PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS RELATIVAS.
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La ley de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos define que son servicios
públicos.
Antes
de
la
ley,
las
telecomunicaciones estaban metidas dentro
de ese gran grupo de servicios que tenía la
ley de la ARESEP.
Esa incorporación es importante, los servicios
de telecomunicaciones eran considerados
servicios públicos, la Ley General de
Telecomunicaciones deroga esto.
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La contraloría y la procuraduría ahora dicen que las
telecomunicaciones son servicios de interés general
que mantienen características de servicios públicos
aunque ahora se presten de manera abierta donde
participan los particulares. Al brindarse el servicio por
particulares, necesariamente se deben de tomar las
previsiones para evitar prácticas que puedan
distorsionar el mercado, beneficiando algunos, y no
al colectivo, a ese interés general. Nos referimos a las
prácticas monopolísticas, en este caso concreto,
relativas, cuya fiscalización depende directamente de
la Sutel y cuya naturaleza y características se
desarrollarán a continuación.
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El servicio público tradicional tenía varios elementos importantes:
-Lo desarrollaba un sujeto público, el estado, aunque posteriormente el
estado podía luego concesionar dicha actividad a un particular.
- Una vez declarados esos servicios públicos, los pueden realizar los
privados pero únicamente mediante concesión, como los puertos, las
aguas, licencias, etc.
- A pesar de que el estado delega esto a un particular, siempre conserva
poderes internos de control sobre el servicio que se va a prestar. Esto se
refleja en el artículo 4 de la Ley General de Telecomunicaciones donde dice
que dicha ley es de orden público.
- Otra característica del servicio púbico tradicional es la continuidad,
regularidad e igualdad en su prestación. Lo vemos en el 4 de la Ley General
de Administración Pública y la Ley General de Telecomunicaciones lo vuelve
a tomar.
- Debe prestarse a todos los ciudadanos en general.
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Si bien la ley general de telecomunicaciones se
rompe con el concepto clásico de servicio
público, queda implícita esa nueva categoría de
servicio de telecomunicaciones como servicios de
interés general. El régimen tarifario se rompe,
ahora se manejan techos y pisos, se busca la
competencia, las tarifas en servicios públicos se
rompe
con
la
ley
general
de
las
telecomunicaciones.
Se dice que en principio SUTEL le corresponde
fijar tarifas, sin embargo cuando haya
proveedores, se fijará por medio de las reglas de
mercado.
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La
Super
Intendencia
General
de
Telecomunicaciones es la entidad encargada
de regular las telecomunicaciones en Costa
Rica. Fue creada debido a la apertura de las
telecomunicaciones con la firma del Tratado
de Libre Comercio con EEUU, se creó
mediante ley 8660 que vino a modificar la ley
de ARESEP dándole a SUTEL desconcentración
máxima.
Puede
suscribir
contratos
y
convenios, administra FONATEL entre muchas
otras funciones.
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Se le trasladaron las funciones asignadas a la Dirección de
Servicios de Telecomunicaciones de la Aresep a este nuevo ente,
fue creado con el propósito de garantizar el derecho de los
habitantes de accesos las telecomunicaciones bajo un principio
fundamental, el de universalidad.
A su vez fija tarifas máximas que se pueden cobrar por los
servicios de telefonía e internet, debe instruir el procedimiento
para las concesiones de frecuencias para la operación y
explotación de redes públicas de telecomunicaciones otorgadas
por el Poder Ejecutivo (previa realización de los estudios
necesarios, esto de acuerdo al Plan nacional de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y el Plan Nacional de Atribución de
Frecuencias). Esto para determinar la necesidad y factibilidad del
otorgamiento de las concesiones de conformidad con el Plan
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y las políticas
sectoriales, esto lo vemos en el artículo 12 LGT.
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Impone las obligaciones de acceso e interconexión y calcula el
canon de reservar del espectro que los operadores deben pagar
anualmente, puede imponer medidas cautelares incluso.
Tramita y otorga las autorizaciones a personas físicas y jurídicas,
recomienda al Poder Ejecutivo las autorizaciones para el uso de
las bandas de frecuencias, garantiza que los operadores y
proveedores cumplan lo establecido en la ley para el
cumplimiento efectivo de esta.
Como vemos le corresponde abrir y manejar el esquema de las
telecomunicaciones en general y por supuesto,
regular lo
relativo a las prácticas monopolísticas que puedan darse a raíz
de la apertura de las telecomunicaciones en cuanto a los
operadores o proveedores importantes en el tanto es un servicio
de interés general.
