/CCECCPL/J
Fecha:
11/06/997
La Ley, establece los casos en los que por la
ausencia de los acreedores se configura una
inexistencia de concurso, siendo estos, que no se
presentara al procedimiento más de un acreedor o
que presentándose más de uno sus solicitudes
resultaran infundadas o improcedentes.
Los acreedores deberán presentar toda la
documentación e información necesarias
para sustentar el reconocimiento de sus
créditos, indicando los montos por concepto
de capital, intereses y gastos liquidados a la
fecha de publicación en el Diario Oficial El
Peruano e invocar el orden de preferencia
que a su criterio les corresponde con los
documentos que acrediten dicho orden.
El orden de preferencia para pagar las
deudas concursadas es el siguiente:
1. Deudas Laborales
2. Deudas de Alimentos
3. Deudas Garantizadas
4. Deudas Tributarias
5. Deudas Comerciales
Rechazo
Apersonamiento
de los
Acreedores
Posición
del Deudor
Emplazamiento
al Deudor
Aviso detallado
de Resoluciones
Oposición
Silencio
Aceptación
Pronunciamiento
de la Comisión
1.Laborales
2.Alimentos
3.Garantizados
4.Tributarios
5.Comerciales
DECIMO OCTAVO PRECEDENTE
Reconocimiento de créditos previsionales. Modifica parcialmente el Quinto Precedente
Deudor:
GRUPI S.A.
Acreedor:
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES UNION VIDA
Sumilla:
Se modifica el precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución No. 011-97-TDC,
estableciéndose que resulta aplicable al reconocimiento de créditos derivados de aportes previsionales
impagos, liquidados sobre base presunta constituida por la remuneración asegurable máxima del seguro de
invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio. Asimismo, se elimina como requisito para el reconocimiento
de dichos créditos la exigencia contenida en el punto (ii) del literal a) de dicho precedente, consistente en
que la Comisión verifique que la AFP haya declarado que emitió y notificó al deudor de la liquidación previa
a la que se refiere el Art. 4 de la Resolución No. 467-94-EF/SAFP.
En tal sentido, luego de la modificatorias efectuadas, se fijan los principios siguientes:
“Cuando una AFP solicite el reconocimiento de créditos derivados de aportes previsionales impagos,
liquidados sobre la base de la remuneración asegurable máxima del seguro de invalidez, sobrevivencia y
gastos de sepelio, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por la Ley de Reestructuración Patrimonial, la
Comisión, deberá:
a) Verificar que, además de presentar la Liquidación para Cobranza, la AFP haya declarado que en el
historial previsional correspondiente no cuenta con información sobre la remuneración real.
b) Constatar si la información necesaria para determinar el monto real de los aportes previsionales
impagos, o parte de ella, obra en alguno de los expedientes administrativos a su cargo, en cuyo caso la
pondrá a disposición de la AFP para que ésta pueda reliquidar su acreencia.
c) En caso de no contar con toda o parte de la información relevante, en los expedientes a su cargo,
requerir a la empresa deudora la presentación de copia de las partes pertinentes del libro de planillas, de
las boletas de pago o de cualquier otro documento en el que consten las remuneraciones de los
trabajadores afiliados, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones, en caso de no absolverse el
requerimiento en el plazo otorgado.
d) Absuelto el requerimiento, remitir a la AFP copia de la documentación recibida, para que modifique su
solicitud
e) Dictados prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, y de la forma prescrita por la ley.
reliquidando la deuda previsional sobre la base de las remuneraciones reales, luego de lo cual se
procederá al reconocimiento de los créditos en base a la nueva liquidación presentada.
f) Si la AFP no cumple con reliquidar su crédito, sobre la base de la información en poder de la comisión o
sus entidades delegadas, de la presentada por el deudor, o del historial previsional, según sea el caso, en
el plazo concedido por la Comisión para tal efecto, se declarará infundada la solicitud.
En el supuesto de que ni la AFP cuente con la información necesaria ni la Comisión o entidad delegada
correspondiente pudiera determinar el monto de las remuneraciones, se deberá declarar infundada la
solicitud”.
(Véase, lo establecido por los Art. 38 y 39.1 de la Ley General del Sistema Concursal).
