Procesos ambientales y el nuevo CCC
Por Aldo R. S. Novak
I- Introducción. El Código Civil y Comercial de la Nación y la Constitución Nacional
La Constitucionalización del Derecho Privado – El Estado Constitucional de Derecho
II- Derechos de incidencia colectiva y Derechos individuales homogéneos
Noción de ambiente. El ambiente en la Constitución Nacional.
La tutela del ambiente. Tutela preventiva y Tutela reparatoria.
III- Los distintos tipos de daños.
IV- Daños al interés colectivo. La acción por daño ambiental colectivo.
Ley General del Ambiente 25.675. Concepto de daño ambiental colectivo.
Legitimación. Terceros. Acceso a la justicia ambiental. Rol del Juez.
V- Cierre.
Aspectos relevantes de la sanción del CCC desde el D. Ambiental
• Establece un diálogo de fuentes absolutamente valioso
• Constitucionaliza el Derecho Privado
• Introduce con función hermenéutica los tratados de
derechos humanos
• Incorpora los derechos de incidencia colectiva en la
consideración para la toma de decisiones, tanto por los
particulares en el ejercicio de sus derechos como por las
autoridades
• Incorpora la función preventiva de la responsabilidad y
el deber de prevención del daño
• Incorpora la buena fe como principio axial del Derecho
Código Civil y Comercial de la Nación
Integración de fuentes - Constitucionalización
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Artículo 1. Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser
resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la
Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que
la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la
norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes
o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas
legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.
Derechos de incidencia colectiva en el
Código Civil y Comercial de la Nación
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Art. 14.- Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este Código se
reconocen:
Derechos individuales;
Derechos de incidencia colectiva.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda
afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.
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Art. 240.- Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El
ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones
anteriores debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe
conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el
interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los
ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores
culturales, el paisaje, entre otros, según criterios previstos en la ley especial.
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Art. 1737.- Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés
no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el
patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva.
Desde una perspectiva de teoría general y de
dogmática constitucional, la fórmula “derechos
de incidencia colectiva en general”, aloja tanto a
los derechos colectivos indivisibles
(objetivamente colectivos) como a los
derechos colectivos individuales homogéneos
(subjetivamente colectivos)
Gil Domínguez
Derechos individuales homogéneos
“Halabi”: “La Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del art. 43 una tercera
categoría de derechos, conformada por aquellos de incidencia colectiva referentes a
intereses individuales homogéneos —tal el supuesto de derechos personales o
patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los
Derechos de usuarios y consumidores y los derechos de sujetos discriminados—, en
cuyo caso existe un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y
por lo tanto es identificable una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a
considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa
juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño. ... Frente a la
falta de una ley en nuestro derecho que reglamente el ejercicio efectivo de las
denominadas acciones de clase. ... La procedencia de las acciones tendientes a la
tutela de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales
homogéneos —acciones de clase— requiere la verificación de una causa fáctica
común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de
ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente
justificado, sin perjuicio de lo cual también procede cuando, pese a tratarse de
derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su
trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores
afectados.”
Categoría eliminada del anteproyecto, que establecía una clasificación tripartita de
derechos
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Conforme los fundamentos del CCC, la expresión derechos de incidencia colectiva hace
referencia a derechos que son indivisibles y de uso común, sobre los cuales no hay derechos
subjetivos en sentido estricto. Estos bienes no pertenecen a la esfera individual sino social y no
son divisibles en modo alguno.
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Se puede agregar que el disfrute individual no está limitado por el concurrente disfrute de los
otros miembros de la colectividad
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En cuanto al ambiente, el art. 41 de la CN prevé una relación de derecho-deber, al establecer el
Derecho Humano a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y deber de
preservarlo
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CSJN - La tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los
ciudadanos tienen respecto del cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la fauna, de los
suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos mismos
ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras,
porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo está causando a sí mismo. La
mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien
que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que
los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales.
(Mendoza, Silvia Beatriz y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños
derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo)", 20/06/2006, Fallos:
326:2316)
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Paradigma ambiental
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Antropocentrismo fuerte
Dominio responsable de la naturaleza
Antropocentrismo débil
Desarrollo sustentable
Biocentrismo
• Característica Interdisciplinariedad interna
y externa
CONSTITUCION NACIONAL
“Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras;
y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección
de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales,
a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica,
y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos
de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas
alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente
peligrosos, y de los radiactivos.”
ARTICULO 241 del CCC.
Jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos,
debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte
aplicable.
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Leyes de presupuestos mínimos
25.612 Residuos industriales y de las actividades de servicios
25.670 Eliminación de los PCBs
25.675 Ley general del ambiente
25.688 Gestión ambiental de aguas
25.831 Libre acceso a la información pública ambiental
25.916 Residuos domiciliarios
26.331 Bosques nativos
26.562 Actividades de quema
26.639 Glaciares y ambientes periglaciares
26.815 Manejo del fuego
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ARTICULO 6º ley 25.675 — Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución
Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y
tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe
prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad
de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.