Para esto, se crea en la Ley General de Telecomunicaciones un
capítulo denominado Régimen de Competencia
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Esto lo encontramos regulado a partir del artículo
56 de la ley:
Régimen Sectorial de Competencia: La operación
de redes y la prestación de servicios de
telecomunicaciones estarán sujetas a un régimen
sectorial de competencia, el cual se regirá por lo
previsto en esta Ley y supletoriamente por los
criterios establecidos en el capítulo III de la Ley
de promoción de la competencia y defensa
efectiva del consumidor, N.º 7472, de 20 de
diciembre de 1994.
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¿Por qué es importante tutelar este aspecto? Para evitar prácticas que
atenten contra un mercado competitivo. Para esto se le asigna a Sutel
una serie de facultades importantes en el artículo 56:
Artículo 56 LGT- Corresponde
Telecomunicaciones:
a
la
Superintendencia
de
las
a) Promover los principios de competencia en el mercado nacional de
telecomunicaciones.
b) Analizar el grado de competencia efectiva en los mercados.
c) Determinar cuándo las operaciones o actos que se ejecuten o celebren
fuera del país, por parte de los operadores o proveedores, puedan
afectar la competencia efectiva en el mercado nacional.
d) Garantizar el acceso de los operadores y proveedores al mercado de
telecomunicaciones en condiciones razonables y no discriminatorias.
e) Garantizar el acceso a las instalaciones esenciales en condiciones
equitativas y no discriminatorias.
f) Evitar los abusos y las prácticas monopolísticas por parte de
operadores o proveedores en el mercado.
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La SUTEL tendrá la competencia exclusiva para conocer de
oficio o por denuncia, así como para corregir y sancionar,
cuando proceda, las prácticas monopolísticas cometidas por
operadores o proveedores que tengan por objeto o efecto
limitar, disminuir o eliminar la competencia en el mercado de
las telecomunicaciones. Se autoriza a la SUTEL a la realización
de convenios e intercambio de información con las
autoridades reguladoras de telecomunicaciones de otras
jurisdicciones. Los deberes de confidencialidad definidos para
la SUTEL serán extendidos a las personas que, producto de
este intercambio de información, tengan conocimiento de la
información generada.
De igual forma encontramos esto en el artículo 75 del
reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones:
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Artículo 75. Obligaciones generales de los operadores o
proveedores importantes. La SUTEL podrá imponer las
siguientes obligaciones a los operadores y proveedores
importantes:
c. Abstenerse de realizar las prácticas monopolísticas
señaladas en el régimen sectorial de competencia
correspondiente o en la Ley Nº 7472. Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor
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¿Qué son operadores o proveedores importantes? Esto lo encontramos en el
artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones.
ARTÍCULO 57.- Operadores o proveedores importantes.
Le corresponde a la Superintendencia de las Telecomunicaciones determinar la
existencia de operadores o proveedores importantes en cada uno de los mercados
relevantes. Para este fin, la SUTEL deberá valorar la posibilidad que tengan los
operadores o proveedores de explotar en forma abusiva su posición sobre el
mercado o una parte sustancial de éste, afectando a sus competidores o usuarios,
y tomará en cuenta los criterios definidos en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de
promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, Ley N.º 7472 y
sus reformas, de 20 de diciembre de 1994.
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ARTÍCULO 13 Ley 7472.- Comprobación
Para considerar violatorias de esta ley las
prácticas mencionadas en el artículo anterior,
debe comprobarse que a) el presunto
responsable tiene un poder sustancial sobre
el mercado relevante y b) se realicen respecto
de los bienes o servicios correspondientes o
relacionados con el mercado relevante de que
se trate.
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ARTÍCULO 14 Ley 7472.- Mercado relevante
Para determinar el mercado relevante, deben considerarse los siguientes criterios:
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a) Las posibilidades de sustituir el bien o el servicio de que se trate, por otro de
origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, el
grado en que los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para
efectuar tal sustitución.
b) Los costos de distribución del bien mismo, sus insumos relevantes, sus
complementos y sustitutos, desde otros lugares del territorio nacional y del
extranjero; para ello se tendrán en cuenta los fletes, los seguros, los aranceles y
las restricciones que no sean arancelarias, así como las limitaciones impuestas por
los agentes económicos o sus organizaciones y el tiempo requerido para
abastecer el mercado desde otros sitios.
c) Los costos y las posibilidades de los consumidores para acudir a otros
mercados.
d) Las restricciones normativas, nacionales o internacionales, que limiten el acceso
de los consumidores a las fuentes de abastecimiento alternativas, o el de los
proveedores a los clientes alternativos.