Resolución:
0100-2001 / TDC
Expediente:
001-99-CP/CRP-ODI-CCPLL-001-038
Fecha:
14.02.01
Dentro de los diez (10) días posteriores al aviso
correspondiente, la Comisión dispondrá la
convocatoria a Junta poniendo a disposición del
responsable un aviso que se publicará por una sola
vez en el Diario Oficial El Peruano. Entre la
publicación del aviso y la fecha de la Junta en
primera convocatoria deberá mediar no menos de
tres (3) días. La citación a Junta deberá señalar el
lugar, día y hora en que ésta se llevará a cabo en
primera y segunda convocatoria. Entre cada
convocatoria deberá mediar dos (2) días.
En el lugar, día y hora indicados en la convocatoria,
se procederá a instalar la Junta. Para ello, se
requerirá en primera convocatoria la presencia de
acreedores que representen más del 66,6% de los
créditos reconocidos. En la segunda convocatoria, la
Junta se instalará con la presencia de los acreedores
reconocidos que hubieren asistido. Si luego de las
dos fechas señaladas en el aviso de convocatoria, la
Junta no se instalase, la Comisión podrá disponer,
en un plazo máximo de diez (10) días, a pedido de
parte, que el solicitante del inicio del Procedimiento
Concursal Ordinario o cualquier otro interesado que
sea parte del procedimiento disponga la publicación
de un nuevo aviso de convocatoria.
En la reunión de instalación de la Junta, ésta
podrá pronunciarse sobre los siguientes temas:
a) Elección de sus autoridades.
b) Decisión sobre el destino del deudor.
c) Aprobación del régimen de administración o
designación del Liquidador, de ser el caso.
d) Aprobación del Plan de Reestructuración o
del Convenio de Liquidación, de ser el caso.
e) Nombramiento del Comité de Junta de
Acreedores y delegación de facultades.
Convocatoria
Inicio del
Concurso
1º Junta
Deudor o Responsable
Demás Juntas
Presidente de Junta
Instalación
1º Convocatoria:66.6%
de Créd. Reconocidos
2ª Concotoria: Presencia
de Acreedores Reconocidos
Elección de Autoridades
Decisión del Destino
Aprobación del Reg.
Aprobación del Plan
Nombrar al Comité
1º: 66.6% Créd. Existent.
2ª: 66.6% Créd. Asistent
1ª: 50% Créd. Existent
2ª: 50% Créd. Asistent
CUARTO PRECEDENTE
Impugnación de Juntas de Acreedores
Deudor:
Industria Textil de Exportación S.A. (Intexport)
Acreedor:
Banco Industrial del Perú - en liquidación (el Banco)
Sumilla:
Se precisa que la competencia de la Comisión y sus entidades delegadas para conocer
de impugnaciones contra la realización de juntas de acreedores, así como los criterios
aplicables al análisis de las impugnaciones formuladas contra reuniones de juntas de
acreedores, así como contra los acuerdos que se hayan adoptado en ellas, cuando éstas
se sustenten en presuntos defectos existentes en la participación o en la votación de uno
o varios integrantes de la respectiva junta.
En consecuencia, se establecen los criterios siguientes:
a) Los órganos administrativos encargados de la tramitación de los procedimientos
derivados de la Ley de Reestructuración Empresarial, son competentes para conocer de
las impugnaciones que se presenten contra la realización de las juntas de acreedores.
b) Al pronunciarse sobre impugnaciones formuladas contra reuniones de juntas de
acreedores, así como contra los acuerdos que se hayan adoptado en ellas, cuando éstas
se sustenten en presuntos defectos existentes en la participación o en la votación de uno
o varios integrantes de la respectiva junta, la Comisión debe hacer el siguiente análisis:
I)Determinar si el vicio o defecto afectaría a toda la junta o únicamente a
determinadas partes de su desarrollo, de tal forma que si se declarase
fundada la impugnación los efectos de este pronunciamiento puedan ser
identificados e individualizados, de ser el caso.
II)Cuando se trate de vicio o defecto en la participación de uno o varios
integrantes de la junta, determinar si en caso de declararse fundada la
impugnación se afectaría la validez de la reunión o del acto impugnado. Si
el vicio invocado no tuviera efectos sobre la validez de los acuerdos o de
la
reunión,
la
impugnación
debe
declararse
infundada,
independientemente del análisis que pueda hacerse de la causal de la
impugnación. Sólo en caso que el vicio o defecto en la participación
afectara la validez del acto impugnado, la Comisión emitirá
pronunciamiento sobre este.