CONSTITUCION NACIONAL
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“Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de
amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo
acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma
actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta
Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y
en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al
usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en
general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que
propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará
los requisitos y formas de su organización. …”
Código Civil y Comercial de la Nación
Regla hermenéutica
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Artículo 2. Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus
palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los
tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo
coherente con todo el ordenamiento.
Ley 25.675 – Ley general del ambiente
Ley aplicable según arts. 1, 241, 1709 y concordantes CCC
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ARTICULO 1º — La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro
de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de
la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
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ARTICULO 3º — La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus
disposiciones son de orden público, y se utilizarán para la interpretación y aplicación
de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto
no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta.
El art. 2 del CCC también prevé que se deben tener en cuenta los principios y los valores
jurídicos y el derecho ambiental tiene principios propios (arts. 4 y 5 ley 25.675).
Alexi – Principios son mandatos de optimización
Fundamentos del CCC - … no tienen carácter supletorio sino que son normas de
integración y de control axiológico
PRINCIPIOS AMBIENTALES
Articulo 4º LGA — La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra
norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental, estarán sujetas al
cumplimiento de los siguientes principios:
Principio de congruencia.
Principio de prevención.
Principio precautorio.
Principio de equidad intergeneracional.
Principio de progresividad.
Principio de responsabilidad.
Principio de subsidiariedad.
Principio de sustentabilidad.
Principio de solidaridad.
Principio de cooperación.
LEY 23.054
Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica
(arts. 4 inc. 1, 5 inc. 1, 27 inc. 2)
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Ley 24.658
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales —Protocolo de San Salvador—.
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ARTICULO 11
Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.
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Ley 25.841
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Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR, suscripto en Asunción.
Principios
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Art. 1° Los Estados Partes reafirman su compromiso con los principios enunciados en la Declaración de Río de
Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.
•
Art. 2° Los Estados Partes analizarán la posibilidad de instrumentar la aplicación de aquellos principios de la
Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que no hayan sido objeto de tratados
internacionales.
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Conferencia de Naciones Unidas para el Ambiente Humano, 1972, Declaración de Principios, expresa la
convicción común que: Principio 1: "El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute
de las condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita una vida digna y gozar de
bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y
futuras".
Declaración de Río 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Principio 1. Los seres humanos constituyen el
centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y
productiva en armonía con la naturaleza.
Declaración de Johannesburgo 2002. Principio 13. El medio ambiente mundial sigue deteriorándose. Continúa
la pérdida de biodiversidad; siguen agotándose las poblaciones de peces; la desertificación avanza cobrándose
cada vez más tierras fértiles; ya se hacen evidentes los efectos adversos del cambio del clima; los desastres
naturales son más frecuentes y más devastadores, y los países en desarrollo se han vuelto más vulnerables, en
tanto que la contaminación del aire, el agua y los mares sigue privando a millones de seres humanos de una vida
digna.
Declaración de Río +20, 2012. 8 Reafirmamos también la importancia de la libertad, la paz y la seguridad, el
respeto de todos los derechos humanos, entre ellos el derecho al desarrollo y el derecho a un nivel de vida
adecuado, incluido el derecho a la alimentación, el estado de derecho, la igualdad entre los géneros,
el empoderamiento de las mujeres y el compromiso general de lograr sociedades justas y democráticas para
el desarrollo.
PRINCIPIO DE NO REGRESIÓN
INCORPORACIÓN DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA DE LA RESPONSABILIDAD Y
DEL DEBER DE PREVENCIÓN DEL DAÑO EN EL CCC
ARTICULO 1708.- Funciones de la responsabilidad. Las disposiciones de este Título son aplicables a la
prevención del daño y a su reparación.
ARTICULO 1709.- Prelación normativa. En los casos en que concurran las disposiciones de este Código y las
de alguna ley especial relativa a responsabilidad civil, son aplicables, en el siguiente orden de prelación:
a) las normas indisponibles de este Código y de la ley especial;
b) la autonomía de la voluntad;
c) las normas supletorias de la ley especial;
d) las normas supletorias de este Código.
ARTICULO 1710.- Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de:
a) evitar causar un daño no justificado;
b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un
daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero
sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las
reglas del enriquecimiento sin causa;
c) no agravar el daño, si ya se produjo.
El CCC prevé la acción preventiva
ARTICULO 1711.- Acción preventiva. La acción preventiva procede cuando
una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño,
su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún
factor de atribución.
ARTICULO 1712.- Legitimación. Están legitimados para reclamar quienes
acreditan un interés razonable en la prevención del daño.
ART. 43 CN
INDISPENSABLE ADECUACION DE LOS CPCC
TUTELA PREVENTIVA DEL AMBIENTE
•
A partir de la reforma constitucional del año 1994, la tutela preventiva, propiamente
dicha, del derecho humano al ambiente, regularmente se lleva a cabo a través de la
acción de amparo ambiental estatuida por el artículo 43 de la CN y por el artículo
30 in fine de la ley 25.675.