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ARTÍCULO 15 Ley 7472 .- Poder sustancial en el mercado
Para determinar si un agente económico tiene un poder sustancial en el
mercado relevante, debe considerarse:
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a) Su participación en ese mercado y su posibilidad de fijar precios
unilateralmente o de restringir, en forma sustancial, el abastecimiento en el
mercado relevante, sin que los demás agentes económicos puedan, en la
actualidad o en el futuro, contrarrestar ese poder.
b) La existencia de barreras a la entrada y los elementos que, previsiblemente,
puedan alterar tanto esas barreras como la oferta de otros competidores.
c) La existencia y el poder de sus competidores.
d) Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a las
fuentes de insumos.
e) Su comportamiento reciente.
f) Los demás criterios análogos que se establezcan en el Reglamento de esta ley.
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Vamos a analizar el mercado COMPETITIVO.
Hay otras estructuras de mercado como el
monopolio y el oligopolio los cuales,
precisamente, dentro de una economía de
mercado, se consideran fallas de mercado.
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Características:
◦ Se trata de un mercado de numerosos oferentes y demandantes de bienes
y servicios. Lo que importa es que exista tan cantidad de vendedores que
ninguno pueda determinar los precios del mercado.
◦ No existen barreras de entrada ni de salida a las empresas. Si tengo
capital y deseo invertir tengo toda la facultad hacerlo, sin embargo puede
que al entrar los aranceles sean muy altos. También pueden haber
barreras jurídicas.
◦ No hay unión de empresas, no pueden fijar el precio ni cantidad porque
ahí se rompería el mercado competitivo.
◦ En el mercado competitivo tanto el producto como la tecnología van a ser
homogéneos.
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LA OFERTA Y DEMANDA DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO VAN A
DETERMINAR EL EQUILIBRIO DEL MERCADO, ES DECIR EL PRECIO Y CANTIDAD
DE LOS BIENES Y SERVICIOS.
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Por eso en un monopolio se van a ver
afectadas las fuerzas de mercado ya que no
es la voluntad del mercado la que determina
el equilibrio de mercado.
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En la curva de demanda p y q varían inversamente.
cantidad demandada.
A mayor precio menor
En la curva de la oferta, p y q varían directamente proporcional. A mayor p mayor
q. La cantidad puesta en el mercado depende de los precios del bien. Así, a un
mayor precio, las empresas van a estar en condiciones de vender más productos
en el mercado.
En el punto de intersección, vamos a tener el equilibrio de mercado que esta dado
por la oferta y la demanda. En ese equilibrio de mercado vamos a tener un precio
de equilibrio y una cantidad de equilibrio.
En mercado competitivo es más eficiente que uno no competitivo. El mercado
competitivo es el deseable por su eficiencia. Por eficiencia vamos a ver cómo tanto
en consumidores y oferentes se busca la mayor cantidad de bienestar o ganancia
respectivamente
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Teniendo clara las nociones de régimen de
competencia, operadores importantes y mercado
competitivo, podemos analizar propiamente las
estructuras monopolísticas. Precisamente son esas las
que se quieren evitar y cuya fiscalización depende de la
Sutel para evitar situaciones que desmejoren el mercado
de las telecomunicaciones.
¿Qué es un monopolio? Una empresa es un monopolio
si es la única que vende un producto o servicio y si este
no tiene sustitutos cercanos. La causa fundamental del
monopolio son las barreras a la entrada: un monopolio
es el único vendedor en su mercado porque otras
empresas no pueden entrar y competir con él.
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El monopolio tiene la capacidad de afectar los precios y
cantidades que se ofrecen en la industria, a pesar de
enfrentar las restricciones tecnológicas y de mercado. El
monopolista analizar la demanda de su producto y se ubica
en el punto de la demanda en el que obtiene la máxima
ganancia del consumidor.
Esto no significa que el monopolista va a fijar el precio más
alto que se le antoje, pues si lo hace, el consumo se reduce
más de lo que gana con el aumento en el precio. De esa
forma, lo que hará es buscar un equilibrio entre el precio que
fija, las ventas que genera y los costos en que incurre.
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Esto tiene un efecto negativo en el bienestar de los
consumidores ya que están dedicando más recursos a la
adquisición del producto que ofrece el monopolio. La
diferencia clave entre una empresa competitiva y un
monopolio es la capacidad de este último para influir en el
precio de su producto.