(Véase, lo establecido por los Arts. 118 y 119 de la Ley General del Sistema Concursal)
Resolución:
088-96-TRI-SDC
Expediente:
054-94-CRE-CAL
Fecha:
20.11.96
El Plan de Reestructuración es el negocio jurídico
por el cual la Junta define los mecanismos para
llevar a cabo la reestructuración económico
financiera del deudor, con la finalidad de extinguir
las
obligaciones
comprendidas
en
el
procedimiento y superar la crisis patrimonial que
originó el inicio del mismo, en función a las
particularidades y características propias del
deudor en Reestructuración.
Cuando la Junta decida la continuación de las
actividades del deudor, éste ingresará a un
régimen de reestructuración patrimonial por el
plazo que se establezca en el Plan de
Reestructuración correspondiente, el cual no
podrá exceder de la fecha establecida para la
cancelación de todas las obligaciones en el
cronograma de pago de las obligaciones
incorporado en el mencionado Plan.
Acordada la continuación de las actividades del
deudor, la Junta de Acreedores deberá aprobar el
Plan de Reestructuración en un plazo no mayor de
sesenta (60) días
La administración del deudor podrá presentar a la
Junta más de una propuesta de Plan de
Reestructuración.
Mismo Régimen
Régimen de
Administración
Inicio de la
Reestructuración
Nuevo Régimen
Régimen Mixto
Atribuciones de
la Junta
Aprobación del
Plan de Reestruc.
Liquidación de
la Empresa
Efectos de la Aprobación
Cumplimiento
Incumplimiento
Liquidación
Conclusión
Inviabilidad
RECONOCIMIENTO DE CREDITOS
Verificación de los Creditos Invocados
Deudor:
JAIME SANTIAGO CAMPOS ROMANI (EL SEÑOR
CAMPOS)
Acreedor:
EDUARDO PABLO LOO MOLLEDA (EL SEÑOR LOO)
Sumilla:
Tal como se ha señalado, la aplicación de la Ley de
Reestructuración Patrimonial enfrenta el riesgo de que
se desvirtúen los fines de sus normas y los mecanismos
de protección del patrimonio se utilicen indebidamente,
para evadir o diferir el pago de obligaciones. Por ello,
las normas han provisto a los órganos administrativos
encargados de la tramitación de dichos procedimientos
de facultades suficientes para hacer las investigaciones
que resulten necesarias para verificar la real existencia
del estado de insolvencia de una empresa, así como los
créditos invocados frente a ella. En estos casos, la
Comisión no solo actúa en atención a los legítimos
intereses del solicitante (ya sea éste la empresa
deudora o un acreedor), sino de todos los demás
posibles acreedores de la empresa, que podrían verse
perjudicados por la simulación de un estado de
insolvencia
Resolución:
237-1997/TDCIndecopi
Expediente:
037-96/CCECCPL/01-RC
Fecha:
29.09.97
Si la Junta decidiera la disolución y liquidación del
deudor, éste no podrá continuar desarrollando la
actividad propia del giro del negocio a partir de la
suscripción del Convenio de Liquidación, bajo
apercibimiento de aplicársele una multa hasta de
cien (100) UIT.“
En los casos en que la Junta decidiera variar el
destino del deudor sometido a concurso, de
reestructuración a disolución y liquidación,
caducarán las funciones del representante legal y
de todos los órganos de la administración, las que
serán asumidas por el Liquidador. La caducidad
opera de pleno derecho a partir de la firma
del Convenio de Liquidación.
Dentro de los cinco (5) días siguientes de celebrado el
Convenio, el Liquidador, bajo responsabilidad,
publicará en el Diario Oficial El Peruano, un aviso
haciendo público el inicio de la disolución y liquidación
del deudor y la aprobación del Convenio, requiriendo a
quienes posean bienes y documentos del deudor, la
entrega inmediata de los mismos al liquidador. El
incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones
previstas en la Ley.
Dentro de los cinco (5) días siguientes de celebrado el
Convenio de Liquidación, el Liquidador solicitará su
inscripción en el Registro. En caso de incumplimiento
cualquier interesado podrá realizar los trámites
referidos a dicha inscripción.