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Antes de dicha reforma y ante la carencia de normas específicas, se ha recurrido a
previsiones del Código Civil que en estricto sentido eran forzadas para engastar la
problemática ambiental. Así, se recurría a la acción negatoria (artículos 2800 y
siguientes del CC); la denuncia de daño temido (art. 2499 in fine del CC) y la tutela
inhibitoria en las relaciones de vecindad en función de la normal tolerancia (art. 2618
del CC).
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La propia acción de amparo antes de su recepción constitucional, fue utilizada por
los Abogados Alberto Kattan y Juan Schroder en el famoso caso de las toninas
overas para evitar su caza, con base legal en las previsiones de la ley de fauna
silvestre 22.421
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Artículo 30 in fine LGA - Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona
podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras
de daño ambiental colectivo.
Amparo ley 10.208
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Art. 71. - De acuerdo al artículo 43 de la Constitución Nacional se fija el procedimiento para el ejercicio del
amparo en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente.
El amparo ambiental procede cuando se entable en relación con la protección y defensa del ambiente y la
biodiversidad, preservando de las depredaciones, alteraciones o explotación irracional, el suelo y sus frutos, la
flora, la fauna, los recursos minerales, el aire, las aguas y los recursos naturales en general, comprendiendo
cualquier tipo de contaminación o polución que afecte, altere o ponga en riesgo los recursos naturales, la salud y
la calidad de vida humana y no humana.
Cuando por causa de hechos u omisiones arbitrarias o ilegales se genere lesión, privación, perturbación o
amenaza en el goce de intereses difusos y/o derechos colectivos, podrán ejercerse:
a) Acciones de prevención;
b) Acciones de reparación en especie, o
c) Acciones de reparación pecuniaria por el daño producido a la comunidad.
Las acciones de prevención proceden, en particular, con el fin de paralizar los procesos de volcado, emanación o
dispersión de elementos contaminantes del ambiente o cualesquiera otras consecuencias de un hecho u omisión
que vulneren el equilibrio ecológico, lesionen, perturben o amenacen bienes y valores de la comunidad.
Las acciones de reparación en especie tienen lugar siempre que fuere posible recomponer la situación existente
con anterioridad al menoscabo o lesión a los intereses o derechos colectivos, sin perjuicio del resarcimiento
pecuniario por los daños subsistentes. En forma no excluyente consistirá en la imposición de la adopción de
medidas eficaces para restituir la situación previa al o los hechos.
Las acciones de reparación pecuniaria por el daño colectivo proceden siempre que se acreditare la existencia
cierta del daño.
Esta acción no excluye las que pudieran ejercer por separado el o los particulares que hubieren sufrido un
efectivo perjuicio en sus derechos individuales.
Amparo ley 10.208
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Art. 72. - Es competente para entender en las acciones previstas en el artículo 71 de esta Ley el juez inmediato sin distinción de fuero o
instancia, quien debe recibir el recurso interpuesto por cualquier forma y medio de comunicación y a cualquier hora.
Se encuentran legitimados para ejercer e impulsar las acciones previstas en la presente Ley la Fiscalía de Estado, el Ministerio Público,
los municipios y comunas, y cualquier entidad o particular que accione en nombre de un interés difuso y/o derechos colectivos.
El juez debe resolver, en cada caso, sobre la admisibilidad de la legitimidad invocada en el término de veinticuatro (24) horas. Resuelta
ésta, debe expedirse sobre el recurso interpuesto en el plazo de veinticuatro (24) horas, luego de ameritar la magnitud de los daños o
amenazas a los intereses difusos y/o derechos colectivos comprometidos. Si el juez deniega la legitimación del accionante pero a su
criterio resultare verosímil la existencia de la privación, perturbación o amenaza a los intereses difusos o derechos colectivos invocada
en la demanda, debe correr vista al agente fiscal quien continúa con el ejercicio de la acción.
Art. 73. - Son sujetos pasivos de las acciones previstas en la presente Ley las personas físicas o jurídicas -públicas o privadas- que, en
forma directa o a través de terceros, sean responsables de hechos, actos u omisiones que generen la perturbación, privación, daño,
amenaza o menoscabo de los intereses difusos o derechos colectivos.
Quedan comprendidas, además, las reparticiones del Estado Nacional, Provincial, Municipal y Comunal cuando en el otorgamiento de
autorizaciones para el funcionamiento de la actividad privada o en el cumplimiento de los controles previstos por la legislación vigente
obraren con manifiesta insuficiencia o ineficacia para la protección y defensa de los intereses difusos y derechos colectivos.
Art. 74. - El juez puede ordenar de oficio la producción de medidas de prueba no propuestas por las partes o complementarias de ellas,
decretar las que estime necesarias para mejor proveer en cualquier estado de la causa y dictar todas las providencias pertinentes en
torno a las diligencias a practicarse. La sentencia definitiva hace cosa juzgada respecto de todas las partes intervinientes en el proceso.