Una empresa competitiva es pequeña en relación con el
mercado en que desenvuelve, por ende considera que el
precio de su producto viene dado por al situación del
mercado en un momento particular, en cambio, un
monopolio, como es el único productor en su mercado,
puede alterar el precio de su bien ajustando la cantidad que
ofrece en el mercado, o bien, incurriendo en prácticas
monopolísticas sean absolutas o relativas.
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Las prácticas monopólicas relativas, son
aquellas que realiza un agente económico
con poder sustancial, con el objeto o efecto
de desplazar indebidamente a otros agentes
del mercado, impedirles sustancialmente su
acceso o establecer ventajas exclusivas a
favor de una o varias personas.

Las prácticas monopólicas absolutas son aquellos contratos,
convenios, arreglos o combinaciones entre agentes
económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea
cualquiera de los siguientes:
•Fijar o manipular precios de venta o compra de bienes o
servicios;
•Fijar o restringir la oferta o demanda de bienes o servicios;
•Dividir o repartir mercados actuales o potenciales;
•Coordinar posturas en licitaciones públicas.
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Estas prácticas son ilegales per se y no existe
ningún tipo de justificación para su
realización, ya que impiden a la sociedad
obtener los beneficios de la competencia
económica: mejores precios y mayor calidad
en los productos y servicios.
Las
prácticas
monopolísticas
las
encontramos en el artículo 60 de la Ley
General de telecomunicaciones.
ARTÍCULO 60.- Prácticas monopolísticas relativas.
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Se considerarán prácticas monopolísticas relativas los actos,
contratos, convenios, arreglos o combinaciones realizados
por operadores de redes o proveedores de servicios de
telecomunicaciones,
por
sí
mismos
o
actuando
conjuntamente con otros agentes económicos, y cuyo objeto
o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros
operadores o proveedores del mercado, el impedimento
sustancial de su acceso o el establecimiento de barreras de
entrada o de ventajas exclusivas a favor de una o varias
personas, en los siguientes casos:
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a) El establecimiento de precios o condiciones diferentes a terceros situados en
condiciones similares.
b) La negativa a prestar servicios de telecomunicaciones normalmente ofrecidos a
terceros, salvo que exista una justificación razonable. Para las situaciones que se
presenten respecto de la interconexión y el acceso se estará a lo dispuesto en esta Ley.
c) El establecimiento de subsidios cruzados entre diferentes bienes o servicios ofrecidos
por el operador o proveedor.
d) La fijación, la imposición o el establecimiento de la compra, venta o distribución
exclusiva de servicios de telecomunicaciones, por razón del sujeto, la situación
geográfica o por períodos de tiempo determinados, incluyendo la división, la
distribución o la asignación de clientes o proveedores, entre operadores o proveedores.
e) La imposición de precio o las demás condiciones que debe observar un operador o
proveedor, al vender o distribuir o prestar servicios.
f) La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar
otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre la
reciprocidad.
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g) La venta, la transacción o el otorgamiento de descuentos o
beneficios sujetos a la condición de no usar, adquirir, vender ni
proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente
ofrecidos a terceros.
h) La concertación entre varios operadores o proveedores o la
invitación a ellos para ejercer presión contra algún usuario, operador
o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una conducta
determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido
específico.
i) La prestación de servicios a precios o en condiciones predatorias.
j) Todo acto deliberado que tenga como único fin procurar la salida
de operadores o proveedores del mercado, o implique un obstáculo
para su entrada.
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Las prácticas monopolísticas relativas serán prohibidas sujetas a la
comprobación de los supuestos establecidos en los artículos 13, 14
y 15 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva
del consumidor, Ley N.° 7472, de 20 de diciembre de 1994 y se
sancionarán conforme a esta Ley.
Para determinar la existencia de estas prácticas, la Superintendencia
de Telecomunicaciones deberá analizar y pronunciarse sobre los
elementos que aporten las partes para demostrar los efectos procompetitivos o la mayor eficiencia en el mercado derivada de sus
acciones o cualquier otro elemento que se establezca
reglamentariamente; y que producirá algún beneficio significativo y
no transitorio a los usuarios finales. Asimismo, se tomará en cuenta
en el análisis el criterio de la Comisión para Promover la
Competencia que sea aportado dentro del procedimiento.