Liquidación de
Negocio en Marcha
Junta de
Acreedores
ó cambio de
Destino
Conclusión del
Proceso
Cumplimiento
Incumplimiento
Elección de
Entidad Liquidadora
Aprobación del
Convenio
Inscripción del
Convenio
Publicación del
Convenio
Entrega de
Bienes y Documentos
Pago de Créditos
Reconocidos
Venta y
Adjudicación
De Activos
Cronograma de
Acción
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN INICIADA POR LA COMISION
Disolución yLiquidacion Iniciada por la Comision
Deudor:
SOCIEDAD CONYUGAL AMERICO VALENTIN
BAANANTE MURGIA - MARIA RAQUEL CERDEÑA
FERNANDEZ (LA SOCIEDAD CONYUGAL)
Acreedor:
COMISION
DE
REESTRUCTURACION
PATRIMONIAL
DEL INDECOPI EN LA CAMARA DE COMERCIO Y
PRODUCCION DE LA LIBERTAD (LA COMISION)
Sumilla:
Se debe precisar que sólo cuando existen elevados
costos de transacción que no hacen posible que los
acreedores tomen una decisión sobre el destino de la
empresa, la Ley de Reestructuración Patrimonial
procura que la situación de indefinición en lo que se
refiere a la toma de una decisión sobre el destino del
deudor, no se prolongue excesivamente, considerando
que los retrasos en que pudiera incurrirse reducen las
posibilidades de lograr el mejor índice de cobro de sus
créditos.
Resolución:
0588-2000/TDCINDECOPI
Expediente:
029-2000/CRP-ODICCPLL
Fecha:
31.08.01
El Procedimiento Concursal Preventivo es
un procedimiento especial, pues con la
sentencia del concurso preventivo el
concursado, aunque mantiene la facultad de
administrar y disponer sus bienes, se
encuentra restringido y limitado respecto de
los mismos, ya que dicha administración
queda sujeta a la vigilancia del síndico, y se
le prohíbe realizar un sinnúmero de actos,
así como otros se le permiten sólo bajo un
régimen de expresa autorización judicial.
En este procedimiento, a diferencia de la
insolvencia en el Proceso Concursal Ordinario, esta
última se orienta a afrontar y sobre todo, revertir
una situación de crisis permanente, en tanto que el
Concurso Preventivo procura evitar que se llegue a
una situación de crisis irreversible, pues se
vislumbra a un corto plazo.
En consecuencia, esta innovación incluida en esta
normativa, fija una “línea de frontera” entre los
individuos aptos para acogerse al Concurso
Preventivo, respecto de los que no lo están por
hallarse en una situación de crisis manifiesta.
Este procedimiento se inicia por solicitud de
cualquier deudor, siempre que no se encuentre
en ninguno de los supuestos establecidos en el
primer párrafo del artículo 24º.
Siendo así, este, deberá presentar una solicitud
a la Comisión, adjuntando la documentación e
información, la misma que constituye requisito
de admisibilidad de la solicitud.
Sólo tendrán derecho a participar en la Junta del
Procedimiento Concursal Preventivo los acreedores
que presenten sus solicitudes de reconocimiento de
créditos dentro del plazo establecido por ley (30 días).
El Acuerdo Global de Refinanciación deberá
contemplar necesariamente todos los créditos
reconocidos, así como aquellos que sin haber sido
verificados por la autoridad concursal se hubiesen
devengado hasta la fecha de difusión del
procedimiento, y será oponible a sus titulares para
todos los efectos establecidos en la Ley.
El Acuerdo Global de Refinanciación deberá detallar
cuando menos:
a) El cronograma de los pagos a realizar.
b) La tasa de interés aplicable.
c) Las garantías que se ofrecerán de ser el caso.
Cuando el deudor incumpla con el pago de alguna de
sus obligaciones en los términos establecidos en el
Acuerdo Global de Refinanciación, éste quedará
automáticamente resuelto.
En este caso, cualquier acreedor podrá solicitar el pago
de los créditos que mantuviera frente al deudor, en las
vías que estime pertinente y en las condiciones
originalmente pactadas.
Verificación de
Requisitos
Admisibilidad
Acogimiento
al
Procedimiento
Junta de
Acreedores
Acuerdo Global
de Refinanciación
Aprobación
Publicación
Reconocimiento
de Créditos
No hay
Créd. Tardíos
Desaprobación
Incumplimiento
Automáticamente Resuelto
Procedimiento
Concursal
Ordinario
PROCEDIMIENTO CONCURSAL PREVENTIVO
Finalidad y Objetivo
Deudor:
METALPACK S. A.