Son recurribles, únicamente, la sentencia denegatoria y la que decida sobre las medidas cautelares solicitadas.
En las sentencias condenatorias definitivas, cualquiera sea el objeto de la acción, los jueces pueden fijar multas a cargo de los sujetos
responsables teniendo en cuenta especialmente su situación patrimonial, la gravedad del hecho dañoso y la importancia del interés
colectivo comprometido. Asimismo, pueden imponerse multas contra quienes incumplieren las medidas cautelares o las obligaciones
resultantes de las sentencias definitivas. El juez que hubiere dictado sentencia fiscaliza su ejecución y, de oficio o previa denuncia de
parte interesada, adopta los medios necesarios para que sea cumplida en todos los casos a los que se extendieren los efectos de la cosa
juzgada.
Principio de prevención y principio precautorio
• Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los
problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria
e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos
que sobre el ambiente se pueden producir.
• Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño
grave o irreversible la ausencia de información o certeza
científica no deberá utilizarse como razón para postergar
la adopción de medidas eficaces, en función de los
costos, para impedir la degradación del medio ambiente.
Presupuestos de aplicación del principio precautorio
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A) Identificación de efectos potencialmente peligrosos que se derivan de un
fenómeno, un producto o un proceso
B) Una evaluación científica de los riesgos que, debido a la insuficiencia de datos, a
su carácter no concluyente o a su imprecisión, no permite determinar con una
certeza suficiente el riesgo en cuestión
La evaluación de riesgos se compone de cuatro elementos: a) identificación del
peligro; b) caracterización del peligro; c) evaluación de la exposición y c)
caracterización del riesgo.
La incertidumbre científica se deriva, habitualmente, de cinco características del
método científico: la variable escogida, las medidas realizadas, las muestras
tomadas, los modelos utilizados y la relación causal empleada.
La incertidumbre también puede proceder de una controversia sobre los datos
existentes o sobre la falta de algunos datos pertinentes y asimismo, en relación con
elementos cualitativos o cuantitativos del análisis
Corresponde a los científicos evaluar el riesgo y a la autoridad gestionar el riesgo
Postulados del principio precautorio tomados de la causa
“Salas Dino” CSJN – 26/3/2009
• El principio precautorio produce una obligación de previsión
extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Por lo tanto,
no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer el
efecto, con el propósito de actuar una vez que esos daños se
manifiesten. Por el contrario, el administrador que tiene ante sí dos
opciones fundadas sobre el riesgo, debe actuar precautoriamente, y
obtener previamente la suficiente información a efectos de adoptar
una decisión basada en un adecuado balance de riesgos y
beneficios. La aplicación de este principio implica armonizar la tutela
del ambiente y el desarrollo, mediante un juicio de ponderación
razonable. Por esta razón, no debe buscarse oposición entre ambos,
sino complementariedad, ya que la tutela del ambiente no significa
detener el progreso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable en
el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones
futuras. (Salas Dino)
Tutela reparadora
Ocurrido el daño ambiental, conforme el artículo 41 de la C.N. la obligación prioritaria es
la de recomponer el ambiente.
La ley de presupuestos mínimos 25.675 regula la acción por daño ambiental colectivo,
siguiendo los postulados del citado dispositivo constitucional, en cuanto a que el daño
ambiental generará, prioritariamente, la obligación de recomponer, según lo establezca
la ley, por lo que necesariamente ese debe ser el objeto principal de la acción.
Cafferatta: el daño ambiental puede ser:
1. El daño ambiental individual.
2. Daño ambiental individual con incidencia colectiva, masificada o grupal.
3. Daño ambiental colectivo, sectorial o corporativo.
4. Daño ambiental de incidencia colectiva difusa.
5. Daño ambiental individual homogéneo.
Daño individual por una acción u omisión lesiva que califique como ambiental
•
En el actual estadio jurídico, no es materia de la acción por daño ambiental colectivo,
la acción por daños ambientales individuales, a las personas o bienes de los
particulares, la que deberá ser ejercida por el régimen común, en forma autónoma,,
sobre la base del clásico derecho de daños, para lo cual, debe tratarse de daños
ciertos, actuales, personales y diferenciados, a mi criterio no son acumulables, sin
perjuicio de la conexidad instrumental que pueda existir entre las causas, que diera
lugar a una acumulación impropia, a los fines de que sean falladas por el mismo
tribunal.
•
Cuando se trata de derechos individuales homogéneos (Halabi), que por tal carácter
dan lugar a acciones o procesos subjetivamente colectivos, podrían tramitar en
forma conjunta pero diferenciada.