Las prácticas monopolísticas serán sancionadas por la
Superintendencia
de
Telecomunicaciones
(SUTEL)
de
conformidad con esta Ley. De previo a resolver sobre la
procedencia o no del procedimiento y antes de dictar la
resolución final, la Superintendencia de Telecomunicaciones
(SUTEL) solicitará a la Comisión para Promover la Competencia
los criterios técnicos correspondientes. Dichos criterios se
rendirán en un plazo de quince días hábiles a partir del recibo
de la solicitud de la Superintendencia de Telecomunicaciones
(SUTEL). Los criterios de la Comisión para Promover la
Competencia no serán vinculantes para la SUTEL. No obstante,
para apartarse de ellos, la resolución correspondiente deberá
ser debidamente motivada y se requerirá de mayoría calificada
para su adopción.
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Prácticas monopólicas relativas
Práctica: Venta atada
Agente económico involucrado: Telmex
Mercado relevante: prestación del servicio de
larga distancia nacional a través de teléfonos
públicos.
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En el año 2000, a partir de la presentación de
denuncias por parte de Alestra y Avantel, la Comisión
Federal de la Competencia en México
resolvió
sancionar a Telmex por la realización de diversas
prácticas anticompetitivas.
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El caso involucró a los números 800, que son de
cobro revertido en México, lo que significa que el
costo de la llamada es sufragada por el destinatario y
no por el usuario. Además, los números 800
nacionales e internacionales se utilizan para hacer
llamadas de larga distancia nacional e internacional.
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En 1997 Telmex era propietaria del 75% de las
casetas telefónicas públicas localizadas en territorio
nacional, y la única facultada para enrutar el acceso
de números 800; asimismo, empleaba dos esquemas
de cobro en el enrutamiento de acceso a los números
800: aplicaba un cargo de $0.50 por minuto para
hacer llamadas de larga distancia a través de
números 800 cuando el cobro se revertía a un
operador nacional, mientras que no requería pago
cuando el cobro se revertía a operadores extranjeros
con quienes había acordado el uso recíproco de
infraestructura.
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Avantel y Alestra siendo en ese momento las competidoras
más grandes e importantes de Telmex en el mercado de
llamadas de larga distancia, nacional e internacional,
dependían de la telefonía pública y local de ésta última para
poder competir en números 800.
Las mismas compañías presentaron evidencias sobre hechos
ocurridos en 1998 y 1997, de las que se desprendía que en
diversos teléfonos públicos localizados en el Distrito Federal,
Talquepaque, Cancún y Monterrey, sólo había sido posible
acceder a los números 800 insertando la tarjeta Ladatel (dicha
tarjeta constituye un mecanismo de prepago comercializado
por Telmex) y con un descuento de 50 centavos por minuto,
pero al insertar una tarjeta pre pagada comercializada por las
denunciantes, en la pantalla del aparato telefónico aparecía el
siguiente mensaje: “número no gratuito favor de colgar”.
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Avantel y Alestra también exhibieron diversa documentación
para demostrar que la comercialización de sus tarjetas
prepagadas tuvo que ser suspendida por la imposibilidad de
cumplir con los servicios ofrecidos a los usuarios de las
mismas, situación provocada por las restricciones para
acceder al servicio de larga distancia a través de los números
800 desde los teléfonos públicos propiedad de Telmex.
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Por ello, la CFC determinó que las conductas perpetradas por
Telmex habían configurado entre otros tipos, una venta
atada: al condicionar al usuario la prestación del servicio de
larga distancia nacional a través de números 800 desde
teléfonos públicos a la adquisición de la tarjeta pre pagada
Ladatel.
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La CFC fue muy clara al señalar que no se cuestionaba el derecho
que Telmex tiene a comercializar la utilización de sus teléfonos
públicos, sino el esquema de cobro que impidió a Avantel, Alestra y
otras empresas proveer el servicio de larga distancia a través de
números 800 desde teléfonos públicos de su propiedad en
condiciones competitivas.
Por otro lado, al configurarse la práctica relativa consistente en la
venta condicionada a comprar otro bien, normalmente distinto o
distinguible, la CFC refirió que al definir el mercado relevante como
“la prestación del servicio de larga distancia nacional a través de
teléfonos públicos” se apoyaba en que dicho servicio lo presta
Telmex desde teléfonos públicos de su propiedad, los cuales habían
sido programados para que el usuario sólo pudiera tener acceso tras
insertar la tarjeta Ladatel y no con monedas u otro tipo de tarjetas
prepagadas. Por tal motivo, la clasificación del mercado relevante
fue indispensable e inseparable del teléfono público.
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DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES IV.