Acreedor:
SGS DEL PERU S.A.C.
Cita:
El concurso preventivo es un procedimiento cuyo
objetivo es evitar la insolvencia del deudor cuando
éste se encuentre en imposibilidad o dificultad para
Resolución:
el pago oportuno de sus obligaciones, a través de
N º0125-2000/TDC- una refinanciación de sus deudas pendientes.
INDECOPI
Tiene por única finalidad conceder un espacio para
que los acreedores convocados manifiesten su
Expediente:
aprobación o desaprobación al acuerdo global de
N º015-CP-2000refinanciación propuesto por el deudor.
003/CRP-ODICAMARA
Fecha:
23/02/2000
La impugnación en el procedimiento concursal
puede darse de dos maneras, impugnación de
actos administrativos o impugnación de
acuerdos de junta de acreedores.
1. En los procedimientos derivados de la
aplicación de la Ley sólo podrá impugnarse
aquellos actos que se pronuncian en forma
definitiva. Las resoluciones de mero trámite no
son impugnables.
Para la procedencia del recurso el impugnante
deberá identificar el vicio o error del acto
recurrido así como el agravio que le produce.
Contra
las
resoluciones
impugnables
puede
interponerse recursos de reconsideración o de
apelación dentro de los cinco (5) días siguientes a su
notificación, más el término de la distancia.
Los recursos de reconsideración deberán sustentarse
en nueva prueba, la misma que debe ser presentada
necesariamente al momento de interponerse el
recurso. En cambio, en los recursos de apelación
deben sustentarse en diferente interpretación de
pruebas producidas o en cuestiones de derecho.
Verificados los requisitos establecidos en la ley y en el
TUPA, la Comisión concederá la apelación y elevará
los actuados a la segunda instancia
administrativa.
2. En la impugnación y nulidad de acuerdos, cuando
el deudor o los acreedores que en conjunto
representen créditos de cuando menos el 10% del
monto total de los créditos reconocidos por la
Comisión, podrán impugnar ante la misma, los
acuerdos adoptados en Junta dentro de los 10 días
siguientes del acuerdo, sea por el incumplimiento de
las formalidades legales, por inobservancia de las
disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico,
o porque el acuerdo constituye el ejercicio abusivo de
un derecho.
La Comisión, de oficio, podrá declarar la nulidad del
acuerdo adoptado en Junta dentro de un plazo
de treinta (30) días.
Si la impugnación es presentada por el deudor o
acreedores que estuvieron presentes en la sesión
correspondiente, éstos deberán haber dejado constancia
en acta de su oposición al acuerdo y su intención de
impugnar el mismo.
Si no hubiesen asistido a la Junta, el plazo se computará
desde que tomaron conocimiento del acuerdo, siempre
que acrediten imposibilidad de conocer la convocatoria.
En cualquier caso, el derecho a impugnar un acuerdo
caducará a los quince (15) días de adoptado.
Las impugnaciones contra un mismo acuerdo de la Junta
deberán resolverse en un solo acto, para lo cual se
acumularán, de oficio, a la impugnación que se presentó
en primer lugar.
Impugnación de
Actos Administrativos
Actos
definitivos
Recurso de
Reconsideración
Recurso de
5
días
Apelación
Impugnación de Resoluciones reconocimiento
de créditos emitidas por la Secretaría técnica
Medios
Impugnatorios
Suspensión de la ejecución de resoluciones impugnadas
Impugnación de Acuerdos
De Junta de Acreedores
10 días
siguientes
Del acuerdo
Tramitación de la impugnación
Deudor
Acreedor
10%
Créditos
reconocidos
MEDIOS IMPUGNATORIOS
Resoluciones Impugnables
Deudor:
SOLMAR EMPRESA PESQUERA S.A.
Acreedor:
FAMIA INDUSTRIAL S.A.
Cita:
En los procedimientos derivados de la
aplicación de las normas de reestructuración
patrimonial sólo podrán impugnarse aquellas
resoluciones que se pronuncien en forma
definitiva sobre una solicitud o algún extremo
de la misma. En tal sentido, contra dichas
resoluciones pueden interponerse recursos de
reconsideración o de apelación.