•
En ese orden, el Código Modelo de Procesos Colectivos para Ibero América,
aprobado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en la Asamblea
General del Instituto Ibero-americano de Derecho Procesal, en octubre de 2004, en
Caracas, durante la realización de las XIX Jornadas Iberoamericanas de Derecho
Procesal, en su capítulo IV, trata de los procesos colectivos para la defensa de
intereses o derechos individuales homogéneos
Acumulación
•
Tratándose de acciones con objetos distintos y teniendo postulados propios, sustanciales y
procesales, la acción por daño ambiental colectivo, sin perjuicio de resultar conexas y que
correspondería que sean resueltas por el mismo tribunal, deberían tramitar en forma autónoma.
•
En resumen: en las presentes actuaciones se han acumulado dos tipos de acciones que si bien
en el ámbito del derecho de daños al medio ambiente aparecen estrechamente vinculadas,
resultan empero diferentes por su misma naturaleza (la recomposición del denominado "daño
colectivo" y la reparación de los perjuicios que dicho daño, incidiendo "particularizadamente", ha
causado a personas concretas), pero también a partir de la propia sistemática legal.
Esta última se halla, pues, "legitimada" para acumular ambas acciones: la de recomposición del
medio ambiente y la particular indemnizatoria, mas, con la salvedad de que, si cualquiera de los
otros legitimarios (otro "afectado", los diversos Estados, una ONG. de defensa ambiental o el
defensor del pueblo) se le hubieran anticipado en la instauración de una acción de recomposición
del "daño colectivo", no podrá ya el afectado acumular las dos acciones sino que habrá de
conformarse únicamente con la del propio daño.
C. Civ. Neuquén, sala 2ª - 14/06/2007 - Hobert, Néstor F. v. Pluspetrol S.A.
•
•
Trámite
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•
A mi modo de ver, debe tratarse necesariamente de un proceso declarativo y, de lege ferenda, debería de
establecerse normativamente un proceso flexibile, que en el marco del rol activo y las facultades ordenatorias que
la ley le asigna al juez, le permita ampliar o acotar los plazos, convocar a audiencias públicas o requerir a las
partes en cualquier momento conforme resulte de la sustanciación de la causa, tendiente a llegar a un
pronunciamiento válido, rápido y eficaz, sobre la base de la indisponibilidad de la acción por daño ambiental
colectivo y la limitación de la transacción a cuestiones de ejecución, sin desvirtuación del pronunciamiento.
"Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/ Y.P.F. S.A. y otros s/ daño ambiental", pronunciamiento del 13 de
julio de 2004 (Fallos: 327:2967) - Pla, Hugo Alfredo y otros c. Provincia del Chubut, y otros • 13/05/2008 Fallos
Corte: 331:1243
•
Pueden acumularse medidas cautelares, principalmente de no innovar e innovativas bajo caución juratoria
•
La sentencia tiene efecto erga omnes y hará cosa juzgada, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque
sea parcialmente, por cuestiones probatorias (art. 33 in fine).
•
•
En mi criterio no proceden los modos anormales de conclusión del proceso, en especial la caducidad de la
instancia
•
Debe intervenir el Ministerio Público, en Córdoba conforme art. 172 de la Constitución Provincial con los arts. 1, 9
inc. 1°, 23 y 33 inc. 1° y 2° de la ley 7826. A nivel nacional art. 120 CN y art. 41, inc. "a" ley 24.946.
•
Pueden intervenir los Amicus curiae, figura admitida por la CSJN conforme la Acordada 28/2004 modificada por la
Acordada 7/2013
Concepto de daño en el CCC y en la
ley general del ambiente
•
Artículo 1737 CCC. Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no
reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un
derecho de incidencia colectiva.
•
Art. 27 ley 25.675. El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos
jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia
colectiva. Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique
negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores
colectivos.
•
Carácter relevante: deterioro que causa una lesión ambiental que compromete el equilibrio y la
viabilidad futura de las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas
ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y
el desarrollo sustentable (contenido de presupuesto mínimo - art. 6 ley 25.675)
Bases del deber de reparar en el CCC
•
ARTICULO 1716.- Deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una
obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código.
•
ARTICULO 1717.- Antijuridicidad. Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está
justificada.
•
ARTICULO 1722.- Factor objetivo. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a
los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena,
excepto disposición legal en contrario.
•
ARTICULO 1723.- Responsabilidad objetiva. Cuando de las circunstancias de la obligación, o de lo convenido por
las partes, surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva
•
ARTICULO 1726.- Relación causal. Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de
causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las
consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles.
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ARTICULO 1736.- Prueba de la relación de causalidad. La carga de la prueba de la relación de causalidad
corresponde a quien la alega, excepto que la ley la impute o la presuma. La carga de la prueba de la causa ajena,
o de la imposibilidad de cumplimiento, recae sobre quien la invoca.
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Bases del deber de reparar en el CCC
eximentes y limitaciones
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ARTICULO 1729.- Hecho del damnificado. La responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del
damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo, o de
cualquier otra circunstancia especial.
ARTICULO 1730.- Caso fortuito. Fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto
o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto
disposición en contrario.