Resolución:
Nª 01971999/TDCINDECOPI
Expediente:
Nª 021-98-CCPLL
Fecha:
19/05/2000
La Comisión está facultada para imponer sanciones
cuando:
a) Las partes incumplan los requerimientos de información
y documentación efectuados por la Comisión con multas
no menores de 1 ni mayores de 50 UIT.
b) La entidad registrada incumpla total o parcialmente la
obligación de remisión de la información, con multas no
menores de 1 ni mayores de 50 UIT.
c) Se compruebe que el acreedor que solicitó la apertura
del P.C.O. vulnera el deber de reserva, con multas no
menores de 1 ni mayores de 100 UTI.
d) Cuando el Presidente o Vicepresidente de la
Junta incumplan cualquiera de las obligaciones que
les impone la Ley, con multas no menores de 1 ni
mayores de 100 UIT.
El procedimiento sancionador se inicia siempre de
oficio por decisión de la Secretaría Técnica.
En el momento de decidirse la iniciación del
procedimiento la Secretaría Técnica dispone también
la notificación de cargo al denunciado con la
imputación de los hechos constitutivos de infracción
objeto del procedimiento y le otorga un plazo de cinco
(5) días para que formule los descargos que considere
pertinentes y ofrezca los medios probatorios que
sustenten sus afirmaciones. Una ves recibidos los
descargos del denunciado y si fuera el caso, la
Secretaría Técnica dispone que el procedimiento se
abra a etapa probatoria indicando en dicho acto
aquellos medios probatorios que deberán ser
actuados.
El período de prueba no podrá exceder de treinta (30)
días computados desde la recepción de los descargos
del denunciado.
Finalizada la etapa probatoria por la actuación de las
pruebas propuestas o por la declaración de que no se
abrirá etapa probatoria en el procedimiento, la
Secretaría Técnica formulará su informe final en el
plazo máximo de cinco (5) días de concluida la etapa
precedente.
De tratarse de un informe acusatorio lo remitirá a la
Comisión para que ésta se pronuncie en el plazo
máximo de cinco (5) días de recibido el informe.
En caso contrario, declarará la conclusión del
procedimiento y archivará el expediente.
El pronunciamiento de la Comisión que determine la
culpabilidad del denunciado y le imponga una
sanción podrá ser objeto del recurso administrativo
de apelación. La apelación, previa citación a vista de
la causa en el plazo máximo de veinte (20) días de
recibido el expediente en la instancia, será resuelta
por la Sala en el plazo máximo de treinta (30) días
contados de la misma forma que en el plazo
anterior.
Régimen de
Infracciones
y Sanciones
Infracciones
y sanciones
De 50 a
100 UIT
Procedimiento
Sancionador
5d. descargo
M. probatorios
5d.Informe
acusatorios
Supletoriamente
L.P.A.G (Ley Nº 27444)
Concurrencia
de infracciones
Con delitos
Registro de
infractores
Criterios de
graduación multas
De Oficio
intencionalidad
periodo de
Prueba
(30 días)
Perjucio causado
agravantes o atenuantes
Apelación 20 d
Resuelve
Apelac. 30 d.
reincidencia
Beneficio por
Pronto pago
25 %
Publicación
De
Resoluciones
INFRACCIONES Y SANCIONES
Entrega de Información Falsa
Deudor:
CESAR FUENTES
(CEFOISA)
Acreedor:
COMISION
DE
REESTRUCTURACION
PATRIMONIAL DE LA OFICINA DESCENTRALIZADA
DEL INDECOPI EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
LIMA (LA COMISION)
Sumilla:
ORTIZ
INGENIEROS
S.A.
La información falsa proporcionada por el Presidente,
atenta contra el derecho a la información de los
acreedores, desnaturalizando la posición y situación
Resolución:
de la empresa.
0441-2001/TDCCefoisa manifestó que, en la medida que el
INDECOPI
Presidente actuó sin tener en cuenta el carácter de
declaración jurada de la información presentada en el
Expediente:
marco de un proceso concursal, la referida actuación
213-1998/CSM-ODI- debía ser puesta en conocimiento del Ministerio
CAL
Público, por encontrarse dentro del supuesto de delito
contra la fe pública.
Fecha:
11.10.00
Dr. Esteban Carbonell O’Brien
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