Este Código emplea los términos “caso fortuito” y “fuerza mayor” como sinónimos.
ARTICULO 1731.- Hecho de un tercero. Para eximir de responsabilidad, total o parcialmente, el hecho de un tercero por quien no
se debe responder debe reunir los caracteres del caso fortuito.
ARTICULO 1733.- Responsabilidad por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. Aunque ocurra el caso fortuito o la
imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable en los siguientes casos:
a) si ha asumido el cumplimiento aunque ocurra un caso fortuito o una imposibilidad;
b) si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento;
c) si está en mora, a no ser que ésta sea indiferente para la producción del caso fortuito o de la imposibilidad de cumplimiento;
d) si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por su culpa;
e) si el caso fortuito y, en su caso, la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta, constituyen una contingencia propia del
riesgo de la cosa o la actividad;
f) si está obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilícito.
ARTICULO 1734.- Prueba de los factores de atribución y de las eximentes. Excepto disposición legal, la carga de la prueba de
los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien los alega.
ARTICULO 1735.- Facultades judiciales. No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber
actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera
pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y
producir los elementos de convicción que hagan a su defensa.
Régimen especial ley 25.675
•
Art. 4 LGA - Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del
ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones
preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los
sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.
•
ARTICULO 28. — El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de
su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea
técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria
interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se
crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación, sin
perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder.
•
ARTICULO 29. — La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que,
a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar
culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la
víctima o de un tercero por quien no debe responder.
La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la
administrativa.
•
Presupuestos de responsabilidad por daño ambiental
Factor de atribución objetivo, agravado respecto del régimen común, al establecer que el que
cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado
anterior a su producción (art. 28) y que en cuanto a la exención de responsabilidad, sólo se
producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a
evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa
exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (art. 29)
Relación de causalidad: la problemática ambiental requiere de un enfoque interdisciplinario,
que conjugue aspectos científicos y jurídicos a la hora de determinar la causalidad adecuada
–de difícil probanza- de las consecuencias inmediatas y mediatas de un evento de
características ambientales, sin que se requiera de una certidumbre total y sin que la
incertidumbre científica pueda llevar a la incertidumbre jurídica. En materia ambiental, a su
vez, tiene especial significación el hecho de que los efectos suelen perpetuarse, ser
graduales e interrelacionarse, dificultándose cuando se trata de una pluralidad de actores
potenciales por el carácter difuso del daño. Estas circunstancias han llevado a que los
tribunales adopten criterios más laxos a la hora de determinar el nexo causal en materia
ambiental, teniendo en cuenta que subyace el interés general en los planteos por daño
ambiental colectivo. Causalidad circular.
Se ha dicho que el principio de causalidad tiene significación diferente de la causalidad
material; que la causalidad jurídica va unida de la imputabilidad, esto es, de la conexión de
cierta conducta injusta con una consecuencia o, como prefiero en esta materia, de la
conexión de cierta conducta, con una consecuencia injusta, toda vez que no es más que una
aplicación de la prohibición de ocasionar daño injusto a otro –alterum non laedere- del viejo
derecho romano
Antijuridicidad está dada por el solo resultado dañoso, aunque la conducta lesiva haya sido
realizada lícitamente, desde que no puede haber permisos para dañar (art. 27 ley 25.675).
Legitimación en materia ambiental
La titularidad colectiva del bien jurídico ambiente, requiere de legitimados
extraordinarios para accionar en su defensa ante la existencia de daño, tal como
en relación a la acción de amparo ambiental lo establece el artículo 43 de la C.N.
Esto así, quedan facultados para interponer
El artículo 30 de la LGA establece que producido el daño ambiental colectivo,
tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el
afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones no gubernamentales de
defensa ambiental, el Estado nacional, provincial o municipal y a la persona
damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.
…
Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar,
mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño
ambiental colectivo.
Art.. 72 ley 10.108 … Se encuentran legitimados para ejercer e impulsar las
acciones previstas en la presente Ley la Fiscalía de Estado, el Ministerio
Público, los municipios y comunas, y cualquier entidad o particular que
accione en nombre de un interés difuso y/o derechos colectivos.
TERCEROS
El artículo 30 de la LGA prevé también que deducida
demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los
titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo
que no obsta a su derecho a intervenir como terceros.
Evidentemente se ha tratado de evitar la superposición de
acciones por daño ambiental colectivo y los conflictos de
competencia funcional que pudieran suscitarse al respecto.
En la causa “Mendoza”, conforme el pronunciamiento de
fecha 8 de julio de 2008, la CSJN en ejercicio de sus
facultades ordenatorias, ha limitado a su vez la cantidad de
terceros admitidos en la causa
Acceso a la justicia
ambiental
El artículo 32 de la LGA prevé que el acceso a la jurisdicción por
cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o
especie.
En ese marco, teniendo especialmente en cuenta que se acciona en
representación del colectivo y que subyace el interés general en este
tipo de procesos, a mi modo de ver la previsión legal citada habilita al
juez a disponer la gratuidad respecto de los gastos de justicia y en
cuanto a la imposición de costas al resolver, imponerlas a la parte
actora sólo en caso de existir un manifiesto actuar con malicia en la
interposición de la acción, como propugna el CMPCIA.
SOLIDARIDAD
ARTICULO 31 LGA. — Si en la comisión del daño ambiental colectivo,
hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la
determinación precisa de la medida del daño aportado por cada
responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación
frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición
entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de
responsabilidad de cada persona responsable.
• En el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la
responsabilidad se haga extensiva a sus autoridades y profesionales, en la
medida de su participación
IMPOSIBILIDAD TOTAL O PARCIAL DE RECOMPOSICIÓN
Por el art. 34 de la ley 25.675 se crea el Fondo de Compensación Ambiental que será
Administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción y estará destinado a
garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o
peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales; asimismo, a la
protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el
ambiente. Las autoridades podrán determinar que dicho fondo contribuya a sustentar los
costos de las acciones de restauración que puedan minimizar el daño generado. La
integración, composición, administración y destino de dicho fondo serán tratados por ley
especial.
“La fijación de una indemnización sustitutiva, implica evaluar el daño ambiental en
función de sus incidencias negativas sobre la utilidad social global, actual y futura, que
genere el conjunto de los bienes ambientales, pues el valor de la degradación de bienes
raros, únicos, irreemplazables y no comercializables no coincide, ni puede coincidir, con
la disminución de beneficios sufridos por los entes públicos u otras personas
demandantes. En rigor, los bienes ambientales carecen de precio o valor de cambio en
el mercado, ya que no hablamos de los recursos, sino de los valores ambientales
intrínsecos. Por ello, es menester considerar sus aspectos económicos, pero también
los culturales y naturales, para determinar su valor “social”
Alicia Morales Lamberti
Imprescriptibilidad de la acción por daño ambiental
colectivo
Si la obligación de los particulares y del Estado (nacional y provincial), de
abstenerse de contaminar el medio ambiente, es imperecedera y constante, el
correlativo derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano y al respeto
a su vida y a su salud, es esencialmente inextinguible, de modo tal que poco o
nada importa que sus titulares se hayan sumido durante algún tiempo en la
inacción o, incluso, consentido y aceptado los actos lesivos de tales derechos,
pues siempre y en todo momento tienen la facultad (el deber, con carácter de
carga pública) de accionar en su defensa.
MORALES LAMBERTI, Alicia, "Derecho Ambiental, instrumentos de política y
gestión ambiental", p. 161, Ed. Alveroni, Córdoba, 1999.
"Las acciones resarcitorias de los perjuicios provocados por la polución son
prescriptibles. En cambio, son imprescriptibles las obligaciones
constitucionales que pesan sobre todos y cada uno de los sujetos de la
comunidad y sobre el Estado mismo de no violar, lastimar, impedir, interferir el
ejercicio de los derechos constitucionales a la preservación del medio
ambiente, a la vida y a la salud"
Cám. Nac. Civ. sala H, 01/10/1999, JA, 1999-IV-309, citado por Kemelmajer de
Carlucci
Temas vinculados
• Seguros ambiental
• Art. 22 ley 25.675 - Decreto del PEN 1638/2012
• Pasivos ambientales
• Pasivos contingentes – Pasivos configurados
• Categorías conceptuales, útiles para discernir el alcance de la
obligación de remediar o recomponer.
• Relación de graduación y distinción entre la remediación del sitio y
reparación íntegra del pasivo ambiental o la recomposición del daño
ambiental que incluye la compensación de los flujos de servicios
ambientales que dejaron de generarse desde que se produjo el
daño, hasta el momento en que se alcanza la reparación.
• Ley 10.108 provincia de Córdoba – Ord. 12.260 ciudad de Córdoba
ROL ACTIVO DEL JUEZ – JUEZ ACOMPAÑANTE
El juez interviniente podrá disponer todas las medidas
necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos
dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente
el interés general.
En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida
precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin
audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por
los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá,
asimismo, disponerlas, sin petición de parte.
(Art. 32 ley 25.675)
• Las leyes no bastan para defender el medio humano, ya
que no son conjuros mágicos que por su mera
existencia solucionan los problemas.
• Es necesario que las conductas y políticas se
desarrollen acorde a las previsiones regladas, ya que lo
contrario reduce la fuerza regulatoria de la legislación a
una figura meramente simbólica.
• Joaquín LÓPEZ
“Cuando la pretensión se relaciona con derechos
fundamentales, la interpretación de la ley debe estar
guiada por la finalidad de lograr una tutela efectiva, lo que
se presenta como una prioridad cuando la distancia entre
lo declarado y la aplicación efectiva perturba al ciudadano.
Los jueces deben evitar interpretaciones que presenten
como legítimas aquellas conductas que cumplen con la ley
de modo aparente o parcial, causando el perjuicio que la
norma quiere evitar.”
(CSJN “Di Nunzio Daniel c/ The First National Bank of
Boston y otros s/ habeas data - 2006)
“Mendoza, Beatriz S. y otros v. Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios daños derivados
de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)” - CSJN – 08/07/2008.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 8 de julio de 2008
•
15°) Que la recomposición y prevención de daños al ambiente obliga al dictado de
decisiones urgentes, definitivas y eficaces. De acuerdo con este principio, la presente
sentencia resuelve de modo definitivo la específica pretensión sobre recomposición y
prevención que ha tramitado por medio de este proceso urgente y autónomo. El
objeto decisorio se orienta hacia el futuro y fija los criterios generales para que se
cumpla efectivamente con la finalidad indicada, pero respetando el modo en que se
concreta, lo que corresponde al ámbito de discrecionalidad de la administración. De
tal modo, el obligado al cumplimiento deberá perseguir los resultados y cumplir los
mandatos descriptos en los objetivos que se enuncian en la presente, quedando
dentro de sus facultades la determinación de los procedimientos para llevarlos a
cabo. Asimismo, dado el carácter definitivo de esta sentencia, el proceso de
ejecución debe ser delegado en un juzgado federal de primera instancia, a fin de
garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su
cumplimiento. Como consecuencia de la decisión que se adopta, el proceso relativo
a la reparación del daño continuará ante esta Corte puesto que no se refiere al
futuro, sino a la atribución de responsabilidades patrimoniales derivadas de
conductas adoptadas en el pasado. La condena que se dicta consiste en un
mandato de cumplimiento obligatorio para los demandados, con las
precisiones que surgen de los considerandos siguientes y cuyo contenido es
determinado por el Tribunal en uso de las atribuciones que le corresponden
por la Constitución y por la ley general del ambiente.
T.S.J. en pleno
“Fernández María Isabel y otros c/ Club Atlético General Paz Juniors y
otro - Amparo - Recurso de casación” Sent. N° 11, 17/10/2013
•
•
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•
RESUELVE:
I. Hacer lugar al recurso de casación articulado por el señor Fiscal de
Cámaras Civil y Comercial y en su mérito revocar la Sentencia número
Doscientos cincuenta y tres dictada por la Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial de Primera Nominación con fecha treinta de diciembre de
dos mil nueve, y ordenar al Club Atlético General Paz Juniors y a la
Municipalidad de Córdoba se abstengan de organizar o auspiciar en su
sede, el primero, y de habilitar, la segunda, espectáculos que, conforme la
Ordenanza n° 10.840 y su decreto reglamentario, reúnan las características
señaladas para incluirlos en el rubro "mega espectáculos".
II. Sin costas (art. 130, C.P.C. y C., aplicable en la especie por remisión del
art. 17, Ley n° 4915).
Protocolícese, hágase saber, dese copia y bajen.-
TSJ en pleno
"SAVID, ROQUE RUDECINDO C/ MUNICIPALIDAD DE LA CALERA – AMPARO –
N° 216925/37 RECURSO DE CASACIÓN" (expte. letra "S", n° 21)
A.N°: 357 – 11/08/2014
•
•
SE RESUELVE:
I. Admitir parcialmente el recurso y casar parcialmente el Auto n° 54 dictado
por la Sala Cuarta de la Cámara Única del Trabajo de esta ciudad con
fecha ocho de agosto de dos mil trece. En consecuencia, admitir el amparo
en cuanto persigue la relocalización, en los términos del Considerando VIII.
•
II. Instar a los organismos públicos involucrados para que trabajen
mancomunadamente hasta la completa remediación del predio de la
Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos de la localidad de
La Calera.
III. Imponer las costas a la vencida, Municipalidad de La Calera (art. 14 Ley
n° 4915).
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-
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"Los saladeristas Podestá c. Provincia de Bs. As"
"Ninguno puede tener un derecho adquirido en comprometer la salud pública y esparcir
en la vecindad la muerte; tampoco el dueño con el uso que haga de su propiedad y,
especialmente, con el ejercicio de una profesión o de una industria"
CSJN Fallos 31-273 -1887
Kattan Alberto E. y otro c/ Gobierno Nacional (Poder Ejecutivo)
“... XVIII. No obstante, creo que se ha demostrado que la cuestión es de naturaleza
diferente; considero que el derecho de todo habitante a que no modifiquen su hábitat
constituye –ya lo adelanté- un derecho subjetivo. En efecto, la destrucción, modificación
o alteración de un ecosistema interesa a cada individuo, defender su hábitat constituye,
a mi modo de ver, una necesidad o conveniencia de quien sufre el menoscabo, con
independencia de que otros miembros de la comunidad no lo comprendan así y
soporten los perjuicios sin intentar defensa. ...”
Juzgado N° 2, Capital, Dr. Garzón Funes, firme el 10/05/83
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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